Totalmente desapercibido en México pasó el anuncio del procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, el jueves pasado, sobre la creación de un grupo antiterrorista para combatir mundialmente a Hezbolá, una organización calificada por el Departamento de Estado como “terrorista”, que fue formada por la Guardia Revolucionaria Iraní en 1982 para enfrentar la invasión de Israel a Líbano. El grupo, integrado por expertos en narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, se coordinará con la División de Operaciones Especiales de la DEA, y el área de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior. Si en el gobierno mexicano no han procesado lo que esto significa, deben hacerlo rápidamente. La ruta de Hezbolá a Estados Unidos pasa por territorio mexicano de la mano de los cárteles de la droga.
Sessions fue muy contundente. “El Departamento de Justicia no dejará piedra sin remover a fin de eliminar las amenazas a nuestros ciudadanos de organizaciones terroristas y para eliminar la marea de la devastadora crisis de drogas”, dijo. “El equipo iniciará procesos que restrinjan el flujo de dinero de las organizaciones terroristas extranjeras así como romperá las violentas operaciones de tráfico de drogas”. No se requiere ciencia para conectar los puntos. Si toda la retórica del presidente Donald Trump para la construcción del muro fronterizo con México es para frenar a los criminales que están intoxicando a los estadunidenses con sus drogas y el Ejército mexicano es incapaz de confrontarlos, uno de los principales campos de batalla contra Hezbolá va a estar en México.
El tema de organizaciones terroristas en México siempre ha sido negado por las autoridades mexicanas, pero sobre todo, han minimizado el fenómeno. En agosto de 2002 se publicó en este espacio que el entonces jefe de la DEA, Asa Hutchinson, estaba reforzando la vigilancia en la frontera con México ante su temor de que los cárteles de las drogas financiaran el terrorismo político a través de Al Qaeda y Hezbolá. Los servicios de inteligencia estadunidenses, se escribió, tenían ubicadas células de esas organizaciones en la Triple Frontera, donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, convertida en ese entonces en un centro de operaciones terroristas, guerrilleros y espías.
En la edición de otoño de 2012 de Global Security Studies, una publicación académica especializada en temas estratégicos e internacionales, Dawn Bartell y David Gray escribieron un ensayo donde señalaron que tanto Hezbolá como Al Shabaab, que está vinculada con Al Qaeda, se habían infiltrado en México, donde estaban recibiendo entrenamiento de asimilación cultural y lenguaje, y habían establecido una “relación de conveniencia” con los cárteles de la droga mexicanos, que estaban ayudándolos a introducir ilegalmente a sus miembros a Estados Unidos para recolectar fondos y reclutar terroristas. “Hezbolá ha operado en América del Sur y América Central por décadas, junto con sus algunas veces rival Hamas”, apuntaron. “Ahora, el grupo está metiéndose a comunidades shiitas musulmanes en México, incluido en Tijuana”.
La preocupación estadunidense sobre la vulnerabilidad que representa México en el tema del terrorismo lleva largo tiempo. Robert Muller, quien es el responsable actual de investigar la presunta intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos, advirtió en un testimonio en el Congreso en 2006, cuando era director del FBI, que “hay personas de países con conexiones a Al Qaeda que están cambiando sus apellidos islámicos a hispanos, con falsas identidades, aprendiendo a hablar español y pretendiendo ser inmigrantes hispanos”. En 2012, el ex jefe de Operaciones de la DEA, Michael Braun, confirmó la vinculación de Hezbolá con los cárteles de la droga mexicanos y dijo que habían logrado tener rutas de transporte criminal y contrabando bien establecidas entre México y Estados Unidos. Y el año pasado, Michael Flynn, ex jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono y el primer consejero de Seguridad Nacional del residente Trump, confirmó en una entrevista con el portal Brietbart News la relación de grupos terroristas con los cárteles, y que la Patrulla Fronteriza tenia fotografías que aportaban evidencia de las rutas por las que estaban entrando en Texas.
La preocupación estadunidense sobre este tema no había pasado de mantener bajo estrecha vigilancia lo que sucedía en México. La dinámica cambió en Washington luego de aparecer un reporte en la prensa que el gobierno del presidente Barack Obama había detenido todas las investigaciones contra Hezbolá, que formaban parte del llamado Proyecto Casandra, a fin de allanar el camino para un acuerdo nuclear con Irán. El nuevo equipo formado en el Departamento de Justicia retomará las investigaciones suspendidas para profundizar las acciones de Hezbolá con el narcotráfico y lavado de dinero.
Los dos temas son vistos por el gobierno de Trump como un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. La prensa ha mostrado sistemáticamente las fallas en la estrategia del combate para las drogas en México, a lo que se le han sumado críticas sobre la deficiencia para frenar el lavado de dinero. Un informe de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera, una organización que establece estándares internacionales, dado a conocer a principio de este año, señala que aunque ha habido mejoría desde 2008, cuando lo evaluaron por última vez, no ha sido suficiente para enfrentar actividades del crimen organizado, extorsión o corrupción. De hecho, hasta muy recientemente la PGR asumió el lavado de dinero como una prioridad, por lo que no se le investigaba de manera sistemática.
Las fallas institucionales mexicanas tienen también dosis de negligencia, que ahondan la debilidad de México ante situaciones extraordinarias, como las anunciadas por Sessions.

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El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Roberto Ortega González dijo que los anuncios que no sean de las dirigencias municipales o estatales son a título personal, lo anterior luego de que Ulises Venicio Martínez dijo que las bases de ese partido no aceptan al cirujano Javier Solorio Almazán como candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia”.
En declaraciones a reporteros después de la toma de protesta del sector educativo Profesor Othón Salazar Ramírez en apoyo a esa coalición en el salón de fiestas Cristal del Parque Papagayo, Ortega González adelantó que en los próximos días Javier Solorio Almazán formalizará su militancia en el PT.
Ortega González aseguró que quienes hicieron la declaración “no forman parte de la dirigencia municipal” y en todo caso añadió “estatutariamente todas las decisiones municipales estarán subordinadas a la dirección estatal y a su vez a la dirección nacional”.
Negó que haya una imposición para las candidaturas y aseguró que se trata de “un pequeño grupo que no coinciden porque quieren lastimar la alianza” y buscan que haya un candidato que “históricamente ha golpeado al estado de Guerrero”, de quien no precisó el nombre.
“Es una decisión mayoritaria de la dirigencia estatal nacional y de la dirigencia municipal del Partido del Trabajo, en los próximos días habremos de formalizar el ingreso de Javier Solorio al Partido del Trabajo”, sostuvo.
En la toma de protesta estuvieron la ex coordinadora de Nueva Alianza, Blanca Nelly Salgado, el enlace estatal del cuarto distrito del PT, Ignacio Meneses, la regidora del PT Alma Francisca Juárez, el representante del Movimiento Juvenil por Acapulco, Roberto González y el coordinador del distrito 9, Julia Juárez Martínez.
El martes pasado, integrantes de la coordinadora municipal del PT desconocieron los acuerdos del comisionado político estatal, Victoriano Wences Real. En conferencia de prensa en sus oficinas en Acapulco, Ulises Venicio Martínez dijo que las bases del partido no aceptan a Solorio Almazán porque la dirigencia del partido ha querido imponerlo de manera autoritaria por encima de la militancia petista.

El Instituto Nacional Electoral (INE) es inequitativo entre quienes aspiran a una candidatura independiente y los candidatos de los partidos ya que hay una mayor fiscalización en el uso de recursos para los independientes que para los partidos, criticó el aspirante a contender por la presidencia de la República como candidato independiente, Luis Ponce de León Armenta quien acudió como invitado a la primera sesión mensual del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero.
El también presidente el Programa Académico Ciudadano habló de la necesidad de “modificar el pacto nacional porque el actual no funciona debido a que permite toda clase de vicios y permite toda la inseguridad”.
Explicó que el nuevo pacto nacional significa una nueva constitución política de México, que genere instituciones transparentes y eficientes, para que ésta también genere un orden jurídico justo.
Señaló que hay leyes contrarias a la justicia y a la seguridad pública y aunque consideró un avance el que se considere las candidaturas independientes, mencionó que se debe detener el uso de recursos públicos para “pagar acarreos para descalificaciones entre unos y otros candidatos”.
“Hay que cancelar totalmente el financiamiento público a los partidos políticos porque no hay ninguna justificación para que el dinero esté dedicado a gastos desafortunados, para acarreados, camiones, regalos, porque se está comprando la voluntad popular con dinero de recursos públicos”, reclamó Ponce de León Armenta.
Se dijo inconforme con el sistema político que desde su punto de vista está en crisis.
“Si el Instituto Nacional Electoral, la fiscalía correspondiente y el Tribunal Electoral del Poder Judicial no cumplen con su función no vamos a tener candidatos independientes auténticos, y no solamente eso, sino que vamos a tener que votar por tres candidatos, sin la posibilidad de votar contra nadie, porque nuestro derecho a votar está limitado por la ley”, señaló.
Reprochó que “hay una tremenda irresponsabilidad política por quienes nos gobiernan, porque no nos han dado las instituciones necesarias para hacer frente a los problemas que tenemos, y al contrario, las instituciones se convierten en el problema mismo”.
Señaló que hay una “tremenda pobreza, un desempleo que está en todos lados, y hay un incremento de la deuda pública, los índices negativos de México crecen este pacto nacional que tenemos ya no funciona y no lo quieren entender”.

Unos 50 integrantes del Frente Progresista Guerrerense bloquearon intermitentemente una hora la avenida Costera frente al Asta Bandera en contra del gasolinazo, la Ley de Seguridad Interior y para exigir que dejen en libertad a los detenidos en la “agresión estatal y federal” ocurrida el domingo en La Concepción.
En el bloqueo repartieron volantes en los que demandaban al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores alto al alza al precio de combustibles, transporte público, tortillas y alimentos.
A las 10 de la mañana llegaron los manifestantes y fue hasta media hora después que bloquearon intermitentemente, traían cartulinas con diversos mensajes, algunos como “Fuera Peña”, “No al aumento de la tortilla” y “Libertad de los presos políticos”.
Durante el bloqueo los automovilistas mostraron su apoyo, pero algunos no querían ni recibir el folleto que le entregaban.
El miembro del frente, Uriel Leal Ramírez declaró que la parada cívica es para manifestar su rechazo al “aumento de precios de la gasolina, transporte, tortilla y todo lo que tiene que ver con la canasta básica, la cancelación de la Ley Interior de Seguridad por ser represora contra el pueblo, pedimos que se eche abajo”.
“Exigimos la libertad de los detenidos en la agresión (en La Concepción), queremos que haya una buena investigación, transparente, no se oculte nada, para que las cosas queden de manera clara y se pare la violencia en esa zona, una violencia que si el gobernador no le pone atención puede escalar a otros niveles, es violencia masiva” dijo.
Dijo que la petición al gobierno del estado es la liberación de comunitarios y el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui. Recordó que han sido “varios compañeros asesinado, sobre todo gente de izquierda los que han sido asesinados, no sabemos por quién”.
Demandó al gobierno del estado, al fiscal general, Javier Olea Peláez que “ponga atención, que hagan lo que tengan que hacer porque vemos que no hay mucho resultado positivo, son las demandas generales que estamos planteando en está parada cívica”.
En relación al comunicado del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, de que hubo fuertes violaciones a los derechos humanos en el desarme de la Policía Comunitaria de La Concepción, respondió que coincidía, “hubo una respuesta desproporcional al hecho, hubo violaciones a los derechos humanos y las sigue habiendo”.
Dijo que el llamado al gobierno del estado es que respeten los derechos humanos de los pobladores “hay protocolos a nivel internacional que deben respetarse”.

Que Javier Lozano brinque de un partido a otro para contratarse como gatillero sicario a las órdenes de un nuevo patrón, no tiene nada de sorprendente: la mayoría de los políticos no deja que las convicciones o la ética se atraviesen en su camino. Lo que llama la atención es que un partido abra los brazos y encumbre al que hasta unos días antes escupía sobre sus cabezas. Peor aún, tendríamos que preguntarnos ¿cuán descompuesto está el clima político para que los asesores de José Antonio Meade hayan concluido que se requiere a un buleador profesional para encarar la campaña electoral?
¿Qué lleva al PRI a convertir a este provocador contumaz en vocero de su causa? El fenómeno Trump, supongo. Una lectura superficial de lo que sucedió en Estados Unidos podría concluir que el camino a la Presidencia se esculpe a golpes de tuits soeces, políticamente incorrectos, estridentes. Si creen que Trump está en la Casa Blanca gracias a sus insultos y a un comportamiento de barbaján para con sus rivales, entonces el fichaje de Lozano cobra sentido.
Incluso el propio Meade desde hace unos días ya había asumido esta estrategia. Dejó atrás la estudiada imagen de buena persona no-rompo-un plato, para subirse al ring y retar a López Obrador y a Ricardo Anaya. Alusiones al patrimonio del tabasqueño o a la novatez del joven candidato panista, por no hablar de duros reclamos a la corrupción de sus rivales. Las diatribas de Meade fueron muy aplaudidas por sus seguidores, aunque el resto del país no pudo dejar de pensar en el típico refrán “el burro hablando de orejas”. Acusar a sus competidores de ser corruptos minutos después de abrazar efusivamente al líder petrolero Romero Deschamps no es precisamente el mejor de los timings.
En todo caso Meade es un Trump muy poco convincente. Javier Lozano, en cambio, se ha preparado toda su vida. Originario de Puebla pero capitalino de siempre, es egresado de la Escuela Libre de Derecho donde conoció a Felipe Calderón, aunque militó en el PRI bajo cuyas siglas llegó a ser oficial mayor y subsecretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Ernesto Zedillo. Caído de la gracia de la cúpula priista, en 2006 se vinculó a Calderón y se las ingenió para ser ungido secretario del Trabajo y Previsión Social. Desde este puesto, Lozano se haría célebre por algunas batallas épicas. Con el sindicato Mexicano de Electricistas, con los trabajadores de Cananea, con el sindicato de sobrecargos, con el periodista Miguel Ángel Granados Chapa o con el empresario chino Zhenli Ye Gon, a quien terminaría acusando de difamación luego de que el contrabandista intentó implicarlo en temas de lavado de dinero. En estos y otros desencuentros, Lozano se caracterizó por su estilo rijoso y rudo, y por su gusto para ventilar en público y sin aparentes filtros sus humores y sus fobias. Dentro del calderonismo el ahora ex senador desempeñó el trabajo sucio para atacar y enlodar a los rivales de su fracción (entre otras cosas enarbolando duros epítetos contra Enrique Peña Nieto y los que hoy lo han contratado).
La incorporación de Lozano, además, tiene un segundo propósito. La batalla entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya será feroz y despiadada porque ambos intentarán convertirse en beneficiarios del voto anti lopezobradorista. La única oportunidad que tienen de ganarle al líder de Morena es capturando el voto útil de su rival, es decir, fusionando en la práctica al segundo y al tercer lugar. De aquí a junio Meade tiene que convencer al electorado conservador que Anaya se ha desinflado y que él es la única alternativa viable ante AMLO. Javier Lozano podría ser clave porque proviene del PAN, conoce sus trapos sucios y, mejor aún, está dispuesto a ventilar la basura, real o presunta, en una arena pública que nuestro personaje suele convertir en paredón.

@jorgezepedap
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