Guardan en el Congreso minuto de silencio por el asesinato de la trabajadora de la UAG

Diputados locales guardan un minuto de silencio al inicio de la sesión de ayer, en memoria de la trabajadora universitaria asesinada el domingo en Acapulco Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Los diputados locales guardaron un minuto de silencio al inicio de la sesión de este martes, en memoria de la trabajadora eventual de la UAG, Ivonne Hernández Nava, asesinada el pasado domingo cuando participaba en un paro afuera de las instalaciones de la Coordinación General de la Zona Sur, en Acapulco.
“A nombre de la bancada de Morena quisiera solicitar un minuto de silencio en este pleno en memoria de Ivonne Hernández Nava, quien lamentablemente fue asesinada este fin de semana tras una protesta que realizaba en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero”, dijo la diputada Araceli Ocampo Manzanares.
Ante la solicitud, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Carabias Icaza, declaró el minuto de silencio y pidió a los diputados ponerse de pie, una vez concluido el minuto inició la sesión ordinaria de este martes.

No puede quedar impune: Urióstegui

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, el morenista Jesús Urióstegui García, dijo que el ataque armado donde falleció la trabajadora universitaria no debe quedar impune.
En conferencia de prensa en el Congreso local, Urióstegui García lamentó los hechos donde falleció la maestra Ivonne Hernández y llamó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a dar resultados en las investigaciones.
“Primero toda nuestra solidaridad con toda la comunidad universitaria, son hechos absolutamente lamentables… De verdad reiteramos el llamado a la Fiscalía del Estado haga las investigaciones pertinentes para que se pueda aclarar este hecho que no puede quedar impune, de verdad repudiamos y condenamos estos hechos”.
A pregunta de si comparte el llamado de su compañera diputada de Morena, Diana Bernabé Vega, para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones, Urióstegui García confió en que la FGE pueda atender el caso, pero que de ser necesario no hay problema en que intervengan las autoridades federales.
“Hay una Fiscalía del Estado que es a la que le corresponden estas investigaciones, y de ser necesario que se atraiga por la federación, pero yo reitero es un hecho que condenamos, que tiene que investigarse. y la Fiscalía tiene que dar resultados.
“Hay un tema que se tiene que desahogar, que tiene que atender la Fiscalía del Estado que es la autoridad responsable de las investigaciones y el llamado siempre atento y respetuoso es para que sea esta autoridad que es la responsable de con los resultados necesarios”.

 

En desuso el tablero electrónico y tablets compradas por el Congreso local en 2018

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El tablero eléctrico del Congreso local, que causó la controversia en la sesión del miércoles pasado, tuvo un costo de 7 millones 100 mil pesos, se usó en una ocasión en la que los diputados no la supieron utilizar ; luego por las amenazas de irrupciones de protestas al recinto legislativo fueron retiradas del pleno las tablets y los detectores de huellas que complementaban el sistema.
Siete años después de que la instalación del tablero fuera anunciada como un logro de la Cuarta Transformación y su política de austeridad, todo el sistema está en desuso y los diputados continúan emitiendo su votó de manera personal.
Las dos pantallas solo sirven para colocar el logo de la legislatura y en ocasiones la lista de los diputados presentes en las sesiones, mientras que las tablets están resguardadas y sin uso.
En noviembre del 2018, tiempos de la primera legislatura con mayoría morenista, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, anunció la compra e instalación en el pleno de un tablero electrónico, además de 46 tabletas y lectores de huellas que en teoría facilitarían las labores legislativas.
“El 24 de noviembre de 2018 el Congreso local lanzó la primera Licitación Pública Nacional para la instalación y adquisición del Tablero Electrónico, en que participaron cinco empresas y el fallo de adjudicación fue el 11 de diciembre por un monto de 7.1 millones de pesos”, se lee en un boletín que fue difundido por la dirección de Comunicación Social del Congreso.
Con la designación de Sandoval Ballesteros como delegado del Bienestar en Guerrero, su cargo fue ocupado por el morenista Antonio Helguera Jiménez, quien finalmente compró e instaló los nuevos aparatos en el salón de sesiones.
Los 7 millones 100 mil pesos gastados en el tablero, las tabletas y los lectores de huellas fueron para registrar las asistencias y las votaciones de los diputados, pero después de dos sesiones no los volvieron a utilizar.
Helguera Jiménez justificó la compra y dijo que con la instalación de un sistema moderno se transparentaría el voto de los diputados y se reduciría el uso de papel, porque ahí registrarían asistencia, votarían y tendrían acceso a todos los documentos necesarios para las sesiones, como el orden del día, puntos de acuerdo e iniciativas.
Después de la presentación hubo dos intentos de utilizar el tablero, pero la Mesa Directiva terminó por contar los votos de manera directa. Los diputados volvieron a realizar el pase lista de manera normal, sin tecnología; desde su curul gritan presente y los integrantes de la Mesa Directiva los anota; para las votaciones es igual.
Las tabletas y los lectores de huellas fueron retirados después de varias amenazas de protestas por parte de maestros y estudiantes y, desde entonces, siguen sin colocarlas. Lo único que quedó fue el enorme tablero electrónico que ahora sirve como pantalla donde sólo proyectan el logo del Congreso.
Pero el sistema adquirido por el Congreso constó de 2 macropantallas, 46 tabletas, micrófonos y lectores de huella para cada uno de los diputados, un servidor, 4 videocámaras para la grabación y transmisión de las sesiones y un software exclusivo.
De acuerdo con fuentes legislativas, el problema del software fue porque el Congreso no tiene la infraestructura tecnológica y de internet necesaria para utilizarlo.
Además del tablero electrónico, otro de los sistemas instalados en el Congreso que está en deshuso es una plataforma automática para silla de ruedas que baja de la entrada del pleno a la tribuna.
En agosto del 2022 dicho artefacto fue instalado y anunciado por el propio Congreso como parte de “una serie de adecuaciones para garantizar que las y los diputados que tengan alguna discapacidad motriz puedan tener acceso a la tribuna y plena movilidad dentro del Salón de Plenos”.
Se trata de una plataforma de elevación con barandales desmontables, mismas que funcionan a través de presión hidráulica que sería maniobrada con un control remoto.
El aparato fue utilizado en una ocasión para la diputada Elzy Camacho Pineda, pero fue tan complicado de utilizar que tardaron alrededor de 40 minutos en lograr que funcionará.
En la actual legislatura, el diputado Juan Valenzo, quien usa silla de ruedas, utiliza las rampas físicas para bajar de su curul a la tribuna. De dicho aparato no hay información sobre su costo.

 

Ordena juez al Congreso emitir la Ley de Declaración Especial de Ausencia

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Un juez de distrito ordenó al Congreso local emitir de manera inmediata la Ley en materia de Declaración Especial de Ausencia, ante la omisión legislativa por incumplir una obligación constitucional derivada de Ley General en Materia de Desaparición de Personas aprobada por el Congreso de la Unión desde 2015.
Dicho amparo emitido por el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero, el Congreso deberá emitir la Ley de Declaración Especial de Ausencia, luego de una resolución dictada en el juicio de amparo 813/2025, en la que se determinó que el poder Legislativo local incumplió con su obligación de expedir esta norma.
De acuerdo con el oficio turnado al pleno en la sesión de este martes, la sentencia establece que la emisión de la mencionada ley deberá realizarse en el periodo legislativo inmediato, al tratarse de una obligación derivada de la Constitución, de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas y de tratados internacionales.
La resolución judicial indica que la falta de esta legislación ha impedido que familiares de personas desaparecidas accedan a una figura jurídica que les permita proteger sus derechos patrimoniales, de seguridad social y derechos civiles que mantiene a las víctimas en una situación de vulnerabilidad.
El fallo también establece que la ley deberá contar con condiciones para su aplicación efectiva, incluyendo recursos presupuestales y mecanismos de capacitación para las autoridades encargadas de su implementación.
El amparo por dicha omisión legislativa fue promovida por la titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, Jaqueline Sáenz Andujo.
Con dicha resolución, el Congreso quedó legalmente vinculado a cumplir con la emisión de la Ley de Declaración Especial de Ausencia.
En la sentencia se indica que la sentencia de amparo se tendrá por cumplida al momento en que se expida la ley local en Materia de Declaración Especial de Ausencia correspondiente a esta entidad federativa.
También se vincula al poder Ejecutivo para que garantice y regule la figura de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado y destine presupuesto para su aplicación.

 

Ya se elabora en la Corte el proyecto que se votará de la reforma judicial local: Cayetano

El ex diputado federal de Morena y ex secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Rubén Cayetano García, informó que en la acción de inconstitucional realizada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma al poder Judicial del estado, ya se formularon los alegatos y se cerró la instrucción, por lo que sólo falta la elaboración del proyecto de resolución para que sea sometido a votación del pleno.
En una consulta telefónica, Cayetano García, quien solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la acción de inconstitucionalidad, explicó que una vez formulados los alegatos y cerrada la instrucción el asunto pasó a manos de la ministra María Estela Ríos González para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
Dicha reforma local fue impugnada mediante dos acciones de inconstitucionalidad, tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como por la entonces consejera jurídica de la Presidencia de la República, hoy fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, debido a diversas irregularidades en los procedimientos.
Cayetano García dijo que ambas acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas por la SCJN, acumuladas en un solo expediente y que ya concluyeron todas las etapas procesales, incluyendo la solicitud de informes y la presentación de alegatos por las partes involucradas.
Actualmente el expediente está en estado de resolución, por lo que el proyecto que resolución podrá ser discutido y votado en el pleno de la SCJN en el transcurso de enero.
Las impugnaciones radican en la designación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y del Tribunal de Disciplina Judicial, ya que la reforma federal establece que quien obtenga el mayor número de votos en la elección debe asumir la presidencia de dichos órganos, mientras que la reforma local, aprobada por el Congreso del Estado estipula que, aunque se elige por voto popular a los integrantes del pleno, posteriormente se permite que entre ellos elijan quién presidirá los tribunales.
Mientras que la acción de inconstitucionalidad hecha por la Consejería Jurídica de la presidencia es para impugnar los artículos 97, inciso C, párrafo segundo, y 162 Bis, párrafo tercero y cuarto en materia de selección de aspirantes y su insaculación.
Cayetano García consideró que la reforma al poder Judicial local fue hecha a modo por los diputados locales y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quienes buscan “mantener un Poder Judicial anquilosado y corrupto, situación que será revertida cuando el pueblo elija directamente a sus autoridades judiciales en 2027” (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).

Tratan en el Congreso casos de niño asesinado y de agente de GN que presuntamente se suicidó

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Diputados locales del PAN, MC, PRI y Morena lamentaron el crimen de Alexis, el niño de 2 años asesinado el lunes por su padrastro Eder Alexander y su madre Olga María, en Chilpancingo.
En el orden del día previamente acordado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva del Congreso local no estaba previsto abordar el tema, pero fue a iniciativa de la panista Irene Montiel Servín, quien solicitó agregar una participación para fijar una postura al respecto en tribuna.
Aunque durante la lectura del orden día, los diputados estaban más atentos a los abrazos y felicitaciones por el año nuevo, además de roscas por el Día de Reyes que se regalaron entre ellos.
Después de la solicitud de participación de Montiel Servín, se sumaron la emecista Erika Lührs Cortés, la morenista Araceli Ocampo Manzanares y el priista Alejandro Bravo Abarca.
En la misma discusión, los diputados también exigieron una investigación exhaustiva por el caso de la agente de la Guardia Nacional hallada muerta la noche del lunes en Acapulco.

El homicidio, una alerta roja: PAN

La primera en subir a tribuna fue la diputada del PAN, Irene Montiel Servín, quien exigió justicia y una investigación “con enfoque superior de la niñez”.
“Cuando un menor muere por violencia en el hogar, no solamente es una tragedia en una familia, es una alerta roja para nuestro estado”.
Pidió que haya capacitaciones y protocolos para prevenir, detectar y atender problemas de violencia familiar y salud mental.
Montiel Servín mencionó que en la mayoría de casos de violencia familiar hay señales como adicciones, gritos y problemas mentales que no se detectan por falta de atención del gobierno y sus instituciones.
Propuso que las instancias responsables incorporen herramientas básicas para la detección de riesgos de violencia familiar durante recorridos domiciliarios, así como “rutas claras” de canalización a instituciones como el DIF, el sector salud y las fiscalías especializadas.
“La vida de nuestras niños no admite escusas ni demoras. Por el niño de dos años que no podrá crecer, exigimos justicia y exigimos prevención real, no solamente simulación”.

El Estado no protegió al menor: MC

La diputa de MC, Erika Lührs Cortés, consideró que al menor asesinado “no lo protegieron” pese a que había antecedentes de violencia.
“Eso es inaceptable en una sociedad que se dice democrática. No podemos normalizarlo, no podemos verlo como una noticia más, no podemos verlo solo como la tragedia de un pequeño que pierde la vida, tenemos que verlo como una sociedad que se está descomponiendo”.
Lamentó que el menor era víctima previamente de violencia familiar y que no se le protegió, al permanecer en un entorno donde finalmente perdió la vida a golpes.
Consideró que hechos de esa naturaleza “no tienen cabida en la sociedad”.
La morenista Araceli Ocampo Manzanares exigió a las autoridades justicia pronta y expedita para el menor.
Otra de sus exigencias fue que las investigaciones contra los presuntos responsables no se detengan.
“No hay palabras para describir un dolor tan grande de una vida cegada por la violencia, de un lugar donde debería de haber cuidados y protección”.
Pidió que no haya impunidad y que el peso de la ley caiga contra los responsables.
“No podemos permitir que la violencia contra la niñez se normalice o quede en el olvido”.
El diputado del PRI, Alejandro Bravo Abarca, exigió justicia y aplicación de todo el peso de la ley contra los responsables del homicidio del menor.
Lamentó el asesinato y señaló que el caso debe “llevar a una reflexión profunda sobre los protocolos y medidas preventivas” que pudieron evitar la tragedia.

Exigen esclarecer muerte de Guardia Nacional

Por el caso de la efectiva de la Guardia Nacional hallada la noche del lunes, quién presuntamente se suicidó en Acapulco, tres diputadas de Morena, una de MC, uno del PRI y la del PAN exigieron una investigación clara que determine de manera certera las causas de la muerte.
La panista Montiel Servín exigió desde la tribuna una investigación exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, que permita dar certeza sobre los hechos.
“No prejuzgamos, respetamos el debido proceso, pero también lo decimos con claridad: no aceptamos el silencio, la opacidad, ni la impunidad. Desde Acción Nacional exigimos, primero investigaciones inmediatas, exhaustivas, imparciales y con perspectiva de género, en los hechos que involucran a mujeres muertas dentro o en el entorno de las instalaciones de seguridad en Acapulco”.
En su intervención la diputada de MC Lührs Cortés, recordó los otros casos en donde mujeres de la Guardia Nacional fueron víctimas.
Recordó la muerte de Estefanía Carmona el 14 de octubre, al interior de las instalaciones de la GN en la zona Diamante, a quien le dispararon, presuntamente en un entrenamiento.
El 5 de noviembre, la también agente Sherlyn Manzanares, destacamentada en Coyuca de Benítez, fue hallada muerta en Acapulco, y el 8 de noviembre otra agente falleció en un “supuesto” accidente de tránsito,
“Si nuestras soldadas que decidieron darle seguridad a otras mujeres y hombres no están seguras, pues entonces qué estamos haciendo con el resto de la población del país”, consideró la diputada local.

Caso Abelina y leyes sobre reforma judicial y desapariciones, los pendientes del Congreso

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local tendrá pendiente desahogar en 2026 dos casos en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, las adecuaciones a leyes secundarias de la reforma al poder Judicial local, la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero (Itaigro), así como la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada
El pasado martes, el Congreso cerró su actividad legislativa de 2025, después de celebrar su última sesión ordinaria del año,  en la que los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos 2026 y diversas reformas en materia penal, antes de iniciar un receso de 15 días.
El periodo de descanso de los legisladores inició el pasado martes y se extenderá hasta después del Día de Reyes; la próxima sesión ordinaria está programada para el 7 de enero de 2026.
Aunque solo regresarán a instalar la Comisión Permanente, que inicia por ley el 14 de enero, aún arrastrarán temas que no desahogaron en en 2025.
Uno de los temas que están casi por concluir es la Ley en Materia de Desaparición de Personas, la cual colectivos de búsqueda impulsan desde 2018.
Para dicha ley, el poder Ejecutivo ya destinó 45 millones de pesos para la creación de un Centro de Resguardo e Identificación Humana, el cual era una de las principales exigencias de los colectivos.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la morenista Araceli Ocampo Manzanares, es probable que se apruebe regresando del receso legislativo.

Los procesos ante la Corte

Otro tema es el del Congreso local con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde mantiene un recurso de reclamación en contra para que puedan proceder y desahogar los temas pendientes que involucran a la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez.
Además que el Legislativo enfrenta dos acciones de inconstitucionalidad por la reforma al poder Judicial local.
El recurso de reclamación del Legislativo busca continuar y finalizar los dos procesos que hay en contra de López Rodríguez.
Actualmente la alcaldesa enfrenta en el Congreso un juicio de revocación de mandato, solicitado por el ex candidato a la alcaldía de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, además que la Auditoría Superior del Estado (ASE) turnó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal de Justicia Administrativa la negativa de la alcaldesa de comprobar 898 millones de pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2023.
Ambos procesos están detenidos por un amparo de López Rodríguez.
Sobre las acciones de inconstitucionalidad, se trata de los expedientes 106/2025, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a solicitud del ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, y otra por la presidencia de la República, donde argumentan errores en el método de insaculación para elegir a los candidatos por parte de los tres poderes del estado, y porque contrario a la norma federal, las presidencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Disciplina Judicial, en lo local, se elegirán entre ellos y no por voto popular como sí lo fue a nivel nacional.

Leyes secundarias para reforma judicial

El Congreso mantiene sin avances las adecuaciones a las leyes secun-darias sobre la reforma judicial, pese que la reforma judicial se publicó el 26 de agosto de este año en el Periódico Oficial del Estado, y el Congreso se dio un plazo de 180 días para adecuar las distintas leyes, hasta hoy no se han presentando avances o propuestas para ello.
Los 180 días vencen en febrero de este año, por lo que tendría que ser un tema prioritario al iniciar el año, aunque fuentes legislativas indican que los morenistas están a la espera de la reforma electoral federal para iniciar las adecuaciones sobre la judicial.
Algunas de las leyes a reformar serían la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de reglamentos del propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Las adecuaciones a los reglamentos y leyes secundarias se tienen que hacer porque la reforma constitucional establece que en el proceso electoral 2026-2027 se renovará la totalidad de los cargos de 25 magistrados del TSJ, a los integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco magistrados, y los 74 jueces de primera instancia, además de la desaparición de la figura de los jueces de paz.

Desaparición del Itaigro

Otro tema pendiente será la liquidación del Itaigro, el órgano de transparencia estatal, luego de la reforma para desaparecer siete órganos autónomos federales.
De acuerdo con lo aprobado por el Legislativo el 13 de agosto, las funciones del Itaigro las asumirá, para el caso del Poder Ejecutivo, y los ayuntamientos la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal; para los órgano autónomos sus respectivos Órganos Internos de Control y para el Poder Judicial el Tribunal de Disciplina Judicial.
Para el caso de los partidos políticos será el Instituto Nacional Electoral (INE), el encargado de la transparencia y acceso a la información.
A pesar que se aprobó su desaparición, están pendientes las leyes secundarias para determinar como se liquidarán a los trabajadores y los mecanismos en los que las dependencias existentes asuman sus nuevas funciones.

 

Dos diputados de Morena y una del PVEM, los más faltistas a sesiones del Congreso

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Dos diputados locales de Morena y una del PVEM son quienes encabezan la lista de los más faltistas desde el inicio de la actual 64 Legislatura, del 1 de septiembre de 2024 hasta el corte del 22 de diciembre de 2025, que fue la última sesión del año, sin que haya descuentos a su sueldo ni remuneraciones, que ascienden a 369 mil pesos mensuales.
De 135 sesiones que celebró el Congreso local desde su instalación, hasta el pasado 22 de diciembre, que fue la última del año, algunos diputados locales prefieren no asistir de manera presencial y sólo estar virtualmente, sin que haya seguridad para los asistentes de si están presentes.
Algunos diputados optaron por mantener su participación en el Congreso bajo la modalidad virtual, acumulando decenas de inasistencias presenciales al Pleno sin recibir descuentos en su dieta.
Entre los casos más relevantes están legisladores de Morena: Rafael Martínez Ramírez, con 50 inasistencias presenciales; María Guadalupe Eguiluz Bautista, con 42, y la diputada del PVEM, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, con 34 faltas. Ellos se conectan en algunas ocasiones de manera virtual tanto a las sesiones del pleno como a las reuniones de las comisiones que integran.
En el caso del morenista Martínez Ramírez, quien suma 50 inasistencias presenciales, en algunas ocasiones pasa lista de manera virtual, pero se desconoce el método de estar bajo esa modalidad porque solo la Mesa Directiva tiene en su poder la tablet en la cual se conectan.
En anteriores legislaturas se instalaba una pantalla debajo de la Mesa Directiva y desde ahí todos los demás asistencias podían observar y constatar quiénes estaban de manera virtual.
Martínez Ramírez también tiene poca actividad en sus redes sociales. Su publicación más reciente en su página de Facebook es del pasado 22 de noviembre, cuando difundió una visita a la presa La Villita, donde se realizó la liberación de 150 mil tilapias. Mientras que las únicas fotos que tiene desde el pleno corresponden al 1 de septiembre de 2024, fecha en la que rindió protesta como diputado local.
Martínez Ramírez fue regidor de Coahuayutla en 2009 y alcalde de dicho municipio del 2018-2021 y a través de la reelección 2021-2024. Actualmente es diputado por el distrito 12 de Zihuatanejo y durante más de un año en el cargo no presentó alguna iniciativa ni subió a tribuna.
La también morenista María Guadalupe Eguiluz Bautista es la segunda que más faltas acumula de manera presencial acumula, y al igual que su compañero, en algunas ocasiones se conecta de manera virtual a las sesiones.
Sus redes sociales también están sin actividad y su página de Facebook su última publicación es de octubre, cuando presentó el denominado Plan Guerrero, con el que busca posicionarse políticamente con miras a la gubernatura del estado.
Como presidenta de la Comisión de Migrantes del Legislativo sólo dos veces ha llamado a sesión, de acuerdo con información de la Gaceta Parlamentaria. La primera fue de instalación y la segunda hace un par de meses en calidad de ordinaria.
Pese a ser una de las diputadas con más faltas, la morenista busca ser candidata a la gubernatura en 2027, y se promociona a través de espectaculares en varias ciudades de la entidad y de distintos actos políticos, a los cuales tampoco asiste y van en su representación sus hijas, Tania o Celeste Mora Eguiluz, quienes son alcaldesa de Tlalchapa y diputada federal, respectivamente.
El tercer caso es el de la diputada del PVEM, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, quien va para su segunda legislatura en el cargo por la vía plurinominal. En la pasada 63 legislatura también fue una de las diputadas que más faltas acumuló.
Pese a las reiteradas ausencias presenciales, los legisladores han evitado sanciones económicas al presentar permisos simples o escritos el mismo día de la sesión, sin estar obligados a comprobar los motivos de su inasistencia.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado establece sanciones que van de uno a 30 días de salario para los diputados que falten a las sesiones. Sin embargo, la falta de un reglamento interno ha permitido que las ausencias sean justificadas de manera discrecional.
Bajo este esquema, Rafael Martínez Ramírez, María Guadalupe Eguiluz Bautista e Hilda Jennifer Ponce Mendoza concluirán el año legislativo sesionando a distancia.
La prestación de sesionar de manera virtual se implementó en 2020, durante la pandemia de Covid-19, y un par de meses después la entonces 62 Legislatura reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo para permitir sesiones virtuales y semipresenciales, una modalidad que, a cinco años de distancia y con actividades presenciales restablecidas, aún es utilizada por algunos diputados, quienes acumulan entre 34 y 50 faltas, de las 135 sesiones presenciales, sin descuentos salariales ni a sus demás prestaciones que asciende a 369 mil pesos.

Incumple el Congreso y no comparecen 11 secretarios por la glosa del informe

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local incumplió su propio acuerdo parlamentario al no llamar a comparecer a once secretarios de despacho, quienes quedaron pendientes de asistir como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El pasado lunes fue la última sesión del año de los diputados locales, y concluyó con la aprobación de leyes de ingresos, tablas de valores de los municipios y la Ley de Ingresos el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026.
Aún con dichas aprobaciones, el Legislativo arrastra el pendiente de once comparecencias, que por falta de tiempo y decisiones por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) fueron pospuestas. Hasta hoy se desconoce si podrán retomarlo para el 2026, aunque ya estén fuera de los tiempos legales.
Los titulares de dependencias pendientes a comparecer son los de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico (Sefodeco); Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren); Secretaría de la Mujer; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Secretaría de Cultura; Secretaría Para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos; Secretaría de la Juventud y Niñez; Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; Y la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales.
El acuerdo aprobado por el pleno del Congreso local el pasado 19 de noviembre estableció que los once secretarios restantes podrán acudir a comparecer “previo acuerdo de sus integrantes las Comisiones Ordinarias de este Poder Legislativo, a través de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política”, órgano responsable de solicitar al funcionario su presencia en el Legislativo.
Se sabe por medio de fuentes legislativas que los secretarios que fueron llamados a comparecer son los de Sagadegro, Alejandro Zepeda Castorea; Semaren, Ángel Almazán Juárez y la de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, pero que dichas solicitudes fueron detenidas en la Jucopo.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, en el segundo párrafo del artículo 73 indica que “los secretarios de despacho del gabinete estarán obligados a presentarse ante el Poder Legislativo durante el mes de noviembre, para la glosa del informe, y para responder a los planteamientos que sobre este último hagan los diputados”.
Además de poner las comparecencias a consideración de las comisiones, algo nunca hecho por el Legislativo, realizarlas el próximo año sería hacerlo fuera de la ley.
Aunque la Constitución es clara en los tiempos, que dice que las comparecencias deben ser en noviembre, existe el vacío legal sobre qué secretarios deben acudir, sobre si es obligatorio que acudan todos ante el pleno o si hay sanciones para quienes no se presenten.
Las únicos titulares de dependencias que acudieron a comparecer ante el pleno fueron la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; de la Secretaría de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada; de Educación, Ricardo Castillo Peña; de Salud, Alondra García Carbajal; de Planeación y Desarrollo, René Vargas Pineda; de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros; de Obras Públicas, Irene Jiménez Montiel y a puerta cerrada, el de Seguridad Pública, Antonio Ledesma Osuna.

 

Por unanimidad y sin debate aprueba el Congreso el presupuesto de Egresos enviado por Evelyn

Diputados locales al momento de votar a favor de aprobar la Ley del Presupuesto de Egresos del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2026 Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Con la unanimidad de los 46 diputados locales, sin discusión y sin cambios, el pleno del Congreso local aprobó el presupuesto de Egresos 2026, el cual asciende a 87 mil 394 millones 976 mil 837 pesos, cantidad que permitirá la operación del gobierno estatal y de los distintos entes públicos durante el próximo año.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el Poder Ejecutivo ejercerá 45 mil 957 millones 966 mil 686 pesos, seguido de los municipios, que en conjunto recibirán 22 mil 500 millones 423 mil 276 pesos.
El Poder Legislativo contará con mil 25 millones 437 mil 188 pesos, mientras que al Poder Judicial se le asignaron mil 115 millones de pesos.
En tanto, los órganos autónomos ejercerán 6 mil millones 850 mil 162, el sector paraestatal dispondrá de 6 mil 281 millones 953 mil 837 pesos, y para provisiones salariales y económicas se autorizaron 4 mil 513 millones 345 mil 686 pesos.
Dichas cifras son las mismas que la gobernadora propuso al Legislativo en noviembre pasado, y de acuerdo con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el morenista Joaquín Badillo Escamilla, no hubo cambio alguno entre la propuesta y lo aprobado.
De acuerdo con el documento aprobado la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial ejecutará 105 obras; la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) 74 obras de rehabilitación de drenajes y agua; la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado (CICAEG) rehabilitará 92 carreteras; mientras que para la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) están presupuestadas 12 obras en escuelas.
Al fundamentar el dictamen, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Badillo Escamilla, destacó que el “monto aprobado es resultado de una gestión responsable de los recursos públicos, así como de la declaratoria de Guerrero como zona de atención prioritaria por parte del gobierno federal”.
Aseguró que el Presupuesto de Egresos 2026 fue diseñado bajo los principios de “austeridad, honradez y eficiencia”, y que su integración responde a las principales demandas de la población.
“La iniciativa de decreto que se dictamina es congruente con el Artículo Quinto con la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios. El dictamen contiene las asignaciones de recursos a las dependencias y entidades que integran la administración pública estatal, para atender los programas bajo su responsabilidad”.
Precisó que el gasto público se enfocará en tres pilares fundamentales: seguridad y justicia; bienestar y salud; así como educación e infraestructura.
Ya en la votación no hubo votos en contra, además que durante el análisis y discusión ante el pleno ningún diputado solicitó el uso de la palabra para emitir algún pronunciamiento al respecto.
En tanto que la Ley de Ingresos aprobada se integra por 2 mil 960.44 millones de pesos por concepto de ingresos de gestión y 84 mil millones participaciones y aportaciones federales, incluyendo convenios.
Con dichos ingresos, el Presupuesto de Egresos destinado para 2026 queda integrado por 87 mil 394.97 millones.
Indicó que se trata de un presupuesto realista y con sentido social, el cual aseguró, contiene una cifra histórica que responde a la declaratoria de Guerrero como una zona de atención prioritaria.
El dictamen se aprobó por unanimidad de 46 diputados; dos estaban de manera virtual, la morenista Guadalupe Eguiluz Bautista y Rafael Martínez Ramírez.
Por los demás grupos parlamentarios no hubo oposición al proyecto de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
De acuerdo con fuentes legislativas, el acuerdo para aprobar el presupuesto fue retrasado porque la mayoría de los diputados no tenían todos los anexos incluidos en el documento, entre ellos la de las obras públicas.
Los diputados se negaron a aprobar el presupuesto sin conocer a detalle que obras se ejecutarían y en qué zonas; además, querían saber si se incluyeron sus propuestas que ellos gestionaron.
Fue hasta la mañana de ayer lunes, que a los diputados les entregaron el resto de los anexos y fue que alrededor de las 8 de la noche aprobaron el Presupuesto y la próxima sesión será el 7 de enero del 2026.

 

Aprueban sin nuevos impuestos las leyes de ingresos de los siete municipios más grandes

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó el último paquete de leyes de ingresos y tablas de valores, correspondientes a los siete municipios más grandes de la entidad, en donde, para los casos de Acapulco y Chilpancingo, impidieron un aumento considerable en algunos rubros de impuestos.
Las leyes de ingresos y tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción, servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria de los municipios de Acapulco de Juárez, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta, para el ejercicio fiscal 2026.
Acapulco es el municipio con el presupuesto de ingresos más elevado, con 4 mil 911 millones 669 mil 790 pesos derivados de ingresos fiscales, participaciones, aportaciones, convenios y subsidios, cifra que, acotaron, podría incrementarse conforme a la disponibilidad de recursos federales.
En Chilpancingo, el dictamen propone ingresos por mil 210 millones 654 mil 004 pesos, integrados principalmente por recursos propios y fondos federales.
Zihuatanejo tendría una previsión de 987 millones 321 mil 949 pesos, mientras que Iguala tendrá 870 millones 306 mil 499 pesos, todos sujetos a ajustes una vez que se definan los montos federales para 2026.
Durante la revisión, la Comisión de Hacienda modificó planteamientos municipales para evitar incrementos desproporcionados, entre ellos las tarifas basadas en UMA, y unificó en 2 por ciento la tasa del impuesto sobre adquisición de inmuebles, al considerar que las propuestas diferenciadas por cada municipio afectaban la equidad fiscal.
Para el caso de Chilpancingo, al razonar su voto a favor, la diputada local Diana Bernabé Vega dijo en tribuna que la iniciativa de Ley de Ingresos 2026 de Chilpancingo tenía incrementos considerados excesivos en diversos conceptos, los cuales fueron revisados y ajustados por la Comisión de Hacienda para evitar afectaciones a la ciudadanía.
La diputada explicó que la propuesta original incluía aumentos de entre 14 y 17 por ciento en las fosas de perpetuidad de los dos panteones que tiene Chilpancingo, pese a que en la exposición de motivos se planteaba un ajuste de apenas 3 por ciento, situación que fue corregida en el proceso legislativo.
Bernabé Vega detalló que también se detectaron incrementos elevados en cuotas de puestos semifijos y comercio ambulante, particularmente en la venta de productos perecederos y alimentos en la vía pública. En algunos casos, dijo, los aumentos superaban el 200, 300 e incluso 900 por ciento, así como en actividades que utilizan gas LP, por lo que la Comisión de Hacienda determinó mantener dichas cuotas sin cambios para 2026 respecto a 2025.
Asimismo, señaló que la iniciativa municipal tenía incrementos de hasta 40 y 30 por ciento en la expedición y reexpedición de permisos provisionales para circular sin placas por 30 días, ajustes que también fueron modificados para establecer bases más justas y proporcionales.
En el análisis de los documentos se eliminaron conceptos declarados inconstitucionales por la SCJN, especialmente los relacionados con contribuciones adicionales o cobros indebidos por servicios catastrales y búsqueda de información.
Uno de los acuerdos fue el de no incorporar nuevos impuestos, además de establecer que los incrementos a tasas o cuotas municipales no superen el 3.0 por ciento, salvo en los casos que por ley dependen de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Además se ratificó la gratuidad obligatoria en los trámites esenciales como las constancias de pobreza y los registros de nacimiento, y determinó que los estímulos y subsidios municipales deberán estar debidamente justificados y dirigidos únicamente a grupos vulnerables.
Las siete leyes de ingreso fueron aprobadas por la unanimidad de los 38 diputados presentes en la primera, de tres sesiones, que se celebraron este lunes.