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Van 81 asesinatos en los primeros 14 días de 2018; matan a una mujer cada día en promedio

En los primeros 14 días del año se han cometido 81 asesinatos en el estado, de los cuales 14 fueron contra mujeres, lo que significa una asesinada diaria.
En los 31 días de enero del año pasado se contabilizaron 14 mujeres asesinadas, entre ellas una niña de 13 años, según un recuento de lo publicado en El Sur.
Este año en Acapulco suman 38 homicidios, sigue Chilpancingo con ocho, Iguala, Atoyac de Álvarez, Petatlán, Teloloapan, Chilapa y San Miguel Totolapan con cuatro, Juan R. Escudero (Tierra Colorada) con tres, Zihuatanejo con dos, Copala, Taxco, Coyuca de Benítez, Ometepec, Tetipac, Coyuca de Catalán y Pilcaya llevaban ayer un asesinato en cada municipio.
En el recuento se contabilizaron todos los casos de asesinatos que se han registrado en los 14 días del año, ya sean a golpes, con arma blanca, por asfixia, a balazos, hallados en fosas clandestinas y desmembrados.
De las 81 víctimas en el estado 14 fueron mujeres, 13 jóvenes que tenían entre 15 y 28 años y un niño.
Las víctimas son un empresario, un chef, un taxista, un taquero, un policía municipal, una vecina de la Ciudad de México, un campesino, un vendedor de pollos, dos policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), una vecina de Acapulco, un cabo militar, un dueño de una taller eléctrico automotriz, una trabajadora de Aurrera, un chofer de camión y un mecánico.
Algunos caso de 17 municipios

El jueves 4 de enero dos vecinos de Chilpancingo que fueron detenidos por policías municipales el 30 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo fueron hallados asesinados y envueltos en bolsas de plástico, en un basurero cerca de Tierras Prietas, en el nuevo libramiento a Tixtla al norte de Chilpancingo.
Ese día el cuerpo desmembrado de un hombre fue encontrado en la colonia Capire en Iguala junto a un narcomensaje.
El 7 de enero un taquero fue ejecutado a balazos en su trabajo en la colonia Juan Álvarez, a una cuadra de donde se reúnen los familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, una mujer de unos 35 años fue asesinada a balazos en la comunidad de San Francisco, municipio de Copala, y otra joven semidesnuda fue asesinada a pedradas y encontrada en un camino de terracería cerca de un motel en la orilla de la carretera Acapulco- Zihuatanejo, en Atoyac.
Un día después dos mujeres y un hombre integrantes de una familia y otro hombre fueron degollados adentro de una casa en la comunidad de San Jeronimito, municipio de Petatlán. Las víctimas fueron identificadas como María de 31 años, Elena de 16, Jaime de 28 y Alfredo de 18 años.
Ese día un hombre fue ejecutado a balazos y un joven resultó herido de bala luego de ser atacados adentro de su casa en la colonia 6 de Julio en Chilpancingo, y otro joven fue asesinado a balazos cerca de la delegación de la Policía Federal sector Caminos, en la comunidad Agua Correa, Zihuatanejo.
El martes un policía municipal y otros dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos en Atoyac, y un joven fue ejecutado en la comunidad de Acamixtla, municipio de Taxco de Alarcón.
El 10 de enero los cuerpos de tres hombres asesinados fueron encontrados en una barranca de unos 20 metros de profundidad a orilla de la carretera que comunica la cabecera municipal de Teloloapan con la comunidad de Acachahuatla.
Ese día un hombre perdió la vida mientras recibía atención médica luego de que fue atacado a balazos en la avenida Gobernadores, cerca de la escuela Liceo Infantil Británico, a tres cuadras de la residencia oficial del gobernador Héctor Astudillo Flores, Casa Guerrero, en Chilpancingo. Otro hombre de 35 años fue asesinado en la avenida Eucaria Apreza en Chilapa y otro más en Coyuca de Benítez.
Un día después una joven de 28 años vecina de la Ciudad de México fue encontrada sin vida adentro de una habitación en el hotel Monte Alegre en Petaquillas, municipio de Chilpancingo. Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que la causa de muerte de la joven pudiera ser infarto pero que se harán las investigaciones.
La tarde del viernes pasado agentes de la Fiscalía encontraron en la comunidad de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, una fosa clandestina con cuatro osamentas, entre ellas la de un niño.
Ese día una mujer de 58 años fue asesinada de dos balazos en la cabeza adentro de su casa en Chontalpan en Tetipac, por tres hombres que irrumpieron a su casa para robarle, un campesino fue asesinado a balazos en la comunidad Acatempa en Teloloapan y un vendedor de pollos fue ejecutado a balazos en Coyuca de Benítez.
Ese día una mujer que fue levantada la tarde del viernes en Acapulco fue encontrada asesinada en la colonia Temixco en Chilpancingo y un joven de 15 años fue asesinado a balazos frente a sus padres en la colonia Centro de Iguala.

Acapulco

El 4 de enero tres hombres, entre ellos el dueño de un taller eléctrico automotriz y una mujer fueron ejecutados a balazos en las colonias Progreso, La Mira, Vista Alegre y el poblado de Tunzingo.
El 7 de enero 11 personas muertas y un herido (además de 38 detenidos, entre ellos el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente Suástegui) dejaron dos enfrentamientos en la comunidad de La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
El martes una trabajadora de la tienda Aurrerá de El Coloso, otra mujer y un hombre fueron ejecutados a balazos, además de dos hombres decapitados, hechos que ocurrieron en Las Cruces y El Rastro.
Un día después tres hombres fueron asesinados a balazos, tres más resultaron heridos y una mujer fue hallada en una fosa clandestina en distintos hechos.

 

Siguen soldados y la Policía Estatal a cargo de la seguridad en Chilpancingo a 11 días del desarme

Los agentes de la Policía Municipal de Chilpancingo que fueron desarmados el jueves 4 de enero por soldados del Ejército, policías estatales y federales luego de ser acusados de la desaparición de siete jóvenes, sólo acuden a su pase de lista y la seguridad está a cargo de policías estatales y soldados del Ejército.
También se encuentran concentrados en sus oficinas en el cuartel de la Policía Municipal los oficiales de Tránsito Municipal.
Desde hace 11 días policías estatales y soldados tienen el control de la seguridad en la capital, y agentes de Tránsito Estatal están encargados de las vialidades de la ciudad.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informaron que los agentes municipales que fueron desarmados para ser investigados por la desaparición de siete jóvenes, dos de ellos que aparecieron muertos, acuden al cuartel de la corporación al pase de lista y cumplir su jornada laboral de 24 por 24, es decir, un día se quedan acuartelados y otro se van.
Comentó que mientras continúen las investigaciones la Fiscalía General del Estado (FGE) por la desaparición y los asesinatos de los jóvenes, los agentes municipales continuarán acudiendo al cuartel de la corporación y se pagará su salario.
“Dependiendo de los resultados de las investigaciones se sabrá qué policía será puesto a disposición de las autoridades, como el caso de un agente de la corporación, pero no se sabe qué pasará en su situación laboral”, espuso.
Agregó que según información de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, tienen registrados a 123 policías municipales en la capital.
El 3 de enero integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la capital se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para denunciar la desaparición de siete jóvenes.
La noche de ese día los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales el 30 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados al norte de la capital.
El viernes pasado el juez de control Edgardo Mendoza Falcón vinculó a proceso por homicidio calificado de esos dos casos a un policía preventivo municipal identificado como Nicolás.

 

No tienen permisos de explotación forestal ejidatarios de la sierra de Atoyac, reconocen

El comisariado ejidal de Agua Fría, municipio de Atoyac, Salvador Lezma reconoció en una reunión en la comunidad, que el ejido no cuenta con permiso para la explotación forestal.
Aclaró lo anterior tras la queja de vecinos y ejidatarios de que se hará un daño al medio ambiente en la zona si se explota un predio forestal del ejido por segunda ocasión.
En la reunión estuvieron vecinos y ejidatarios, entre ellos la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, y el regidor Carlos Mesino, quienes piden una revisión de ese permiso.
El comisariado dijo que se denunció que había tala de madera en el ejido, aclaró que no se ha hecho, pero sostuvo que están apalabrados con un contratista para aprovechar la falda un cerro del ejido.
Dijo que no cuenta con permiso para aprovechar madera, “pero estamos con intenciones de usar un plan de manejo maderable sobre el pago por ser servicio de manejo ambiental hidrológico, que todavía no se ha autorizado, tenemos dos polígonos”, reconoció.
Abundo que en los predios se ha revisado que no estén afectando manantiales, y buscan hacer el aprovechamiento, aunque “no hay al momento tala de madera, pero ya se hicieron brechas previendo que se autorice el permiso, pero no se ha autorizado nada, al momento”, explicó.
Salvador Lezma aprovechó para negar que el alcalde Dámaso Pérez Organes esté apoyándolo para el permiso, y dijo que, de concretarse, aceptará que este sea inspeccionado por las dependencias correspondientes y determinar si es factible o no el aprovechamiento de madera, del cual los 49 ejidatarios recibirían 480 pesos cada uno.
Durante la reunión, algunos ejidatarios reconocieron que no sabían el volumen de madera que se va explotar ni de cuánto dinero es el monto del mismo.
Asimismo, pidieron que no se usen las listas de asistencia a las reuniones para respaldar con sus firmas ese tipo de intenciones de explotación forestal.
Dijeron estar de acuerdo, pero en una parte más alta, y no en la que se ubica cerca de los manantiales y cuencas de los arroyos.
La comisaria, Marielena Pablo Sandoval insistió en que se cancele ese presunto permiso, y que si se da, se haga una revisión para ver que se ejecute con respeto a las normas ambientales, e insistió en que no están en contra de nadie en particular, sólo de que se cuide y se preserve el medio ambiente.
La dirigente de la OCSS, quien es hija de ejidatarios del anexo en El Escorpión perteneciente al ejido, dijo que han pedido que se investigue el presunto permiso, porque les preocupa el medio ambiente, que es asunto de todos.
Proponen que se invierta en empleos temporales para preservar la zona, y no reciban los 500 pesos que quizás les pueda dar un maderero, dijo. (Francisco Magaña / Atoyac).

 

Sin la presencia del Ejército habrían sido masacrados, dice Siempre Vivos de Chilapa

El coordinador del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro manifestó su respaldo a la Ley de Seguridad Interior bajo el argumento de que la presencia del Ejército en Chilapa es necesaria, o de lo contrario habría anarquía.
No obstante dijo que a pesar de la presencia militar el año 2017 cerró, según cifras de su organización, con 260 homicidios en el municipio, además de que se han registrado dos nuevos casos de desaparición.
Anunció una nueva búsqueda de fosas clandestinas a finales de febrero y principios de marzo, como parte de las acciones del colectivo en este año para tratar de hallar a sus familiares desaparecidos.
Ayer en la mañana José Díaz coordinador del colectivo Siempre Vivos integrado por unos 100 familiares de personas desaparecidas en Chilapa, Zitlala y otros municipios de La Montaña, fue entrevistado para conocer los acuerdos de la organización en su primera reunión de este año, celebrada la tarde del sábado.
Dijo que se abordó la Ley 701 y la Ley de Seguridad Interior y que se acordó en asamblea rechazar la primera y avalar la segunda, además de que reveló que hay una pequeña diferencia en el grupo con las personas que están participando en las movilizaciones en Chilpancingo, a invitación del Centro Morelos.
“Tenemos ya una pequeña división dentro del colectivo porque algunos están siendo invitados o llevados a Chilpancingo a hacer algunas protestas, y realmente yo como responsable tengo una posición respecto a dos temas muy importantes a las víctimas”, expuso.
El primero, dijo, la situación que se vive en todo el estado y particularmente en Chilapa con la irrupción de civiles armados a la ciudad, que ahora conforman el grupo Paz y Justicia.
“Tenemos la certeza al 100 por ciento que no son policías comunitarios, sino delincuentes, y los compañeros están siendo llevados y uno de los temas es apoyar a la policía comunitaria”.
“Aquí como colectivo Siempre Vivos rechazamos contundentemente la presencia de la policía comunitaria en Chilapa y en otros lugares, porque tengo información confiable de instancias de seguridad de que son gente que está al servicio del crimen, incluso tenemos las denuncias de que ellos son los autores materiales de la desaparición de más de 30 personas en un solo evento, del 9 al 14 de mayo de 2015 en Chilapa”.
De la Ley de la Seguridad Interior dijo que planteó ante 50 asistentes que la presencia del Ejército es totalmente necesaria en este municipio, porque da tranquilidad y confianza, además de que como colectivos han solicitado su apoyo para hacer búsquedas de personas con vida y en fosas.
“Hemos compartido momentos en la búsqueda y hasta alimentos, no tenemos absolutamente ningún problema hablando del contexto de Chilapa y las víctimas de Chilapa”.
“Entendemos que hay activistas y rechazo de organismos internacionales a esta Ley de Seguridad Interior, pero en el contexto de Chilapa creo que los que están protestando ni siquiera han venido”.
Sin embargo, “aún con la presencia del Ejercito hubo 260 homicidios, sin la presencia del Ejército hubiéramos sido arrasados, masacrados”.
“Para nosotros la Ley de Seguridad Interior nos da cierta protección, por lo menos de no acabar de ser masacrados. Obviamente el miedo y la psicosis siguen presentes. Si el Ejército saliera de Chilapa esto crearía una total anarquía”, consideró.
Díaz Navarro informó que el colectivo se quedó con el registro de 120 personas desaparecidas, 160 homicidios en 2017 y los primeros quince días de este año con tres homicidios, y el caso de dos jovencitas desaparecidas de las cuales no dio detalles.
Otra de las acciones del colectivo, anunció, será una nueva búsqueda durante tres días de fosas clandestinas a finales de febrero y principios de mayo.
La organización ya realizó una búsqueda en mayo de 2016 y en octubre de 2017, esta última acción para tratar de localizar a seis integrantes de la familia García Feliciano, desaparecida en la carretera Tlalcozotitlán-Tlaltempanapa en el municipio de Zitlala, de la cual hasta ahora no hay información.

 

No hay clases en escuelas cercanas a La Concepción por temor a más violencia: padres

Pobladores de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, dijeron que en escuelas cercanas al poblado de La Concepción no hay clases, ante el “temor” de que haya otro hecho violento.
Una vecina cercana a esa comunidad, dijo que la semana pasada no hubo clases, porque “los padres tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela”.
Aseguró que los vecinos, pese a que hay presencia de la Policía Estatal, “tienen miedo porque andan para arriba y para abajo y también se han visto hombres armados”.
En el poblado de La Concepción, hay una escuela primaria, un jardín de niños y un bachillerato, pero a decir de habitantes, son unas nueve escuelas, porque en comunidades cercanas al poblado hay planteles en los que no hubo clases la semana pasada.
“No hay clases en las escuelas” dijo una madre de familia, y abundó que los niños no han acudido a los planteles porque esperan a que se normalice las clases.
Aunque se buscó al delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, Alfredo Miranda Vergara, para saber si se normalizaría las clases en las escuelas asentadas en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, no se tuvo respuesta.
Otro poblador dijo que, “queremos que los niños vayan a la escuela, los niños tienen temor, las escuelas están cerradas porque hay miedo de que vaya a darse otro enfrentamiento”.
Dijo que las clases se suspendieron después de los hechos del do mingo pasado que dejaron 11 muertos en dos hechos distintos y 38 detenidos, entre ellos al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui.

 

Mantiene el STTAISUAG tomada la Coordinación Zona Sur sin acuerdos

Agremiados al Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), mantuvieron tomadas las instalaciones de la Coordinación Zona Sur, porque el coordinador, Efrén Arellano no ha querido firmar el documento de los acuerdos.
Ayer por teléfono, la delegada sindical, Patricia Carranza Trujillo declaró que las autoridades de la UAG, “no se han dignado a contestar si aprueban o no la minuta de acuerdos, no quieren, tampoco nos han dicho que la modifiquemos”.
Detalló que hoy, lunes, si no hay solución de la Coordinación de la Zona Sur van a llevar a cabo otro plan de acción, aunque no precisó en qué consiste, la delegada dijo que “vamos a planear qué vamos hacer para que nos atiendan”.
La Coordinación de la Zona Sur, está tomada desde el miércoles pasado, en demanda de que les entreguen plazas para hijos de trabajadores y que retiren a los empleados unilaterales.
Abundó que en la minuta que entregaron al coordinador Efrén Arellano, piden el “retiro de los trabajadores unilaterales, que se revise cada plaza de la coordinación y, si son procedentes, que se haga efectivo para que las plazas que surjan sean para los hijos de trabajadores… Nos dijeron que iban a revisar, pero no quieren firmar el papel, así que aquí vamos a estar hasta que haya disponibilidad de las autoridades y acepten la minuta, hasta entonces vamos a entregar las oficinas para que se puedan hacer los trámites”, declaró.
La delegada dijo que aunque las autoridades han tratado de “menguar” para que haya una solución y se permita el acceso a las oficinas, las autoridades “no han llamado para decir si aceptan la minuta o no, vamos a esperar una respuesta”. Aurora Harrison

 

Cumple 150 años el seminario diocesano de Chilapa del que han salido dos santos y cinco obispos

El seminario diocesano de Chilapa, el primero en la entidad, cumple este 15 de enero 150 años de su fundación; de ahí han salido dos santos, cinco obispos y 637 sacerdotes, y otros ocho se ordenarán hoy.
El Seminario Diocesano de la Inmaculada Concepción concluirá con una celebración Eucarística el trienio celebrativo, que inició en 2015.
Entrevistado en las instalaciones del seminario, el rector Leopoldo Roque González recordó que el 15 de enero de 1868, por iniciativa del primer obispo, Ambrosio María Serrano y Rodríguez, se fundó la institución en medio de “muchas dificultades”, en referencia a las secuelas de la lucha entre conservadores y liberales que se seguían viviendo en México.
Entre las actividades, se representó una obra teatral sobre la vida y el martirio de los dos santos que fueron alumnos del seminario de Chilapa, San Margarito Flores García y San David Uribe Velazco, asesinados durante la guerra cristera de 1926 a 1929, un conflicto armado entre el gobierno laico, y presbíteros y católicos que no aceptaban que se limitará su culto, contó el rector.
Dijo que el seminario llegó a tener 200 alumnos, ahora tiene 54 (14 en el seminario menor, 16 en los cursos introductorios, y 24 en Filosofía y Teología), porque se abrieron otras diosecis en Acapulco, Ciudad Altamirano y Tlapa.
Hoy a las 10:30 de la mañana habrá una procesión por las principales calles de la ciudad, y al mediodía una misa a la que se espera que lleguen los obispos del estado, el arzobispo de Acapulco y el ex obispo Alejo Zavala, así como la ordenación sacerdotal de ocho jóvenes. (Luis Daniel Nava / Chilapa).

 

Se reúnen trabajadores en paro con un funcionario de Media Luna que les pide reanudar actividades

El director de Operaciones de la mina Media Luna, Jason Simpson pidió en una reunión a los trabajadores en paro, que se reanuden las actividades mineras y la empresa Torex Gold, subsidiaria de la mina, se comprometía a respetar el recuento de votos donde los empleados decidan qué sindicato quieren que los represente, informó el delegado estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), Indalecio Pérez Morones.
En consulta telefónica, el dirigente que encabeza el movimiento sindical destacó el acercamiento del funcionario de la empresa, porque es la primera vez, a más de 70 días de que se instaló el plantón, el 3 de noviembre del año pasado, que entablan una comunicación directa.
Sin embargo, también señaló que los trabajadores en paro ya no quieren el recuento, que estaría a cargo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sino el reconocimiento directo del SNTMMSSRM, en sustitución de la CTM.
Indicó que, el jueves de la semana pasada el funcionario se acercó al plantón y se instaló de manera provisional una mesa de diálogo que se desarrolló durante largo rato, en términos cordiales, pero no llegaron a ningún acuerdo.
Pérez Morones aclaró que la conversación no estuvo relacionada con el ultimátum del ejido Real de Limón, para que Torex God atienda la demanda de los trabajadores en paro, o de lo contrario suspenderá el contrato de arrendamiento de sus tierras, sino con el comienzo de las operaciones. Aseguró que el oficio de ejidatarios y autoridades de Real de Limón ya fue firmado de recibido por un representante de la mina, y aún esperan una respuesta formal.
Sin embargo, el miércoles, antes de la visita del director de Operaciones al plantón de trabajadores, el comisario de Nuevo Balsas denunció que hombres armados corrieron con disparos al aire a personas que arreglaban el camino que se usó durante la construcción de la mina, dentro del ejido de Río Balsas. Los vecinos de Nuevo Balsas, con directivos de la mina, comenzaron a desarrollar actividades orientadas a preparar el inicio de las operaciones.
Antes, Pérez Morones explicó que en el ejido de Río Balsas sólo se encuentra la planta para procesar los minerales, que extraen del tajo de Real de Limón, asimismo, el agua que toman del ejido de Atzcala, y los dos apoyan a los trabajadores en paro. No descartó que comiencen los trabajos con los minerales que tienen acumulados y que podrían durarles alrededor de un mes.
Por otro lado, el comisario de Nuevo Balsas informó el jueves que continuaban las acciones para reactivar las operaciones desde el ejido de Río Balsas, y la única condición para ello era tener seguridad para continuar los trabajos.

 

 

Denuncian colusión del municipio con grupo que invadió una obra en Colorada

El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y el Transporte de Materiales, Fletes, Aceros, Similares y Conexos de Guerrero, Víctor Jordán Álvarez relató que el 4 de enero fueron invadidos por camioneros de Acapulco apoyados por “seudo transportistas”, en el lugar de la construcción del bulevar de Tierra Colorada.
Dijo que el grupo constructor del alcalde, Leonel Leyva Muñoz, está representado por José Alfredo Flores Bello, quien es el director de Obras Públicas municipal y hermano del contratista que ejecuta las obras en el municipio.
El 3 de enero el líder denunció que hombres armados irrumpieron y paralizaron la construcción del bulevar, por lo que solicitó la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores para reiniciar los trabajos de la empresa Dommic y que la autoridad brinde seguridad.
Comentó que intentaron retirar su maquinaria confrontándolos verbalmente, luego de que denunció que el 27 de diciembre la obra fue paralizada por un grupo armado, pese a que tienen un contrato colectivo de trabajo.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el líder reiteró su denuncia de la paralización de la obra, y dijo que posee el contrato colectivo autorizado el 14 de noviembre, y registrado con el número 091/17 en la junta de Conciliación y Arbitraje.
Dijo que los camioneros de Acapulco que invadieron la obra el 4 de enero, llegaron a apoyar a los “seudo camioneros de Tierra Colorada”, que durante más de cinco años se han encargado de obras inconclusas y de mala calidad.
Agregó que han amenazado a los camioneros de Tierra Colorada, y a socios que han retirado los cargos porque tienen miedo.
Abundó que han hecho trámites desde el 27 de noviembre en la Secretaria General de Gobierno, que no ha respondido.
“Me informan que ayer se me levantó un acta en el Ministerio Público de Tierra Colorada siendo un día inhábil, fueron a traer al de guardia para que hiciera tal trámite”, dijo, y volvió a pedir la intervención del gobernador.
El líder anunció la posibilidad de que se entable una denuncia formal contra la empresa por la violación de su contrato colectivo de trabajo, y agregó que Sofía Eliza Lizárraga Beltrán, que firmó el contrato con él, es también quien hizo la denuncia legal en su contra; luego recalcó que esa obra no pertenece al municipio sino al estado.
“Me retiraré de la obra y me iré por los cauces legales para que se castigue la violación al contrato colectivo de trabajo que detento”, sostuvo. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Bloquea la OPIG la carretera Tlapa-Chilapa; pide liberar a los presos políticos y rechaza megaproyectos

Los integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG) bloquearon la carretera federal Tlapa-Chilapa, donde manifestaron su desacuerdo con la Ley de Seguridad Interior, pidieron un alto a los megaproyectos de muerte, libertad a los presos políticos y una ley general de consulta a los pueblos indígenas con carácter previo, libre y vinculante.
Asimismo, exigieron un alto a la represión a las comunidades indígenas de Guerrero y su sistema de policías comunitarias CRAC-PC; respeto a la Ley 701 y la aprobación a la iniciativa de reforma integral a la Constitución Política de Guerrero en materia de derechos indígenas y pueblos afromexicanos.
Iniciaron su bloqueo informativo, como a las 11 de la mañana repartiendo volantes, y exhibiendo mantas en las que inconformaron de sus demandas a los transportistas que pasaban por el lugar, y se retiraron alrededor de las 7 de la noche, cuando salieron en autobuses a la Ciudad de México.
Los integrantes de la OPIG adheridos a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) adelantaron que estarán del 15 al 19 de enero en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir atención a sus demandas políticas y sociales, y un cese a la miseria de los pueblos campesinos e indígenas, y los conflictos generados en varios estados por concesiones mineras, presas hidroeléctricas y megaproyectos asignados sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades, principalmente indígenas.
La jornada de movilización en la Ciudad de México es por el aumento en los precios de la canasta básica y los combustibles, y la pérdida del poder adquisitivo y salarios. Contra el gravamen del consumo más que el ingreso personal o empresarial que afectad a los ciudadanos.
Se pronunciaron contra la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que establece que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y la Ley General de biodiversidad, que permite la explotación minera y de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas, por lo que no pueden quedarse callados.
Un cese a las ejecuciones extrajudiciales contra defensores ambientales y de derechos humanos, así como de periodistas, documentadas por varias organizaciones. Alto a las políticas neoliberales y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ha desincentivado la producción trayendo consigo el abandono del campo mexicano y crisis agroalimentaria.
Lamentaron el recorte al gasto social, sobre todo en la salud, educación y desarrollo del campo, ya que han privilegiado la militarización del país con el aumento en presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Secretaría de Marina (Semar) y a lo electoral, en lugar de invertir en investigación científica y desarrollo tecnológico.