El ex president de la Generalitat Artur Mas ha recomendado ayer al también cesado president Carles Puigdemont “pensar en el país” y en el “proyecto de todos” a la hora de decidir sobre una hipotética investidura, aunque ha recalcado que no quiere “condicionar” su decisión a este respecto.
En una entrevista en La Sexta, Mas ha asegurado que nadie es “imprescindible” y ha comparado la actual situación de Puigdemont, huido en Bruselas, con la suya propia de hace dos años, cuando renunció a encabezar de nuevo la Generalitat por las exigencias de la CUP y dejó paso al propio Puigdemont.
No obstante, Mas ha recalcado que, aunque confía en que la manera de actuar de Puigdemont sea “igual”, en alusión al principio de “pensar en el país”, eso no quiere decir que su sucesor “haga lo mismo” y no presente candidatura.
“Yo podía haber convocado elecciones, en vez de convocar, me marché. Para mí eso era interés de país. Confío en que esa manera de actuar la tenga igual, no quiero decir que haga lo mismo”, ha argumentado Mas.
A la pregunta de si es posible una investidura telemática de Puigdemont, Mas ha considerado que en las actuales condiciones excepcionales “habrá que ver cómo se pueden interpretar las normas”.
A juicio de Mas, que ha apuntado que Puigdemont no le comentó que se iba a Bélgica, el tiempo le ha dado la razón al ex president, que ahora debe afrontar “familiar y personalmente” una decisión delicada, porque “si vuelve sabe que va a ir a prisión”.
Sobre el caso Palau –la Audiencia de Barcelona notificará hoy la sentencia sobre el expolio de esta infraestructura, por el que el fiscal pide 14 años de cárcel para el saqueador confeso Fèlix Millet y ocho para el ex tesorero de CDC Daniel Osàcar–, Mas ha considerado que más responsabilidades políticas que las que ha asumido no son posibles: “Lo he dejado todo”.
Sobre su futuro, Mas no ha descartado volver a la primera línea, aunque ha recalcado que “lo más probable es que no”. “No le digo que no, pero no tengo plan concreto. No lo puedo descartar. Lo más probable es que no”.

Los secesionistas catalanes, entre el sí a Puigdemont y el realismo para retomar el poder

Los principales partidos independentistas de Cataluña se debaten entre el apoyo a la reelección como presidente catalán de Carles Puigdemont desde Bruselas y el “realismo” para recuperar el poder en la región.
Mientras que el grupo JxCat (juntos por Cataluña), encabezado por el cesado presidente catalán Puigdemont, insiste en mantenerlo como candidato, pese a que está en Bruselas huido de la Justicia, ERC (republicanos de izquierda) plantea como prioridad recuperar el poder y pide realismo ante la dificultad que supone la ausencia del principal candidato.
La número dos de ERC, Marta Rovira, situó hoy como “máxima prioridad” la recuperación “urgente” de las instituciones catalanas, después de que el Gobierno regional fuera cesado por el Ejecutivo central, que asumió sus competencias tras la ilegal declaración de independencia que aprobó el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre.
La política de ERC consideró que no recuperar las instituciones es “consolidar el gobierno del PP” (centroderecha), que en estos momentos está a cargo de la administración catalana.
JxCat y ERC consiguieron mayoría en las elecciones regionales del 21 de diciembre, con 66 de los 135 escaños de la Cámara, y junto con los cuatro diputados de la CUP (independentistas antisistema) superan la mayoría absoluta (68).
Ambos llegaron a un acuerdo para elegir el próximo día 17 a la Mesa del Parlamento, el órgano de gobierno de la Cámara, pero los republicanos no se han comprometido a apoyar la reelección de Puigdemont como presidente del gobierno catalán.
Por su parte, el PP insistió este sábado en que no aceptará que en Cataluña se imponga la “ciberdemocracia” y que su Parlamento se convierta en un “videojuego”.

Un nuevo ataque incendiario contra parroquias católicas se registró ayer en Chile, en vísperas de la gira pastoral tres días que iniciará este lunes el papa Francisco el país sudamericano.
“La única iglesia que ilumina es la que arde, es la que está en llamas”, escribieron en la acera unos desconocidos en la iglesia San Agustín, de la localidad de Melipilla, situada a unos 70 kilómetros al este de la capital Santiago de Chile, informaron hoy medios locales.
El ataque, que se produjo la madrugada de este domingo, no dejó lesionados ni daños estructurales en el inmueble. Este es el sexto atentado con bombas incendiarias que afectan a templos católicos en tres días.
El viernes, tres parroquias capitalinas resultaron dañadas, mientras en otras dos los atacantes vieron frustradas sus intenciones. En algunos de los templos quedaron panfletos amenazantes hacia el papa en los que se leía: “Francisco, las próximas bombas serán en tu sotana”.
El sumo pontífice llegará la noche del lunes a Santiago, donde iniciará una visita de tres días en medio de graves cuestionamientos a la Iglesia local por abusos sexuales contra menores cometidos por miembros del clero y presuntamente ocultados por la jerarquía eclesiástica chilena.
Además de Santiago, el papa se desplazará también hasta la ciudad de Temuco, ubicada en el sur del país, en la zona de la Araucanía, una región marcada por fuertes tensiones derivadas de demandas de las comunidades mapuches que exigen desde hace años la devolución de sus tierras, entre otras exigencias.
El pontífice se trasladará también hasta la ciudad portuaria de Iquique, un el norte del país, una zona donde reside un fuerte contingente de migrantes peruanos, bolivianos, colombianos, venezolanos o haitianos, entre otras nacionalidades.
En vísperas del inicio de la gira de Francisco, miles de visitantes provenientes de Argentina, Uruguay o Brasil han cruzado hasta Chile para tomar parte en las actividades del pontífice como la misa que oficiará en el amplio Parque O’Higgins de Santiago. Otros tantos, de países fronterizos como Bolivia y Perú, lo hacen hasta Iquique, última escala del papa antes de dirigirse a Perú, el jueves.

La guerrilla del ELN realizó un nuevo atentado contra infraestructura petrolera, esta vez en un oleoducto ubicado en zona rural del municipio de Mallama, en el departamento de Nariño (suroeste, en límites con Ecuador), según informó ayer el Ejército Nacional.
De acuerdo con el Ejército, se registró una explosión en la madrugada de ayer, por lo que los habitantes alertaron a las autoridades.
“Al parecer se trataría por la instalación de un artefacto explosivo improvisado en el Oleoducto Transandino, acción atribuida al ELN”, explicaron los militares en un comunicado de prensa.
Algunos medios locales indicaron que el oleoducto se encontraba en operación, pero que el derrame de crudo fue leve y no hubo afectaciones a la población civil ni al medio ambiente.
Este nuevo ataque se suma al secuestro de un empleado de la petrolera estatal Ecopetrol, registrado este sábado en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca.
Los ataques se dan en el marco de la visita a Colombia del secretario general de la ONU, António Guterres, quien este sábado recalcó que no existe ninguna justificación para la violencia armada.
“No hay ninguna justificación para la violencia armada. La paz es la única respuesta que hoy puede dar solución a los problemas de la pobreza, desarrollo, igualdad y democracia”, dijo Guterres en rueda de prensa desde el palacio presidencial colombiano.

Irán aumenta a 25 la cifra de muertos en las protestas  contra el gobierno

Las autoridades iraníes aumentaron ayer a 25 la cifra oficial de muertos registrados durante la reciente ola de protestas contra el sistema de Gobierno del país persa.
La nueva cifra, comunicada por el portavoz del Ministerio de Justicia, Gholamhussein Mohseni Edzehi, supone cinco muertos más que en el último recuento anunciado.
Sin embargo no se dieron detalles de los nuevos fallecidos. De los 20 anteriores se había dicho que 18 eran manifestantes y los otros dos murieron en un accidente mientras veían las protestas.
“Habíamos esperado algunos disturbios, pero no de esta dimensión”, dijo el portavoz judicial citado por la agencia de noticias Irna.
Según Edzehi, 622 personas fueron detenidas, contradiciendo así datos de diputados iraníes, que hablaron de hasta 3.000 detenciones. Algunos manifestantes ya han sido liberados bajo fianza, dijo, sin dar sin embargo cifras concretas sobre quienes continúan en prisión. (DPA?/?Teherán).

 

El presidente palestino, Mahmud Abbas, calificó ayer de “bofetada del siglo” la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.
Abbas habló en el inicio de un encuentro de dos días de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Ramalá, donde se establecerá la estrategia palestina para confrontar a Estados Unidos en el tema Jerusalén.
“Jerusalén fue barrida de la mesa por un tuit del señor Trump”, dijo Abbas.
“Nuestra capital eterna es Jerusalén y no vamos a aceptar lo que nos ofrecen, que Abu Dis sea la capital palestina en vez de la ciudad de Jerusalén”, añadió, confirmando informaciones previas según las cuales funcionarios de Estados Unidos ofrecieron a los palestinos ese suburbio de Jerusalén como su capital.
“Estamos en un momento crítico. Nuestro futuro está en juego”, dijo Abbas.
El estatus de Jerusalén es uno de los temas más sensibles en el largo conflicto entre israelíes y palestinos y la decisión que Trump tomó el 6 de diciembre generó protestas en todo el mundo.
Israel sostiene que Jerusalén es su “capital única e indivisible” mientras que los palestinos reclaman la parte este de la ciudad como capital de su futuro estado.

Murió Pedro Ángel Palou sr.

Nacido en Orizaba, pero plenamente aclimatado en la ciudad de Puebla, donde acaba de morir, Pedro Ángel Palou Pérez rindió a la Angelópolis muchos y muy buenos servicios en la cátedra, el periodismo y las instituciones. Estudió en la Universidad Autónoma de Puebla, de la que fue profesor, ocupó numerosos cargos públicos, fue un tenaz comunicador y fundó órganos de difusión cultural. Deja una cuantiosa producción intelectual en la que se cuentan sus biografías de los pintores José Agustín Arrieta y José Luis Rodríguez Alconedo, el independentista. También dedicó libros a la vida de personajes intelectuales como Clavijero y Sor Juana, a figuras históricas como Cuauhtémoc, Ignacio Zaragoza o Aquiles Serdán, así como a intelectuales de la relevancia de José María Lafragua y Gabino Barreda. Brilló en la crónica histórica que permitió a los poblanos conocer mejor su pasado, sus lugares y su gente. Fue, para decirlo brevemente, un intelectual de la cabeza a los pies, padre del también escritor Pedro Ángel Palou, a quien damos nuestro pésame.

Borrego, un fascista siempre

En la Ciudad de México, donde nació en 1915, murió Salvador Borrego Escalante, quien trabajó de 1936 a 1965 en la casa Excélsior antes de pasar a la Cadena García Valseca, para la cual fundó El Sol de Guadalajara y El Sol de México. Escribió el libro Periodismo trascendente, interesante desde el punto de vista técnico, pero plagado de su inhumana ideología, pues Borrego destacó sobre todo como un intelectual fascista, un antisemita hasta extremos enfermizos que veía masones y comunistas hasta en la sopa. Escribió varias apologías de Adolfo Hitler y el nazismo, pero su obra más difundida es Derrota mundial, libelo prologado por el último José Vasconcelos, el amargado, místico y archirreaccionario que en 1940 hizo la revista Timón pagado por la embajada de la Alemania nazi. Servidor del atrabiliario “coronel” José García Valseca, Borrego no le perdonó a Luis Echeverría que se apoderara de la cadena de los soles cuando se hizo impagable la deuda de esos periódicos con PIPSA. De ahí que publicara Cómo García Valseca fundó y perdió 37 periódicos y cómo Eugenio Garza Sada trató de recuperarlos y perdió la vida, librito de 1984 en el que, muy a su estilo, hizo un amasijo de medias verdades y mentiras completas, algunos hechos relacionados y otro inconexos, pues tal era su forma de exponer.

Premio de novela de 15 mil €

Esta abierta la convocatoria al Premio Ciudad de Salamanca de novela 2018 para novelas inéditas en español y no premiadas antes ni que estén pendientes de fallo, de 150 páginas como mínimo y 250 como máximo (formato DIN-A-4), en tipo Times New Roman de 12 puntos con interlineado de 1.5, en un ejemplar debidamente engrapado, encuadernado o cosido firmado con lema o seudónimo y acompañado de un sobre con el mismo lema o seudónimo que en el interior contenga nombre completo, nacionalidad, domicilio y teléfono del autor, de quien deberá anexarse un resumen biobibliográfico y fotocopia del pasaporte. También deberá enviarse “un ejemplar en formato PDF y soporte digital”. Los textos deberán remitirse por correo certificado o servicio de mensajería antes del 30 de marzo del presente año a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes/Premio Ciudad de Salamanca de Novela 2018/Título de la obra/ Plaza del Liceo, s/n, 37002-SALAMANCA. Más informes en www.salamancaciudaddecultura.org

La entrada a recintos culturales

Como se sabe, los recintos culturales cobran la entrada al público. Teatros, galerías, museos y otros espacios cobran hasta 220 pesos por boleto individual, lo que priva de las manifestaciones artísticas a un pueblo de pobres como el nuestro, donde el ingreso familiar de 60 por ciento de las familias es inferior a 8 mil pesos mensuales. Ante esa ofensiva realidad, el Poder Legislativo estudia la posibilidad de reformar la Ley Federal de Derechos para que los menores de 13 años y mayores de 60 no paguen y los demás obtengan una rebaja de 50 por ciento. Como es obvio, lo que recibe el erario por tales conceptos es insignificante y probablemente cueste más cobrar que permitir el ingreso gratuito. Pero todo es mercancía para los neoliberales, hasta lo que no es negocio. Y así esperan ganar las elecciones.

Breviario…

Mañana martes, en el Centro de Creación Xavier Villaurrutia (Nuevo León y Fernando Montes de Oca, colonia Condesa), se inaugura la exposición fotográfica José Luis Martínez. Rostros de la palabra, tras de lo cual disertarán sobre la obra del gran polígrafo Rosa Beltrán, Liliana Weinberg y Leticia Chumacero. @@@ El guerrerense David Aponte, quien fuera integrante de Barro Rojo, recibirá muy merecidamente, así sea con retraso, el Reconocimiento Danza UNAM 2017 que se le entregará en la Sala Miguel Covarrubias el viernes 26. @@@ Angelina Muñiz-Huberman acaba de publicar Los esperandos: piratas, judeoportugueses… y yo, obra que versa sobre las peripecias de los bucaneros del siglo XVI, cuando se llamaba “esperandos” a los judíos, pues todavía esperaban a Mesías, mientras que para los cristianos llegó hace unos dos mil 17 años.

La semana pasada se hizo pública la renuncia del embajador de Estados Unidos en Panamá. Entregó su carta de renuncia en diciembre, y se volverá efectiva en marzo. Junto con el encargado de negocios norteamericano en Beijing, se trata del único par de jefes de misión bajo Donald Trump en haberse negado a seguir siendo sus representantes ante otro gobierno, a un año de haber tomado posesión.
Feeley fue consejero político en la embajada estadunidense en México a principios de este siglo, y después Deputy Chief of Mission, o segundo de abordo, entre 2009 y 2012. Por lo tanto, tiene muchos y buenos amigos en México, entre los cuales me siento orgulloso de contarme. La nota que escribo debe leerse en ese contexto.
Habiendo sido de joven piloto de helicóptero en el cuerpo de Marines, ingresó al servicio exterior de su país hace treinta años. Las líneas más importantes de su explicación son las siguientes: “Como joven funcionario del servicio exterior, firmé un juramento de seguir lealmente al presidente y a su administración de manera apolítica, aún cuando pudiera no estar de acuerdo con algunas posturas determinadas. Mis mentores me aclararon que si yo llegaba a creer que no podía cumplir ese juramento, mi honor me obligaría a renunciar. Ese momento ha llegado”. Me consta que en sus diversos cargos, Feeley manifestó desacuerdos, incluso con el gobierno de Obama, entre 2009 y 2015, que no lo llevaron a renunciar. Transitó por uno de los momentos más difíciles de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos en 2010, cuando el presidente Felipe Calderón expulsó al embajador Carlos Pascual de México (entonces jefe y amigo de Feeley), con el pretexto de un cable de Wikileaks, pero en realidad por haberse relacionado amorosamente con la hija de un alto dirigente del PRI (entonces partido de oposición). La secretaria de Estado Hillary Clinton aceptó sin mayores miramientos la expulsión, actitud que algunos pudieran haber cuestionado. Feeley no.
Pero Trump rebasó el límite de lo aceptable para Feeley, incluso antes de haberse referido a Haití, El Salvador y a varios “países africanos” en los términos que se dieron a conocer hace unos días. Su decisión refleja el dilema que viven todos los integrantes de un servicio civil de carrera, como lo es el servicio exterior en la gran mayoría de los países, incluyendo desde luego al nuestro. Por un lado, trabajan para el Estado, no para un gobierno en particular, a diferencia de los múltiples funcionarios en diversas cancillerías que responden a nombramientos políticos. Su lealtad se debe al Estado, no al Presidente de turno. Pero en política exterior, y en realidad en la política a secas, las decisiones presidenciales revisten un peso específico que no puede ser siempre ignorado. En México tuvimos el caso de Octavio Paz, miembro del Servicio Exterior Mexicano, quien solicitó licencia en 1968 después de la matanza de Tlatelolco, un acto de política interna que sin embargo imposibilitó la estadía del poeta en la India como representante del Estado y mandatario responsables de las muertes acontecidas.
Tanto en América Latina como en Europa, abundan las circunstancias que a lo largo de los últimos cincuenta años han llevado a numerosos diplomáticos de carrera a “bellos gestos” como el de Feeley. El costo es elevado: el ex-piloto, con sus 56 años de edad, poseía un futuro atractivo en el Departamento de Estado, ya sea como subsecretario de Estado para América Latina, o como embajador en México o Colombia, países que conoce al detalle.
Por eso es tan noble y encomiable su decisión, y tan aleccionadora. Hay momentos en la vida de un funcionario, aún de carrera, ya sin hablar de designaciones políticas, cuando su permanencia en un gobierno resulta, a su entender, intolerable, porque lo vuelve cómplice de acciones, definiciones y comportamientos reprobables. Cada quien tiene su propio límite, y los de un funcionario no son extrapolables a otro. Pero en muchos países existen, y no se acata la consigna de la picardía política mexicana: “Antes de la renuncia, hasta la ignominia.”

Once muertos y 38 detenidos fue el saldo de dos enfrentamientos entre comuneros y entre policías comunitarios y fuerzas estatales y federales, el domingo 7 de enero pasado. Hay que añadir a estas cifras oscuras la muy alta polarización y división social en las comunidades de la zona de Cacahuatepec, que combina el miedo con los deseos de venganza y el enojo de las dos partes enfrentadas. Desde el año 2003, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) invadió tierras comunales para iniciar los trabajos preliminares a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, que dio pie a la fundación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), desde ese tiempo ha habido altas y bajas en el clima de inestabilidad social en esa zona.
Comunidades empobrecidas desde siglos, a lo largo del serpenteado río Papagayo, se vieron de pronto agredidas por un proyecto del gobierno federal, gestionado por la Comisión Federal de Electricidad para la generación de energía eléctrica en el contexto del Plan Puebla Panamá, durante el gobierno de Vicente Fox. Desde, al menos, una década antes se estuvieron haciendo los estudios preliminares relacionados con dicha presa, al margen de cualquier información a las comunidades que serían afectadas. Río arriba de la comunidad de Las Parotas, estaba instalado un campamento para la realización de los estudios pertinentes. Pero las comunidades nada sabían.
Sin mediar aviso alguno, la CFE introdujo maquinaria pesada que rompía alambradas y derribaba árboles frutales de los campesinos. En ese contexto nació el Cecop con la finalidad de defender la tierra y los recursos del río, dando una batalla mediante la organización y la movilización. Con el apoyo de los gobiernos federal y estatal se desarrollaron varias asambleas en los diversos núcleos comunales y ejidales con el fin de obtener la anuencia de los campesinos. Para lograr este cometido, la CFE empezó a corromper líderes naturales y autoridades comunales, así como comisarios municipales y a hacer mil promesas de beneficios. Además, organizó asambleas amañadas y fraudulentas respaldadas por la fuerza pública, que finalmente quedaron sin efecto por decisión de los tribunales, que hasta el momento actual están suspendidas las obras relacionadas con la presa.
Desde esos tiempos, se dieron situaciones de extrema división y polarización en las comunidades afectadas, causando muertes, enfrentamientos y una situación de conflicto interno, además del conflicto con la CFE. Lo que en el contexto actual se está manifestando tiene un historial oscuro de engaños, corrupción y violación a los derechos humanos de las comunidades locales. Y el principal factor de este conflicto ha sido el empeño del gobierno federal por construir una presa a través de la CFE, a costa del interés de las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Se trataba de un proyecto, visto como un gran negocio, que implicaría el despojo, contra todo derecho, de las tierras de los pueblos de esa región. Se trataba de un proyecto de un altísimo costo ambiental y social que favorecería los intereses de las trasnacionales y perjudicaría a los habitantes de esa zona, que perderían sus tierras y serían reubicados contra su voluntad.
Aunque este proyecto ha estado suspendido, no está desechado. Después del huracán Ingrid y la tormenta Manuel que hicieron graves estragos en Guerrero y, particularmente, en la zona de Cacahuatepec, el gobierno federal anunció el Plan Nuevo Guerrero con una inversión de 64 mil millones de pesos, que incluía, según el enuncio del presidente de la República Enrique Peña Nieto, la construcción de una presa, cuyo nombre no se mencionó. Pero se entendía que la intención era reactivar la construcción de La Parota. Por cierto, ¿qué ha pasado con ese dinero que, según sus promotores, detonaría la economía del estado de Guerrero tan castigado por la fuerza del huracán? No lo sabemos.
El hecho es que el gobierno federal, ayudado por el gobierno del estado de Guerrero, ha tenido un trágico papel en esta historia. A través de la CFE, puso en marcha la estrategia de dividir y enfrentar a los campesinos, con el fin de debilitar la oposición a la presa. En este sentido, ha sido el principal promotor del conflicto mediante la corrupción de campesinos, los engaños, las asambleas fraudulentas y el uso de la fuerza pública para reprimir la oposición a la presa.
Lo sucedido la semana pasada en La Concepción es una consecuencia de esa historia promovida desde el poder, de utilizar a los pobres para golpear a los pobres. Los pobres se han enfrentado entre sí, se han agredido y se han causado múltiples daños. Y ahora, se han matado entre sí. Tanto los campesinos favorables a la construcción de la presa como sus opositores han alimentado revanchas y han acudido a formas violentas para resolver sus diferencias y se han hecho mucho daño. Y el daño sigue creciendo. Y los gobiernos, en lugar de constituirse en factores de solución se han colocado como factores del conflicto y de la división. Los gobiernos se van mientras que las comunidades campesinas tan adoloridas se quedan con su miedo, su enojo y su dolor.
El resultado de esta historia: muchos muertos a lo largo de estos 15 años, detenidos en la cárcel, comunidades divididas y un conflicto interno que pareciera que no tiene salida. Todo, por obra y gracia de las autoridades constituidas. Es cierto que ha habido otros actores que se han involucrado como factores del conflicto y de acciones violentas, tanto en los dos bandos de las comunidades como en el ámbito político estatal y en empresas que tienen intereses en la zona. Pero el premio al promotor mayor del conflicto se lo lleva el gobierno federal, por su modo autoritario de imponer un proyecto a la fuerza y por la violación de los derechos humanos de los pueblos.
Lo más trágico de esta historia, es que las autoridades preparen todo, por omisión o por participación, para que los pobres se maten entre sí.