El tablero eléctrico del Congreso local, que causó la controversia en la sesión del miércoles pasado, tuvo un costo de 7 millones 100 mil pesos, se usó en una ocasión en la que los diputados no la supieron utilizar ; luego por las amenazas de irrupciones de protestas al recinto legislativo fueron retiradas del pleno las tablets y los detectores de huellas que complementaban el sistema.
Siete años después de que la instalación del tablero fuera anunciada como un logro de la Cuarta Transformación y su política de austeridad, todo el sistema está en desuso y los diputados continúan emitiendo su votó de manera personal.
Las dos pantallas solo sirven para colocar el logo de la legislatura y en ocasiones la lista de los diputados presentes en las sesiones, mientras que las tablets están resguardadas y sin uso.
En noviembre del 2018, tiempos de la primera legislatura con mayoría morenista, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, anunció la compra e instalación en el pleno de un tablero electrónico, además de 46 tabletas y lectores de huellas que en teoría facilitarían las labores legislativas.
“El 24 de noviembre de 2018 el Congreso local lanzó la primera Licitación Pública Nacional para la instalación y adquisición del Tablero Electrónico, en que participaron cinco empresas y el fallo de adjudicación fue el 11 de diciembre por un monto de 7.1 millones de pesos”, se lee en un boletín que fue difundido por la dirección de Comunicación Social del Congreso.
Con la designación de Sandoval Ballesteros como delegado del Bienestar en Guerrero, su cargo fue ocupado por el morenista Antonio Helguera Jiménez, quien finalmente compró e instaló los nuevos aparatos en el salón de sesiones.
Los 7 millones 100 mil pesos gastados en el tablero, las tabletas y los lectores de huellas fueron para registrar las asistencias y las votaciones de los diputados, pero después de dos sesiones no los volvieron a utilizar.
Helguera Jiménez justificó la compra y dijo que con la instalación de un sistema moderno se transparentaría el voto de los diputados y se reduciría el uso de papel, porque ahí registrarían asistencia, votarían y tendrían acceso a todos los documentos necesarios para las sesiones, como el orden del día, puntos de acuerdo e iniciativas.
Después de la presentación hubo dos intentos de utilizar el tablero, pero la Mesa Directiva terminó por contar los votos de manera directa. Los diputados volvieron a realizar el pase lista de manera normal, sin tecnología; desde su curul gritan presente y los integrantes de la Mesa Directiva los anota; para las votaciones es igual.
Las tabletas y los lectores de huellas fueron retirados después de varias amenazas de protestas por parte de maestros y estudiantes y, desde entonces, siguen sin colocarlas. Lo único que quedó fue el enorme tablero electrónico que ahora sirve como pantalla donde sólo proyectan el logo del Congreso.
Pero el sistema adquirido por el Congreso constó de 2 macropantallas, 46 tabletas, micrófonos y lectores de huella para cada uno de los diputados, un servidor, 4 videocámaras para la grabación y transmisión de las sesiones y un software exclusivo.
De acuerdo con fuentes legislativas, el problema del software fue porque el Congreso no tiene la infraestructura tecnológica y de internet necesaria para utilizarlo.
Además del tablero electrónico, otro de los sistemas instalados en el Congreso que está en deshuso es una plataforma automática para silla de ruedas que baja de la entrada del pleno a la tribuna.
En agosto del 2022 dicho artefacto fue instalado y anunciado por el propio Congreso como parte de “una serie de adecuaciones para garantizar que las y los diputados que tengan alguna discapacidad motriz puedan tener acceso a la tribuna y plena movilidad dentro del Salón de Plenos”.
Se trata de una plataforma de elevación con barandales desmontables, mismas que funcionan a través de presión hidráulica que sería maniobrada con un control remoto.
El aparato fue utilizado en una ocasión para la diputada Elzy Camacho Pineda, pero fue tan complicado de utilizar que tardaron alrededor de 40 minutos en lograr que funcionará.
En la actual legislatura, el diputado Juan Valenzo, quien usa silla de ruedas, utiliza las rampas físicas para bajar de su curul a la tribuna. De dicho aparato no hay información sobre su costo.
Elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía del Estado resguardaron los trabajos de la CAPAMA para sustituir el colector sanitario de Pie de la Cuesta, a un costado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el poblado de El Pedregoso, luego de que el martes los trabajadores pararon sus labores por amenazas de un supuesto sindicato de constructores de Coyuca de Benítez Foto: Jesús Trigo
Jacob Morales Antonio
Este miércoles bajo la vigilancia del Ejército, la Guardia Nacional y Policía del Estado, reiniciaron los trabajos de introducción del nuevo colector del drenaje de Pie de la Cuesta paralizados el martes, luego que los trabajadores recibieron advertencias y amenazas de un supuesto sindicato de sonstructores que exigió tanto a CAPAMA como a Fonatur, a cargo de los trabajes, que contraten su maquinaria.
Los trabajos de introducción de la nueva tubería se efectúan a un costado de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el tramo de la comunidad de San Isidro, donde una retroexcavadora hace una zanja de unos unos cinco metros de profundidad para la colocación del nuevo tramo de tubería de 24 pulgadas, y conectarla a la planta tratadora de aguas residuales.
La presidenta de la Asociación de Restaurantes y Hoteles del Pie de la Cuesta, María Nelly Cienfuegos Mejía, explicó que los trabajos comenzaron la semana pasada en ese tramo, pero el martes un grupo de hombres, supuestos integrantes de un sindicato de constructores, amenazaron a los trabajadores y pararon las obras por temor.
La mañana de este martes los trabajos reiniciaron, una vez que la propia asociación solicitó la presencia de la seguridad, y el resguardo para poder concluir los trabajos, y que no se siga contaminando con descargas de aguas residuales la laguna de Coyuca de Benítez, debido que este colector recibe las aguas de las tres secciones de la colonia Jardín, Pie de la Cuesta, y El Pedregoso.
Alrededor de las 10 de la mañana al lugar llegó el director de la CAPAMA, Antonio Lorenzo Rojas Marcial, quien evitó dar declaraciones. La presidenta de restauranteros y hoteleros de la zona dijo que no permitirán que las obras se paren, debido a que el drenaje colapsado en Pie de la Cuesta es un problema de muchos años, que por primera vez observan que las autoridades lo están remediando.
Agradeció la presencia de una patrulla del Ejército, dos de la Guardia Nacional y una patrulla de la Policía Estatal, para el resguardo de la maquinaria pesada y de los trabajadores.
Se observó que una retroexcavadora y un camión de volteo de CAPAMA eran operados por los trabajadores, así como un vactor de Fonatur.
El ex guerrillero y ex integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero Nicomedes Fuentes García, en entrevista con el periódico El Sur Foto: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Segunda y última parte
Después de abandonar las armas de la guerrilla, los militantes en el proceso de ocupación de espacios de poder “nos perdimos porque se dejó de hacer el trabajo que se hacía y se hace más trabajo electoral”, reflexionó Nicomedes Fuentes García en el balance de su vida guerrillera en la década de 1970 y su activismo público a partir de 1982 por la amnistía federal.
Vivió ocho años de cárcel y clandestinidad, y suma décadas de búsqueda de sus compañeros desaparecidos porque los gobiernos, incluidos los de Morena, “no han podido contra la decisión de no tocar a los militares porque los militares saben qué hicieron con nuestros familiares”, señaló el ex integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero.
A la par de la consolidación del Movimiento Armado de Liberación Proletaria 8 de Octubre en el que Nicomedes participaba, el Partido de los Pobres sancionó a Carmelo Cortés en 1973 y el guerrillero contactó a las bases de Acapulco y fundó junto con su pareja combatiente Aurora de la Paz las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Ambos grupos armados urbanos sostuvieron reuniones, pero los estilos eran distintos. Los de las FAR eran “chavos que pues no guardaban la discreción interna” y la guerrilla 8 de Octubre era una organización “muy cuidadosa de los recursos, no se tomaban recursos por cualquier cosa ni mucho menos, destinadas hacia donde iban las cosas”.
Las FAR cooptaron a los dirigentes estudiantiles Saúl López Sollano y Guillermo Sánchez Nava, años después líderes del PRD. “Crecieron exponencialmente, así de fácil, y nosotros no lo veíamos así, sino un proceso de trabajo más de cuadros y las bases trabajadas, y los cuadros a través de un proceso de acercamiento”.
Los libros del finado Arturo Gallegos Nájera sobre su militancia en las FAR ofrecen algunas pistas de esas diferencias.
“Me van a triturar estos cabrones”
La función de Nicomedes, aseguró cautelosamente, consistía en “construir redes, logística, comunicación, de logística, casi no tengo experiencia operativa”.
Ese cuidado que todavía arrastra en su voz pausada y sigilosa, no lo salvó de su segunda detención-desaparición en marzo de 1974, un error “en una situación operativa que trabajó la organización, las cosas no salieron bien y pues a mí me identificaron en una zona campesina donde caminamos”.
Algunos de sus captores eran compañeros suyos de la Facultad de Derecho que buscaban principalmente a García Costilla “porque era el cabecilla”. Se apostaron en el hotel Aurelena de Chilpancingo, donde Nicomedes vivía desde que llegó a la capital del estado finales de la década de 1960 para estudiar, una beca habitacional de la empresa maderera en su pueblo Tepetixtla, Coyuca de Benítez, para que los jóvenes campesinos estudiaran.
Al verlos, Nicomedes consideró lanzarse “de cabeza de tres pisos hacia abajo y no estar en sus manos”, pero no pudo y transcurrieron dos semanas de cárceles clandestinas, una de ellas cerca de la playa La Angosta. “Desde que me detuvieron, yo me digo, ya soy candidato a desaparecer, me van a triturar estos cabrones”.
Actualmente, a los 76 años, compartió su satisfacción de soportar la tortura y no entregar a sus compañeros, “eso para una persona militante o para mí es muy satisfactorio. Yo me contaba que mi nombre estaría tal vez después en alguna lista de desaparecidos”.
Las FAL, “el grupo menos golpeado”
La detención de Nicomedes Fuentes obligó a los integrantes del grupo Movimiento Armado de Liberación Proletaria 8 de Octubre a pasar a la clandestinidad y a cambiar de nombre por las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL). El preso aprovechó el tiempo para cooptar a Octaviano Santiago Dionicio, en la cárcel de 1972 a 1976, a la que regresó en 1978.
Afuera fue cooptada Aída Ramales Patiño, alias Nidia. La dedicación de tiempo completo de los jóvenes permitió al grupo armado crecer en el campo y en la ciudad “con medidas de seguridad apropiadas, creo que dentro de las organizaciones, el grupo menos golpeado fueron las FAL porque sobrevivimos un buen de compañeros”.
No obstante, hubo golpes. El primero de septiembre de 1974, Teresa Estrada Ramírez, joven estudiante de Filosofía y Letras de la UAG que entró al Palacio de Lecumberri para visitar, “sin informar, en solidaridad con el compa detenido, Juan Avilés Lino, y de ahí ya no salió. Repercute porque ella personalmente era muy valiosa”, dijo Nicomedes.
Fue la primera víctima de desaparición forzada de las FAL. Obdulio Ceballos fue asesinado en 1978, cuando salió de la cárcel, de quien dice que “estuvo mucho más cercano al gobierno, a colaborar”.
“Causa mucho coraje” el homenaje a Figueroa Figueroa
Nicomedes salió libre en marzo de 1977 por una amnistía del gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, quien decía que saldrían “por la fórmula ph: por mis huevos”.
Apenas el 9 de noviembre de este 2025, el gobierno e la mo-renista Evelyn Salgado Pineda conmemoró el 117 aniversario del natalicio del ex gobernador priista. La “memoria histórica puede ser útil y se debe dar a conocer a las nuevas generaciones tal como es en realidad”, y el homenaje “causa mucho coraje, remueve situaciones, las decisiones de conmemoración a los victimarios, a los enemigos del pueblo de Guerrero”.
Antes de salir de la cárcel, el temible Mario Arturo Acosta Chaparro, entonces subdirector de la Policía Judicial del estado, le dijo a Nicomedes: “pórtate bien, ya es la segunda, ya no caigas una tercera vez porque la tercera es la vencida, estás chavo, tienes a tu esposa joven y muy guapa, y a tus hijos fulano, fulano”.
Y el procurador Carlos Ulises Acosta Víquez, “un tipo bajito, delgado, ya un poco grande de edad, sus ojos fijos, grandes, muy abiertos, parecían como si estuviera ido o bien drogado”, le dijo que le iba a partir su madre.
Un lustro de clandestinidad
Nicomedes sólo estuvo tres meses con su familia y se reincorporó al movimiento guerrillero, “en buena medida por el peso de protegerlos a ellos y estar de ahí era un gran riesgo para ellos”.
Fueron cinco años de clandestinidad, es decir, un lustro de “vivir realizando actividades cerradas, en entornos cerrados, no significa que encerrarse a pie de los muros, realizar la actividad que estamos impulsando pues en condiciones de secrecía, de cuidado, con una cobertura diferente, con una forma diferente de estar y yo asumí en mis regiones el trabajo político, ideológico y de formación para esto”.
El grupo de las FAL estaba “debidamente estructurado”, sumó en su esplendor seis células integradas por un máximo de seis integrantes cada una, y que podría dividirse en dos si estaba lo suficientemente “madura”.
No había comunicación entre las células, “estábamos compartimentados y la comunicación era por la dirección que le llamábamos Comisión Ejecutiva”. Sin embargo, reconoció Nicomedes, “nunca fuimos un grupo fuerte que fuera, digamos un sitio que pudiera impactar para el cambio social en este país, siempre pensando en que teníamos que confluir con todos los demás, crear las condiciones, recuperarnos de los golpes recibidos”.
El regreso a la vida pública
El entonces presidente José López Portillo decretó una amnistía política en 1978, que se extendió a 1982, lo que permitió a Nicomedes y sus compañeros regresar a la vida pública ese año. Habían sufrido varios golpes. El 18 de octubre de 1980, elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Brigada Blanca desaparecieron a Domingo Estrada Ramírez.
Su cuñado, Juan García Costilla, fue detenido un día antes en Morelia y estuvo desaparecido alrededor de un mes. Luego fue presentado en la cárcel de Hogar Moderno. Salió en 1982 junto con Santiago Dionisio, Arturo Gallegos, entre otros.
El 29 de julio de 1977 fueron desaparecidos Aída Ramales Patiño y Pablo Santana López. Él era estudiante de la preparatoria 7, de la que provenían 13 de los 20 estudiantes de la UAG desaparecidos en aquella década.
Las sobrevivientes de las FAL todavía no encuentran a Víctor Hugo Herrera Peguero y a Sofonías González Cabrera. De ella existe un registro fotográfico, al igual que de Domingo Estrada, de su paso por el centro clandestino de detención transitorio Circular de Morelia 8, en la Ciudad de México, entonces sede de la DFS y actualmente un declarado sitio de memoria.
Las FAL también reivindica a Eusebio Peñaloza Silva, quien no era un integrante formal, pero era amigo de Octaviano Santiago, quien durmió en su rancho en Cuajinicuilapa un día de 1978 huyendo de la acusación de matar a Obdulio Ceballos y al día siguiente Eusebio fue desaparecido. Juan Avilés Lino fue asesinado cerca del municipio de Hidalgo, Michoacán.
La vinculación con la Unión Estudiantil Guerrerense (UEG), particularmente con Guillermo Sánchez Nava, y el proceso de unificación con otros grupos, que condujo al congreso de unidad de la nueva Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) en enero de 1983, diluyó al grupo armado y Nicomedes formó parte de la comisión campesina de la Dirección Nacional de la incipiente organización.
“Lo que ocurrió después fue que se fueron ocupando espacios de poder, aunque sea pequeños o regulares, y ahí fue donde nos perdimos porque se dejó de hacer el trabajo que se hacía y se hace más trabajo electoral o medio popular o medio campesino desde la parte electoral”.
Fundador del PRD, “no me sentí bien en el trabajo del partido y me fui replegando”. Jubilado de la UAG, busca a los desaparecidos como parte del equipo de segui-miento de la Comverdad de Gue-rrero y reivindica constantemente la recuperación de la memoria histórica en los eventos conmemorativos de las víctimas de la guerra sucia.
Fue cercano al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad creada en el 2021 por el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador.
Conferencia de prensa de los integrantes de la sección 182 del Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores, Transportistas en General Similares y Conexos de la República Mexicana en el restaurante 7 Leguas Foto: Argenis Salmerón
Argenis Salmerón
Ayer rindió protesta Jorge Luna Morales como secretario general de la sección 182 del Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores Transportistas en General, Similares y Conexos de la República Mexicana, perteneciente a la CTM.
La actividad se llevó a cabo en el restaurante 7 Leguas, ubicado en la zona Diamante. El nuevo líder se comprometió a regularizar todos los permisos, porque aseguró que las dependencias de los tres órdenes de gobierno lo están exigiendo para la contratación.
El líder nacional del sindicato, Juan Carlos Flores Flores, dio a conocer que hay de 100 a 200 secuestros denunciados de choferes en el país, pero están amenazados.
Aseguró que “si hacen algo se van contra la familia, es muy delicado lo que está pasando”.
Aseguró que la inseguridad está en todas las carreteras del país como Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa y Jalisco, “hay secuestros de camiones y choferes y algunos los asesinan, y se van sobre la familia, es un problema gravísimo”.
“En las fronteras los trailers están varados de varios días, no entregan el trabajo, no tienen pago, el país se está devorando”, puntualizó.
De la manifestación que se dio en el país el miércoles pasado, el líder sindical afirmó que no está politizado el movimiento, menos que haya un partido político, “es una mentira, que le pregunten a un chofer que anda batallándole, luchándole, no se está diciendo la verdad, tenemos problemas graves”.
El nuevo líder, Luna Morales, pidió a los tres órdenes de gobierno que regresen a ver al sindicato para que los tomen en cuenta en las obras que llevan a cabo.
Aseguró que están regularizando en el transporte, “ya estamos sacando nuestra renovaciones para el estado, igual con el sindicato con los permisos de Ecología”.
Declaró que hay camiones piratas que cobran un viaje de escombro en 3 mil pesos y se desconoce dónde arrojan los cascajos de construcción, “es una competencia desleal, porque son los gastos de operación, y nosotros en 6 mil pesos por ese viaje”.
Afirmó que los dueños de empresas piensan que el representante del sindicato roba, pero “no es así, entonces hay mucho temas que hay que ver, queremos que el gobierno nos sigan abriendo las puertas para estar regularizados”.
“Que nos vean como avasalladores, al contrario las empresas son nuestros patrones, porque nos dan trabajo y tengamos el pan para nuestras familias”, recalcó.
Manifestó que se comprometerá en esta nueva encomienda de la sección 182 y representará a los trabajadores defendiendo sus derechos laborales.
El ex líder de la sección 182 y padre del nuevo líder, Jorge Luna Sánchez, informó que tiene un contrato colectivo de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerreo firmado por el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, “ya se ganó”, pero lo impugnó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
“En el estado de Guerrero no tenemos autoridad, la autoridad ve a otro lado, menos a la clase trabajadora como el campesino, el hotelero, el camionero, quienes merecen la misma atención”, sostuvo.
Advirtió que se manifestarán para que reconozcan el contrato colectivo, “tiene más de 15 años que lo firmaron y hasta el día de hoy no lo habíamos procedido para darle certeza jurídica, pero llegando la gobernadora trató de echarlo abajo”.
El sindicato de la sección 182 tiene 350 agremiados con máquinas retroexcavadoras, camiones de volteo, góndolas. Principalmente la fuente de trabajo son las construcciones.
A la actividad asistieron el líder estatal de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, Agustín González Álvarez, y los cetemistas César Landín Pineda, Rodolfo Escobar Ávila y Julio Valle.
Los 15 trabajadores sindicalizados del condominio privado Playa Ixtapa, ubicado en la zona hotelera I de Ixtapa, que desde el 8 de septiembre pasado mantenían una huelga en demanda de que la parte patronal respetara y cumpliera su contrato colectivo de trabajo, fueron liquidados laboralmente debido a que no pudieron llegar a acuerdos con sus patrones, además de que ya habían empezado a recibir amenazas.
Ayer lunes, vía telefónica, uno de los trabajadores comentó que el viernes 10, en el Tribunal Laboral, ubicado en esta ciudad, se llevó a cabo la última audiencia en la que se pretendía llegar a un acuerdo conciliatorio, “pero nos liquidaron a todos, ya no nos quisieron, la solución no fue atender lo que nosotros estábamos pidiendo, sino mejor despedirnos; otra, tampoco nosotros queríamos seguir trabajando ahí, ya eran tres, cuatro huelgas las que llevábamos, ya iba a ser incómodo regresar otra vez”.
“Llegamos a un convenio que mejor nos liquidaran, sino querían regresarnos, que mejor nos liquidaran y sí, fue el mejor convenio porque muchos aceptaron rápido, éramos 17, pero dos renunciaron antes y sólo quedábamos 15, a nosotros 15 nos liquidaron al 100, conforme a la ley y ahora nos toca buscar otro trabajo porque en este caso, los patrones, lejos de querer llegar a una buena conciliación, nos liquidaron”.
El trabajador comentó que en los alegatos la parte patronal señalaba, “que nosotros estábamos atacando sus bienes, pero no, es la mala administración que ahí tienen, no otra cosa, lo único que nosotros pedimos es un trato digno, que no nos dan y estábamos pidiendo las prestaciones que tampoco nos dan, no nos dan vales, no nos dan ni uniformes, no nos dan los pasajes, la comida nomás de lunes a viernes y hay muchas inconsistencias que la verdad, estábamos incómodos y un salario que ya llegábamos al mínimo”.
Recordó que, “ganábamos bien al principio, pero ya no nos subieron por la mala administración que tenían y siguen teniendo; yo la verdad no recomiendo ese lugar para que entren a trabajar ahí, te dan un trato indigno, ahí quieren burros, uno tiene que hacer todo, tienes que planchar la playa, poner camastros, poner colchones, atender el bar, uno era milusos por un mísero sueldo, no conviene, la verdad”.
“Fue lo más sano para nosotros como trabajadores que después de un mes y dos días, mejor decidimos que nos liquidaran conforme a la ley y sobre todo porque a uno de mis compañeros empezaron a llamarle varios condóminos y ya eran prácticamente amenazas lo que nos estaban haciendo por parte de varios dueños de los departamentos del condominio, sonaba a amenaza dentro de lo que cabe porque le decían que eran 40 poderosos, ¿a qué le suena eso?, y es cierto, tienen mucho dinero, entonces, hablamos entre todos y caímos a la cuenta de que iba a ser indigno regresar, mejor buscamos la forma de que nos liquidaran a todos y fue lo más viable”, acotó.
Lo que los 17 trabajadores sindicalizados afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) exigían con su huelga era que se respetara y se cumpliera el contrato colectivo de trabajo, se les pagaran sus salarios caídos, así como sus retroactivos, vacaciones, un bono trimestral y un bono de calzado.
Denuncias de números de celular utilizados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada para extorsionar a choferes de Urvan del trasporte público de la zona Poniente de Acapulco, en el bloqueo la tarde de ayer en la Calzada de Pie de Cuesta y la carretera Acapulco-Zihuatanejo Foto: Carlos Carbajal
Argenis Salmerón
Choferes de camioneta tipo Urvan de las rutas de la zona poniente bloquearon una hora la calzada Pie de la Cuesta para denunciar extorsión y amenazas de muerte.
Después de la 3 de la tarde, unas 100 camionetas Urvan fueron atravesadas en la vialidad, en un semáforo que conecta con el fraccionamiento Mozimba.
Además, otras 50 cerraron los dos sentidos frente al ex motel La Luna y una gasolinería.
Aproximadamente a las 3:30 de la tarde se escucharon detonaciones de arma de fuego en la parte alta de la unidad habitacional Adolfo López Mateos, Palomares.
Se supo que los disparos fueron dirigidos a los choferes de camionetas Urvan. Una bala se incrustó en el cristal de la Farmacia del Ahorro, donde había vehículos estacionados como parte del bloqueo.
El estacionamiento de la Farmacia del Ahorro, se ubica a 50 metros del bloqueo de las camionetas Urvan de las rutas de la zona poniente.
Sin embargo, los choferes del transporte público no desistieron del bloqueo y siguieron con su manifestación.
Los trabajadores de la farmacia sí cerraron el establecimiento por el disparo, por temor y seguridad.
Incluso algunos locales aledaños cerraron sus cortinas por los disparos como un taller de motocicletas, un taller mecánico y un autolavado.
“Basta de estar matando y robando el dinero a los choferes, déjenos trabajar pinches lacras”. “…Este es el número que nos extorsiona y nos amenaza de muerte, ya estamos hartos”, se leía en algunos de los medallones en los vehículos del transporte público.
Los choferes del transporte público no quisieron dar entrevistas a los reporteros de los diferentes medios de comunicación.
Las rutas de camionetas son Antorcha Revolucionaria, Jardín Mangos, Jardín Azteca, Jardín Palmas, Pie de la Cuesta, San Isidro y El Pedregoso.
El bloqueo generó un fuerte tráfico vehicular, y los conductores tomaron la vía alterna a la calle 16 para salir a la avenida Ejido y viceversa.
Algunas personas prefirieron caminar el tramo del bloqueo y después tomar otro transporte para llegar a sus destinos.
Se informó que los choferes de las camionetas Urvan fueron atendidos por las autoridades vía telefónica, y que hoy tendrán una reunión para atender su demanda.
Efectivos de corporaciones de los tres órdenes de gobierno reforzaron la vigilancia con recorridos en patrullas y a pie en el perímetro de los terrenos de la Feria de la Bandera de Iguala, luego de que la mañana de este lunes se reportó una tercera cartulina de amenaza que presuntamente fue abandonada en la parte externa de las instalaciones.
Luego de este hecho y el homicidio de un adolescente de 15 años, presuntamente relacionado con esas amenazas, integrantes de la Mesa de Coordinación encabezados por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, recorrieron las instalaciones junto al alcalde Erik Catalán Rendón, el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Ezequiel Félix García Mendoza; el comandante del 25 batallón de Guardia Nacional en el estado, Renato Delgadillo Rodríguez y el secretario de Seguridad Pública del estado, Josué Barrón Sevilla, para verificar los protocolos de seguridad para esta festividad que inicia el viernes.
Antes de ese recorrido el alcalde, mediante una transmisión en vivo en su cuenta personal de Facebook, afirmó que los preparativos y la venta de locales ya están al 98 por ciento, y reiteró que será una Feria de la Bandera “muy cuidada” por los tres órdenes de gobierno con la instalación de cámaras de vigilancia y arcos detectores de metales.
Los operativos y una nueva cartulina de amenaza
Poco antes del mediodía un numeroso convoy de efectivos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal se desplegó en la zona perimetral de los terrenos de la Feria, junto al Periférico Norte, y trascendió que a la par se realizó un cateo en una casa del fraccionamiento Tamarindos ubicado junto a las instalaciones, casos de los que no hubo información de las autoridades.
Fuentes policiacas informaron que una fotografía con una cartulina en la que se advierte de un “tercer aviso” y sobre de ella un artefacto que parece un explosivo, fue enviado a diferentes plataformas de Facebook y redes sociales para su difusión, pero que cuando llegaron policías y militares al lugar indicado no hallaron tal mensaje ni el presunto explosivo.
Esta serie de amenazas inició la noche del lunes en la que fueron pegadas en distintos lugares de la barda perimetral de las instalaciones y en diferentes horarios al menos tres cartulinas en la que exigen la cancelación de la Feria de la Bandera. Los mensajes no fueron adjudicados a ningún grupo delictivo, y solo son firmadas por “El Muerto” y “El 11”.
En el perímetro de los terrenos de la Feria ubicados en el Periférico Norte y colindancias con las los fraccionamientos Palomas, Hábitat y Tamarindos, así como con terrenos del Instituto Tecnológico, se vieron recorridos en patrullas y a pie de policías estatales y municipales, así como de soldados del Ejército y de la Guardia Nacional.
La inauguración de la Feria de la Bandera está anunciada para las 7 de la tarde de este viernes en el que se espera la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y hasta está el cierre de esta edición las autoridades no han emitido ninguna información relacionada con estas presuntas amenazas.
En tanto que a las 3:30 de la tarde fue hallado asesinado a balazos y mutilado de las dos manos un adolescente de 15 años, que mediante cartulinas y un video de un interrogatorio al que fue sometido, fue relacionado con la colocación de amenazas contra la realización de la Feria, en el que advierte que sus cómplices tienen planeada la quema de vehículos y uso de drones con explosivos, una amenaza similar a la de 2024 que llevó a la cancelación de la Feria y todas sus actividades relacionadas.
Supervisan autoridades las instalaciones
De acuerdo con un boletín de prensa en la supervisión de las instalaciones de los terrenos de la Feria de la Bandera en la víspera de inicio de la celebración, los mandos civiles y militares revisaron los puntos de acceso, salidas de emergencia, dispositivos de seguridad, la distribución de agentes e instalaciones de Protección Civil y servicios de atención médica para garantizar una respuesta eficaz en caso de cualquier eventualidad.
Anoche, a cuatro días de que inicie la festividad, el reporte de una supuesta granada y una cartulina con un mensaje de amenaza dentro de las instalaciones movilizaron a corporaciones policiacas y militares que no localizaron nada. El alcalde de Iguala Erik Catalán, afirmó en un mensaje que están garantizadas la celebración y la seguridad del evento que se canceló hace un año por la inseguridad y al que está invitada la presidenta Claudia Sheinbaum. En la imagen, patrullas en la zona en la que ya se ven toldos para los puestos Foto: El Sur
Moviliza a policías una amenaza a la Feria de Iguala; la seguridad está garantizada: alcalde
A días de su inicio, reportan al 911 que habrían lanzado una granada de fragmentación a las instalaciones de la feria, que no fue encontrada, pero hallan una cartulina con amenazas. A la búsqueda del artefacto también se sumaron militares
Alejandro Guerrero
Iguala
Un reporte de una supuesta granada de fragmentación y una cartulina con un mensaje de amenaza dentro de las instalaciones de la Feria de la Bandera, movilizaron anoche a corporaciones policiacas y militares que no localizaron nada, en tanto que el alcalde Erik Catalán Rendón afirmó en un mensaje que la celebración y la seguridad estaban garantizadas.
A las 9 de la noche mediante su cuenta personal de Facebook el alcalde reiteró anoche que la Feria de la Bandera y la seguridad están “garantizadas”.
“Pido a la ciudadanía Igualteca no dejarse llevar por malas noticias, dolosas y sin sustento. La Feria está garantizada y la seguridad también. Cualquier situación se dará a conocer por medios oficiales exclusivamente. Somos más los buenos. Abrazos”, escribió el edil.
Hasta anoche que ocurrió el reporte y la presencia de militares y policías, las instalaciones de la Feria de la Bandera estaban prácticamente vacías. Sólo había algunos trabajadores que colocan los stands donde se instalarán los negocios en la zona de bares. A unos días de que inicie la Feria, el 14 de febrero, ya fueron instalados algunos juegos mecánicos, carpas donde se instalarán los negocios y la plaza de toros portátil.
Poco después de las 7 de la noche mediante una denuncia hecha en el número de emergencias 911 y que se replicó en algunas páginas de Facebook, se informó de que una supuesta granada de fragmentación fue lanzada en el terreno donde se realiza la Feria de la Bandera, y donde se realizan los preparativos ante su anunciada inaugu-ración para el viernes, en la que se prevé la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La denuncia generó una movilización de efectivos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, que su-pervisaron las instalaciones, pero no lo-calizaron la supuesta granada de fragmen-tación y en seguida se retiraron del lugar.
Poco después también se reportó el hallazgo de una supuesta cartulina con un mensaje de amenaza escrito, hecho que no fue confirmado por las autoridades. Mientras que en algunas páginas de Facebook se difundió una cartulina con un mensaje mal escrito firmado por “666 y 11”, en el que se lee de un supuesto “primer aviso”.
La edición de la Feria de la Bandera 2024, que conmemora el Día de la Bandera, el 24 de febrero, fue cancelada una semana antes de su inauguración luego de que presuntos miembros de la organización delictiva La Familia Michoacana asesinaron a dos trabajadores de la empresa Erca Producciones en un módulo de venta de boletos para el palenque dentro de la plaza comercial Galerías Tamarindos.
Asimismo, amenazas contra empre-sarios, comerciantes y al entonces alcalde, el priista David Gama Pérez, de quien además amostraron videos y fotografías de un supuesto encuentro con miembros de la organización en la Ciudad de México.
Para la edición de este año, la gobernadora Evelyn Salgado dijo que hay un “80 por ciento” de probabilidades de que asista la presidenta Claudia Sheinbaum.
La presidenta municipal de San Nicolás, Tarsila Molina Guzmán, se presentó en el Congreso local. Esto, a dos meses y medio de que el diputado local y dirigente estatal del PVEM, Alejandro Carabias Icaza, denunció que salió de ese municipio de la Costa Chica después de su toma de protesta, por los riesgos y amenazas directas en un contexto de violencia en la región, y que se desconocía de su paradero.
De acuerdo con una publicación en Facebook de la diputada local del PVEM, Obdulia Naranjo Cabrera, Molina Guzman, la primera presidenta municipal de San Nicolás entregó el primer Plan de Desarrollo del municipio de nueva creación.
La leyenda está acompañada con una fotografía de la alcaldesa entregando el documento al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Parra García, a la diputada local y al diputado Carabias Icaza.
Todos los alcaldes del estado y el Concejo del ayuntamiento de Ayutla de los Libres, que se rige por usos y costumbres, deben entregar los planes de trabajo de las nuevas administraciones municipales a más tardar el 3 de diciembre de 2024. A la fecha continúa la entrega. Se conoció que ayer acudió el de Iguala.
Pero el caso de San Nicolás tiene particularidades. El 29 de octubre, Carabias Icaza denunció que tanto el alcalde de Cuajinicuilapa Hildeberto Salinas Mariche, como la alcaldesa de San Nicolás, electos por la alianza Sigamos Haciendo Historia, bajo las siglas del PVEM, salieron del municipio tras varios asesinatos y amenazas a su integridad, y no tenía contacto con ellos.
Adelantó que había solicitado medidas cautelares al gobierno del estado para su protección.
Incluso, el alcalde y síndico de Cuajinicuilapa solicitaron licencia en el Congreso local, que no ratificaron y quedaron sin efecto al regresar a sus funciones la segunda semana de noviembre, tras un mes ausentes.
En el caso de San Nicolás, fuentes del municipio informaron que la alcaldesa regresó al ayuntamiento hace un mes con custodia estatal, pero desde principios de diciembre aparece en fotografías con otras autoridades en actividades institucionales fuera del municipio.
La fuente incluso señaló que el Ayuntamiento canceló las festividades de fin de año que se tenían previstas para evitar riesgos en la población mientras se restablece la normalidad en el municipio.
En su cuenta de Facebook, Molina Guzmán no hizo publicaciones, del 10 de octubre hasta el 8 de noviembre, cuando difunde fotos sobre las labores de limpieza en plazas y comunidades costeras afectadas por el huracán John.
Desde el 2 de diciembre aparece personalmente en fotografías en actividades oficiales, de las que hubo poca difusión por su seguridad, mientras se restablece la normalidad porque todavía existen temores, incluso en los ciudadanos.
También se informó que apenas esta semana se restableció el regreso a clases en la cabecera municipal, y se estima que la próxima semana se normalicen las clases en las comunidades, suspendidas a raíz de la confrontación de grupos delictivos en la zona.
La información documentada por El Sur señala que el 12 de octubre, un dirigente del transporte público, Antonio “N” y su hermano fueron asesinados a balazos en un sitio de taxis, en el centro de Cuajinicuilapa. El 13, hombres armados incendiaron la casa y un vehículo del tesorero municipal Roberto Avelino, quien habría huido del municipio. Y ese mismo día en el crucero El Pitayo, municipio de San Nicolás, y en Cuajinicuilapa, fueron esparcidas las extremidades de los cuerpos de dos hombres sobre la carretera.
Ponentes del conversatorio “La violencia política contra las mujeres en razón de género en el ámbito local” llevado acabo en el Auditorio del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La alcaldesa de Juchitán, la panista Ana Lenis Reséndiz Javier, reveló que durante la campaña como autoridad electa fue hostigada por personas armadas, al grado que llegó a tener 14 agentes de la Guardia Nacional para su seguridad, durante el Conversatorio de Mujeres Afromexicanas organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
La ex candidata de Morena a la alcaldía de Marquelia, Marben de la Cruz Santiago, en la mesa, señaló que también se sintió amenazada y solicitó medidas cautelares en los días anteriores a la elección del 2 de junio.
Añadió que además del contexto de violencia contra actores políticos del proceso electoral, todas las candidatas afrodescendientes sufrieron violencia política en razón de género por ser mujeres, negras, jóvenes y pobres.
En el auditorio del Tribunal Electoral del Estado, particularmente Reséndiz Javier señaló que los competidores hombres utilizaron distintos estereotipos machistas para desprestigiarla en redes sociales, con palabras altisonantes, y en medios locales la acusaron a ella y a su esposo de ser narcotraficantes, de pagar bautizos, bodas, construcciones, como si manejaran muchos recursos.
Aclaró que tuvo miedo pero se defendió y cuidó un triunfo que había ganado. Incluso, en dos meses que va de su gobierno demostró sensibilidad y capacidad para encabezar el ayuntamiento. Sólo lamentó que la población machista, hombres y mujeres siga usando sustantivos discriminatorios por sus características físicas.
“No se reconoce que como mujeres somos capaces de sacar adelante el municipio. En dos meses hemos hecho más que ellos, y les cuesta trabajo aceptarlo. Ahora dicen, salió buena la gallina, y molesta”.
De las amenazas, informó que cuando mataron al alcalde electo de Copala, Salvador Villalba Flores, comenzó a recibir comentarios: “lo mismo le va a pasar a la presidenta electa de Juchitán”, “retírate porque sabemos que tiene un hijo”, “porque eres tú o eres tu esposo”.
Incluso pensó en dejar de pelear por su triunfo, con un margen muy cerrado de 19 votos, pero su hijo la animó a continuar,“por las niñas y las mujeres”, le dijo.
Añadió que “no debo nada, pero me sentía mal, porque de tener siete agentes de la Guardia Nacional (en la campaña), me mandan otros, 14 en total. No es fácil tener 14 hombres cuidándote. No podía salir ni a la puerta de la casa”.
Consideró que la seguridad federal la sacó a flote, porque “hubo muchos compañeros que perdieron la vida, y sus familias siguen en duelo”.
Reconoció en Marben de la Cruz, una aliada a pesar de que pertenecen a partidos distintos, como compañeras en la 63 legislatura local, la anterior, le decían: “ver más negras en espacios de poder, conforta”.
En su intervención, De la Cruz señaló que a las mujeres siempre tienen que demostrar el doble o triple de los hombres, explicar por qué tienen derecho a ocupar los espacios de poder.
Subrayó que independiente de su activismo, las mujeres son representantes populares por las luchas de optas mujeres por las acciones afirmativas, nada fue gratis, “es triste y se sigue viviendo actualmente”.
La representante del pueblo afroamericano en el IEPC, Mijane Jiménez Salinas, confirmó que Juchitán es un pueblo muy machista, del que salió amenazada una vez, después de impartir un taller.
De su historia, compartió que fue candidata a diputada federal en 2015, y en 2022, y toleró comentarios misóginos y acoso sexual, para poder participar en los actos políticos de los hombres, que sí tenían una red fuerte de apoyo en el patriarcado.
Fue promotora del reconoci-miento de la identidad afro en la encuesta intercensal del Inegi hace 10 años, y sigue luchando contra los estereotipos hacia las mujeres afros, hipersexualizadas, que ha sido también un obstáculo para acceder a la participación política.
“Tenemos una crisis de falta de reconocimiento de nuestras propias luchas, es más fácil reconocer al varón, que la triple carga de las mujeres para lograr una acción afirmativa”, denunció.
De todo el trabajo que han es-tado realizando en comunidad, des-tacó que en un foro nacional de pueblos negros este año, los demás hablaban de usurpación de candida-turas afros, que no pasó en Guerrero.
“No, porque tiene que ver con esta falta de información que tienen los pueblos en materia de derecho político electoral. Resultado de la difusión que existe esta figura que no llega por magia, sino por sentencias y por un proceso de consultas”.
