Integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG) realizaron un bloqueo informativo en las carreteras de Tlapa a Chilapa y a Puebla para exigir el cumplimiento de los acuerdos generados con dependencias federales el pasado mes de enero, que se movilizaron en la Ciudad de México.
Más de 100 campesinos indígenas llegaron a la carretera Tlapa-Chilapa, en el puente de Ahuatepec Ejido, como a las 12 del día a botear e informar el incumplimiento de los acuerdos del gobierno federal.
Como a las 7 de la noche se trasladaron a la carretera Tlapa-Puebla para botear y tomar autobuses que los llevaran a la Ciudad de México para su jornada de lucha del 5 al 9 de marzo.
La OPIG que forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) denunció la falta de avances e incumplimiento para resolver la conflictividad social derivada de la explotación minera, represas hidroeléctricas que se han instalado sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades principalmente indígenas y que llevan al hostigamiento, persecución, encarcelamientos y asesinatos.
En enero, representantes de la OPIG se reunieron con el jefe de la Unidad de Gobierno, Germán Uribe y el subsecretario de Gobierno, Manuel Cadena Morales de la Secretaría de Gobernación y con funcionrios de las secretarías de Agicultura (Sargarpa), Desarrollo Social (Sedesol), Desarrollo Agrario (Sedatu), de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) con quienes acordaron que atenderían sus demandas, y decidieron regresar a sus lugares de origen, pero al no cumplirse iniciarán una nueva jornada nacional de movilización del 5 al 9 de marzo en la Ciudad de México y en los estados del país.
Mencionaron que la falta de apoyo los obliga a dejar a sus familias y sus campos, pero no tienen opciones ante la indiferencia de las autoridades que no atienden su agenda política, social y productiva.
Exigieron transparencia y apertura en los procesos legislativos de las cámaras de diputados y senadores; no aprobación de la Ley General de Biodiversidad que beneficia a empresas mineras y perjudica a pueblos y comunidades indígenas; por una Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas con carácter previo, libre y vinculante; libertad a los presos políticos; no a la Ley de Seguridad Interior, alto a los megaproyectos de muerte; alto a la represión a las comunidades indígenas de Guerrero y su sistema de policías comunitarias CRAC-PC y respeto a la Ley 701.
Dijeron que en el país los estados de Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Yucatán, Nayarit, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Durango son donde hay conflictos sociales, agrarios por la desigualdad y exclusión.
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Bloquea la OPIG la carretera Tlapa-Chilapa; pide liberar a los presos políticos y rechaza megaproyectos
Los integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG) bloquearon la carretera federal Tlapa-Chilapa, donde manifestaron su desacuerdo con la Ley de Seguridad Interior, pidieron un alto a los megaproyectos de muerte, libertad a los presos políticos y una ley general de consulta a los pueblos indígenas con carácter previo, libre y vinculante.
Asimismo, exigieron un alto a la represión a las comunidades indígenas de Guerrero y su sistema de policías comunitarias CRAC-PC; respeto a la Ley 701 y la aprobación a la iniciativa de reforma integral a la Constitución Política de Guerrero en materia de derechos indígenas y pueblos afromexicanos.
Iniciaron su bloqueo informativo, como a las 11 de la mañana repartiendo volantes, y exhibiendo mantas en las que inconformaron de sus demandas a los transportistas que pasaban por el lugar, y se retiraron alrededor de las 7 de la noche, cuando salieron en autobuses a la Ciudad de México.
Los integrantes de la OPIG adheridos a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) adelantaron que estarán del 15 al 19 de enero en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir atención a sus demandas políticas y sociales, y un cese a la miseria de los pueblos campesinos e indígenas, y los conflictos generados en varios estados por concesiones mineras, presas hidroeléctricas y megaproyectos asignados sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades, principalmente indígenas.
La jornada de movilización en la Ciudad de México es por el aumento en los precios de la canasta básica y los combustibles, y la pérdida del poder adquisitivo y salarios. Contra el gravamen del consumo más que el ingreso personal o empresarial que afectad a los ciudadanos.
Se pronunciaron contra la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que establece que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y la Ley General de biodiversidad, que permite la explotación minera y de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas, por lo que no pueden quedarse callados.
Un cese a las ejecuciones extrajudiciales contra defensores ambientales y de derechos humanos, así como de periodistas, documentadas por varias organizaciones. Alto a las políticas neoliberales y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ha desincentivado la producción trayendo consigo el abandono del campo mexicano y crisis agroalimentaria.
Lamentaron el recorte al gasto social, sobre todo en la salud, educación y desarrollo del campo, ya que han privilegiado la militarización del país con el aumento en presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Secretaría de Marina (Semar) y a lo electoral, en lugar de invertir en investigación científica y desarrollo tecnológico.
Intentan asesinar a un líder de la OPIG en Copanatoyac, informa una organización de Puebla
El Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, de Puebla, denunció el intento de homicidio en el municipio de Copanatoyac de un integrante de la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), un día después de que ésta se pronunció por justicia ante la muerte de luchadores sociales y la defensa del territorio, en su quinto aniversario este sábado.
El Centro Antonio Esteban emitió una acción urgente para que los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, el gobierno de Guerrero y autoridades de seguridad pública garanticen la vida del activista y de su familia. Dio cuenta del hecho a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
En el documento, se relata que el domingo 12 de noviembre, alrededor de las 5 de la tarde, el activista y papá de la integrante de la Coordinación Central de la OPIG, agrupada a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), Benita Cantú de Jesús, Francisco Cantú Reyes regresaba de Tlapa en un automóvil con dos de sus hijos, y en el tramo Copanatoyac-Potoichan, en la Y Griega, escucharon una detonación de arma de fuego que, impactó en el vidrio trasero del carro.
Detalló que el activista aceleró y el vidrio “cayó completamente”. Como no observó otro automóvil en la carretera, estimó que el ataque provino de una o más personas escondidas junto a la carretera, entre la vegetación, que podían estar esperando su llegada. Precisó que arribaron a salvo a Copanatoyac, pero sus hijos, uno menor edad, tienen signos de estrés postraumático.
Recordó que el día anterior, en la cabecera de Copanatoyac, la OPIG CNPA-MN se manifestó en su quinto aniversario en apoyo a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, por justicia para el activista asesinado Antonio Vivar Díaz, y los luchadores sociales Rocío Mesino y Ranferi Hernández, asesinados en Guerrero, y por una ley de consulta a pueblos y comunidades campesinas e indígenas de México.
Ante la visita de la relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, el mismo día en Tlapa, pidieron el respaldo a las demandas de los movimientos en Guerrero.
El Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban señaló que en Guerrero no hay garantía para los defensores y luchadores sociales, y sí hostigamiento y violaciones contra ellos. Denunció que la agresión fue un intento de asesinar a Francisco Cantú Reyes y sus hijos, en un contexto “de vulnerabilidad casi completa hacia defensores derechos humanos”, y llamó a las autoridades en los tres niveles de gobierno a investigar el hecho, a fin de encontrar y castigar a los responsables, así como garantizar la integridad física y psicológica de Cantú Reyes y sus hijos.
Consultado vía telefónica, el dirigente de la OPIG CNPA-MN, Israel Jiménez dijo que en la manifestación del quinto aniversario de la organización, el sábado, hubo muchos líderes campesinos e indígenas de varios municipios, que pudieron generar nerviosismo en los grupos políticos que competirán en la elección en 2018.
Aclaró que la OPIG es una organización apartidista, que busca la cobertura de derechos individuales y colectivos para los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y participan en movilizaciones nacionales por derechos básicos de vivienda, salud y alimentación.
Reconoció que la inseguridad en la zona es complicada, ya que el sábado después de la marcha y mitin en la cabecera municipal, según las versiones policiacas, tras una llamada al 911, se descubrió una fosa clandestina en los límites del municipio de Copanatoyac.
Consideró que la situación, “no está para amedrentar a líderes que se atreven a denunciar el quebranto de las leyes, porque las instituciones se han desentendido de la seguridad de los pueblos”.
Bloquean integrantes de la OPIG la carretera Tlapa-Chilapa para exigir mejoras en el campo
Integrantes de la Organización de Pueblos Independientes de Guerrero (OPIG) cerraron la carretera Tlapa-Chilapa en el crucero de la comunidad de Ahuatepec Ejido, donde colocaron piedras, mantas y entregaron volantes con sus demandas.
Los indígenas nahuas y na savi llegaron a las 10 de la mañana y bloquearon el paso hasta las 5 de la tarde; al frente del bloqueo estuvo el dirigente Israel Jiménez Martínez acompañado de más de 50 personas.
Hasta antes de las 3 de la tarde los inconformes mantenían totalmente cerrada la vía, pero tras dialogar vía telefónica con el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga quien les ofreció una mesa de trabajo en Chilpancingo, permitieron el paso intermitente de los vehículos, pedían cooperación y volvían a cerrar la carretera.
Mencionaron que la protesta se llevó a cabo en todo el país dentro de la jornada nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena El Campo es de Todos.
Entre las demandas piden que no se recorte presupuesto para el campo y la solución a las demandas nacionales de las organizaciones agrupadas en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), y en este caso las de la OPIG.
También demandan recursos inmediatos para la vivienda rural y vivienda digna, proyectos productivos, liberación inmediata de los recursos retenidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), infraestructura educativa, de salud, centros de investigación, equipamiento (transferencias de tecnologías) para el campo, desarrollo de políticas públicas en el campo sin excluir al pequeño productor.
Pidieron la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, libertad de los presos políticos y justicia por el asesinato del activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) Antonio Vivar Díaz.
Además expresaron que defenderán su territorio, por lo que pidieron la cancelación inmediata de las concesiones mineras en la Montaña de Guerrero, la consulta previa e informada a los pueblos originarios respecto a las formas de autogobierno de las diversas naciones étnicas de México, más escuelas y menos cuarteles militares.
Pidieron un alto a la criminalización de los movimientos sociales, a la militarización del estado de Guerrero y a la discriminación de los estudiantes de los pueblos marginados para acceder a las escuelas de nivel superior.
Además advirtieron que no aceptarán las reformas estructurales sin un debate amplio para la redefinición de las políticas públicas.
En el bloqueo fue mediador el delegado de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce a quien Jiménez Martínez le explicó que la manifestación era parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena El Campo es de Todos, y que se levantarían de acuerdo con las indicaciones de la dirigencia nacional en la Ciudad de México.