Ramón Gracida Gómez

Familiares de Marco Antonio Suástegui Muñoz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), piden que la investigación del asesinato del defensor sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) “ante la manifiesta dilación de las autoridades de Guerrero” a dos meses del crimen.
En un comunicado emitido ayer que se cumplió un bimestre de la muerte del vocero del Cecop, exigen que la FGR “lleve a cabo todas las investigaciones ubicando a la brevedad a los responsables a fin de evitar que pase el tiempo y las evidencias sean destruidas o que los responsables evadan la acción de la justicia”.
Señalan que “el caso sigue en la total impunidad” porque la Fiscalía General del Estado (FGE) “se encuentra pasmada ante el crimen contra el defensor ambiental. Se limitó a realizar las primeras diligencias a que por ley está obligada, pero fuera de ahí no presenta ningún avance”.
El atentado a balazos contra el defensor ocurrió el 18 de abril en un acceso a la playa Icacos, “a plena luz del día ante decenas de testigos, un lugar público con afluencia de turistas y prestadores de este tipo de servicios, con grandes hoteles ubicados en el lugar”, recuerdan los firmantes.
“Es inconcebible que, a la fecha, no haya entrevistado a los compañeros de trabajo de Marco Antonio que estaban en la playa y que seguramente vieron como era agredido, las autoridades tienen un padrón de estas personas y pueden ser llamadas para que rindan entrevista, lo mismo con los dueños de hoteles, deben ser citados para verificar si tienen cámaras desde las cuales se pudo ver el atentado contra el defensor del medio ambiente”.
Las autoridades estatales, dicen familiares de la víctima y las organizaciones sociales, “demuestran su desprecio contra un gran defensor del medio ambiente. Su arrogancia y desfachatez no tienen límites. Ignoran que están sentando un precedente negativo que será tomado en cuenta cuando el caso vaya a instancias internacionales por la impunidad que se vislumbra”.
Las autoridades esperan que los familiares señalen a algún sospechoso o aporten elementos, “invirtiendo la carga de la investigación a las víctimas, haciendo cargar sobre sus hombros el peso del riesgo de los actores armados que atentaron contra el defensor y que pueden volver agredir a los familiares que declaren, máxime cuando la Fiscalía ni el gobierno del estado han brindado medidas de protección ni creado un entorno seguro”.
En el comunicado, el Cecop, familiares de Suástegui Muñoz y Tlachinollan, afirman que “existen varios datos de prueba que la Fiscalía puede conseguir, sin embargo, esta institución se ha cruzado de brazos, incurriendo en omisión y negligencia”.
Arremeten contra el gobierno del estado, al que “no le importa que el caso de Marco Antonio haya recibido una condena unánime. Cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos a nivel nacional e internacional condenaron el homicidio del defensor del medio ambiente”.
Destacan los pronunciamientos de justicia por parte la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y varias Relatorías temáticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“No permitiremos que el caso del líder del CECOP Marco Antonio Suástegui quede en la impunidad. El olvido al que las autoridades le apuestan será superado por nuestra enérgica protesta y exigencia de verdad y justicia”, aseveran sus familiares y organizaciones sociales.