Vecinos de la colonia Lomas de Tamarindo, ubicada en la zona poniente, denunciaron que desde hace tres días no tiene energía eléctrica.
Los colonos asentados en un cerro, desconocen el motivo de la suspensión de la energía eléctrica.
La mayoria de las casas están construidas de madera y láminas galvanizadas, y solamente la calle principal tiene pavimento y los andadores son de terracería.
Los servicios públicos son escasos como la distribución de agua, recolección de basura y alumbrado público.
Los vecinos reclamaron que la comida se dañó por la falta de refrigeración como carnes y lácteos, además de la medicina de los enfermos.
Se quejaron que la temperatura en Acapulco es muy alta, de acuerdo con las autoridades, en el día supera los 30 grados, además que los moscos no dejan dormir en la noche al igual que calor.
Pidieron a los trabajadores de la CFE hacer recorridos en las instalaciones eléctricas del lugar para encontrar el problema.
Criticaron que desde el huracán Otis los postes y cables quedaron en malas condiciones y no fueron reemplazados.
Relataron que en cualquier lluvia ligera el servicio de energía se suspende más de ocho horas.
Aseguraron que ya reportaron la suspensión de energía eléctrica, pero la CFE no hace caso a la petición de los usuarios.
Adviertieron que si no tienen respuesta favorable cerrarán las oficinas de la CFE, ubicadas en la calle Campeche de la colonia Progreso.
Protestan vecinos de Homex Costa Dorada en la CFE; exigen cambio de transformador
Alrededor de 50 vecinos de la unidad habitacional Homex Costa Dorada, atrás de la Plaza Patio, protestaron en la Comisión Federal de la Electricidad (CFE), para exigir el cambio de transformador.
Los vecinos llegaron a las instalaciones de la CFE ubicadas en la carretera Cayaco-Puerto Marqués cerca de la unidad habitacional El Coloso, para exigir que fueran a reparar el servicio porque tienen apagones todos los días que están afectando sus pertenencias, así como la salud de varios vecinos que tienen que guardar sus medicamentos en el refrigerador.
Uno de los vecinos comentó que el martes por la noche se reunieron para analizar el problema de los apagones y decidieron acudir a protestar a la paraestatal porque desde el 27 de mayo están teniendo fallas en la luz de manera constante y el 29 acudieron a las oficinas para entregar un oficio explicando el problema.
Explicó que explotó un transformador en la zona y han hecho todos los trámites burocráticos para que la CFE haga el cambio, pero no les hacen caso y “sólo han ido y han arreglado provisionalmente”. Informó que en Homex Costa Dorada hay más de 7 mil 242 viviendas donde hay una población de unos 15 mil residentes.
Indicó que los costantes cortes de energía están dañando sus electrodómesticos y de eso nadie se hace responsable. Además, hay personas que tienen diabetes y necesitan tener sus medicamentos en lo frío y otras viven con oxígeno por lo que es importante que se arregle el servicio eléctrico y, por eso, “tomamos la decisión de venir a manifestarnos de forma pacífica” y adviritó el vecino que de no atenderse llevarán su protesta a las oficinas de la CFE en Costa Azul.
También ayer vecinos de la colonia Miramar, por el poblado de Llano Largo, denunciaron que tienen varios días con apagones a todas horas por lo que exigen saber qué los está provocando. Desde hace varias semanas se han estado reportando cortes de energía en diversas colonias de Acapulco y la CFE no ha emitido algún comunicado donde informe el porqué de la situación.
El director de Vía Pública municipal, Genovevo Pozos Mejía, informó que están atendiendo las denuncias de vecinos de la colonia Progreso relacionadas con talleres mecánicos que invaden la vialidad con vehículos en reparación, y mencionó que el año pasado se retiraron 200 vehículos chatarra de calles en esa colonia.
En un recorrido ayer por la mañana en las calles Artículo 27, Flores Magón, Tlaxcala y Tepic de la colonia Progreso hay talleres mecánicos que tienen carros frente a sus negocios ocupando espacio en la vialidad y algunos están hasta en doble fila lo que reduce el paso.
También se constató que hay carros que están abandonados en malas condiciones, los cuales podrían ser utilizados como depósitos de basura.
El domingo vecinos de la colonia Progreso solicitaron a la alcaldesa Abelina López Rodríguez que regule a los talleres mecánicos para que las vialidades sean más transitadas.
Consultado vía telefónica, el funcionario informó que en toda la colonia Progreso se han hecho notificaciones preventivas y acciones de retiro de vehículos chatarra, que durante el año pasado en la ciudad quitaron mil 200.
“Estamos atendiendo los talleres mecánicos que tienen vehículos en la vía pública. Fue una indicación de la alcaldesa para que no aumenten y para que se permita la fluidez de la circulación; no queremos afectar sus ingresos, pero deben contar con un espacio donde puedan resguardar los carros que están reparando”, explicó.
Agregó que los talleres mecánicos al ser establecimientos formales deben contar con licencia de funcionamiento, requisito indispensable para realizar trabajos de reparación automotriz, pero que no le compete a su dirección la expedición de dichos documentos sino a Reglamentos y Espectáculos.
Reconoció que la situación es compleja en algunas vialidades de la colonia Progreso, donde hay mayor incidencia de vehículos abandonados o en reparación sobre la calle, principalmente en Sonora, Artículo 27 y Bernal Díaz del Castillo.
Sostuvo que algunos carros abandonados son utilizados por personas en situación de calle para dormir.
El funcionario mencionó que algunos de estos automóviles eran dejados hasta en tercera fila, y con apoyo de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública se han hecho las operaciones para sensibilizar a los dueños de los talleres que deben tener un espacio para hacer sus trabajos y permitir que puedan circular los carros.
La feminista Olimpia Jaimes López en su participación en la presentación del informe Y ese Lucero eres tú… Desapariciones de mujeres en el estado de Guerrero y sus anexos, en el auditorio Francisco Gómez Jara en las instalaciones del CIPES en Chilpancingo. La acompañan Rosa Icela Ojeda, Claudia Rangel, Diana Bustos y Elisa Niño Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
Investigadoras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) e integrantes del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), coincidieron en que falta que se apliquen perspectiva de género y protocolos de búsqueda inmediata en casos de desapariciones de mujeres en la entidad, así como capacitaciones para el personal a cargo realizar las denuncias correspondientes.
Durante la presentación del informe Y ese lucero eres tú… Desaparición de mujeres en el estado de Guerrero y sus nexos con otros crímenes sistémicos, que se realizó este jueves en el auditorio del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES) en la capital, las integrantes del EMAF, Elisa Niño Vázquez, Marte Myhre Tunheim y Diana Bustos Ríos, expusieron la negligencia de las autoridades para localizar a las mujeres con vida.
Mientras que las investigadoras Claudia Esperanza Gabriela Rangel Lozano, Rosa Icela Ojeda Rivera, quien es coordinadora del Observatorio de Violencia contra Mujeres Hannah Arendt (Obvicom), y la feminista Olimpia Jaimes López, manifestaron que el informe debe inspirar más reflexiones y servir para que las autoridades protejan los derechos de las mujeres.
Elisa Niño explicó que el EMAF documentó 14 casos de desapariciones de mujeres en Iguala, Taxco, Chilpancingo, Acapulco y Estado de México durante el periodo de 2012 al 2022, en el cual “ha habido una transformación del crimen organizado en el territorio”.
Puntualizó que en el 2018 el fentanilo reemplazó a la amapola y este cambio en la dinámica criminal del territorio se reflejó también en las expresiones de violencia contra las mujeres.
Señaló que en Guerrero hay entre 12 y 18 grupos del crimen organizado, por lo que se implementó el Plan de Apoyo que implicó la militarización de la entidad.
Perfil de las víctimas
De las víctimas detalló que eran mujeres cisgénero, con relaciones heterosexuales, precarizadas y estudios truncos; sólo una de ellas era docente, el resto eran comerciantes y se dedicaban a distintas actividades como pintar uñas, cortar cabello.
Una de las víctimas tenía vínculos con el crimen organizado, de una segunda había indicios de que podría estar vinculada a la delincuencia y una tercera consideró ser parte de algún grupo criminal y alquilar su vientre debido a la falta de recursos que le impedía sostener a sus hijos.
Diez de las víctimas eran madres solteras que no recibían apoyo económico de los padres de sus hijos y en nueve de los casos, las familias señalaron como responsables de la desaparición a las ex parejas, quienes amenazaron a las mujeres incluso con asesinarlas si insistían en exigir el pago de la manutención; “la desaparición funciona como un castigo a las mujeres”.
Resaltó que se identificó que hay “búsqueda ascendida” de las víctimas, es decir, hasta cinco años después de su desaparición; “en algunos casos había indicios de que estaban vivas y podían estar siendo explotadas sexual o laboralmente”, pero cuando las familias intentan seguir esas líneas de investigación, reciben respuestas revictimizantes de las autoridades.
“No hay investigación para determinar qué pasó, cómo pasó, sólo se da la restitución de los cuerpos, se está usando la desaparición como un mecanismo para ocultar temas de feminicidio, de homicidio y si no hay investigación, es una cadena de desaparición continua”, subrayó.
El informe produce “vergüenza” por la inacción de autoridades: Ojeda
Para Rosa Icela Ojeda el informe “destila dolor, el dolor de las víctimas, el dolor de las familias… hay un duelo abierto, hay un duelo que no cierra y tenemos que hablar de él”.
Consideró que la información detallada “produce mucha vergüenza, vergüenza de vivir en un estado, el Estado mexicano, y el estado de Guerrero, donde la palabra, el concepto de desaparecido ha tenido una larga significación” a través de los años.
Manifestó que “hay crisis en todas las instituciones”, aunque mesuró sus comentarios debido al contexto social en la entidad, donde corren riesgo las voces críticas; “somos cuidadosas, hay, por decir lo menos, poca empatía de quienes tienen que investigar los delitos”.
Dijo que “no se preservan las escenas del crimen, nunca en ningún caso, pero en el caso de las mujeres peor todavía: se manipulan, se tocan, se mueven”, con lo cual se pierden evidencias y se impide la tipificación adecuada de los delitos.
Señaló que, después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, “bajó la estigmatización contra la desaparición contra la gente desaparecida, hombres y mujeres”.
En contraste, desde el 2012, el Obvicom documentó un aumento de mujeres no identificadas en la morgue, “en esos casos es muy importante la preservación de la escena del crimen” y debería cruzarse la información con los casos de mujeres desaparecidas.
A pesar de los hallazgos del EMAF, “me da gusto que estemos aquí, este informe debe motivar muchas más reflexiones”.
Claudia Rangel criticó la cosificación de las mujeres y los nexos entre las autoridades y el crimen organizado, ya que estos “no son estimados en las carpetas de investigación”; para la investigadora el informe es “un documento de denuncia, lo que implica la urgencia por demostrar las ignominiosas prácticas institucionales para afrontar esta catástrofe humanitaria, cuya inconmensurabilidad rebasa las más siniestras narrativas de la crueldad humana”.
Olimpia Jaimes dijo que el informe “es un aporte invaluable para las autoridades que tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos”; reiteró la necesidad que se realicen las investigaciones con perspectiva de género, que se capacite en criminología feminista, transparencia y tribunales para casos emblemáticos.
Habitantes de la localidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero rodean una de las camionetas de la Guardia Nacional que retuvieran en la carretera que conduce a la cabecera municipal Tierra Colorada, luego de que elementos de esta corporación irrumpieron en varias casas durante la madrugada de este viernes. A la derecha, soldados del Ejercito y agentes de la Guardia Nacional que llegaron después al lugar Fotos: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Tlayolapa, Juan R. Escudero
Vecinos de comunidades del oriente de Juan R. Escudero y transportistas de Tierra Colorada, retuvieron durante 12 horas a unos 40 agentes de la Guardia Nacional; esto, a unos cinco minutos de la localidad de Tlayolapa, donde en la madrugada la corporación militar irrumpió en sus viviendas.
Los afectados denunciaron que los militares abrieron a golpes de mazo las puertas para entrar a las casas, al parecer seleccionadas al azar en unas seis manzanas del centro del poblado, para exigir la entrega de armas y droga que supuestamente buscaban entre la ropa bruscamente, pero se llevaron dinero, relojes, electrodomésticos, y tomaron mercancía de tiendas de abarrotes.
Una joven señaló que trataron de asfixiarla con una bolsa en la cabeza en cuatro ocasiones, y cuando casi se desmaya y cayó al suelo, la golpearon en la cara y le jalaban el pelo para que dijera dónde estaban los hombres de la casa, porque sólo había mujeres y niños, y para que desbloqueara un celular con que él se había alumbrado.
Vidrios de ventanas que rompieran efectivos de la Guardia Nacional en distintos cuartos de una casa que allanaron durante la madrugada del viernes en la localidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero t Foto: Jesús Eduardo Guerrero
La agredieron no obstanter que explicó que la lámpara del aparato telefónico se encendía con el movimiento y no conocía la clave porque el celular era de su hija, quien se había ido a Tierra Colorada; incluso, abrió la vivienda para que pasaran cuando comenzaron a golpear su puerta.
Explicó que vive con su familia en Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R Escudero, y acudió a Tlayolapa el día anterior a una fiesta de baby shower, y pasó ahí la noche. Este viernes continuaban repartiendo el pastel a algunos niños, y en la pared seguía el adorno de globos azules y blancos.
Una persona mencionó que preguntaron por El Oso. Llamó la atención porque en una versión extraoficial, señala que buscaban a Benito Sánchez Millán, apodado como El Oso, implicado en el asesinato de 12 policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Cortijo, en el municipio de Ayutla de los Libres, el 16 de agosto.
Alrededor de las 4 de la tarde llegó el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, de quien se exigía la presencia para levantar el bloqueo con el que se impedía la salida de los agentes de la Guardia Nacional retenidos.
En total eran siete camionetas de la Guardia con su personal, de cinco a seis agentes por vehículo, los que habrían participado en el operativo, según los pobladores.
Llegaron siete camionetas de la Secretaría de la Defensa Nacional y una de la Policía Estatal, que se instalaron a poco metros de distancia y pretendieron entablar un diálogo desde temprano. Además de personal de la Dirección de Gobernación y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codehum).
Sin embargo, el asesor de los comisarios de la zona, Daniel Rosas Martínez, recomendó a los pobladores esperar a mandos del Ejército o funcionarios estatales con poder de decisión.
Por la noche, el subsecretario Rodríguez Cisneros informó que en la comisaría de Tlayolapa se realizó una mesa de trabajo con el acuerdo de que la Fiscalía General del Estado (FGE) enviará hoy una mesa del Ministerio Público móvil para recibir las denuncias de los pobladores. A las 6:30 de la tarde salieron de la comunidad con los agentes retenidos.
De las denuncias de robos, incursión en las viviendas, abusos y tortura, dijo que si hay agravios, los cuidados deben presentar las denuncias para que todo se procese conforme a la ley.
Aseguró que desconocía si buscaban a alguien en particular en el pueblo, y que la Guardia Nacional tiene su Órgano Interno de Control (OIC) para evaluar y sancionar las actuaciones de sus agentes.
Enfatizó el compromiso del gobierno del estado de mantener la gobernabilidad y atender de manera responsable las demandas de la ciudadanía, con canales de diálogo abierto con todas las comunidades.
Refrendó el compromiso del gobierno del estado con la gobernabilidad y la atención responsable de las demandas ciudadanas, y que se mantienen abiertos los canales de comunicación, como vía para resolver diferencias y atender las inquietudes de la población.
Indicó que en la mesa estuvieron, el vicefiscal de Prevención y seguimiento de la FGE, Luis Antonio Arizmendi Álvarez; el segundo visitador general de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Codehum), Fernando Esteban Ramírez; la directora general de Vinculación con Instituciones y la Sociedad Civil de la Codehum, Lilia Taquillo López y el visitador adjunto Armando Ramírez Cuevas, así como los comisarios de El Terrero, Tlayolapa, Michapa, y San José el Puente, de la zona .
La comunidad
Cuando se conoció de la protesta en Tlayolapa, los pobladores advirtieron que iban a bloquear la Autopista del Sol, a la altura de Tierra Colorada.
Esta vía de cuota fue cerrada por cinco horas el pasado 5 de julio, por transportistas y vecinos de comunidades de la zona rural de Acapulco, con el abogado Daniel Rosas Martínez, como asesor. Y el 11 de agostonpobladores de la sierra de Chilpancingo cerraron la carretera todo el día en el valle de Ocotito, a unos minutos de Tierra Colorada.
El comisario de Tlayolapa exigía la devolución inmediata de lo que se llevaron. Los pobladores afectados pidieron reservar sus nombres. No lo dijeron, pero en la región operan grupos armados. Antes, el municipio fue zona de influencia de la policía comunitaria del UPOEG.
En Tlayolapa hay 908 habitantes, de acuerdo con el censo de 2020 del INEGI, y muchas casas vacías. Los vecinos explicaron que muchas personas se fueron por empleo a San Diego, California en Estados Unidos, o Arkanas, Alabama y Maryland, además de la migración interna a distintas ciudades, y profesionistas que radican en otros lugares pero construyeron casas para volver en vacaciones o en las fiestas.
Señalaron el caso de dos hermanos, maestros, cuyas casas están juntas y fueron allanadas por la GN. Indicaron que rompieron la entrada principal con un mazo, quebraron los cristales de la vivienda contigua.
No saben cuántos agentes llegaron con exactitud. Estimaron que llegaron en más de 30 camionetas. Incluso antes de las 3 de la mañana, en la oscuridad comenzaron a escuchar por todos lados los golpes de mazo y cristales cayendo.
Un campesino, adulto mayor, con su esposa, nuera y nietos, indicó que salió a hablar con los uniformados armados cuando llamaron a su casa, mostró su identificación y le dijeron que iban a hacer una revisión. Les dio el paso por la circunstancia, y observó cómo lanzaban sus ropas al piso. Como el cuarto de su hijo estaba cerrado, lo abrieron por la fuerza para revisarlo también.
Doña Juana denunció que se llevaron 25 mil pesos de su ropero, 10 mil pesos de las fichas de Telcel, que no son suyos, y 15 mil pesos de la tienda de abarrotes y de su papelería, más cuatro relojes que tenía a la venta. También tomaron refrescos sin pagar.
En otra casa, una mujer que llegó de vacaciones con su familia, indicó que de la casa de sus suegros, a donde llegaron, se robaron dos relojes, 450 pesos de su monedero, y su celular. Aclaró que abrieron las recámaras para que no golpearan todas puertas: “entraron, vaciaron mochilas, voltearon el colchón, y preguntaban que en dónde estaban las armas”.
Otros vecinos indicaron que hace cinco meses, en abril, la Guardia hizo lo mismo. Llegaron en la madrugada, irrumpieron en las viviendas y se llevaron a siete personas detenidas, entre ellos un joven que acababa de llegar de Estados Unidos, sólo porque tenía tatuajes.
Consideraron que si permitían esta segunda acción, las autoridades iban a seguir regresando a tratar de detener a las personas, sin ordenes de cateo, con abusos y tortura.
Señalaron además los golpes en el portón de un depósito de cervezas, donde también entraron, así como en la bodega del centro de Salud, donde ingresaron. Aclararon que dejaron la instalación abierta, pero a medio día ya estaba cerrada, tal vez por los integrantes del comité
Desde la calle se observó que en una vivienda deshabitada. Dejaron los botes de plástico que se usaban para guardar ropa, con las prendas tiradas en el patio y la puerta de la casa abierta.
Señalaron que la GN se retiró como a las 5 de la mañana, antes del amanecer, cuando los vecinos salieron y les dieron alcance a un grupo que se quedó varado, porque al parecer se les descompuso una camioneta que habían chocado en la comunidad, en una esquina. Con apoyos de otras localidades cerraron el paso a Tierra Colorada desde ese momento, hasta las 6 de la tarde que llegaron a acuerdos con el gobierno estatal.
El director de Ecología y Medio Ambiente, Miguel Balleza García, informó que han recibido 25 denuncias por maltrato animal, de las cuales dos fueron turnadas al Ministerio Público y siete con sanciones a propietarios de las mascotas.
Ayer en declaraciones a reporteros, el funcionario dijo que una de las recomendaciones que hacen a los dueños de las mascotas es darles un mejor trato, que no los tengan amarrados en las azoteas ante el intenso rayo del sol, sin comida y sin agua.
“Hemos tenido por la vía de denuncias más de 25 denuncias que hemos recibido, las cuales hemos atendido en un 90 por ciento hasta ahorita, de esas han derivado en procedimiento administrativo siete con sanciones, el resto son requerimientos de atención”, dijo.
Abundó que del total de las quejas ciudadanas que han recibido, dos fueron turnadas al Ministerio Público como denuncia penal “porque el grado de maltrato sube a agresión, mutilación.y muerte, uno fue en la colonia Garita y la otra en Zapata”.
“Derivaba varios componentes, principalmente es que los tienen amarrados, sin protección ante el sol, sin alimento y no les dan un trato adecuado en su instancia dentro de la vivienda, los tienen amarrados y sin agua, para eso la ley de Bienestar Animal prohibe ese tipo de acciones de los tutores de esos animales de compañía”, indicó.
Abundó que cuando se levanta un procedimiento administrativo “damos hasta tres visitas, es decir no nos atienden en ese momento o no se encuentran, dejamos un citatorio y regresamos de nuevo hasta que localicemos al tutor y nos puedan atender, de tal manera que se les hace el requerimientos, recomendaciones o en sanciones administrativas”.
Balleza García sostuvo que de los dos casos de animales que se pusieron las denuncias penales, fue porque los perros fueron mutilados, golpeados, o porque murieron por envenenamiento.
Las multas que establece el reglamento, son faltas leves, medianas y graves, estas últimas alcanzan las 300 Unidad de Medida y Actualización, cuyó valor es de 113.14 pesos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que en la presente administración se desplegó una estrategia para construir la paz en el estado, además que desde el inicio del gobierno han sido detenidas 64 personas por delitos de alto impacto,
“Desde el inicio de la administración, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establecimos estrategias de intervención para el combate a los delitos de alto impacto. En los últimos meses hemos desplegado una estrategia integral en esta entidad con un objetivo fundamental, construir la paz en la región” señaló.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Acapulco, se presentó un avance sobre las acciones de seguridad en la presente administración, con 654 personas detenidas como principal resultado.
“Como resultado, del primero de octubre al 15 de enero, fueron detenidas 654 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron más de 20 toneladas de droga y 225 armas de fuego”.
Respecto a Acapulco, García Harfuch indicó que se homologó el modelo de operación en cuatro sectores, con 146 cuadrantes en 252 colonias para patrullajes y filtros de seguridad.
Afirmó que debido a los “esfuerzos” se redujo el número de víctimas de homicidio doloso y que la población apoya con las denuncias ciudadanas para la detención de personas vinculadas a delitos de alto impacto. Añadió que en ese lapso cumplieron nueve órdenes de aprehensión por delitos de homicidio calificado y secuestro agravado.
“El aumento en el despliegue en zonas de alta incidencia contribuyó al incremento en las denuncias ciudadanas. Este apoyo de la población ha sido muy importante ya que derivado de los reportes hechos por la ciudadanía, del primero de octubre al primero de enero de 2025, fueron detenidas 17 personas por delitos de altos impacto vinculadas a delitos como extorsión, delitos contra la salud, feminicidio, portación de arma de fuego, entre otros”.
El secretario hizo una recopilación de casos relevantes en materia de seguridad, como la detención de ocho personas en Coyuca de Benítez el 23 de octubre por el delito de portación de armas de fuego, y la detención de nueve personas el tres de noviembre en Acapulco que viajaban en una embarcación y transportaban cocaína.
Recordó que el 21 de noviembre se localizó otra embarcación en Acapulco donde se aseguraron mil 710 kilogramos de cocaína y detuvieron a cuatro personas. Ese mismo día en Tepecoacuilco se detuvieron a seis personas por desaparición forzada.
Añadió que el 2 de diciembre se cumplió orden de aprehensión contra Francisco N, el cuatro contra dos generadores de violencia y el 15 contra Giovanni y Juan por secuestro agravado, todo esto en Acapulco. El 27 y 28 de diciembre se ejecutaron seis órdenes de cateo que derivaron en la detención de cuatro personas, en las que destaca Marco Antonio N, líder de un grupo delictivo.
El 5 de enero se detuvo a David Adrián, a quien se le considera autor material del homicidio del magistrado Edmundo Román Pinzón y el secretario agregó que hay dos autores materiales detenidas y una persona más que participó en el asesinato.
García Harfuch mencionó que en hechos relevantes en el combate a la producción de drogas durante el periodo en cuestión, en la que destaca la localización de un laboratorio clandestino de metanfetamina en Zirándaro, con aseguramiento de cuatro mil 982 kilogramos y 19 mil 922 litros de sustancias químicas.
Disminuyen homicidios: SESNSP
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, explicó que entre septiembre y diciembre se redujó el promedio de víctimas de homicidios diarios en el estado, al pasar de 3.9 víctimas a 3.3 víctimas, por lo que fue el mes más bajo del año y se tuvo una reducción de 15.7% del promedio.
“Del inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el promedio de homicidios diarios en el estado disminuyó en un 15.7% esto es entre septiembre y diciembre de 2024. Cabe destacar que el mes de diciembre fue el mes con el menor promedio de homicidio de todo el año 2024, con 3.3 víctimas al día”.
En lo correspondiente a Acapulco, la funcionaria señaló se tuvo el nivel más bajo de víctimas diarias en diciembre con un promedio de 1.06, mientras que en septiembre era de 2.13, junio fue el mes más alto con 3.13 víctimas diarias.
“De manera similar al comportamiento estatal, Acapulco registró una disminución del 4.6% en el promedio diario de delitos de alto impacto entre septiembre y diciembre de 2024”, comentó.
Figueroa Franco señaló que de septiembre a diciembre hubo disminución de 5% del promedio diario de los delitos de alto impacto en el estado, mientras que en el mismo periodo la disminución fue de 4.6% en Acapulco.
“Es importante mencionar que el mes de septiembre inició con un promedio de 4.8 delitos diarios, el cual descendió de manera progesiva hasta alcanzar 4.5 en diciembre, igualando la cifra mínima registrada este enero”.
La presidenta Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en la conferencia matutina desde Acapulco Foto: Cuartoscuro
Al detenido se le aseguraron un arma de fuego y 63 bolsas con la droga cristal Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Redacción
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se detuvo a un hombre generador de violencia en Acapulco y que tiene denuncias de extorsión en el Mercado Central.
En su cuenta X, el jefe policiaco detalló que la detención la llevaron a cabo los efectivos del Ejército, Marina, FGR, Guardia Nacional, SSPCMex y FGE.
“Detuvieron en Acapulco, Guerrero, Alexander, generador de violencia que opera en la zona; cuenta con varias denuncias por extorsión en el Mercado Central de Acapulco”, finalizó el texto.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado de prensa explicó que derivado de líneas de investigación relacionadas con delitos de desplazamiento interno forzado y delincuencia organizada, los agentes de seguridad obtuvieron de un juez de Control dos órdenes de aprehensión contra un hombre por delitos de extorsión y delincuencia organizada, por lo que se trasladaron a Acapulco, donde era su zona de movilidad.
Informó que agentes de investigación de la dependencia con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, por trabajos de vigilancia y seguimiento detuvieron a Alexander por posesión de arma y droga, y que tenía dos órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión y delincuencia organizada.
Detalló que al hacer recorridos de seguridad en compañía de agentes de la FGE “los efectivos identificaron a un hombre que coincidía con las características físicas del sujeto requerido por la autoridad, por lo que se le aproximaron, corroboraron su identidad y cumplimentaron los mandamientos judiciales”.
Indicó que al efectuar una revisión de seguridad conforme a los protocolos de actuación, al detenido se le aseguraron un arma de fuego corta y 63 bolsas trasparentes con la droga llamada cristal.
Afirmó que de acuerdo con las investigaciones, el detenido de 27 años “está vinculado a una célula delictiva que opera en la región, la cual tiene el control del cobro de piso, extorsión y venta de droga dentro del mercado central de Acapulco”.
Fuentes extraoficiales indicaron que Alexander forma parte de la célula delictiva Los Rusos.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó este 2024 tres denuncias en contra de dos alcaldes, un síndico y regidores por “ejercicio ilícito del servicio público” durante la administración 2021-2024.
De acuerdo con el reporte de denuncias presentadas el 2024, que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ASE, el ex alcalde de Iliatenco, Eric Sandro Leal Cantú (2021-2024), postulado por el PT, fue denunciado por peculado y lo que resulte, por irregularidades halladas en la Cuenta Pública 2023.
Dicha denuncia se presentó el 12 de julio del 2024 y, según menciona el documento, ya fue ratificada.
De acuerdo con el documento consultado, presuntamente el edil del PT presentó “información justificativa contable” sobre la construcción de una obra, pero impidió una “inspección física” al personal auditor.
Otro caso es el de la ex alcaldesa de Tlalixtaquilla de Maldonado, Raquel García Orduño (2021-2024), de Morena, denunciada por Ejercicio Ilícito del Poder y lo que resulte, por irregularidades en su Cuenta Pública 2022, por lo que se presentó la denuncia el 2 de agosto del 2024, y que también ya fue ratificada.
En Tlalixtaquilla también se denunció al síndico procurador, y regidores municipales, aunque no se específica a cuántos, por “Coalición de Servidores Públicos, Ejercicio Ilícito del Servicio Público y lo que resulte”.
De acuerdo con los documentos, las tres denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La ASE detectó también que la presidenta municipal de Tlalixtaquilla, Raquel García Orduño, no cumplió su obligación sobre informar al cabildo el uso de los recursos públicos, lo que constituye el delito de “servicio público y lo que resulte”, al ejercer recursos municipales sin la autorización del Cabildo.
En 2023 Guerrero fue el segundo estado con el mayor porcentaje de víctimas de algún acto de corrupción en el país; la prevalencia de este abuso aumentó más del triple en una década, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a propósito del Día internacional para prevenir y combatir la corrupción, que se conmemora el lunes 9 de diciembre.
De acuerdo con un comunicado sobre el estado actual y la evolución de la corrupción, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), en 2023 la entidad con mayor porcentaje de víctimas fue Chihuahua con 21.9 de cada cien personas, seguido de Guerrero con el 18.3 por ciento, y Tabasco con 17.9. El promedio nacional fue de 14 de cada cien mexicanos en al menos uno de los pagos, trámites y solicitudes realizados: 18.8 por ciento en el caso de los hombres y 9.6 en el de mujeres.
En su serie bienal de 2013 a 2013, expone que en Guerrero en el primer año el porcentaje de personas de 18 años y más víctima de corrupción fue de 5.7 puntos, en 2015 de 10.4, en 2017 de 14.3, en 2019 de 15.8, en 2021 disminuyó a 13.3 y el año pasado repuntó a 18.3 por ciento.
Al igual que en Guerrero, en Sonora el fenómeno aumentó más de tres veces en la última década hasta llegar 16.1 por ciento, y en contraste Baja California Sur, Colima y Zacatecas se han mantenido entre las entidades con niveles bajos de corrupción en cuanto a evolución temporal, con 10.5, 10.3 y 8.9 puntos el año pasado, respectivamente. A nivel nacional la corrupción también aumentó de 12.1 a 14 por ciento en estos 10 años.
Gobiernos estatales, con la mayor prevalencia
En México el trámite con mayor proporción de víctimas desde 2013 ha sido para quienes que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública y en 2023 fue de 6 de cada 10 personas. Otros trámites con prevalencias altas de corrupción, de 2013 a 2023, fueron los realizados ante el Ministerio Público o las Fiscalías estatales y en la tramitación de permisos relacionados con la propiedad.
El Inegi también detalló que desde 2013, los trámites realizados ante alguna instancia de los gobiernos estatales (con 19.7 por ciento en 2023), como el pago del impuesto vehicular, los trámites en el Registro Civil, los relacionados con la propiedad, o ante el Ministerio Público, entre otros, tuvieron la mayor prevalencia de corrupción. En segundo lugar (con 16.5 por ciento en 2023) se ubicaron los trámites en los Ayuntamientos, como el pago del agua, el predial y otros servicios municipales. Y solo 2.1 por ciento se reportó en el gobierno federal el año pasado.
Sólo 4.8% presenta denuncia
El organismo también informó que a nivel nacional el año pasado sólo 4.8 por ciento de las víctimas de corrupción hizo una denuncia y que la cifra se ha mantenido en porcentajes similares desde 2015, cuando fue el pico más alto con 6.6 puntos.
El principal motivo por el que las personas no denunciaron es que lo consideran inútil porque las autoridades “no le darían seguimiento”, con 29.5 por ciento. A este le siguen opinar que es una pérdida de tiempo, que es una práctica muy común, que la persona obtuvo un beneficio, o por falta de tiempo, miedo a represalias, y que la víctima no sabe ante quien denunciar.
Integrantes del Colectivo Nacional contra el Silencio e Impunidad denunciaron en conferencia de prensa casos de acoso y hostigamiento sexual a estudiantes y docentes en la UAG y el ITA Foto: El Sur
El Colectivo Nacional contra el Silencio e Impunidad, capítulo Acapulco, denunció que hay 40 casos de acoso y hostigamiento sexual contra estudiantes en universidades del puerto.
En conferencia de prensa en un restaurante del zócalo, integrantes del colectivo dieron a conocer que en lo que va del año, 25 denuncias fueron registradas tan sólo en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y otras 15 en el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA).
A la conferencia de prensa se presentaron dos estudiantes, quienes dieron a conocer que los actos en su contra ya fueron denunciados ante las autoridades educativas, pero que no han encontrado respuesta que les brinde justicia ante las violencias que sufrieron.
Del mismo modo, pidieron que la comunidad educativa aborde de manera integral este problema que enfrenta la población estudiantil y que se trabaje en la prevención y erradicación de la violencia.
Es por eso que integrantes del Colectivo Nacional Contra el Silencio y la Impunidad hicieron un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la titular de Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que den atención al problema y castigo a los responsables.
El vocero del Frente Amplio Feminista, Enrique Solano López, quien encabezaba la conferencia señaló: “Tenemos casos que han sido denunciados por compañeras y a los que se está dando seguimiento en los ministerios públicos, para dar seguimiento”.
“Tenemos casos concretos en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, aquí en Acapulco; de Odontología, un par de casos en la zona Norte, en la facultad de Veterinaria, e inclusive, no solamente las estudiantes de la facultad están siendo atacadas, también hay profesoras”, señaló Solano López.
Solano López agregó que en el ITA también hay casos, 15 más, y que “la violencia de género se recrudece específicamente en el acoso y hostigamiento sexual”. (Redacción).
