El ex diputado federal de Morena y ex secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Rubén Cayetano García, informó que en la acción de inconstitucional realizada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma al poder Judicial del estado, ya se formularon los alegatos y se cerró la instrucción, por lo que sólo falta la elaboración del proyecto de resolución para que sea sometido a votación del pleno.
En una consulta telefónica, Cayetano García, quien solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la acción de inconstitucionalidad, explicó que una vez formulados los alegatos y cerrada la instrucción el asunto pasó a manos de la ministra María Estela Ríos González para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
Dicha reforma local fue impugnada mediante dos acciones de inconstitucionalidad, tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como por la entonces consejera jurídica de la Presidencia de la República, hoy fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, debido a diversas irregularidades en los procedimientos.
Cayetano García dijo que ambas acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas por la SCJN, acumuladas en un solo expediente y que ya concluyeron todas las etapas procesales, incluyendo la solicitud de informes y la presentación de alegatos por las partes involucradas.
Actualmente el expediente está en estado de resolución, por lo que el proyecto que resolución podrá ser discutido y votado en el pleno de la SCJN en el transcurso de enero.
Las impugnaciones radican en la designación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y del Tribunal de Disciplina Judicial, ya que la reforma federal establece que quien obtenga el mayor número de votos en la elección debe asumir la presidencia de dichos órganos, mientras que la reforma local, aprobada por el Congreso del Estado estipula que, aunque se elige por voto popular a los integrantes del pleno, posteriormente se permite que entre ellos elijan quién presidirá los tribunales.
Mientras que la acción de inconstitucionalidad hecha por la Consejería Jurídica de la presidencia es para impugnar los artículos 97, inciso C, párrafo segundo, y 162 Bis, párrafo tercero y cuarto en materia de selección de aspirantes y su insaculación.
Cayetano García consideró que la reforma al poder Judicial local fue hecha a modo por los diputados locales y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quienes buscan “mantener un Poder Judicial anquilosado y corrupto, situación que será revertida cuando el pueblo elija directamente a sus autoridades judiciales en 2027” (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).
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Exoneran a periodistas de denuncia de magistrada por violencia de género
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (PJF) declaró por unanimidad la inexistencia de violencia política en razón de género atribuida a los periodistas del portal El Tlacolol, y confirmó la identidad de la denunciante, quien durante el procedimiento sólo se identificó como dato protegido: la magistrada de Circuito de Tribunal Colegiado de Apelación del 21, en Acapulco, Yolanda Mora Silva, electa el 1 de junio de 2025.
La entonces candidata al Poder Judicial denunció a los periodistas Emiliano Tizapa Lucena, Arturo de Dios Palma Ocampo y Jesús Guerrero Salgado, por la difusión de notas publicadas en internet el 23 y 27 de mayo, durante la campaña de la elección del Poder Judicial.
En una de ellas, El Tlacolol señaló que “la jueza de control del Tribunal de Justicia local, Yolanda Mora Silva, es la carta fuerte de Morena y el gobierno estatal para que gane la elección de este domingo para la magistratura del Tribunal de Circuito con sede en Guerrero”. Mencionó además que su esposo es el magistrado del TSJ de Guerrero, Paulino Jaimes, y que la jueza fue la que vinculó a proceso al Jefe de la Policía de Chilpancingo, Germán Reyes Reyes, como presunto autor intelectual del homicidio del alcalde Alejandro Arcos Catalán, en noviembre de 2024.
De acuerdo con la resolución, la candidata también demandó al morenista Ernesto Fidel Payán Cortinas por publicaciones en Facebook sobre nepotismo y amiguismo.
El Instituto Nacional Electoral (INE), sustanció un Procedimiento Especial Sancionador (PES) que resolvió la Sala Superior el pasado 17 de diciembre de 2025. Desde agosto, los periodistas señalaron era una agresión a la libertad de expresión, por el desgaste económico que implica un juicio electoral.
El asunto se turnó de manera directa a la ponencia de la magistrada de Sala Superior, Claudia Valle Aguilasocho, que en el estudio de caso señaló que la intención de Payán Cortinas en su comentario en Facebook, fue comunicar que no votaría por la quejosa en la elección judicial porque al ser esposa de un magistrado avalaría el supuesto nepotismo, lo cual “es una simple manifestación de opinión en ejercicio de su labor periodística”.
Asimismo, señaló que en las manifestaciones atribuidas a El Tlacolol no se emplearon estereotipos de género en su perjuicio, sólo la intención de informar sobre diversas circunstancias que se advertían en el estado de Guerrero, y el ambiente que permeaba en el marco del desarrollo del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación.
Del reportaje aclaró que la referencia que se hizo a su participación como candidata a Magistrada de Circuito en esta entidad, de que era la carta fuerte de un partido político y del gobierno local para ganar la elección no hace alusión a su actuación como servidora pública del Poder Judicial local.
Incluso, destaca que la publicación dice que antes del arranque de campaña la candidata realizó profusas actividades políticas en las redes sociales, supuestamente con el consentimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
“Aunque el artículo hace una referencia a su vínculo conyugal, como esposa de un magistrado local, el análisis integral de las expresiones del mensaje permite concluir que ese dato sólo fue de naturaleza informativa, y no se relacionó de forma directa con su candidatura a Magistrada de Circuito”.
Advirtió que las expresiones no tenían el propósito de menoscabar sus capacidades o aptitudes o invisibilizar sus logros. Enfatizó que, “aún cuando pudieran considerarse críticas severas, vehementes, molestas o perturbadoras respecto de su actuación como juzgadora local, la quejosa se encontraba sujeta al escrutinio público más intenso, al participar como candidata en el proceso de elección del Poder Judicial de la Federación, en función del interés general y del derecho de la ciudadanía a recibir información útil para emitir un voto libre y razonado”.
Confirman sentencia de 25 años a detenidos por la desaparición de Vicente Suástegui
Ramón Gracida Gómez
A tres de los detenidos por la desaparición forzada del integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, se les confirmó hace 10 días la sentencia condenatoria de 25 años, informaron abogados y familiares de la víctima.
Ayer, la esposa de Vicente Suástegui, Samantha Valeria Colón Morales, conmemoró el cumpleaños número 42 del defensor del agua en la iglesia de San Francisco de Asís, en la colonia Ciudad Renacimiento. Estuvo acompañada de su familia, integrantes de SIUAT Yoltechi y de la madre buscadora Patricia Retana, de la colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero.
Al terminar la ceremonia religiosa que comenzó a la una de la tarde, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, declaró que hace 10 días la Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia confirmó dos sentencias a 25 años de prisión contra tres personas.
Son Jorge Eduardo García Ramírez El Junior, José Luis Carrera Vázquez El Galleta y Felipe Sandoval Gazga La Yegua.
El primero de los cuatro detenidos, Juan Carlos Valenzuela Herrera, El Brillo, ya estaba sentenciado por procedimiento abreviado a 13 años y 8 meses.
Téliz García señaló, no obstante, que “de nada sirve que existan personas detenidas, que estén en la cárcel y no tengamos información respecto a dónde está” Vicente Suástegui, desaparecido el 5 de agosto de 2021 en Ciudad Renacimiento.
Además de los cuatro detenidos, dijo que “falta uno, que es el principal”, Pedro Santos Cruz, el comandante Pino de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
La Fiscalía General del Estado (FGE) “no nos ha informado nada, lo único que dice es que lo están localizando, pero hasta ahí, y en las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec se sabe que esta persona por ahí convive, por ahí se la pasa, la Fiscalía no ha ejecutado la orden de aprehensión”, denunció el abogado de Tlachinollan.
Subrayó que las búsquedas realizadas por la esposa de Vicente Suástegui junto con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) “ha sido a petición de la propia familia, a petición de la esposa, a petición de las organizaciones”.
“El Estado, a través de estas comisiones no ha trazado líneas de investigación para poder buscarlo, para poder localizarlo, puntos claves donde pudiera estar Vicente, todo es carga de la familia, como en cualquier caso de desaparecidos, siempre la familia tiene que salir adelante para buscar, el Estado es omiso ante esta situación”.
Colón Morales dijo que para la familia no es suficiente que los culpables tengan sentencias condenatorias “porque como lo hemos dicho siempre, nos falta lo más importante, encontrarlo”.
Señaló que estaban conmemorando “un cumpleaños más sin Vicente, un cumpleaños más sin el padre de mis hijas, sin el esposo… tenemos sentimientos encontrados, hay mucha tristeza por no saber nada de Vicente porque ya son cuatro años en los que no hemos sabido nada de él”.
Dan sentencia condenatoria al cuarto detenido por la desaparición de Vicente Suástegui
Ramón Gracida Gómez
Ayer obtuvo una sentencia condenatoria uno de los cuatro detenidos por la desaparición del integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, informó su esposa, Samantha Valeria Colón Morales
Con el fallo de condena emitida ayer a uno de los detenidos por la desaparición de Vicente Iván Suástegui Muñoz, suman cuatro sentenciados, celebraron familiares y defensores, quienes remarcaron, no obstante, que hace falta lo más importante, que es encontrar a Vicente Suástegui.
En declaraciones a reporteros en el estacionamiento del Juzgado de Control del Distrito de Tabares ubicado en el poblado de La Poza, en la zona Diamante, la esposa del activista desaparecido el 5 de agosto de 2021, Samantha Valeria Colón Morales, celebró la sentencia a Felipe Sandoval Gazga, alias La Yegua, pero “no le podemos llamar triunfo porque todavía no encontramos a Vicente, nos hace falta lo más importante: encontrar a Vicente”.
Señaló que a partir del asesinato del hermano de su esposo, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, fallecido el 25 de abril después del atentado del día 18, ella y su familia se sienten “vulnerables, nos sentimos temerosos y con miedo por lo que está pasando, por la inseguridad que tanto prevalece en el estado de Guerrero”.
En referencia a la denuncia pública que hizo el 14 de mayo pasado por mensajes intimidatorios que recibió vía la mensajería de la red social Facebook, Colón Morales dijo que “el temor crece cada día más por las amenazas que he recibido, entonces queremos hacer el llamado, que todo lo que se tenga que hacer, se haga conforme a derecho, que se apeguen a derecho siempre, que se haga justicia”.
Ante la posible apelación de la sentencia como lo han hecho los otros detenidos, indicó que ella no dejará los procesos “en ningún momento y tampoco vamos a dejar de buscar a Vicente”.
El primero de los cuatro sentenciados por la desaparición de Vicente Suástegui es Juan Carlos Valenzuela Herrera, alias El Brillo, quien purga una condena de 13 años, los otros dos son Jorge Eduardo García Ramírez, alias El Junior, y José Luis Carrera Vázquez, alias El Galleta.
García Ramírez y Carrera Vázquez recibieron en marzo pasado una condena de 25 años de cárcel, pero presentaron una apelación que actualmente está en estudio en la Sala Penal Unitaria ubicada de Caleta, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García.
Precisó que el viernes próximo el juez Jorge Luis Galán dará a conocer la penalidad del fallo de condena a Sandoval Gazga, esperan que sea la pena máxima de 40 años.
Al igual que Colón Morales, el abogado de Tlachinollan destacó que el fallo “es un triunfo, podemos llamarlo, a medias porque en realidad el objetivo principal es encontrar a Vicente, todavía no tenemos información, esta persona que es el cuarto sentenciado, no da información dónde está, dónde podemos localizarlo y se sigue en la incertidumbre”.
Informó que los testimonios de dos testigos “claves” y de Valenzuela Herrera fueron la prueba para que Sandoval Gazga fuera declarado culpable, además de “dos periciales en materia de criminalística de campo e informática forense, se determinó la ubicación del lugar, la hora y el momento cuando se llevaron a Vicente”.
Todos los sentenciados “planearon la desaparición, la ejecutaron y lo llevaron al motel Tres Palos y ese mismo día por la noche lo entregaron al comandante Pino (Pedro Santos Cruz, de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)).
Recordó que hace falta la ejecución de la orden de aprehensión del comandante Pino, “que es la persona importante y clave, que fue el que recibió a Vicente y él sabrá dónde está, entonces hacemos un exhorto a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) para que ejecuten la orden de aprehensión”.
“No sabemos qué está pasando, ya van cuatro años 8 meses y no la han ejecutado, está raro que todavía no den con el paradero cuando tenemos conocimiento que pues se mueve en las comunidades donde se ha señalado que está”.
De la falta de información por parte de los sentenciados, el abogado de Tlachinollan dijo que “han mostrado desde un inicio un silencio sobre los hechos, ellos desde un inicio han manifestado que no participaron, pero hay una declaración de El Brillo que narra bien que todos ellos participaron”.
“A pesar de que se ha visitado en el Cereso, por parte de la Fiscalía se les ha pedido nos den información sobre el paradero, no han querido proporcionarla, se niegan a realizarla, no sabemos por amenazas o por alguna otra situación, pero no han querido dar esa información”.
Con relación a las medidas cautelares para la esposa de Vicente Suástegui, el abogado recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se las concedió en los temas de seguridad, justicia y búsqueda.
“Lógicamente el Estado lo que ha estado informando es que las búsquedas se están realizando a pesar de varias irregularidades que hemos planteado, nos informan de contestación; el tema de seguridad, desde un inicio se ha estado planteando que no es acorde a lo que Samantha ha solicitado con la familia”.
“Y las últimas amenazas que ha sufrido, pues se ha puesto de conocimiento, o sea, prácticamente el Estado es responsable de la seguridad de Samantha y su familia, estamos hablando del Estado mexicano, que lo compone el (gobierno) federal, estatal y el municipal”, indicó.
Téliz García dijo que “hasta ahorita podemos hablar que en su totalidad no se está cumpliendo porque en el tema de seguridad, Samantha ha tenido problemas para que los cuerpos de seguridad puedan trasladarla, se echan la bolita que a mí no corresponde”.
De la adscripción de Colón Morales al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como lo solicitó en la conferencia que dio el 14 de mayo, el abogado de Tlachinollan informó que sigue en trámite.
Dictan sentencia de cuatro años y seis meses a quien atacó a balazos al ex alcalde de Taxco
Alejandro Guerrero
Iguala
A casi un año del atentado cometido en contra del ex alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, su secretario particular y su equipo de seguridad cuando viajaban en una camioneta blindada en febrero del año pasado, un juez dictó una condena de cuatro años y seis meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño en contra del agresor identificado como Jared, por el delito de homicidio en grado de tentativa acabada.
La Fiscalía General del Estado (FGE), dio a conocer ayer información relacionada con este hecho que en su momento generó polémica y contradicciones entre las autoridades estatales y el gobierno local por la agresión contra del ex alcalde Mario Figueroa, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas desde el 1 de octubre, y sigue prófugo.
A la 1 de la tarde de ayer la Fiscalía estatal informó mediante un comunicado de prensa la sentencia de cuatro años y seis meses de cárcel en contra de Jared, por el delito de homicidio en grado de tentativa acabada en contra del ex alcalde Mario Figueroa, su secretario particular y su equipo de seguridad, identificados como Sergio, Marcial, Israel y Larry.
Se indica que mediante una “intensiva investigación” permitió recabar pruebas “contundentes” con lo que la Fiscalía de Guerrero logró establecer la participación del sentenciado en los hechos ocurridos el 15 de febrero de 2024 en la carretera federal México-Acapulco, en el tramo avenida de Los Plateros en el barrio de Capilintla, en la salida para Iguala.
Ese 15 de febrero a las 4 de la tarde ocurrió el ataque contra el ex alcalde, quien viajaba con su secretario particular y su equipo de seguridad a bordo de una camioneta blindada Chevrolet Suburban, caso en el que hubo contradicciones y versiones diferentes entre la secretaría de Seguridad Pública del estado, la Fiscalía estatal y el gobierno de Figueroa Mundo.
Además de que hubo una versión extraoficial que en la zona hubo alteración en la escena de los hechos donde estuvieron involucrados hijos del ex alcalde, uno de ellos Marco, quien está detenido desde octubre pasado por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
De acuerdo con los registros periodísticos de El Sur, la versión oficial de la secretaría de Seguridad Pública y que ratificó la Fiscalía del estado, indicó que no hubo un atentado directo al alcalde, sino que habría sido algo circunstancial luego de que el edil con su equipo de seguridad se topó con pistoleros que acababan de asaltar una pollería, donde un trabajador fue herido a balazos.
Se informó que el alcalde y sus escoltas persiguieron a los asaltantes, con quienes se enfrentaron a balazos, y en una persecución el chofer del Mario Figueroa chocó con otra camioneta, y en el percance los agresores que iban en una motocicleta derraparon, muriendo uno en el lugar y otro quedó lesionado y fue detenido, que en este caso se trataría de Jared.
Cinco días después de lo ocurrido, en un amplio comunicado de prensa donde dio a conocer su versión de los hechos, el alcalde Figueroa Mundo afirmó que sí se trató de un ataque directo en contra de él y su equipo por civiles que portaban armas largas y se desplazaban en motocicletas, mientras que él iba a bordo de su camioneta blindada.
Describió que luego de ser agredidos por los pistoleros, su equipo de seguridad se enfrentó con ellos y se generó una persecución con disparos, que finalizó luego de que los agresores y ellos chocaron en la parte posterior de una camioneta Urvan particular.
Homenaje de músicos de Irapuato a Rosendo Radilla a 15 años de la sentencia de la Coidh
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
Músicos de Irapuato, Guanajuato, interpretan un popurrí con corridos del dirigente campesino y social de Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por el Ejército el 25 de agosto de 1974, en un retén militar en ese municipio de la Costa Grande, como un homenaje con motivo del aniversario de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
La sentencia contra el Estado mexicano, por la desaparición forzada de Radilla Pacheco, fue dictada por el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 23 de noviembre de 2009, hoy cumple 15 años, y no se ha cumplido.
En un video de 7 minutos y 28 segundos de duración, difundido a través de Facebook y Whatsapp, los músicos cantan un popurrí de corridos del luchador social, que comienza con música de huapango de fondo y con el texto “homenaje a Rosendo Radilla y a sus descendientes, a 50 años de su desaparición forzada por agentes del Estado mexicano, y a 15 años de la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Siguen imágenes de la carretera y del pueblo de Atoyac, con el mismo ritmo, la voz del cantante lanza, con una voz dulce y firme, una de las estrofas más conocidas del también corridista desaparecido, “señores soy campesino del estado de Guerrero, me quitaron mis derechos y me hicieron guerrillero”.
Le siguen imágenes de hombres armados que acompañan las estrofas, “dejé a mi madre a mis hijos, también dejé a mi mujer, el pueblo siempre ha sufrido, lo tendré que defender”.
La música sigue, cambia del ritmo de huapango a un vals. Empieza otro corrido de Rosendo Radilla, que habla de la lucha del maestro rural y “comandante” guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, con fotos de decenas de desaparecidos y del asesinato del dirigente.
Después, melodías en arpa, con imágenes de la organización de defensa de los derechos humanos Fundar, Centro de Análisis e Investigación, durante una protesta en Ciudad de México, para exigir justicia por el caso de Rosendo Radilla.
A ritmo de corrido sigue el popurrí, se escucha “que viva Genaro Vázquez, el hombre de las guerrillas”, con fotos del también maestro rural.
La pieza sigue con imágenes históricas de Lucio, Genaro y Rosendo. Termina con la estrofa: “Madre mía de Guadalupe, échame tu bendición, que ya mi madre me dijo que de Dios tenga el perdón, vete a la lucha del pueblo, nos vemos en el panteón”.
Luego los créditos: “letras de Rosendo Radilla Pacheco. Dirección y arreglo musical, Juan Ignacio Elías Padilla. Arpa, Gustavo Octaviano Benavides Padilla. Voces, Héctor Hugo Cervantes Segura. Guitarras, guitarrón y vihuela, Juan Ignacio Elías Padilla.
Entre los puntos más importantes que faltan por cumplir en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está su búsqueda y localización, situación que se agrava tras la reciente publicación de una lista, presuntamente filtrada del Ejército, de los llamados “vuelos de la muerte” en los que aparece su nombre.
Es decir, se presume que la Secretaría de la Defensa Nacional sabe en dónde localizar a Radilla Pacheco y a cientos de desaparecidos más, pero oculta la información desde hace más de 50 años.
Llevan cuatro días de bloqueo y ninguna autoridad los atiende, se quejan ejidatarios
Alejandro Guerrero
Iguala
En el cuarto día del bloqueo total de la autopista Iguala-Cuernavaca, por parte de ejidatarios de la comunidad Platanillo, el abogado del ejido, Juan Carlos García Mora, informó que ninguna autoridad federal los ha atendido.
García Mora reiteró que no quitarán su protesta hasta que la cumpla la sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) para el pago de sus tierras, por el riesgo que implica “volver a empezar” el proceso con las nuevas autoridades.
Hasta las 11 de la noche, el bloqueo a esta vía de cuota, que es la ruta más corta y rápida para llegar a Iguala desde Ciudad de México y el estado de Morelos, se mantenía inmóvil al cumplirse 85 horas, luego de que inició poco después de las 10 de la mañana del martes.
Debido al cierre total de la circulación, decenas de tráileres de doble remolque, que transportan desde refresco a abarrotes y hasta combustibles y químicos para la elaboración de explosivos que usan las mineras ubicadas en la región, han quedado varados. Incluso, ya obstruyeron el carril que se había dejado para el paso de ambulancias o patrullas para casos de emergencias.
A las 12:30 de la tarde de este viernes, el abogado Juan Carlos García informó en declaraciones a reporteros en el bloqueo, que no habían tenido ningún contacto con autoridades del gobierno federal ni funcionarios de la SICT y que él les ha marcado, pero no le toman las llamadas.
Reiteró que ya no esperan diálogo con ellos, porque éste ya se dio durante las audiencias que se tuvieron en el tribunal agrario, por lo que ahora sólo esperan que se haga el pago estipulado en la resolución de marzo, que dijo, es la única forma de que retiren el bloqueo.
Advirtió que el acuerdo con los 80 ejidatarios es que no van a quitar el bloqueo hasta que se les paguen sus tierras, que esperan que se haga en este mes, antes de la transición de gobierno. Advirtió que hay el riesgo de que con el cambio de gobierno federal y de autoridades “sería volver a empezar con este asunto, porque las nuevas autoridades dirán que no saben nada”.
Recordó que luego de la sentencia emitida por el TUA en marzo, un mes después hubo un acuerdo con la SICT, en el que ofreció a los ejidatarios que en dos meses haría la gestión de ese dinero, para pagar las casi 20 hectáreas, pero no cumplió.
Los ejidatarios habían flexibilizado su protesta sólo para permitir el paso de patrullas y ambulancias, en casos de emergencias, con pacientes que son trasladados o que van a citas médicas y acreditan que van con algún especialista.
García Mora contó que han dejado pacientes adultos mayores que van con especialistas, un niño con cáncer que iba a consulta y un cirujano que les acreditó que iba a ser una operación a Cuernavaca.
Sin embargo, reportó que este viernes una ambulancia del hospital del ISSSTE que llevaba un paciente grave para traslado a Ciudad de México, y a la que ellos le permitieron el paso, no pudo cruzar y tuvo que volver a Iguala porque los trileros bloquearon los dos carriles de este tramo, incluso dejaron abandonados sus vehículos y cuando se buscó a los choferes, nadie respondió.
Contó que una mujer familiar del paciente les suplicó a los transportistas que quitaran los camiones, que estaban en doble fila, pero no lo hicieron, lo cual consideró como un acto de provocación al movimiento para responsabilizarlos.
Advirtió que están preparados para estar en el bloqueo todo el mes de ser necesario y consideró que en caso de que en este sexenio no se resuelva, “la nueva presidenta (Claudia Sheinbaum) podrá encontrarnos aquí y con nosotros podrá iniciar la gestión de su administración”.
Este viernes, en redes sociales circuló el rumor de que había llegado al bloqueo un tráiler cargado con explosivos, que eran llevados a una mina y que había un riesgo latente, pero el abogado explicó que investigaron y les informaron que el material que está transportando es un material que se utiliza para fabricar explosivos, pero que por sí solo no es inflamable ni representa ningún riesgo.
Debido al bloqueo, que se mantiene en la autopista a 5 kilómetros de la caseta de peaje de Iguala, muchas personas que llegan en transporte público cruzan caminando la zona de la protesta, hasta encontrar del otro lado algún servicio para llegar a su destino.
El TEE ya resolvió 45 impugnaciones de partidos a los resultados del 2 de junio
El Tribunal Electoral del Estado (TEE) resolvió, después de las elecciones del 2 de junio, un total de 45 medios de impugnación, de los cuales 29 corresponden a juicios de inconformidad, que son los referentes a contravenir los resultados de los cómputos distritales, para las elecciones de alcaldes y diputaciones locales.
De acuerdo con datos del TEE, de los 29 juicios de inconformidad, ocho corresponden a la región Centro, seis a Costa Chica y Montaña; cinco a Costa Grande, dos de Tierra Caliente, uno en la zona Norte y una diputación de representación proporcional, es decir, plurinominal.
De estos 29 juicios de inconformidad, que son los referentes a impugnar los resultados de los cómputos distritales, el TEE ya emitió una sentencia para siete de ellos.
Se trata del TEE/JIN/021/2024, en el que el representante de Morena en el Consejo Distrital Electoral 27, Javier Tapia Aguilar, impugnó los resultados de la elección del Ayuntamiento de Tlalixtaquilla, lo que el TEE consideró improcedente, porque el juicio se interpuso después del plazo de cuatro días que marca la ley, por lo que lo desecharon, por ser extemporáneo.
Otros de los expedientes a los que se ya se les dio sentencia fue el TEE/JIN/002/2024, presentado por la candidata de Morena a la alcaldía de Zihuatanejo, Bernarda Leovigilda Chávez Hernández, que pide la anulación del acta de cómputo realizada por el Consejo Distrital 12, y de las constancias expedidas al partido que triunfó. Para este caso, el pleno del TEE reencauzo el juicio de inconformidad a un juicio electoral ciudadano, por considerarlo la vía idónea para resolverle a la morenista.
Otro proyecto, bajo la modalidad de juicio de inconformidad, fue el TEE/JIC/015/2024, donde los candidatos a la alcaldía de Tepecoacuilco, por Movimiento Ciudadano, México Avanza y Morena, se inconformaron contra los resultados consignados en las actas de cómputo de la elección de Ayuntamiento, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría. El pleno del TEE consideró que la vía correcta para hacerlo es el juicio electoral ciudadano, por lo que declaró escindir la demanda y reencausarla.
Otra impugnación fue una promovida por el PRI, donde solicitó la nulidad de la elección en San Marcos, a lo que el TEE le negó la posibilidad, porque quien realizó la solicitud no estaba acreditado ante el Consejo Distrital 13.
Al PRD también ya le dictaron sentencia para dos juicios de inconformidad, en los que solicitaba la anulación de los cómputos en los municipios de Zirándaro y Ajuchitlán. Ambos juicios fueron desechados por desistimiento y el segundo por improcedencia, por falta de una persona que represente esta inconformidad.
Aun falta que el pleno del TEE resuelva impugnaciones importantes, como las de Chilpancingo, Juchitán y José Joaquín de Herrera, donde tanto Morena como la alianza PRI-PRD-PAN, están defendiendo sus triunfos. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).
Promueve el gobierno del estado amparo por la adversa sentencia del viaducto Diamante
Daniel Velázquez
El gobierno del estado promovió un amparo contra la sentencia del juez sexto de distrito con sede en Acapulco que falló a favor de que la empresa Fibra Orión recupere la concesión del viaducto Diamante.
El falló a favor de Fibra Orión ocurrió el pasado 26 de marzo. Fue este 25 de abril cuando el gobierno del estado interpuso “el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el juez sexto de distrito en el estado, con sede en Acapulco, en el juicio de amparo 499/2023, promovido por Fibra Orión contra la declaratoria de rescate de la concesión del Viaducto Diamante”.
El viaducto Diamante es una carretera de cuota que va de la caseta La Venta hasta el bulevar Las Naciones, frente al desarrollo Vidanta antes Mayan Palace, es una vía de 21.5 kilómetros.
El litigio entre Fibra Orión y el gobierno del estado tiene ya un año. El 29 de abril de 2023 se conoció que el gobierno del estado informó que la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado tomó el control y retiró la concesión del viaducto a Fibra Orión por no brindar el mantenimiento a la vía.
El alegato del gobierno estatal para retirar la concesión fue “la falta de atención del estado que guarda la carretera, por parte del concesionario, así como el incumplimiento de los contratos y acuerdos en materia de infraestructura y conservación que contrajo con la administración estatal”.
En noviembre de 2023 el director general de Fibra Orión, Rodolfo Campos, informó que el estado debía pagarles 10 mil millones de pesos como indemnización y que esa empresa buscaba extender la concesión por otro periodo a cambio de una contraprestación de 500 millones de pesos.
Atenderá el IEPC el fallo que ordena una elección por usos y costumbres en Ñuu Savi
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) atenderá la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación (Trife), que ordenó apoyar a definir y organizar la elección por usos y costumbres en el ayuntamiento Ñuu Savi.
En consulta telefónica, el consejero Edmar León García explicó que todavía no saben si será atacado en una sala superior el fallo que reconoce la elección por sistemas normativos en el nuevo municipio indígena.
Agregó que, aunque existe esa posibilidad, en materia electoral no hay suspensión de los plazos y lo que sigue es acatar la resolución de Sala Regional. Por lo tanto, la Comisión de Sistemas Normativos convocará a las autoridades y el Ayuntamiento Ñuu Savi para definir la organización de la próxima elección, bajo el sistema normativo interno, antes del 30 de enero de 2024.
El también presidente de esa Comisión destacó que, en este momento, el proceso electoral en curso tiene un salto cuántico en el ejercicio de los derechos indígenas y afromexicanos, respecto al anterior, por las dos sentencias recientes de la Sala Regional
Porque reconoce la elección por sistemas normativos en Ñuu Savi y porque llevó a la modificación de los lineamientos del registro de candidaturas para el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos, para evitar la usurpación de candidaturas destinadas a los pueblos originarios.
“Se crea un procedimiento específico para que ellos (a través de las representaciones de los pueblos) puedan revisar que cumplan con el vínculo comunitario, para evitar la usurpación de candidaturas, y les va a dar espacios para revisión”. Enfatizó que este procedimiento es único en todo el país.
Autoabscripción indígena calificada
El artículo 58 de los lineamientos de registros de candidaturas del proceso electoral local, señala el procedimiento de abscripción calificada de las candidaturas indígenas, con manifestación de decir verdad, constancias con elementos objetivos, circunstancias, hechos o constancias que acrediten el vínculo, para comisarios municipales, Consejo de Ancianos, Consejo de Principales, Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales, que podrán tener el aval de la asamblea comunitaria o constancias expedidas por los ayuntamientos, en aquellos casos donde no sea posible que la autoridad indígena, tradicional o comunitaria expida la constancia.
El artículo 60 indica que la valoración de la adscripción calificada será mediante un dictamen técnico expedido por la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Pluriculturales (DESNP), con los cuales se integrará un informe, que será remitido a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) del IEPC del Estado de Guerrero, para incluir la determinación correspondiente en los acuerdos de aprobación de las candidaturas.
En el 61, se precisa que la dictaminación favorable o no se realizará a partir de una revisión de la documentación, y el IEPC integrará una base de datos con información de las autoridades facultadas, para hacer constar la autoadscripción calificada de la candidata o candidato como integrante de algún pueblo y comunidad indígena.
Con el artículo 62, una vez dictaminado el vínculo comunitario y la adscripción calificada, la DESNP integrará un informe que será remitido a la DEPPP, para que tenga conocimiento del cumplimiento o no de la acreditación del vínculo comunitario o, bien, se solicite a los partidos, coalición o candidatura común, la subsanación correspondiente dentro del plazo de 48 horas, señalado en el artículo 119 de los Lineamientos.
León García recordó que el estado de Guerrero tiene ocho distritos y 39 municipios indígenas; un distrito local, el 15, y seis municipios afrodescendientes.