Una adolescente fue reportada como desaparecida en Acapulco y se activó la alerta Violeta.
En un documento emitido por el gobierno del estado, se informa que la muchacha se llama Roxana Guadalupe Sánchez Zamora, de 16 años.
Fue vista por última vez el jueves pasado y vestía short gris y playera rosa. Como seña particular tiene una cicatriz en la barbilla, lunares en el labio, ceja y en las mejillas.
Es de complexión delgada, tez morena clara, estatura pequeña y cabello castaño largo.
Los familiares de la desaparecida la buscaron en hospitales, separos de la policía, en casas de amigos y familiares, incluso en el Semefo sin encontrarla.
Asimismo, los parientes interpusieron una demanda en el Ministerio Público para que la Policía Ministerial haga una investigación exhaustiva. (Redacción).
Una adolescente fue reportada como desaparecida en Acapulco y se activó la Alerta Violeta para su localización.
De acuerdo con la ficha del gobierno del estado, la muchacha se llama Flor Estefany Leyva Analco, de 15 años.
Es de complexión regular, tez blanca, estatura mediana y de cabello corto crespo y castaño.
Los familiares buscaron a la adolescente en hospitales, separos de la policía, en casa de amigos y familiares, incluso en el Semefo sin encontrarla.
Asimismo, los parientes pusieron una demanda en el Ministerio Público para que la Policía Ministerial haga una investigación exhaustiva. (Redacción).
Samantha Valeria Colón Morales (al centro), esposa del desaparecido Vicente Suástegui, buscó ayer a su familiar en una huerta semiabando-nada cerca de la carretera de San Isidro Gallinero, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec. La acompañan integrantes de la CEBP y la Unidad Canina de la FGE t Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
En una huerta semiabandonada de los Bienes Comunales de Cacahuatepec fue buscado ayer el integrante desaparecido del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz.
Su esposa, la activista Samantha Valeria Colón Morales, insistió en declaraciones a El Sur que la desaparición de Vicente Suástegui es por el proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por los grupos que siguen predominando en la zona, como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
La inspección de este lunes fue el inicio de la jornada de seis días de búsqueda del defensor del agua desaparecido el 5 de agosto de 2021 en la colonia Ciudad Renacimiento y después trasladado al Motel Tres Palos, ubicado en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, de acuerdo con la narración de uno de los cuatro detenidos sentenciados por este crimen.
En la intersección de la vía federal y la carretera de San Isidro Gallinero, el convoy de distintas dependencias de seguridad y de búsqueda que trasladó a Colón Morales se introdujo y avanzó unos 200 metros para introducirse a un extenso terreno en el que se encuentra una empresa constructora de materiales y algunos corrales con ganado.
La comitiva avanzó sobre una carretera de terracería otros 200 metros más y se detuvo en medio del camino para comenzar la búsqueda, por un lado se encuentra un par de cerros con escasas viviendas arriba de ellos y por el otro una huerta prácticamente hecha de matorrales secos.
Es una amplia zona árida que no es visible durante el paso de la carretera de San Isidro Gallinero que conduce a varias comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, como El Salto, La Concepción y Parotillas.
Parecía ser un terreno no habitado, salvo un vecino que caminó no tan lejos del grupo de funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y de la Unidad Canina de la Fiscalía General del Estado (FGE), todos ellos resguardados por unos cuantos agentes de la Policía Estatal y la Secretaría de Marina (Semar).
La inspección con varillas no avanzó mucho sobre los matorrales porque la extensión de un incipiente incendio impidió el ingreso a ciertas áreas, de por sí delimitadas por hileras de alambres de púas.
Los integrantes de la CEBP y la FGE inspeccionaron alguno de los caminos que serpentean el terreno, fue una búsqueda en un ambiente de un calor incesante y de una incertidumbre de qué puntos de interés se pudieran registrar para futuras de introspección en la misma área.
En una pausa, Colón Morales expuso a este periódico la crítica por la ausencia de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que no llegaron a la cita pese a la solicitud formal que la CEBP les presentó, como mensualmente lo hace por la desaparición de Vicente Suástegui.
La presencia de ambas instituciones de seguridad durante las acciones de búsqueda es necesaria por el contexto de violencia que prevalece en el municipio, subrayó la familiar del desaparecido.
Expuso que el terreno donde buscó ayer a su esposo “no está tan lejos del lugar donde se dice que se entregó y también del lugar donde dicen que lo dejaron, entonces para mí buscar aquí creo que es lo más viable, siempre mis búsquedas van más encaminadas a estos rumbos, aunque no descarto nunca buscar en todo Acapulco, en todo Guerrero, donde se pueda”.
“Siempre cuando venimos a estos lugares pues vengo con la esperanza, pero también con el miedo de poder encontrar algo que también no quisiera, en este caso poder encontrar un resto de Vicente”.
Recordó las amenazas que ha recibido por buscar al papá de sus hijas, “eso nos hace siempre tener la alerta; el venir a un lugar solitario, que estemos aquí, la verdad ves el terreno y en un principio dices, es extenso el lugar, ¿cómo voy a buscar?, pero al mismo tiempo te da esperanza que puedas encontrar a alguien aquí, a lo mejor no precisamente a Vicente”.
Colón Morales agradeció el acompañamiento de la CEBP, “pero también sabemos que les falta, tienen ciertas carencias por material”, no obstante, el propósito de los funcionarios de buscar lo más que se pueda en los enormes terrenos a los que llegan, como el de este lunes.
Sobre las razones de la desaparición de Vicente Suástegui a más de cuatro años de la perpetración de la desaparición, su esposa dijo que el “trasfondo” es la presa La Parota y los “grupos que predominaban, bueno, siguen predominando hasta el momento, que era la UPOEG”.
“Siempre estaban en conflicto tanto con el Cecop, con (el vocero) Marco Antonio (Suástegui Muñoz), con Vicente y yo creo que lo hicieron en una forma de mensaje hacia decirles ‘nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos hacer lo otro’”, sostuvo Colón Morales.
Una joven estudiante fue reportada como desaparecida y se activó la Alerta Violeta para su pronta localización.
En un comunicado del gobierno del estado, informó que la joven Adriana Rizo Hernández, de 20 años.
Como seña particular tiene lunares en la mejilla, mientras que su característica física es de complexión robusta, piel morena, estatura chica y cabello negro.
Los familiares de la desaparecida buscaron a la mujer en hospitales, separos de la policía, en casas de amigos y familiares, incluso en el Semefo sin encontrarla.
Asimismo, los parientes pusieron una demanda en el Ministerio Público para que la Policía Ministerial haga una investigación exhaustiva. (Redacción).
Una mujer fue reportada como desaparecida en Acapulco y se activó la alerta Violeta para su pronta localización.
En un comunicado del gobierno del estado, informó que la mujer se llama Mónica Hidalgo Ivaristos, de 47 años.
Como seña particular tiene un tatuaje en el brazo izquierdo de un camaleones sin colores y padece de diabetes.
Es de complexión media, piel morena clara, estatura chica y cabello negro, ondulado y corto.
Los familiares de la desaparecida buscaron a la mujer en hospitales, separos de la policía, en casa de amigos y familiares, incluso en el Semefo sin encontrarla.
Asimismo, los parientes interpusieron una demanda en el Ministerio Público para que la Policía Ministerial haga una investigación exhaustiva. (Redacción).
Una mujer fue reportada como desaparecida en la Central de Abasto y se activó la alerta para su localización.
De acuerdo a Locatel Guerrero, la mujer se llama Liz Ayana Hernández Castro, de 32 años, y fue vista por última vez el viernes pasado.
Como seña particular tiene una cicatriz en el abdómen del lado izquierdo, y la hora de desaparición fue a las 11 de la mañana.
Es de complexión robusta, estatura baja, piel blanca y cabello oscuro, lacio y corto.
Familiares interpusieron una denuncia en el Ministerio Público para la pronta localización de la mujer.
Se informó que los familiares de la mujer ya la buscaron en hospitales, separos y en casas de parientes y amigos.
Se supo que los familiares antes la falta de respuesta de la Fiscalía General del Estado bloquearán el bulevar Vicente Guerrero para exigir la presentación con vida de la mujer. (Redacción).
Familiares, esposa e hijas y amigos de Vicente Suástegui desparecido hace cuatro años, asistieron a la misa en su memoria en la iglesia San Francico de Asís, en Ciudad Renacimiento en Foto: Jesús Trigo
Ramón Gracida Gómez
A tres de los detenidos por la desaparición forzada del integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, se les confirmó hace 10 días la sentencia condenatoria de 25 años, informaron abogados y familiares de la víctima.
Ayer, la esposa de Vicente Suástegui, Samantha Valeria Colón Morales, conmemoró el cumpleaños número 42 del defensor del agua en la iglesia de San Francisco de Asís, en la colonia Ciudad Renacimiento. Estuvo acompañada de su familia, integrantes de SIUAT Yoltechi y de la madre buscadora Patricia Retana, de la colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero.
Al terminar la ceremonia religiosa que comenzó a la una de la tarde, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, declaró que hace 10 días la Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia confirmó dos sentencias a 25 años de prisión contra tres personas.
Son Jorge Eduardo García Ramírez El Junior, José Luis Carrera Vázquez El Galleta y Felipe Sandoval Gazga La Yegua.
El primero de los cuatro detenidos, Juan Carlos Valenzuela Herrera, El Brillo, ya estaba sentenciado por procedimiento abreviado a 13 años y 8 meses.
Téliz García señaló, no obstante, que “de nada sirve que existan personas detenidas, que estén en la cárcel y no tengamos información respecto a dónde está” Vicente Suástegui, desaparecido el 5 de agosto de 2021 en Ciudad Renacimiento.
Además de los cuatro detenidos, dijo que “falta uno, que es el principal”, Pedro Santos Cruz, el comandante Pino de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
La Fiscalía General del Estado (FGE) “no nos ha informado nada, lo único que dice es que lo están localizando, pero hasta ahí, y en las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec se sabe que esta persona por ahí convive, por ahí se la pasa, la Fiscalía no ha ejecutado la orden de aprehensión”, denunció el abogado de Tlachinollan.
Subrayó que las búsquedas realizadas por la esposa de Vicente Suástegui junto con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) “ha sido a petición de la propia familia, a petición de la esposa, a petición de las organizaciones”.
“El Estado, a través de estas comisiones no ha trazado líneas de investigación para poder buscarlo, para poder localizarlo, puntos claves donde pudiera estar Vicente, todo es carga de la familia, como en cualquier caso de desaparecidos, siempre la familia tiene que salir adelante para buscar, el Estado es omiso ante esta situación”.
Colón Morales dijo que para la familia no es suficiente que los culpables tengan sentencias condenatorias “porque como lo hemos dicho siempre, nos falta lo más importante, encontrarlo”.
Señaló que estaban conmemorando “un cumpleaños más sin Vicente, un cumpleaños más sin el padre de mis hijas, sin el esposo… tenemos sentimientos encontrados, hay mucha tristeza por no saber nada de Vicente porque ya son cuatro años en los que no hemos sabido nada de él”.
El posible autor material del atentado a balazos contra el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, fue detenido en Acapulco hace aproximadamente un mes y medio por la Fiscalía General del Estado (FGE) y después esta institución negó que lo haya detenido, denunció el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Aquí hay mano negra, aquí hay una acción premeditada, hay un encubrimiento de alto nivel, eso es preocupante porque entonces en manos de quién está la procuración de justicia en el estado”, expuso por teléfono.
Tlachinollan supo de “la detención de una persona por otro delito y se corroboró que esta persona sí tenía que ver con el asesinato de Marco Antonio, lo desconcertante es que después negaron que esa persona estaba detenida.
“En el caso de Marco Antonio genera suspicacias, sospechas porque no hay transparencia, no hay esta relación permanente con las víctimas, más bien se genera un ambiente de desconfianza”.
Como lo esbozó en el artículo semanal de Tlachinollan publicada este lunes en El Sur, Barrera Hernández especificó que “se supo de la detención de una persona, se supo que estuvo involucrado en los hechos, primero afirmaron que estaba la detención de esta persona y posteriormente dijeron que no era real esa detención, o sea, hay contradicciones en la información que dan funcionarios de la misma Fiscalía”.
Dijo que el nombre del presunto autor material del asesinato no se puede dar públicamente, “es un hombre nada más, fuera de ahí todo su perfil, a dónde pertenecía, todas sus características no las tenemos porque precisamente se negó, fue algo muy cerrado, fue algo como decir que se filtró.
“De la misma Fiscalía salió esta información y posteriormente de la misma Fiscalía se negó la información”, subrayó el director de Tlachinollan.
Sostuvo que se tiene que investigar la línea de que el mismo grupo que desapareció a Vicente Iván Suástegui Muñoz también mató a su hermano, “tomando en cuenta que Marco era un defensor de derechos humanos, fue alguien que asumió la defensa de la presentación de Vicente.
“Parte de los conflictos que enfrentó fue precisamente tanto la defensa de las tierras de Cacahuatepec, como todo el tema relacionado con la desaparición de su hermano y también la defensa de la playa por los trabajadores”, insistió, y recordó las amenazas que denunció y la solicitud de acompañamiento de la Guardia Nacional que hizo.
Se le preguntó si hay una relación entre la falta de detención de Pedro Santos Cruz, el comandante Pino de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y el crimen del vocero del Cecop.
El director de Tlachinollan respondió que no se puede deducir “tan a la ligera, pero sí podemos decir que ése es otro elemento más que se incorpora a esta sensación de que en la Fiscalía hay gente que no se toca como El Pino, ¿por qué hay personas que tienen órdenes de aprehensión y no se les localiza supuestamente y no son detenidas?”.
Señaló que a seis meses del asesinato del “líder emblemático”, que requiere la mayor prontitud “o celeridad posible de parte de la Fiscalía, vemos que no hay avances, no hay resultados, y más bien estamos corroborando que hay dilación, que hay negligencia, sobre todo, para hacerse de pruebas que requería en el momento”.
Al contrario de la postura de la FGE de que el huracán Otis dejó inservibles las cámaras de seguridad de alrededor al acceso a la playa Icacos de la calle Fragata de Yucatán, donde se perpetró el ataque el 18 de abril pasado, Barrera Hernández mencionó que vecinos de los edificios y las calles aledañas confirmaron que sí sirven, pero las imágenes duran entre uno o dos días.
“Lo que quiere decir que hubo negligencia de parte de la Fiscalía en razón de que no acudió de manera inmediata a los lugares donde había cámaras”, señaló el director de Tlachinollan.
También se alteró la escena del crimen “porque no se preservó todo lo que sucedió alrededor, en términos de qué casquillos, no hicieron el trabajo como deberían de hacer, y es obvio que tampoco han recabado testimonios, información de la gente, es muy fácil, pues la gente no quiere informar, no los podemos obligar”.
Aseveró que los cuerpos de seguridad, particularmente la Guardia Nacional, no se cercioraron de la agresión, “no se supo que hubiesen perseguido al agresor, nada, como si no hubiese pasado nada, para mal la gente tuvo que huir, tuvo que esconderse, pero las fuerzas de seguridad pasaron de noche.
“Las víctimas siguen a la deriva, indefensas, sin verdad, sin justicia, y tienen que cargar con la prueba ellos, ellas, casi responsabilizando, es que no vienen a darnos la información, es que no quieren declarar”, lo cual ya se hizo acotó, Barrera Hernández.
“Es una Fiscalía opaca que no da información, que no está cercana a las víctimas, que le descarga toda la responsabilidad a ellas y que obviamente es un ente hermético que en verdad no favorece la participación de las víctimas o por lo menos que las víctimas tengan confianza en el órgano investigador”.
La feminista Olimpia Jaimes López en su participación en la presentación del informe Y ese Lucero eres tú… Desapariciones de mujeres en el estado de Guerrero y sus anexos, en el auditorio Francisco Gómez Jara en las instalaciones del CIPES en Chilpancingo. La acompañan Rosa Icela Ojeda, Claudia Rangel, Diana Bustos y Elisa Niño Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
Investigadoras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) e integrantes del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), coincidieron en que falta que se apliquen perspectiva de género y protocolos de búsqueda inmediata en casos de desapariciones de mujeres en la entidad, así como capacitaciones para el personal a cargo realizar las denuncias correspondientes.
Durante la presentación del informe Y ese lucero eres tú… Desaparición de mujeres en el estado de Guerrero y sus nexos con otros crímenes sistémicos, que se realizó este jueves en el auditorio del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES) en la capital, las integrantes del EMAF, Elisa Niño Vázquez, Marte Myhre Tunheim y Diana Bustos Ríos, expusieron la negligencia de las autoridades para localizar a las mujeres con vida.
Mientras que las investigadoras Claudia Esperanza Gabriela Rangel Lozano, Rosa Icela Ojeda Rivera, quien es coordinadora del Observatorio de Violencia contra Mujeres Hannah Arendt (Obvicom), y la feminista Olimpia Jaimes López, manifestaron que el informe debe inspirar más reflexiones y servir para que las autoridades protejan los derechos de las mujeres.
Elisa Niño explicó que el EMAF documentó 14 casos de desapariciones de mujeres en Iguala, Taxco, Chilpancingo, Acapulco y Estado de México durante el periodo de 2012 al 2022, en el cual “ha habido una transformación del crimen organizado en el territorio”.
Puntualizó que en el 2018 el fentanilo reemplazó a la amapola y este cambio en la dinámica criminal del territorio se reflejó también en las expresiones de violencia contra las mujeres.
Señaló que en Guerrero hay entre 12 y 18 grupos del crimen organizado, por lo que se implementó el Plan de Apoyo que implicó la militarización de la entidad.
Perfil de las víctimas
De las víctimas detalló que eran mujeres cisgénero, con relaciones heterosexuales, precarizadas y estudios truncos; sólo una de ellas era docente, el resto eran comerciantes y se dedicaban a distintas actividades como pintar uñas, cortar cabello.
Una de las víctimas tenía vínculos con el crimen organizado, de una segunda había indicios de que podría estar vinculada a la delincuencia y una tercera consideró ser parte de algún grupo criminal y alquilar su vientre debido a la falta de recursos que le impedía sostener a sus hijos.
Diez de las víctimas eran madres solteras que no recibían apoyo económico de los padres de sus hijos y en nueve de los casos, las familias señalaron como responsables de la desaparición a las ex parejas, quienes amenazaron a las mujeres incluso con asesinarlas si insistían en exigir el pago de la manutención; “la desaparición funciona como un castigo a las mujeres”.
Resaltó que se identificó que hay “búsqueda ascendida” de las víctimas, es decir, hasta cinco años después de su desaparición; “en algunos casos había indicios de que estaban vivas y podían estar siendo explotadas sexual o laboralmente”, pero cuando las familias intentan seguir esas líneas de investigación, reciben respuestas revictimizantes de las autoridades.
“No hay investigación para determinar qué pasó, cómo pasó, sólo se da la restitución de los cuerpos, se está usando la desaparición como un mecanismo para ocultar temas de feminicidio, de homicidio y si no hay investigación, es una cadena de desaparición continua”, subrayó.
El informe produce “vergüenza” por la inacción de autoridades: Ojeda
Para Rosa Icela Ojeda el informe “destila dolor, el dolor de las víctimas, el dolor de las familias… hay un duelo abierto, hay un duelo que no cierra y tenemos que hablar de él”.
Consideró que la información detallada “produce mucha vergüenza, vergüenza de vivir en un estado, el Estado mexicano, y el estado de Guerrero, donde la palabra, el concepto de desaparecido ha tenido una larga significación” a través de los años.
Manifestó que “hay crisis en todas las instituciones”, aunque mesuró sus comentarios debido al contexto social en la entidad, donde corren riesgo las voces críticas; “somos cuidadosas, hay, por decir lo menos, poca empatía de quienes tienen que investigar los delitos”.
Dijo que “no se preservan las escenas del crimen, nunca en ningún caso, pero en el caso de las mujeres peor todavía: se manipulan, se tocan, se mueven”, con lo cual se pierden evidencias y se impide la tipificación adecuada de los delitos.
Señaló que, después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, “bajó la estigmatización contra la desaparición contra la gente desaparecida, hombres y mujeres”.
En contraste, desde el 2012, el Obvicom documentó un aumento de mujeres no identificadas en la morgue, “en esos casos es muy importante la preservación de la escena del crimen” y debería cruzarse la información con los casos de mujeres desaparecidas.
A pesar de los hallazgos del EMAF, “me da gusto que estemos aquí, este informe debe motivar muchas más reflexiones”.
Claudia Rangel criticó la cosificación de las mujeres y los nexos entre las autoridades y el crimen organizado, ya que estos “no son estimados en las carpetas de investigación”; para la investigadora el informe es “un documento de denuncia, lo que implica la urgencia por demostrar las ignominiosas prácticas institucionales para afrontar esta catástrofe humanitaria, cuya inconmensurabilidad rebasa las más siniestras narrativas de la crueldad humana”.
Olimpia Jaimes dijo que el informe “es un aporte invaluable para las autoridades que tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos”; reiteró la necesidad que se realicen las investigaciones con perspectiva de género, que se capacite en criminología feminista, transparencia y tribunales para casos emblemáticos.
Familiares y amigos de Edgar Jair leal, en la conferencia de prensa que ofrecieryon en el Zócalo para denunciar que a un año de su desaparición, no ha habido avances en la investigación por parte de las autoridades Foto: Carlos Carbajal
Argenis Salmerón
Familiares del joven desaparecido hace un año, Edgar Yahir Leal Saligán, afirmaron que no hay avance en la investigación para buscar a su pariente.
Familiares mostraron lonas con fotografías del joven desaparecido hace un año, en la zona suburbana de Acapulco.
En conferencia de prensa en el Zócalo, Xóchilt Osmay Saligán dijo que no hay ninguna investigación por el caso de su hijo desaparecido desde hace un año. Añadió que ayer tuvo un año de desaparecido su hijo, y el último contacto fue a las 4 de la tarde, en la colonia Sinaí, sector 6.
Afirmó que ha otorgado a la Fiscalía General del Estado nombres y fotografías de los compañeros de trabajo de su hijo, con quienes tuvo el último contacto.
Declaró que sus compañeros de trabajo siguen laborando para la empresa Sahuayo, “no hay solución, no hay avance”.
Contó que su hijo salió de su casa, ubicada en la colonia Ciudad Renacimiento, para el trabajo, y salió de laborar a las 11 de la mañana por el huracán John hace un año, para irse a la casa de uno de sus compañeros, en la colonia Sinaí.
“Hay pruebas, uno de sus amigos, uno dijo que se había lastimado el pie, otro dijo que no quería problemas, el otro se quedó con la cabeza agachada”, manifestó.
Aseguró que hay complicidad entre sus propios compañeros de trabajo de su hijo, porque aseveró que no quieren decir la verdad a las autoridades.
Se quejó que la autoridad ministerial da largas en el caso, “nos dicen que ya tienen pruebas, pero lo hacen para calmarnos”.
“La lucha por buscar a mi hijo seguirá y no parará, así no estamos nosotras, nuestras hijas van a seguir buscándolo”, recalcó.
Dijo que su hijo desaparecido tiene 23 años, el mayor de los tres que tiene; una hija de 20 años y un adolescente de 15 años.
“Yo no busco culpables, ni mi familia, solamente que nos hagan saber con una llamada o mensaje de dónde está mi hijo”, concluyó.
