El dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca confirmó que el domingo, el alcalde priista de Cualac, Hazael Aburto Ortega, fue víctima de un atentado y reclamó que las autoridades “han ignorado su solicitud de seguridad”.
El presidente, y la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Pilar Vadillo Ruiz, a nombre de la dirigencia, emitieron un comunicado en el que exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que “atienda y realice una investigación pronta”.
En el breve texto detallan que el pasado domingo “nuestro compañero alcalde de Cualác, Hazael Aburto Ortega, fue víctima de un atentado en su contra y hasta el momento no ha recibido la atención de las autoridades, quienes han ignorado su solicitud de seguridad”.
Los priistas condenaron “estos lamentables hechos que continúan lastimando a las y los guerrerenses. Somos conscientes de la situación por la que atraviesa nuestro estado, pero eso no puede generar condiciones de excepción en materia de seguridad para la población”.
Después en declaraciones telefónicas, el dirigente priista dijo que lo que le informó el alcalde es que no tenía amenazas, “no sabe por qué fue el asunto, el atentado, no sabe las causas, y afortunadamente logró escapar y se encuentra con una fractura en un pie”.
Sin embargo, el priista dijo que desconoce dónde fue el ataque o si fue algo directo en contra del alcalde priista, y que eso en su momento lo informará el edil.
La exigencia, dijo Alejandro Bravo, sigue siendo la misma “que las autoridades correspondientes hagan su chamba, hagan su trabajo, y ya puedan entregar resultados”.
La diócesis Chilpancingo-Chilapa “condenó profundamente” la agresión contra el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, ocurrida la noche del martes, en la carretera Chilpancingo-Tixtla, cuando salía de la normal de Ayotzinapa.
En un comunicado de prensa enviado anoche, firmado por el obispo José de Jesús González Hernández y el canciller secretario, Armando Vásquez Rodríguez, se califica al atentado en contra del también director del Centro de Derechos de las Victimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), como un “reprobable suceso”.
Recuerdan que el Centro Minerva Bello ha documentado y dado seguimiento integral a casos de víctimas de desaparición, ejecución extrajudicial, víctimas de desplazamiento forzado interno y otras graves violaciones a los derechos humanos “que desafortunadamente experimenta la sociedad guerrerense”.
Refieren que el padre Filiberto Velázquez se ha encargado de denunciar públicamente los ataques con drones en distintas comunidades de Guerrero, en el contexto de la pugna entre La Familia Michoacana y el grupo Los Tlacos.
“Desde el pasado mayo hasta la fecha, el Centro Minerva Bello informó que los bombardeos con dispositivos aéreos orquestados por el crimen organizado habían ocasionado la muerte de dos personas, de igual manera, se realizó una caravana de ayuda humanitaria, para llevar medicamentos y comida a las comunidades más afectadas por esta problemática”.
Expresaron en el escrito su “cercanía y apoyo al padre José Filiberto Velázquez Florencio, así como a los integrantes del Centro de Derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello, ante esta agresión injustificada”.
Condenaron la violencia “contraria a la voluntad de Dios y a la enseñanza de la Iglesia, que altera la convivencia pacífica deseada por la inmensa mayoría de la población y que perturba profundamente la vida social”.
Pidieron “al Señor que ayude y conceda al pueblo cristiano una esperanza activa, para trabajar con misericordia por el bien común y que la sociedad pueda gozar de una convivencia en paz”.
El comunicado concluye afirmando que desde la Diócesis de Chilpancingo -Chilapa “se agradece su colaboración a las autoridades, a la espera de que estos hechos se esclarezcan plenamente” y solicitaron a las autoridades que garanticen, tanto la vida como la seguridad física y emocional del padre Filiberto Velázquez Florencio.
Por separado, en otro comunicado, el Centro Minerva Bello “repudió la agresión en contra de nuestro director”.
Sostiene que la agresión no sólo es en contra del director, sino en contra de “quienes trabajamos, a pesar del clima de violencia generalizada, en la creación de mecanismos para la atención real y oportuna de las necesidades de las víctimas de la violencia, en aras de que puedan recuperar y desarrollar un proyecto de vida en condiciones dignas y seguras”.
Los integrantes del Centro Minerva Bello pidieron al Estado mexicano crear las condiciones necesarias de seguridad, para el efectivo goce y disfrute “del derecho a defender nuestros derechos”.
Exigieron a las autoridades que realicen las investigaciones necesarias, para dar con los responsables de estos hechos, “y que el reprobable acto no quede impune”.
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
La alcaldesa de Benito Juárez (San Jerónimo), Glafira Meraza Prudente, condenó “fuertemente” los actos de violencia en su contra y dijo que confía que las autoridades harán su trabajo para esclarecer los hechos.
A las 2:30 de la madrugada del lunes hombres armados con un rifle AR-15 dispararon contra la fachada de la casa de Meraza Prudente, ubicada en la calle Vicente Guerrero, colonia Centro de la cabecera municipal.
La alcaldesa morenista en un boletín de prensa dado a conocer a la 11 de la noche en Facebook indicó que para nadie es un secreto el “lamentable y muy reprobable ataque armado” suscitado en las primeras horas en su domicilio, presenciado no sólo por ella sino por su familia entera.
Ante lo ocurrido, afirmó que “siempre he conducido mi actuar personal, político y profesional con total honestidad y transparencia” y así seguirá. “Así que ni con los vientos soplando en contra de eso va a cambiar, pues por amor a mi pueblo, seguiré adelante y firme en mis convicciones”.
Agradeció la solidaridad de la población del municipio, de amistades de otras partes de Guerrero, de algunos estados del país e incluso del extranjero, e indicó que se encuentra bien con su familia. (Redacción).
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chilpancingo condenó la violencia suscitada el sábado 8 de julio y dijo que los actos violentos en los diferentes puntos de la ciudad, son un atentado contra la paz, la estabilidad social y la seguridad de los ciudadanos.
“Si bien reconocemos el actuar de las autoridades, para devolver la paz en la ciudad y posibilitar que las actividades sociales y económicas se puedan desarrollar con éxito, en un ambiente de orden y certidumbre, consideramos primordial que se siga una estrategia de seguridad que privilegie labores de inteligencia, de prevención del delito, de fortalecimiento de los cuerpos de las autoridades municipales, estatales y federales”, se leía en un comunicado.
Solicitaron a los tres órdenes de gobierno que exista una estrecha coordinación entre las autoridades municipales, estatales, federales y las distintas corporaciones policiacas, para que “cumplan con su obligación constitucional”, de brindar seguridad a la población con base en una estrategia integral contra la inseguridad.
Se indicó que en Coparmex “reiteramos que la lucha contra la violencia, la inseguridad y la impunidad que afectan la convivencia social, la inversión y frenan el desarrollo de Chilpancingo”. Agregó que es una tarea que se debe asumir con responsabilidad, para que vivamos en una ciudad más segura y en paz. (Redacción / Chilpancingo).
La comerciante de Zihuatanejo, Lilia Luna Martínez, sufrió un atentado la noche del lunes del que resultó herida. Su hijo, Iván Valdez Luna, responsabilizó al presidente municipal, Jorge Sánchez Allec, del PRI, y al director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ), Luis Fernando Salas Reyes.
La agredida y su hijo enfrentan con el alcalde y el funcionario un litigo por un terreno en la colonia Valle Grande de esa ciudad.
En su cuenta de Facebook, el presidente municipal Jorge Sánchez, negó “categóricamente” las acusaciones “que se vierten en mi contra, toda vez que siempre he sido un hombre que se ha conducido con respeto a las personas”.
Pidió (a quien lo señaló) que acuda a las autoridades correspondientes para que se inicie la investigación conducente y deslindar responsabilidades.
“Seguiré trabajando para que a Zihuatanejo le vaya bien”, escribió.
El ataque
Lilia Luna Martínez recibió dos impactos de arma calibre 38 en las dos piernas a las 8:30 de la noche del lunes, cerca de la colonia Valle Grande.
Su hijo, Iván Valdez, contó ayer que en un Tsuru habilitado como taxi de Zihuatanejo, viajaban dos hombres con gorras, quienes en un semáforo, cuando estaba en rojo, rebasaron al vehículo en el que viajaba su madre, al que se le cerraron y uno de ellos les disparó.
Explicó que, previamente, el acompañante de su madre volanteó para esquivar el vehículo en el que viajaban los agresores con lo que logró evitar que los impactos hicieran blanco en partes vitales del cuerpo de su madre.
Informó que ayer ya se encontraba estable pero que la noche del lunes se vio grave debido a que perdió mucha sangre.
La noche del lunes, mientras se encontraba en el cuarto de Hospital General de Zihuatanejo donde atendían a su madre, Iván Valdez, subió un video a su Facebook en el que acusó del atentado al presidente municipal Jorge Sánchez porque, dijo, “es el único enemigo que tenemos, no tenemos problemas ni con la delincuencia organizada”.
Alertó que temía por su vida porque desde hace tiempo el presidente municipal “nos trae hostigando y amenazando, dice que nos va a quitar el terreno de Casa Majahua y hago este video porque mi vida corre peligro, no sé quién está allá afuera, estoy en shock, no sé qué va a pasar responsabilizo totalmente al presidente”, explicó visiblemente nervioso en su video.
Y ayer, en declaraciones por teléfono, Valdez Luna informó que el problema con el alcalde inició porque el 16 de febrero pasado presentaron una demanda en su contra después de que hizo declaraciones a los medios de comunicación en las que advirtió que los va a desalojar de un terreno ubicado en la colonia Valle Grande, Manzana 1, lote 5 de Zihuatanejo, donde hace cuatro años instalaron su negocio Pizzas y Alitas Casa Majahua.
Según Iván, el atentado en contra de su madre la noche del lunes, es en represalia por la presentación de esa demanda.
La demanda a la que se refiere Iván, de la que proporcionó una copia a El Sur, se radicó en el expediente 20/2013-II ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Guerrero, en contra del Ayuntamiento de Zihuatanejo, la CAPAZ, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento y la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
En la demanda, Lilia Luna Martínez e Iván Valdez Luna, señalan a esas instancias del gobierno municipal, de que a partir de agosto del 2022, comenzaron a amenazarlos que serán desalojados del terreno ubicado en la colonia Valle Grande, Manzana 1, lote 5, de Zihuatanejo, donde instalaron su negocio Pizzas y Alitas Casa Majahua.
Refieren que enero del 2023, incluso el alcalde declaró a medios de comunicación que iba a desalojarlos, y que personas cercanas a él les dijo que el terreno “es del interés particular del director de la CAPAZ Luis Fernando Salas Reyes”.
En la misma denuncia, Lilia Luna Martínez, y su hijo, Iván Valdez Luna, aseguran que el funcionario no acredita ser el titular o el propietario del bien inmueble “sobre el cual detentamos la posesión desde hace 11 años”.
En sus declaraciones por teléfono, Iván dijo que reconocen que el predio es irregular pero que es hasta la actual administración municipal que el presidente Jorge Allec ha buscado mediante distintos formas de apropiarse del predio.
Informó que hace menos de un año el Ayuntamiento entró a lotificar toda el área, menos el terrenos de poco más de 500 metros donde están viviendo ellos y en el que hace cuatro años abrieron su negocio.
Añadió que después, el presidente municipal Jorge Sánchez, en una entrevista que dio a medios de comunicación anunció que los iba a desalojar con la fuerza pública.
Iván agregó que el video de esa entrevista fue presentada como prueba en la demanda que presentaron en su contra y que posiblemente fue lo que le molestó.
Agregó que les han argumentado varias cosas, primero que en el terreno iban a construir una escuela, pero buscaron información y no encontraron ningún proyecto. Después les dijeron que lo querían para construir un tanque de agua, pero este se construyó hace 20 años más arriba y actualmente ya no se justifica.
Informó que por el atentado de ayer en contra de su madre, presentó una segunda demanda y se integró la carpeta de investigación en la que mencionó todos los antecedentes.
También dijo que le recomendaron solicitar medidas cautelares “porque esta medio fuerte el asunto”, y que su abogado las va a pedir a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que tengan protección él y su madre.
Insistió que “está completamente seguro” que el responsable es el presidente municipal.
“Mucha gente nos conoce, somos gente trabajadora no tenemos problemas con nadie, y ya subí unos videos a mi Facebook personal, donde dije que no vayan a querer maquillar (el atentado); que digan que fue un asalto, extorsión o que quisieron pedirnos cuota, porque eso no es posible, no tenemos ningún problema con ese tipo de gente”.
Valdez Luna pidió la intervención de los gobiernos estatal y federal: “que me escuchen, tenemos miedo, lo que le pasó a mi madre, me puede pasar a mí en cualquier rato, ya no vamos a tener tranquilidad. Nosotros no tenemos problemas con nadie más”.
La candidata a la diputación federal de la coalición Por México al frente Azucena Salazar Pineda por el distrito uno, denunció que su equipo de trabajo fue víctima de un asalto y les quitaron la camioneta en el tramo entre Chilpancingo e Iguala este sábado por la tarde Foto: Israel Flores
El presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, informó que pidió al gobierno estatal seguridad para tres candidatos a diputados federales, de los cuales no proporcionó sus nombres, y que se analiza el caso de la candidata a senadora, Gabriela Bernal.
En declaraciones al concluir el acto de la presentación de los candidatos a diputados locales en Acapulco, a Huicochea Vázquez se le preguntó sobre la seguridad para los candidatos.
A pregunta, el presidente estatal rechazó que la candidata a senadora haya recibido alguna amenaza, pero dijo que hay lugares con mucha incidencia de hechos violentos y otros donde hay “grupos armados de comunitarios”, por lo que hay que prever cualquier cosa.
Indicó que con los diputados locales no se ha platicado, que está pendiente, pero “hay una estrategia del gobierno estatal, para poder tener comunicación permanente de a dónde van a ser las giras de trabajo”.
Añadió que algunos candidatos a alcaldes han pedido protección, pero todavía no arrancan las campañas y son casos que se verán hasta el 19 de mayo. Reconoció que hay casos específicos, donde se tienen que otorgar algunos equipos de seguridad y eso se le está solicitando a la Secretaría de Seguridad Pública, principalmente, para candidatos de Chilapa, Costa Grande y Tierra Caliente.
Huicochea añadió que en la mesa de seguridad con el gobernador Héctor Astudillo se están definiendo las estrategias en ese sentido.
El pasado jueves el presidente estatal del PRD, Ricardo Barrientos informó que en la reunión con Astudillo solicitó al gobierno del estado seguridad para los candidatos a alcaldes de Zihuatanejo, Gustavo García Bello; de Tixtla, Érika Alcaraz Sosa; de Huitzuco, Eder Nájera y de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta; para los candidatos a diputados locales de los distritos 24 de Tixtla, Bernardo Ortega y 11 de Zihuatanejo, Eloísa Valle.
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto dijo que pidió seguridad para un candidato pero no especificó su nombre. (Karina Contreras).
“Comenzaron a amenazar a mi gente y a decir que sufriré un atentado”, dice Abel Montúfar
El candidato a la diputación local por el distrito 17, de la coalición Tranformando Guerrero (PRI y PVEM), Abel Montúfar Mendoza, dijo que amenazaron a sus seguidores para no acudir al arranque de campaña, diciéndoles que “habría un atentado en mi contra en el evento”.
Este domingo por la tarde, Abel Montúfar realizó su arranque de campaña en Coyuca de Catalán como candidato a diputado local. Primero realizó una misa y desde la plaza principal partió en una marcha hacia su casa de campaña, enfrente del internado 20, con unas 500 personas, donde realizó un mitin.
En su mensaje dijo que “hoy iniciamos con una misa porque pedimos paz, desde aquí le llamo a los demás contendientes a no violentar la campaña, a desarrollarla en paz, y a realizar una contienda sin agresiones”.
Dijo que “comenzaron a amenazar a mi gente, les dijeron que no vinieran porque iban a matar a Abel Montúfar, pero si me muero, será en la lucha, porque no me he de rajar”, expresó y agregó que hubo rumores de que iban a atacarlo, que tendría un atentado.
Abel Montúfar agradeció la presencia de sus padres y de su familia, por estar ahí. Dijo que sus hermanos no pudieron acudir al evento, porque todos tienen trabajo en el gobierno federal o el gobierno del estado, “porque somos gente que sabemos trabajar y no nos vamos a rajar”.
Agregó en su mensaje que “ya basta de los candidatos que sólo aparecen en temporada de campañas, que sólo vienen a engañar a la gente”.
Abel Montúfar era alcalde de Coyuca de Catalán y contaba con seguridad de la policía del estado, pero desde hace un mes se le retiró la seguridad y ahora en su campaña no cuenta con acompañamiento de ninguna corporación policíaca.
Al final del acto, Montúfar Mendoza no quiso ahondar en el tema, y tampoco informó si solicitará que le regresen la seguridad.
El alcalde suplente de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas manifestó que del sector empresarial no ha recibido ninguna denuncia de que son amenazados o extorsionados; y de los hechos de violencia en la capital dijo que pedirá ayuda a los gobiernos estatal y federal, para que refuercen la seguridad, “porque tenemos policías limitadas”.
Este lunes, durante los honores a la bandera en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, que se harán el segundo lunes de cada mes, el alcalde suplente reconoció que el Ayuntamiento capitalino enfrenta “grandes problemas financieros”, aunque no detalló cuáles.
En su discurso, el alcalde dijo que a más de un mes que estar al frente de la administración en las finanzas, “con el esfuerzo del Ayuntamiento hemos logrado avanzar en la solución de algunos de los problemas que aquejan al municipio”.
Reconoció que no todo está resuelto porque hay “grandes problemas que enfrentar y resolver”; la titular de la Secretaría de Finanzas, Elizabeth Vega Abarca, y la Contraloría Interna trabajan a marchas forzadas para regularizar las finanzas para conocer la situación del Ayuntamiento, “vamos por un buen camino para recuperar al Ayuntamiento”, dijo.
Al finalizar la actividad, se le preguntó sobre el ataque armado al integrante del comité directivo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Jorge Alberto Ochoa Parra, quien había sido extorsionado y amenazado, y resultó herido durante el ataque a balazos cuando iba a bordo de su carro en la transitada avenida Benito Juárez, cerca del edificio Vicente Guerrero, en pleno centro de Chilpancingo.
El alcalde respondió que la Policía Municipal está trabajando y que hay operativos, “pero desafortunadamente se dan hechos como los de anoche (domingo)”.
Informó que, no tiene denuncias formales de los empresarios, si son amenazados o extorsionados, y adelantó que hablará con ellos.
Reiteró que las policías están cumpliendo con su trabajo, “de acuerdo a nuestra capacidad, los policías están trabajando para brindar la seguridad”, y que pedirá ayuda de los gobiernos estatal y federal para que refuerce la seguridad, para “decirles que nos ayuden”, porque las policías son limitadas.
Jesús Tejeda manifestó que aún no tiene una cifra exacta del problema financiero del Ayuntamiento, porque está en el proceso la entrega-recepción que culmina en enero.
A pregunta expresa negó que haya 800 aviadores en el Ayuntamiento y que los integrantes del Cabildo tengan nóminas millonarias, “lo que hay es una campaña de desprestigio”, dijo, “y no puedo decir que exista (una lista de aviadores) para emitir una postura, las redes sociales se prestan a mal informar, y mientras no sea oficial no puedo fijar una postura”, culminó. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
El Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, de Puebla, denunció el intento de homicidio en el municipio de Copanatoyac de un integrante de la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), un día después de que ésta se pronunció por justicia ante la muerte de luchadores sociales y la defensa del territorio, en su quinto aniversario este sábado.
El Centro Antonio Esteban emitió una acción urgente para que los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, el gobierno de Guerrero y autoridades de seguridad pública garanticen la vida del activista y de su familia. Dio cuenta del hecho a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
En el documento, se relata que el domingo 12 de noviembre, alrededor de las 5 de la tarde, el activista y papá de la integrante de la Coordinación Central de la OPIG, agrupada a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), Benita Cantú de Jesús, Francisco Cantú Reyes regresaba de Tlapa en un automóvil con dos de sus hijos, y en el tramo Copanatoyac-Potoichan, en la Y Griega, escucharon una detonación de arma de fuego que, impactó en el vidrio trasero del carro.
Detalló que el activista aceleró y el vidrio “cayó completamente”. Como no observó otro automóvil en la carretera, estimó que el ataque provino de una o más personas escondidas junto a la carretera, entre la vegetación, que podían estar esperando su llegada. Precisó que arribaron a salvo a Copanatoyac, pero sus hijos, uno menor edad, tienen signos de estrés postraumático.
Recordó que el día anterior, en la cabecera de Copanatoyac, la OPIG CNPA-MN se manifestó en su quinto aniversario en apoyo a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, por justicia para el activista asesinado Antonio Vivar Díaz, y los luchadores sociales Rocío Mesino y Ranferi Hernández, asesinados en Guerrero, y por una ley de consulta a pueblos y comunidades campesinas e indígenas de México.
Ante la visita de la relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, el mismo día en Tlapa, pidieron el respaldo a las demandas de los movimientos en Guerrero.
El Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban señaló que en Guerrero no hay garantía para los defensores y luchadores sociales, y sí hostigamiento y violaciones contra ellos. Denunció que la agresión fue un intento de asesinar a Francisco Cantú Reyes y sus hijos, en un contexto “de vulnerabilidad casi completa hacia defensores derechos humanos”, y llamó a las autoridades en los tres niveles de gobierno a investigar el hecho, a fin de encontrar y castigar a los responsables, así como garantizar la integridad física y psicológica de Cantú Reyes y sus hijos.
Consultado vía telefónica, el dirigente de la OPIG CNPA-MN, Israel Jiménez dijo que en la manifestación del quinto aniversario de la organización, el sábado, hubo muchos líderes campesinos e indígenas de varios municipios, que pudieron generar nerviosismo en los grupos políticos que competirán en la elección en 2018.
Aclaró que la OPIG es una organización apartidista, que busca la cobertura de derechos individuales y colectivos para los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y participan en movilizaciones nacionales por derechos básicos de vivienda, salud y alimentación.
Reconoció que la inseguridad en la zona es complicada, ya que el sábado después de la marcha y mitin en la cabecera municipal, según las versiones policiacas, tras una llamada al 911, se descubrió una fosa clandestina en los límites del municipio de Copanatoyac.
Consideró que la situación, “no está para amedrentar a líderes que se atreven a denunciar el quebranto de las leyes, porque las instituciones se han desentendido de la seguridad de los pueblos”.
