El secretario de Ciencia, Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Arturo Martínez Núñez, indicó que la creación de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, será para analizar la incorporación de personajes políticos de “alto perfil”, y no para todos los ciudadanos que deseen afiliarse a su partido.
“Esta Comisión está creada para casos de muy alto perfil, para militantes y personajes de relevancia pública que hayan externado en lo público posiciones no sólo diferentes, sino adversas a Morena, y de casos de gente que haya sido condenada por delitos, pues la Comisión habrá de actuar y decidir lo conducente, lo cual será vinculante con la Secretaría de Organización y a la Comisión de Honestidad y Justicia (CNHJ) para que se haga lo procedente”, precisó el ex secretario de Cultura del gobierno de Guerreero.
En la sesión del Consejo Nacional de Morena del pasado domingo, se aprobó la creación de dicha comisión que para el caso de Guerrero, de acuerdo con decla-raciones anteriores del presidente estatal, Jacinto González Varona, se valoraría la llegada de políticos que hicieron campaña en recientes procesos con partidos rivales.
Esto generó especulaciones de que en Guerrero esta Comisión limitaría la entrada a personajes como Mario Moreno Arcos, Ángel Aguirre Rivero y varios de sus simpatizantes que anunciaron su interés en sumarse a Morena.
Al respecto, Martínez Núñez consideró que es “politiquería” hablar de afiliaciones que no son seguras, ya que indicó que en los hechos ninguno de ellos ha dicho abiertamente que quieran afiliarse.
“Yo lo poco que he leído es que el contador Mario Moreno no ha manifestado su interés de pertenecer a Morena; el día que él se pronuncie o se afilie, la Comisión habrá que estudiar su caso, y esa es la otra, esta Comisión no es un tribunal de cuentas, ni es la Santa Inquisición, ni queremos lastimar a la gente que busca acercarse con nosotros, pero también estamos concientes que este tipo de personajes deben pasar un filtro más riguroso que la simple manifestación de ‘yo quiero participar’”.
La Comisión que él mismo presentó en la sesión del domingo pasado, la integran la presidenta nacional Luisa María Alcalde; la secretaría general, Carolina Rangel; el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo; el sociólogo experto en estudios del campo Ar-mando Bartra y el productor de televisión Epigmenio Ibarra.
“No vamos a impedir que se afilie la líder de la colonia que antes era del PRI y ahora quiere estar en Morena. Al contrario, queremos que se sumen” subrayó Martínez Núñez.
Indicó que en el supuesto de que personajes como Mario Moreno o Ángel Aguirre busquen incorporarse sí tendrían que ser analizados por la Comisión, ya que ocuparon y ganaron espacios públicos en partidos como el PRI y Movimiento Ciuadadano, en el caso del primero, y del PRI y el PRD en el caso del ex gobernador.
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, advirtió a la presidenta Claudia Sheinbaum que sus colaboradores la están engañando sobre la situación en que se encuentra Acapulco.
A través de un video en redes sociales, el también ex alcalde de Acapulco llamó a la presidenta observar la falta de servicios en las colonias populares, y el que hoteles emblemáticos siguen cerrados desde el huracán Otis que tocó tierra el 25 de octubre de 2023.
Añorve se refirió a la nota principal de El Sur de este lunes 21 de mayo, titulada: Agradece Sheinbaum a Evelyn y a Fonatur y dice que Acapulco está mejor que antes de Otis.
Sijo que leyó con extrañeza las declaraciones de la presidenta sobre Acapulco, porque a la fecha siguen cerrados los hoteles Hyatt Casa Inn, Presidente, Romano Palace, y el Elcano definitiva-mente cerró.
Asimismo, dijo que el centro comercial La Isla, ubicado rumbo al aeropuerto, “prácticamente sigue cerrado, eso significa que el empleo es muy difícil conseguirlo”.
El senador no mencionó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien la presidenta destacó en su mensaje en la asamblea informativa del programa Salud Casa por Casa en el hospital Vicente Guerrero del IMSS. Sí se quejó del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que “sigue sin hacer lo que le corresponde”.
“Con todo respeto se lo digo, presidenta, sus colaboradores la están engañando, vea la falta de servicios que hay en Acapulco, y vea que los empresarios de servicios turísticos pidieron a gritos, con el corazón en la mano, que les dieran créditos blandos, que los apoyaran en la reconstrucción de sus restauran-tes, de la hotelería de Caleta, Caletilla, Acapulco Dorado, Acapulco Diamante y nunca llegó el apoyo”.
Señaló que por eso hay una crisis de empleos en Acapulco.
Enfatizó que los empresarios locales no pidieron cosas regaladas sino créditos vía Banobras y Fonatur.
Recordó que el Fonatur construyó el Tren Maya, y tenía que haber visto a la planta productiva en Acapulco, donde al final los empresarios “se rascaron con sus propias uñas”
Reconoció el apoyo para los damnificados de Otis, pero lamentó la falta de apoyo a quienes generan los empleos.
Recordó que tras el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en 2023, el entonces presidente priista Enrique Peña Nieto instruyó a su gabinete a irse a vivir a Guerrero, y particular-mente a Acapulco, y rápidamente se aplicó una inversión puntual.
Como ejemplo señaló los puentes de Lomas de Chapultepec y de Coyuca de Benítez, que en ambos extremos comunican al municipio con Costa Chica y Costa Grande, respectivamente.
“Fueron más de 40 puentes en todo el estado, y muchísimas obras de infraestructura, no un plan de 600 millones de pesos a seis años”.
Recordó que tras el huracán Erick “los famosos Siervos (Servidores) de la Nación no están censando en muchos de los municipios que quedaron con daños materiales, y posteriormente la gente se manifiesta porque se sienten afectados en su patrimonio, en lo que ellos necesitan”.
El diputado local, y próximo presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alejandro Carabias Icaza, del PVEM, ofreció que durante su encargo habrá una relación de coordinación y respeto con los poderes Ejecutivo y Judicial.
Vía telefónica, Carabias Icaza mencionó que su designación como presidente de la Mesa Directiva, “es un reconocimiento al resultado electoral” del PVEM, que suma seis diputados en el Congreso.
Carabias Icaza asumirá la presidencia de la Mesa Directiva del poder Legislativo a partir del 1 de septiembre, con el inicio del segundo año de ejercicio de la 64 Legislatura. Fue electo el mes pasado, previo al inicio del periodo de receso e instalación de la Comisión Permanente.
Será la primera vez que Carabias Icaza esté al frente de la Mesa Directiva, aunque el PVEM la ha encabezado en tres ocasiones en legislaturas anteriores.
El diputado mencionó que durante su encargo como presidente de la Mesa Directiva, y por tanto apoderado legal del poder Legislativo, tendrá con el Poder Ejecutivo y Judicial una relación de coordinación, comunicación y respeto.
“Son tres poderes soberanos, pero no por eso quiere decir que no deban de trabajar en coordinación y con mucha comunicación. Seremos muy institucionales, y esperamos que pueda seguir esa buena relación”.
En relación con el trabajo al interior del Congreso, Carabias Icaza se pronunció porque las actividades se den en orden, “con la seriedad que merece la representación popular”.
“Al interior del Congreso, ayuda que las actividades sean ordenadas, en donde haya civilidad, pluralidad, libertad, para que los grupos manifiesten sus posturas, y las y los diputados puedan ejercer con plenitud su labor, sin ningún tipo de obstáculos ni cortapisa”, sostuvo.
La presidencia de la Mesa Directiva se asigna en función al número de diputados que tienen las bancadas. El PVEM al igual que el PRI, suman seis legisladores, el mayor número después de Morena con 23, que preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
El PRI presidió la Mesa Directiva durante el primer año de la 64 Legislatura, con el diputado Jesús Parra García, quien estará en funciones hasta el 31 de agosto, cuando se clausure el periodo de receso, para dar inicio a partir del 1 de septiembre al nuevo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de la Legislatura.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que el presidente de la Mesa Directiva es el presidente del Congreso del estado y “salvaguarda la inmunidad constitucional de los diputados y la inviolabilidad del recinto oficial”.
La Mesa Directiva es también el órgano colegiado encargado de dirigir las funciones del Pleno y bajo la autoridad de su presidente, conducir las sesiones y asegurar el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones.
El PVEM, junto con el PT y Morena, lograron en alianza 33 espacios en el Congreso del Estado, con lo que obtuvieron la mayoría absoluta para aprobar reformas y acuerdos sin necesidad de la oposición.
Durante el primer año legislativo, todas las reformas federales enviadas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las votaron en bloque los 33 diputados de la alianza Morena-PT-PVEM.
Los pobladores de las comunidades de Cruz Fandango y Cuyuxtláhuac del municipio de Alcozauca se enfrentaron a balazos por desacuerdos en el conflicto agrario y administrativo que tienen, hay un herido y cinco hombres retenidos.
Los pobladores de Cuyuxtláhuac informaron que desde que el Tribunal Agrario les dio la razón de que son los dueños de las tierras y Cruz Fandango sus avecindados los han llamado ha que se reporten a la comisaría ejidal para sus cooperaciones, reconocerles y delimitar sus posesiones, pero se han negado lo que el núcleo madre lo ve como una falta de respeto porque no toman en cuenta los acuerdos y reglas.
En una llamada manifestaron que un acuerdo es que los de Cruz Fandango no deben sembrar ni cortar árboles en ciertos puntos, lo que no han respetado y al medio día de este lunes mientras un grupo de pobladores recorría los límites entre las comunidades, aseguraron, fueron agredidos por los de Cruz Fandango reteniendo a un poblador.
Dijeron que al pedir auxilio subió más gente para traer a su vecino, “ya estamos molestos porque Cruz Fandango no respeta, tenían armas, machetes, además ayer nos notificaron que interpusieron otra demanda contra Cuyuxtláhuac”, informaron con molestia.
Los pobladores reconocieron que hubo intercambio de balazos porque los de Cruz Fandango estaban provocando y en el acercamiento a la comunidad intercambio verbal, empujones para sacar del lugar al vecino.
Dijeron que los de Cruz Fandango enviaron a puras mujeres al frente de la refriega y a jóvenes y como no se calmaban y los seguían agrediendo retuvieron a cinco que ahora están en la comisaría de Cuyuxtláhuac, donde permanecerán hasta que vayan las autoridades municipales, estatales y federales para atender el conflicto.
El herido es de la comunidad de Cuyuxtláhuac y los cinco retenidos llevaban armas de fuego que les quitaron.
Mencionaron que esperan que las autoridades acudan para que se respete la minuta del 16 de abril y Cruz Fandango entienda que Cuyuxtláhuac es el núcleo madre y deben acatar lo que dice la asamblea y la resolución del Tribunal.
Resaltaron que Cuyuxtláhuac les reconoce la posesión del espacio que habitan porque ahí llegaron sus familiares y se los pueden dejar a sus hijos, pero deben acudir a la comisaría ejidal conforme a derecho, no a querer invadir y adueñarse de la tierra que les fue prestada para vivir de manera reciente cuando se nombraba Pueblo de Dios, por la creencia de que ahí apareció y se fueron acercando de diversas comunidades.
Remarcaron que no entregarán a las cinco personas hasta que haya un diálogo en la comunidad, y no pretendan liberarlos con las fuerzas de seguridad policiaca porque el pueblo no lo va permitir.
Vecinos de los municipios de Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya del Estado de México, protestaron por los operativos de la Fiscalía y el Ejército para cerrar negocios Foto:?El Sur
La tarde de este lunes, pobladores de San Francisco Oxtotilpan y de San Pedro Limón bloquearon la carretera federal 134, que viene de Toluca y conecta con Tierra Caliente, para impedir un operativo especial de la Fiscalía del Estado de México con policías y el Ejército, quienes clausuraron negocios.
El operativo llegó primero al punto conocido como El Polvorín, ubicado en el tramo entre Temascaltepec y Toluca, y por el punto de la carretera 134 unos 500 vecinos del pueblo les impidieron el paso.
La gente de lugar reclamó que los policías habían detenido a seis empleados de una mina de arena y exigían su liberación.
Este operativo cerró algunos negocios al lado de la carretera, y colocó sellos de clausura por parte de la Fiscalía, sin que se explicara el motivo
Los pobladores encerraron al operativo; sin embargo, otro grupo entró por otro extremo del Estado de México hasta llegar a Tejupilco. Esta localidad se ubica a una hora de la frontera con Guerrero.
En este poblado clausuraron una bodega de la paquetería con el nombre Mercado Libre y clausuraron una bodega de materiales para construcción.
En San Pedro Limón también bloquearon la carretera e incluso los pobladores quemaron vehículos que se encontraban en la zona para impedir el paso del operativo.
La Fiscalía del Estado de México no ha informado acerca de los motivos de las acciones tomadas en los municipios de Tejupilco, San Pedro Limón y Temascaltepec.
Hasta las ocho de la noche de este lunes se mantenía bloqueada la carretera federal en San Pedro Limón, con la presencia de corporaciones policiacas a quienes no dejaban circular.
Autobuses que venían hacia Ciudad Altamirano se quedaron atorados en esa zona, en espera de qué se reabra la carretera. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
Rescatistas de Protección Civil y policías colaboran para sacar el cuerpo de un hombre del río Balsas cerca del poblado de Nuevo Guerrero, municipio de Tlapehuala Foto:?El Sur
Redacción / Israel Flores
Chilpancingo / Ciudad Altamirano
El sábado fue asesinado a balazos un ganadero en el municipio de Juchitán, en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional en la Costa Chica, el domingo fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado en Zihuatanejo, en la Costa Grande, y este lunes al mediodía fue localizado el cuerpo de un hombre desaparecido en el río Balsas cerca del poblado de Nuevo Guerrero, municipio de Tlapehuala.
En el primer hecho de violencia, las autoridades confirmaron el asesinato de Julián Aguilar Ramírez, La Bronca, dueño del rancho La Cuija.
El reporte policiaco dice que el sábado 19 a las 12 horas en la vía federal, al pasar por la comunidad Barrio Nuevo del municipio de Juchitán fue atacado a balazos el conocido ganadero que circulaba con su esposa en una camioneta marca Chevrolet pick up color gris.
Horas antes en la misma vía, pero a la altura de Copala, una mujer policía municipal y un policía estatal fueron acribillados con armas largas por hombres armados que les dieron alcance.
La camioneta de La Bronca tenía adaptada una carrocería de color rojo para transportar ganado y en el parabrisas tenía rotulada la leyenda La Cuija.
De acuerdo con medios locales, el ganadero Julián Aguilar Ramírez era tío del ex presidente municipal de Juchitán, Demetrio Guzmán Aguilar.
En Zihuatanejo
En otro hecho de violencia, pero en la Costa Grande, la madrugada del domingo fue hallado por autoridades el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en la zona industrial del puerto de Zihuatanejo, cerca de la planta de hielo Ortiz.
El cadáver, de acuerdo a fuentes de seguridad, estaba maniatado y decapitado. La cabeza fue colocada a un costado del cadáver.
Al lugar llegaron corporaciones de seguridad estatales y federales para acordonar el área, mientras autoridades ministeriales realizaron las diligencias de ley y ordenaron el traslado del cuerpo sin que fuera identificado a una funeraria de Zihuatanejo, habilitada como Servicio Médico Forense.
En Tlapehuala
Este lunes al mediodía fue localizado el cuerpo de un hombre desaparecido desde el pasado jueves en el municipio de Ajuchitlán, pero lo encontraron en el río Balsas cerca del poblado de Nuevo Guerrero, municipio de Tlapehuala.
La Secretaría de Seguridad Pública recibió el reporte aproximadamente a las 12 del día del hallazgo del cuerpo, a orillas del poblado de Nuevo Guerrero, el cual se encontraba en avanzado estado de descomposición y atorado entre ramas.
El cuerpo flotando en el río fue reportado desde el domingo. Lo vieron pasar cerca de la cabecera municipal de Ajuchitlán, pero las aguas lo siguieron arrastrando.
A pesar de que hubo puntos de vigilancia para ver si lograban verlo pasar, no fue localizado hasta este lunes por unos pescadores.
Se confirmó que la persona que fue localizada sin vida en el río es el hombre desaparecido desde el 17 de julio, y que sus familiares realizaron un reporte en redes sociales para pedir el apoyo y localizar el cuerpo.
El señor Emilio de 29 años, vecino de Puerto del Coco, municipio de Ajuchitlán del Progreso, fue reportado desaparecido por su hermana, de acuerdo a su versión, el hombre había sido asesinado a balazos y después su cuerpo lo echaron al río, por lo cual pidió a la población que estuvieran atentos para ver si pasaba el cadáver.
Agentes de la Fiscalía del estado con la Policia del Estado acudieron al lugar para realizar el levantamiento de cadáver, y entregar el cuerpo a sus familiares.
A pesar del reporte de que el hombre fue asesinado no se conocen los motivos del homicidio.
Alicia de los Ríos Merino (con el micrófono en mano) durante su exposición el sábado pasado en Atoyac en la presentación de la investigación Lista Apresa y los Vuelos de la Muerte Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
Debido a la desaparición forzada de la militante guerrillera Alicia de los Ríos Merino, una de las presuntas víctimas de los Vuelos de la Muerte, se realizaron dos introspecciones en la Base Aérea de Pie de la Cuesta a finales del año pasado con hallazgos de posibles instalaciones de “exterminio de los insurgentes” durante la década de 1970. informó su hija Alicia de los Ríos.
Alicia de los Ríos Merino, originaria de San José Bachíniva, Chihuahua, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre fue detenida el 5 de enero de 1978 a la edad de 25 años en la colonia Nueva Vallejo, en la Ciudad de México, por agentes de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, y fue vista por última vez ese mismo año en la Base Aérea Militar Número 7.
Después de la presentación el sábado en Atoyac de la investigación periodística Lista Apresa y los Vuelos de la Muerte, su hija y homónima, Alicia de los Ríos Merino, recapituló en entrevista la lucha para encontrarla, “nosotros siempre supimos que mi mamá fue trasladada al Campo Militar Número Uno y posteriormente a Pie de la Cuesta”.
En 2002 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) tomó el caso, la familia declaró en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) e interpuso un amparo que fue recurrido. “Solicitamos la entrada para hacer inspecciones oculares tanto en el Campo Militar Número Uno como en Pie de la Cuesta”.
A principios de la presente década la familia de la militante desaparecida y el Prodh determinaron seguir la línea de investigación “más fuerte, los Vuelos de la Muerte”.
“Y de concentrarnos específicamente en una lista de posibles perpetradores que los propios documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Brigada Especial nos dieron su identidad”.
Años después, “hemos tenido el encuentro con aproximadamente 8 agentes de la DFS y con seis generales retirados del Ejército, tenientes”.
La familia de Alicia de los Ríos volvió a presentar el amparo y en una reunión de la Comisión de la Verdad creada en el sexenio pasado, la FGR estuvo y la hija de la militante desaparecida le pidió no litigar la sentencia a favor.
Cumplieron y “a partir de septiembre del 2024 hemos entrado dos veces al Campo Militar Número Uno a hacer inspecciones de las instalaciones donde estuvo detenida Alicia, para ello hemos tenido el apoyo de tres sobrevivientes que estuvieron con ella originarios de Sinaloa: Ramón Galaviz, Juan Manuel Hernández y Cirilo Cota”.
El objetivo fue identificar la Planta Alta, “unas celdas en un tercer piso y el sótano, que ése ya está plenamente identificado”.
En noviembre pasado hubo una inspección en la Base Aérea de Pie de la Cuesta y en diciembre se llevó a cabo otra, “hemos venido con un equipo de peritos independientes, además de todo el equipo de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)”.
“Hemos estado avanzando mucho, tanto en las instalaciones que pueden presumir un campo de exterminio en términos de insurgencia en los 70 en Pie de la Cuesta, como las instalaciones que fueron utilizadas como cárcel clandestina en el Campo Militar Número Uno”.
El Bungalow que vieron en 2023 ya no existe
En marzo de 2024, el Centro Prodh y la organización estadunidense Situ Research dieron a conocer una reconstrucción visual de los Vuelos de la Muerte con base en la investigación militar de 2002 contra los finados generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso; un caso incluido fue el de Alicia de los Ríos.
Uno de los espacios importantes reconstruidos visualmente fue una estructura conocida como Bungalow, donde estaban recluidas las víctimas antes de ser ejecutadas lanzadas al mar.
El 17 de abril de 2023, integrantes de la Comisión de la Verdad, familiares de víctimas y sobrevivientes ingresaron a la Base Aérea de Pie de la Cuesta como parte de la investigación de la Comisión, y la CNB registró en video el Bungalow; sin embargo, en la inspección de noviembre del año siguiente “ya no estaba el Bungalow, ya está una cancha de básquetbol”.
Este hecho fue manifestado a la FGR, no se sabe si fue a raíz del huracán Otis o de John y se le preguntó a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no respondió, “ellos no contestan lo que no quieren”.
“Hallazgos importantes”
“Sin embargo, y aunque esto forma parte de las periciales que están ahorita activas, localizamos dos hallazgos importantes que seguimos trabajando, que pueden ser instalaciones que se usaron para el exterminio de los insurgentes en los 70”, dijo, y aclaró que el caso no está judicializado, sigue en averiguación previa.
Tales hallazgos fueron localizados, precisó Alicia de los Ríos, “sabiendo leer los croquis que hicieron los propios mecánicos de la Fuerza Aérea porque ellos apuntaban muy bien dónde era el lugar de detención clandestina, que era el Bungalow y después los croquis siempre apuntaron dónde era el lugar de ejecución, ahí es donde hemos estado trabajando en las dos ocasiones que hemos entrado”.
“Muchos” responsables siguen vivos
Un objetivo a corto plazo, dijo la abogada e historiadora, es “ver las posibilidades de consignación porque el caso de Alicia lo hemos intentado estar ligando de manera informal en investigación, pero también de manera formal”, con las desapariciones de Leticia Galarza, que a su vez está conectada con la de Jorge Valera.
“Yo creo que sería una contribución para que se reafirmara que no fueron casos aislados, que no fue un exceso de poder en algún momento sino que fue un plan sistemático en donde participó el Ejército mexicano junto con otras instituciones civiles, como la DFS”.
Expuso que el Estado mexicano, “de todos los colores, PRI, PAN, Morena, hemos visto que no se propicia que el esclarecimiento y el acceso a la justicia seamos beneficiarias y este caso, o cualquier otro que se resuelva, va a empezar desmoronar esos silencios alrededor de las propias Fuerzas Armadas, alrededor de otras instituciones, la propia Fiscalía”.
Alicia de los Ríos afirmó que hay más archivos como la Lista Apresa, el enlistado de nombres de presuntas víctimas de los Vuelos de la Muerte, porque Barquín Alonso, secretario de Quirós Hermosillo, “siempre apuntó los nombres de las personas”; sostuvo que “muchos” responsables siguen vivos y tienen que hablar.
Por la desaparición de la militante de la Liga Comunista están identificados “por lo menos” 10 perpetradores, el de mayor rango es un general de división cuyo nombre no puede ser difundido.
Desde 2018, el apoyo mensual que el gobierno estatal entrega a las familias de desaparecidos se estancó en 2 mil pesos y se paga con retraso, denunció la representante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo, Gema Antúnez Flores, participante del proyecto de unificación de los grupos de víctimas en Guerrero.
Dos de los cinco ejes de trabajo de la articulación de los colectivos reunidos el 5 y 6 de julio pasado en Acapulco, son la atención a la niñez y a la juventud de las familias de desaparecidos y el seguimiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
Al respecto, Antúnez Flores recordó la reunión de los colectivos con la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda en junio pasado, cuando le pidieron la atención a la salud y a la educación de los familiares, sobre todo de los menores de edad.
Comentó que un rasgo en común de los colectivos participantes en la unificación es la “deserción de los niños en las escuelas porque ahora sí que estudian o comen; siempre, por lo general, está desaparecido el hombre, el padre, el hermano, el que proveía a la familia”.
La mayoría de los familiares “trabaja al día y pues un sueldo que les pagan de 200 a 250 por día apenas y la llevan para comer”, entonces las madres viven la disyuntiva de darles de comer a los hijos o llevarlos a la escuela.
Indicó que los 2 mil pesos de apoyo a la canasta básica utilizado por las familias de desaparecidos para pagar servicios, lo da el gobierno estatal mediante la CEEAV desde 2018, cuando era gobernador el priista Héctor Astudillo Flores.
Otra demanda a la actual mandataria estatal es que la cantidad incremente porque desde entonces no se ha hecho y los precios han subido, “aparte hay rezago de meses, ahorita tenemos un adeudo de tres meses que no se ha cubierto”, denunció la representante del colectivo con alrededor de 100 víctimas recibiendo ese apoyo.
La titular de la CEEAV, Enedina Medrano Serrano sólo responde que no es responsable de manejar este recurso económico, por ello, una de las propuestas de los colectivos en la Ley de Desaparición Forzada es que esta institución sea descentralizada, al igual que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CEBP), y el Servicio Médico Forense (Semefo).
En la misma reunión con la mandataria estatal, los familiares le plantearon la aprobación de esta iniciativa formulada desde 2021, “sabemos que esta ley no se va a aprobar si ella no autoriza que sea aprobada”.
Salgado Pineda se comprometió a leer la iniciativa, pero “hasta ahorita no nos ha mandado a traer, quién sabe cuándo va a ser la segunda reunión”.
En el caso de la CEBP, apuntó la también integrante de la Red de Enlaces Nacionales, “tiene muchas limitaciones en cuanto al material de búsqueda, personal capacitado”.
Dijo que la CEBP presentó en un convocatoria federal el proyecto del Centro de Resguardo Temporal en Acapulco, que ganó con un monto de 23 millones de pesos, el inmueble “ya está casi terminado porque aún faltan las instalaciones, el mobiliario”, además de la ventilación, el aire acondicionado y el depósito de aguas rojas; la gobernadora se comprometió a equiparlo.
Resaltó el involucramiento de los cuatro obispos de Guerrero en el proyecto de unificación de los colectivos de familiares, “de alguna manera eso nos hace sentir un poco protegidos porque nos sentimos abandonados, solos”.
La representante del colectivo con casos de Chilapa, Iguala, San Luis Acatlán, Ometepec, Atoyac, Zihuatanejo y de la región Sierra, señaló que hace falta la atención a la salud mental, “porque hay muchos niños que ya tienen en la mente como que se van a dedicar de chicos malos, de sicarios, porque quieren vengar la desaparición de sus familiares”.
La aprobación de la ley en Guerrero de Desaparición Forzada, el impulso de un centro de identificación, el seguimiento a las “omisiones” de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y la atención a los hijos de desaparecidos, son algunos de los ejes del proyecto de unificación de colectivos frente a la política de Estado de “fragmentar” al movimiento, expuso Aarón Andrade, integrante de una de las organizaciones promotoras, el Centro de Estudios Ecuménicos.
En declaraciones por teléfono, el activista afirmó que las instituciones “ponen a las familias a competir por un personal que desde hace muchos años sabemos que es insuficiente, que todas las instituciones dedicadas a la búsqueda, a la localización y a la reparación tienen recursos insuficientes y personal no capacitado para las labores que se necesitan; eso de manera nacional”.
“Normalmente las instituciones, ya sea la Fiscalía, las Comisiones de Búsqueda locales u otras depen-dencias hacen vínculos con algunas familias y con otras no, a algunas sí les dan apoyo y a otras no; y además van creando rumores”, señaló.
Agregó que la falta de personal y de recursos “siempre recae en algún otro colectivo o alguna otra familia y las autoridades lo saben usar muy bien, entonces les dicen: no podemos ir a tu búsqueda porque el personal está en otra búsqueda”.
El Centro de Estudios Ecuménicos ha dado acompañamiento a la Red de Enlaces Nacionales, la Brigada Nacional de Búsqueda, y la organización Familiares en Búsqueda María Herrera, y a raíz de ello se ha buscado desde el año pasado un “impulso de unificación nacional de los colectivos”.
Las tres organizaciones participaron en el encuentro que se llevó a cabo el 5 y 6 de julio en el auditorio de la Facultad de Derecho de Acapulco, donde estuvieron representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desapa-recidos y Víctimas de la Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem); el Colectivo Guerrero No + Desaparecidos; el Colectivo Buscando Justicia por los Nuestros, Zitlala, Guerrero; y Familiares en Búsqueda María Herrera, Chilpancingo.
Asimismo, la Colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero; el Colectivo Vicente Suástegui; el Colectivo Raúl Trujillo Herrera por los Desaparecidos de Guerrero; Memoria, Verdad y Justicia Acapulco y Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
Esta unificación es una res-puesta a la fragmentación entre los colectivos, lo que ha implicado la falta de “esfuerzos conjuntos para impulsar la agenda de las familias”, expuso Andrade, quien es parte de la secretaría técnica que acompaña el proceso de unificación en Guerrero. similar al que se desarrolla en el centro y el norte del país.
“Lo ideal” es que sea un proceso que camine en conjunto a nivel nacional, “pero también con un pulso muy concreto y muy real de las necesidades que tienen en cada región en un nivel, y también en cada estado”.
Grupo de seguimiento a las “omisiones” de la CEEAV
Los colectivos de Guerrero priorizaron cinco ejes de segui-miento a necesidades particulares, como la aprobación de la iniciativa de ley estatal de Desaparición Forzada en el marco de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
También se acordó crear un grupo de seguimiento a las “omisiones” de la CEEAV, por ejemplo, la falta de atención a las víctimas y el retraso del apoyo mensual, “es una de las instituciones que ha fallado más y para las familias ya es urgente que atiendansus necesidades”.
El tercer eje es el diálogo de los colectivos con las iglesias, “la idea es que se articulen las distintas Diócesis de Guerrero para darle cobijo y arropar a las familias”.
Otro acuerdo fue el empuje a la construcción del Centro de Resguardo Temporal en Acapulco para que sea terminado y equipado, y se formó un grupo “en general para darle seguimiento a las nece-sidades en materia de identifica-ción”, en particular la creación de un centro de identificación.
El quinto eje es la atención a la niñez y a la juventud, escuchar sus necesidades “que normalmente quedan muy, muy invisibilizadas, y son de las víctimas más dañadas por la desaparición”.
Otro acuerdo de la reunión de julio fue realizar una jornada de lucha el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forza-das el 30 de agosto.
De la confluencia de víctimas de la guerra sucia de los 1970 como Afadem y de las actuales víctimas de la narcoviolencia, Andrade dijo que tienen en común “el dolor que implica una desaparición, pero también con la dignidad y la lucha para organizarse y buscar”.
Además de un poder militar continuo, puntualizó, siguen las desapariciones en los mismos territorios en los que se registraron estos crímenes en aquel periodo, aunque a través de una violencia nueva, “más compleja tal vez, articulada no sólo con el Estado sino con el crimen organizado”.
El Centro de Estudios Ecumé-nicosse creó en 1968 y se dedica “a acompañar comunidades, colecti-vos, organizaciones y movimientos, de una raíz de Teología de la Liberación de educación popular”.
Otras organizaciones de Guerrero que participan son Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos; Guerrero es Primero; el Frente Popular Francisco Villa; el Frente de Defensa Popular; la Red de Apoyo Solidario, por la Equidad, la Igualdad y la Justicia Social; el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello; el Centro Morelos; y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos.
También apoyaron solidariamente estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González.
Integrantes de la Asociación de Discapacitados y Sordomudos por una Vida Digna del Estado de Guerrero, en el bloqueo frente a las oficinas de la delegación de la Secretaría del Bienestar federal Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarias Cervantes
Chilpancingo
Unas 20 personas con discapacidad y deficiencias auditivas, protestaron este lunes afuera de las oficinas de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal, por el incumplimiento de la dependencia en el pago de su apoyo y por “trabas” para el ingreso de nuevos beneficiarios.
Desde las 10 de la mañana de este lunes, unos 20 integrantes de la Asociación de Discapacitados y Sordomudos por una Vida Digna del Estado de Guerrero bloquearon la calle 2 de la colonia Burócratas, así como la entrada del edificio de la dependencia federal para exigir que fueran atendidos.
Los integrantes de la agrupación exigieron la entrega de sus apoyos bimensuales a los beneficiarios.
Los inconformes bloquearon la calle 3 de la colonia Burócratas, al sur de la ciudad, frente a las oficinas federales que también cerraron, lo que impidió el acceso al público.
Uno de los casos que denunciaron es el de la señora Gutiérrez, quien tiene dos hijos con problemas de salud y desde hace dos años tiene su tarjeta activa pero no le depositan el recurso.
La asociación tiene más de 200 agremiados, y de acuerdo con los manifestantes hay muchos casos de estos, otros ya entregaron sus documentos, pero no los han dado de alta y a algunos les ponen “muchas trabas” para entregar sus requisitos.
Los beneficiarios del programa reciben tres mil pesos bimensuales y responsabilizan de las irregularidades a la coordinadora operativa del programa Pensión Para el Bienestar, Iris Yazmín Pastor Catalán, en tanto que al delegado Iván Hernández Díaz ni si quiera han podido verlo, “por eso nos plantamos aquí, para esperarlo hasta que llegue”, dijo una de las manifestantes.
María de Lourdes Romero informó que, en una reunión con la presidenta del DIF, Liz Salgado Pineda, hermana de la gobernadora, ésta le dijo que les ayudara con su caso “pero me dijo que le dijo que no podía hacer nada. Fue de ellas mismas que no me pudo apoyar con mi caso porque no me lo resolvió y tengo dos años haciendo la solicitud”.
Explicó que tiene dos niños con deficiencia física; el primero de 20 años tiene problemas cerebrales y el otro que es menor tiene problemas de audición y de lenguaje.
Informó que se integró al programa federal de apoyo a apersonas con discapacidad pero que dos años después no le llega el apoyo a pesar de que le dieron la tarjeta y estaá activa.
“Yo quiero saber si alguien se está quedando con mi apoyo”, pero insistió que nadie le da informes en la dependencia.
La beneficiaria del programa denunció que no hay
coordinación entre los funcionarios, “y decimos que si la que está en la coordinación no tiene capacidad para poder llevar a cabo estos casos, no tiene caso que siga así”.
Denunció que sus superiores les dicen que ya fueron a la Ciudad de México, “pero no presenta un documento que compruebe que en realidad ya entregaron su caso.
En tanto que el delgado siempre les dice que va a llegar a sus oficinas pero que nunca llega, “por eso nos quedamos en plantón para esperarlo hasta que llegue”, dijo la madre de uno de los pacientes.
