Una protesta que realizan miles de campesinos en varias regiones de Guatemala en la que exigen la renuncia del presidente Jimmy Morales ha dejado ayer un muerto, informaron los organizadores de la movilización.
Según el Comité Campesino del Altiplano (Codeca), un pesado camión arrolló a un grupo de manifestantes en la carretera hacia El Salvador, en jurisdicción de El Progreso, en el departamento de Jutiapa, donde realizaban un bloqueo.
A raíz de este hecho murió uno de los manifestantes, identificado como Antonio Jiménez Cruz, de 48 años. (EFE?/?Guatemala).
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Gastos de gestoría: los privilegios de los ediles de Acapulco (I)
Los resultados de una investigación periodística sobre los “gastos de gestoría” que reciben algunos regidores y síndicos, así como los diputados de Guerrero, se abordarán en esta y la siguiente entrega de Monitor de Guerrero. Se trata de una partida muy cuestionada por su opacidad y nula rendición de cuentas, ya que públicamente no se conoce de dónde proviene, de cuánto son los montos, los criterios para su ejercicio, la comprobación de ese gasto y su impacto en la población.
No hay en la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado ningún enunciado que faculte a los regidores para ejercer recursos públicos de manera directa, aunque tampoco lo prohíbe. En todo caso, éstos deberían sujetarse a la normatividad para el control, fiscalización y transparencia -como todos los recursos públicos-, y no ser excepcionales sólo porque provienen de los recursos propios de los ayuntamientos.
Las solicitudes presentadas se refirieron a la “Cantidad de recursos financieros entregados a los regidores como Gastos de Gestión durante 2016”. Se pidió que los datos se desglosaran por regidor y partido político y que proporcionaran el nombre, ubicación y monto de las obras reportadas con estos recursos. También se les requirió la “descripción del procedimiento mediante el cual los regidores comprueban estos recursos”.
La información solicitada es parte de la que obligatoriamente deben publicar todas las dependencias públicas. La Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, en su artículo 81, fracción XV, del capítulo de las “Obligaciones de Transparencia Comunes” dice que las dependencias públicas deben transparentar “La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio”.
Pero ningún ayuntamiento lo hace, ni tampoco el Congreso del estado, de ahí que fue necesario solicitarla mediante los procedimientos que establece la ley.
La gestión de información y la revisión de documentos para realizar este trabajo fue de casi un año; tuvo dos propósitos, a saber: conocer qué ayuntamientos guerrerenses proporcionan recursos públicos a los ediles para sus “gestiones” y en qué condiciones lo hacen; y poner a prueba los procedimientos e instituciones establecidos en la ley para el acceso a la información pública gubernamental.
La información que publicamos se deriva de las respuestas a 71 solicitudes de información presentadas desde el 5 de enero de 2017 para conocer cómo ejercen estos recursos los ediles de 70 municipios guerrerenses -únicas demarcaciones, de las 81 que existen en el estado, habilitadas en la plataforma electrónica Info Guerrero en esa fecha- y los legisladores del Congreso del estado.
Primeros hallazgos
Lo primero que destaca es que 27 ayuntamientos no respondieron a las solicitudes en los plazos que fija la ley, y otros dos sujetos obligados -ayuntamiento de Chilpancingo y el Congreso local- dieron datos que no correspondían a lo requerido; en consecuencia, se presentaron 29 recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (Itaigro).
Un balance sobre las dificultades para el acceso a la información en el estado, así como sobre las respuestas que dieron los ayuntamientos -casi todos los 44 gobiernos municipales que sí contestaron dijeron que no otorgan recursos a sus regidores- se publicó en la edición del 25 de abril de 2017 de Monitor de Guerrero, “Opacidad en los gastos de gestión”.
Igualmente, el 2 de enero de 2018, en Transparencia en 2017; qué hay para 2018, se describió el rezago en el procesamiento de recursos de revisión y el incumplimiento de las resoluciones del Itaigro, pues aunque ha emitido 22 resoluciones, sólo se han cumplido cinco, es decir, a diez meses de que se presentaron 29 recursos de revisión, sólo se obtuvieron datos de cinco gobiernos municipales.
Hay un problema muy grave en el estado en materia de acceso a la información, derivado de la falta de atención a las solicitudes de información por los ayuntamientos, del rezago en el procesamiento de recursos de revisión, y de la falta de consecuencias para quienes incumplen las resoluciones del órgano garante local, pues ninguna multa ni otras sanciones se han aplicado a la fecha.
Acapulco y otros 4 ayuntamientos
Había interés particular por los cinco ayuntamientos con mayor número de población en el estado, pues éstos tienen más posibilidades de recabar ingresos propios, y por lo tanto, de financiar los gastos de gestoría social de sus ediles. El gobierno municipal de Taxco respondió que les otorga 5 mil pesos mensuales a sus regidores, mientras que el de Iguala proporciona la misma cantidad. El ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta omitió responder y el Itaigro aún gestiona un recurso de revisión presentado el 20 de febrero de 2017. Por cierto, también pendiente de resolución se encuentra el recurso de revisión del Congreso del estado que se presentó el 13 de febrero de 2017.
Del gobierno municipal capitalino, Chilpancingo, el órgano garante emitió una resolución el 17 de octubre de 2017 para que entregara la información sobre sus ediles, pero esto no ha sucedido. Dice la resolución que el sujeto obligado tendrá un plazo de tres días hábiles para cumplir o de lo contario se haría acreedor a una multa económica de 10 mil 956 pesos, “con independencia de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de los servidores públicos”. Ya pasaron tres meses y el ayuntamiento de Chilpancingo no ha entregado la información; no se ha cobrado ninguna multa y tampoco se ha iniciado ningún procedimiento de responsabilidad administrativa. Es la ruta que han seguido casi todas las 22 resoluciones que emitió el Itaigro.
Acapulco es un caso aparte. Los regidores y síndicos del ayuntamiento de Acapulco deben considerarse privilegiados porque reciben montos significativos de recursos, que destinan a “gestoría social”. El ayuntamiento les entrega poco más de 1.6 millones anuales a cada uno.
Los datos que se presentan en adelante se derivaron de las respuestas a dos solicitudes de información, a la documentación del procedimiento de un recurso de revisión en contra de ese gobierno municipal, y a la revisión de cerca de 14 mil hojas de comprobación de gastos de 20 ediles porteños correspondientes al ejercicio 2016.
Las solicitudes a Acapulco
En su respuesta, el Ayuntamiento de Acapulco informó que 19 regidores en 2016 recibieron recursos por 1 millón 680 mil pesos y un regidor, un millón 710 mil pesos (seis ediles son del PRI, cinco de la coalición PRD-PT, cinco del PAN, dos de Movimiento Ciudadano, uno del PT y uno del Partido Verde). No informó si los síndicos recibieron este tipo de recursos.
Hasta este punto, no había problemas con el acceso a la información del ayuntamiento de Acapulco, pero sí cuando se presentó una segunda solicitud con el folio 00084517, que literalmente decía: “Relación de acciones por concepto de gastos de orden social y gastos de gestoría social de 2016, desglosado por cada regidor del ayuntamiento, acción, comunidad, monto y fecha”. También se solicitó copia de las facturas y comprobantes de lo gastado por cada regidor.
Como respuesta, se recibió un oficio de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Acapulco -vencido ya el plazo que otorga ley para responder a una solicitud- para decir que no entregaría la información porque “deberá solicitarla a quienes generan el gasto directamente”, es decir, a los ediles.
Al respecto, la norma es muy clara. En el caso de Guerrero, el artículo 52 de la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dice que “Los sujetos obligados contarán con un área responsable para la atención de las solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia, la cual será la única competente para recibir y tramitar todas las solicitudes de información y las relativas a datos personales que se presenten”.
Sobre el requerimiento de “Copia de las facturas y comprobantes del mes de enero de 2016, agrupados por cada regidor”, el Ayuntamiento también negó la información porque “contiene datos personales de terceros”. Es probable que el ayuntamiento se refería a los proveedores de bienes o servicios pagados con recursos públicos, o bien, a los beneficiarios de los apoyos otorgados por los ediles. Pero en ninguno de los dos casos tenía razón.
En el primer caso, la negativa no se justifica, ya que la información solicitada se encuentra enmarcada en el artículo 81, fracción XXVIII: “La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados…”.
Tampoco la segunda, porque igualmente está incluida en la ley: “La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: … Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo”. (artículo 81, fracción XV).
No había pues, ninguna justificación para negar las comprobaciones del gasto ni tampoco para no informar a qué se destinaban estos recursos. Por esta negativa se presentó un recurso de revisión ante el Itaigro el 23 de marzo de 2017 en contra del ayuntamiento de Acapulco.
El órgano garante emitió una resolución el 10 de octubre de 2017 ordenando que se entregara la información, y el 30 del mismo mes la Unidad de Transparencia del ayuntamiento comunicó la disposición de la misma.
Qué entregaron
En formato electrónico, el gobierno municipal de Acapulco nos entregó cerca de 14 mil hojas correspondientes a pólizas de cheques, tablas de control, recibos de la Tesorería municipal, y especialmente, recibos firmados por las y los beneficiarios que recibieron el apoyo, así como copias de documentos de identificación y su lugar de residencia.
Durante 2016, los regidores y regidoras de Acapulco recibieron mensualmente cheques por 70 mil pesos, cada uno por concepto de “gastos de orden social, subsidios, apoyo social, materiales, suministros y gastos en general necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”, de la cuenta de Recursos Propios del ayuntamiento de Acapulco.
Pero adicionalmente, recibieron 70 mil pesos mensuales por concepto de “subsidio adicional por gestoría social en cumplimiento de sus funciones, necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”.
En total, cada regidor o regidora recibió del orden de un millón 680 mil pesos en 2016, de acuerdo con los documentos del ayuntamiento que revisamos.
Sin embargo, la comprobación que nos entregaron corresponde sólo a 70 mil pesos mensuales erogados por cada edil; del resto del dinero que ejercieron no se recibió ningún documento y por lo tanto no hay evidencia de en qué se gastó.
Los regidores comprobaron de manera muy diferente los recursos. Al revisar los documentos en nuestro poder, algunos ediles hicieron una comprobación razonable, presentaron evidencia documental y fotográfica de los apoyos que proporcionaron; pero otros, la mayoría, improvisaron su comprobación, abusaron de los recibos firmados por los beneficiarios y hay una notable ausencia de facturas fiscales, no obstante que una gran cantidad de dinero se destinó a la compra de electrodomésticos (estufas, refrigeradores y hasta colchones), a materiales de construcción (madera, cemento, grava, arena, láminas) y a medicamentos o análisis de laboratorio, es decir, conceptos de los que se pueden emitir ese tipo de comprobaciones formales sin mucha dificultad.
La gran cuestión de los gastos de gestoría no es que los regidores dispongan de dinero para canalizarlo a personas de bajos recursos o a proyectos de beneficio colectivo -eso podría ser legítimo si hubiese reglas claras- sino su utilización discrecional, su opacidad y su comprobación deficiente.
En la siguiente entrega se abordará con más detalle la manera en que los regidores porteños comprobaron los recursos que ejercieron a partir de la revisión de la documentación entregada por el ayuntamiento de Acapulco.
ENTRENAMIENTO
PRESIDENTE PROBABLEMENTE MUERTO
NUEVOS TIEMPOS
No se sabe dónde está detenido Willy Reyes
Demandan familiares del diputado asesinado Moisés Villanueva que no se libere bajo fianza a Willy Reyes
Denuncian que existen rumores de que será puesto en libertad en las próximas horas. Asimismo demandan al fiscal Javier Olea que deje de mantener en la opacidad el caso, pues desde que fue detenido el ex alcalde de Tlapa, las autoridades no lo han presentado y no les han informado dónde está detenido
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Familiares del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su chofer Erick Estrada Vázquez, asesinados en 2011, demandaron al gobernador Héctor Astudillo Flores y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, que no dejen en libertad al ex alcalde priista de Tlapa, Willy Reyes Ramos, acusado de ser el autor intelectual de ambos homicidios, porque denunciaron que existen rumores de que será puesto en libertad en las próximas horas, con el pago de una fianza.
En una conferencia de prensa, en donde algunos de los familiares portaban playeras con la leyenda “justicia para Moisés y Erick”, exigieron, asimismo, al fiscal Javier Olea Peláez, para que deje de mantener en la opacidad el caso, pues la viuda del diputado federal, Lucía Leyva, se quejó de que desde que fue detenido Willy Reyes las autoridades no lo han presentado, no les han informado dónde está detenido, qué juez lleva el caso y cómo va el proceso que se le sigue.
En la conferencia de prensa que se realizó en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), acompañaron a los familiares de Villanueva de la Luz y de Estrada Vázquez, la viuda del diputado local Armando Chavaría Barrera, Martha Obezo; así como integrantes del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, encabezados por su presidenta Guadalupe Rodríguez.
Lucía Leyva se quejó de la opacidad en el caso. Dijo que hasta este domingo no tenía notificación o aviso oficial de que Willy Reyes realmente está detenido. “Yo me enteré por los medios de comunicación, por eso mi molestia y mi reclamo sigue siendo de justicia”.
Denunció que también por rumores se enteró que el ex alcalde de Tlapa, el fiscal Javier Olea y los abogados de Willy se han reunido para “negociar” la liberación bajo fianza del ex edil. “Yo quiero saber por qué le van a dar la libertad, si es un delito grave y no alcanza fianza”, dijo la mujer.
Reprochó que la justicia no es cosa de juego y exigió que el gobernador Héctor Astudillo Flores tome cartas en el asunto.
Para la viuda hay muchos intereses políticos ahora que se acercan las elecciones y que Reyes Ramos quiere regresar, pensando que ya pasó el tiempo y que a la gente se le olvidó lo que hizo. “Pero él fue tan culpable como las personas que están atrás de él y estos son los que lo están señalando, que les pagó cierta cantidad de dinero para matar a mi esposo”, recordó.
A su vez, Anahí Morán, viuda de Erick Estrada, el chofer del diputado asesinado, exigió justicia y denunció que durante los últimos seis años, después de la ejecución de su esposo, siempre la dejaron sola y le han dicho que su esposo era un simple chofer.
Declaró que desde que falleció su esposo nadie le abrió las puertas y nadie la apoyó, “a mí me dejaron al ahí se va. Yo sola he sacado adelante a mi niño, y si ahorita está detenido Willy Reyes Ramos exijo al gobernador Héctor Astudillo Flores y al magistrado Alberto López Celis que ordenen al juez que no lo deje salir, que no se burle de la ley y que ellos no se presten a la corrupción”.
Reclamó que no se vale que todos estos años Willy Reyes se haya andado paseando, haciendo y deshaciendo de su vida, “mientras nosotros andábamos buscando justicia”.
Anahí Morán denunció que tiene miedo por su familia, pero sobre todo por su hijo, y que ahora que tiene la oportunidad pregunta a las autoridades “¿dónde quedo yo, a dónde
queda mi niño? Más de seis años he estado sola, sin apoyo para mi niño ni para mí, porque todos decían que mi esposo simplemente era el chofer”.
Añadió que no porque haya sido un simple chofer valía menos, “y sin embargo mi esposo murió como un perro, exijo al gobernador que me abra las puertas de Casa Guerrero y le pido que me apoye, no pido para mí, pido para mi hijo. Lo más principal, pido justicia”.
También pidió que no porque el autor intelectual del asesinato de su esposo sea un político, no le den la cárcel que él se merece.
La viuda del chofer del diputado asesinado denunció que hay suficientes pruebas en contra de él.
Después, la hija de Moisés Villanueva, Jessica Villanueva, leyó el posicionamiento de su familia en el que lamentó que muchas de las muertes injustas sigan impunes y mencionó el caso del diputado Armando Chavarría Barrera, los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, “entre muchos casos más, que por intereses políticos los dejan al tiempo”.
En el caso del homicidio de su padre Moisés Villanueva de la Luz y su colaborador Erick Estrada, declaró que “no es de sorprenderse que no se informe del puntual seguimiento”, puesto que es claro que pretenden ayudarle a evadir la justicia.
Aseguró que de la detención del autor intelectual del asesinato de su padre, se enteraron por la publicación en el portal de Internet de la FGE el jueves pasado, “y es hora que no han hecho ni la presentación pública de la supuesta detención, ni se han tomado la molestia de notificar a las familias cómo va el proceso”.
Frente a la opacidad, la hija de la víctima exigió al fiscal Olea Peláez que explique ante la opinión pública cual es la estrategia principal, o los intereses reales sobre esta presunta detención y que diga si tiene la capacidad profesional para mantener detenido a Willy Reyes hasta concluir el caso.
También le pidió que explique qu como abogado que fue del detenido, cuál será su proceder jurídico.
Los familiares del diputado federal exigieron al juez que lleva el asunto que no vaya a poner en libertad a Reyes Ramos, “porque existen pruebas contundentes que demuestran su presunta responsabilidad como autor intelectual”.
Cuatro días después de la detención de Willy Reyes, los familiares desconocían qué juez lleva el caso y en donde está detenido.
Insistieron al fiscal y al presidente del Tribunal Superior de Justicia que estén atentos, para que quien sea el juez que tiene el asunto no vaya a dejarlo en libertad, y al fiscal le exigieron que les informe los avances de las investigaciones para dar con la identidad y el paradero de los demás sujetos involucrados en el doble homicidio, “ya que ha pasado bastante tiempo y no ha habido resultados concretos en las investigaciones”.
En otro punto, exigieron un careo de Willy Reyes con los otros detenidos, “ya que ellos son los que lo acusan y es necesario que se careen, para llegar a la verdad de los hechos”. Exigieron al fiscal que agote todas las líneas de investigación para esclarecer totalmente los hechos y que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables.
Solicitaron una audiencia al gobernador Astudillo Flores, para tratar el asunto personalmente, “ya que el fiscal no ha demostrado su competencia de cargo”.
En tanto, la presidenta del colectivo de familiares de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso, exigió a la Fiscalía y al Poder Judicial “y a todas las autoridades” que hagan su trabajo e impartan justicia para las viudas Lucía Leyva y Anahí Morán, viuda de Eric Estrada.
La viuda del diputado perredista asesinado, Martha Obezo, advirtió que los familiares de las víctimas no van a renunciar a su derecho de justicia, “está muy equivocado el gobierno del estado, si cree que por las atrocidades que continúan cometiéndose todos los días en contra de luchadores sociales y del pueblo, que lucha por una vida mejor, vamos a dejar de exigir justicia”.
Advirtió: “Nos han puesto en este camino y allí vamos a continuar y a seguir”. A las viudas les dijo que el resto de familiares de víctimas van a estar al pendiente, para que las autoridades no simulen en el caso de la detención de Willy Reyes.
Obezo Cásares agregó que es posible que las autoridades quieran simular que se hace justicia en el caso del asesinato de Moisés Villanueva y su chofer reactivando las órdenes de aprehensión porque es año electoral, y demandó: “Ya lo detuvieron, qué bueno, ahora que se le castigue ejemplarmente, eso es lo que exigimos las víctimas”.
También demandó a las autoridades que no caigan en la tentación de quererse reciclar órdenes de aprehensión sólo por ser año electoral, “porque por supuesto que no se los vamos a permitir”.
Policías estatales dispararon sin que nadie los atacara, afirman testigos del Cecop
Policías del estado dispararon sin que nadie los atacara, afirman opositores a La Parota
En una reunión, campesinos que fueron detenidos el domingo pasado y luego liberados, dan su testimonio a reporteros y representantes de Tlachinollan sobre los hechos durante el desarme a los policías comunitarios en La Concepción donde mataron a tres de éstos que, dicen, nunca dispararon. Los agentes del estado “decían vamos a acabar con todo” y sembraron evidencias, señalan. Exigen la liberación de las 25 personas que siguen detenidas, entre ellas el vocero Marco Antonio Suástegui
Aurora Harrison
Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Oposito-ras a la Presa La Parota (Cecop) denunciaron que durante el de-sarme de la Policía Comunitaria, el domingo pasado en La Concepción, la Policía del Estado cometió “una masacre” y sembró evidencias.
Ayer en una reunión donde se presentaron testimonios a reporteros y representantes del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan sobre los hechos ocurridos a las 11:30 de la mañana, éstos demandaron al gobierno la liberación de las 25 personas que siguen detenidas, entre ellas el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y el esclarecimiento de los hechos violentos que dejaron tres policías comunitarios muertos, y dos más en el enfrentamiento de las 3 de la madrugada con miembros del grupo del comisario en el que murieron seis de los integrantes de éste.
En su testimonio, un campesino que fue uno de los 38 detenidos y luego liberado, dijo que cuando llegaron alrededor del mediodía los policías estatales dispararon sin importar que en el lugar había niños y señoras, y aseguró que los comunitarios no hicieron disparos.
Acompañados por unos 20 vecinos de los poblados de los Bienes Comunales de Cacahua-tepec, quienes dieron su testimonio en la reunión en la comunidad de Amatillo solicitaron que no se publicaran sus nombres y demandaron que se esclarezcan los hechos.
Un campesino declaró que “fue un atentado al Cecop, no se vale que nos hayan atacado de esa forma, lo que vivimos fue una masacre del gobierno estatal, fue la Policía Estatal la que disparó, nada de la Policía Comunitaria, no culpo a los ministeriales, no culpo a los militares, fue la estatal, porque fue el gobierno del estado”.
Condenó “el golpe del estado, porque nos iban a abatir”, incluso comparó que iba pasar como lo de Ayotzinapa, que a los estudiantes “los tiraban y les daban el tiro de gracia”.
Señaló que los policías estatales llegaron “pero no dijeron hay una orden de que entregue las armas”; es por eso que exigen que se llegue al esclarecimiento de la persona “que dio la orden de matar, porque dieron orden de matar, no de desarme”.
“Se metieron con la organización, no nada más con la Comunitaria, iban a matar a gente del Cecop, y ellos decían vamos a acabar con todo, pedimos justicia a los tres niveles de gobierno, culpamos más al estatal”, puntualizó el campesino, al tiempo que preguntó “cuál es el delito? ¿defender las tierras, el agua, es delito?”.
Exigió que se se valore a los pueblos, “no que se valore al gobernador, no a su gente matona, mandó gente matona para que nos maten, somos seres humanos y pedimos a los derechos humanos que investiguen, que hagan bien el esclarecimiento y del compañero Marco exigimos su liberación”.
Recordó que cuando se suscitaron los hechos, llegó a la comandancia de la Policía Comunitaria y había varios retenes. lo pararon soldados y le hicieron preguntas ¿Dónde iba y por qué llevaba machete? “que no podía pasar”.
“Soy un luchador social del Cecop, les dije, mi machete es mi defensa y me dejaron pasar”, pero luego lo detuvo la Gendarmería y le hicieron las mismas preguntas de a dónde se dirigía, que no podía pasar y que debía tener permiso para usar el machete.
Agregó: “no se vale que el gobierno venga a hacer una maldad aquí, ya iban golpeando gente, se metieron a Aguacaliente, a Amatillo, iba abriendo puerta el gobierno, no tenían porqué agredir a gente pacífica, si había pasado algo ellos debieron ir a La Concepción, no a los pueblos”.
Dijo que cuando llegó a la comandancia había un diálogo del vocero del Cecop con el comandante de la Ministerial: “le estaba enseñando fotos de las personas detenidas, gente que estaba armada con cuernos de chivo, llevaban orden de matar a Marcos, fue detenido con droga, ellos están culpando al compañero de la droga y es mentira”.
Reprochó que el gobierno no considere entre los muertos a los tres policías comunitarios que fueron abatidos por policías, “eso no lo está metiendo, a los comunitarios muertos, está metiendo nada más a favor de aquellos, no se vale que el gobierno esté apoyando a esos delincuentes porque el comisario es delincuente, metió gente armada”.
“El Cecop está defendiendo las tierras, no somos delincuentes, la mera verdad lo que viví fue una masacre, empezaron los disparos, cuando vi que el comandante llegaron los estatales y pensé hay diálogo, pero empezaron a agarrar a los compañeros y cuando vi que agarraron a todos porque les estaban quitando las armas, la Policía Comunitaria no tiró, no escuché balazo de escopeta, ellos tiraron la Policía estatal”, insistió.
Denunció que los policías le decían: “tírense o los matamos, yo tenía un machete que no quería soltar, pero me llegaron por atrás, me encañonaron y me hicieron que me sentara debajo de una galera porque esa persona nos dijo: si no se tira lo matamos”.
“Yo esperaba el tiro de gracia porque ellos decían vamos a acabar con todo, ellos decían los vamos a matar, me quedé calmado, revisaron mi mochila donde llevaba un resorte y una garrafa de agua. El helicóptero del gobierno sobrevolaba, fue el gobierno que tiró, nunca como están diciendo que había droga, ellos mismos le metieron el dedo a las armas para que se escuchara disparo de escopeta, el gobierno está diciendo mentiras, nunca hubo agresiones de las policías, eso es mentira”.
Ponen armas para que haya delito
Otro campesino, que fue detenido y luego liberado, dijo que cuando lo detuvieron lo subieron a una patrulla de la Policía del Estado, donde iban otros, tres en cada lado, otro encimado y “nos llevaron no sé sí a la Fiscalía, porque iba tirado”.
Dijo que lo liberaron “aquí en El Coloso, donde me pusieron que yo tenía un rifle 22, con 10 tiros en la recámara más 20 en la bolsa, 364 gramos de mariguana y yo no fumo ninguna clase de tabaco ni tomo alcohol del 90, no he tomado ninguna gota” .
Recordó que su libertad se debe a que abogados de derechos humanos “abogaron por nosotros, ahí tengo el papel donde me liberaron el miércoles a las 12 del día porque nosotros no tenemos culpa de eso”.
Aseguró que él no traía nada, “nada más que así se lo ponen para cargarle más delitos, hay muchos que no llevamos ni machete y como quiera nos pusieron arma”.
Indicó que una vez que estaban detenidos algunos policías dijeron “que la habían regado, que el gobernador ya había hablado que no quería que nos golpearan para nada, que no nos tocaron, nos avisó en la noche cuando estábamos todos juntos, los 38”.
Recordó que al otro día, después de que lo dejaron en libertad, fue a su terreno a regar las plantas de jitomates y es que dijo que el domingo pasado acudió a la comandancia para “ver qué había pasado en La Concepción” y lo detuvieron, “me tiraron donde había otros 20, ahí me fueron a botar, de ahí cuando nos levantaron nos subieron a la camioneta”.
Hay presencia de policías de la UPOEG
Otro de los pobladores, que estaba cerca a la comandancia de la Policía Comunitaria, contó que en las comunidades hay policías estatales, ministeriales y de la UPOEG, “aquí está el camino libre porque ellos han retomado la conquista, sin temor se meten porque antes la comunitaria daba seguridad”.
Agregó que hay temor de los habitantes de los Bienes Comunales porque los hechos están recientes, “se vivió un drama muy espantoso”.
“Todo estaba armado ya, esa fue la historia que se vivió, un terror fuerte porque llegaron tirando a lo que sea, a los que se resistían a dar el machete o el arma”, señaló.
Los policías, dijo, “llegaron agresivos sobre los policías comunitarios y los que andaban ahí porque algunos se resistían, los golpearon, le quitaron todo lo que traían, no hubo explicación, simplemente llegaron”.
Recordó que las “agresiones se suscitaban desde antes, la fiesta fue como un momento clave para poder ir directamente porque llegaron hasta la comandancia, y obviamente tuvieron que responder porque no había otra manera, si no responde la policía matan a todos, las policías llegaron desde la madrugada”.
Del asesinato de los tres policías comunitarios, respondió que “esa nos las vi, los que estábamos ahí, civiles, no tuvimos la oportunidad, simplemente escuchamos los disparos, una balacera y después nos dimos cuenta de que habían matado a comunitarios”.
Otro de los testimonios, un campesino que simpatiza con el Cecop, indicó que “todos pensamos que fue una trampa para que nos agarraran en dos juegos, cuando ya estaban allá comenzaron a desarmar, el primer policía fue un chamaco de La Concepción que corrió, cuando ya iba un tramo le tiraron y ahí empezó la balacera tan horrible que se oía, los desarmaron y los golpearon, a un comunitario lo agarraron y lo arrastraron”.
Dijo que es “mentira” que la Policía Comunitaria empezara la balacera: “la comunitaria está en paz, no quiere violencia, son los que llegan, yo mero se los dije, si algo pasa ustedes son culpables porque vienen a áreas que no les corresponden. Nosotros no andamos peleado con comuneros, menos con el gobierno, no peleamos”.
“Esa masacre que fueron a hacer con la gente del campo, gente campesina, donde llevaron muchos sustos, niños, mujeres, hasta la vez se sienten extraños con esa balacera que hubo, a cuantos campesinos, porqué no van con los delincuentes”, dijo.
Los pobladores pidieron la liberación de los 25 que siguen detenidos, entre ellos el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, y su hermano Vicente.
Actuar con justicia y apego a derecho en el caso, pide el arzobispo a autoridades
Anuncia el arzobispo que el próximo domingo realizará una procesión por la paz y la armonía, que partirá de la comunidad de Aguacaliente
Jacob Morales Antonio
El arzobispo Leopoldo González González pidió que se actúe con justicia y en apego a los derechos humanos en el caso de La Concepción, además anunció que la Iglesia dará acompañamiento a las familias de los 11 muertos y el próximo domingo realizará una procesión por la paz y la armonía.
En su conferencia dominical, donde no aceptó preguntas y sólo se limitó a leer un posicionamiento por lo “delicado” del caso, expresó que “el perdón no excluye a la justicia. Conocida la verdad de los hechos se actúe en justicia, en el respeto de las personas y las comunidades”.
Informó que solicitó al párroco y a los catequistas del poblado visitar a cada una de las familias de los 11 muertos y acompañarlos en su duelo, “para estar con ellos y escucharlos”.
“Desde la fe y desde nuestra calidez humana darles consuelo y esperanza que puedan perdonar. El odio y el deseo de venganza no dejan vivir a quien lo sufre, por ello el perdón es necesario para tener paz, para tener tranquilidad y conservar la salud”, agregó.
El prelado indicó que habrá una procesión que partirá de la comunidad de Aguacaliente a La Concepción, para pedir por la paz de las comunidades y para sus habitantes. Así también llamó a discutir las diferencias y lograr un acuerdo “aunque no sea el mejor” y que permita la armonía.
En su conferencia, González González habló de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado celebrada ayer, donde resaltó que la migración forzada de personas es porque buscan vivir en paz; “muchos lo hacen porque ven amenazada su vida y la de su familia, por la guerra o por una de esas otras formas actuales de violencia organizada o persecución”.
Señaló que en el país hay casas y negocios que se han quedado abandonados por la situación de violencia, pero otros también se van por la miseria que los rodea, algunos de ellos buscando en Estados Unidos lo que no encontraron en México pero que ahora se ven amenazados de ser expulsados, “dejando familia, hogar, trabajo y un pueblo que quería”.
El domingo pasado, un enfrentamiento entre policías comunitarios pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de La Concepción, dejó seis civiles y dos policías comunitarios muertos. Y horas después, durante el desarme de los comunitarios fueron asesinados tres de ellos y otros 38 fueron detenidos. Seis de ellos ya fueron liberados, además de otras 7 personas que estaban en reeducación.
Ofrece el gobernador actuar de manera respetuosa y responsable en las elecciones
El gobernador Héctor Astudillo convocó a los vecinos de Pie de la Cuesta a generar las condiciones, para que los comicios de julio de este año se desarrollen con respeto. “Hay que prepararnos para ser respetuosos y responsables de las elecciones, el gobernador tiene que poner su parte para generar las condiciones para la elección”.
Héctor Astudillo dijo que seguirá “trabajando con la ley en la mano” y no se saldrá de ese camino. Invitó a todos los asistentes a trabajar y hacer de Guerrero un estado más productivo y ajustarse al cumplimiento de la ley.
Adelantó que este año habrá inversiones del gobierno del estado en la zona poniente del municipio de Acapulco, “para que vayamos levantando el nivel de esta zona”, como la ampliación del acceso a Pie de la Cuesta y alumbrado público.
En declaraciones a reporteros, el gobernador insistió en que no se apartará del camino de la ley, “tiene riesgos porque puede uno recibir críticas, recibir descalificaciones, el gobernador tiene muy claro que mientras no se separe de la ruta correcta de la ley, vamos a poder caminar en el camino correcto”.
Sobre la detención del ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, después de casi seis años de evadir a la justicia, el gobernador sostuvo que sólo se ejecutó una orden de aprehensión y que el proceso contra el alcalde priista se sujetará al camino de la ley.
Willy Reyes está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del diputado Moisés Villanueva de la Luz, ocurrido el 4 de septiembre de 2011.
Sobre las críticas que ha recibido el gobierno del estado por la actuación de las fuerzas de seguridad pública en la comunidad de La Concepción el pasado domingo, donde policías del estado abatieron a tres policías comunitarios, Astudillo Flores dijo que como gobernador es el más interesado en aportar, “lo que sea necesario”, para responder a las inquietudes de organizaciones nacionales o internacionales.
“El gobernador es el más interesado en aportar lo que se necesarios para atender las inquietudes que puedan existir de manera local o foránea de organizaciones, el gobernador no está para agarrar bando, el gobernador está para que las instituciones funcionen correctamente y que la palabra justicia se aplique en su exacta dimensión, dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces el gobernador está pendiente y garante de que todo lo que sea necesario se aporte, y no es el gobernador el que va a agarrar una confrontación con una u otra organización, sino por el contrario, para atender lo que sea necesario”.
Reiteró que habrá “ajustes en el gabinete” y que algunos de esos cambios ocurrirán esta semana. Indicó que no ha recibido renuncias por parte de los funcionarios que estén interesados en participar en la elección de este año. Y deseó suerte a todos los que van a participar y ofreció que como gobernador buscará generar el mejor ambiente posible.
Una buena obra
Astudillo Flores destacó que la construcción de la planta y los pozos es una buena obra para mejorar la calidad de vida de las familias.
Explicó que los pozos se nutren de agua de la laguna de Coyuca y después del procesamiento en la planta desferrizadora, se distribuye a los vecinos.
Convocó a los asistentes a reportar en caso de que haya una falla en la obra o deje de funcionar.
En su intervención, el gobernador preguntó a los vecinos por sus necesidades y la vecina Teresa Carmen Gómez Salgado solicitó que se construya un tanque de almacenamiento en la parte alta de la zona, para que el servicio de agua potable pueda llegar a quienes viven en aquellas partes, también pidieron servicio para Jardín Palmas parte alta y Campamento Emiliano Zapata.
En declaraciones a reporteros, el gobernador dijo que la planta desferrizadora es muy moderna, que se maneja por computadoras para eliminar algunos metales que tiene el agua. Agregó que se le dará seguimiento a la operación de la obra.
El director de la CAPASEG, Arturo Palma Carro, informó que con la rehabilitación de los pozos y la planta desferrizadora “se cierra la pinza” para mejorar el servicio de agua potable en la zona.
Explicó que el tanque Hornos, inaugurado el 10 de junio pasado, dotaba del servicio de agua a la zona de Pie de la Cuesta y con la puesta en operación de los pozos, se podrá enviar agua al tanque Hornos.
Informó que se invirtieron 38.1 millones de pesos en la construcción de dos pozos someros, la rehabilitación de otros tres y la construcción de una planta desferrizadora, para retirar fierro y manganeso del agua. La obra beneficiará a 14 mil 500 habitantes, de la colonias Pedregoso, San Isidro y Pie de la Cuesta.
Palma Carro indicó que desde ayer comenzó a operar la planta y ya le fue entregada a la CAPAMA para su operación.
A la ceremonia de inauguración no asistió el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, ni el director de la CAPAMA. Estuvieron los diputados federales Julieta Fernández Márquez y Ricardo Taja Ramírez; los diputados locales del PRI, Eduardo Cueva, Samuel Reséndiz Peñaloza, María del Pilar Vadillo Ruiz, Rossana Agraz Ulloa y César Landín Pineda; el secretario de Planeación, David Guzmán Maldonado; los regidores del PRI, Luis Miguel Terrazas Irra, Emma Reyes Hernández, Olga Salmerón Mendoza, Linda Karina Ríos Radilla, César Montes Vázquez y Rosa María Trani Torralva; y la esposa del gobernador, Mercedes Calvo Elizundia.
Acuerdan partidos dentro del Frente ir en coalición en 60 municipios y solos en 16
En la elección de ayuntamientos, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano participarán en tres modalidades: coalición, candidatura común y solos. En 60 municipios van en coalición, en cuatro en candidatura común, en 16 solos y Acapulco está en reserva, informó el diputado local con licencia Sebastián de la Rosa Peláez.
En la sesión del Consejo Estatal del sábado, los perredistas acordaron que el partido vaya en coalición con PAN y Movimiento Ciudadano en la elección de ayuntamientos, y este lunes será el registro del acuerdo ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
El pasado 3 de enero, las dirigencias del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano registraron la coalición parcial Por Guerrero al Frente, para la elección de diputados locales.
En declaraciones por teléfono, el diputado local con licencia Sebastián De la Rosa aseguró que Acapulco es un municipio que está en reserva para la definición de candidato, pero los tres partidos van a ir en coalición. El compromiso es que cinco días antes del registro de las candidaturas formales ante el IEPC estará definido quién será el candidato.
El registro de candidaturas, de acuerdo con el calendario del IEPC, será del 21 de marzo al 5 de abril.
El Consejo Estatal aprobó que en coalición el PRD va con PAN y Movimiento Ciudadano en 61 municipios, de los cuales, 39 serán encabezados por el PRD, 11 por Movimiento Ciudadano y 10 por el PAN y Acapulco está en reserva.
En candidatura común van en cuatro municipios, dos con PAN y dos con Movimiento Ciudadano. En 15 municipios cada partido presentará candidatos propios.
De la Rosa Peláez también confirmó que en los principales municipios del estado los tres partidos saldrán juntos, estos son Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Chilapa, Tlapa, Taxco, Ometepec, Pungarabato y Coyuca de Catalán.
En el caso Acapulco, indicó que no está definido a qué partido le tocará encabezar la coalición, pero los tres partidos saldrán juntos pues el acuerdo es que tienen hasta el 15 de marzo para definir quien será el candidato en Acapulco.
“Nosotros (el PRD) pensamos que cualquier precandidato del PRD va a ser el candidato de la coalición en Acapulco. Acapulco sería el único municipio que queda reservado en ese carácter”, dijo.
De acuerdo con De la Rosa Pelaéz, los municipios donde encabeza el PRD en coalición con PAN y Movimiento Ciudadano son La Unión, Zapotitlán, Zirándaro, Cochoapa El Grande, Marquelia, Florencio Villarreal, Tixtla, Alpoyeca, Coahuayutla, Cualac, Xalpatlahuac, Tlapehuala, Tlalixtaquilla, Tlalchapa, Tlacoapa, Tecpan, San Miguel Totolapan, San Marcos, Quechultenango, Petatlán, Leonardo Bravo, Ometepec, Olinalá, Zihuatanejo, Iguala, Huitzuco, Eduardo Neri, Chilpancingo, Chilapa, Cutzamala, Cuautepec, Coyuca de Catalán, Copanatoyac, Benito Juárez, Atoyac, Arcelia y Alcozahuca.
Tlapa sería encabezado por el PRD, pero está en negociación con Movimiento Ciudadano por Tlacoachistlahuaca, hasta anoche no estaba definido este enroque.
Para el PAN son General Heliodoro Castillo, Taxco, Pilcaya, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca, Xochihuehuetlan, Tetipac, Buenavista de Cuéllar, Tepecoacuilco y Juchitán.
Para Movimiento Ciudadano son Atenango, Atlamajalcingo, Ajuchitlán, Huamuxtitlán, Zitlala, Coyuca de Benítez, Tlacoachistlahuaca, Mochitlán, Iliatenco, San Luis Acatlán y Metlatónoc.
Los municipios donde van en candidatura con el PAN son Copala y Teloloapan, con Movimiento Ciudadano en Igualapa y Atlixtac.
Los municipios donde los tres partidos irán solos serán Tecoanapa, Pungarabato, Pedro Ascencio Alquisiras, Mártir de Cuilapan, Malinaltepec, Juan R. Escudero, José Joaquín de Herrera, Ixcateopan, General Canuto Neri, Cuetzala, Copalillo, Cocula, Azoyú, Apaxtla, Ahuacuotzingo y Acatepec.
Ayutla no entró en el reparto, porque es el primer municipio del estado que elegirá autoridades municipales por el método de usos y costumbres. La elección de autoridades de este municipio será el 15 de julio.
“El estado está en manos del narco”, asevera el obispo de Chilapa; tiene el índice más alto de desaparecidos, dice
Todo el estado está en manos del narcotráfico, declaró el obispo Salvador Rangel Mendoza sobre los recientes hechos de violencia, como el caso de los dos jovenes que siguen desaparecidos en Chilpancingo, los 43 normalistas desaparecidos en 2014 y hasta sobre el caso de La Concepción, en Acapulco.
El obispo de la diocesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, fue consultado al concluir la misa dominical y la bendición que le da a sus feligreses en la catedral de Chilapa.
Al momento de la bendición en la concurrida iglesia, les dijo a los niños de manera socarrona que se acercaran para que con el agua bendita se les quitara lo “peleoneros y lo mal hablados”, a las señoras para que se les quitara lo “chismosas” y a sus esposos para que se les quitara “lo borracho”.
El obispo fue consultado sobre el caso de los dos, de siete jovenes, que aún siguen en calidad de desaparecidos en la ciudad de Chilpancingo y que presuntamente fueron detenidos por la policia municipal preventiva.
“Guerrero tiene el índice más grave de asesinatos y desaparecidos. Y este caso que sucedió en Chilpancingo, es uno de tantos. Ojalá y tanto la federación como el estado pusieran mucha atención en atender este caso y otros”.
Continuó: “Desconozco qué número tenemos de desaparecidos aparte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero valdría la pena que los gobiernos federal, estatal y municipal le pusieran más ganas en esta investigación y clarificar cuáles fueron los motivos o móviles para secuestrar a esos muchachos, sobre todo para hacerlos desaparecer”.
Agregó que una investigación que aclarara el caso, sería un camino para que otras cosas se vayan esclareciendo en Guerrero.
“En particular lo que pedido es que haya ya paz, que haya tranquilidad en las comunidades”.
Se le consultó su opinión sobre el caso de la comunidad La Concepción, en la zona rural de Acapulco, donde el pasado domingo hubo un en enfrentamiento y luego la intervención de las policias estatal, ministerial y federal para desarmar a la policia comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que se han opuesto a la construcción de la presa La Parota, y que tuvo como resultado 11 muertos y 38 detenidos, así como reporteros agredidos y despojados de su equipo de trabajo.
De entrada respondió: “Es otro botón de muestra de la inestabilidad que existe en el estado, todo el estado está en manos del narcotráfico y como lo tienen repartido por zonas estos señores, desgraciadamente hay enfrentamientos entre los grupos delincuenciales”.
Luego puntualizó sobre el mismo tema, que “Guerrero se ha distinguido no sólo la presa sino las minas, sobre todo las minas abiertas que tanto contaminan, al final son muy pocos los beneficiados y los extranjeros son los que se llevan riqueza”.
“Ese es un problema social que se debe atender, buscar cuál es el mejor beneficio para las personas y aquellas personas que están involucradas explicarles, porque posiblemente por ignorancia y no sabe los beneficios o los perjuicios, la gente procede de una manera primaria y violenta”.
“Es un problema antiguo y viejo y ojalá que no sólo se beneficie a los ganones, sino que esos beneficios lleguen a la gente ordinaria”, finalizó.
El obispo mañana encabezará desde las 10 y media de la mañana un recorrido y al mediodía una misa, para celebrar los 150 años de fundación del seminario diocesano de Chilapa con la ordenación de ocho sacerdotes. Se espera en la liturguia la presencia del arzobispo de Acapulco, del ex obispo Alejo Zavala, de “algunos” obispos del estado y de los párrocos de la diocesis.