El comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrereo (ITAIgro), Roberto Nava Castro, dijo que de los 204 entes obligados que manejan recursos públicos y tienen actos de autoridad, solo 143 cumplen con la transparencia.
En declaraciones al finalizar el acto de Comisionado en tu Plaza, en el Zócalo, Nava Castro dijo que éstos están en “estado de omisión, de negligencia”, pero advirtió que tienen algo en su contra y es que el Instituto de Transparencia se está ocupando en realizar el mecanismo de sanción.
Señaló que eso significa que en la legislación, en la Ley 207 de Transparencia en Guerrero y que rige en este tema tiene un catálogo específico de sanción al servidor público, y “le va traer problemas como tal y estamos duro y duro en ese sentido para lograr que transparenten lo que no es de ellos. Es una información pública pero no les cae el veinte y hasta que sean sancionados lamentablemente nos van a responder”.
Dijo que en esa lista hay ayuntamientos y sindicatos, aunque en ese momento no tenía a la mano cuáles, que son los que no han cumplido, porque los del Ejecutivo los 81 entes que están obligados sí están cumpliendo con la transparencia y la mayoría con calificación aprobatorio del 70 hacía arriba.
Sobre las sanciones que pueden recibir los que no cumplan, señaló que la ley es clara donde pueden recibir una amonestación pública y la otra es la sanción monetaria y son más de 10 mil 956 pesos por no cumplir con la transparencia.
Dijo que se aplican esas sanciones a través de la Secretaría de Finanzas, les dan el porcentaje correspondiente al Instituto, quien lo aplica en difundir el tema de la transparencia, como el de este jueves. Indicó que no tienen presupuesto y se hace llegar de esos recursos de “servidores públicos negligente”.
En su mensaje la comisionada del INAI y presidenta del Consejo Nacional de Transparencia, Blanca Lilia Ibarra Cadena, dijo que se debe construir una ciudad más equitativa, más homogénea y “que nos permita construir políticas públicas con efecto de transparencia, sí con puertas abiertas, sí de cara a la sociedad”.
Dijo que estar del lado de la gente obliga a ser más transparentes, a que se busque recuperar la confianza de las personas en lo que hacemos desde las instituciones públicas.
“A que se recupere auténticamente la credibilidad en el gobierno, y habló del nivel estatal municipal y federal. Por eso no debemos permitir que haya pasos hacía atrás, que haya regresiones en los derechos y libertades que hemos conquistado”.
Agradeció la presencia de los medios de comunicación de quien dijo han sido aliados en esa lucha social desde hace dos décadas que ha llevado que en este país se tengan leyes de transparencia, de acceso a la información y de protección de datos personales.
Dijo que la academia también ha sido clave para ayudar a crecer.
Añadió que se debe construir ciudadanía, pero informada y añadió que si no se conoce para qué sirve el derecho a la información tampoco se podrá ejercer otros derechos que van de la mano con el conocimiento público que es el derecho a la educación, a la vivienda y a la salud.
En el acto hicieron entrega de reconocimientos a diferentes dependencias que cumplieron con la información de transparencia.
Estuvieron en el acto el secretario de Contraloria y Transparencia Gubernamental, Víctor Edgar Arenas; el subsecretario de Desarollo y Política Social, Oscar Chávez Rendón; el secretario general del Ayuntamiento, José Juan Villaseñor; el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, y el alcalde de Mochitlán, Gerardo Mozo López
El Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo amparó a 10 maestros ante irregularidades cometidas por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Unidad Estatal del Sistema de Carrera de las Maestras y de los Maestros (Uesicamm), durante el proceso para la asignación de cambios de centros de trabajo.
El juzgado federal apercibió desde 2021 al entonces titular de la Contraloría Interna de la SEG, ahora Órgano Interno de Control, Ramón Apreza Patrón, para que en caso de no corregir las fallas, se le aplicarán sanciones económicas y administrativas, “por dilación y falta de cumplimiento” de una resolución emitida el 25 de noviembre de 2020 a favor de los quejosos.
Los maestros, informaron que a la fecha la resolución judicial sigue sin cumplirse, debido a que la SEG y la propia Uesicamm recurrieron a un recurso de revisión, pero el 25 de septiembre pasado el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, desechó el recurso.
De acuerdo con el expediente, en abril de 2020, la SEG convocó al personal estatal y federalizado con funciones de docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión en educación básica, a participar en un proceso de cambio de centro de trabajo.
Esta sería la primera vez que el proceso estaría fundamentado en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros, que garantiza los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia.
En el proceso participaron 40 trabajadores educativos, tanto de ámbito estatal como federal.
Sin embargo, sólo se ofrecieron dos espacios, lo que originó molestia en los participantes, y 10 de ellos presentaron una queja ante la entonces Contraloría Interna de la SEG, el 1 de septiembre de 2020.
Sin embargo, agregaron que el entonces contralor interno, Ramón Apreza, los convocó a un diálogo para buscar una solución a su inconformidad, “pero sólo se aprovechó para darle largas al asunto”.
En esa reunión, los maestros le presentaron ejemplos de movimientos que se realizaron fuera del proceso, de cambios en el subsistema de telesecundaria por los miembros de la Uesicamm, “exhibiendo la doble moral, la falta de ética, honradez y probidad”.
El 25 de noviembre de 2020, la Controlaría Interna emitió un acuerdo en el que les otorgó la razón a los inconformes, pero las autoridades de la Uesicamm hicieron caso omiso al acuerdo.
El 10 de marzo de 2021 presentaron un amparo indirecto, ante el Juzgado Primero de Distrito en contra de la SEG, del titular de la Uesicamm y de la Subsecretaria de Planeación Educativa de la SEG, en el que solicitaron la protección de sus garantías constitucionales.
El 10 de agosto de 2021, el juzgado federal resolvió el amparo 86/2021, mediante el cual “amparó y protegió” a los maestros Gilberto Navarrete Hernández, Cresencia Lorenzo López, Bernabé Benítez Felipe, Marquel García Rojas, Francisco Javier Rodríguez Zamudio, Armando Verdel Núñez, Pedro Castañeda Cornelio, Nancy Dalia Godínez González, Leticia Giles Hernández y Luis Delgado Baranda, que impugnaron “por dilatación y falta de cumplimiento” de la resolución del 25 de noviembre de 2020.
Sin embargo, las autoridades de la SEG promovieron un recurso de revisión a través del área jurídica, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito y fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Décima Región con Residencia en Saltillo, Coahuila, pero el 25 de septiembre pasado desechó el recurso.
En esa resolución se requiere al contralor interno de la SEG, para que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación, “remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la ejecutoria”.
El tribunal requiere, además, corregir las fallas del proceso, pronunciarse respecto de la destitución de los servidores públicos que incumplieron y realizar todos los actos que resulten necesarios para que se cumpla la resolución del 24 de noviembre de 2020.
A principios de este año, Ramón Apreza renunció a su cargo en el Órgano de Control Interno y fue sustituido por Isabel Rosales Garduño, derivado de ello, los maestros anunciaron que promoverán un incidente de “aclaración de la autoridad que debe dar cumplimiento a la resolución”.
Además, advirtieron que si se acredita que Apreza Patrón incurrió en responsabilidad, al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la ley de amparo, exigirán que por igual se le aplique la sanción que se resolvió.
Los ciudadanos o empresas que publiquen encuestas sobre tendencias o preferencias electorales dentro del proceso electoral 2023-2024, deberán entregar en medio impreso y electrónico, toda la información relativa al sondeo, desde los resultados hasta los datos del patrocinador del estudio, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en un plazo de cinco días luego de su publicación.
Este viernes, en el Periódico Oficial del Estado se publicó el acuerdo aprobado por el IEPC, el pasado 31 de agosto, en el que se advierte que quienes incumplan esa disposición serán sancionados, de acuerdo con el articulo 148 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
El artículo al que hace referencia el acuerdo del IEPC no especifica una sanción, sólo que el caso será llevado al área jurídica, que será la responsables de inciar el procedimiento sancionador respectivo. “Cuando un sujeto obligado sea omiso en entregar la información requerida por el instituto o los OPL, la entregue de manera incompleta o su respuesta al requerimiento formulado resulte insatisfactoria, para acreditar el cumplimiento a las obligaciones establecidas en la LGIPE y el presente Reglamento, la Secretaría Ejecutiva que corresponda, deberá dar vista del incumplimiento al área jurídica competente, con la finalidad que se inicie el procedimiento sancionador respectivo, en términos de lo dispuesto en la legislación aplicable”.
El IEPC pide conocer los recursos económicos aplicados en la encuesta, “los nombres de las personas físicas o morales que ordenaron realizar el estudio, los datos que permitan identificar fehacientemente la persona fi?sica o moral que ordeno?, realizo?, publico? y/o difundio? los estudios, incluyendo nombre o denominacio?n social, logotipo, domicilio, tele?fono y correos electro?nicos donde puedan responder requerimientos sobre los estudios mismos. En especi?fico, debera? informar: a) La o las personas fi?sicas o morales que patrocinaron o pagaron la encuesta o sondeo, b) La o las personas fi?sicas o morales que disen?aron y llevaron a cabo la encuesta o sondeo, y; c) La o las personas fi?sicas o morales que solicitaron, ordenaron y/o pagaron su publicacio?n o difusio?n”.
El IEPC tambien advierte que “toda publicación en donde se dé a conocer de manera original resultados de encuestas por muestreo o sondeos de opinión, con el fin de dar a conocer preferencias electorales o tendencias de la votación, deberá identificar y diferenciar, en la publicación misma, a los actores siguientes: a) Nombre completo, denominación social y logotipo de la persona física o moral que: I. Patrocinó o pagó la encuesta o sondeo; II. Llevó a cabo la encuesta o sondeo, y III. Solicitó, ordenó o pagó su publicación o difusión”.
El IEPC precisa que “los resultados de encuestas por muestreo o sondeos de opinio?n que se publiquen por cualquier medio, debera?n especificar, en la publicacio?n misma, la informacio?n siguiente: a) Las fechas en que se llevó a cabo el levantamiento de la informacio?n; b) La población objetivo y el tamaño de la muestra; c) El fraseo exacto que se utilizó para obtener los resultados publicados, es decir, las preguntas de la encuesta; d) La frecuencia de no respuesta y la tasa de rechazo general a la entrevista; e) Señalar si el reporte de resultados contiene estimaciones de resultados, modelo de probables votantes o cualquier otro parámetro que no consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas de la muestra estudiada para la encuesta; f) Indicar clara y explícitamente el método de recolección de la información, esto es, si se realizó mediante entrevistas directas en vivienda o a través de otro mecanismo, o bien, si se utilizó un esquema mixto, y g) La calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la muestra”.
Maestros de una fracción de la Coordinadora Sectorial de la región Centro acudieron a la Contraloría Interna, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para solicitar que “no se hostigue” a los trabajadores con la declaración patrimonial.
Los manifestantes llegaron a las oficinas ubicadas en la colonia Villa Moderna, donde realizaron un breve mitin y una comisión fue recibida por la titular de esa área, Isabel Rosales Garduño.
Uno de los dirigentes, Víctor Bartolo de la Cruz, informó que fueron atendidos y que plantearon que cese el hostigamiento que sufren los trabajadores de la educación, “de que si no realizan la declaración patrimonial serán sancionados”.
Detalló que Isabel Rosales se comprometió con dar a conocer su petición a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.
Además, Víctor Bartolo informó que 576 trabajadores se ampararon contra la declaración patrimonial, porque no pueden “permitir que se afecten sus derechos laborales”.
Los cetegistas indicaron que le informaron a la funcionaria estatal que ellos continuarán con sus movilizaciones y su protección de manera jurídica. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
El vocero de los docentes de las secundarias técnicas de la zona escolar 11, Marcos Jaimes Ríos, dijo que no permitirán que se toque el salario de los trabajadores por parte de las autoridades educativas.
Indicó que han estado atendiendo de forma semanal a los alumnos, con actividades de trabajo, y aunque no es la forma ideal “semanalmente estamos con ellos, entregamos actividades, revisamos. Estamos dentro de la escuela, pero estamos preparando las guías de la otra semana y revisando los trabajos”.
El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, indicó que se analiza si se aplican sanciones a los docentes de las secundarias técnicas, que llevan casi seis semanas en paro, pues “queremos llegar a un acuerdo con ellos, respetar los acuerdos con la federación, de que haya clases para los niños”.
El vocero de los docentes en paro dijo sobre lo dicho por Marcial Rodríguez, de que el acuerdo en la reunión de abril fue que ellos iban a regresar a clases. que “eso es lo que dicen ellos, pero eso nunca se acordó. Quedamos que en la segunda reunión de la federación y el estado (con los docentes) ya iban a traer el resolutivo”.
Señaló que ellos puntualmente enviaron la información que pidió la SEP, en los formatos que les mandaron, y ellos iban a decir lo que procede, lo que tienen que esperarse, los procesos, y lo que no se cumple. Agregó que iban a dar la respuesta en una segunda reunión, juntos, federación y estado, “entonces, ya nosotros volvíamos porque la federación se comprometió a señalar lo que no salía y tenía que seguir haciendo el proceso, nos iban asesorar”.
Añadió el docente que es la autoridad estatal la que no ha programado esa segunda reunión “en cuando se haga esa reunión, ya se valora el regreso. No estamos en desacuerdo con eso, pero ellos están diciendo eso, lo toman como una verdad y ya lo han estado mediatizando y no es así”. (Karina Contreras).
Asistentes al Encuentro Internacional el Pensamiento Crítico Emancipador: Elementos Fundamentales en la Nueva Escuela Mexicana y Plan de Estudios 2022, en Acapulco Foto: Jesús Trigo
Karina Contreras
El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, indicó que se analiza si se aplicarán sanciones a los docentes de las secundarias técnicas de la zona escolar 11, que llevan casi seis semanas en paro.
Al funcionario estatal se le preguntó si entre esas sanciones podría estar la retención de la quincena a los paristas, y respondió que no quería entrar en una etapa amonestadora, pero ya se analiza, “queremos llegar a un acuerdo con ellos, pero también respetar los acuerdos con la federación, de que haya clases para los niños”.
El funcionario estatal estuvo en Acapulco, para inaugurar el encuentro académico internacional El pensamiento crítico y emancipador: Elementos fundamentales en la Nueva Escuela Mexicana y el plan de estudios 2022, donde se le preguntó sobre la situación del paro laboral de las secundarias técnicas, que exigen pago de horas y regularizaciones, y respondió que ya se están atendiendo sus demandas.
Recordó que hubo una reunión con la SEP, donde se acordó un procedimiento, “que es revisar cada uno de sus expedientes, y estamos en ese paso, pero los maestros deben de dar clases”.
“Ninguna demanda laboral, por justa que sea, puede obstruir el derecho a la educación de los niños”, subrayó el secretario. Se le preguntó si se aplicarán sanciones a los maestros en paro y respondió: “Lo estamos analizando, porque el SNTE está interviniendo a favor de que haya clases. Ya el dirigente se reunió con ellos y nosotros lo estamos haciendo con los directivos, porque su principal función es que la escuela esté funcionando, que haya clases. Los directivos no pueden ser gestores sindicales”.
Rodríguez Saldaña señaló que los maestros tienen formas legales para defender sus derechos y no estar afectando a los niños, más “cuando ya los atendidos y ellos estuvieron de acuerdo en el procedimiento que se hizo con la federación”.
Señaló que tienen los docentes que regresar a clases y que “decir que regresen a clases no es una amenaza. Nosotros exigimos a todos los maestros que trabajen, porque todos estamos trabajando, porque cobramos un salario en la SEG. Ellos mismos están cobrando y exigen que se les pague lo que se les debe, pero eso se les está tramitando, pero se les está pagando”.
Mientras que sobre la protesta de trabajadores administrativos, de la Dirección General de Educación Primaria de la SEG, para exigir la destitución del jefe de Departamento de Primarias, Alberto Cortés García, por maltrato y acoso laboral, el secretario Marcial Rodríguez dijo que que se va dialogar con los trabajadores, “vamos a revisar sus planteamientos, hay algunas quejas contra algunos servidores de la secretaría. Vamos a revisar y si es necesario cambiarlos, lo vamos a cambiar si hay causa justificada”.
En el caso de la demanda de maestros para seis escuelas, que hizo la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Rodríguez Saldaña indico que han entregado en año y medio mil 500 plazas nuevas, de las cuales se han basificado mil 200 y antes del 31 de mayo se hará una nueva entrega de plazas a normalistas egresados, para que de ahí se pueda cubrir lo que haga falta de demanda de maestros.
Por la agresión que sufrió la alumna de la secundaria Raymundo Abarca Alarcón, el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, llamó a los directivos a no minimizar ningún tipo de malas conductas, porque de lo contrario, también serán sancionados.
La semana pasada, una madre de familia denunció que en esta secundaria, del turno de la tarde, su hija fue agredida físicamente por estudiantes de esa escuela y que los directivos minimizaron esta acción.
Al respecto, el funcionario estatal dijo que desconocía de lo ocurrido, pero “ya hemos estado insistiendo en ese tema (acoso escolar). La SEG ya emprendió una campaña para evitar el bullying”.
Destacó que en reiteradas ocasiones ha llamado a los maestros y directivos a que denuncien estos actos ante las instancias correspondientes, “la Secretaría de Educación va a actuar”.
El titular de la SEG sostuvo que aquel directivo que no denuncie “también lo vamos a sacar de la institución” será sancionado, “el llamado también es a toda la dependencia. Si no dan trámite serán sancionados”. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Los presidentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, Victoriano Sánchez Carvajal, Ismael Alderete, María de la Luz Reyes Ríos, Tomás Gerardo García y Eter Miranda en la conferencia de prensa de ayer Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Dirigentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, rechazaron en conferencia de prensa una iniciativa de decreto en el que se adicionan los artículos 177 y 304 bis, al Código Penal del Estado.
La iniciativa fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el 7 de marzo al Congreso local las personas y sanciona con cárcel y multas a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a dichos “tratamientos”.
El artículo 177 que se adiciona, relacionado con las “terapias de conversión”, establece: “A la persona que, contra la voluntad de la víctima o mediante engaño, imparta o aplique cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de ésta, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Añade: “Se aplicarán las mismas sanciones a la madre, padre, tutora o tutor que ejerza cualquier tipo de violencia contra la víctima para que se someta a las conductas señaladas”.
Refiere, asimismo: “Se aumentará hasta en una mitad la sanción prevista en el párrafo anterior, cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de edad, personas adultas mayores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo”.
Se promueve el odio contra padres y turores, dicen
Los representantes de al menos cinco agrupaciones del Frente Nacional por la Familia, de orientación conservadora y con vínculos con la Iglesia católica, consideran que esa iniciativa viola los derechos humanos, la libertad de expresión, la laicidad de la educación, y atenta contra la unidad de la familia como base de la sociedad.
En conferencia de prensa ayer, alertaron que de aprobarse esa iniciativa “propiciaría una serie de delitos en contra de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”. Además, creen que acrecentará la impunidad, favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la ley.
Asistieron a la conferencia de prensa el presidente de la Red Guerrero por la Vida, Eter Miranda y la integrante de la misma agrupación Natividad Longino; la presidenta de la Asociación Familias Unidas de Acapulco, María de la Luz Reyes Ríos; el representante de la Red por la Vida Familia Guerrero Ismael Alderete; el presidente de la Asociación a Favor de la Familia y la Niñez, Victoriano Sánchez Carvajal, quien en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez fue subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
También asistió el coordinador en Guerrero del Frente Nacional por la Familia, Tomás Gerardo García Sánchez.
En un oficio de fecha 22 de marzo, las organizaciones de ese Frente advierten que en caso de aprobarse esa iniciativa causaría un daño “terrible e irreversible”, porque se pretende sancionar con pena de prisión hasta por seis años y multa de hasta 300 veces el valor diario de la UMA, a toda persona que “no esté a favor de la ideología de género” que se propone en esa reforma y que se oponga al “adoctrinamiento” de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, “agravando esa conducta penal a la madre, padre, tutora, tutor o cualquier persona”.
El documento de rechazo a la iniciativa fue leído ayer en la conferencia de prensa por María de la Luz Reyes Ríos.
Los inconformes indican que con dicha iniciativa se pretende promover el odio y el desprecio contra la figura del padre, la madre de familia, tutor o tutora, y contra toda persona que se oponga al adoctrinamiento de sus hijos en la ideología de género, al imputarlos, como incitadores de este delito.
“Pretenden castigarnos si nos atrevemos a estar en desacuerdo y, en consecuencia, considerarnos delincuentes, es decir, seriamos perseguidos, amordazados y encarcelarnos”, refiere el escrito.
Para los representantes de las agrupaciones inconformes, con la aprobación de la iniciativa se acrecentaría la impunidad, “favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la Ley, dejando en un estado de indefensión a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a las personas que no tengan la capacidad para comprender o resistir el significado del hecho o la acción sexual sobre sus cuerpos”.
Consideran que se pretende legitimar las posibles acciones delictivas de adultos del mismo sexo, sobre los menores en delitos sexuales impidiendo a los padres o tutores cualquier tipo de orientación para que no puedan seguir siendo víctimas de estos ilícitos.
“Beneficia a pedófilos”
El escrito enviado al Congreso, en el que manifiestan su oposición a la reforma, añaden que esta es violatoria de la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa, y del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias religiosas.
Consideran que se violentan libertades fundamentales, como la de expresión, de conciencia, de creencias religiosas y de culto. Así como la convención sobre los derechos de los niños, el interés superior del niño, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y atenta contra la patria potestad de los padres y ocasiona el deterioro y daño a la institución familiar.
“Esta iniciativa pretende arrebatarnos a nuestros hijos dejándolos vulnerables y en total estado de indefensión ante cualquier acción efectuada por persona determinada que atente contra la integridad sexual de nuestros hijos, lo que resulta inadmisible”, destaca el escrito.
Las organizaciones reprochan en su oficio: “Ante tanta violencia e inseguridad que se vive en el estado, ¿qué nos ofrecen ustedes como legisladores?, y cuestionan que, mientras tanto, los temas importantes y prioritarios “se están dejando de lado, para destruir a la familia y arrebatarnos lo más vital, a nuestros hijos e hijas, nuestros jóvenes y eso es un acto reprobable; dejándolos en completo estado de indefensión, pero, además, de aprobarse esta iniciativa nos criminalizará a todos los guerrerenses”.
Victoriano Sánchez Carvajal, abundó que esa iniciativa viola el Artículo Tercero Constitucional, respecto al principio de la laicidad que protege cualquier forma de pensamiento o creencia, no solamente religiosa, al impedir en determinado momento que los padres quieran educar a sus hijos conforme a sus creencias.
“La imposición de cualquier forma de pensamiento o creencia iría en contra de cualquier forma de pensamiento o creencias de las personas, esto está protegido en la Constitución y la adición al Código Penal es clara: pretende incluir una ideología de género mediante la ley a la sociedad guerrerense y eso es inadmisible porque viola el principio de laicidad y el Artículo Tercero que establece el derecho a la educación que señala que debe ser laica, obligatoria, integral, inclusiva, gratuita y de calidad”.
El abogado, argumentó que no puede someterse a la sociedad en general al pensamiento dogmático de una sola fracción porque todos somos iguales ante la ley, y añadió que el hecho de que el Estado pretenda imponer una ideología de género mediante la tipificación de un delito, sin duda violenta el Artículo Tercero Constitucional.
“Por estas razones nos manifestamos en contra de esta iniciativa y levantamos la voz en protesta, pidiendo a los diputados que analicen exhaustivamente esta iniciativa a la luz de los derechos humanos y de los tratados internacionales”.
Ismael Alderete, dijo por su parte que la propuesta es “preocupante y riesgosa”, y puso ejemplos:
“Supongamos que un padre de familia tiene un hijo de 15 años y un día llega un adulto mayor de 30 a tocar la puerta de su casa y le dice: ‘vengo a buscar a mi amante’, y resulta que éste es su hijo pero no estaba enterado de esa relación.
Explicó que si la iniciativa se aprueba, el padre no podrá reconvenir a su hijo, ni lo podrá reeducar de acuerdo a sus ideas, criterios, valores o religión, porque lo pueden acusar del delito de terapias de conversión, “y tendrá que quedarse callado para no irse a la cárcel seis años, por eso decimos que también es una ley mordaza”.
En otro ejemplo, explicó que si un sacerdote o pastor de cualquier religión predica en el pulpito que Dios creó (sólo) al hombre y a la mujer, y alguna persona que es de la ideología de género lo escucha, lo puede acusar del delito de Terapias de Conversión “y tanto el sacerdote como el pastor se van a la cárcel”.
Consideró que la iniciativa lleva dedicatoria para los pedófilos, “y quieren garantizar que nos callemos, en pocas palabras, que guardemos silencio para darle entrada a los pedófilos, y esto es grave, por eso rechazamos contundentemente esta iniciativa”.
María de la Luz Reyes Ríos, criticó que la iniciativa es copia fiel de la que se elaboró para la Ciudad de México “lo asesores de la gobernadora ni si quiera la leyeron, copiaron y pegaron; no hay ninguna motivación, fundamentación, no hay un estudio socioeconómico que establezca datos y cifras de cuantos casos en Guerrero se han suscitado”.
Expresó que el contexto de la Ciudad de México no es el mismo con el de Guerrero.
Acusó a la gobernadora y a sus asesores de imponer en Guerrero un “estado totalitario”, e insistió que no existe un estudio que sustente esa iniciativa.
“Con esta iniciativa están trastocando los derechos de la familia, que es el núcleo y base de la sociedad, trasmisora de valores y de enseñanza, y ante la ola de violencia e inseguridad en nuestro país y en nuestro estado, la familia es la contención a tanta violencia”.
En el documento que entregaron a los diputados, los representantes de las agrupaciones les pidieron que no aprueben esa iniciativa de decreto, “que mejor construyan junto con la sociedad civil, políticas públicas con perspectiva de familia que realmente fortalezcan la institución familiar y así se construya una mejor sociedad y un futuro mejor para nuestros hijos”.
Desde hace un mes, están en vigor nuevas disposiciones legales con las que se creará a partir del 5 de mayo de este año el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos en Guerrero dirigido a quienes mediante “triquiñuelas” evaden la responsabilidad de proveer alimentos y limitará la participación política de quienes estén inscritos en ese listado.
El pasado 3 de febrero se publicaron en el Periódico Oficial del Estado una serie de reformas y adiciones al Código Civil de Estado de Guerrero número 358, a la Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero y a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para adecuar la legislación y crear el registro.
Los ajustes a al Código y a las leyes tienen “como propósito fundamental, robustecer el marco jurídico de los alimentos, creando el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, que estará a cargo de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del Estado, donde se inscribirán por orden judicial a quienes dejen de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera injustificada por más de treinta días o, hayan sido sentenciados por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria”.
En los considerandos, la iniciativa que presentó el diputado priista Rafael Navarrete, sostienen que las reformas y adiciones no vulneran derechos humanos y se sostienen “desde la óptica del Derecho Familiar y el Interés Superior del Menor”.
“Instaurar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, no transgrede los Derechos Humanos, en contra de los acreedores alimentarios, sino antes al contrario, cumplirá una función orientadora, para que lo que hoy nace como un deber jurídico, mañana, se convierta en compromiso inexcusable que constituido como valor, nos haga transitar por las sendas de la virtud y la construcción de una ciudadanía responsable, que no se regocije en transgredir la ley, sino que sea razón que nos motive incluso, para estar convencidos que somos seres humanizados, cuya como carta de recomendación sea, el construir vidas y no destrozarlas, al cumplir en la medida de nuestras posibilidades con las altas responsabilidades a que nos contrae el ser miembro de una sociedad y el estar sometido al Derecho Vigente”.
En sus considerandos, los diputados, sin dar cifras argumentan que “es innegable que el noble propósito de los alimentos cada vez se cumple en menor medida, así lo indican los altos porcentajes de demandas por este concepto que se radican a diario en los juzgados de primera instancia de los dieciocho distritos judiciales del Estado; lo anterior, sin mencionar aquellos casos -que no son pocos- que no se judicializan por cuestiones de pobreza o ignorancia de quienes deberían exigirlos”.
También, sin datos, afirman que “existiendo un indeterminado número de deudores alimentarios que eluden sus responsabilidades tornándose en situación ilocalizable; el cambiar de residencia; dejar de prestar servicios a una empresa o institución, que retiene de su salario la cantidad correspondiente a la pensión alimenticia; ponerse de acuerdo con la parte patronal para declarar menos ingresos; el trabajar por cuenta propia, declarando menos ingresos de los reales; el afirmar que está desempleado; el no contar con bienes muebles o inmuebles a su nombre, entre otras muchas y socorridas triquiñuelas”.
Las reformas se publicaron el 3 de febrero, entraron en vigor al día siguiente, pero en los artículos segundo y tercero transitorio se estable un plazo “inexcusable de 90 días”, no especifica si hábiles o naturales, para que la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil designe al responsable del padrón y elabore su reglamento interno.
“La finalidad del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, es proteger el interés superior de la niñez, para que el deudor alimentario cumpla en tiempo y forma con su obligación alimentaria. Su eficacia, se basará en la inscripción en una base de datos de carácter pública, de aquellas personas que incumplan de manera injustificada con su obligación alimentaria”.
Integrantes de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) se confrontaron a gritos y empujones con militantes de Morena que acudieron a las oficinas a apoyar a un médico citado por la comisión de Honor y Justicia de la asociación; ahí los morenistas afirmaron que hay dependencias estatales y federales que sancionan a trabajadores que apoyaron a ese partido en la elección pasada.
A las 10 de la mañana, más de 30 morenistas llegaron a las oficinas del sindicato en apoyo al médico Hilario Zúñiga Escamilla, a quien citaron sin explicarle el motivo; y ahí se confrontaron con sindicalizados que les impidieron la entrada a las instalaciones.
Los militantes de Morena acusaron que el citatorio es una represión de la líder sindical y ex candidata del PRI a la alcaldía de Chilpancingo, Beatriz Vélez Núñez, porque el médico citado fue representante de casilla de Morena.
Mujeres que pudieron acompañar al médico, salieron minutos después, y fue cuando un representante sindical jaló del brazo a una de ellas y empujó a las otras, lo que ocasionó intercambio de agresiones físicas y verbales.
El encargado de enlace del distrito 07 de Morena, Iván Hernández Díaz dijo que acudieron para acompañar a Hilario Zúñiga Escamilla, ya que la notificación que enviaron a los integrantes de la comisión de Honor y Justicia, llevaba adjunta una hoja que indicaba que era representante de Morena.
Informó que hay otro caso semejante en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), y más en otras dependencias federales y estatales, pero los trabajadores no quieren denunciar.
Agregó que, “pareciera que los integrantes del sindicato están buscando venganza contra los trabajadores que ayudaron como representantes generales de Morena, por lo que estaremos atentos a apoyarlos con la presencia y solidaridad, y de manera jurídica”.
Estas acciones se han presentado en el Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos en Guerrero (IEEJAG), en el Conafe y de la selección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa).
Por su parte, un trabajador del IEEJAG afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, Octavio Higuera Vargas denunció que la Comisión de Honor y Justicia sindical exigió las prestaciones salariales de cuatro trabajadores y militantes de Morena, por lo que ya interpusieron una denuncia laboral.
Indicó que la Comisión de Honor y Justicia del Sntsa, adherido a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que representa la también dirigente de la sección 36 del Sntsa, Beatriz Vélez Núñez, lo sancionó el 1 de junio, con un año de retención de sus prestaciones salariales.
Octavio Higuera Vargas recriminó que pese a argumentar jurídicamente, el director del IEEJAG, Miguel Mayren desoyó su petición. Detalló que antes ganaba quincenalmente 2 mil 900 pesos, y ahora su sueldo es de poco más de mil pesos.
El trabajador aseveró que, “es una revancha política, porque siendo representantes generales de Morena nosotros trabajamos por este grupo político fuera de nuestro horario de labores, porque también conocemos nuestra responsabilidad”.
Después de las 12 del mediodía, Hilario Zúñiga Escamilla salió de las oficinas, explicó que el comité de Honor y Justicia lo cuestionó sobre la toma del edificio sindical el pasado 27 de junio, en una protesta para exigir mejoras laborales y la destitución de la dirigente y ex candidata a la alcaldía de Chilpancingo, Beatriz Vélez Núñez.
Reconoció que ese día acudió a un acto de protesta para pedir el cumplimiento de un pliego petitorio, “pero lo que nos dieron fue puros palos, y están los videos donde nos sacaron a golpes un grupo de simpatizantes de Vélez Núñez, incluso rompieron cristales y puertas”.
Afuera del Sindicato, donde estaban los militantes de Morena, dio a conocer que se le preguntó sobre la protesta y de su pertenencia al Frente Democrático de Trabajadores de Salud.
“Les respondí que sí, que siempre pugnaré por el bienestar de los trabajadores, para que haya abasto de medicinas y personal suficiente para atender las necesidades de quienes lo requieran”, agregó.
Dentro del sindicato, los trabajadores gravaban y tomaban fotos con sus teléfonos celulares a los manifestantes que estaban afuera. Mientras que los militantes gritaban, “no estás solo, no estás solo” o “Hilario, Hilario”.
Después de que Hilario Zúñiga Escamilla dio la información, los inconformes se retiraron del lugar.
