Asesinan a tres mujeres y un hombre en fiesta en San Andrés Playa Encantada

Dos de los cuerpos de las cuatro personas asesinadas en el restaurante Playa Aventura donde se ofrecía una fiesta Foto: Tomada de Redes Sociales

Redacción

Tres mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos en una fiesta, en el poblado de San Andrés Playa Encantada, colindante con Barra Vieja.
El crimen fue reportado después de las 8 de la noche, a un costado de la carretera a Barra Vieja, informaron policías ministeriales.
El reporte policiaco indica que hombres armados irrumpieron en el restaurante Playa Aventura donde se efectuaba una fiesta.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco, encontrado varios casquillos percutidos de diferentes calibres.
El Ministerio Público sector Costa Azul abrió una carpeta de investigación por el crimen.
El hecho generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno, encabezado por fuerzas federales.
Después de las diligencias, los cadáveres en calidad de desconocidos fueron trasladados a las instalaciones del Semefo.
Con este caso suman 15 muertos en lo que va del mes, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con el recuento de El Sur.
En un boletín de prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se investigan los hechos ocurridos en Barra Vieja, donde fueron localizados los cuerpos de tres mujeres y un hombre sin vida.
Añadió que al lugar acudieron agentes ministeriales así como peritos, quienes hicieron las diligencias iniciales y el levantamiento de indicios, con el propósito de recabar información que permita el esclarecimiento de los hechos.

Aprueban reforma para que la Fiscalía busque a desaparecidos sin necesidad de denuncia

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local aprobó por unanimidad, con 31 votos, una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que dicha institución realice búsqueda de personas desaparecidas de manera inmediata, sin necesidad de alguna denuncia de por medio.
Se trata de una adición a la fracción XXXIV del artículo 11 de la Ley Orgánica de la FGE, que establece un fundamento legal al Ministerio Público (MP) para iniciar y coordinar de manera inmediata las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, sin condicionamiento de plazo alguno y con base en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La propuesta inicial fue de la diputada morenista Araceli Ocampo Manzanares, quien mencionó la necesidad de fortalecer el marco jurídico para garantizar la actuación eficaz de las autoridades ante la desaparición de personas, con enfoque humanitario y en apego a los derechos fundamentales de las víctimas y sus familias.
El dictamen fue fundamentado por la diputada Erika Lührs Cortés, integrante de la Comisión de Justicia, quien explicó que con dicha reforma se propone “la inmediatez con la que debe actuar la autoridad investigadora para realizar la búsqueda de personas desaparecidas una vez que se tenga conocimiento del hecho por cualquier medio y sin demora alguna”.
La Comisión de Justicia, aseguró que dicha reforma se hizo conforme a los principios establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Aprueban tipificar “pinchazos” en el Código Penal

Por unanimidad de 31 diputados se aprobó una reforma al Código Penal para añadir el Capítulo III, denominado De la administración no consentida de sustancias, para sancionar a quien “suministre, introduzca o aplique cualquier sustancia sin el consentimiento de la víctima”.
Con esta adición, que fue propuesta por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la diputada Araceli Ocampo Manzanares, “se busca cerrar un vacío legal y reconocer esta conducta como una forma grave de violencia que vulnera la autonomía, la dignidad y la integridad física y mental de las personas”, justifica el dictamen aprobado.
Las penas establecidas van de dos a cinco años de prisión y hasta el doble, cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores o con discapacidad, o cuando el delito ocurra en espacios públicos o con violencia física.
Sesión vacía

Las tres reformas aprobadas por el Congreso en la sesión de este martes, fueron con la votación de 31, de 46 diputados que conforman el pleno, y durante la sesión muchos diputados, pese a que pasaron lista al inicio, estuvieron ausentes en el desarrollo de la misma.
La mayoría de los priistas estuvieron solo al inicio, y después se retiraron. Al final de sesión sólo quedaron Pilar Vadillo Ruiz y Víctor Hugo Vega Hernández; de los morenistas el ausente fueron su coordinador Jesús Urióstegui García, y el presidente de la Comisión de Educación, Pánfilo Sánchez Almazán; mientras que del PVEM también se notaron las ausencias de su coordinador, Arturo Álvarez Angli, quien estaba de manera virtual, así como las diputadas Gladis Cortés Genchi y Obdulia Naranjo Cabrera.

Ve Abel Barrera “mano negra” en presunta detención del homicida de Marco Suástegui

Ramón Gracida Gómez

El posible autor material del atentado a balazos contra el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, fue detenido en Acapulco hace aproximadamente un mes y medio por la Fiscalía General del Estado (FGE) y después esta institución negó que lo haya detenido, denunció el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Aquí hay mano negra, aquí hay una acción premeditada, hay un encubrimiento de alto nivel, eso es preocupante porque entonces en manos de quién está la procuración de justicia en el estado”, expuso por teléfono.
Tlachinollan supo de “la detención de una persona por otro delito y se corroboró que esta persona sí tenía que ver con el asesinato de Marco Antonio, lo desconcertante es que después negaron que esa persona estaba detenida.
“En el caso de Marco Antonio genera suspicacias, sospechas porque no hay transparencia, no hay esta relación permanente con las víctimas, más bien se genera un ambiente de desconfianza”.
Como lo esbozó en el artículo semanal de Tlachinollan publicada este lunes en El Sur, Barrera Hernández especificó que “se supo de la detención de una persona, se supo que estuvo involucrado en los hechos, primero afirmaron que estaba la detención de esta persona y posteriormente dijeron que no era real esa detención, o sea, hay contradicciones en la información que dan funcionarios de la misma Fiscalía”.
Dijo que el nombre del presunto autor material del asesinato no se puede dar públicamente, “es un hombre nada más, fuera de ahí todo su perfil, a dónde pertenecía, todas sus características no las tenemos porque precisamente se negó, fue algo muy cerrado, fue algo como decir que se filtró.
“De la misma Fiscalía salió esta información y posteriormente de la misma Fiscalía se negó la información”, subrayó el director de Tlachinollan.
Sostuvo que se tiene que investigar la línea de que el mismo grupo que desapareció a Vicente Iván Suástegui Muñoz también mató a su hermano, “tomando en cuenta que Marco era un defensor de derechos humanos, fue alguien que asumió la defensa de la presentación de Vicente.
“Parte de los conflictos que enfrentó fue precisamente tanto la defensa de las tierras de Cacahuatepec, como todo el tema relacionado con la desaparición de su hermano y también la defensa de la playa por los trabajadores”, insistió, y recordó las amenazas que denunció y la solicitud de acompañamiento de la Guardia Nacional que hizo.
Se le preguntó si hay una relación entre la falta de detención de Pedro Santos Cruz, el comandante Pino de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y el crimen del vocero del Cecop.
El director de Tlachinollan respondió que no se puede deducir “tan a la ligera, pero sí podemos decir que ése es otro elemento más que se incorpora a esta sensación de que en la Fiscalía hay gente que no se toca como El Pino, ¿por qué hay personas que tienen órdenes de aprehensión y no se les localiza supuestamente y no son detenidas?”.
Señaló que a seis meses del asesinato del “líder emblemático”, que requiere la mayor prontitud “o celeridad posible de parte de la Fiscalía, vemos que no hay avances, no hay resultados, y más bien estamos corroborando que hay dilación, que hay negligencia, sobre todo, para hacerse de pruebas que requería en el momento”.
Al contrario de la postura de la FGE de que el huracán Otis dejó inservibles las cámaras de seguridad de alrededor al acceso a la playa Icacos de la calle Fragata de Yucatán, donde se perpetró el ataque el 18 de abril pasado, Barrera Hernández mencionó que vecinos de los edificios y las calles aledañas confirmaron que sí sirven, pero las imágenes duran entre uno o dos días.
“Lo que quiere decir que hubo negligencia de parte de la Fiscalía en razón de que no acudió de manera inmediata a los lugares donde había cámaras”, señaló el director de Tlachinollan.
También se alteró la escena del crimen “porque no se preservó todo lo que sucedió alrededor, en términos de qué casquillos, no hicieron el trabajo como deberían de hacer, y es obvio que tampoco han recabado testimonios, información de la gente, es muy fácil, pues la gente no quiere informar, no los podemos obligar”.
Aseveró que los cuerpos de seguridad, particularmente la Guardia Nacional, no se cercioraron de la agresión, “no se supo que hubiesen perseguido al agresor, nada, como si no hubiese pasado nada, para mal la gente tuvo que huir, tuvo que esconderse, pero las fuerzas de seguridad pasaron de noche.
“Las víctimas siguen a la deriva, indefensas, sin verdad, sin justicia, y tienen que cargar con la prueba ellos, ellas, casi responsabilizando, es que no vienen a darnos la información, es que no quieren declarar”, lo cual ya se hizo acotó, Barrera Hernández.
“Es una Fiscalía opaca que no da información, que no está cercana a las víctimas, que le descarga toda la responsabilidad a ellas y que obviamente es un ente hermético que en verdad no favorece la participación de las víctimas o por lo menos que las víctimas tengan confianza en el órgano investigador”.

 

Emite la FGE ficha de búsqueda por dos desaparecidos en Apaxtla en abril de 2023

Alejandro Guerrero

Iguala

La Fiscalía General del Estado (FGE), difundió este lunes las fichas de búsqueda de José Froylan Trujillo, de 78 años, y su hijo de 47 años, desaparecidos en abril de 2023 en la localidad de El Querengue, municipio de Apaxtla, en la zona Norte  del estado. Mientras que en Iguala se informó de la localización de un adolescente de 15 años que llevaba cinco días desaparecido.
De acuerdo con las alertas de búsqueda del programa ¿Has visto a…? con números de reporte HVAGRO/0174/2025 y HVAGRO/0175/2025, la denuncia de los hechos fue presentada apenas este domingo y ayer a las 12:30 de la tarde se difundieron en la página oficial de la Fiscalía estatal.
Se indica que José Froylán Trujillo Tavares, de 78 años y su hijo Froylán Trujillo Paredes, de 47 años, desaparecieron en la comunidad de El Querengue, en el municipio de Apaxtla de Castrejón el 7 de abril de 2023.
De acuerdo con los registros periodísticos de El Sur, en ese año esa zona de Apaxtla y sus colindancias con Teloloapan y Cuetzala del Progreso vivieron una etapa compleja de seguridad por la disputa del territorio y conflicto armado que atravesaban las policías comunitarias de la Tecampanera y de Tlacotepec, señaladas de estar al servicio como brazo armado de grupos del crimen organizado en esa zona.
Con respecto al adulto mayor se indica que como señas particulares en uno de los dientes incisivos tiene colocada una corona de oro y manchas blanquecinas de dos centímetros en la parte derecha de la espalda. El hombre es de tez morena clara, de cabello corto y canoso, y mide 1.67 metros de estatura.
En tanto que del otro hombre se informa que como señas particulares tiene un lunar de unos dos centímetros en el lado izquierdo de la cara, una cicatriz circular de dos milímetros en la parte derecha de la nariz. Asimismo, tiene una mancha blanquecina de nacimiento en la clavícula izquierda y una cicatriz lineal de unos cinco centímetros al lado derecho del estómago. Es de tez morena clara, de cabello negro, corto y lacio, y mide 1.65 metros de estatura.

Localizan a adolescente desaparecido

En un hecho separado mediante las redes sociales se informó que este domingo fue localizado el adolescente Juan Manuel Huerta Hermida, de 15 años, quien había sido reportado desaparecido por sus familiares el martes de la semana pasada, luego de que huyó de su casa tras un regaño de su mamá.
El viernes sus familiares participaron en una marcha por la paz y adolescentes libres de adicciones para pedir ayuda de la población para localizarlo, y la mamá del menor, Deisy Hermida informó que se estaban realizando acciones de búsqueda para su localización.
Sin dar detalles, se informó que el muchacho, quien es alumno del Colegio de Bachilleres José Vasconcelos, fue localizado y ya se encuentra con su familia.

 

Le oculta la FGE 18 años información de la desaparición de su hijo; exige localizarlo

Ficha de la desaparición de Pablo César Maganda Hernández t Foto: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

Ramón Gracida Gómez

La Fiscalía General del Estado (FGE) le ocultó a Gloria Maganda información de los presuntos perpetradores de la desaparición de su hijo Pablo César ocurrida hace 18 años, la madre de la víctima recibió por primera vez la carpeta de investigación apenas en mayo pasado y exige que las autoridades den con su paradero. El Sur publicó el 28 de marzo pasado la
denuncia de Gloria Maganda de 18 años sin recibir nunca la carpeta de investigación, la cual reiteró en el tercer aniversario de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia el 3 de mayo, su caso fue replicado en la conferencia matutina del 16 del mismo mes y la FGE le entregó la carpeta el 27 por “presión” de Presidencia.
“¿Cómo es posible que las autoridades me tengan 18 años escondiéndome la carpeta y en una semana la encuentran?”, preguntó en la entrevista de ayer con este periódico.
Quien se la entregó fue Jorge Iván Ignacio Gutiérrez, integrante de la Fiscalía de Delitos Graves en Chilpancingo y encargado del resguardo de la carpeta, el mismo funcionario que le dijo hace tres años que no existía la carpeta de investigación.
Fue una respuesta similar que recibió en abril pasado de un amparo que presentó en 2024 para pedir una copia de la carpeta de investigación en el Juzgado de Control del Distrito de Tabares ubicado en el poblado de La Poza, en la zona Diamante, la resolución dicta que “no había ni siquiera una denuncia de parte mía”.
“Yo me sentí muy mal, muy mal, casi me ando volviendo loca y digo cómo es posible, entonces qué, no tuve hijo, no me lo desaparecieron, o sea, estoy loca o qué”.
Al leer la carpeta de investigación de su hijo Pablo César Maganda Hernández, la mujer de 62 años se dio cuenta que “en la poca, poquita investigación que hicieron resulta que ahí dice que a los tres meses ya sabían quién se había llevado a mi hijo y a mí me lo ocultaron, yo no sé si ése haya sido el motivo por el que me hayan escondido tantos años la carpeta”.
Encontró que los perpetradores del secuestro y el asesinato de una vecina suya de San Andrés Playa Encantada, a un costado de Barra Vieja, plagiada el mismo 27 de julio de 2007 que fue desaparecido Pablo César, confesaron que desaparecieron a su hijo de entonces 22 años.
Pablo César era chofer de taxi colectivo de la ruta Puerto Marqués-Lomas de Chapultepec, la señora secuestrada fue su pasajera ese día en el que ambos fueron desaparecidos, sólo que el cuerpo de la mujer fue encontrado 15 días después y el hijo de Gloria Maganda nunca fue hallado.
“Como a los tres meses agarraron a esas personas, era el mismo esposo de la señora con sus cómplices, en la investigación que hicieron ahí decía que ellos eran responsables del secuestro de la señora y de la desaparición del taxista, incluso dicen que el taxista era vecino de San Andrés y sí es cierto, pues ahí mi hijo vivía con su abuela”.
Gloria Maganda compartió el recorte de un periódico de su denuncia en 2007, cuando el Ministerio Público de Costa Azul “hasta me cerraban la puerta, no me recibían, me decían que no estaba el titular en ese tiempo, un día lo tuve que esperar afuera sentada en la banqueta hasta que salió él como a las 3 de la tarde y ahí lo abordé, y me dice, no, señora, ya la carpeta la mandé para Chilpancingo”.
La madre de Pablo César desconoce si los presuntos responsables de la desaparición de su hijo se encuentran libres o detenidos, “a ellos no los agarraron por secuestro, no los agarraron por la desaparición de mi hijo, a ellos los agarraron porque vendían droga”; conoce sus nombres, pero evitó compartirlos por una razón de seguridad.
Son nueve personas acusadas de vender droga y que estarían involucradas en el secuestro de la vecina de Pablo César, el hermano de Gloria Maganda, Armando Maganda Hernández, fue testigo de que la mujer plagiada iba en el taxi colectivo que manejaba su sobrino; Armando Maganda fue desaparecido el 26 de enero de 2008.
El sábado pasado, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero emitió una ficha para localizar a Pablo César Maganda Hernández, “pero en la carpeta dice que me lo desaparecieron esa gente, o sea, no entiendo por qué esa ficha, por qué de búsqueda, por qué no van las autoridades y le preguntan a ese señor si está preso, que le pregunten dónde dejó a mi hijo”.
Gloria Maganda acudió hace un mes a la FGE de Acapulco para pedir que busquen a estas personas y un fiscal, del que no sabe su nombre, le respondió “cínicamente” que no pueden hacer nada porque los secuestradores, de quienes no supo decirle si siguen presos o no, “si quieren, hablan, y si no quieren no hablan porque es su derecho”.
“¿Mis derechos o los derechos de mi hijo dónde quedan?”, preguntó la madre del joven desaparecido que sollozó varias veces durante la entrevista de 25 minutos.
“Yo le dije: ahora me van a traer igual como me traían hace 18 años, como pelota nomás rebotando de un lado para otro”.
El 18 de agosto, Gloria Maganda tendrá una mesa de trabajo en Chilpancingo con integrantes de la Fiscalía de Delitos Graves, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y otras instituciones.
“Yo estoy exigiendo que ellos investiguen, han sido 18 años que han violado mis derechos y ya recibí la carpeta y ya se quedaron todos bien tranquilos, o sea, ellos piensan que solamente quería yo el papel, la carpeta para adorarla o qué; no, siempre la quise para que investigaran”.
Gloria Maganda también denunció la falta de seguimiento al hallazgo de cuerpos que ocurrió seis meses después de la desaparición de su hermano Armando, concesionario de taxis colectivos, uno de sus choferes también fue desaparecido, pero luego fue encontrado en una huerta.

Esperan de la FGE los registros telefónicos de un desaparecido desde hace cuatro meses

La esposa del integrante del Cecop, Vicente Iván Suástegui Muñoz desparecido hace cuatro años, Samantha Valeria Colón Morales, y sus hijas pegan una ficha de búsqueda en el Asta Bandera Foto: Jesús Trigo

Ramón Gracida Gómez

A punto de cumplirse cuatro meses de la desaparición de Alfonso Bibiano Chona, su madre Adulfa Chona González no ha recibido la sábana de llamadas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con la investigación de su paradero.
En declaraciones a reporteros después del mitin en el Asta Bandera por el cuarto aniversario de la desaparición de Vicente Iván Suástegui Muñoz, la madre del joven desaparecido denunció que empleados de la FGE sólo le dice “ya van a llegar, pero no sé cuándo, todavía no me las entregan, no hay nada sobre mi hijo”.
Bibiano Chona fue visto por última vez el 14 de abril pasado, a las 6:33 de la tarde le mandó un audio telefónico a su esposa informándola de que dejaría su camioneta en la avenida Costera, frente al extinto bar McCarthy’s en la colonia Costa Azul.
La cámara del C-4 muestra que “mi hijo se baja de la camioneta, pero ya no se ve nada más después”.
Para la investigación de su paradero, la sábana de llamadas es importante porque “me dicen que ahí se va a ver con quién fue la última vez que tuvo comunicación”.
La FGE le pide a Adulfa Chona que espere, pero ella sabe que otras madres buscadoras han recibido los registros telefónicos en una semana “y de mi hijo ya va para cuatro meses y no ha llegado”.
En una entrevista el 21 de abril, Adulfa Chona indicó que su hijo estudió Criminología, pero el hombre que actualmente tiene 32 años ejerce el oficio de mariachi desde los 17 años, cuando estudiaba la preparatoria; toca la vihuela, el guitarrón y la guitarra, pero evita los fierros le generan granos en la piel.
Al día siguiente de la desaparición de Alfonso Bibiano, su esposa y su mamá acudieron a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicadas en la calle Mar Mediterráneo, fraccionamiento Las Anclas, frente a la terminal de autobuses de Estrella de Oro, donde dieron su nombre y el guardia les dijo que si estaba ahí, las dejarían pasar.
Esperaron y entraron, y la esposa del desaparecido preguntó que eso significaba que sí estaba y el guardia le contestó: “pues si las estoy haciendo pasar es porque está”, rememoró Adulfa Chona; sin embargo, otra trabajadora le dijo que no estaba.
La ficha de búsqueda de la FGE indica que Alfonso Bibiano mide 1.70 metros; tiene tez moreno claro; ojos medianos café claros; cabello negro, corto y lacio; y de señas particulares “cicatriz de forma lineal de aproximadamente 10 centímetros en pie derecho en la parte frontal”.

La noche del martes también fue atacada la sede de la Ministerial en El Coloso

Imagen de las instalaciones de la Comandancia de la Fiscalia General del Estado, sector Coloso, en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Redacción

La comandancia de la Policía Ministerial sector Coloso también fue atacada a balazos la noche del martes y además arrojaron poncha llantas de vehículos en la comandancia del sector Mozimba, mientras que la FGE ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien otorgue información de los agresores a sus instalaciones.
En ninguna de las tres comandancias había ayer elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y en la comandancia y agencia sector Barrios Históricos estuvo cerrado el acceso.
Ayer en las oficinas de la comandancia de la Policía Ministerial sector Barrios Históricos, ubicada en la calle Quebrada, en el Centro de la ciudad, había más de 30 disparos en la fachada y laterales del inmueble.
No había vigilancia de los tres órdenes de gobierno y no hubo servicio en las instalaciones atacadas la noche del martes, la única agresión confirmada entonces.
Las oficinas de la Policía Ministerial y agencia del Ministerio Público están en un nivel y la fachada es de vidrio cubierto con herrería. Las instalaciones no cuentan con cámaras de seguridad ni tampoco las casas y negocios aledaños.
En la zona está la que fue oficina de la Secretaría de Finanzas; hay locales de copias, misceláneas, venta de comida y a metros las instalaciones centrales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).
Se supo que peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco, encontraron más 50 casquillos percutidos de arma de alto poder como AR-15, AK-47 cuerno de chivo y calibre .09 milímetros.
La trabajadora herida del Ministerio Público, de unos 50 años, sigue internada en el hospital del ISSSTE y su estado de salud era estable hasta ayer.
Asimismo, hombres armados dispararon contra la fachada de la comandancia de la Policía Ministerial sector Coloso, incluso arrojaron una granada de fragmentación que explotó en la calle.
Además, dos camionetas estacionadas frente a la comandancia resultaron con impactos de bala en la carrocería y ventanas.
Las instalaciones se ubican en la avenida Gran Vía Coloso, a una cuadra de la carretera Cayaco-Puerto Marqués.
La mayoría de los disparos están en un local aledaño a la comandancia, más de 20 disparos en la cortina negra y las columnas de concreto.
La granada de fragmentación causó daños mínimos en la comandancia y los locales aledaños, ayer todavía en la banqueta estaban los cascajos de la construcción.
Se supo que peritos encontraron más de 40 casquillos percutidos de diferentes calibres como AR-15 y .09 milímetros.
En la comandancia no hay cámaras de seguridad de circuito cerrado, menos en los locales aledaños.
En la comandancia se estaba trabajando de manera normal y solamente había una patrulla afuera de las instalaciones. No hubo vigilancia policiaca extra.
En la comandancia no está la agencia del Ministerio Público sector Coloso, porque se ubica frente al Instituto Tecnológico de Acapulco, a medio kilómetro de distancia aproximadamente.
En el sitio hay un bar de razón social Segio’s, tres rosticerías de pollos, una estética unisex, un local de reparación de celulares, una farmacia Similares, una cremería, una distribuidora de maderas, un gimnasio y una barbería.
También, hombres armados dejaron poncha llantas en la comandancia de la Policía Ministerial sector Mozimba.
Las oficinas de la comandancia de la Policía Ministerial y agencia del Ministerio Público sector Mozimba se ubican en la calle 6, a una cuadra de la avenida Ejido, frente a la terminal de autobuses.
No había vigilancia policiaca de ninguna corporación policiaca y hubo servicio de manera normal, aunque a puerta cerrada.
Tampoco hay cámaras de seguridad cerca de las instalaciones de la FGE. A una cuadra está el mercado de la colonia Bellavista.
Después de las 11 de la noche del martes de manera simultánea hombres armados atacaron a balazos la comandancia y agencia del Ministerio Público sector Barrios Históricos, donde una trabajadora resultó herida. Además las instalaciones de El Coloso.
Se informó que las diligencias de los peritos terminaron después de la 1 de la mañana de este miércoles.
Ayer en la mañana, la FGE en un comunicado ofreció una recompensa de un millón de pesos, a quien otorgue información de los responsables de los ataques en las instalaciones de la FGE.
Se añade en el documento que la información servirá para la localización y la detención de los responsables de los ataques contra las instalaciones de la FGE.
Se afirma que la información se recibirá en llamadas telefónicas o por medio de la aplicación de WhatsApp de manera anónima.
Las comandancias y agencias del Ministerio Público en Acapulco son inmuebles rentados por la FGE, de acuerdo con la información recabada.
Las otras agencias del Ministerio Público y comandancias de la Policía Ministerial en Acapulco son Jardín, Garita, Renacimiento, Zapata y Central.
El Ministerio Público, es el encargado de dirigir la investigación de los delitos en este caso del fuero común, y la Policía Ministerial tiene la responsabilidad de hacer la investigación de los hechos delictivos bajo la dirección del MP, asimismo hacer detenciones.
El domingo en la noche, hombres armados atacaron a balazos la comandancia y agencia del Ministerio Público en el fraccio-namiento Costa Azul.

 

Señala el abogado de Tlachinollan la falta de avances de la FGE en el caso del vocero del Cecop

Ramón Gracida Gómez

Desde hace un mes testigos del asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, aportaron datos a la Fiscalía General del Estado (FGE), hay “varias” líneas de investigación, pero no se tienen avances, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz.
Consultado ayer después de su participación en el aniversario del Cecop en la que hizo mención de este problema, el abogado de Tlachinollan señaló que “primero la Fiscalía decía que no tenía pues como la entrevista por parte de la esposa y demás testigos, ya se hicieron las entrevistas, ya se aportó esa información a la Fiscalía”.
No obstante, “a pesar de haber aportado todos esos datos, no tenemos todavía avances, no sabemos de los responsables, no sabemos quiénes son, cómo fueron, cuál fue el móvil, no se tiene”.
En el embarcadero de El Fraile, Tlachinollan pidió que la FGE haga su trabajo, “ya tiene la información, ya tiene lo que necesitaba por parte de la familia, ahora le corresponde a la Fiscalía poder agotar los medios de investigación establecidos”.
Téliz informó que hace aproximadamente un mes se llevó a cabo la entrevista de la familia y precisó que en la carpeta de investigación “no existen cámaras o videos sobre el móvil del asesinato, cómo fue realmente la escena del crimen, lógicamente ya se aportó la información de cómo sucedió, pero esos datos son los que hacen falta”.
De la falta de investigaciones de la FGE se intuye que “no quieren accionar sobre las personas responsables, no sabemos ahí cómo sea esta situación, sabemos que es un tema delicado, pero nosotros como Centro de Derechos Humanos, la familia, exigimos que se haga la investigación”.
Se le mencionó el comunicado de Tlachinollan y más de 100 organizaciones emitido un día después del atentado el 18 de abril en el que se afirma que las autoridades tienen un mapeo de los grupos delictivos “y no hacen nada para desmantelarlos. No es casual que el grupo delictivo que desapareció a Vicente Iván Suástegui Muñoz sea el mismo que lo agredió”.
El abogado señaló que las investigaciones no sólo deben tomar en cuenta “esa línea de investigación, sino también su actuar como defensor de derechos humanos, hay varias líneas de investigación, lógicamente la familia ha aportado en todas estas líneas información y ya será la propia Fiscalía quien nos dé la información correspondiente”.
A dos meses del crimen en junio pasado, Tlachinollan, familiares de Suástegui Muñoz y el Cecop pidieron que la investigación del asesinato fuera atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) “ante la manifiesta dilación de las autoridades de Guerrero”.

Buscan a Vicente Iván Suástegui Muñoz en la colonia La Providencia, sin éxito

Elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos Graves, acompañaron ayer a Samantha Valeria Colón Morales a la búsqueda de su esposo Vicente Iván Suástegui Muñoz, en el parque El Veladero, en un área colindante con la colonia La Providencia Foto: Ramón Gracida

Ramón Gracida Gómez

Una nueva jornada de búsqueda del activista desaparecido Vicente Iván Suástegui Muñoz comenzó ayer y su esposa Samantha Valeria Colón Morales acusó de “omisión” al coordinador general de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Héctor Ramírez Chávez, por no mandar personal al recorrido en el parque nacional El Veladero.
La búsqueda se llevó a cabo este lunes en la mañana en los límites del Área Natural Protegida (ANP) y la colonia La Providencia, a unos cinco minutos en automóvil del mercado de la colonia 20 de Noviembre, la jornada terminará el próximo sábado.
Desde el año pasado, esta zona de El Veladero ha sido escenario de hallazgos de restos humanos por parte de Colón Morales y autoridades, en abril pasado fueron encontrados varios huesos en superficie, a diferencia de restos que normalmente son enterrados en fosas clandestinas.
Indicios condujeron nuevamente a Colón Morales e integrantes de la Fiscalía Especializada en Delitos Graves y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), pero no hallaron nada en el primer día de la jornada de búsqueda, probablemente, arguyeron, por las lluvias de las últimas semanas que habrían arrastrado los restos humanos.
Aun así, la esposa de Vicente Suástegui buscó entre las enormes rocas que forman cuevas y escarbó en la maleza crecida para encontrar restos humanos de personas desaparecidas.
Por momentos de la búsqueda que comenzó a las 10 de la mañana y se alargó por varias horas, fue difícil el avance del grupo porque tenían que trepar algunas piedras, mover arbustos y troncos, y saltar en la tierra mojada, lo que provocó algunos resbalones.
La operación fue resguardada por policías estatales y agentes de la Guardia Nacional, no acudieron integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) ni de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Ambas fuerzas de seguridad fueron requeridas, pero no fueron, a diferencia de la jornada de abril pasado que se llevó a cabo en los días que el hermano del desaparecido y vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, estaba hospitalizado por el atentado a balazos del que fue víctima el 18 de abril y por el que murió siete después.

Servicios Periciales la revictimiza, señala Colón Morales

En declaraciones a El Sur durante una pausa de la búsqueda, Colón Morales criticó al coordinador de Servicios Periciales de la FGE, Ramírez Chávez, porque recibió los oficios “en tiempo y forma” para que mandara la Unidad Canina, pero no lo hizo.
“Su argumento es que no tienen vehículos aquí en Acapulco, aquí en Acapulco ya hay una coordinación de Servicios Periciales, de Unidad Canina, para que nos acompañen a las búsquedas a los familiares”.
La esposa de Vicente Suástegui consideró que la respuesta del coordinador es una “falta de respeto” porque la FGE es la encargada de brindar seguridad en el estado y lo acusó de “omisión de su trabajo, está siendo un servidor público que no está cumpliendo con sus obligaciones que debería de hacerlas”.
Atribuyó la no presencia de Servicios Periciales a la búsqueda de este lunes a las quejas que ha presentado por escrito del personal de esta área de la FGE, en particular por una jornada del año pasado en la que un punto de tierra tenía las características de ser una fosa clandestina, lo cual después se confirmó, pero la integrante de Servicios Periciales dijo al principio que “parece que ahí entierran chivos”.
Además, en la reunión del 29 de mayo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos entre colectivos de familiares de desaparecidos y autoridades, el coordinador Ramírez Chávez dijo que su personal era regañado, y la esposa de Vicente Suástegui le preguntó si les tenían que aplaudir si hacen mal su trabajo.
Molesta, Colón Morales consideró que la ausencia de Servicios Periciales en la búsqueda de ayer fue por esta reunión “complicada” y señaló a su coordinador de revictimizarla y de obstaculizar las búsquedas de su esposo “eso es un delito”, por lo que llamó al fiscal general Zipacná Jesús Torres Ojeda a “poner ojo” en Servicios Periciales.
Contrastó esta ausencia con la presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) delegación Guerrero, que mandó a la sicóloga Judith Orozco Villa, para dar acompañamiento pese a que su caso no es federal.
El viernes pasado concluyó el proceso jurídico de los cuatro detenidos por la desaparición de Vicente Suástegui con la emisión de una condena de 25 años de cárcel a Felipe Sandoval Gazga, alias La Yegua.
Como lo dijo ese día, Colón Morales lamentó que no le hayan dado la pena máxima de 50 años y tampoco a los tres sentenciados, y reiteró la demanda de la ejecución de la orden de aprehensión contra Pedro Santos Cruz, el comandante Pino de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Santos Cruz es acusado por uno de los culpables de recibir al integrante del Cecop, Vicente Suástegui, en el motel de Tres Palos tras su desaparición el 5 de agosto de 2021 en Ciudad Renacimiento.

 

Dará vista a la FGE y al Tribunal de Justicia Administrativa del desacato de Abelina: auditor

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, aseguró que sí tienen facultades para auditar presupuesto federal; esto, ante la negativa de la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, a comprobar ante esa instancia el ejercicio de 898 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FAIS).
Ante la negativa de López Rodríguez, Peralta Hidalgo informó en conferencia de prensa en las oficinas de la ASE, que dará vista a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal de Justicia Administrativa porque la alcaldesa estaría incurriendo en la obstaculización de fiscalización, lo que constituye un delito.
“Tenemos que dar parte a las autoridades jurisdiccionales, para que se siga el proceso y que ahí decidan la competencia de este tema”, y aclaró que “no hay dolo, persecución ni consigna” contra la alcaldesa de Acapulco, quien desde hace un año se niega a comprobar 898 millones de pesos destinado a obra pública en el del 2023, al considerar que sólo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la facultada para la comprobación.
“No tenemos información absolutamente de nada, ni de una banqueta, el día de ayer (martes) hizo un documento firmado por el síndico municipal, Miguel Jaimes Ramos, en el que da una respuesta en la que niega las facultades en todo momento de la Auditoría Superior del Estado. Tenemos convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sí hay facultades, además del convenio de colaboración”.
El auditor aclaró que la Constitución Política del Estado y el convenio de colaboración que tiene la ASE con la ASF lo faculta para fiscalizar los recursos federales que ejercen los 85 ayuntamientos de la entidad, el Poder Ejecutivo del estado y todos los demás entes públicos.
“Constitucionalmente hay competencia concurrente entre la federación y entidades federativas para la fiscalización de los recursos federales, puesto que una vez entregados a las autoridades locales, su ejercicio, supervisión, fiscalización y en su caso fincamiento de responsabilidades es de competencia exclusiva de las autoridades locales”.
Peralta Hidalgo explicó que con excepción de Acapulco, los otros 84 ayuntamientos de la entidad y el propio gobierno del estado son auditados por el uso y manejo de los Fondos de Infraestructura Social Municipal que aporta el gobierno federal.
Indicó que Acapulco “es un caso de excepción”, al no permitir la alcaldesa que dichos fondos sean auditados con el argumento de que la ASE no tiene facultades para hacerlo.
Peralta Hidalgo aclaró que nadie está señalando que ese dinero fue robado, “lo único que se pretende es que la autoridad municipal de Acapulco presente los documentos para comprobar que efectivamente el dinero fue aplicado, pero a la fecha no ha entregado un solo documento.
Sostuvo que “la Auditoría no fiscaliza por consigna, no hacemos trabajo sucio, pueden revisar los procesos que tenemos que se llevan a cabo conforme a las normas establecidas, a normas internacionales de auditoría, además la ASE está certificada en muchos procesos”.
Informó también que en la cuenta pública de 2023, el ayuntamiento de Acapulco sólo refiere un gasto de 898 millones de pesos para obra pública sin documentos que lo comprueben, y para hacer una auditoría se requiere de documentación específica que incluya expedientes técnicos de las obras, la ubicación de las obras, pero no hay información “ni de una banqueta”.
El auditor señaló que los 159 entes fiscalizables del estado, con excepción de Acapulco, entregan la información requerida para ser auditados, y que “con ninguno hay problemas, a excepción de López Rodríguez.
“Esto se va a dirimir en los tribunales, no hay de otra, según el proceso de fiscalización vamos por el dictamen técnico para poder turnar a la siguiente instancia, ese es el paso a seguir”.