Una patrulla de policías estatales resguarda la entrada al hospital privado Aqua, en donde desde el viernes se encuentra hospitalizado Marco Antonio Suástegui, luego de ser herido a balazos Foto: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Por quinto día consecutivo, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, sigue en terapia intensiva tras el atentado que sufrió el viernes pasado, su estado de salud se mantiene igual, grave, pero estable.
Ayer, el hospital privado Aqua estaba resguardado por policías estatales, una patrulla de la corporación estaba estacionada en el nosocomio del lado de la avenida Costera.
Más organizaciones sociales se pronunciaron en diversos comunicados por el hecho violento pidiendo justicia y detención a los responsables del ataque a balazos contra el líder comunitario al salir de su trabajo en la playa Icacos.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) escribió el lunes en su perfil de Facebook su exigencia a los tres órdenes de gobierno para abrir una carpeta de investigación “para detener a quien resulte responsable a los autores intelectuales y materiales de este vil hecho”.
“Existe una larga lista en la lucha social de Guerrero de asesinatos de hombres y mujeres valientes que han entregado su vida, por equidad, libertad y justicia en defensa de los más necesitados”.
La organización dirigida por Nicolás Chávez afirma que “los encargados de sembrar, el terror en Guerrero y el país siguen provocando, dolor y muerte. Los políticos siguen disputándose el poder político y económico; engañando a nuestro pueblo sin cumplir sus demandas más vitales”.
En un comunicado emitido el mismo día, el Colectivo de Familiares de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narciso “se une a la exigencia de justicia, castigo a los culpables materiales e intelectuales” por el atentado a Suástegui Muñoz.
Destaca que el vocero del Cecop es defensor del territorio, del suelo y del agua, también es representante de la Asociación de Turisteros Unidos en Defensa de la Playa Icacos (Tuderpi) y es hermano de Vicente Iván Suástegui Muñoz, desaparecido el 5 de agosto de 2021.
El grupo de familiares de desaparecidos pide a los gobiernos estatal y federal ofrecer la mejor atención médica al herido, “así como el alto a las agresiones en contra de los defensores, del territorio, suelo y agua, de los derechos laborales, los hermanos buscadores de familiares desaparecidos, defensores de derechos humanos y en general a toda persona que busca un México más justo para todos”.
En un comunicado emitido el domingo pasado, Cooperación Comunitaria, HIC-AL Coalición Internacional del Hábitat y más organizaciones repudian el atentado contra Suástegui Muñoz perpetrado cuando salía de su trabajo en playa Icacos.
Reconocen la defensa Suástegui Muñoz de los territorios campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec “que estuvieron en riesgo de ser inundados por la construcción de la presa La Parota y, más recientemente, en la defensa de la playa de Acapulco del proyecto de privatización y de los delitos ambientales”.
Expresan en el documento publicado en sus redes sociales su “más profunda indignación ante el ambiente de inseguridad que impera en Acapulco y el estado de indefensión que enfrentan los defensores del territorio”.
Exigen a las autoridades proteger la vida del vocero del Cecop e investigar y castigar a los culpables de su ataque a balazos, también expresan su solidaridad con los familiares y compañeros de lucha.
Suscriben el documento el Bloque de delegaciones democráticas sección 11 SNTE, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, entre otras numerosas organizaciones sociales y activistas.
El sábado pasado, casi 100 organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señalaron en un comunicado que las autoridades “fueron omisas” para aplicar medidas de protección a favor del vocero del Cecop.
El mismo día, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos emitió su posicionamiento exigiendo que se investigue y se castigue a los responsables del ataque contra Suástegui Muñoz.
Agentes resguardan el lugar en donde fueron atacados policías municipales, en la Central de Abasto Foto: El Sur
Redacción
Dos hombres asesinados, y un ataque a una patrulla de la Policía Municipal ayer en la tarde, fueron los diferentes hechos de violencia en Acapulco.
Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia 5 de Mayo, ubicada en la zona suburbana de Acapulco.
El crimen fue reportado a las 4:30 de la tarde, entre las calles Ciudad Pérdida y Lázaro Cárdenas, informaron policías estatales.
El reporte policiaco indica que hombres armados interceptaron a su víctima y después sin mediar palabras le dispararon a quemarropa
El hombre asesinado a balazos quedó sentado recargado en una pared y a simple vista tenía disparos en el pecho.
Después de las diligencias, el cadáver en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Semefo.
En otro caso, un hombre fue perseguido y asesinado a balazos en la colonia Alta Icacos.
El crimen fue reportado a las 5 de la tarde, entre las calles Nezahualcóyotl y Emiliano Zapata, de acuerdo con policías ministeriales.
Testigos dijeron a la policía que hombres armados persiguieron a balazos a su víctima y al darle alcance le dispararon.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco encontraron varios casquillos percutidos de pistola calibre .09 milímetros.
El Ministerio Público sector Costa Azul abrió una carpeta de investigación por el crimen.
Con estos casos suman 44 los muertos en lo que va del mes y 227 en el año, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.
A las 6:30 de la tarde, hombres armados atacaron a balazos a una patrulla de la Policía Municipal en la Central de Abasto.
El ataque fue a metros del bulevar Vicente Guerrero y avenida Del Quemado, colonia 2 de Febrero, de acuerdo con el reporte policiaco.
Según testigos, hombres armados atacaron a balazos a la patrulla municipal, cuando circulaba en recorridos de seguridad.
La patrulla municipal rotulada 140 del sector Zapata, tenía a simple vista siete impactos en la carrocería.
El hecho violento generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno, encabezado por fuerzas federales.
Agentes organizaron una operación de búsqueda de los agresores, sin embargo no tuvieron éxito.
Por los disparos de los hombres armados ningún agente municipal resultó herido.
En el poblado El Bejuco fue el atentado contra el presidente del comisariado de Cacahuatepec
El presidente del comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Efraín Dorantes Vélez, fue atacado a balazos y resultó herido en el poblado de El Bejuco, en la zona rural de Acapulco.
El hecho violento fue reportado después de las 11 de la noche del lunes, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, de acuerdo con la información recabada.
El reporte policiaco indica que hombres armados atacaron a balazos al representante de los comuneros cuando iba en su camioneta rumbo a su casa.
De acuerdo con la información recabada, el representante de los comuneros tras el ataque solamente tuvo rozones de bala.
Se supo que no acudió al hospital y está resguardado en su casa. Su camioneta tiene varios impactos de bala en la carrocería.
El dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca confirmó que el domingo, el alcalde priista de Cualac, Hazael Aburto Ortega, fue víctima de un atentado y reclamó que las autoridades “han ignorado su solicitud de seguridad”.
El presidente, y la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Pilar Vadillo Ruiz, a nombre de la dirigencia, emitieron un comunicado en el que exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que “atienda y realice una investigación pronta”.
En el breve texto detallan que el pasado domingo “nuestro compañero alcalde de Cualác, Hazael Aburto Ortega, fue víctima de un atentado en su contra y hasta el momento no ha recibido la atención de las autoridades, quienes han ignorado su solicitud de seguridad”.
Los priistas condenaron “estos lamentables hechos que continúan lastimando a las y los guerrerenses. Somos conscientes de la situación por la que atraviesa nuestro estado, pero eso no puede generar condiciones de excepción en materia de seguridad para la población”.
Después en declaraciones telefónicas, el dirigente priista dijo que lo que le informó el alcalde es que no tenía amenazas, “no sabe por qué fue el asunto, el atentado, no sabe las causas, y afortunadamente logró escapar y se encuentra con una fractura en un pie”.
Sin embargo, el priista dijo que desconoce dónde fue el ataque o si fue algo directo en contra del alcalde priista, y que eso en su momento lo informará el edil.
La exigencia, dijo Alejandro Bravo, sigue siendo la misma “que las autoridades correspondientes hagan su chamba, hagan su trabajo, y ya puedan entregar resultados”.
La diócesis Chilpancingo-Chilapa “condenó profundamente” la agresión contra el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, ocurrida la noche del martes, en la carretera Chilpancingo-Tixtla, cuando salía de la normal de Ayotzinapa.
En un comunicado de prensa enviado anoche, firmado por el obispo José de Jesús González Hernández y el canciller secretario, Armando Vásquez Rodríguez, se califica al atentado en contra del también director del Centro de Derechos de las Victimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), como un “reprobable suceso”.
Recuerdan que el Centro Minerva Bello ha documentado y dado seguimiento integral a casos de víctimas de desaparición, ejecución extrajudicial, víctimas de desplazamiento forzado interno y otras graves violaciones a los derechos humanos “que desafortunadamente experimenta la sociedad guerrerense”.
Refieren que el padre Filiberto Velázquez se ha encargado de denunciar públicamente los ataques con drones en distintas comunidades de Guerrero, en el contexto de la pugna entre La Familia Michoacana y el grupo Los Tlacos.
“Desde el pasado mayo hasta la fecha, el Centro Minerva Bello informó que los bombardeos con dispositivos aéreos orquestados por el crimen organizado habían ocasionado la muerte de dos personas, de igual manera, se realizó una caravana de ayuda humanitaria, para llevar medicamentos y comida a las comunidades más afectadas por esta problemática”.
Expresaron en el escrito su “cercanía y apoyo al padre José Filiberto Velázquez Florencio, así como a los integrantes del Centro de Derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello, ante esta agresión injustificada”.
Condenaron la violencia “contraria a la voluntad de Dios y a la enseñanza de la Iglesia, que altera la convivencia pacífica deseada por la inmensa mayoría de la población y que perturba profundamente la vida social”.
Pidieron “al Señor que ayude y conceda al pueblo cristiano una esperanza activa, para trabajar con misericordia por el bien común y que la sociedad pueda gozar de una convivencia en paz”.
El comunicado concluye afirmando que desde la Diócesis de Chilpancingo -Chilapa “se agradece su colaboración a las autoridades, a la espera de que estos hechos se esclarezcan plenamente” y solicitaron a las autoridades que garanticen, tanto la vida como la seguridad física y emocional del padre Filiberto Velázquez Florencio.
Por separado, en otro comunicado, el Centro Minerva Bello “repudió la agresión en contra de nuestro director”.
Sostiene que la agresión no sólo es en contra del director, sino en contra de “quienes trabajamos, a pesar del clima de violencia generalizada, en la creación de mecanismos para la atención real y oportuna de las necesidades de las víctimas de la violencia, en aras de que puedan recuperar y desarrollar un proyecto de vida en condiciones dignas y seguras”.
Los integrantes del Centro Minerva Bello pidieron al Estado mexicano crear las condiciones necesarias de seguridad, para el efectivo goce y disfrute “del derecho a defender nuestros derechos”.
Exigieron a las autoridades que realicen las investigaciones necesarias, para dar con los responsables de estos hechos, “y que el reprobable acto no quede impune”.
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
La alcaldesa de Benito Juárez (San Jerónimo), Glafira Meraza Prudente, condenó “fuertemente” los actos de violencia en su contra y dijo que confía que las autoridades harán su trabajo para esclarecer los hechos.
A las 2:30 de la madrugada del lunes hombres armados con un rifle AR-15 dispararon contra la fachada de la casa de Meraza Prudente, ubicada en la calle Vicente Guerrero, colonia Centro de la cabecera municipal.
La alcaldesa morenista en un boletín de prensa dado a conocer a la 11 de la noche en Facebook indicó que para nadie es un secreto el “lamentable y muy reprobable ataque armado” suscitado en las primeras horas en su domicilio, presenciado no sólo por ella sino por su familia entera.
Ante lo ocurrido, afirmó que “siempre he conducido mi actuar personal, político y profesional con total honestidad y transparencia” y así seguirá. “Así que ni con los vientos soplando en contra de eso va a cambiar, pues por amor a mi pueblo, seguiré adelante y firme en mis convicciones”.
Agradeció la solidaridad de la población del municipio, de amistades de otras partes de Guerrero, de algunos estados del país e incluso del extranjero, e indicó que se encuentra bien con su familia. (Redacción).
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chilpancingo condenó la violencia suscitada el sábado 8 de julio y dijo que los actos violentos en los diferentes puntos de la ciudad, son un atentado contra la paz, la estabilidad social y la seguridad de los ciudadanos.
“Si bien reconocemos el actuar de las autoridades, para devolver la paz en la ciudad y posibilitar que las actividades sociales y económicas se puedan desarrollar con éxito, en un ambiente de orden y certidumbre, consideramos primordial que se siga una estrategia de seguridad que privilegie labores de inteligencia, de prevención del delito, de fortalecimiento de los cuerpos de las autoridades municipales, estatales y federales”, se leía en un comunicado.
Solicitaron a los tres órdenes de gobierno que exista una estrecha coordinación entre las autoridades municipales, estatales, federales y las distintas corporaciones policiacas, para que “cumplan con su obligación constitucional”, de brindar seguridad a la población con base en una estrategia integral contra la inseguridad.
Se indicó que en Coparmex “reiteramos que la lucha contra la violencia, la inseguridad y la impunidad que afectan la convivencia social, la inversión y frenan el desarrollo de Chilpancingo”. Agregó que es una tarea que se debe asumir con responsabilidad, para que vivamos en una ciudad más segura y en paz. (Redacción / Chilpancingo).
La comerciante de Zihuatanejo, Lilia Luna Martínez, sufrió un atentado la noche del lunes del que resultó herida. Su hijo, Iván Valdez Luna, responsabilizó al presidente municipal, Jorge Sánchez Allec, del PRI, y al director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ), Luis Fernando Salas Reyes.
La agredida y su hijo enfrentan con el alcalde y el funcionario un litigo por un terreno en la colonia Valle Grande de esa ciudad.
En su cuenta de Facebook, el presidente municipal Jorge Sánchez, negó “categóricamente” las acusaciones “que se vierten en mi contra, toda vez que siempre he sido un hombre que se ha conducido con respeto a las personas”.
Pidió (a quien lo señaló) que acuda a las autoridades correspondientes para que se inicie la investigación conducente y deslindar responsabilidades.
“Seguiré trabajando para que a Zihuatanejo le vaya bien”, escribió.
El ataque
Lilia Luna Martínez recibió dos impactos de arma calibre 38 en las dos piernas a las 8:30 de la noche del lunes, cerca de la colonia Valle Grande.
Su hijo, Iván Valdez, contó ayer que en un Tsuru habilitado como taxi de Zihuatanejo, viajaban dos hombres con gorras, quienes en un semáforo, cuando estaba en rojo, rebasaron al vehículo en el que viajaba su madre, al que se le cerraron y uno de ellos les disparó.
Explicó que, previamente, el acompañante de su madre volanteó para esquivar el vehículo en el que viajaban los agresores con lo que logró evitar que los impactos hicieran blanco en partes vitales del cuerpo de su madre.
Informó que ayer ya se encontraba estable pero que la noche del lunes se vio grave debido a que perdió mucha sangre.
La noche del lunes, mientras se encontraba en el cuarto de Hospital General de Zihuatanejo donde atendían a su madre, Iván Valdez, subió un video a su Facebook en el que acusó del atentado al presidente municipal Jorge Sánchez porque, dijo, “es el único enemigo que tenemos, no tenemos problemas ni con la delincuencia organizada”.
Alertó que temía por su vida porque desde hace tiempo el presidente municipal “nos trae hostigando y amenazando, dice que nos va a quitar el terreno de Casa Majahua y hago este video porque mi vida corre peligro, no sé quién está allá afuera, estoy en shock, no sé qué va a pasar responsabilizo totalmente al presidente”, explicó visiblemente nervioso en su video.
Y ayer, en declaraciones por teléfono, Valdez Luna informó que el problema con el alcalde inició porque el 16 de febrero pasado presentaron una demanda en su contra después de que hizo declaraciones a los medios de comunicación en las que advirtió que los va a desalojar de un terreno ubicado en la colonia Valle Grande, Manzana 1, lote 5 de Zihuatanejo, donde hace cuatro años instalaron su negocio Pizzas y Alitas Casa Majahua.
Según Iván, el atentado en contra de su madre la noche del lunes, es en represalia por la presentación de esa demanda.
La demanda a la que se refiere Iván, de la que proporcionó una copia a El Sur, se radicó en el expediente 20/2013-II ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Guerrero, en contra del Ayuntamiento de Zihuatanejo, la CAPAZ, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento y la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
En la demanda, Lilia Luna Martínez e Iván Valdez Luna, señalan a esas instancias del gobierno municipal, de que a partir de agosto del 2022, comenzaron a amenazarlos que serán desalojados del terreno ubicado en la colonia Valle Grande, Manzana 1, lote 5, de Zihuatanejo, donde instalaron su negocio Pizzas y Alitas Casa Majahua.
Refieren que enero del 2023, incluso el alcalde declaró a medios de comunicación que iba a desalojarlos, y que personas cercanas a él les dijo que el terreno “es del interés particular del director de la CAPAZ Luis Fernando Salas Reyes”.
En la misma denuncia, Lilia Luna Martínez, y su hijo, Iván Valdez Luna, aseguran que el funcionario no acredita ser el titular o el propietario del bien inmueble “sobre el cual detentamos la posesión desde hace 11 años”.
En sus declaraciones por teléfono, Iván dijo que reconocen que el predio es irregular pero que es hasta la actual administración municipal que el presidente Jorge Allec ha buscado mediante distintos formas de apropiarse del predio.
Informó que hace menos de un año el Ayuntamiento entró a lotificar toda el área, menos el terrenos de poco más de 500 metros donde están viviendo ellos y en el que hace cuatro años abrieron su negocio.
Añadió que después, el presidente municipal Jorge Sánchez, en una entrevista que dio a medios de comunicación anunció que los iba a desalojar con la fuerza pública.
Iván agregó que el video de esa entrevista fue presentada como prueba en la demanda que presentaron en su contra y que posiblemente fue lo que le molestó.
Agregó que les han argumentado varias cosas, primero que en el terreno iban a construir una escuela, pero buscaron información y no encontraron ningún proyecto. Después les dijeron que lo querían para construir un tanque de agua, pero este se construyó hace 20 años más arriba y actualmente ya no se justifica.
Informó que por el atentado de ayer en contra de su madre, presentó una segunda demanda y se integró la carpeta de investigación en la que mencionó todos los antecedentes.
También dijo que le recomendaron solicitar medidas cautelares “porque esta medio fuerte el asunto”, y que su abogado las va a pedir a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que tengan protección él y su madre.
Insistió que “está completamente seguro” que el responsable es el presidente municipal.
“Mucha gente nos conoce, somos gente trabajadora no tenemos problemas con nadie, y ya subí unos videos a mi Facebook personal, donde dije que no vayan a querer maquillar (el atentado); que digan que fue un asalto, extorsión o que quisieron pedirnos cuota, porque eso no es posible, no tenemos ningún problema con ese tipo de gente”.
Valdez Luna pidió la intervención de los gobiernos estatal y federal: “que me escuchen, tenemos miedo, lo que le pasó a mi madre, me puede pasar a mí en cualquier rato, ya no vamos a tener tranquilidad. Nosotros no tenemos problemas con nadie más”.
La candidata a la diputación federal de la coalición Por México al frente Azucena Salazar Pineda por el distrito uno, denunció que su equipo de trabajo fue víctima de un asalto y les quitaron la camioneta en el tramo entre Chilpancingo e Iguala este sábado por la tarde Foto: Israel Flores
El presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, informó que pidió al gobierno estatal seguridad para tres candidatos a diputados federales, de los cuales no proporcionó sus nombres, y que se analiza el caso de la candidata a senadora, Gabriela Bernal.
En declaraciones al concluir el acto de la presentación de los candidatos a diputados locales en Acapulco, a Huicochea Vázquez se le preguntó sobre la seguridad para los candidatos.
A pregunta, el presidente estatal rechazó que la candidata a senadora haya recibido alguna amenaza, pero dijo que hay lugares con mucha incidencia de hechos violentos y otros donde hay “grupos armados de comunitarios”, por lo que hay que prever cualquier cosa.
Indicó que con los diputados locales no se ha platicado, que está pendiente, pero “hay una estrategia del gobierno estatal, para poder tener comunicación permanente de a dónde van a ser las giras de trabajo”.
Añadió que algunos candidatos a alcaldes han pedido protección, pero todavía no arrancan las campañas y son casos que se verán hasta el 19 de mayo. Reconoció que hay casos específicos, donde se tienen que otorgar algunos equipos de seguridad y eso se le está solicitando a la Secretaría de Seguridad Pública, principalmente, para candidatos de Chilapa, Costa Grande y Tierra Caliente.
Huicochea añadió que en la mesa de seguridad con el gobernador Héctor Astudillo se están definiendo las estrategias en ese sentido.
El pasado jueves el presidente estatal del PRD, Ricardo Barrientos informó que en la reunión con Astudillo solicitó al gobierno del estado seguridad para los candidatos a alcaldes de Zihuatanejo, Gustavo García Bello; de Tixtla, Érika Alcaraz Sosa; de Huitzuco, Eder Nájera y de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta; para los candidatos a diputados locales de los distritos 24 de Tixtla, Bernardo Ortega y 11 de Zihuatanejo, Eloísa Valle.
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto dijo que pidió seguridad para un candidato pero no especificó su nombre. (Karina Contreras).
“Comenzaron a amenazar a mi gente y a decir que sufriré un atentado”, dice Abel Montúfar
El candidato a la diputación local por el distrito 17, de la coalición Tranformando Guerrero (PRI y PVEM), Abel Montúfar Mendoza, dijo que amenazaron a sus seguidores para no acudir al arranque de campaña, diciéndoles que “habría un atentado en mi contra en el evento”.
Este domingo por la tarde, Abel Montúfar realizó su arranque de campaña en Coyuca de Catalán como candidato a diputado local. Primero realizó una misa y desde la plaza principal partió en una marcha hacia su casa de campaña, enfrente del internado 20, con unas 500 personas, donde realizó un mitin.
En su mensaje dijo que “hoy iniciamos con una misa porque pedimos paz, desde aquí le llamo a los demás contendientes a no violentar la campaña, a desarrollarla en paz, y a realizar una contienda sin agresiones”.
Dijo que “comenzaron a amenazar a mi gente, les dijeron que no vinieran porque iban a matar a Abel Montúfar, pero si me muero, será en la lucha, porque no me he de rajar”, expresó y agregó que hubo rumores de que iban a atacarlo, que tendría un atentado.
Abel Montúfar agradeció la presencia de sus padres y de su familia, por estar ahí. Dijo que sus hermanos no pudieron acudir al evento, porque todos tienen trabajo en el gobierno federal o el gobierno del estado, “porque somos gente que sabemos trabajar y no nos vamos a rajar”.
Agregó en su mensaje que “ya basta de los candidatos que sólo aparecen en temporada de campañas, que sólo vienen a engañar a la gente”.
Abel Montúfar era alcalde de Coyuca de Catalán y contaba con seguridad de la policía del estado, pero desde hace un mes se le retiró la seguridad y ahora en su campaña no cuenta con acompañamiento de ninguna corporación policíaca.
Al final del acto, Montúfar Mendoza no quiso ahondar en el tema, y tampoco informó si solicitará que le regresen la seguridad.
