Exigen indígenas en Tlapa de la CNPA-MN a gobiernos que cumplan acuerdos de hace cuatro meses

La Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG) que forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), exigió a los gobiernos estatal y federal que cumplan los acuerdos políticos, sociales y productivos que plantearon hace cuatro meses.
Adelantó que sus militantes se movilizarán en todo el país el 17 de abril si no los atienden, con marchas, conferencias de prensa, mitines y volanteo informativo, para que se establezca el diálogo efectivo.
En una conferencia de prensa en las instalaciones de Jornaleros Agrícolas, indígenas nahuas y na savi del municipio de Copanatoyac recordaron que se movilizaron en la Ciudad de México en enero y marzo, pero no hay avances ni voluntad política para resolver sus exigencias.
El integrante de la organización, Israel Jiménez exigió libertad para los presos políticos, justicia para los asesinados, presentación con vida de los desparecidos, y un alto al hostigamiento, tortura, persecución y amenazas a los representantes e integrantes de la organización.
Además, pidió garantías para sus actividades de defensores de derechos humanos, y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, pidió atención a los conflictos generados por los megaproyectos y concesiones para explotación y establecimiento de minas e hidroeléctricas, que llevan a la contaminación ambiental y generan conflicto social; aseguró que seguirán luchando por la defensa de la tierra, el agua y el territorio para mantener el tejido social que no ha sido contaminado con la corrupción y la delincuencia, la falta de empleo y las nulas oportunidades de desarrollo que fuerzan el desplazamiento interno.
La na savi Benita Cantú de Jesús dijo que continúan exigiendo que se cancelen las reformas estructurales, la ley de biodiversidad; un alto al alza de los precios de la gasolina y el gas; equipamiento de instalaciones de salud y atención adecuada; servicios básicos para las comunidades e infraestructura productiva.
Pidió una solución inmediata a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017; que se apruebe la ley general de consulta a pueblos indígenas y que cesen el montaje electoral y el desvío de recursos en este sexenio.
Los integrantes de la OPIG entregaron un comunicado y se sumaron a las acciones de lucha de la CETEG del 9 y del 10 de abril.

 

Intentan asesinar a un líder de la OPIG en Copanatoyac, informa una organización de Puebla

El Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, de Puebla, denunció el intento de homicidio en el municipio de Copanatoyac de un integrante de la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), un día después de que ésta se pronunció por justicia ante la muerte de luchadores sociales y la defensa del territorio, en su quinto aniversario este sábado.
El Centro Antonio Esteban emitió una acción urgente para que los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, el gobierno de Guerrero y autoridades de seguridad pública garanticen la vida del activista y de su familia. Dio cuenta del hecho a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
En el documento, se relata que el domingo 12 de noviembre, alrededor de las 5 de la tarde, el activista y papá de la integrante de la Coordinación Central de la OPIG, agrupada a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), Benita Cantú de Jesús, Francisco Cantú Reyes regresaba de Tlapa en un automóvil con dos de sus hijos, y en el tramo Copanatoyac-Potoichan, en la Y Griega, escucharon una detonación de arma de fuego que, impactó en el vidrio trasero del carro.
Detalló que el activista aceleró y el vidrio “cayó completamente”. Como no observó otro automóvil en la carretera, estimó que el ataque provino de una o más personas escondidas junto a la carretera, entre la vegetación, que podían estar esperando su llegada. Precisó que arribaron a salvo a Copanatoyac, pero sus hijos, uno menor edad, tienen signos de estrés postraumático.
Recordó que el día anterior, en la cabecera de Copanatoyac, la OPIG CNPA-MN se manifestó en su quinto aniversario en apoyo a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, por justicia para el activista asesinado Antonio Vivar Díaz, y los luchadores sociales Rocío Mesino y Ranferi Hernández, asesinados en Guerrero, y por una ley de consulta a pueblos y comunidades campesinas e indígenas de México.
Ante la visita de la relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, el mismo día en Tlapa, pidieron el respaldo a las demandas de los movimientos en Guerrero.
El Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban señaló que en Guerrero no hay garantía para los defensores y luchadores sociales, y sí hostigamiento y violaciones contra ellos. Denunció que la agresión fue un intento de asesinar a Francisco Cantú Reyes y sus hijos, en un contexto “de vulnerabilidad casi completa hacia defensores derechos humanos”, y llamó a las autoridades en los tres niveles de gobierno a investigar el hecho, a fin de encontrar y castigar a los responsables, así como garantizar la integridad física y psicológica de Cantú Reyes y sus hijos.
Consultado vía telefónica, el dirigente de la OPIG CNPA-MN, Israel Jiménez dijo que en la manifestación del quinto aniversario de la organización, el sábado, hubo muchos líderes campesinos e indígenas de varios municipios, que pudieron generar nerviosismo en los grupos políticos que competirán en la elección en 2018.
Aclaró que la OPIG es una organización apartidista, que busca la cobertura de derechos individuales y colectivos para los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y participan en movilizaciones nacionales por derechos básicos de vivienda, salud y alimentación.
Reconoció que la  inseguridad en la zona es complicada, ya que el sábado después de la marcha y mitin en la cabecera municipal, según las versiones policiacas, tras una llamada al 911, se descubrió una fosa clandestina en los límites del municipio de Copanatoyac.
Consideró que la situación, “no está para amedrentar a líderes que se atreven a denunciar el quebranto de las leyes, porque las instituciones se han desentendido de la seguridad de los pueblos”.