El gobierno del estado promovió un amparo contra la sentencia del juez sexto de distrito con sede en Acapulco que falló a favor de que la empresa Fibra Orión recupere la concesión del viaducto Diamante.
El falló a favor de Fibra Orión ocurrió el pasado 26 de marzo. Fue este 25 de abril cuando el gobierno del estado interpuso “el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el juez sexto de distrito en el estado, con sede en Acapulco, en el juicio de amparo 499/2023, promovido por Fibra Orión contra la declaratoria de rescate de la concesión del Viaducto Diamante”.
El viaducto Diamante es una carretera de cuota que va de la caseta La Venta hasta el bulevar Las Naciones, frente al desarrollo Vidanta antes Mayan Palace, es una vía de 21.5 kilómetros.
El litigio entre Fibra Orión y el gobierno del estado tiene ya un año. El 29 de abril de 2023 se conoció que el gobierno del estado informó que la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado tomó el control y retiró la concesión del viaducto a Fibra Orión por no brindar el mantenimiento a la vía.
El alegato del gobierno estatal para retirar la concesión fue “la falta de atención del estado que guarda la carretera, por parte del concesionario, así como el incumplimiento de los contratos y acuerdos en materia de infraestructura y conservación que contrajo con la administración estatal”.
En noviembre de 2023 el director general de Fibra Orión, Rodolfo Campos, informó que el estado debía pagarles 10 mil millones de pesos como indemnización y que esa empresa buscaba extender la concesión por otro periodo a cambio de una contraprestación de 500 millones de pesos.
Gestores de los nuevos municipios de Huehuetán, Chimalapa, San Cristóbal, Pueblo Hidalgo y Huixtepec, este viernes afuera del Primer Tribunal Colegiado de Acapulco, donde interpusieron un amparo contra el Congreso local Foto: El Sur
Ramón Gracida Gómez
Gestores de cinco nuevos municipios indígenas y afromexicanos acudieron ayer al Primer Tribunal Colegiado de Acapulco para continuar con el trámite del amparo que solicitaron ante la negativa del Congreso local para conformar las nuevas demarcaciones políticas.
Los pueblos que piden su reconocimiento como municipios son Huehuetán, Chimalapa, San Cristóbal, Pueblo Hidalgo y Huixtepec, ubicados en Costa Chica y la Montaña. Sus promotores buscan tener gobiernos por usos y costumbres porque no quieren a los partidos políticos y los caciques que se perpetúan en los cargos, y que no hacen llegar obras públicas a sus comunidades. Los promotores aseguran que ya se rigen como autoridades autónomas.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar, comentó que en enero de 2022 las 60 comunidades de los cinco municipios presentaron la solicitud formal en el Congreso local, “atendiendo el derecho legítimo de la libre determinación”.
No tuvieron respuesta a esta solicitud y tampoco a las que presentaron en noviembre y diciembre, por lo que optaron por interponer un amparo en los juzgados federales. Tres amparos recayeron en el Juzgado Séptimo de Distrito y dos en el Juzgado Primero de Distrito. Se ganaron cuatro y sólo falta el de Huixtepec.
El resultado del amparo es que “la autoridad judicial ordena al Congreso del estado que den una respuesta de esa solicitud concreta del reconocimiento de estos municipios”, indicó. Sin embargo, el Congreso local se inconformó e interpuso recursos de revisión “para retardar”.
Dos de esos recursos de revisión se turnaron al Juzgado Primero de Distrito y uno se turnó en una ponencia. Por eso los promotores del municipio acudieron este viernes al juzgado federal que se ubica en el bulevar de las Naciones y ver los avances de las resoluciones.
Las labores apenas iniciaron esta semana después del huracán Otis, entonces, “no nos dieron fecha tentativa, pero nosotros creemos que probablemente en unos dos meses, por lo menos de un amparo en revisión tendría ya que tener una resolució””, dijo el abogado.
San Cristóbal
El promotor Romualdo Delfino de la Cruz especificó que son cinco núcleos agrarios mixtecos que buscan desprenderse de Tlacoahistlahuaca desde 2022 y que ya trabajan como un municipio independiente de San Cristóbal.
Aseguró que los promotores ya cumplieron con las asambleas comunitarias “y si el Congreso duda, pues que vaya y nos consulte a los pueblos indígenas, si en verdad los pueblos indígenas estamos conscientes de separarnos”. Pidió que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) haga la consulta.
El nuevo municipio pretende regirse por usos y costumbres, “ya no queremos más partidos políticos, ya no queremos división en nuestras comunidades, queremos pueblos unidos, queremos que la máxima asamblea sea la autoridad, en nuestros ejidos, en nuestras comunidades, rescatando obviamente las costumbres de nuestros pueblos”, expuso.
Dijo que la razón es que no tienen obras públicas, “el presupuesto que llega no es repartido equitativamente a las comunidades, nos engañan, que dicen que se invierte tanto presupuesto y realmente no es así”. Aseguró que la organización de las propias comunidades ha conseguido la pavimentación de tramos de carreteras y el envío de maestros.
Chimalapa
El promotor Leonardo García Basilio indicó que cinco comunidades de Igualapa y 9 de Cochoapa el Grande buscan conformar el municipio de Chimalapa, pueblo alejado de la cabecera de Igualapa, perteneciente a la nación Na savi y que está “abandonado”.
Señaló que no están de acuerdo con los partidos políticos de la cabecera municipal “porque está el tema del cacicazgo, son los mismos de los mismos todo el tiempo y no hay oportunidades para nuestros jóvenes, profesionistas, ingenieros, doctores, arquitectos”.
Las obras no llegan a sus comunidades y si lo hacen, el presupuesto “está muy alterado y no se justifica y no se cumple todo eso, entonces ése es el descontento del pueblo”, y agregó que no cuentan con doctores, enfermeras y maestros, además de que las calles están en malas condiciones.
Indicó que las 14 comunidades ya se manejan como municipio con su propia estructura y su población es de 9 mil habitantes; el Congreso local les pide un mínimo de 25 mil, pero otros municipios existentes, como Tlalixtaquilla de Maldonado, no pasan de cinco mil habitantes.
Huixtepec
El presidente del comité de gestión, el amuzgo Francisco Pérez Nazario, comentó que nueve comunidades de Ometepec decidieron el 29 de diciembre de 2022 declararse como un nuevo municipio, cuya cabecera es Huixtepec, “por el mal reparto de los recursos económicos, no hay obras”.
Agregó que no hay doctores y tampoco enfermeras, “estamos en situación muy precaria socialmente hablando”, por lo que pidió al Congreso local agilizar el proceso de reconocimiento del nuevo municipio.
Huehuetán
El promotor Pedro Marín Mayo informó que nueve comunidades de Azoyú decidieron desprenderse de este municipio a través de actas de asamblea. El Congreso local les pide una población de 25 mil habitantes, una universidad y drenaje.
“Si tuviéramos universidad, tuviéramos drenaje, todo lo que nos están solicitando, ¿para qué nos vamos a desprender de Azoyú entonces si tenemos todo? Es absurdo lo que nos está contestando el Congreso”.
Dijo que la razón de su constitución como nuevo municipio es el “abandono, ahí tenemos actualmente, por ejemplo, en el poblado de Huehuetán obras inconclusas; hace aproximadamente diez años nos pusieron drenaje, que nunca se concluyó”, así como el sistema de agua potable.
Señaló que en Azoyú, constituido como municipio en 1917, “los presidentes siempre han sido los mismos, herederos de esa presidencia”. Advirtió que “posiblemente” no van a permitir la instalación de las casillas.
Huehuetán cuenta con 4 mil 700 habitantes, de los cuales 85 por ciento son afromexicanos y cinco por ciento son indígenas. Ascienden a siete mil 800 con las otras localidades que pretenden desprenderse.
Pueblo Hidalgo
El presidente del Comité gestor de Pueblo Hidalgo, José Linares García, contó que su lucha de desprendimiento de San Luis Acatlán inició en 1994, la cual fue abandonada por falta de recursos económicos, se reactivó en 2017 y tomó un nuevo impulso en 2022 con diez comunidades tlapanecas, donde viven diez mil 200 habitantes.
Buscan ser un nuevo municipio por “la falta de atención de los presidentes municipales, a la discriminación y al abandono que tienen a nuestras comunidades”.
Informó que como nuevo municipio ya no trabajan con los partidos políticos, “prácticamente estamos ejerciendo nuestro recurso, que es lo del Ramo 33, lo está ejerciendo de manera directa la comunidad de Pueblo Hidalgo. Hemos visto que se han hecho obras de mejor calidad, obras con mayor extensión que como las hacía el municipio”.
La asamblea informativa que encabezó el alcalde Evodio Velázquez en el zócalo de Acapulco Foto: El Sur
El ex alcalde Evodio Velázquez encabezó en el zócalo de la ciudad la primera asamblea informativa de la caravana Acuérdate de Acapulco en la que se acordó que se solicitará un amparo contra la federación, para que vuelva a declarar al municipio en estado de emergencia y como prioridad nacional.
También se acordó que en los próximos días harán reuniones en barrios y colonias de Acapulco, así como gestiones en los ámbitos nacional e internacional.
El ex alcalde y vocero del movimiento, Evodio Velázquez Aguirre, afirmó que Acapulco continúa sin agua, sin luz y sin internet, una realidad que el gobierno federal pretende negar y que por eso se realizó esta reunión.
“Venimos por primera vez a informar al pueblo y vamos a tener otros puntos, para decirles del maltrato que ha tenido el presidente de la República que no destinó un solo peso para Acapulco y Guerrero. Hoy, junto con los diputados traicionaron al pueblo”, afirmó.
Agregó que al siguente día de la aprobación del presupuesto “de un plumazo borraron la declaratoria de emergencia. Por eso, estaremos haciendo un llamado a todo el pueblo de México para movilizarnos en el país y más allá de las fronteras”.
El ex alcalde de Acapulco recalcó que Acapulco está destrozado y que perderá la derrama económica de la temporada vacacional decembrina. Dijo que la gente ha perdido sus casas, sus trabajos y sus negocios.
En su mensaje, en la reunión a la que asistieron unas mil personas, de acuerdo con un comunicado de prensa, Velázquez Aguirre reconoció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su trabajo en las calles y colonias, levantando miles de postes y cableado; también al Ejército y a la Marina. Pidió a la población aceptar el censo, pero sin dejarse influir por la propaganda.
Subrayó que en su visita a Ciudad de México, la caravana logró recolectar 10 toneladas de víveres y la próxima semana llegarán 50 más, para repartirse entre los damnificados de la ciudad. (Redacción).
El abogado José Luis Solís Pacheco dijo que representa a más de 6 mil policías estatales y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes exigen al gobierno de Evelyn Salgado Pineda un aumento salarial, y prestaciones como créditos para vivienda y servicio de salud de calidad.
En conferencia de prensa en el restaurante Vips de La Diana, el abogado del despacho jurídico J. Solís firma consultora: Attorney at Law, informó que ellos representan a los trabajadores y que ante la nula atención, buscarán un amparo para que “se ejerza el derecho que están solicitando”.
Indicó que las demandas de los policías son el incremento salarial homologado a nivel nacional, de acuerdo con lo publicado el 14 de junio de 2023 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de un salario dignó para los policías.
Subrayó que los policías han manifestado que no han recibido incremento salarial desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, pero “sí más exceso de trabajo u jornadas laborales”.
Otra de las demandas es el acceso a créditos de vivienda, porque la gobernadora al inicio de su mandato prometió que ella daría ese beneficio y atención a la salud digna.
También piden el derecho a vacaciones, porque “en la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado no se establece ese derecho de la Policía Estatal, por lo que están solicitando que se haga una reforma para que se incluya ese rubro, por omisión legislatica en dicha ley”.
Además pide que se respete la jornada laboral, que es de 8 horas más 4, lo cual no se hace “prácticamente los tienen cinco días laborando, lo demás de descanso, lo cual no es correcto porque va en contea de los tratados nacionales e internaciones de las jornadas que deben cubrir”.
En el documento enviado a las autoridades del estado también está el derecho a manifestarse, porque en la Ley 179, que fue creada durante el actual gobierno, se les “prohibió el derecho a manifestarse, cuando es un derecho constitucional, así como sindicalizarse, asociarse para un sindicato y es lo que están solicitando”.
También quieren el respeto a la jubilación y pensiones, porque hay elementos que ya cumplieron con los requisitos, pero la ley de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero no establece los tiempos ni cuándo, ni el procedimiento a seguir, porque no se han creado los reglamentos derivados de la creación de esa ley.
Dijo el abogado que el documento es para que las autoridades den contestación a sus demandas, pero el jefe de la unidad de asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Mora Rendón, dio contestación a la petición “con un documento donde nada más da evasivas, sin responder ninguna, sino al contrario. En ese oficio les dice cómo puede darlos de baja, entre ellos, el manifestarse por no tener disciplina”.
“En este escrito, prácticamente los está amenazando por exigir sus derechos”, dijo del abogado.
Señaló que los policías estatales, distribuidos en las ocho regiones, están de acuerdo en irse a un paro de labores a efecto de que “mientras no se les cumplan sus demandas, seguirán en su manifestación, respetando la garantía de los ciudadanos”. Además, recurrirán al juicio de amparo, para que a través de ello se ejerza el derecho que están solicitando.
El Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo amparó a 10 maestros ante irregularidades cometidas por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Unidad Estatal del Sistema de Carrera de las Maestras y de los Maestros (Uesicamm), durante el proceso para la asignación de cambios de centros de trabajo.
El juzgado federal apercibió desde 2021 al entonces titular de la Contraloría Interna de la SEG, ahora Órgano Interno de Control, Ramón Apreza Patrón, para que en caso de no corregir las fallas, se le aplicarán sanciones económicas y administrativas, “por dilación y falta de cumplimiento” de una resolución emitida el 25 de noviembre de 2020 a favor de los quejosos.
Los maestros, informaron que a la fecha la resolución judicial sigue sin cumplirse, debido a que la SEG y la propia Uesicamm recurrieron a un recurso de revisión, pero el 25 de septiembre pasado el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, desechó el recurso.
De acuerdo con el expediente, en abril de 2020, la SEG convocó al personal estatal y federalizado con funciones de docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión en educación básica, a participar en un proceso de cambio de centro de trabajo.
Esta sería la primera vez que el proceso estaría fundamentado en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros, que garantiza los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia.
En el proceso participaron 40 trabajadores educativos, tanto de ámbito estatal como federal.
Sin embargo, sólo se ofrecieron dos espacios, lo que originó molestia en los participantes, y 10 de ellos presentaron una queja ante la entonces Contraloría Interna de la SEG, el 1 de septiembre de 2020.
Sin embargo, agregaron que el entonces contralor interno, Ramón Apreza, los convocó a un diálogo para buscar una solución a su inconformidad, “pero sólo se aprovechó para darle largas al asunto”.
En esa reunión, los maestros le presentaron ejemplos de movimientos que se realizaron fuera del proceso, de cambios en el subsistema de telesecundaria por los miembros de la Uesicamm, “exhibiendo la doble moral, la falta de ética, honradez y probidad”.
El 25 de noviembre de 2020, la Controlaría Interna emitió un acuerdo en el que les otorgó la razón a los inconformes, pero las autoridades de la Uesicamm hicieron caso omiso al acuerdo.
El 10 de marzo de 2021 presentaron un amparo indirecto, ante el Juzgado Primero de Distrito en contra de la SEG, del titular de la Uesicamm y de la Subsecretaria de Planeación Educativa de la SEG, en el que solicitaron la protección de sus garantías constitucionales.
El 10 de agosto de 2021, el juzgado federal resolvió el amparo 86/2021, mediante el cual “amparó y protegió” a los maestros Gilberto Navarrete Hernández, Cresencia Lorenzo López, Bernabé Benítez Felipe, Marquel García Rojas, Francisco Javier Rodríguez Zamudio, Armando Verdel Núñez, Pedro Castañeda Cornelio, Nancy Dalia Godínez González, Leticia Giles Hernández y Luis Delgado Baranda, que impugnaron “por dilatación y falta de cumplimiento” de la resolución del 25 de noviembre de 2020.
Sin embargo, las autoridades de la SEG promovieron un recurso de revisión a través del área jurídica, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito y fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Décima Región con Residencia en Saltillo, Coahuila, pero el 25 de septiembre pasado desechó el recurso.
En esa resolución se requiere al contralor interno de la SEG, para que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación, “remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la ejecutoria”.
El tribunal requiere, además, corregir las fallas del proceso, pronunciarse respecto de la destitución de los servidores públicos que incumplieron y realizar todos los actos que resulten necesarios para que se cumpla la resolución del 24 de noviembre de 2020.
A principios de este año, Ramón Apreza renunció a su cargo en el Órgano de Control Interno y fue sustituido por Isabel Rosales Garduño, derivado de ello, los maestros anunciaron que promoverán un incidente de “aclaración de la autoridad que debe dar cumplimiento a la resolución”.
Además, advirtieron que si se acredita que Apreza Patrón incurrió en responsabilidad, al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la ley de amparo, exigirán que por igual se le aplique la sanción que se resolvió.
El rector de la UAG, Javier Saldaña, le toma protesta a Berenice Ilíades Aguiar como secretaria general; a un costado, la tesorera general, Leticia Jiménez Zamora, quien fue ratificada; el coordinador de asesores, Fernando Jiménez Medina, y la secretaria privada de la Rectoría, Esmeralda Zamora Villalba, quienes momentos antes habían rendido protesta de sus cargos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez / Karina Contreras
Chilpancingo / Acapulco
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, dijo sobre el amparo que interpusieron sus contrarios, que “es un tema muy desgastado”. El universitario estuvo en Contaduría y Administración, en Acapulco, donde informó que habrá un decreto para que los actuales funcionarios queden, de momento, como encargados de despacho.
En Chilpancingo, al finalizar la primera entrega de nombramientos, Saldaña Almazán fue consultado sobre el amparo directo contra las elecciones en la UAG, que interpusieron los integrantes del Movimiento por la Defensa de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad.
Respondió que “no tengo nada que opinar, es un tema muy desgastado”, porque incluso dijo que la ley, la razón y la legalidad quedaron plasmado con su toma de protesta, por lo que dijo “respetarlos e invitarlos a que se sumen al trabajo institucional”.
–¿Considera que no hay peligro de que se determine la repetición de las elecciones? –se le preguntó.
–No. Ya tenemos bien estudiado el asunto, no creo que haya una situación que vaya más allá. Ya es un hecho consumado. Es importante que todos estemos en una ruta de trabajo.
Saldaña Almazán aseguró que sólo son tres o cuatro personas que no están de acuerdo, que “si quieren aportar y participar en la institución, son bienvenidos al equipo”.
Dijo que antes de las elecciones se reunió con ellos y los invitó “siempre daré mi mano amiga para ellos. Cuando me necesiten, aquí estará su rector”.
El rector Javier Saldaña le tomó protesta a Berenice Illades Aguiar, quien asumirá la Secretaría General de UAG; y Leticia Jiménez Zamora fue ratificada como tesorera.
Asimismo, en la Rectoría de la UAG fue nombrado coordinador de asesores Fernando Jiménez Medina, como secretaria privada de la Rectoría designaron a Esmeralda Zamora Marcelo y en la Unidad de Igualdad de Género, Kristal Rebollar de los Santos.
Saldaña Almazán informó que el pleno del Consejo Universitario sesionará la próxima semana, para que analice, y en su caso, apruebe el nuevo organigrama institucional, que plantea ajustes para mejorar las funciones de las coordinaciones generales y departamentos de la UAG.
Un análisis de la “nueva”
universidad
Por la mañana, el rector Saldaña Almazán estuvo en la Facultad de Contaduría y Administración, ubicada en Acapulco, donde adelantó que firmaría un decreto para que en “automático” los que fungieron como funcionarios se queden, por el momento, como encargados de despacho.
El rector adelantó que se está haciendo un análisis de lo que será la “nueva universidad, su nueva estructura. Romper el viejo paradigma de la escuela tradicional a un paradigma de una universidad con mayor tecnología y, obviamente, que sea más funcional y que los servicios lleguen a todas las regiones”.
Adelantó que el nuevo organigrama fusiona áreas, porque se van a crear las coordinaciones regionales para que los servicios lleguen a todos lados.
Saldaña Almazán estuvo en su primer acto como rector en el puerto, en donde llamó a todos a trabajar por el bien de la UAG y en unidad. Pidió a los encargados de las áreas que atiendan a los universitarios y “si no han trabajado en estos años, van a tener estos días”.
Ante los estudiantes de Contaduría y Administración, donde inauguró un edificio que tuvo una inversión de más de 11 millones de pesos, el rector reiteró su apoyo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Dijo que tendrán una alianza fraterna, de armonía y respeto.
“Por eso, nosotros no tenemos camisetas de ningún partido. Hicimos una alianza de trabajo con la gobernadora, a quien le agradezco públicamente que haya estado con nosotros en la toma de protesta y eso nos compromete más. El estar en armonia con el gobierno estatal nos permite avanzar más y vamos a ofrecerles servicios donde muchos investigadores, muchos técnicos, artistas, que puedan hacer y ofrecer a los tres poderes estatales. La universidad tiene otra dinámica de servir a su pueblo”, manifestó el rector.
Indicó que la UAG tiene un gran compromiso con los guerrerenses, para seguir impulsando y consolidando el estado, así como transformando la universidad de la mano de una “gran amiga”, como es la gobernadora Evelyn Salgado.
Habló sobre las cuotas que se cobran en las escuelas y dijo que el gobierno federal debe bajar el presupuesto a las universidades, para dejar de cobrar. Habló de lo que se cobra en la UAG en comparación con otros sistemas educativos, donde dijo que un alumno egresado de esa escuela, para terminar su carrera, invierte 3 mil 500 pesos, mientras que un alumno en el Tecnológico de Acapulco invierte no menos de 40 mil pesos, “para que vean las grandes desproporciones”.
En el acto estuvo la coordinadora de la Zona Sur de la UAG, Xóchitl Astudillo Miller; la directora de Contaduría y Administración, Citlalli Arroyo Rosas; la secretaria general del STTAIUAG, Brenda Alicia Alcaraz, y del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, entre otros.
En el transcurso de la noche, Saldaña Almazán informó que firmó un decreto que permitirá que los funcionarios de la administración saliente continúen en sus roles de manera interina, “garantizando así una transición fluida y sin interrupciones”.
Además, dijo que designó a otros miembros “clave” en diferentes posiciones para fortalecer la institución. En la publicación se observó que también ratificó a Anabela Lataban. Campos como responsable del Museo Universitario José Juárez de la UAG.
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Alfredo Romero Olea, aseguró que la institución a su cargo no ha recibido alguna notificación sobre el amparo que solicitaron los ex aspirantes a la Rectoría y sostuvo que el proceso de elección se desarrolló conforme a las reglas y normas de la institución.
El rector fue consultado al finalizar la celebración de los 10 años de la UAG Virtual, en Chilpancingo, por el juicio de amparo indirecto, promovido por los ex aspirantes Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Traín, ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), el cual ya fue remitido a un tribunal colegiado de circuito.
Respondió que a la institución no le han notificado nada de manera oficial, “sabemos que hay una solicitud, pero no se ha resuelto nada que nosotros tengamos conocimiento”.
Romero Olea externó que está plenamente confiado que el proceso de elección a rector se desarrolló conforme a las reglas y normas institucionales, que no sea ha violentado nada.
Sostuvo que el proceso electoral para asumir la Rectoría, realizado el pasado mayo, sigue firme en su resultado, “todo está firme”.
Hay clases normales en el estado, informa
Además, el rector informó que en las escuelas preparatorias y de nivel superior, laboran de manera presencial a pesar de hechos de violencia en algunas regiones del estado, como es el caso de Tierra Caliente.
“He recibido el reporte por parte de los directivos de las preparatorias y escuelas superiores que tenemos, y están trabajando de manera normal”, enfatizó José Alfredo Romero.
Informó que tienen una estrategia interna de seguridad, que es el cuidado, porque estás situaciones de violencia no saben cuándo se puedan presentar, “hemos hablado con los directores, que estén alertas ante cualquier situación, para evitar el problema de quienes lo estén generando”.
En cuanto a las becas a las becas del Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (Conahcyt) informó que este martes, todos los rectores se reunirían con la directora María Elena Álvarez-Buylla Roces, “porque hay toda la voluntad para destrabar este problema”.
Dijo que la universidad espera que se les apoye con la totalidad, porque además es la nueva disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de becar a todos los estudiantes.
El rector manifestó que lo que pide al Conahcyt es que se respete lo que ya estaba establecido desde un principio, de que todos los programas que están evaluados por ellos sean apoyados con becas.
Además, informó que la UAG solicitó al Congreso del Estado 4 mil millones de pesos de presupuesto, el cual se requiere para cumplir con gastos universitarios, como crear nuevas carreras, programas, equipamiento que incluyen becas, maestrías y doctorados, así como el impulso a las nuevas tecnologías.
Integrantes del Frente Progresista Guerrerense encabezado por Eloy Cisneros en conferencia de prensa Foto: Jesús Trigo
Daniel Velázquez
El coordinador del Frente Progresista de Guerrero (FPG), Eloy Cisneros Guillén, llamó al diálogo entre el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubon y la coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo; dijo que no se debe dividir el movimiento para lograr la victoria que se pronóstica a favor de Morena.
En conferencia de prensa, en sus oficinas en Acapulco, Cisneros Guillén informó que promovieron un amparo para que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda los reciba, pues desde 2021 no los atiende y están pendientes varias demandas, entre ellas la construcion de la Casa del Adulto Mayor en Ometepec, y resolver la posesión de los predios de los vecinos del campamento Liberación Campesina y El Maguey, en Copala.
Consultado sobre cuál será la ruta del Frente Amplio Progresista, ahora que ya de definió la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T a favor Claudia Sheinbaum, y no por Marcelo Ebrard, a quien ellos apoyaban, Cisneros Guillén informó que esperarán al próximo lunes para conocer la postura de Ebrard.
Opinó que no se debe buscar que haya enfrentamiento entre Ebrard y Sheinbaum sino que debe buscar el diálogo entre ambos.
A pregunta sobre qué sugería, como líder histórico de la izquierda en Guerrero, al ex canciller, Eloy Cisneros respondió: “yo le pediría que buscara el diálogo, el diálogo abierto con todas las personas que participaron y que ahí esté Claudia Sheinbaum y que ahí se discuta. No podemos romper de un momento a otro, en una situacion que se preveía que iba a ser un rotundo triunfo, importante para todos los mexicanos. Debemos seguir buscando eso, no darles ninguna posibilidad a quienes de alguna u otra manera han estado destruyendo la nación”.
Sin respuesta del gobierno estatal
En la conferencia, los integrantes del Frente informaron que promovieron un amparo para poder conseguir una audiencia con la gobernadora, pues la única vez que los ha atendido fue el 30 de enero de 2021, cuando acordaron que al menos mensualmente tendrían mesas de trabajo con los funcionarios estatales para atender sus demandas, pero han presentado solicitudes de audiencia el 12 de agosto de 2022 y el 17 de junio de 2023 y de ambas no han tenido respuesta, por lo que este 6 de septiembre recurrieron al Poder Judicial para ser atendidos.
Las demandas son atención a la construcción de la Casa del Adulto Mayor en Ometepec, pues la obra está detenida y no tiene ni el 40 por ciento de avance.
Otra es la atención a los vecinos del campamento Liberación Campesina y El Maguey, que piden la intervención del gobierno estatal para lograr la regularización la posesión de sus predios con el ejido de Copala.
El Maguey tiene tres hectáreas donde habitan 65 familias; el campamento Liberación Campesina tiene 36, que ocupan 95 familias. Lo que piden es que la gobernadora sea mediadora y se logre un acuerdo con el ejido para que puedan pagar los predios y asi resolver el conflicto.
Otra de las demandas es que se impulsen las actividades productivas del estado como la producción de coco, mango, limón, tamarindo y presentarle un proyecto de produción de aceite para vehiculos mediante la higuerilla.
En la conferencia tambien participó el rex esidente de obra de la Costa Chica de la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno del estado, Armando Manuel López, quien demandó el pago de salarios correspondiente a cuatro meses, pues fue despédido de manera verbal y no le han pagado las quincenas pendientes ni la liquidación.
Sostuvo que en los dos años aque trabajo en la Costa Chica ha sido testigo de la corrupción que hay en esa dependencia. Puso como ejemplo que el camino Ometepec-San Juan se construye sin proyecto ejecutivo, solo le dijeron que hiciera el recorrido y viera lo que se iba a hacer, lo cual dijo es una falla porque todas obras deben contar con un proyecto para que sean de calidad.
Tomás Zerón de Lucio presentó una demanda de amparo en la que solicita una orden judicial que prohíba a la Secretaría de Gobernación y, en particular, al subsecretario Alejandro Encinas, señalarlo públicamente como “torturador” y creador de la “verdad histórica”.
El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) pidió una suspensión para que se ordene eliminar de las páginas oficiales y redes sociales, como Facebook, X, Instagram y You Tube, toda publicación que lo presente como culpable y bajo esos señalamientos, ya que afirma que violan su derecho a la presunción de inocencia.
De acuerdo con registros judiciales, la demanda de garantías fue turnada al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo, en Ciudad de México, el cual analizará si es competente para pronunciarse sobre este asunto y si procede o no la suspensión solicitada.
“(Se solicita la suspensión para que) las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido de páginas oficiales o redes sociales mediante las que se afirme, sugiera o presente dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa”, señaló.
“De continuar con lo anterior, seguiría la afectación a la presunción de inocencia del quejoso en su vertiente de trato extra procesal dentro de las investigaciones iniciadas en su contra, ya que la generación de mensajes como los emitidos por las autoridades responsables y que ahora se reclaman, pueden influir para generar una versión sesgada en los órganos de acusación y de impartición de justicia, porque de manera informal se adelanta una declaración de condena a través de un juicio mediático, volviendo al proceso penal correspondiente en una mera formalidad”.
El hoy prófugo de la justicia, y radicado en Israel, presentó esta demanda judicial contra el subsecretario Alejandro Encinas y la Segob.
Al primero, le reclama la trasgresión a los principios de presunción de inocencia y el debido proceso, por acusarlo públicamente de crear con base en torturas la “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa.
Zerón señala que Encinas hizo estas manifestaciones el pasado 25 de agosto, en la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, con motivo del noveno aniversario del Caso Ayotzinapa, en este mes.
También hizo expresiones en el mismo sentido en un video de la Segob, que difundió el subsecretario en su cuenta de X (antes Twitter).
El ex jefe de la AIC también reclama a la Segob la orden de publicar en el portal del gobierno de México, el comunicado de prensa 438/2023, con el título “Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia, creó la verdad histórica con base en la tortura y Alteración de pruebas”.
En dicho texto, se queja el ex mando policiaco, se hacen afirmaciones sobre las conductas que le imputan y se adjunta un video con tales señalamientos.
“Lo anterior, es una clara violación a los principios de presunción de inocencia y debido proceso”, refiere.
Contra Zerón pesan cinco órdenes de aprehensión, tres de ellas por delitos de servidores públicos y supuestos desvíos en contratos de la PGR, y dos relacionadas con el Caso Ayotzinapa.
Estas últimas son por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, operador del grupo criminal Guerreros Unidos, tras su detención en 2015.
Otra es por trasladar al río San Juan, sin abogado y sin orden ministerial, a Agustín García, El Chereje, uno de los sicarios del mismo grupo criminal que está acusado de participar en la desaparición de los estudiantes.
La presidenta de la organización Familias Unidas de Acapulco, María de la Luz Reyes Ríos, informó que ya fue admitido el amparo para que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no distribuyan los libros de texto gratuitos, porque éstos no respetan los planes y programas de estudio, como establece la Ley General de Educación.
A la abogada se le preguntó sobre lo manifestado en Ayutla por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gira por Guerrero el viernes pasado, donde dijo que el ciclo escolar iniciaría con los nuevos libros de texto “lo quieran o no lo quieran”, y respondio: “Bueno, eso ya lo dejamos en manos del juez de distrito. Si el juez nos concede la suspensión definitiva, él le ordenará a las autoridades correspondientes”.
Agregó que ellos se atendrán a lo que el juez de distrito resuelva, ya si “nos otorga la suspensión definitiva y las autoridades no quieren acatar la orden del juez, ya se verá lo que proceda”.
En declaraciones telefónicas, la abogada dijo que el pasado 25 de agosto, dos días después de que lo interpusieron, fueron notificados de que fue admitido el amparo en el juzgado octavo de distrito, de los juzgados federales, y “ya les notificaron a las autoridades, como son la SEP, SEG y la gobernadora”.
Indicó que las autoridades tienen que rendir el informe y la audiencia constitucional la tendrán el 25 de septiembre. Explicó que el que se haya admitido el amparo significa que están “actuando conforme a derecho y que el juez de distrito analizó nuestra demanda y la consideró ajustada a derecho, para admitirla y que se siga el juicio en todas sus etapas procesales”.
Agregó la abogada que es buena noticia que se haya aceptado la demanda de amparo que solicitaron, para “efecto de que la SEG no entregue los libros, que ya entregó, pero el juez de distrito hará lo conducente. Aquí lo importante es que sí se admitió nuestro juicio de amparo”.
Reyes Ríos dijo que tienen toda la confianza en que resuelva a favor de conceder el amparo, porque en el ámbito nacional, la Unión Nacional de Padres de Familia ya obtuvo los amparos correspondientes, en el mismo contexto que “nosotros lo promovimos. Ya ellos obtuvieron la suspensión definitiva y, entonces, confiamos en que el juez de distrito nos va obsequiar esa suspensión definitiva”.
El amparo fue promovido por varias organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia, A Favor de la Familia y la Niñez y Guerrero Unido con la Familia.
