“Muestra de degradación institucional imperdonable”, el robo en el DIF: Grupo ACA

Yee Trujillo

La Asociación Civil de Acapulco, Grupo ACA exigió una investigación exhaustiva, imparcial y expedita para esclarecer la denuncia de robo a la Villa de las Niñas del DIF, la publicación transparente del destino de los bienes, el deslinde de responsabilidades administrativas y penales, la restitución íntegra de todo aquello que haya sido sustraído o indebidamente dispuesto, además de una auditoría a las donaciones anteriores para revisar su correcta aplicación.
“Acapulco no merece servidores públicos que manchen la función pública con negligencia, desorden, opacidad o presuntos actos de corrupción. Y mucho menos cuando el costo lo pagan niñas vulnerables y cuando además se traiciona la confianza de organizaciones civiles, donantes y ciudadanos que sí quieren ayudar”, señaló en un posicionamiento fechado el viernes.
El viernes El Sur informó que la presidenta del DIF Acapulco, María del Rosario Moreno de la Cruz, dejó el cargo luego de que la organización Reinserta denunció públicamente el robo de enseres por un monto de 2 millones de pesos para el equipamiento del albergue luego del huracán Otis, y que la alcaldesa Abelina López Rodríguez dijo que por un “error involuntario” los productos fueron canalizados a otras áreas de atención prioritaria porque no se especificó si el destino era exclusivo para esas instalaciones.
El Grupo ACA expresó un enérgico rechazo, profunda indignación y absoluta reprobación al hecho, que no se está hablando de bienes menores ni una simple irregularidad administrativa, y que robarle a la niñez vulnerable o permitir que se pierdan sus apoyos, no es sólo un acto de corrupción sino “una muestra de degradación institucional imperdonable”.
“Lo ocurrido vuelve a exhibir, de manera brutal, el daño que provocan los malos funcionarios y malos representantes incrustados en los organismos públicos. Personas sin ética, sin responsabilidad y sin la mínima sensibilidad social, que convierten espacios de asistencia en territorios de opacidad, abuso y descrédito institucional. Cuando se pierde la confianza en instituciones creadas para proteger a la niñez, lo que se rompe no es solo un procedimiento: se rompe la credibilidad del servicio público frente a la ciudadanía”, subrayó.
Añadió que Acapulco no puede reconstruirse con discursos mientras se desmorona la confianza en quienes administran lo público; que la ciudadanía merece instituciones limpias, responsables y humanas, la niñez merece protección real y no abandono, y el municipio merece verdad, justicia y servidores públicos a la altura de su responsabilidad.
El comunicado sólo está firmado como Grupo ACA-Consejo Directivo, pero a éste lo integran la presidenta Josefina Verduzco Suárez, la vicepresidenta Andrea Marquina Díaz, la secretaria Rocío Alarcón Deloya, la tesorera María De Los Ángeles García de la Cruz, la vocal Irma Figueroa Romero, los encargados de Comunicación Social, Luis Felipe Monroy, y de Redes Sociales, Yazmín Díaz Hernández.

Evade el contralor del Ayuntamiento hablar del caso

El contralor interno del Ayunta-miento, Erick Aranda Hernández, evadió responder sobre el caso.
En plaza Quebec, al preguntarle por la investigación sobre la denuncia que hizo la presidenta de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, el contralor empezó a caminar, sin responder esa y otras preguntas sobre ese tema, y se despidió de los medios. (Aurora Harrison).

La detención de Daniel Rosas, tema federal y no fue por los bloqueos: Francisco Rodríguez

El subsecretario Francisco Rodríguez y el secretario de Educación Guerrero dialogan con integrantes de la CETEG en el bloqueo a la Autopista del Sol en Chilpancingo t Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, explicó que no puede hablar de la detención del representante legal de comisarios de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y algunas comunidades de Acapulco, Daniel Rosas Martínez, porque la investigación le compete a la Fiscalía General del Estado (FGE)
Daniel Rosas fue detenido el martes cuando salía del Congreso local acompañado de la comisaria de Xaltianguis, municipio de Acapulco, América Gallegos Bailón, por agentes de seguridad estatales y federales.
La FGE informó que al abogado de 26 años se le investiga por “su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad personal agravada, en perjuicio de diversas personas, por hechos ocurridos en el poblado de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero”.
Consultado al respecto en el Parador del Marqués, a donde acudió para dialogar con los líderes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero que cerraron la Autopista del Sol y la carretera federal México–Acapulco, Francisco Rodríguez evadió dar a conocer la postura del gobierno del estado.
“Son actuaciones de la FGE, la información que tenemos es que esta detención no se llevó a cabo por una situación de bloqueo, es una situación que ya informó la FGE y no puedo ahondar más porque es la información limitada que tenemos, de acuerdo a lo establecido en la ley”.
No obstante, aclaró que “la detención no se genera por una conducta derivada de los bloqueos que él hizo, ya lo informó la Fiscalía y nosotros como gobierno del estado somos respetuosos”.
Se le preguntó si Daniel Rosas fue detenido por haber encabezado la retención de agentes de la Guardia Nacional en Tlayolapa el 22 de agosto de 2025, e insistió en que la FGE tiene que informar, “la actuación de un servidor llega hasta el diálogo” y que no se debió a los bloqueos en la Autopista del Sol.
Se le preguntó si el gobierno del estado ha actuado legalmente por la obstrucción de vías en la entidad: “no porque es una vía federal, tendría que hacerlo la autoridad federal, nosotros como gobierno del estado de Guerrero nunca hemos promovido ninguna carpeta de investigación por estas actividades que (cetegistas) realizan el día de hoy porque realmente le compete a la autoridad federal”.
Destacó que, “lo que sí hacemos, es lo que estamos haciendo en este momento, acudir a dialogar” con los sectores que se manifiestan en la entidad.
Sobre el avance de atención a las demandas de la zona que representa Daniel Rosas, señaló que tal como declaró el titular de la Secretaría de Educación, Ricardo Castillo Peña, “históricamente, al menos tres administraciones no les han cumplido lo que les ha cumplido la administración de la maestra Evelyn Salgado, estamos avanzado”.
Expresó que “tenemos un diálogo propositivo, correcto y, además, de acompañamiento con el gobierno de México”.
En cuanto a si hay riesgo de que los pobladores de las comunidades representadas por Daniel Rosas se manifiesten, precisó: “no tenemos ningún alertamiento en el entronque de la autopista Tierra Colorada-Acapulco”.
Resaltó que “está garantizada la gobernabilidad en el estado, no negamos las incidencias que se dan, desafortunadas; sin embargo, hay que reconocer también que se dan detenciones importantes de manera casi inmediata, que no pueden remediar de fondo el asunto, pero sí estamos trabajando para generar condiciones de estabilidad y gobernabilidad en el estado”.

Exigen compañeras de la agente de la GN muerta que se investigue como homicidio

Iris Velázquez / Agencia Reforma

Ciudad de México

La agente Dalila Medina Acosta que fue hallada sin vida la madrugada de ayer en el cuartel de Los Órganos, estaba adscrita al área de Seguridad en Carreteras (Sector Caminos) fue hallada con un tiro en la cabeza en la zona de estacionamiento.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron que mantienen abiertas dos líneas de investigación, ya que mientras mandos en el sitio sugirieron inicialmente que la joven pudo haberse lesionado con su arma de cargo, el caso también será indagado bajo el protocolo de homicidio doloso.
En el lugar se aseguró una pistola calibre 9 milímetros, un casquillo percutido correspondiente a esta arma y un teléfono celular marca Samsung.
Al solicitar las grabaciones de seguridad, personal del cuartel informó que las cámaras de videovigilancia exteriores no estaban en funcionamiento al momento de los hechos.
Originaria de Zumpahuacán, Estado de México, Dalila era recordada como una mujer deportista y apasionada por el futbol que impulsaba a sus familiares a seguir estudiando. Su círculo cercano rechazó tajantemente la hipótesis de la autolesión.
“Dalila no se mató, a Dalila la mataron y como siempre, no hay respuestas. ¡Justicia para Dalila!”, expresaron compañeras en redes sociales, quienes exigieron que su muerte no sea “un expediente más destinado al olvido”.
A través de páginas como Militares muertos y desaparecidos. Justicia, se lanzó una exigencia para que el caso de Dalila sea indagado como homicidio, al recordar la cercanía con el caso de Stephany Carmona, ocurrido hace menos de tres meses en el 51 Batallón de la GN.
El cuerpo de la agente será trasladado al Estado de México, donde sus seres queridos y los vecinos la esperan para los servicios fúnebres.
Su familia confirmó que el duelo se recibirá en el Barrio Santa Ana, tras una sentida despedida de la comunidad mexiquense que hoy clama justicia para la joven que portaba con orgullo el uniforme de la GN.
Con su fallecimiento, suman ya dos agentes de la Guardia Nacional sin vida dentro de instalaciones o bajo custodia de la corporación en Guerrero en el último trimestre.
Stephania Carmona Rojas de 20 años y originaria de Puebla murió en el 51 Batallón de la GN en Acapulco el 14 de octubre pasado, durante lo que se reportó inicialmente como un accidente en una práctica de tiro.
La necropsia reveló dos impactos de bala en la cabeza. Por estos hechos fue detenido el Sargento Segundo Yair Manuel “N” entre demandas de activistas y compañeras que exigen que sea investigado como feminicidio.

Señala experto falta de especificaciones en el proyecto de CAPAMA de pozos comunitarios

El experto en sistemas de abastecimiento hidráulico en comunidades rurales y urbanas, Roberto Sánchez, explica en la asamblea del Cecop en la comunidad Cacahuatepec la necesidad de la potabilización del agua Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

En la asamblea de ayer del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), el experto en sistemas de abastecimiento hidráulico en comunidades rurales y urbanas, Roberto Sánchez, cuestionó la propuesta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) de los tres pozos de agua para las comunidades porque no atiende la necesidad de la potabilización, “la calidad de agua”.
Como se informó anteriormente, el Cecop y la CAPAMA llegaron a un acuerdo el 26 de octubre pasado en el que los campesinos de distintas localidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec aceptaron la obra de los tres pozos radiales en Aguacaliente a cambio de que construyeran tres pozos de agua para ellos.
Son cinco pozos en total, tres en este año, uno de ellos para abastecer las comunidades de Cruces de Cacahuatepec, Apalani y Campanario; otro para la localidad de El Carrizo y uno más para las comunidades de Cacahuatepec, Espinalillo, El Cantón, Apanhuac y Huamuchitos; en 2026 comenzaría la construcción de un pozo en Las Parotas y otro Rancho las Marías, que beneficiarían también a las comunidades vecinas de Los Ilamos, Garrapatas y San José.
Se suponía que el director de la CAPAMA, Antonio Rojas Marcial, acudiría a la asamblea de este domingo para presentar el proyecto, pero no llegó y el organismo público se limitó a mandar un documento vía Whatsapp.
Invitado por la organización Cooperación Comunitaria que asiste a los campesinos en diversos proyectos de reconstrucción tras el paso de los huracanes Otis y John, Sánchez dijo en Cacahuatepec que el documento de la CAPAMA es sólo “un planteamiento, planeación conceptual de cómo van a abastecer a todas las comunidades, situación que me deja en duda muchas cosas, sobre todo, porque no hay especificaciones”.
Indicó que falta saber la capacidad de los equipos de bombeo, la profundidad de su instalación, “están parchando la tubería existente, tubería que tiene una antigüedad de 40 años por la información que me proporcionaron y esta situación no puede ser, que se use la misma tubería que ya pasó su vida útil porque ya está oxidada, picada, carcomida”.
El experto en sistemas de abastecimiento hidráulico planteó que la nueva tubería debe tener el grosor suficiente para resistir la presión del bombeo de agua y especificó que el equipo de bombeo debe tener la capacidad para hacer llegar el agua a la parte más alta, que es Huamuchitos, e instalar un tanque maestro de distribución para las comunidades cercanas.
Subrayó la necesidad de atender la calidad del agua, empezando por la obra de toma de agua del río Papagayo y su aforo, “la medición del agua que puede proporcionar ese pozo”, después se tiene que seleccionar el equipo de bombeo.
“Cuando el río crece el agua se enturbia, se enloda y así se las bombean, eso no es potable, tiene que ser un agua clarificada la que les llegue a cada uno de sus domicilios”.
Sánchez ahondó sobre el problema bacteriológico, “las heces fecales, seguramente hay infiltración de alguna contaminación de heces fecales en el agua del río Papagayo, eso se mata por cloro”.
“El dar clarificación y el dar cloración al agua en la fuente de abastecimiento, es decir, donde está la torre para tomar el agua, eso se llama potabilización; no hay un sistema de potabilización en el planteamiento conceptual que enviaron hace un momento”.
El experto dijo que la potabilización “es uno de los temas importantes y muy graves porque atenta contra la salud de cada uno de sus pobladores, es muy importante pedir eso”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, advirtió que si la CAPAMA no cumple con los pozos para las comunidades, nuevamente los pobladores detendrán la obra en Aguacaliente, la cual sigue en la fase de estudios.

Informan de los procesos judiciales de los presos del Cecop

El abogado de Tlachinollan expuso de los procesos de los presos del Cecop en el penal de Las Cruces, Maximino Solís Valeriano, Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto, de Maximino, detenido en 2018 tras el asesinato múltiple en La Concepción, dijo que ya terminó la etapa de ofrecer pruebas, sólo sigue pendiente una audiencia, que será celebrada en enero.
“Es una audiencia final, es un resumen de todas las pruebas ofrecidas durante el juicio y en esa audiencia nosotros vamos a presentar un documento donde les decimos al juez que Maximino tiene que salir en brevedad, que él no es culpable del delito que lo acusan, de homicidio”.
Planteó la necesidad de que el Cecop se manifieste afuera del reclusorio para hacer “presión”, otra acción será enviar cartas al juez por parte de distintas organizaciones sociales y agencias internacionales.
De Rodrigo y de Modesto, detenidos en 2022 por una orden de aprehensión de 2013 acusándolos de intento de homicidio y lesiones, el 12 de diciembre Tlachinollan presentará la última prueba de defensa, “de ahí le pedimos al juez que revise el expediente y tenga por cerrado ese caso”; en enero o en febrero será la última audiencia.

“No hay avances” en el caso de Marco

Del asesinato del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, Téliz García criticó que “todavía no hay avances, todavía la Fiscalía (General del Estado) no detiene a esta persona, el que mató a Marco Antonio, que ya está identificado, ya sabemos quién es”.
Los funcionarios de la FGE “dicen que necesitan más información de la familia, la familia de Marco ya aportó”, sostuvo el abogado y los acusó de “negligentes” porque no revisaron las cámaras de seguridad donde fue atacado, en la calle Fragata de Yucatán el 25 de abril pasado, sino fueron meses después, “lógicamente ya no encontraron nada”.

Denuncian que no hay avance en la pesquisa sobre la desaparición de un joven hace un año

Familiares y amigos de Edgar Jair leal, en la conferencia de prensa que ofrecieryon en el Zócalo para denunciar que a un año de su desaparición, no ha habido avances en la investigación por parte de las autoridades Foto: Carlos Carbajal

Argenis Salmerón

Familiares del joven desaparecido hace un año, Edgar Yahir Leal Saligán, afirmaron que no hay avance en la investigación para buscar a su pariente.
Familiares mostraron lonas con fotografías del joven desaparecido hace un año, en la zona suburbana de Acapulco.
En conferencia de prensa en el Zócalo, Xóchilt Osmay Saligán dijo que no hay ninguna investigación por el caso de su hijo desaparecido desde hace un año. Añadió que ayer tuvo un año de desaparecido su hijo, y el último contacto fue a las 4 de la tarde, en la colonia Sinaí, sector 6.
Afirmó que ha otorgado a la Fiscalía General del Estado nombres y fotografías de los compañeros de trabajo de su hijo, con quienes tuvo el último contacto.
Declaró que sus compañeros de trabajo siguen laborando para la empresa Sahuayo, “no hay solución, no hay avance”.
Contó que su hijo salió de su casa, ubicada en la colonia Ciudad Renacimiento, para el trabajo, y salió de laborar a las 11 de la mañana por el huracán John hace un año, para irse a la casa de uno de sus compañeros, en la colonia Sinaí.
“Hay pruebas, uno de sus amigos, uno dijo que se había lastimado el pie, otro dijo que no quería problemas, el otro se quedó con la cabeza agachada”, manifestó.
Aseguró que hay complicidad entre sus propios compañeros de trabajo de su hijo, porque aseveró que no quieren decir la verdad a las autoridades.
Se quejó que la autoridad ministerial da largas en el caso, “nos dicen que ya tienen pruebas, pero lo hacen para calmarnos”.
“La lucha por buscar a mi hijo seguirá y no parará, así no estamos nosotras, nuestras hijas van a seguir buscándolo”, recalcó.
Dijo que su hijo desaparecido tiene 23 años, el mayor de los tres que tiene; una hija de 20 años y un adolescente de 15 años.
“Yo no busco culpables, ni mi familia, solamente que nos hagan saber con una llamada o mensaje de dónde está mi hijo”, concluyó.

Señala el abogado de Tlachinollan la falta de avances de la FGE en el caso del vocero del Cecop

Ramón Gracida Gómez

Desde hace un mes testigos del asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, aportaron datos a la Fiscalía General del Estado (FGE), hay “varias” líneas de investigación, pero no se tienen avances, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz.
Consultado ayer después de su participación en el aniversario del Cecop en la que hizo mención de este problema, el abogado de Tlachinollan señaló que “primero la Fiscalía decía que no tenía pues como la entrevista por parte de la esposa y demás testigos, ya se hicieron las entrevistas, ya se aportó esa información a la Fiscalía”.
No obstante, “a pesar de haber aportado todos esos datos, no tenemos todavía avances, no sabemos de los responsables, no sabemos quiénes son, cómo fueron, cuál fue el móvil, no se tiene”.
En el embarcadero de El Fraile, Tlachinollan pidió que la FGE haga su trabajo, “ya tiene la información, ya tiene lo que necesitaba por parte de la familia, ahora le corresponde a la Fiscalía poder agotar los medios de investigación establecidos”.
Téliz informó que hace aproximadamente un mes se llevó a cabo la entrevista de la familia y precisó que en la carpeta de investigación “no existen cámaras o videos sobre el móvil del asesinato, cómo fue realmente la escena del crimen, lógicamente ya se aportó la información de cómo sucedió, pero esos datos son los que hacen falta”.
De la falta de investigaciones de la FGE se intuye que “no quieren accionar sobre las personas responsables, no sabemos ahí cómo sea esta situación, sabemos que es un tema delicado, pero nosotros como Centro de Derechos Humanos, la familia, exigimos que se haga la investigación”.
Se le mencionó el comunicado de Tlachinollan y más de 100 organizaciones emitido un día después del atentado el 18 de abril en el que se afirma que las autoridades tienen un mapeo de los grupos delictivos “y no hacen nada para desmantelarlos. No es casual que el grupo delictivo que desapareció a Vicente Iván Suástegui Muñoz sea el mismo que lo agredió”.
El abogado señaló que las investigaciones no sólo deben tomar en cuenta “esa línea de investigación, sino también su actuar como defensor de derechos humanos, hay varias líneas de investigación, lógicamente la familia ha aportado en todas estas líneas información y ya será la propia Fiscalía quien nos dé la información correspondiente”.
A dos meses del crimen en junio pasado, Tlachinollan, familiares de Suástegui Muñoz y el Cecop pidieron que la investigación del asesinato fuera atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) “ante la manifiesta dilación de las autoridades de Guerrero”.

No se retomará en su sexenio el proyecto de la presa La Parota, dice Sheinbaum

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que al menos durante su sexenio no se tiene considerada la continuación del proyecto de la presa La Parota en el río Papagayo en la zona rural de Acapulco, además que el Gabinete de Seguridad apoya la investigación del homicidio de Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En la conferencia matutina de este jueves se comentó a la presidenta sobre el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y se le preguntó si el proyecto estaba cancelado.
–¿Está cancelada la presa La Parota?, preguntó un reportero.
–Por lo pronto sí. No tenemos planeado por lo menos en el sexenio avanzar en esa presa –respondió Sheinbaum.
El pasado 18 de abril Suástegui, quien también era representante de Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos, fue herido de tres balazos en dicha playa de Acapulco, agresión en la que según testigos un hombre le disparó y corrió. El 25 de abril nurió el dirigente social como consecuencia de dicho atentado.
Sobre el asesinato de Suástegui, la presidenta indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario, de Derechos Humanos Arturo Medina Padilla, se reunieron con los familiares.
De igual forma, Sheinbaum indicó que el caso del homicidio de Suástegui es revisado por las dependencias del Gabinete de Seguridad.
“Sí, lo está viendo el Gabinete (de Seguridad) y además, Arturo Medina y Rosa Icela recibieron a los familiares, los estamos apoyando. Y sí, muy lamentable este homicidio y está el Gabinete haciendo toda la investigación, apoyando al estado de Guerrero”, indicó.
Los trabajos de La Parota iniciaron en 2003 y tanto pobladores como especialistas se opusieron desde el principio al proyecto, porque argumentan que habría un impacto ambiental y daños a los pueblos de la zona, algunos de los cuales desaparecerían.
El 13 de mayo, la viuda de Marco Antonio Suástegui, María de Jesús Pérez García, se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. y le pidió avances en la investigación, así como medidas de protección para la familia.
En 2021, Marco Antonio Suástegui denunció que hombres armados se llevaron a su hermano Vicente Suástegui. El pasado 14 de mayo se informó que la esposa de éste, Samantha Colón Morales, habría denunciado amenazas de muerte tras el asesinato de Marco Antonio Suástegui, y que ya había levantado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Señala Abel Barrera negligencia de autoridades por la falta de seguridad para Marco Suástegui

Ramón Gracida Gómez

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, pidió a las autoridades a investigar el ataque al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, por su actividad como defensor de derechos humanos “de tiempo completo” por el río Papagayo y por los trabajadores de las playas porque afectó a intereses de empresarios y grupos de poder, y por pedir justicia por su hermano Vicente desaparecido.
Desde hace casi un año y medio, el líder comunitario solicitó seguridad al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero se la negaron porque las autoridades no valoraron “la inminencia de una agresión”, señaló en entrevista el director de la organización defensora jurídica de Suástegui Muñoz.
Denunció por teléfono que el propio líder comunitario puso como referencia el inicio de las amenazas el aniversario de desaparición de su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz, perpetrada el 5 de agosto de 2021, donde pidió que se detuviera a Pedro Santos Cruz, alias el Comandante Pino de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a quien habrían entregado a Vicente Suástegui y estaba vinculado con el crimen organizado.
Otra amenaza ocurrió durante una asamblea del Cecop hecha tras el aniversario de Vicente Suástegui en el embarcadero de El Fraile, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde una persona que no ubicó el vocero del Cecop se le acercó y le dijo “que se cuidara y que dejara de seguir señalando a quienes él ha denunciado como responsables de la desaparición de Vicente”.
Otro incidente ocurrió en la playa Icacos, donde trabaja y fue agredido el viernes pasado Suástegui Muñoz, aquella vez dos personas en motocicleta lo señalaron y lo siguieron, pero el vocero del Cecop logró escaparse.
Tras estos hechos, el vocero del Cecop le pidió al Mecanismo de Protección del gobierno federal, seguridad de agentes de la Guardia Nacional, sin embargo, sólo le entregaron un teléfono satelital y un botón de alerta que no sirven si no hay señal.
Barrera indicó que los argumentos esgrimidos es que no había recursos y que se tenía que probar la necesidad, “daban a entender que estaba pidiendo Marco algo que no correspondía al nivel de riesgo y la verdad es que ése es el problema, no se ha tomado en cuenta el contexto, no se ha tomado en cuenta su actividad, que él es un defensor que se dedica de tiempo completo”.
Dijo que Suástegui Muñoz vivía en un contexto “de alto riesgo, sobre todo por todos los incidentes que le han pasado y que entendemos que en las últimas semanas, no tenemos información, pero sí siguieron dando algunas incidencias de amenazas, sobre todo ya de situaciones que hablaban precisamente de que le podían hacer algo”.
Barrera aseveró que “el riesgo era inminente, o sea, no se valoró el factor de la inminencia de una agresión y eso es lo que más podemos recalcar, que no es posible que no dimensionen las autoridades, que no tengan el pulso o que no tengan el interés ni la sensibilidad ni el compromiso para poder escuchar las razones de un defensor como en este caso de Marco, de que desde hace casi año y medio estuvo insistiendo en la necesidad de una protección policiaca que nunca llegó”.
Acusó de “negligencia en el sentido de no valorar adecuadamente el contexto, los incidentes, lo que representaban realmente estas presencias de personas que llegaban a amenazar y el clima de violencia que persiste en Acapulco”.
Se le preguntó al director de Tlachinollan si se valora que la razón del ataque fue más por el activismo de Suástegui Muñoz en el Cecop que en el reordenamiento de playas, y Barrera contestó que “no podemos separar a Marco de sus actividades”.
Indicó que se puede decir que La Parota “ya pasó, eso es estar hablando de hace años; no, el tema no es que ya pasó hace 15, 20 años, el tema es que la defensa del territorio es una defensa continua, fue el tema de la presa, pero pues está el tema de las gravilleras que siguen afectando el río Papagayo”.
En las gravilleras “se ve el contubernio que existe entre empresarios y autoridades municipales, o gente de Conagua (Comisión Nacional del Agua)”, señaló y recordó que una de las causas de la detención del vocero del Cecop fue la acusación de un empresario.
Demandó a las autoridades a investigar “todos estos trabajos que hacía Marco y que bien o mal por su defensa del territorio, afectó intereses económicos de empresarios, afectó intereses de grupos de poder”.
Además, en el reordenamiento de playas, Suástegui Muñoz impulsa el derecho a los trabajadores, entonces “yo creo que también eso al final de cuentas llegó a afectar intereses de quienes han querido tener estos espacios como las playas y todos los negocios que hay ya como parte de un negocio ilícito, como un negocio al margen de la normatividad vigente”.
“El hecho de organizarse, el hecho de acuerparse, de no sentirse solos, sino ya como parte de una organización, de tener una identidad, una visibilidad, de ser actor social importante para tomar en cuenta en el ordenamiento de la zona turística, entendemos que esto empezó también afectar intereses de grupos de la delincuencia”.
El director de Tlachinollan insistió en “ver de manera más integral el trabajo” de Suástegui Muñoz como defensor del río frente a las gravilleras, de los trabajadores de playas en el reordenamiento, y que aparte tiene un hermano desaparecido por el que ha pedido justicia e investigación y detención a los responsables; “él fue agredido por ser un defensor de derechos humanos”, puntualizó.

Suástegui Muñoz sigue en terapia intensiva

La familia del vocero del Cecop informó ayer en la noche que el estado de salud se mantenía igual al de los días anteriores, “grave, pero estable”, aún sigue en terapia intensiva, por lo que ya son más de tres días en este tipo de atención médica.
Indicó que las tres situaciones comunicadas el domingo a El Sur siguen vigentes: está recibiendo hemodiálisis por tanto medicamento que ha recibido desde su atentado, tiene problemas de circulación y presenta bajas plaquetas.

 

No fue ataque sino riña en La Condesa, dice el subsecretario Rodríguez Cisneros

El subsecretario estatal de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, en entrevista Foto: Jacob Morales Antonio

Jacob Morales Antonio

No fue un ataque sino una riña que terminó con tres hombres agredidos a balazos afuera de la zona de bares de la Condesa, indicó el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.
En declaraciones al mediodía, en una parada que hizo el funcionario en el Asta Bandera, durante un recorrido de supervisión de seguridad en las playas de Acapulco, indicó que había un dispositivo de agentes de la Guardia Nacional por el puente largo por el Día de la Constitución.
De la agresión a balazos a tres hombres afuera de los bares y discotecas de la Condesa, el subsecretario indicó que según la información preliminar no se trató de un ataque sino de una riña.
El funcionario comentó: “fue una riña de unas personas que estaban conviviendo dentro de ese conocido bar que está en La Condesa. Después de que se da esta riña, uno de ellos va, se arma, y lesiona a tres masculinos que están siendo atendidos y estables”.
El subsecretario dijo que no sabía si eran turistas o locales, pero que la Fiscalía estaba investigado todo lo relacionado con el hecho de violencia. “Aquí hay que precisar que no fue un ataque como se estaba manejando, de que un grupo había llegado a ser un ataque a diestra y siniestra”.
Un reportero preguntó cómo era posible que sucedieran este tipo de hechos, cuando hay gran presencia de seguridad en la Costera, Rodríguez Cisneros, indicó que debido a la gran concentración de personas desafortunadamente pasan ese tipo de cosas, pero que obliga al gobierno a reforzar su trabajo.
El subsecretario comentó que ante este tipo de acontecimiento se ha hecho el planteamiento de que dentro de los centros nocturnos haya presencia de agentes de la fuerzas de seguridad para disminuir estos incidentes.
Por los ataques contra choferes del transporte público, dijo que la Guardia Nacional continuará apoyando en el resguardo de los camiones y con las empresas trasnacionales dijo que se está trabajando con una estrategia integral, “porque no podemos trabajar dirigidos a un sector, no va a haber ningún personal que alcance” y destacó que desde el pasado jueves no ha ocurrido ningún incidente más.
Comentó que se van a incluir otras medidas de prevención y asistencia ante hechos de violencia a estos dos sectores y otros como botones de pánico, y cámaras.
De la situación que prevalece en la zona suburbana de la ciudad, dijo que hay una operación por parte de las autoridades federales, y se ha visto su trabajo con las detenciones.
Rodríguez Cisneros expresó que la incidencia delictiva va a la baja en la ciudad, y que se trabaja todos los días en coordinación con las fuerzas de seguridad como la Guardia Nacional, Ejército, Marina, la Policía del Estado, y la Fiscalía del Estado.
Después Rodríguez Cisneros informó en un boletín de prensa que el gobierno del estado desplegó una operación especial para garantizar la seguridad y el bienestar de los turistas y residentes en Acapulco durante el fin de semana largo.
Indicó, sin precisar cifras, que hubo operaciones tanto en la zona turística como en la periferia de Acapulco, para “mantener la seguridad y prevenir la incidencia delictiva”, y mencionó que era un trabajo coordinado del gobierno federal, la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del estado y de la federación, así como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero.
El funcionario junto al secretario de Turismo, Simón Quiñónes, recorrieron la playa de Puerto Marqués

 

Investiga la FGE la persecución y muerte de un hombre en El Pedregoso

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la investigación para esclarecer los hechos ocurridos el jueves en el poblado El Pedregoso, donde luego de recuperar un vehículo con reporte de robo, un hombre perdió la vida y agentes públicos se vieron involucrados.
En un comunicado, la FGE explicó que los agentes de la Policía Ministerial y peritos hicieron las primeras diligencias.
Añadió que las diligencias incluyeron entrevistas con posibles testigos, la identificación de cámaras de videovigilancia en las inmediaciones y el levantamiento de indicios, con el fin de contribuir al desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado “reafirma su compromiso con los guerrerenses de procurar el acceso a la justicia y combatir la impunidad en todos sus niveles”, se dice en el comunicado.
El jueves pasado, un hombre murió a balazos tras una persecución de la Policía Estatal por el robo de una camioneta en el poblado de El Pedregoso. (Redacción).