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Señala experto falta de especificaciones en el proyecto de CAPAMA de pozos comunitarios

El experto en sistemas de abastecimiento hidráulico en comunidades rurales y urbanas, Roberto Sánchez, explica en la asamblea del Cecop en la comunidad Cacahuatepec la necesidad de la potabilización del agua Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

En la asamblea de ayer del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), el experto en sistemas de abastecimiento hidráulico en comunidades rurales y urbanas, Roberto Sánchez, cuestionó la propuesta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) de los tres pozos de agua para las comunidades porque no atiende la necesidad de la potabilización, “la calidad de agua”.
Como se informó anteriormente, el Cecop y la CAPAMA llegaron a un acuerdo el 26 de octubre pasado en el que los campesinos de distintas localidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec aceptaron la obra de los tres pozos radiales en Aguacaliente a cambio de que construyeran tres pozos de agua para ellos.
Son cinco pozos en total, tres en este año, uno de ellos para abastecer las comunidades de Cruces de Cacahuatepec, Apalani y Campanario; otro para la localidad de El Carrizo y uno más para las comunidades de Cacahuatepec, Espinalillo, El Cantón, Apanhuac y Huamuchitos; en 2026 comenzaría la construcción de un pozo en Las Parotas y otro Rancho las Marías, que beneficiarían también a las comunidades vecinas de Los Ilamos, Garrapatas y San José.
Se suponía que el director de la CAPAMA, Antonio Rojas Marcial, acudiría a la asamblea de este domingo para presentar el proyecto, pero no llegó y el organismo público se limitó a mandar un documento vía Whatsapp.
Invitado por la organización Cooperación Comunitaria que asiste a los campesinos en diversos proyectos de reconstrucción tras el paso de los huracanes Otis y John, Sánchez dijo en Cacahuatepec que el documento de la CAPAMA es sólo “un planteamiento, planeación conceptual de cómo van a abastecer a todas las comunidades, situación que me deja en duda muchas cosas, sobre todo, porque no hay especificaciones”.
Indicó que falta saber la capacidad de los equipos de bombeo, la profundidad de su instalación, “están parchando la tubería existente, tubería que tiene una antigüedad de 40 años por la información que me proporcionaron y esta situación no puede ser, que se use la misma tubería que ya pasó su vida útil porque ya está oxidada, picada, carcomida”.
El experto en sistemas de abastecimiento hidráulico planteó que la nueva tubería debe tener el grosor suficiente para resistir la presión del bombeo de agua y especificó que el equipo de bombeo debe tener la capacidad para hacer llegar el agua a la parte más alta, que es Huamuchitos, e instalar un tanque maestro de distribución para las comunidades cercanas.
Subrayó la necesidad de atender la calidad del agua, empezando por la obra de toma de agua del río Papagayo y su aforo, “la medición del agua que puede proporcionar ese pozo”, después se tiene que seleccionar el equipo de bombeo.
“Cuando el río crece el agua se enturbia, se enloda y así se las bombean, eso no es potable, tiene que ser un agua clarificada la que les llegue a cada uno de sus domicilios”.
Sánchez ahondó sobre el problema bacteriológico, “las heces fecales, seguramente hay infiltración de alguna contaminación de heces fecales en el agua del río Papagayo, eso se mata por cloro”.
“El dar clarificación y el dar cloración al agua en la fuente de abastecimiento, es decir, donde está la torre para tomar el agua, eso se llama potabilización; no hay un sistema de potabilización en el planteamiento conceptual que enviaron hace un momento”.
El experto dijo que la potabilización “es uno de los temas importantes y muy graves porque atenta contra la salud de cada uno de sus pobladores, es muy importante pedir eso”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, advirtió que si la CAPAMA no cumple con los pozos para las comunidades, nuevamente los pobladores detendrán la obra en Aguacaliente, la cual sigue en la fase de estudios.

Informan de los procesos judiciales de los presos del Cecop

El abogado de Tlachinollan expuso de los procesos de los presos del Cecop en el penal de Las Cruces, Maximino Solís Valeriano, Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto, de Maximino, detenido en 2018 tras el asesinato múltiple en La Concepción, dijo que ya terminó la etapa de ofrecer pruebas, sólo sigue pendiente una audiencia, que será celebrada en enero.
“Es una audiencia final, es un resumen de todas las pruebas ofrecidas durante el juicio y en esa audiencia nosotros vamos a presentar un documento donde les decimos al juez que Maximino tiene que salir en brevedad, que él no es culpable del delito que lo acusan, de homicidio”.
Planteó la necesidad de que el Cecop se manifieste afuera del reclusorio para hacer “presión”, otra acción será enviar cartas al juez por parte de distintas organizaciones sociales y agencias internacionales.
De Rodrigo y de Modesto, detenidos en 2022 por una orden de aprehensión de 2013 acusándolos de intento de homicidio y lesiones, el 12 de diciembre Tlachinollan presentará la última prueba de defensa, “de ahí le pedimos al juez que revise el expediente y tenga por cerrado ese caso”; en enero o en febrero será la última audiencia.

“No hay avances” en el caso de Marco

Del asesinato del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, Téliz García criticó que “todavía no hay avances, todavía la Fiscalía (General del Estado) no detiene a esta persona, el que mató a Marco Antonio, que ya está identificado, ya sabemos quién es”.
Los funcionarios de la FGE “dicen que necesitan más información de la familia, la familia de Marco ya aportó”, sostuvo el abogado y los acusó de “negligentes” porque no revisaron las cámaras de seguridad donde fue atacado, en la calle Fragata de Yucatán el 25 de abril pasado, sino fueron meses después, “lógicamente ya no encontraron nada”.

Presentan una queja ante la Codehum los normalistas desalojados por los judiciales

Responsabilizan al titular de la SEG, Daniel Pano y al subsecretario Esteban Espinoza. Dan testimonio de la golpiza a dos alumnos y un maestro. Se ignora el paradero de dos alumnos detenidos

Zacarías Cervantes Chilpancingo

Maestros de la       Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y estudiantes de la escuela normal Rafael Ramírez, presentaron ayer su queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por el desalojo violento de agentes judiciales el martes pasado en las oficinas de las Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro.

En ambas quejas, maestros y estudiantes normalistas, denunciaron que la violencia se originó por parte de los agentes de la Policía Judicial del estado, “quienes entraron de manera violenta y arbitraria” a las oficinas administrativas de la SEG, lo que dejó un saldo de cuando menos 15 personas lesionadas y tres estudiantes detenidos.

En un mitin que improvisaron afuera de la Codehum, durante la presentación de su denuncia, el secretario general de la delegación D-III-16-02, Humberto García Zamudio, responsabilizó directamente al subsecretario de educación media superior y superior de la SEG, Esteban Espinoza Peza, quien, según denunció, fue el que llamó a la Policía Judicial del Estado argumentando que lo tenían secuestrado, “lo cual es falso, ya que efectivamente una comisión de estudiantes se encontraba en sus oficinas, pero estaban pidiendo que no se redujera la matrícula de las Normales públicas”.

García Zamudio rechazó que los estudiantes normalistas hayan comenzado la agresión, porque desde un día antes habían empezado las negociaciones con los funcionarios de la SEG, “y precisamente estaban negociando con Esteban Espinoza cuando se inició la agresión por parte de la Policía Judicial, concluyó”, recordó.

Mientras tanto, en su denuncia ante la Coddehum, los maestros señalaron que debido a la acción de los policías, son tres los trabajadores de las oficinas centrales que se encuentran heridos de gravedad y que están hospitalizados en la clínica del ISSSTE; Raúl Hernández Damián, Horacio Trigo y Edmundo Hernández Alcántara. Además, como resultado del operativo policiaco, están consignados en el Cereso los dos alumnos normalistas, Eric Acevedo Lorenzo y Josué López Valadés.

La denuncia fue presentada por los profesores Bulmaro Muñiz Olmedo, José Angel Díaz de León Hernández, en representación de Edmundo Hernández Alcántara, Raúl Hernández Damián, y Horacio Trigo, trabajadores de la SEG, así como en representación de los estudiantes Erick Acevedo Lorenzo y Josué López Valadés, de la Escuela Normal Federal Rafael Ramírez.

Se deslinda de los hechos el subsecretario Espinoza

En el documento narraron los acontecimientos que se suscitaron en las instalaciones que se conoce como ex INEBAN y denuncian que a raíz de la golpiza que recibieron de los agentes Edmundo Hernández se encuentra hospitalizado en el ISSSTE con tres costillas rotas. Raúl Hernández, tiene golpes en el cráneo que le provocaron una hemorragia en el oído izquierdo y golpes en diferentes partes del cuerpo, mientras que de Horacio Trigo denuncian que presenta una herida interna en la boca y que los médicos le hicieron una saturación de doce puntadas, en tanto que Bulmaro Muñiz recibió golpes en diferentes partes del cuerpo. Indicaron también que fueron testigos de la detención arbitraria de los estudiantes Erick Acevedo Lorenzo y Josué López Valdez, “a quienes se los llevaron con lujo de violencia y que hasta ahora se ignora su paradero”.

De los hechos responsabilizaron, además de Espinoza Peza, al secretario de educación, Daniel Pano Cruz. Dicen que él autorizó la agresión a los trabajadores y maestros en las oficinas de la SEG y señalaron como testigos a los estudiantes Roberto Vázquez Sosa, Miriam Sánchez Huerta y al profesor José Luis Aponte Astudillo.

En los mismos términos presentaron su denuncia ante la Coddehum los dirigentes de la Coordinación para la Reivindicación de los Principios de la CETEG, encabezados por Nicolás Chávez Adame. Los integrantes de esta expresión también responsabilizaron al secretario de Educación, Daniel Pano.

Mientras tanto, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG Esteban Espinoza Peza se deslindó de los hechos, pues señaló que su área atiende los casos académicos y no legales.

El funcionario explicó que de acuerdo a la información proporcionada por las instancias legales, la detención de los estudiantes normalistas se derivó “de una ampliación” de lo que corresponde a la demanda interpuesta en contra de los normalistas. “Se comenta que el pasado 20 de mayo hubo una actuación similar a éste y ahora fue una ampliación, según las instancias legales”, dijo. Explicó que la situación legal del problema, corresponde a la dirección de Asuntos Jurídicos, “la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior atiende la situación educativa, plenamente dedicado a ellas; lo otro es un área que está fuera de su competencia”, insistió.

Aseguró que en el momento de la intervención policiaca, él se encontraba en otro lugar atendiendo una mesa de trabajo con maestros de la UPN de Tlapa, “hasta ahí me llegó la información de lo que estaba aconteciendo en el ex Ineban, estas situaciones no corresponde a un área como es la mía, que únicamente observa la situación educativa”.

Con respecto a la demanda de los normalistas en el sentido de que no se reduzca la matrícula escolar, dijo que las autoridades educativas siguen ofreciendo su propuesta en el sentido de que se tenga el mismo número de estudiantes “únicamente diversificando la oferta educativa, que son 40 matrículas para educación Primaria y 20 para la licenciatura en educación Secundaria”.

Se enfrentan normalistas y maestros con judiciales que detuvieron a dirigentes

La acción violenta de los policías causó la reacción de los estudiantes

Hay 15 lesionados, tres detenidos y un joven desaparecido. Explican los alumnos que negociaban con el subsecretario Espinoza Peza cuando éste de improviso advirtió que si no desalojaban el inmueble se ejecutarían órdenes de aprehensión contra varios de ellos

 Zacarías Cervantes Chilpancingo Estudiantes normalistas apoyados por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) se enfrentaron ayer con policías judiciales del estado, quienes se introdujeron con violencia a las oficinas de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro para ejecutar una orden de aprehensión en contra de siete estudiantes; los hechos dejaron un resultado de cuando menos 15 lesionados, tres estudiantes detenidos y un desaparecido.

La violencia se generó cuando aproximadamente 50 judiciales del estado, respaldados por unos 20 policías de Seguridad Pública municipal, entraron poco antes de las 2 de la tarde a esas oficinas administrativas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para cumplir con una orden de aprehensión en contra de los dirigentes estudiantiles de la Escuela Normal Rafael Ramírez, quienes desde la mañana del lunes mantienen tomadas esas oficinas de la SEG.

Los policías judiciales apenas lograron aprehender a tres de los normalistas; Eric Acevedo Lorenzo, Fernando Méndez Pineda y Josué Álvarez López, de los cuales sólo el primero está incluido en la lista de quienes tienen orden de aprehensión.

En respuesta a esta primera acción, los estudiantes recibieron el respaldo de los maestros de la CETEG que se encuentran en plantón en el edificio de la sección 14 del SNTE, ubicado a un costado de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro y todavía alcanzaron a dos judiciales que sacaban de las instalaciones a un estudiante al que liberaron y retuvieron a los dos policías, uno de ellos, Ángel Castro, a quienes encerraron en el módulo de seguridad de esas oficinas. Después pedían intercambiarlos por los detenidos.

Aún había histeria, llanto y zozobra en las y los jóvenes estudiantes que poco a poco iban saliendo de las oficinas administrativas de la SEG y de entre las plantas del amplio jardín del ex Ineban, temerosos de que fueran detenidos y golpeados por los policías, cuando nuevamente decenas de maestros y estudiantes corrieron y se agolparon en la reja por donde habían entrado los judiciales.

Y es que nuevamente unos 30 policías llegaron y violentamente abrieron la reja, se introdujeron y corrieron hasta el módulo en donde se encontraban encerrados sus compañeros, ello generó un nuevo enfrentamiento a golpes con no más de una veintena de maestros de la CETEG, empleados de la SEG y algunos jóvenes alumnos.

Ambos hechos se registraron en no más de una hora y dejó, según uno de los dirigentes de la CETEG, César Rosendo Feliciano, cuando menos 15 lesionados, algunos de ellos de gravedad, como el caso del maestro Edmundo Hernández, quien fue derribado a golpes por dos judiciales y permaneció inconciente por espacio de 20 minutos.

Otros más de los golpeados son el propio dirigente de la CETEG, César Resendis y el trabajador de la subcoordinación, Bulmaro Muñiz Olmedo, así como otro maestro que fue trasladado a la clínica del ISSSTE, pero no fue posible obtener su nombre. Algunos más de los golpeados, después del segundo enfrentamiento, se dispersaron.

Después de rescatar a sus dos compañeros, los policías se dieron a la fuga a bordo de dos camionetas y aún fueron perseguidos durante varios metros a pedradas por maestros y estudiantes.

Los estudiantes de la Escuela Normal del Estado Rafael Ramírez, tomaron las oficinas administrativas de la SEG la mañana del lunes pasado, en protesta porque este año las autoridades de educación pretenden reducirles la matrícula.

Su demanda la negociaban poco antes de las 2 de la tarde con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Esteban Espinoza Peza, cuando éste de improviso les advirtió que si no desalojaban el inmueble se ejecutarían órdenes de aprehensión que hay en contra de varios estudiantes.

Ello provocó que uno de los estudiantes, José Antonio Lugardo, declarara suspendidas las pláticas y el funcionario abandonó las instalaciones por la parte de atrás, según informó uno de los dirigentes estudiantiles que participaba en las negociaciones. El dirigente estudiantil, José Antonio Lugardo, por la tarde fue reportado como desaparecido.

Fue casi a la misma hora en que Espinoza Peza les advertía que se ejecutarían las órdenes de aprehensión en contra de varios estudiantes, cuando el medio centenar de judiciales entraban ya por una de las rejas de las instalaciones tomadas, apoyados por policías municipales uniformados, quienes no entraron, pero si resguardaron el acceso desde el exterior.

La Procuraduría de Justicia informó por la tarde que los judiciales del estado acudieron a ejecutar la orden de aprehensión Bra/SC/02/807/2004 en contra de los estudiantes Eric Acevedo Escobar Dimara, Victoria Castro, Israel Sánchez Vega, Ángel Sabino Leyva Pérez, Kenia Méndez Ramírez, Yeny Calixto González y Bogar de la O Ortiz por los delitos de motín, sabotaje, privación ilegal de la libertad y daños.

El sub procurador de Averiguaciones Previas, Antonio Nogueda Carvajal, informó en una breve declaración que los judiciales fueron agredidos por los estudiantes y después por los maestros cuando acudieron a cumplir dicha orden de aprehensión.

También se informó que en los hechos resultó lesionado con una piedra en la cabeza el comandante Redy Olea, quien junto con otros tres policías que también se dijeron golpeados presentaron una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de lesiones en contra de quien resulte responsable.

Tras estos hechos la dirigencia de la CETEG rompió pláticas con el gobierno estatal y su secretario de Desarrollo Político, César Rosendo Feliciano, dijo que en las próximas horas fortalecerán su movimiento que iniciaron la semana pasada y que promoverán juicio político en contra del gobernador René Juárez y que pedirán la destitución del procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero y del director de Seguridad Pública municipal, Eric Montúfar Mendoza.

Después de las 6 de la tarde unos 500 maestros y estudiantes de la normal Rafael Ramírez partieron en marcha de las instalaciones de la sección 14 del SNTE hacia el zócalo, en donde instalaron un plantón en demanda de la libertad de los estudiantes Eric Acevedo Lorenzo, Fernando Méndez Pineda y Josué Álvarez López.

Los estudiantes y maestros se agolparon en la puerta principal del Palacio de Gobierno y con golpes y empujones a la reja pedían ser recibidos en audiencia por el secretario de Gobierno Luis León Aponte.

Judiciales y policías de Azueta, cerca de un enfrentamiento

Policías turísticos y judiciales sostuvieron una discusión luego de que los primeros fueron informados de que unos delincuentes pretendían robar en la terminal de microbuses Las Dos Costas, en el centro de Zihuatanejo, cuando en realidad los segundos cumplían una orden de aprehensión.

Ayer a las 9 de la mañana, policías judiciales a bordo de un Tsuru color arena, llegaron a la terminal para detener al gerente, Everardo Valdovinos.

Al ver entrar a los judiciales, que iban vestidos de civil y traían rifles AR-15, los choferes avisaron a la guardia de la Dirección de Seguridad Pública municipal de que se trataba de un robo, y a los pocos minutos llegaron policías turísticos a bordo de la patrulla 20.

Los policías marcaron el alto a los agentes judiciales, a quienes no identicaron como tales, y comenzó la discusión, que estuvo a punto de convertirse en un enfrentamiento.

Detrás de la patrulla de la Policía Turística llegaron otras más para refuerzo, cuando la disputa ya empezaba a subir de tono, y entonces intervino la oficial Caridad Reyes Mendoza, quien reconoció que había sido una falsa alarma y que se trataba de una confusión. Se calmaron los ánimos y los policías preventivos y turísticos se retiraron. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

Judiciales y policías de Azueta, cerca de un enfrentamiento

 

 Policías turísticos y judiciales sostuvieron una discusión luego de que los primeros fueron informados de que unos delincuentes pretendían robar en la terminal de microbuses Las Dos Costas, en el centro de Zihuatanejo, cuando en realidad los segundos cumplían una orden de aprehensión.

Ayer a las 9 de la mañana, policías judiciales a bordo de un Tsuru color arena, llegaron a la terminal para detener al gerente, Everardo Valdovinos.

Al ver entrar a los judiciales, que iban vestidos de civil y traían rifles AR-15, los choferes avisaron a la guardia de la Dirección de Seguridad Pública municipal de que se trataba de un robo, y a los pocos minutos llegaron policías turísticos a bordo de la patrulla 20.

Los policías marcaron el alto a los agentes judiciales, a quienes no identicaron como tales, y comenzó la discusión, que estuvo a punto de convertirse en un enfrentamiento.

Detrás de la patrulla de la Policía Turística llegaron otras más para refuerzo, cuando la disputa ya empezaba a subir de tono, y entonces intervino la oficial Caridad Reyes Mendoza, quien reconoció que había sido una falsa alarma y que se trataba de una confusión. Se calmaron los ánimos y los policías preventivos y turísticos se retiraron. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).