José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El ex diputado local Ramiro Solorio Almazán, quien solicitó al Congreso local revocar el cargo a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, consideró que el poder Legislativo sí tiene facultades y elementos para proceder contra la edil morenista, por lo que espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dé la razón al Congreso para dictaminar el tema.
La solicitud del juicio de revocación de mandato fue realizada por el ex diputado local, y ex candidato a alcalde de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, por presuntas “omisiones reiteradas en el ejercicio de sus funciones”.
Solorio Almazán acudió el pasado miércoles al Congreso local para conocer el estatus del caso, después de las últimas determinaciones de la SCJN.
Explicó que todo el caso fue detenido hasta que la SCJN diga lo contrario, aunque consideró que la Corte le dará la razón al Congreso para que dictamine el caso.
“Estamos en espera de lo que decida la Suprema Corte, y estamos seguros que va decidir que sí tiene el Congreso del Estado facultades para revocarle el mandato a cualquier integrante de un Ayuntamiento, porque así lo contempla el artículo 115 constitucional”.
La solicitud de revocación de mandato en contra de López Rodríguez fue presentada por Solorio Almazán el pasado 21 de abril, por presuntas “omisiones reiteradas en el cumplimiento de sus obligaciones”.
Entre las omisiones para hacer procedente la revocación de la morenista, están la falta de un programa de prevención del delito, no cumplir con las sesiones de Cabildo Abierto abierto, además de los viajes al extranjero que realizó sin solicitar permiso al Congreso local.
En el tema de los permisos y las sesiones de cabildo, la Mesa Directiva del Congreso local y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), respectivamente, confirmaron lo denunciado por Solorio Almazán, que la alcaldesa de Acapulco no solicitó permiso y que hasta el pasado 8 de junio no había celebrado una sesión de cabildo abierto.
La Comisión Instructora del Congreso local, la cual lleva el juicio de revocación de mandato en contra de López Rodríguez, no emitirá algún dictamen hasta que la SCJN resuelva una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la edil.
Fuentes de la Instructora indicaron que una vez agotados los alegatos finales de ambas partes, el caso quedó detenido y no podrán emitir algún dictamen hasta que la SCJN determine la situación legal del caso.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui García, comentó que la renovación de su cargo es un “tema interno” que discutirán los 23 diputados locales de la Fracción Parlamentaria de Morena.
Jesús Urióstegui acudió a la inauguración de la jornada de actividades por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora el 9 de agosto, la cual se realizó en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac.
Consultado sobre la postura de la diputada Marisol Bazán Fernández, quien consideró necesario convocar a una plenaria para discutir la renovación de la coordinación de la Fracción Parlamentaria, que a su vez preside la Jucopo por ser el grupo mayoritario, Jesús Urióstegui afirmó que respeta la opinión de los legisladores.
“Es un tema interno, el tema Legislativo sigue avanzando, los temas estamos desahogándolos, no es un tema (el de la renovación del cargo) que afecte en la Legislatura, los demás partidos siguen caminando, seguimos caminando, mi respeto absoluto a las compañeras y compañeros que estén en este tema, estaremos dialogándolo”, declaró.
Subrayó que no hay “ninguna negativa” de su parte para discutir el tema, pero insistió en que se trata de una cuestión interna de Morena: “nosotros vamos primero en unidad, en la intención de caminar todas y todos, son voz de 23 diputadas y diputados que estamos en la Fracción, mi respeto absoluto y con mucho gusto, estaremos dialogando”.
Jesús Urióstegui optó por no abundar en el tema, a pesar de que se le preguntó por qué considera que se busca su cambio y la falta de una agenda legislativa de Morena. Únicamente resaltó que es un tema interno y que se dialogará de esa manera.
En cuanto al nombramiento de Daniel Antonio Ledesma Osuna como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, señaló que “me queda claro” que la intención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es reforzar la seguridad en la entidad.
“Celebramos que (la gobernadora) esté haciendo estos movimientos, ella es la que tiene las valoraciones respecto a este tema, esa situación, entonces, respaldarlo y seguir trabajando en favor” de los guerrerenses.
A pregunta de si hay más incidencia del gobierno federal en las decisiones del estado, debido a que Daniel Antonio Ledesma es allegado al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respondió que “sin duda, también la federación tiene un papel importante”.
“Lo hemos visto, lo hemos vivido y bueno, se ha apoyado parte del gobierno federal, sin duda, esperemos sume todo este ejercicio, estamos seguros que va a ser así”.
De la iniciativa que envió la gobernadora para desaparecer el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, informó que la discutirán las comisiones correspondientes, pero se tiene que armonizar la ley estatal con la federal.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, consideró que la reforma electoral que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que prevé eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales y el financiamiento a partidos y órganos electorales, haría más complejo los procesos electorales.
Entrevistada al término de la inauguración de los eventos de conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en el zócalo de Chilpancingo, Matildes Gama mencionó que también es necesario conocer los términos finales en los que se aprobaría la mencionada reforma, ya que también afectaría los congresos locales y los ayuntamientos.
“Habría que ver cómo se va aprobar está reforma, qué aspectos va tocar en el tema de los plurinominales, del financiamiento público, de la desaparición de los OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales), de los consejos distritales, según a comentado Pablo Gómez (el comisionado presidencial), lo cual es una situación que llegaría a complicar sin duda el tema de los procesos electorales y del sistema democrático”.
La funcionaria electoral comentó que una reforma electoral de esa magnitud, haría más complejos los procesos electorales inmediatos, es decir el del 2027, porque además de las elecciones a diputaciones federales, locales, ayuntamientos y gubernatura, tanto el IEPC como el Instituto Nacional Electoral (INE) también organizará la elección del Poder Judicial, tanto federal como local.
Para el caso de Guerrero, en el 2027 el INE organizará la elección de la segunda mitad de los jueces y magistrados federales restantes, mientras que el IEPC organizará la primera elección para renovar a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
“Será (la del 2027) una elección muy importante y muy grande, el trabajo que realizamos desde lo local es un trabajo muy importante donde se hace incidencia, y creemos que la democracia se hace desde lo local, entonces sería una complejidad muy importante para el sistema y para la ciudadanía está reforma que se está planteando”.
Sobre la disminución de los espacios plurinominales en los congresos, y en las regidurías de los municipios, Matildes Gama indicó que esos espacios sirven para que las minorías tengan representación, y recordó que ningún partido está exento de serlo.
“Es importante mencionar que los minorías, en los partidos políticos de oposición, y en su momento de todos los partidos políticos han accedido a los cargos públicos de los congresos precisamente a través de los plurinominales, entonces este sistema que se está planteando ahorita dejaría fuera las voces de las minorías de todos los partidos, porque en su momento dado todos han sido minoría2.
Otra de los temas que se menciona en la reforma electoral es la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, asunto que la presidenta del IEPC consideró como preocupante porque eso puede desvirtuar la forma en como los partidos obtienen dinero para sus actividades.
“El tema del financiamiento también es un tema delicado, porque si le quitan, así como que se menciona, todo el financiamiento públicos, cómo se sostendrán los partidos, porque los partidos tienen una estructura, hacen trabajo político-electoral en todo el país, y con qué recurso lo harían, habría que ver de dónde obtendrán esos recursos y eso es muy delicado.
A pregunta de si ven esas posturas viables en Guerrero, Matildes Gama explicó que al ser una reforma federal y a la Constitución del país, forzosamente bajaría a los estados y se aplicarían los mismos principios y bases.
“Si en la Constitución se establece quitar los pluris obviamente los estados y los congresos tendrían también que quitarlos, si se plantea quitar o disminuir el número de regidurías en cada uno de los ayuntamientos eso también que también debería asumir cada estado. La verdad es que se ha construido un sistema democrático a través de muchos años y este cambio sería un movimiento importante que al final del día todos y todas tendremos que acatar”.

Redacción / Carmen González Benicio

Chilpancingo / Tlapa

Un hombre asesinado a balazos fue hallado la tarde de este jueves en Iguala, a orilla de la carretera federal a Ciudad Altamirano cerca de la comunidad de Metlapa, mientras que en Chilpancingo anoche fue hallado el cuerpo de una mujer, y en Tlapa el cadáver de un joven con las manos atadas sobre su espalda y asesinado a golpes fue encontraro la mañana de este jueves en la carretera a Metlatónoc.
Minutos después de las 2 de la tarde automovilistas reportaron el hallazgo de la víctima de Iguala, quien estaba en la cuneta de la carrera en el crucero de la carretera federal y la desviación que va de Teloloapan a Cocula.
La víctima fue localizada muy cerca también de la colonia Che Guevara donde el miércoles de la semana pasada fue hallado asesinado a golpes en una parcela de maíz el joven Alejandro Ayala Loza de 26 años, quien fue reportado desaparecido en la misma ciudad.
Fuentes policiacas informaron que la víctima localizada ayer, un hombre de entre 35 y 40 años ya estaba siendo devorada por la fauna, y sólo tenía puesto un pantalón vaquero oscuro, cinturón bordado y un huarache de piel en su pie derecho.
En tanto que a unos cinco metros de él fue localizada una gorra negra bordada con las letras SD, y al menos siete casquillos percutidos de un arma corta, al parecer calibre .9 milímetros.

En Chilpancingo

Anoche autoridades hallaron el cuerpo de una mujer en la colonia Lomas del Poniente en la capital del estado.
Alrededor de las 7:30 de la noche las autoridades fueron alertadas de que en un paraje de mencionada colonia había bolsas con restos humanos.
Corporaciones corroboraron que cerca de la calle Mártires 30 de Diciembre de la colonia Lomas del Poniente yacía el cuerpo de una mujer, envuelto en bolsas negras.

En Tlapa

El cuerpo de un joven con las manos atadas sobre su espalda y asesinado a golpes fue hallado la mañana de este jueves en la carretera Tlapa-Metlatónoc.
Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como Sergio Leal Alcaide de 21 años, vecino de la comunidad de Atlamajac, municipio de Tlapa.
Sergio Leal fue reportado por sus familiares como desaparecido el miércoles en la red social de Facebook pidiendo informes para su localización.
Este jueves reconocieron su cuerpo tirado en la carretera Tlapa-Metlatónoc, en el tramo que cruza la colonia El Ahuaje.
El reporte policial indica que Sergio Leal fue asesinado a golpes, estaba amarrado de las manos y tenía huellas de tortura.

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió las fichas de búsqueda por las desapariciones de un niño de cinco años, ocurrida el 15 de julio en Iguala, y la de un adulto mayor de 69, desaparecido este lunes en la localidad de Juchimilpa del municipio de Pilcaya.
Según la Alerta Amber con número de reporte 77/2025, el niño Leonardo Velázquez Estrada de cinco años fue visto por última vez el pasado 15 de julio en esta ciudad de Iguala, y la denuncia de los hechos fue presentada este jueves.
No se mencionan señas particulares y se indica que el niño es de tez blanca, de complexión delgada, de cabello negro, corto y lacio.
En una página de Facebook en la que se difundió la alerta de búsqueda, una mujer de nombre Diana Estrada, quien se identificó como mamá del niño, desmintió que esté desaparecido y afirmó que en ningún momento hizo la denuncia por este hecho, aunque no aclaró sí hay un conflicto por la custodia del menor.
Además, la Fiscalía estatal difundió otra ficha de la alerta ¿Has visto a…? con número de reporte HVAGRO/0166/2025 en la que informó la desaparición de Herminio Martínez Ocampo, de 69 años, vecino del municipio de Pilcaya.
Se informa que el hombre fue visto por última vez este lunes 4 de agosto en la comunidad de Juchimilpa. Se indica que como señas particulares tiene tres cicatrices de cirugías en el abdomen y usa sombrero. Es de tez morena clara, de cabello corto, lacio y canoso, y mide 1.70 metros de estatura. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El hijo de la doctora Adela Rivas Obé, Darío Bolívar Rojas Rivas, denunció que el órgano de control interno del IMSS respondió de forma incompleta y con un leguaje procesal, que puede implicar una amenaza para su familia, por una solicitud que hicieron del expediente y todos los documentos derivados de la desaparición, tortura y asesinato de su mamá, del 22 de septiembre de 2016 hasta la fecha.
Vía telefónica, señaló que el documento firmado por el titular de la oficina regional 8 de órgano de control interno del IMSS, Jaime Cruz Lucatero, está saturado de referencias legales, sólo para informar que los escritos de la familia de la víctima se integraron al expediente administrativo 2025/IMSS/DE1589, “para que, en su momento del proceso oportuno, surtan los efectos legales a que haya lugar”.
Advirtió que la respuesta no atiende la exigencia central, para que el IMSS entregue a la familia, en cinco días hábiles, el expediente que debió generar en estos años.
Recordó que el IMSS también impuso antes un plazo de cinco días hábiles a la familia de la doctora Rivas Obé, para entregar “documentos probatorios” de la investigación que se inició por orden presidencial, y que por su naturaleza sólo obran en poder del propio IMSS, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, en la comunicación que se estableció por correo electrónico.
“En una maniobra dilatoria y revictimizante, el órgano interno de control del IMSS en Guerrero (encabezado por Jaime Cruz Lucatero, Francisco Galeana López, auditor que elaboró el oficio, y Manuel González Martínez, auditor revisor) notificó hasta ayer jueves 7 de agosto, un oficio fechado y firmado el lunes 4, a sabiendas de que vencía el plazo perentorio que ellos mismos impusieron para que nosotros como familia entregáramos ‘documentos probatorios’, sobre el robo de medicamentos al que fue enviada la doctora Adela para investigar, y por lo cual fue desaparecida y asesinada en 2016”.
Consideró inadmisible que quienes ocupan cargos de alta responsabilidad en el instituto y la auditoría, donde se exige transparencia, capacidad técnica y compromiso real con la rendición de cuentas, pretendan eludir su deber y encubrir un delito federal.
Exigió que si no saben cómo obtener documentos que están bajo el resguardo de la institución o en poder de otras autoridades, o no quieren cumplir una instrucción presidencial, que renuncien.
Subrayó que no pueden seguir ocultando la información, ni manipular plazos y revictimizar a una familia, que lleva casi nueve años enfrentando la impunidad. “Porque en ese caso, su permanencia no es garantía de vigilancia: es una parte activa del engranaje del encubrimiento al interior del IMSS, para que no se conozca el robo de medicamentos”.
Señaló que la negativa a entregar la documentación del caso a la familia “no sólo los coloca del lado de la complicidad, sino que constituye un abierto desacato a la instrucción presidencial, de investigar a fondo el caso del robo de medicamentos controlados que investigó la doctora Adela, y transparentar, sin reservas, toda la información relacionada”.
Incluso, advirtió que el IMSS pretende cerrar su propio plazo, sin entregar información clave para esclarecer un crimen que no fue fortuito, porque la doctora Adela Rivas Obé fue desaparecida, torturada y asesinada el 22 de septiembre de 2016, como represalia por cumplir con una instrucción oficial, para investigar un robo sistemático de más de 100 mil pesos mensuales en medicamentos e insumos de la Unidad Médica Familiar 27 de Petacalco, encontrando e identificando al responsable, Edgar Arturo Cuéllar Bravo, entonces encargado de farmacia y hoy condenado en firme a 38 años de prisión por su homicidio.
Por lo anterior, afirmó que existen oficios, reportes internos, comunicaciones y declaraciones con ministerios públicos y registros laborales, que ellos mismos generaron desde septiembre de 2016, pero exigen a la familia reconstruir lo que la propia institución ocultó, destruyó o dejó de investigar.

 

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

Después de un año y medio del asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothán Gómez Peralta a manos de policías estatales, a la familia no le han ofrecido garantías para la reparación integral del daño, denunció la mamá de la víctima.
Ayer antes de las 11 de la mañana se realizó un mitin político para conmemorar el mes 17 del homicidio del normalista Yanqui Kothán perpetrado el 7 de marzo de 2024 en el libramiento a la ciudad de Tixtla, antes de entrar a la carretera federal Chilpancingo – Tlapa.
Participaron dos estudiantes que dijeron que a su compañero le fue arrebatada la vida por las autoridades que gobiernan y que ahora buscan justificar las acciones que cometieron.
Señalaron que el Estado, los gobiernos de los tres niveles, no sólo han buscado reprimir a estudiantes sino también a la sociedad en general.
Mencionaron que el Estado con su brazo armado que es el Ejército perpetró masacres como la de 17 personas en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez en 1995.
En el mitin político un normalista denunció que de los tres policías estatales involucrados sólo dos están siendo procesados.
Cuestionó por qué no funcionan las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad de Chilpancingo, ni que el crimen de Yanqui Kothán haya sido grabado porque las autoridades lo han omitido para no hacer justicia.
La mamá de la víctima, Lilia Vianey Gómez informó los avances del caso que está siendo representado por los abogados del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), que encabeza el cura Filiberto Velázquez.
Dijo que en la audiencia intermedia celebrada el 5 de agosto pasado la defensa de los policías manifestó su intención de acceder a un procedimiento abreviado, pero que hasta no presentaron garantía alguna de reparación integral del daño en favor de las víctimas.
Agregó que el juez de control fijó para el 20 de octubre próximo la continuación de la audiencia en la que el Ministerio Público Federal deberá presentar el oficio de formulación de la pena y la cuantificación de la reparación del daño.
Los imputados y sus defensores particulares indicarán la forma en que garantizarán el pago de la reparación del daño a favor de las víctimas.
Y en caso de no acreditarse dicha reparación, la causa continuará su curso mediante la audiencia intermedia ordinaria, sin procedimiento abreviado.
Al concluir el acto la mamá no quiso dar declaraciones a los medios.

 

Realizan la mamá y estudiantes de Ayotzinapa mitin para conmemorar el mes 17 del homicidio del joven, perpetrado en el libramiento a Tixtla en Chilpancingo

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

Después de un año y medio del asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothán Gómez Peralta a manos de policías estatales, a la familia no le han ofrecido garantías para la reparación integral del daño, denunció la mamá de la víctima.
Ayer antes de las 11 de la mañana se realizó un mitin político para conmemorar el mes 17 del homicidio del normalista Yanqui Kothán perpetrado el 7 de marzo de 2024 en el libramiento a la ciudad de Tixtla, antes de entrar a la carretera federal Chilpancingo – Tlapa.
Participaron dos estudiantes que dijeron que a su compañero le fue arrebatada la vida por las autoridades que gobiernan y que ahora buscan justificar las acciones que cometieron.
Señalaron que el Estado, los gobiernos de los tres niveles, no sólo han buscado reprimir a estudiantes sino también a la sociedad en general.
Mencionaron que el Estado con su brazo armado que es el Ejército perpetró masacres como la de 17 personas en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez en 1995.
En el mitin político un normalista denunció que de los tres policías estatales involucrados sólo dos están siendo procesados.
Cuestionó por qué no funcionan las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad de Chilpancingo, ni que el crimen de Yanqui Kothán haya sido grabado porque las autoridades lo han omitido para no hacer justicia.
La mamá de la víctima, Lilia Vianey Gómez informó los avances del caso que está siendo representado por los abogados del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), que encabeza el cura Filiberto Velázquez.
Dijo que en la audiencia intermedia celebrada el 5 de agosto pasado la defensa de los policías manifestó su intención de acceder a un procedimiento abreviado, pero que hasta no presentaron garantía alguna de reparación integral del daño en favor de las víctimas.
Agregó que el juez de control fijó para el 20 de octubre próximo la continuación de la audiencia en la que el Ministerio Público Federal deberá presentar el oficio de formulación de la pena y la cuantificación de la reparación del daño.
Los imputados y sus defensores particulares indicarán la forma en que garantizarán el pago de la reparación del daño a favor de las víctimas.
Y en caso de no acreditarse dicha reparación, la causa continuará su curso mediante la audiencia intermedia ordinaria, sin procedimiento abreviado.
Al concluir el acto la mamá no quiso dar declaraciones a los medios.

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

A pesar de que se tenía pactada una reunión con Joel Hernández, hijo de la activista presa Kenia Hernández y organizaciones sociales con el objetivo de llegar a un acuerdo reparatorio y lograr su libertad, funcionarios de Caminos y Puentes Federales (Capufe) no acudieron con el argumento de que se encontraban de vacaciones.
La comitiva ingresó poco después de las 11 de la mañana a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para el encuentro con representantes de la Capufe, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Apenas una hora desde su ingreso la comitiva salió de la Secretaría debido a que los funcionarios que asistieron y de los cuales se esperaba su presencia desde que se pactó la reunión el 15 de julio, no acudieron.
El abogado de Kenia Hernández, Antonio Lara informó que asistieron funcionarios que no tenían capacidad de llegar al objetivo, el cual era un acuerdo reparatorio con Capufe, por lo que se optó por retirarse del encuentro.
“No tenían la más mínima capacidad de diálogo, no tenían las posibilidades de acordar nada por la ausencia de Caminos y Puentes Federales y Consejería Jurídica, por eso la reunión no duró mucho”, dijo Lara.
Al preguntarle el motivo por el que no fueron los representantes de las dependencias, Lara respondió que les dijeron que porque se encontraban de vacaciones, lo que se consideró como una falta de respeto a los presentes.
“Las vacaciones, sinceramente lo sentimos como un argumento falto de interés. Entendemos y supimos que varios funcionarios se dieron buenas vacaciones en otras partes, pero el que se nos digan eso en una reunión de trabajo, sobre todo cuando tenemos personas privadas de la libertad, francamente raya en la grosería”, comentó.
El abogado indicó que esta acción muestra desinterés en la libertad de Kenia por parte de instancias federales, por lo que se esperan preparativos para una jornada de protestas convocada por organizaciones sociales y los pueblos indígenas, ya que no se atienden las demandas.
El hijo de Kenia Hernández, el menor Joel añadió que se sintió triste debido a que no se logró ningún acuerdo para lograr la liberación de su madre y dijo que “sinceramente no les creo mucho, cuando dijeron que nos iban a ayudar, no les creo mucho”.
Joel también aseguró que no les creyó el argumento que brindaron respecto a la inasistencia de los funcionarios a la reunión respecto a que no se encontraban en labores por irse de vacaciones.
“Escuché lo que dijeron de que fue por las vacaciones que no pudieron atender, y es que no le encuentro sentido a eso ya que en estas fechas no se pueden tener vacaciones sabiendo estos temas y para mí que, obviamente, fue una mentira que estaban de vacaciones”, expuso.
“Esperamos resultados para que ya pronto mi mamá pueda salir libre y esté con nosotros de vuelta, ya que la necesitamos mucho en verdad”, agregó.
“Estoy aquí para defender a mi madre”

Antes de ingresar a la reunión, tanto Joel como las organizaciones brindaron un mensaje. El hijo de la activista dijo, “estoy aquí para defender a mi madre, ya que lleva cuatro años presa y porque la necesito”.
Antonio Lara explicó que el objetivo principal es llegar a un acuerdo reparatorio con la Capufe para lograr la libertad de Kenia y en caso de que se diera dicha condición, se daría pronto.
“Si Caminos y Puentes Federales se empecina en tener a Kenia en prisión, sin duda alguna un sector importante de los pueblos y organizaciones a lo largo y ancho del país estarán discutiendo una jornada masiva de protestas y acciones que visibilicen más el tema”, advirtió.
Comentó que llegaron con una expectativa favorable de resolución, además que semanas atrás en Guanajuato, donde enfrentaba causas, el el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal consideró que no había delito que perseguir y absolvió a Kenia, por lo que “el muro que mantiene a Kenia en prisión está muy frágil, está prácticamente derrumbado”.
Entre las organizaciones que acudieron a respaldar la exigencia de libertad de Kenia Hernández estuvieron miembros del Frente Popular por la Montaña, Haz valer mi libertad, Juntos por la libertad, Colectivo Zapata Vive y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Desde 2020 Kenia Hernández se encuentra en prisión acusada de ataques a las vías de comunicación en perjuicio de la Capufe, enfrenta una condena de 21 años y nueve meses.
En enero, durante una gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Guerrero, Joel Hernández le dio una carta en la que le pedía su ayuda para resolver la situación de su madre. Días después la presidenta dijo que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal revisaba el caso.