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Señala experto falta de especificaciones en el proyecto de CAPAMA de pozos comunitarios

El experto en sistemas de abastecimiento hidráulico en comunidades rurales y urbanas, Roberto Sánchez, explica en la asamblea del Cecop en la comunidad Cacahuatepec la necesidad de la potabilización del agua Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

En la asamblea de ayer del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), el experto en sistemas de abastecimiento hidráulico en comunidades rurales y urbanas, Roberto Sánchez, cuestionó la propuesta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) de los tres pozos de agua para las comunidades porque no atiende la necesidad de la potabilización, “la calidad de agua”.
Como se informó anteriormente, el Cecop y la CAPAMA llegaron a un acuerdo el 26 de octubre pasado en el que los campesinos de distintas localidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec aceptaron la obra de los tres pozos radiales en Aguacaliente a cambio de que construyeran tres pozos de agua para ellos.
Son cinco pozos en total, tres en este año, uno de ellos para abastecer las comunidades de Cruces de Cacahuatepec, Apalani y Campanario; otro para la localidad de El Carrizo y uno más para las comunidades de Cacahuatepec, Espinalillo, El Cantón, Apanhuac y Huamuchitos; en 2026 comenzaría la construcción de un pozo en Las Parotas y otro Rancho las Marías, que beneficiarían también a las comunidades vecinas de Los Ilamos, Garrapatas y San José.
Se suponía que el director de la CAPAMA, Antonio Rojas Marcial, acudiría a la asamblea de este domingo para presentar el proyecto, pero no llegó y el organismo público se limitó a mandar un documento vía Whatsapp.
Invitado por la organización Cooperación Comunitaria que asiste a los campesinos en diversos proyectos de reconstrucción tras el paso de los huracanes Otis y John, Sánchez dijo en Cacahuatepec que el documento de la CAPAMA es sólo “un planteamiento, planeación conceptual de cómo van a abastecer a todas las comunidades, situación que me deja en duda muchas cosas, sobre todo, porque no hay especificaciones”.
Indicó que falta saber la capacidad de los equipos de bombeo, la profundidad de su instalación, “están parchando la tubería existente, tubería que tiene una antigüedad de 40 años por la información que me proporcionaron y esta situación no puede ser, que se use la misma tubería que ya pasó su vida útil porque ya está oxidada, picada, carcomida”.
El experto en sistemas de abastecimiento hidráulico planteó que la nueva tubería debe tener el grosor suficiente para resistir la presión del bombeo de agua y especificó que el equipo de bombeo debe tener la capacidad para hacer llegar el agua a la parte más alta, que es Huamuchitos, e instalar un tanque maestro de distribución para las comunidades cercanas.
Subrayó la necesidad de atender la calidad del agua, empezando por la obra de toma de agua del río Papagayo y su aforo, “la medición del agua que puede proporcionar ese pozo”, después se tiene que seleccionar el equipo de bombeo.
“Cuando el río crece el agua se enturbia, se enloda y así se las bombean, eso no es potable, tiene que ser un agua clarificada la que les llegue a cada uno de sus domicilios”.
Sánchez ahondó sobre el problema bacteriológico, “las heces fecales, seguramente hay infiltración de alguna contaminación de heces fecales en el agua del río Papagayo, eso se mata por cloro”.
“El dar clarificación y el dar cloración al agua en la fuente de abastecimiento, es decir, donde está la torre para tomar el agua, eso se llama potabilización; no hay un sistema de potabilización en el planteamiento conceptual que enviaron hace un momento”.
El experto dijo que la potabilización “es uno de los temas importantes y muy graves porque atenta contra la salud de cada uno de sus pobladores, es muy importante pedir eso”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, advirtió que si la CAPAMA no cumple con los pozos para las comunidades, nuevamente los pobladores detendrán la obra en Aguacaliente, la cual sigue en la fase de estudios.

Informan de los procesos judiciales de los presos del Cecop

El abogado de Tlachinollan expuso de los procesos de los presos del Cecop en el penal de Las Cruces, Maximino Solís Valeriano, Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto, de Maximino, detenido en 2018 tras el asesinato múltiple en La Concepción, dijo que ya terminó la etapa de ofrecer pruebas, sólo sigue pendiente una audiencia, que será celebrada en enero.
“Es una audiencia final, es un resumen de todas las pruebas ofrecidas durante el juicio y en esa audiencia nosotros vamos a presentar un documento donde les decimos al juez que Maximino tiene que salir en brevedad, que él no es culpable del delito que lo acusan, de homicidio”.
Planteó la necesidad de que el Cecop se manifieste afuera del reclusorio para hacer “presión”, otra acción será enviar cartas al juez por parte de distintas organizaciones sociales y agencias internacionales.
De Rodrigo y de Modesto, detenidos en 2022 por una orden de aprehensión de 2013 acusándolos de intento de homicidio y lesiones, el 12 de diciembre Tlachinollan presentará la última prueba de defensa, “de ahí le pedimos al juez que revise el expediente y tenga por cerrado ese caso”; en enero o en febrero será la última audiencia.

“No hay avances” en el caso de Marco

Del asesinato del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, Téliz García criticó que “todavía no hay avances, todavía la Fiscalía (General del Estado) no detiene a esta persona, el que mató a Marco Antonio, que ya está identificado, ya sabemos quién es”.
Los funcionarios de la FGE “dicen que necesitan más información de la familia, la familia de Marco ya aportó”, sostuvo el abogado y los acusó de “negligentes” porque no revisaron las cámaras de seguridad donde fue atacado, en la calle Fragata de Yucatán el 25 de abril pasado, sino fueron meses después, “lógicamente ya no encontraron nada”.

Conmemora el Cecop su 22 aniversario exigiendo justicia para su vocero

El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, el representante del Consejo de Cacahuatepec, Guadalupe Delgado del Carmen, de Huamuchitos Mario Estrada Bailón y el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García en la asamblea por el 22 aniversario del Cecop, en El Fraile, en Cacahuatepec Foto: Jesús Trigo

Ramón Gracida Gómez

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) conmemoró ayer 22 años de lucha y exigió justicia por el asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz y la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico mediante un decreto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó que a tres meses del crimen consumado el 25 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) “no tiene avances en las investigaciones y los autores materiales e intelectuales siguen libres”.
El acto se llevó a cabo bajo una techumbre del embarcadero de El Fraile, cruce del río Papagayo a la localidad de Cacahuatepec, y fue moderado por el asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, quien leyó después de un minuto de silencio y consignas, una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de pedirle una reunión.
La misiva que será entregada al jefe de asesores de Sheinbaum, le dice que el Cecop “valora positivamente” su afirmación de que el proyecto de la presa está cancelado, pero “debe concretarse mediante un decreto que cancele de manera definitiva la construcción de la presa y por lo tanto el despojo y el desastre ecológico. De acuerdo con los protocolos internacionales, hasta ahora el proyecto sólo está suspendido”.
Además, “pedimos se dé continuidad a los esfuerzos realizados por su gabinete de Seguridad, para esclarecer el asesinato de nuestro vocero y dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz hasta alcanzar la justicia y superar todo resquicio de impunidad”.
La carta recuerda que López Obrador dijo que el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, “pero sabemos ahora hay otro grupo de poder que no es exactamente el Estado y que son quienes están haciendo el trabajo sucio al Estado porque eso es lo que pasó con Marco”, apuntó Rodolfo Chávez.
La misiva pide justicia “para que no se repitan actos de represión como el operativo policiaco-militar ejecutado por el último gobernador priista (Héctor Astudillo Flores) el 7 de enero de 2018 que por medio de ejecuciones extrajudiciales elevó a 10 el número de compañeros asesinados y 38 los encarcelados”.
Como vía para alcanzar la justicia y la paz, el Cecop respalda la iniciativa de ley de castigo a la extorsión “y eso toca precisamente al esclarecimiento de Marco”, expuso Rodolfo Chávez, quien externó después la petición de justicia que le decía por teléfono uno de los tres presos políticos del Cecop, Modesto León Jacinto; los otros dos encarcelados en Las Cruces son Maximino Solís Valeriano y Rodrigo León Jacinto.
Frente a unas 100 personas, la mitad de fuera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, lamentó la asistencia “poquititos compañeros de las comunidades, quiero pensar que están cansados, quiero pensar que tienen miedo y no quiero pensar que ya no quieren seguir la lucha porque eso sí es una derrota”.
Leyó una carta de Tlachinollan dirigida al finado vocero del Cecop en la que dice que el movimiento se extendió por toda América Latina “porque transmitía la buena vibra de su lucha, porque contagiaba con su poder de convocatoria, motivaba para impulsar las organizaciones comunitarias, el Cecop se conformó en un referente internacional por la eficacia de su lucha, por su consistencia argumentativa y por el gran liderazgo de Marco Antonio”.
“No hay interés en esclarecer los hechos y mantienen intocada la red criminal que controla las playas y que cotidianamente asesina sin que las autoridades den golpes certeros a los responsables para desmantelar las estructuras delictivas que desangran la vida en Acapulco”.
Tlachinollan menciona que “al principio culpaban a la familia de los nulos avances, hoy que han colaborado y aportado elementos decisivos para el esclarecimiento, las investigaciones siguen estancadas”.
Los primeros oradores fueron consejeros de algunas comunidades que “están llevando adelante el trabajo que por muchos años llevó Marco Antonio Suástegui”, un consejo del Cecop, expuso Rodolfo Chávez.
Una de ellas es Martha Hernández, de la comunidad El Cantón, quien recordó el inició del movimiento el 28 de julio de 2003 con un plantón contra el proyecto hidroeléctrico en el que participaron las comunidades proyectadas a ser desplazadas como Garrapatas y Arroyo Verde, y la resistencia contra los gobiernos estatales, por ejemplo, del perredista Zeferino Torreblanca.
A un costado del altar con la foto de Suástegui Muñoz, Mario Estrada, de Huamuchitos, lamentó la ausencia del vocero del Cecop, pero afirmó que el movimiento “está de pie y no vamos a dar marcha atrás”.
Maricela Navidad Dorantes, de Salsipuedes, pidió a las organizaciones sociales presentes que no los abandonen “porque lo que queremos es justicia para nuestro compañero”.
Con una lona con el rostro de Suástegui, sonriendo, Gimeldo Morales, de Rancho las Marías, expuso que es nuevo en el movimiento al que se unió porque el vocero del Cecop siempre buscaba lo mejor de las comunidades y evitar que “los gobiernos, los ricos, se apoderaran de nosotros”.
Acudieron campesinos de Cacahuatepec, El Campanario, Cruces de Cacahuatepec, El Carrizo, Las Parotas, Los Ilamos, Parotillas, La Concepción, Garrapatas, Aguacaliente, Amatillo y Las Chanecas; la Policía Comunitaria vigiló el perímetro, y la Guardia Nacional estuvo en el inicio del acto.
Con machete en mano, la integrante del movimiento de San Salvador Atenco, Hortencia Ramos, reivindicó la participación de las mujeres de distintas comunidades con la comida que llevaron, “cuando una resistencia, un pueblo es masacrado, criminalizado por el gobierno, y nuestros compañeros son detenidos, las que damos la cara somos las mujeres”.
Antes del inicio formal del evento casi a las 12 del día, el histórico dirigente de Atenco, Ignacio del Valle, remarcó la hermandad de este pueblo del Estado de México con los Bienes Comunales de Cacahuatepec por la lucha de ambos contra proyectos que les quitarían sus tierras.
El responsable de la comisión política en Acapulco de la CETEG, Walter Añorve Rodríguez, pidió la presentación con vida del hermano de Marco Antonio, Vicente Suástegui, desaparecido en 2021.
Del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Eloy del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde destacó la lucha del Cecop por defender los ríos de México alzando “su voz para seguir fluyendo libres de megaproyectos de muerte y limpios de tóxicos”.
Gloria, de Cooperación Comunitaria, indicó que junto con el Consejo Indígena y Mestizo para el Desarrollo Rural y Ambiental en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y las comunidades, tienen la responsabilidad de “transitar de la defensa del territorio a la producción del mismo”.
El ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Jorge Peto Calderón, subrayó que los gobiernos del PRI y el PAN persiguieron y torturaron al vocero del Cecop, pero su asesinato ocurrió cuando los tres órdenes de gobierno son de Morena.
Rosalinda Gutiérrez Terrones, del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero, dijo al gobierno federal, a la Comisión Federal de Electricidad y a las empresas trasnacionales, “que se siguen afilando sus pezuñas para rapiñar nuestras riquezas naturales, que estas tierras surianas y el río no se venden, se respetan y se defienden”.
Del Movimiento Socialista del Poder Popular, Héctor Valadez, dijo que la muerte de Suástegui “es un gran golpe para el movimiento ecosocialista a nivel mundial y nacional, unos días antes de su asesinato había firmado un pronunciamiento internacional para un encuentro de todas las organizaciones que luchan en contra de la depredación capitalista”.
Estuvieron integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, Fomento Social Banamex y Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos.

 

Señala el abogado de Tlachinollan la falta de avances de la FGE en el caso del vocero del Cecop

Ramón Gracida Gómez

Desde hace un mes testigos del asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, aportaron datos a la Fiscalía General del Estado (FGE), hay “varias” líneas de investigación, pero no se tienen avances, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz.
Consultado ayer después de su participación en el aniversario del Cecop en la que hizo mención de este problema, el abogado de Tlachinollan señaló que “primero la Fiscalía decía que no tenía pues como la entrevista por parte de la esposa y demás testigos, ya se hicieron las entrevistas, ya se aportó esa información a la Fiscalía”.
No obstante, “a pesar de haber aportado todos esos datos, no tenemos todavía avances, no sabemos de los responsables, no sabemos quiénes son, cómo fueron, cuál fue el móvil, no se tiene”.
En el embarcadero de El Fraile, Tlachinollan pidió que la FGE haga su trabajo, “ya tiene la información, ya tiene lo que necesitaba por parte de la familia, ahora le corresponde a la Fiscalía poder agotar los medios de investigación establecidos”.
Téliz informó que hace aproximadamente un mes se llevó a cabo la entrevista de la familia y precisó que en la carpeta de investigación “no existen cámaras o videos sobre el móvil del asesinato, cómo fue realmente la escena del crimen, lógicamente ya se aportó la información de cómo sucedió, pero esos datos son los que hacen falta”.
De la falta de investigaciones de la FGE se intuye que “no quieren accionar sobre las personas responsables, no sabemos ahí cómo sea esta situación, sabemos que es un tema delicado, pero nosotros como Centro de Derechos Humanos, la familia, exigimos que se haga la investigación”.
Se le mencionó el comunicado de Tlachinollan y más de 100 organizaciones emitido un día después del atentado el 18 de abril en el que se afirma que las autoridades tienen un mapeo de los grupos delictivos “y no hacen nada para desmantelarlos. No es casual que el grupo delictivo que desapareció a Vicente Iván Suástegui Muñoz sea el mismo que lo agredió”.
El abogado señaló que las investigaciones no sólo deben tomar en cuenta “esa línea de investigación, sino también su actuar como defensor de derechos humanos, hay varias líneas de investigación, lógicamente la familia ha aportado en todas estas líneas información y ya será la propia Fiscalía quien nos dé la información correspondiente”.
A dos meses del crimen en junio pasado, Tlachinollan, familiares de Suástegui Muñoz y el Cecop pidieron que la investigación del asesinato fuera atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) “ante la manifiesta dilación de las autoridades de Guerrero”.

Piden familiares, Cecop y Tlachinollan que la FGR atraiga el caso del asesinato de Suástegui

Ramón Gracida Gómez

Familiares de Marco Antonio Suástegui Muñoz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), piden que la investigación del asesinato del defensor sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) “ante la manifiesta dilación de las autoridades de Guerrero” a dos meses del crimen.
En un comunicado emitido ayer que se cumplió un bimestre de la muerte del vocero del Cecop, exigen que la FGR “lleve a cabo todas las investigaciones ubicando a la brevedad a los responsables a fin de evitar que pase el tiempo y las evidencias sean destruidas o que los responsables evadan la acción de la justicia”.
Señalan que “el caso sigue en la total impunidad” porque la Fiscalía General del Estado (FGE) “se encuentra pasmada ante el crimen contra el defensor ambiental. Se limitó a realizar las primeras diligencias a que por ley está obligada, pero fuera de ahí no presenta ningún avance”.
El atentado a balazos contra el defensor ocurrió el 18 de abril en un acceso a la playa Icacos, “a plena luz del día ante decenas de testigos, un lugar público con afluencia de turistas y prestadores de este tipo de servicios, con grandes hoteles ubicados en el lugar”, recuerdan los firmantes.
“Es inconcebible que, a la fecha, no haya entrevistado a los compañeros de trabajo de Marco Antonio que estaban en la playa y que seguramente vieron como era agredido, las autoridades tienen un padrón de estas personas y pueden ser llamadas para que rindan entrevista, lo mismo con los dueños de hoteles, deben ser citados para verificar si tienen cámaras desde las cuales se pudo ver el atentado contra el defensor del medio ambiente”.
Las autoridades estatales, dicen familiares de la víctima y las organizaciones sociales, “demuestran su desprecio contra un gran defensor del medio ambiente. Su arrogancia y desfachatez no tienen límites. Ignoran que están sentando un precedente negativo que será tomado en cuenta cuando el caso vaya a instancias internacionales por la impunidad que se vislumbra”.
Las autoridades esperan que los familiares señalen a algún sospechoso o aporten elementos, “invirtiendo la carga de la investigación a las víctimas, haciendo cargar sobre sus hombros el peso del riesgo de los actores armados que atentaron contra el defensor y que pueden volver agredir a los familiares que declaren, máxime cuando la Fiscalía ni el gobierno del estado han brindado medidas de protección ni creado un entorno seguro”.
En el comunicado, el Cecop, familiares de Suástegui Muñoz y Tlachinollan, afirman que “existen varios datos de prueba que la Fiscalía puede conseguir, sin embargo, esta institución se ha cruzado de brazos, incurriendo en omisión y negligencia”.
Arremeten contra el gobierno del estado, al que “no le importa que el caso de Marco Antonio haya recibido una condena unánime. Cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos a nivel nacional e internacional condenaron el homicidio del defensor del medio ambiente”.
Destacan los pronunciamientos de justicia por parte la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y varias Relatorías temáticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“No permitiremos que el caso del líder del CECOP Marco Antonio Suástegui quede en la impunidad. El olvido al que las autoridades le apuestan será superado por nuestra enérgica protesta y exigencia de verdad y justicia”, aseveran sus familiares y organizaciones sociales.

 

No se retomará en su sexenio el proyecto de la presa La Parota, dice Sheinbaum

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que al menos durante su sexenio no se tiene considerada la continuación del proyecto de la presa La Parota en el río Papagayo en la zona rural de Acapulco, además que el Gabinete de Seguridad apoya la investigación del homicidio de Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En la conferencia matutina de este jueves se comentó a la presidenta sobre el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y se le preguntó si el proyecto estaba cancelado.
–¿Está cancelada la presa La Parota?, preguntó un reportero.
–Por lo pronto sí. No tenemos planeado por lo menos en el sexenio avanzar en esa presa –respondió Sheinbaum.
El pasado 18 de abril Suástegui, quien también era representante de Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos, fue herido de tres balazos en dicha playa de Acapulco, agresión en la que según testigos un hombre le disparó y corrió. El 25 de abril nurió el dirigente social como consecuencia de dicho atentado.
Sobre el asesinato de Suástegui, la presidenta indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario, de Derechos Humanos Arturo Medina Padilla, se reunieron con los familiares.
De igual forma, Sheinbaum indicó que el caso del homicidio de Suástegui es revisado por las dependencias del Gabinete de Seguridad.
“Sí, lo está viendo el Gabinete (de Seguridad) y además, Arturo Medina y Rosa Icela recibieron a los familiares, los estamos apoyando. Y sí, muy lamentable este homicidio y está el Gabinete haciendo toda la investigación, apoyando al estado de Guerrero”, indicó.
Los trabajos de La Parota iniciaron en 2003 y tanto pobladores como especialistas se opusieron desde el principio al proyecto, porque argumentan que habría un impacto ambiental y daños a los pueblos de la zona, algunos de los cuales desaparecerían.
El 13 de mayo, la viuda de Marco Antonio Suástegui, María de Jesús Pérez García, se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. y le pidió avances en la investigación, así como medidas de protección para la familia.
En 2021, Marco Antonio Suástegui denunció que hombres armados se llevaron a su hermano Vicente Suástegui. El pasado 14 de mayo se informó que la esposa de éste, Samantha Colón Morales, habría denunciado amenazas de muerte tras el asesinato de Marco Antonio Suástegui, y que ya había levantado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Deslinda el subsecretario de Desarrollo Político al gobierno del asesinato de Suástegui

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, no solicitó medidas cautelares al gobierno del estado y deslindó a las autoridades estatales de responsabilidad tanto por acción u omisión en su asesinato.
El funcionario estatal fue entrevistado al salir de una reunión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con la viuda del dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz, María de Jesús Pérez García, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández en Casa Guerrero el mediodía de ayer.
“Ellos están planteando lo que ustedes ya saben; justicia por el caso de Marco Antonio Suástegui y en ese sentido hay un compromiso de la gobernadora del estado para sumarnos a su planteamiento ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que el caso se resuelva y se dé con los responsables”, informó el funcionario estatal.
Sin pregunta de por medio, Rodríguez Cisneros, aseguró que “con Marco no existía ninguna contrariedad con el gobierno del estado, éramos compañeros de lucha, ustedes registren en lo público, nunca hubo un cuestionamiento ni de él para nosotros ni de nosotros para él”, declaró.
–Pero la opinión pública en las redes sociales señala al gobierno del estado como responsable del asesinato, planteó el reportero.
–No puede haber un señalamiento de ese tipo. Yo insisto mucho en eso, vean lo que él declaró en lo público, nunca tuvimos una confrontación. La señora gobernadora visitó los Bienes Comunales dos veces y funcionarios del estado estuvimos varias veces allá y yo voy a estar los próximos días en los Bienes Comunales, vamos a seguir trabajando en lo que tiene que ver con el reordenamiento de la actividad económica que él tenía en cuanto a los servicios turísticos.
Rodríguez Cisneros agregó que en cuanto a las diferencias con administraciones de gobiernos pasados será parte de la investigación; “cada quien responde por sus acciones y por sus hechos y ya será la FGE la que determine la responsabilidad”, dijo.
–Pero también se señala responsabilidad del actual gobierno, por lo menos por omisión, porque Marco Antonio Suásteguí solicitó medidas cautelares y nunca se le dio, cuestionó el reportero.
–Nunca solicitó medidas cautelares. Yo platicaba mucho con él y nunca nos solicitó medidas cautelares. Yo hablé con él y me dijo que no las requería, me dijo que estaba, a través de Tlachinollan, haciendo una solicitud al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas nacional, porque tenía medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), pero nunca solicitó al gobierno del estado acompañamiento policiaco ni tampoco solicitó que se le diera algún tipo de medidas extraordinarias.
Según el funcionario, lo mismo pasó en el caso del líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio, “jamás nos solicitó un acompañamiento al gobierno del estado, cuando es así se valora en razón del riesgo y siempre se ha dado acompañamiento a quienes tienen un riesgo latente para salvaguardar su integridad”.
–Lo cierto es que ya pasaron más de dos semanas y no hay ningún resultado de la investigación, no hay nada, cuestionó otro reportero.
–Se están haciendo los actos de investigación y ya será la Fiscalía la que dará a conocer los resultados.
“Hablaron los abogados (de la familia de Marco Antonio) con el fiscal y ya les dieron cuenta a ellos de cómo está el curso de la investigación”, declaró.
–Extraoficialmente se sabe que hay detenidos, ¿hay o no?.
–Desconozco cuáles son los actos de la Carpeta de Investigación porque en la misma reunión que sostuvimos, el fiscal fue muy claro que solamente le podría dar ese tipo de información al abogado que acreditara la familia para garantizar sus derechos de víctimas.
Sobre la violencia que continúa en Acapulco, el funcionario respondió que está muy focalizada en la zona poniente de la ciudad y que ayer en la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz, se dio el parte a través de la Secretaría de Seguridad Pública y que se constató que todos los homicidios dolosos son en la zona de Mozimba, Pie de la Cuesta, San Isidro Gallinero.

Ha sido playa Icacos escenario de hechos violentos al menos desde 2022

Ramón Gracida Gómez

Al menos desde 2022, la playa Icacos, donde fue atacado a balazos el viernes pasado el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop) y representante de la Asociación de Turisteros en Defensa y Rescate de Playa Icacos (Tuderpi), Marco Antonio Suástegui Muñoz, ha sido escenario de hechos violentos similares.
De acuerdo con un recuento de El Sur, en aquel año comenzó la agudización de la violencia, cuyo origen, según las propias autoridades, eran las bandas criminales que operaban en el área turística colindante con la Décima Segunda Región Naval, en la zona Dorada de Acapulco.
El 7 de marzo de 2024, tras un incendio que quemó en la mañana el mobiliario de playa y las motos acuáticas que renta Suástegui Muñoz frente al condominio La Palapa, dos jóvenes mujeres, al parecer prestadoras de servicios turísticos, fueron asesinadas atrás del enorme edificio a las 4 de la tarde, entre las calles Carabela Santa María y Almirante Fernando Siliceo.
A las 4 de la mañana del 20 de febrero, un ataque a balazos en el acceso de la playa del entonces parque acuático Rollo, actualmente otra vez CICI, dejó a una mujer y cuatro hombres heridos.
El 16 de julio de 2023, cerca de La Palapa, agentes de la Policía Turística encontraron restos humanos de un hombre dentro de bolsas negras; 9 días antes, a la 1:26 de la tarde frente al entonces hotel Calinda ahora Amares, donde inicia la playa Icacos, un grupo de civiles armados disparó contra los tripulantes de una lancha que iban llegando del mar y repelieron el ataque, que dejó un hombre herido.
El 24 de abril, hombres armados persiguieron en plaza España a las 4 de la tarde a un varón y le dispararon, la víctima quedó herida y luego fue trasladada a un hospital cercano; 9 días antes, el cadáver de un hombre asesinado con tres impactos de bala en la cabeza, amarrados de pies y manos, y envuelto en bolsas, fue encontrado flotando en el mar.
El 12 de febrero, dos hombres dispararon a otro varón en la calle Nao Trinidad, afuera del hotel Ximar, quedó herido del brazo y se fue a un hospital, los bañistas huyeron del lugar.
El 30 de enero, en la calle Fragata Yucatán, donde fue herido el viernes pasado el vocero del Cecop, hombres armados atacaron en la noche a un hombre y una mujer, quienes quedaron heridos.
En la fecha 12 del mismo mes, hombres armados interceptaron a las 5 de la tarde a un varón a un costado del hotel Calinda y a quemarropa le dispararon y lo dejaron herido.
Fueron los últimos meses de 2022 en el que se empezó a producir un aumento de hechos violentos en la playa Icacos, a las 6 de la tarde del viernes 11 de noviembre Ángel, salvavidas del Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco (CAPTA), fue asesinado a balazos en la playa atrás del hotel Calinda.
El sábado a mediodía un hombre de unos 40 años fue asesinado a balazos en la playa frente al mismo hotel ante la mirada de decenas de visitantes; casi de manera simultánea, un hombre con huellas de tortura apareció flotando en el mar, en la misma área de playa.
Horas después, otro cuerpo con huellas de tortura fue encontrado flotando frente a la Base Naval.
El domingo dos grupos de hombres armados se enfrentaron a balazos en el estacionamiento privado, ubicado a un costado del mismo hotel Calinda.
El 16 de noviembre dos grupos de hombres armados a bordo de motos acuáticas se persiguieron a balazos, frente al hotel Calinda.
El 26 de julio de 2022, un hombre muerto a balazos fue encontrado sentado en una silla de plástico colocada en la arena, donde está el mobiliario de playa frente al hotel Olas; el 1 de mayo, una pareja de turistas fue interceptada en la playa frente al hotel Copacabana por hombres armados que les exigieron entregar sus pertenencias, pero el hombre y la mujer se resistieron y recibieron balazos, lo que provocó la muerte del primero.

 

Se suman organizaciones al reclamo de justicia y castigo por el atentado contra Suástegui

Una patrulla de policías estatales resguarda la entrada al hospital privado Aqua, en donde desde el viernes se encuentra hospitalizado Marco Antonio Suástegui, luego de ser herido a balazos Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Por quinto día consecutivo, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, sigue en terapia intensiva tras el atentado que sufrió el viernes pasado, su estado de salud se mantiene igual, grave, pero estable.
Ayer, el hospital privado Aqua estaba resguardado por policías estatales, una patrulla de la corporación estaba estacionada en el nosocomio del lado de la avenida Costera.
Más organizaciones sociales se pronunciaron en diversos comunicados por el hecho violento pidiendo justicia y detención a los responsables del ataque a balazos contra el líder comunitario al salir de su trabajo en la playa Icacos.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) escribió el lunes en su perfil de Facebook su exigencia a los tres órdenes de gobierno para abrir una carpeta de investigación “para detener a quien resulte responsable a los autores intelectuales y materiales de este vil hecho”.
“Existe una larga lista en la lucha social de Guerrero de asesinatos de hombres y mujeres valientes que han entregado su vida, por equidad, libertad y justicia en defensa de los más necesitados”.
La organización dirigida por Nicolás Chávez afirma que “los encargados de sembrar, el terror en Guerrero y el país siguen provocando, dolor y muerte. Los políticos siguen disputándose el poder político y económico; engañando a nuestro pueblo sin cumplir sus demandas más vitales”.
En un comunicado emitido el mismo día, el Colectivo de Familiares de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narciso “se une a la exigencia de justicia, castigo a los culpables materiales e intelectuales” por el atentado a Suástegui Muñoz.
Destaca que el vocero del Cecop es defensor del territorio, del suelo y del agua, también es representante de la Asociación de Turisteros Unidos en Defensa de la Playa Icacos (Tuderpi) y es hermano de Vicente Iván Suástegui Muñoz, desaparecido el 5 de agosto de 2021.
El grupo de familiares de desaparecidos pide a los gobiernos estatal y federal ofrecer la mejor atención médica al herido, “así como el alto a las agresiones en contra de los defensores, del territorio, suelo y agua, de los derechos laborales, los hermanos buscadores de familiares desaparecidos, defensores de derechos humanos y en general a toda persona que busca un México más justo para todos”.
En un comunicado emitido el domingo pasado, Cooperación Comunitaria, HIC-AL Coalición Internacional del Hábitat y más organizaciones repudian el atentado contra Suástegui Muñoz perpetrado cuando salía de su trabajo en playa Icacos.
Reconocen la defensa Suástegui Muñoz de los territorios campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec “que estuvieron en riesgo de ser inundados por la construcción de la presa La Parota y, más recientemente, en la defensa de la playa de Acapulco del proyecto de privatización y de los delitos ambientales”.
Expresan en el documento publicado en sus redes sociales su “más profunda indignación ante el ambiente de inseguridad que impera en Acapulco y el estado de indefensión que enfrentan los defensores del territorio”.
Exigen a las autoridades proteger la vida del vocero del Cecop e investigar y castigar a los culpables de su ataque a balazos, también expresan su solidaridad con los familiares y compañeros de lucha.
Suscriben el documento el Bloque de delegaciones democráticas sección 11 SNTE, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, entre otras numerosas organizaciones sociales y activistas.
El sábado pasado, casi 100 organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señalaron en un comunicado que las autoridades “fueron omisas” para aplicar medidas de protección a favor del vocero del Cecop.
El mismo día, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos emitió su posicionamiento exigiendo que se investigue y se castigue a los responsables del ataque contra Suástegui Muñoz.

No se han cumplido las demandas de quienes tomaron los sistemas de captación: Cecop

Aurora Harrison

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, reprochó que los tres órdenes de gobierno no han dado cumplimiento a las demandas de los vecinos de 10 comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec que tomaron en diciembre pasado los sistemas de captación Papagayo I y II durante siete días y dan “ultimátum para que den solución”.
La tarde noche de ayer en una llamada a la Redacción de El Sur, el vocero dijo que por la mañana hubo una reunión de los pobladores de las comunidades en Cacahuatapec, de quienes dijo que “están molestos, porque les vieron la cara de tontos, y los engañaron”; mencionó que las autoridades han incumplido con los acuerdos firmados en la minuta.
Recordó que los acuerdos están firmados por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda; el delegado federal, Iván Hernández y la presidenta Abelina López Rodríguez, y se trata de rehabilitar los sistemas de agua en los pozos de varias comunidades, el segundo que la Secretaría de Agricultura del estado iba a llevar proyectos a las comunidades, se iba a apoyar a las viviendas afectadas por el huracán John con láminas, cemento y revisar el caso de los damnificados que tenían cintillo y que no recibieron su apoyo.
“Es un ultimátum que están lanzando porque están muy enojados, si esa vez se pudo evitar que hubiera una acción fuerte por parte de los habitantes de los Bienes, ahora podría estar respaldada por 30 comunidades más, se puede agravar y eso por la inoperancia de los gobiernos que prefieran andar en campaña, y decir a la presidenta (Claudia Sheinbaum) que todo está bien, cuando todo está mal”, dijo.
El vocero explicó que las autoridades no han cumplido con resolver las demandas, pasó el 15 de diciembre y no se resolvió, esperaron hasta los primeros días de enero y “y ya vamos a estar a 20 y hay un enojo, molestia, porque fueron el delegado, la presidenta y la gobernadora que firmaron la minuta para atender esos cuatro puntos y es la fecha que nos vieron la cara de tontos, que los engañaron”.
Recordó que ese conflicto pudo terminar mal y él como vocero del Cecop intervino a petición de las autoridades y de las comunidades “confiando en que iban a cumplir con la demanda, se firmó el documento, porque acudimos a las 10 comunidades y corroboramos los daños que se vienen arrastrando y se acentuaron con el huracán”.
Las comunidades son Garrapatas, Las Parotas, Rancho las Marías, Salsipuedes, Tasajeras, El Cantón, El Carrizo, Aguacaliente, “es increíble que los hallan engañado y que tomen a juego, nosotros como movimiento vamos a apoyar a los compañeros y hacemos un llamado a la gobernadora para que atienda, porque ella encabezó la reunión”.

 

Avanza la negociación pero sigue la toma de los sistemas de captación de CAPAMA

Argenis Salmerón

Por sexto día consecutivo, vecinos de poblados de los Bienes Comunales de Cacahuatepec mantienen tomados los dos sistema de captación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), sin embargo “hay avances” en la negociación y la liberación dependerá de las autoridades conforme vayan cumpliendo las demandas, afirmó el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En declaraciones por teléfono, Suástegui Muñoz dijo que ya comenzaron los censos de la Secretaría del Bienestar en los poblados de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que es una de las demandas de los manifestantes.
Añadió que también ayer el gobierno mandó pipas con agua a las comunidades donde hay tanques, depósitos y purificadoras.
“No se firman todas las minutas de acuerdos, pero hay avances de parte del gobierno, ahora hay que ver las respuesta de los compañeros”, puntualizó.
Aseguró que detrás del movimiento de los manifestantes que tienen tomados los pozos no está el Cecop, “yo solamente soy el enlace con las autoridades, porque hay una guerra falsa en las redes sociales y los medios de comunicación”.
Dijo que solamente está ayudando a que se destrabe el problema y se liberen los dos sistemas de captación, “estamos en contra del bloqueo de calles, bloqueos de edificios y estamos en contra de que las autoridades no hagan su trabajo”.
Sostuvo que a los vecinos les asiste la razón en sus demandas y que también sea así en las autoridades, “fueron los comuneros y el gobierno del estado que llamaron para destrabar este conflicto”.
Suástegui Muñoz mencionó que ayer hubo una reunión en la Ciudad de México donde están las autoridades del estado y municipio para conocer el presupuesto para agua, viviendas y cultivos dañados por los huracanes Otis y John.
Señaló que no hay interés del delegado federal de los programas sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, “es un déspota, no tiene sentimientos, no ve la gravedad del asunto, no se qué esperan para correrlo”.
Señaló que el funcionario federal en la reunión del martes, “nos dijo que no había censo ya, pero las casas están destruidas totalmente, pero los cuervos de la nación solamente censaron a los amigos y familiares, no se vale, es un delito que podrían terminar en la cárcel”.
Reiteró que las demandas son censo para viviendas y parcelas, pago de los cintillos (comprobante de censo), dotación de agua potable y apoyo para recuperar los cultivos.
Indicó que hoy nuevamente los manifeestantes tendrán una reunión con funcionarios de los tres órdenes de gobierno en las oficinas de la Promotora Turística (Protur), donde despacha la gobernadora Evelyn Salgado, al mediodía.
El martes los comuneros fueron atendidos por el delegado federal, Iván Hernández Díaz; el subsecretario de Desarrollo Político Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros; el director la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Facundo Gastélum, y el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Hugo Lozano, y se esperaba que liberaran ayer mismo las instalaciones de los pozos tras acuerdos con los funcionarios.
El subsecretario Rodríguez Cisneros dijo ayer por teléfono que ya hay acuerdos, que hay un levantamiento de censo, que el gobierno del estado ofreció obras de rehabilitación de sistemas de agua que quedaron afectados por el huracán y llamó a los manifestantes a liberar los sistemas de captación de agua.