El director de Ecología y Medio Ambiente, Miguel Balleza García, informó que han recibido 25 denuncias por maltrato animal, de las cuales dos fueron turnadas al Ministerio Público y siete con sanciones a propietarios de las mascotas.
Ayer en declaraciones a reporteros, el funcionario dijo que una de las recomendaciones que hacen a los dueños de las mascotas es darles un mejor trato, que no los tengan amarrados en las azoteas ante el intenso rayo del sol, sin comida y sin agua.
“Hemos tenido por la vía de denuncias más de 25 denuncias que hemos recibido, las cuales hemos atendido en un 90 por ciento hasta ahorita, de esas han derivado en procedimiento administrativo siete con sanciones, el resto son requerimientos de atención”, dijo.
Abundó que del total de las quejas ciudadanas que han recibido, dos fueron turnadas al Ministerio Público como denuncia penal “porque el grado de maltrato sube a agresión, mutilación.y muerte, uno fue en la colonia Garita y la otra en Zapata”.
“Derivaba varios componentes, principalmente es que los tienen amarrados, sin protección ante el sol, sin alimento y no les dan un trato adecuado en su instancia dentro de la vivienda, los tienen amarrados y sin agua, para eso la ley de Bienestar Animal prohibe ese tipo de acciones de los tutores de esos animales de compañía”, indicó.
Abundó que cuando se levanta un procedimiento administrativo “damos hasta tres visitas, es decir no nos atienden en ese momento o no se encuentran, dejamos un citatorio y regresamos de nuevo hasta que localicemos al tutor y nos puedan atender, de tal manera que se les hace el requerimientos, recomendaciones o en sanciones administrativas”.
Balleza García sostuvo que de los dos casos de animales que se pusieron las denuncias penales, fue porque los perros fueron mutilados, golpeados, o porque murieron por envenenamiento.
Las multas que establece el reglamento, son faltas leves, medianas y graves, estas últimas alcanzan las 300 Unidad de Medida y Actualización, cuyó valor es de 113.14 pesos.
El hotel Misión en la calle Felipe Valle en el centro de Acapulco, uno de los primeros hoteles que en el puerto Foto: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Acapulco
Los centenarios hoteles La Misión y Asturias resisten a la debacle económica de varios años del centro histórico de Acapulco, a la transformación urbana de pasar de pequeñas moradas con una arquitectura similar a edificios de varios pisos que no siguieron la misma línea, y al cambio en la sociedad y de gobiernos que no han respetado el origen de este punto del municipio.
Los vecinos del centro lamentaron que ninguna institución se haya preocupado por preservarlo como un lugar histórico pese a los antecedentes que le dieron fama al municipio, e incluso sufre de la falta de los servicios públicos básicos. Frente al rescate anunciado y a otros que le precedieron, pidieron que esta vez sí se recupere el “Acapulco tradicional”.
El miércoles pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que hay un proyecto especial para el centro histórico de Acapulco, pero no ahondó en detalles. El Sur realizó un recorrido por la zona para conocer algunos de sus espacios más antiguos y para que sus moradores contaran el paso de los años.
La preservada arquitectura “colonial tropical” del hotel La Misión
En la estrecha calle Profesor Felipe Valle se refugia la infraestructura del hotel La Misión, una vieja casona de ladrillos y arcos con un amplio patio central y una sombra que proveen de dos enormes árboles de mango, una gran puerta de madera esconde los detalles al transeúnte.
La arquitectura es “colonial tropical”, propuesta que se basa en muros de adobe y techos de teja y que era usual en el Acapulco de antaño, explicó la propietaria María Elena Alcerreca Sáyago.
Su abuelo Alfonso Sáyago Acosta, comerciante oriundo de Tecpan que compraba telas de los barcos provenientes de Estados Unidos, de donde era más fácil adquirir productos por la falta de una carretera a la Ciudad de México, adquirió la propiedad sede del consulado del país del norte y la convirtió en el hotel Monterrey en 1920.
Empezó con unos cuantos cuartos que son actualmente la parte frontal del recinto, utilizaban catres de lona y los baños eran comunes; la casa que se extiende casi de esquina a esquina de la calle también albergaba las casetas telefónicas.
A la muerte de Alfonso Sáyago en 1962, sus dos hijos heredaron la propiedad y la dividieron en dos: Jesús Sáyago Nieto preservó el nombre del hotel Monterrey y María Elena Sáyago Nieto, mamá de los actuales tres propietarios, fundó el hotel La Misión y amplió el número de habitaciones a 28. Cuando murió Jesús Sáyago, ambos hoteles se fundieron en La Misión.
Perteneciente a la socialité de Acapulco, María Elena Alcerreca enlistó las familias vecinas de su hotel, como los Villalvazo, cuya casa enfrente de La Misión es actualmente el Colegio Leyes de Reforma; los Hudson, con uno de ellos se casó; y los Valeriano, Caballero, Sutter y Galeana, entre otras familias acapulqueñas de abolengo.
La “civilización” no respetó la arquitectura original a partir del crecimiento de la ciudad en1970, nadie alzó la voz por ello y ahora hay dos estacionamientos, un terreno ocupado por vendedores ambulantes, otro vacío, la llamada Casa Juárez está en ruinas y unas ramas están colgadas de los cables de los postes sin alumbrado público, salvo los focos propios del hotel La Misión.
El centro de Acapulco también perdió la limpieza porque la gente cambió y el gobierno tampoco ordena, así como la confianza entre los vecinos y la elegancia de establecimientos como el restaurante Armando’s de la calle Quebrada, “tipo de la película Casablanca con un piano”, las tiendas de joyerías y de ropa de la calle Hidalgo, y las galerías de arte.
La señora de 80 años dijo que hace falta una política de preservación del centro histórico de Acapulco porque hasta el momento han sido una “burla” las promesas de recuperarlo, como la obra de remodelación del zócalo, las jardineras descuidadas y el reloj inservible frente a las oficinas de Capama: “no hay respeto, no hay amor por tu lugar, no hay visión económica”.
El Asturias cumple cien años en una zona en “abandono”
Ubicado en la calle La Quebrada número 43, frente a las oficinas de Finanzas municipal, resalta el rótulo “desde 1925”, que está pintado en medio de las palabras Hotel Asturias, que a su vez fueron colocadas en los arcos de la entrada del viejo establecimiento.
Esta parte del pequeño edificio y el vestíbulo se conservan desde hace cien años, presumió el administrador del hotel, Gerardo Mancera, quien contó que el nombre proviene de la región de España de donde era originario Lucio Hernández, el segundo propietario.
La primera familia dueña de este espacio que se encuentra a unos 200 metros más abajo del Teatro Domingo Soler era Gómez Vela, la cual puso a disposición de los visitantes de Acapulco su hogar a partir de 1925 como Casa de huéspedes Govela.
Aproximadamente 30 años después, la familia Hernández Orbe adquirió la propiedad y fue su dueña hasta 1986, cuando la familia Ezteves Flores compró el hotel porque el patriarca se hospedaba por largas temporadas en el colindante hotel Guadalajara.
Desde 1993 lo administra Gerardo Mancera, cuando el turismo en el centro de Acapulco “era muy bueno, llegaba mucho turista europeo, los que se llaman backpackers, mochileros; venían canadienses, los más lejanos australianos. De todos lados”.
La debacle fue detonada por la inseguridad, “ya llevamos batallando como 16 años”, lamentó. Aseguró con tristeza que a lo largo de los años el turismo “no ha levantado, ha venido a menos, esta zona ha venido a menos”.
El hotel recibe visitantes que vienen “con muy poco recurso, pero gracias a Dios que siguen llegando y son los que nos han mantenido de pie toda esta zona”. Al igual que en otras hospederías de la zona, el precio es “a tratar” dependiendo del tiempo de hospedaje y del número de integrantes.
Los últimos días de 2024 estuvo lleno, pero vienen los meses de baja clientela “y empieza uno a tronarse los dedos hasta Semana Santa, muy triste, la verdad es que no es el gran negocio”.
Destacó que el hotel se ha mantenido abierto salvo en breves lapsos tras el huracán Paulina de octubre de 1997 y Otis del mismo mes de 2023, aunque este último atrajo clientes de larga estancia que venían a trabajar en la restauración de la ciudad.
El hotel Asturias proyecta su antigüedad desde su entrada. La estructura horizontal de un piso recuerda a una casa de antaño, pero ninguna institución pública ha ayudado a su preservación pese a sus cien años de existencia: “es una pena que esta zona nos tienen en el total abandono”, dijo el administrador.
El jueves pasado la calle estaba limpia, pero el servicio de recolección de basura es irregular desde hace unos 12 años, además de que los acapulqueños “también quedamos mucho a deber, la gente no barre, tira basura”.
Ninguna institución pública se ha acercado al hotel para cuidar su preservación pese a sus cien años: “es una pena que esta zona nos tienen en el total abandono”, dijo el administrador y pidió que el proyecto de recuperación del centro histórico tome en cuenta a los vecinos y resalte los lugares emblemáticos.
Criticó que la propuesta de hace unos años de recuperación del centro con la colocación del “supuesto adoquín” fue problemática porque nunca se cumplió, entre otros aspectos, la arborización prometida.
El “modisto de las estrellas” de la calle Quebrada
Frente a la vivienda que llegó a albergar la propuesta cultural La Quebrada, Espacio de Arte, del fotógrafo Luis Arturo Aguirre, se encuentra una casa color verde azulado, la cual destaca en la emblemática calle Quebrada por su antigüedad de al menos cien años de ser construida.
En el corredor trabaja con una máquina de coser su inquilino Víctor Manuel Maganda Salgado, el “modisto de las estrellas” con un historial de costurero de personalidades que llegaban al puerto en la década de 1970.
Sus últimas dos boutiques estuvieron en esta calle que baja de los míticos clavados del acantilado y que se convierte en la Roberto Posada para llegar a la avenida Cuauhtémoc.
Nostálgico del “Acapulco dorado, de billetes” y de las pasarelas de modas que organizó como parte de la oferta turística que existía, es cauto del anuncio de la recuperación del centro histórico porque otros políticos lo han prometido.
Nacido en Tecpan, el señor de 73 años llegó en su adolescencia a la calle Quebrada, actualmente “muy transitable cuando hay turismo, cuando no hay, solamente las ánimas caminan en la noche”.
No hay alumbrado público cerca de la casa del modisto, desde Otis “está muy oscura”, hay vida porque un Oxxo está metros más abajo, destacó Víctor Manuel Maganda, quien pidió retomar el “Acapulco tradicional” con más alumbrado público para que la gente pueda caminar y más vegetación.
A un costado de la casa de Víctor Manuel Maganda está el abandonado hotel Cristal y enfrente el hotel Rojas, también fuera de operaciones desde hace cuatro años.
A un lado se encuentra el deteriorado edificio de la Canaco, sede también de la extinta universidad IEU, y metros más arriba quedan los restos del restaurante Paco’s, que se cambió hace varios años a la colonia Costa Azul, aunque tampoco ha abierto después del huracán Otis.
Resalta un edificio propiedad de la familia Ruiz Massieu, que fue vendido y remodelado hace cinco años para ser convertido en un moderno condominio, con sus artificiosas hojas verdes colores el panorama de postes y cables enredados.
El malecón y el muelle que se encuentra junto a la sede de la Adminis-tración del Sistema Portuario Nacional Acapulco (ASIPONA), donde se pretende construir una plaza comercial Foto: Carlos Carbajal
Jacob Morales Antonio
El director de la Promotora de Playas, Alfredo Lacunza de la Cruz, informó que luego de cumplirse el plazo a los propietarios, la Secretaría de Marina, gobierno federal, el estado y municipio coordinan esfuerzos para la destrucción y retiro de las embarcaciones encalladas en playas de la bahía.
Dijo que algunos propietarios respondieron que no tenían el dinero para su retiro, y otros jamás respondieron a las notificaciones.
En declaraciones en playa Larga, donde este miércoles fueron sacados dos cascos con motores que estaban expulsando aceite al mar, y cada uno pesaba entre dos a tres toneladas. El director informó que en esa playa hay un 80 por ciento de avance en la remoción y desmantelamiento de embarcaciones, sin embargo hay otras nueve embarcaciones en las áreas rocosas que están en proceso de desmantelamiento.
Dijo que estos trabajos se hacen en coordinación entre la Secretaría de Marina, el gobierno federal, el estado y el municipio, a más de 10 meses de la devastación que dejó el huracán Otis, y el vencimiento de los plazos que se les dio a los propietarios de las embarcaciones para que los retiraran.
Lacunza de la Cruz dijo que algunos informaron que no tenían el dinero para retirarlos, y otros simplemente no respondieron las notificaciones que se emitieron conforme a los datos que estaban dados de alta en la Capitanía de Puerto, y ante el abandono en el que estaban y la contaminación que están provocando, desde hace cinco semanas comenzaron los trabajos de desmantelamiento y retiro.
Explicó que preocupados por el impacto ambiental y la mala imagen que están dando las embarcaciones arrumbadas en esa zona de playa, así como en playa Principal y Honda, y las que estaban en playa Tlacopanocha que ya fueron retiradas, se continuará despejando, “poco a poco vamos avanzando, algunos propietarios están haciendo caso omiso”.
Informó que la próxima semana tendrá un balance de todas las embarcaciones que han retirado, y de forma preliminar dijo que en playa Tlacopanocha removieron las últimas cuatro y dos en el Malecón, en playa Larga fueron 14 embarcaciones, y hay pendientes otras nueve, mientras que en playa Manzanillo están pendiente de retirar otras seis, y 13 en playa Honda, donde se necesita una plataforma marina para poder sacarlas porque no se puede meter maquinaria.
Propietarios de diferentes giros de negocios señalaron que el cobro anual de las licencias de funcionamiento de los establecimientos se triplicaron desde la administración de Adela Román Ocampo, y con la alcaldesa con licencia y en campaña, Abelina López Rodríguez, no modificó ni redujo la tabla de pagos.
En un recorrido por diferentes establecimientos de la avenida Costera los propietarios accedieron dar los importes de pago, pero sin dar declaraciones, ante el temor de sufrir represalias porque están buscando descuentos para no pagar los montos que consideraron excesivos.
Los empresarios y comerciantes coincidieron en que después del huracán Otis hacer un pago en una sola exhibición resulta imposible, porque a esto se agrega el pago de la nómina y los gastos que a diario hacen en sus negocios.
En el caso de un restaurante de playa, el pago de la licencia de funcionamiento que es requerido por el Ayuntamiento es de 53 mil pesos, cuando antes del aumento que hubo en la administración de Adela Román Ocampo era de 12 mil pesos.
Un restaurante sobre la avenida Costera debe de pagar actualmente 40 mil pesos, cuando antes era sobre los 10 mil pesos de forma anual. En el caso de un bar en la avenida Costera se pide un pago de 60 mil pesos, cuando antes era de 25 mil pesos.
Un local de cuatro por cuatro de venta de oro, pasó de pagar 6 mil pesos a 12 mil pesos de forma anual. A esto se le agregan otros conceptos de cargos por retrasos de los pagos.
En el caso de un bar-restaurante en la zona de la Condesa el cobro de la licencia es de 300 mil pesos, cuando antes era de unos 100 mil pesos.
En el caso de un pequeño hotel de la zona Tradicional que antes pagaba entre 3 mil y 5 mil pesos, pasó a pagar 15 mil a 20 mil pesos de licencia de funcionamiento.
Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Pequeños propietarios y comuneros de Teloloapan en conflicto por la posesión de mil 335 hectáreas, se encontraron casualmente ayer en la Procuraduría Agraria (PA), y mientras los primeros se reunieron con autoridades federales, estatales y municipales, los segundos no aceptaron dialogar con nadie porque esperaban al alcalde Modesto Brito González.
La reunión con los primeros estuvo presidida por el titular de la PA, Fernando Jaimes Ferrel; representantes de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como de la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), de la subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno estatal y representantes del Ayuntamiento de Teloloapan.
Uno de los pequeños propietarios, Celso Cárdenas Bahena, denunció ante los funcionarios que quienes los despojan de sus pequeñas propiedades, encabezados por Margarita Corrales, no son comuneros y que de manera ilegal utilizan sellos para entregar constancias.
Indicó que por tal motivo ese grupo reclamaba 494 hectáreas, y ahora ya son mil 335.
Otro de los pequeños propietarios, Rodolfo Nájera. dijo que “por eso venimos a exigir respeto a nuestras propiedades”, y demandó a los funcionarios su intervención para que la señora Margarita “ya no se conduzca de manera arbitraria en esa zona”.
Pidió que la primera acción es que la PGR recoja los sellos que tiene en su poder, “porque con ellos elabora constancias a los presuntos comuneros”.
Otro de los afectados dijo que “no es posible que gente como esta (los comuneros), que no se dedica a sembrar, se quede con nuestras propiedades para que después nuestros hijos anden pidiendo limosna”.
Denunció que atrás del grupo de comuneros está el ex alcalde perredista y después priista Pedro Pablo Urióstegui Salgado, puesto que dijo que él fue quien llevó al grupo de comuneros para que se posesionaran de las tierras que hoy reclaman.
Antes de que entraran a la reunión, los pequeños propietarios se habían encontrado afuera con los comuneros encabezados por Margarita Corrales; el dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), Pedro Nava, y el abogado Félix Navarrete.
Nava Rodríguez informó que ellos no habían acudido a una reunión conjunta, sino que la solicitaron para que se entrevistaran con el alcalde Modesto Brito, a quien le reclamarían haber pedido a INEGI que suspendiera la medición del Polígono el martes de la semana pasada, con lo que se avanzaría en la solución del conflicto.
Pero como el alcalde sólo envió a un representante decidieron no entrar a la reunión, incluso ni después de los pequeños propietarios.
Margarita Corrales insistió en que son los pequeños propietarios quienes pretenden despojar a los comuneros de las mil 335 hectáreas de tierras que se encuentran bajo el régimen comunal. Insistió que ellos cuentan con la resolución emitida por el presidente Adolfo Ruiz Cortines.
La representante de Bienes Comunales retó, asimismo, al presidente municipal Modesto Brito González que le demuestre que está entregando constancias de comuneros, como lo denunció ayer, y dijo que quienes ocuparon las 60 hectáreas de tierras propiedad del ayuntamiento declaradas como reserva ecológica es gente del mismo ayuntamiento, que no tienen nada que ver con los comuneros.
Finalmente, los dos grupos se retiraron sin haber llegado a acuerdos concretos para resolver el conflicto, aunque de ambos lados hubo advertencias de que existe riesgo de violencia.
Por su parte, el titular de la Procuraduría Agraria, Jaimes Ferrel, dijo que con estas reuniones los funcionarios de las dependencias que deben involucrarse en la solución del conflicto se formarán un juicio y actuarán con imparcialidad.
