El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, reveló que la versión de la Fiscalía General del estado, de los hechos de La Concepción, es que primero fueron asesinados los dos policías comunitarios por quienes estaban en la comisaría y después éstos últimos baleados por otro grupo de comunitarios.
En declaraciones por teléfono, el abogado dijo qua la versión que tiene la Fiscalía, por los testigos que declaran, es que uno de los fallecidos asesinó a los dos policías comunitarios y después un grupo de 30 policías comunitarios se reagruparon y mataron a los seis hombres que se encontraban en la comisaría el domingo 7 de enero.
Mientras que la versión que dio a los reporteros el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, es que los policías comunitarios fueron agredidos e insultados por un joven que se orinó frente a la comandancia, por ello fue detenido pero logró escapar y corrió hacia un grupo de personas que estaban armadas en la comisaría, donde después los comunitarios fueron recibidos a tiros.
El abogado explicó que “ellos –en referencia a la fiscalía– sustentan el caso bajo esa teoría. Nosotros cuestionamos. Ellos dicen que los 25 que están detenidos ahí estuvieron en los hechos de las 3 de la madrugada, luego de saber que habían sido asesinados los policías comunitarios”, quienes eran liderados por el vocero Marco Antonio Suástegui, según los cuatro testigos presentados el lunes en la audiencia de vinculación, lo que no señalaron los primeros tres testigos presentados en la audiencia inicial.
El abogado indicó que entre las pruebas que presentó la Fiscalía también está la de balística que le aplicaron a todos los inculpados, con excepción de Suástegui Muñoz, que “extrañamente” salen todos positivos” cuando algunos ni si quiera portaban armas. Dicen ellos que hay indicios suficientes para vincular a proceso”, y señaló que el estándar probatorio que se exige en el nuevo sistema es menor al anterior que era mayor.
Vidulfo Rosales sostuvo que la mayoría de los detenidos no participaron en la balacera de las 3 de la madrugada en La Concepción, y que ellos son de las comunidades de Rancho las Marías, Oaxaquillas, Rancho los Ilamos, Aguacaliente, Huamuchitos y un número menor de La Concepción, que no son policías sino pobladores que llegaron a la asamblea y otros que acudieron a ver qué pasaba.
Dijo en que desconocen de la existencia de un policía herido y que estuvo presente en los hechos, y cuyo nombre en declaraciones a medios, antes de su detención, Suástegui no reveló.
El defensor señaló que las autoridades por otra parte no investigan los homicidios de los tres policías comunitarios, “parece que hay una investigación parcial, parece un ajuste de cuentas”, y aclaró que desconoce si hay otra carpeta de investigación del desarme de la Policía Comunitaria, momento en el que los policías estatales mataron a tres de ellos.
El abogado exigió “justicia para los policías comunitarios –asesinados–, si hay responsabilidad de los policías estatales y de otras fuerzas de seguridad que sean investigadas, debe de haber una intervención imparcial y responsable, que se llame a las dos partes a un diálogo y a una reconciliación.
Agregó que “la paz no va a regresar mandando a prisión a gente de un bando o de otro. No se va a resolver así”.
El abogado reiteró que se tiene una “intervención parcial y que polariza la zona”.
Expresó qué hay el interés de inhibir a las organizaciones de derechos humanos para que quiten la vista sobre lo que ocurrido con la muerte de tres policías comunitarios, con los desplegados publicados en diversos medios de comunicación.
En este mismo contexto, dijo que como Tlachinollan respetan la posición de las autoridades comunitarias que firman el comunicado, “pero sí creemos que muchas de esas expresiones están movidas por intereses estatales. De empresarios, de personas que no pudieron ver realizados los beneficios económicos por la construcción de la presa La Parota, como los gravilleros que explotan el río Papagayo”.
Vidulfo Rosales insistió en que “vemos un asunto político-social por la imposición del proyecto hidroeléctrico”, y señaló que el gobierno del estado se puso a favor de los empresarios gravilleros.
Informó que el vocero del Cecop tiene cuatro procesos penales anteriores y todos son en agravio del gravillero Humberto Marín, a quien supuestamente se le agredió tomando sus tierras, mismas que fueron inválidas en el Tribunal Agrario como propiedad de Marín.

El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), condenó la vinculación a proceso y la prisión preventiva que se le dictó a 25 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), entre ellos su vocero Marco Antonio Suástegui, mientras que no hay información de las “ejecuciones extrajudiciales” cometidas por policías estatales, mismos que agredieron a periodistas el pasado 7 de enero en La Concepción.
Luego de que el juez dictó prisión preventiva por homicidio al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y a 24 integrantes más, el Centro Morelos se pronunció.
El 7 de enero, dos enfrentamientos armados, uno por la madrugada y otro horas después, durante el desarme de policías comunitarios por parte de la Policía del Estado, resultaron 11 personas muertas, tres de ellas “ejecuciones extrajudiciales” cometidas por los agentes del estado.
El Centro Morelos consideró que se comete una violación de derechos humanos “muy grave”, porque hay irregularidades e inconsistencias en la investigación que impiden tener un juicio justo y el acceso a la justicia a los detenidos y a las familias de los fallecidos.
Indicó que pese a no estar presente en los hechos se responsabiliza a Marco Antonio Suástegui y a otros 10 integrantes de la Cecop, así como a policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), con la intención de hacerlos ver como culpables del asesinato de seis personas.
“Este hecho es alarmante porque además de inculpar sin una investigación adecuada, donde hubo allanamiento de morada y  además los detenidos han denunciado tortura, criminaliza al Cecop y la CRAC-PC, dos organizaciones comunitarias que son legítimas de los pueblos y han dado una batalla ardua para defender sus tierras”, sostuvo el organismo.
Reprochó que se dictó prisión preventiva, pero no hay información alguna de las “ejecuciones extrajudiciales” cometidos por policías estatales, quienes también agredieron a reporteros en ese mismo hecho.
Añadió que parece que la detención de Marco Antonio Suástegui y sus compañeros es algo que el gobierno del estado ha esperado durante mucho tiempo, porque representan un inconveniente para comenzar el proyecto de la presa La Parota.
Como centro de derechos humanos manifestó su inconformidad y preocupación, “con la actitud de mala fe que ha tomado la Fiscalía General (del estado) con la que ha conducido estos hechos”.
Resaltó que se necesita un Estado de derecho, y que el pueblo de La Concepción y los detenidos necesitan justicia.

Dos hombres fueron asesinados a balazos este martes, uno de ellos en plena zona turística.
En un primer caso, un hombre fue asesinado a balazos afuera de un restaurante de la Costera.
El crimen se reportó a las 12:20 del día, frente a la playa Tamarindos. El cuerpo quedó afuera del restaurante Las Palmas, asentado en la Costera y cerca de la franja de arena.
La versión policiaca es que al menos dos hombres armados persiguieron a la víctima y le dispararon hasta matarla.
Testigos dijeron a la policía que la víctima se la pasaba consumiendo bebidas alcohólicas y hablaba inglés, sin dar más detalles.
Los peritos de la Fiscalía Regional informaron que la víctima tenía a simple vista disparos en la cabeza. El crimen ocasionó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno.
Los pocos bañistas, algunos extranjeros, en una de las playas más concurridas del puerto, salieron del lugar corriendo al escuchar las detonaciones de arma de fuego.
El Ministerio Público de Costa Azul abrió una carpeta de investigación por el crimen.
En otro caso, un taxista fue asesinado a balazos en la colonia El Rastro, ubicada en las inmediciones de La Sabana.
El crimen se reportó a las 10 de la noche, en la avenida Lázaro Cárdenas, se indica en el reporte ministerial.
Los agentes encontraron a un taxista muerto a balazos enmedio de la vialidad, pero sus familiares levantaron el cuerpo y se lo llevaron a su casa.
Casi al mismo tiempo, un hombre fue herido a balazos en el poblado de La Sabana.
La agresión se reportó a las 10:10 de la noche en la avenida Lázaro Cárdenas, frente a la tienda Neto, se indica en el reporte de la Policía del Estado.
La víctima fue trasladada a un hospital  cercano.
Con estas víctimas en lo que va del año en Acapulco suman ya 35 homicidios, presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, de acuerdo con un recuento de El Sur.
Apenas, el 29 de diciembre del año pasado, un hombre fue acribillado a balazos en plena temporada de vacaciones y frente a turistas, en la playa Tamarindos.
Por otro lado, era taxista el hombre asesinado a balazos la madrugada del lunes en la unidad habitacional Alta Progreso.
La víctima se llamó Miguel Ángel, de 58 años, y vivía en la unidad habitacional El Coloso, de acuerdo con la declaración ministerial de los familiares.

Atacan a policías del estado en El Arenal

En otro caso, policías estatales fueron atacados a balazos el domingo casi a la medianoche, en la localidad de El Arenal, ubicada en la zona rural.
En un boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública informó que después de las 11 de la noche del domingo, los agentes estatales fueron alertados por medio de una llamada de emergencia que hombres armados irrumpieron en una fiesta que se realizaba en una huerta de mango, en las orillas de la laguna de Tres Palos.
Se añade que los hombres armados habían disparado contra los asistentes lesionando a varios de ellos, por tanto los agentes se trasladaron al lugar para verificar la denuncia.
Se informó que los hombres armados atacaron a balazos a los agentes estatales desde diferentes puntos; y la patrulla en la que se transportaban los efectivos recibió 70 impactos de bala.
Los policías del estado repelieron la agresión, que duró cerca de 40 minutos, y todos resultaron ilesos; el vehículo oficial quedó inservible ya que varios disparos se impactaron en el motor.
Luego de la agresión, al menos 20 hombres con armas largas huyeron en tres lanchas que tenían varadas en la orilla de la laguna de Tres Palos; en tanto otros más escaparon pie a tierra entre la maleza.
Posteriormente, los policías del Grupo Táctico de Reacción Inmediata “Centauro” rastrearon la zona en busca de los hombres armados, sin lograr ningún arresto; allí fueron asegurados tres vehículos abandonados por los agresores.

Entregan osamenta de repartidor de volantes

Ayer se entregó la última osamenta de un trabajador que repartía volantes y que desapareció el 9 de octubre del año pasado, junto a cuatro compañeros, y fueron hallados después hallados en fosas clandestinas.
La víctima se llamó Guillermo, de 19 años, originario de Villahermosa, Tabasco, según el expediente del Ministerio Público.
Con esta víctima ya son las cinco osamentas halladas en fosas clandestinas en noviembre del año pasado.
El pasado 9 de octubre del año pasado, cinco trabajadores contratados para repartir volantes fueron reportados como desaparecidos, y hasta el 11 de noviembre fueron halladas sus osamentas en fosas clandestinas en la colonia Alta Laja.
El 14 de noviembre, en conferencia de prensa, el fiscal general Javier Olea Peláez informó que hubo cinco detenidos, entre ellos dos menores de edad, por el asesinato de los cinco trabajadores. Dio a conocer que de los cinco trabajadores cuatro de ellos eran de Villahermosa, Tabasco, y uno acapulqueño.
Ocho días después, la Fiscalía General del estado informó que el juez de Control dictó prisión preventiva a los tres detenidos y responsables de la muerte de los cinco trabajadores.

El recién nombrado director de Ecología municipal, Sergio Godínez Maldonado, respondió que falta que los diputados etiqueten recursos para sustituir a los caballos que jalan calandrias y brindar atención a las 56 familias que dependen de ese trabajo.
Del exhorto de los diputados del PVEM al gobierno municipal para impedir el uso de los caballos en las calandrias, el funcionario declaró a reporteros que hay una “laguna” en la Ley de Bienestar Animal, porque no se etiqueta dinero para quitar a los equinos.
El lunes, en conferencia de prensa, los diputados del PVEM, Rosana Agraz, Carmen Iliana Castillo Ávila y Eduardo Cueva denunciaron la omisión del gobierno municipal a la ley.
Godínez Maldonado indicó que “los diputados deben garantizar el presupuesto para sustituir la atracción animal, porque en la Ley de Bienestar Animal no existe un apartado sobre los recursos para el destino final de los caballos, a dónde van a ir a parar, quién va a garantizar su supervivencia, quién va a etiquetar recursos para que se les dé de comer a 56 equinos”.
Precisó que la ley es buena, pero que no se vale que las autoridades “evadan su responsabilidad y aquí es responsabilidad del estado y del municipio, por eso exhorto a los diputados a que nos sentemos y que busquemos soluciones conjuntas para dar certeza a las calandrias”.
Dijo que es necesario que cuando se quiten las concesiones se hagan propuestas para sustituir a los caballos, y que eso es responsabilidad de la Dirección de Transporte estatal.
Se le preguntó de la propuesta de reemplazar los caballos por motos, como se hizo en Zihuatanejo, y respondió que “es buscar la alternativa dignificando el trabajo, pero además es el terreno y el número de familias, en Zihuatanejo el paseo es plano y son seis calandrias, y aquí de La Diana a La Base hay dos subidas prolongadas y no sería atractivo una moto”.
“Cuando nace la ley hay una laguna porque no se etiquetan recursos especiales para el destino final de los animales, tampoco se etiqueta para sustituir la atracción animal y ni se garantiza a dónde van a parar las familias que dependen del trabajo”, insistió.
Godínez Maldonado abundó que lleva más de dos años la legislación local: “hemos tirado piedras, hemos escupido para arriba, creo que nos falta coordinación y conocimiento de la propia ley porque estamos dejando en un estado de indefensión a las 56 familias que dependen de las calandrias”.
Recordó que el anterior director de Ecología sostuvo reuniones con los operadores de las calandrias, quienes están de acuerdo que los caballos sean sustituidos siempre y cuando haya garantías de que no pierdan su trabajo y se les dé una “alternativa, hay que buscar recursos necesarios para dignificar su trabajo”.
Respecto a unos árboles que se encuentran apilados en el Centro de Convenciones, el funcionario respondió que “esos árboles se cayeron con el huracán Max que pegó en San Marcos, se cayeron y ahí los podaron”.
Explicó que los talaron y los apilaron  ahí, pero “son troncos que están desde el huracán Max”, en septiembre del año pasado.

El consejero de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), el regidor Enrique Granados Morga, dijo que los integrantes del Consejo de Administración dieron dos meses de plazo para que se presente una terna para nombrar al director del organismo.
Ayer en declaraciones a reporteros, el también regidor dijo que la propuesta deberá surgir de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), y que “a finales de febrero ya se tienen que poner de acuerdo para nombrar un nuevo director”.
Recordó que durante la última sesión que se realizó en diciembre, los integrantes del consejo acordaron “poner un plazo de dos meses para que se pusiera de acuerdo la federación y el municipio y hacer una propuesta de una terna para director, personas capaces, con experiencia técnica necesaria como lo pide la ley”.
Explicó que el encargado de despacho de la CAPAMA, Francisco Javier Ríos Martínez, “en el sentido como ingeniero arquitecto y técnico especializado en agua no tiene la experiencia, es contador público, era director de auditorías interna de la paramunicipal y se le dio la oportunidad después de la renuncia de Javier Chona”.
Granados Morga precisó que el encargado de despacho aún no les da información respecto a las observaciones que hizo la Auditoría General del Estado a la cuenta pública del 2016, “nos quedamos que cuando conteste y haga las observaciones la Auditoría se hará sesión extraordinaria, para que nos informe en qué condiciones quedó”.
Del amparo de la paramunicipal para que la Comisión Federal de Electricidad no le corte el servicio de luz por el adeudo que existe, respondió que aún no hay una resolución: “vamos a esperar que determina, porque son más de 160 millones de pesos”.
Granados Morga explicó que lo que más afecta a la paramunicipal es el pago de la nómina, pues la mayoría de los empleados son sindicalizados, y los pagos a la CFE, pero que en insumos salen bien. (Aurora Harrison).

Ayer después del mediodía, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) les pagó la primera quincena de enero a trabajadores de contrato y de lista de raya, pero sigue pendiente la segunda parte del aguinaldo.
Por la mañana, trabajadores de la paramunicipal dijeron que no les habían  hecho el depósito de su quincena, la cual debió ser pagada el lunes, pero no se les hacía raro porque recordaron que desde hace varios meses se atrasan de tres a cuatro días.
A los primeros que el organismo les pago el lunes fue a los trabajadores sindicalizados de la Sección 27 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), y hasta ayer martes a los empleados de contrato y funcionarios.
En la segunda quincena de diciembre la CAPAMA también se retrasó en el pago a empleados sindicalizados y de contrato, así como a funcionarios.
Pero está pendiente todavía la segunda parte del aguinaldo, que a decir de la autoridad antes del 20 de este mes será depositado. (Aurora Harrison).

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal, Luz María Meraza Radilla, aseguró que sí se tiene encargado de seguridad estructural para la obra de el paso elevado de la Vía Rápida.
La funcionaria argumentó que se dio más tiempo para entregar la obra por problemas que hubo con la programación.
El presidente del Consejo Ciudadano Municipal, José Ángel Nucico Casarrubias, señaló que la obra del paso elevado de la Vía Rápida no cumplía con el reglamento de Construcciones de Acapulco, al no contar con licencia, no tener un responsable estructural y no haber retirado las piezas que se reutilizarán de la manera adecuada.
Consultada respecto a dichas observaciones, Meraza Radilla explicó que para la obra, por ser un proyecto del municipio, no se solicita licencia de construcción porque sería ser juez y parte, “en mi opinión, eso no tiene sentido”.
Aseguró que sí se tiene un responsable en el cálculo estructural para asegurarse que se cumplan los lineamientos de construcción y no exista algún riesgo.
Justificó el retraso en la entrega porque se tuvieron que desalojar las instalaciones donde la empresa Calvo tiene recursos materiales y cosas que están en el almacén, por lo que se les dio un mayor plazo a la constructora para entregar el proyecto que inicialmente tendría que concluirse en marzo y ahora se tiene programado sea en mayo. (Mariana Labastida).

En calles de la colonia Centro hay bolsas de basura en la banquetas y contenedores en mal estado, mientras que la Coordinación de Servicios Públicos y Saneamiento Básico supervisan lugares que se utilizan como tiraderos de desechos sólidos.
Las calles José Valdés Arévalo, de la colonia Centro, así como la avenida Adolfo López Mateos y la calle Benito Juárez, en el Zócalo, se encontraron ayer montones de basura en banquetas.
El mismo problema hubo en las avenidas Constituyentes y Cuauhtémoc.
En la avenida Granjas, del fraccionamiento Mozimba, debido a que no hay un contenedor los desechos son arrojados en la banqueta a cielo abierto.
Al respecto, el nuevo coordinador de Servicios Públicos, Juan Manuel Castillo Zamora, dijo que “sabemos que siguen algunos puntos negros pero estamos trabajando en ello, no podemos decir que no hay, queremos que nos den la oportunidad, vamos llegando”.
Sostuvo que el alcalde Evodio Velázquez instruyó a la coordinación y a Saneamiento Básico a atender ese problema, “y vamos a pedir a las empresas recolectoras que cumplan con los horarios y las rutas para que no demos argumentos a la gente para que saque la basura fuera de los horarios de recolección”.
Castillo Zamora explicó que ayer se retiraron siete montones de basura en calles de la unidad habitacional El Coloso, que fueron 14 toneladas, y que para esas acciones utilizaron camiones de volteo y carros recolectores.
Informó que acudió, acompañado del director de Saneamiento Básico, Elí Olea, a Rinconada del Mar, en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, donde le reportaron que hay un tiradero de basura “y la idea es que vamos a empezar a erradicar, para que la gente no utilice los lugares como tiraderos”.

El director de Transporte del estado, Miguel Ángel Piña Garibay, invitó a los usuarios del transporte público en Acapulco a denunciar ante los supervisores de la dependencia los aumentos injustificados en el cobro del pasaje, pues aseguró que ninguno ha sido autorizado.
Choferes de camiones de aire acondicionado de la ruta Zócalo-Colosio colocaron papeletas anunciando el aumento del pasaje, de 11 a 12 pesos, el domingo pasado.
Consultado al respecto, al concluir la toma de protesta del comité local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Piña Garibay dijo que los inspectores de la dependencia están “casi de manera permanente” en La Base Naval y afuera de la plaza Galerías Acapulco.
“Si hay un abuso, si el chofer pretende cobrar más de la tarifa establecida que lo reporten. A partir de ayer (lunes), porque se presumía que se iniciaría el cobro de 12 pesos en el servicio urbano, hicimos verificaciones. Los inspectores se suben al camión y si el usuario dice que no se respeta la tarifa se infracciona y si reincide se van a encerrar”, advirtió.
Piña Garibay advirtió que a pesar de la colocación de las papeletas “no es oficial el aumento, no están selladas por alguna dependencia u organización”.
El último incremento, sostuvo, fue hace un año 3 meses y el compromiso es que no hay otro.
“Si la Dirección de Transporte hace un estudio por las alzas en la gasolina probablemente se daría el incremento, pero hubo compromisos con el gobernador. No hay posibilidad porque se mantiene la tregua con el gobernador. Se toma nota de cada infracción a los transportistas para que con la reincidencia se retenga la unidad”, concluyó.

Cerca de la ceiba que está en medio del paso elevado Bicentenario, en la avenida Cuauhtémoc empezaron a retoñar, cerca de la raíz, dos plantitas, informó el presidente de la Asociación de Agrónomos de Guerrero, José Concepción Urióstegui, quien dijo que va a cuidar que no les pongan herbicida.
Ayer con un grupo de personas, Concepción Urióstegui acudió al lugar donde está la ceiba “amorosa, la cual literalmente su cuerpo está en decadencia, los tratamientos que pusimos y los fertilizantes orgánicos, las algas mineralizadas no hicieron efecto porque fue taladrada en cinco ocasiones y le destruyeron las dos formas de acarreo de nutrientes”.
Sin embargo, dijo, los tratamientos de fertilización orgánicos han ayudado porque “hay dos retoños, uno desde diciembre y otro la semana pasada y la vamos a cuidar, vamos a poner abono de lombriz, tierra de hoja fortalecida, esto lo haremos la próxima semana”. (Aurora Harrison).