La presidenta del colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos, Sandra Luz Román Jaimes denunció que la diligencia de búsqueda de fosas de la semana pasada se canceló en su totalidad por la inconformidad de los colectivos ante la falta de garantías de seguridad por parte del gobierno federal, al enviar a sólo seis efectivos de la Policía Estatal para resguardar a más de 50 activistas.
El martes de la semana pasada, la directora y vocera de la asociación Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz, informó que como colectivo acordaron rechazar participar en esta diligencia programada del 1 al 5 de abril con la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la falta de garantías de seguridad, pues habían asignado escasos agentes para resguardar a los grupos de búsqueda de los cuatro colectivos de Iguala que desde el año pasado hacen búsqueda de fosas de manera conjunta.
De acuerdo con la información que se tenía, los otros colectivos sí habían aceptado participar en la diligencia, sin embargo, en declaraciones ofrecidas por teléfono ayer, la activista Sandra Luz Román informó que toda la diligencia se canceló por falta de seguridad.
Denunció que las búsquedas de fosas y la seguridad enviada a los integrantes de los colectivos es un problema no sólo de Guerrero sino a nivel nacional, debido a que los peritos forenses con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR) están asignados a los trabajos de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La activista denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador está “revictimizando” a las familias de los desaparecidos al negarles las búsquedas y no darles garantías de seguridad, más en zonas de alto riesgo como son Iguala y Taxco.
Criticó que en el cierre del sexenio “todo está enfocado en el caso Ayotzinapa, y todo lo que no hizo el presidente en su sexenio lo quiere hacer ya para salir, por lo que nos están revictimizando y nos están negando las búsquedas”.
Hizo un llamado al Ejecutivo federal a que les facilite las búsquedas y les garantice la seguridad, “que le corte un poquito allá (Ayotzinapa) porque también nosotros queremos saber de nuestros familiares”.
Román Jaimes explicó que para la búsqueda de la semana pasada sólo les enviaron seis efectivos de la Policía Estatal para resguardar a más de 50 activistas que subirían a la búsqueda de fosas en Mexcaltepec, Taxco. Mencionó que fueron a solicitar apoyo al 27 Batallón de Infantería, pero se los negaron, y les dijeron que todo está enfocado en Ayotzinapa.
Consideró que la falta de garantías de seguridad para hacer las búsquedas de sus hijos es revictimizante, “aquí no nada más son los 43, sino también los nuestros que los queremos de regreso y queremos búsquedas”.
La diligencia de la semana pasada era la primera de este año de los colectivos de Iguala, que estratégicamente la FGR definió desde marzo de 2023 que éstas se hagan de manera conjunta, y no de manera independiente como se hacía antes.
Román Jaimes estimó que debido a las elecciones de junio, la próxima temporada de lluvias que impide hacer búsquedas y excavaciones, así como el cambio de gobierno, la siguiente búsqueda con la FGR podría ser hasta 2025.
Desde marzo de 2023 que se iniciaron las búsquedas colectivas entre las organizaciones de Iguala en coordinación con la FGR, las diligencias se han realizado en el cerro de Las Antenas de la comunidad de Mexcaltepec, Taxco, en la misma zona donde en febrero de 2014 hubo hallazgos masivos de 25 cuerpos.
En las diligencias del último año no han sido localizadas osamentas completas, sólo algunos huesos y fragmentos, en fosas que fueron procesadas por la Fiscalía del estado en la diligencia de hace una década, en exhumaciones que habrían sido mal practicadas.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que impugnará la resolución del juez José Rivas González que concedió el cambio de prisión preventiva por prisión domiciliaria al ex procurador Jesús Murillo Karam, por su presunta participación en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía anunció la impugnación y además señaló que presentarán una inconformidad ante el Consejo de la Judicatura Federal, para los aspectos administrativos que resulten aplicables.
“La Fiscalía General de la República, impugnará de inmediato esta resolución ante la segunda instancia y presentará la queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, para los aspectos administrativos que sean aplicables”, anunció el organismo.
La dependencia estableció que la audiencia fue notificada con menos de dos horas y media de anticipación, además de señalar que fue antes de un día considerado como feriado y un periodo inhábil.
“El pasado 1° de noviembre y horas antes de un día feriado y de un puente vacacional, la Fiscalía General de la República (FGR), fue notificada por el juez de Distrito José Rivas González, para llevar a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares de Jesús M, dándonos menos de dos horas y media de tiempo para realizar los trámites correspondientes”, informó la FGR en un boletín.
Añadió que la FGR aportó distintas pruebas con el objeto de mostrar la gravedad de los delitos por los cuales se le imputa a Murillo Karam, además del impacto que puede tener una determinación.
“En dicha diligencia, la FGR aportó 10 imputaciones directas, 69 testimoniales , 29 dictámenes periciales, 65 documentales y más de 100 videograbaciones y pruebas demostrativas, así como el análisis de riesgo procesal emitido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), con objeto de demostrar la gravedad singular de los delitos por los que se está procesando a esa persona, así como el impacto en este caso, que puede devenir por una determinación que cuestiona la magnitud de los ilícitos ya señalados”, puntualizaron.
Indicó que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante de las víctimas de y los padres, apoyó la petición de no cambiar la medida cautelar en cuestión.
“El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante de las víctimas y sus padres, se adhirió al criterio de la Fiscalía, apoyando la petición de no variar la medida cautelar del procesado; ya que los delitos por los que se acusa a dicha personas y otras más, en contra de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, es uno de los crímenes más violentos, desmesurados y brutales en contra de víctimas indefensas, que se haya conocido en nuestro país en los últimos años”.
La Fiscalía mencionó que a pesar del cambio de medias cautelares de Murillo Karam, no puede estar en libertad debido a que cuenta con otro juicio pendiente, además de que no existía una causal grave de enfermedad del procesado.
“A pesar de todos los datos, de todos los apoyos del Ministerio Público y de las víctimas y sin que hubiera una causal grave de enfermedad que afectara en forma urgente e inmediata al procesado, ni una desatención médica al respecto, el juez dictó el cambio de medidas cautelares que, por el momento, no permiten la libertad de dicha persona, en razón de otro juicio pendiente”, aclaró.
El 3 de noviembre se informó que un juez concedió la prisión domiciliaria a Murillo Karam debido a motivos de salud, pero continuará el proceso por delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas y continuará en la Torre Médica del Penal de Tepepan.
El pasado 4 de noviembre, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión del Poder Judicial, afirmando que se trató de un sabadazo, por la premura en la que se citó la audiencia.
“Fue muy raro porque se suponía que no había servicio, estaban cerrados los juzgados, incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado, o sea un clásico sabadazo y tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación”, declaró López Obrador.
El comandante de la 27 Zona Militar, Martín Gerardo Franco, la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández, el diputado local Carlos Cruz López, la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el fiscal especializado de Control Regional de la FGR,Germán Adolfo Castillo, el consejero jurídico del poder Ejecutivo de Guerrero, Jorge Salgado Parra, el fiscal general de Justicia Militar, Alejandro Ramos, el comandante de la 16 Zona Naval, Héctor Rafael Solís y el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, en los honores a la bandera en la inauguración de la segunda sesión ordinaria 2023 de zona sureste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar
Zihuatanejo
Este viernes se llevó a cabo en Ixtapa la segunda sesión ordinaria 2023 de la zona sureste, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que el fiscal especializado de Control Regional, de la Fiscalía General de la República (FGR), Germán Adolfo Castillo Banuet, informó que en 2022 los delitos del fuero común más recurrentes en esta zona fueron fraude, robo o asalto y la extorsión, mientras que en ámbito federal fueron los delitos patrimoniales.
La segunda sesión ordinaria se llevó a cabo en el centro de convenciones del hotel Azul, en la zona hotelera II de Ixtapa, donde la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, fue la anfitriona de sus pares de los estados de Veracruz, Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Michoacán y Estado de México.
El fiscal especializado de Control Regional de la FGR, Germán Adolfo Castillo Banuet, estuvo en esta reunión, representando al titular de esta institución, Alejandro Gertz Manero, quien es el presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Castillo Banuet, en su mensaje durante el acto inaugural, mencionó algunos datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, dada a conocer en septiembre de este año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), respecto de los cambios que se dieron de 2021 a 2022 en la percepción ciudadana de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Dijo que en 2022, el porcentaje de la población que percibe inseguridad en su entidad subió ligeramente, de 78.8 por ciento a 79.4 por ciento, “lo cual nos compromete a trabajar más arduamente para reducir esa cifra”, al tiempo que agregó que el porcentaje de delitos denunciados aumentó de 10.1 por ciento a 10.9 por ciento, “con lo cual la cifra negra, según esta encuesta, es del 89.1 por ciento, ligeramente inferior al periodo anterior”.
Señaló que “en 2022, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 319 mil millones de pesos, es decir, 1.08 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que equivale a un promedio de 8 mil 192 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito, por eso tenemos que seguirnos coordinando todas las instituciones del estado mexicano para abatir estas consecuencias”.
Luego, dijo que en ese mismo año, según la Envipe, “se cometieron 26.8 millones de delitos asociados a 21.1 millones de víctimas, esto representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima; la incidencia delictiva es mayor en hombres para la mayoría de los delitos, no obstante, en los delitos sexuales las mujeres son más vulneradas, al contabilizarse 11 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres”.
Castillo Banuet destacó que los delitos más recurrentes en el fuero común fueron el fraude, el robo o asalto en calle o transporte público y la extorsión, y que el robo total o parcial de vehículo ocupó el quinto lugar.
“Por ello, esta conferencia está trabajando en la actualización del convenio de colaboración para el intercambio de información sobre vehículos robados firmado en el año 2018, con la intención de contar con un instrumento que establezca mecanismos de colaboración y coordinación entre las instituciones de procuración de justicia, para fortalecer de manera permanente el suministro, intercambio y operación de los datos e información sobre vehículos robados en el Sistema Informático Nacional Interoperable, para su localización, recuperación y devolución”.
Más adelante, apuntó que en lo que se refiere a los casos de delitos federales en esta zona sureste de la conferencia, del periodo de enero de 2019 a febrero de 2023 “la incidencia delictiva es el 25 por ciento, con 15 mil 001 casos de delitos patrimoniales; 15 por ciento, con 8 mil 728 casos violación a la ley federal de Armas de fuego y Explosivo; el 12 por ciento, 7 mil 17 casos de violación a la ley de Vías Generales de Comunicación; 10 por ciento, con 5 mil 632 casos de delitos en materia de hidrocarburos; el 5 por ciento, con 2 mil 884 delitos contra la Salud y 4 por ciento con 2 mil 619 casos de violación a la ley de Migración”.
“Por ello, la Fiscalía General de la República, del total de las carpetas iniciadas en este periodo (319 mil 393) a nivel nacional, el 21 por ciento (66 mil 567) corresponde a esta zona de la conferencia, de las cuales, 12 mil 274 fueron con detenido, judicializando 5 mil 440 carpetas, que corresponde al 44 por ciento, vinculando a proceso 7 mil 640 carpetas de investigación, correspondiente a 11 mil 405 imputados, y 6 mil 747 sentenciados (6 mil 392 de ellos en procedimiento abreviado y 210 en juicio), para lo cual, en muchos casos ha contado con la colaboración y apoyo de las fiscalías estatales y las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales. A todas ellas nuestro agradecimiento”.
Contra la supresión de la prisión preventiva
Más adelante, Castillo Banuet señaló que ya entrando en materia de esta Conferencia Nacional y que “debido a las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que han resuelto inconvencional la prisión preventiva oficiosa, y que las personas juzgadoras federales están aplicando con criterios dispares, pero sobre todo en el juicio de amparo, las fiscalías estamos fortaleciendo nuestras acciones para lograr la prisión preventiva en los procesos penales, mediante la capacitación y formación continua de los agentes del Ministerio Público”.
También con “la adopción de mejores estrategias de investigación del riesgo procesal para acreditar la necesidad de cautela de los imputados, así como en la aplicación de las destrezas de litigación, para justificar esta medida cautelar, especialmente cuando los jueces se nieguen a otorgarla de manera oficiosa y sea evidente que es necesaria y proporcional”.
“Sin dejar de impulsar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el debido cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los expedientes 1 y 3 de 2003 aperturados para tal fin, a fin de evitar los excesos en que están incurriendo los juzgadores, insisto, especialmente los de amparo que otorgan la suspensión provisional con efectos restitutorios que implican, de inicio, suprimir la prisión preventiva, cuando ese tema es el fondo del juicio de amparo, y están dejando en libertad a cientos de procesados e incluso sentenciados cuya condena aun no queda firme”.
Continuó: “En ese sentido, es importante que el Pleno de la Región Centro Sur del Poder Judicial de la Federación emitió un criterio que ratifica la supremacía constitucional y que entra en colisión con el previamente emitido por el Pleno de la Región Centro Norte, y que será materia de una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le haremos llegar la postura de esta conferencia”.
“Sabemos que, como la tendencia es suprimir la prisión preventiva, resulta necesario promover la adopción de sistemas efectivos de control de los imputados que llevan su proceso en libertad y evitar que se evadan de la justicia, a través de pugnar porque las unidades de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, dependientes en su mayoría de los poderes ejecutivos, posean los recursos suficientes y realicen eficazmente su función de asegurar el cumplimiento de las mismas”.
Indicó que este tema requiere que la federación y las entidades federativas “inviertan en la generación de sistemas estatales de monitoreo electrónico que permitan tener supervisados a los procesados en libertad, pues hoy está siendo un negocio cooptado por empresas particulares, no siempre éticas y profesionales”.
“Otra área de oportunidad para un debido proceso es contar con mecanismos eficientes de protección de testigos de la acusación, ya que el sistema acusatorio requiere forzosamente la declaración de éstos en la audiencia del juicio oral y que lo hagan de manera eficiente para lograr la condena, y una constante en las instituciones de procuración de justicia es la carencia de estas unidades y mecanismos”.
Apuntó que en esta sesión, “la FGR abordará las mejoras a la cooperación de las fiscalías para evitar fallos judiciales desfavorables en asuntos trabajados por dos o más instituciones, ante los criterios judiciales cada día más exigentes para el Ministerio Público y más favorables para las defensas”.
Luego, hizo un reconocimiento a la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, “quien ha obtenido recientemente sentencias favorables en casos relacionados con delitos graves que afectan a la sociedad guerrerense, así como por su compromiso con la investigación y persecución de los delitos y por la coordinación que hemos logrado”.
Enseguida aseveró: “Tengo la certeza de que quienes participamos en esta sesión nos esforzaremos para generar acciones concretas en favor de la procuración de justicia y que día a día daremos mejores resultados a las víctimas y la sociedad”.
“Finalmente, quiero expresar mis más sentidas condolencias a familiares, colegas y amigos del licenciado Fernando García Fernández, ex delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Guerrero, así como del teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadras, ex fiscal regional de Tierra Caliente, quienes en fechas recientes fueron asesinados por grupos delictivos”.
Apuntó que “las instituciones de procuración de justicia lamentamos estos cobardes ataques, y nos comprometemos a esclarecer los hechos y perseguir a los responsables hasta que reciban el castigo que la ley establece”, y pidió para ellos un minuto de aplausos.
“Somos mayoría los que pretendemos el bienestar social”: fiscal
Por su parte, en su breve mensaje de bienvenida a los ahí presentes de menos de tres minutos, la fiscal Sandra Luz Valdovinos, agradeció “a Dios por la oportunidad de reunirnos en este magno evento, para materializar la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia de la zona sureste”.
“Hoy nos honran con su presencia en este auditorio y es para mí un honor y regocijo recibir a cada una y uno de ustedes en este hermoso y paradisiaco lugar del triángulo del sol, Ixtapa-Zihuatanejo, parte de nuestro estado de Guerrero, por lo que en este centro de convenciones se convertirá hoy en un recinto de encuentro entre colegas y expertos en un marco de cordialidad, camaradería y espíritu para la reconstrucción nacional”.
Prosiguió: “Abordaremos temas de importancia para la prosperidad y la armonía de nuestro México, somos mayoría los que pretendemos el bienestar social como servidores públicos, ya que tenemos una gran responsabilidad con la sociedad mexicana que se encuentra ansiosa de la seguridad y la procuración de justicia”.
Acompañaron en el presídium a la fiscal Sandra Luz Valdovinos y al fiscal especializado de Control Regional de la FGR, Germán Adolfo Castillo Banuet; el diputado local, Carlos Cruz López; el consejero jurídico del Poder Ejecutivo en Guerrero, Jorge Salgado Parra, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Gladans.
También el fiscal general de Justicia Militar, Alejandro Ramos Flores; el comandante de la 27a Zona Militar, Martín Gerardo Franco; el comandante de la 16 Zona Naval, Héctor Rafael Solís Hernández y el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec.
La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que ya recibió la notificación de la queja que presentó un particular en su contra ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, pero que tiene los argumentos necesarios para revertirla.
Asimismo, dijo que en la reunión privada con militantes que encabezó la coordinadora nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum el miércoles de la semana pasada, pudo platicar con ella y “le pedí que confíe en mí”.
“Esto es lo que se vive en Morena en sus órganos internos”, dijo de la denuncia en donde se le señala de ir contra los principios del partido, y agregó que ha tenido quejas ante ese órgano “al por mayor”, pero que como todos, tiene el derecho de defenderse.
En la queja se le señala de actuaciones indebidas contra su partido por su reunión con el jefe de un grupo delictivo y la violencia que se generó en Chilpancingo después de un mensaje que le dejaron junto con siete cuerpos el 24 de junio frente a la iglesia del barrio de San Mateo.
En este caso, dijo que no se le ha comprobado nada, ni le han iniciado ninguna carpeta de investigación, “en efecto yo fui entrevistada (en la Fiscalía General de la República), pero no se me ha iniciado ningún proceso judicial”, y añadió que a diferencia de otros alcaldes que sabe que están amparados, ella no tiene ninguno.
Reiteró que hubo gente que pensó que iba a salir huyendo o se iba a debilitar, “pero gracias al trabajo honesto, transparente y de rendición de cuentas, hoy el pueblo me ha fortalecido más”.
La presidenta municipal dijo que tener denuncias es parte de la vida diaria de quienes tienen cargos, “imagínese como presidenta municipal tengo más de 700 procesos”
Añadió que algunos de ellos son de miembros de su propio partido “y los he ganado porque cuando tenemos la razón simplemente hay que demostrarlo, entonces sólo hay que esperar, yo tengo los argumentos necesarios para revertir esta denuncia”.
Lo que le dijo a Sheinbaum
La alcaldesa se refirió en su conferencia de prensa a su asistencia a la freunión privada con militantes de Morena que en su reciente visita a Chilpancingo encabezó la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en el hotel Holiday Inn.
Afirmó que platicó con ella y “le dije que estoy contenta que fuera ella la coordinadora y que sé del gran trabajo y el desafío que va a encontrar y que estará a la altura de lo que exige México”.
Aseguró que no hubo ningún asunto privado que le haya planteado, sino que fue más una plática de cortesía política.
Pero en una pregunta posterior, Hernández Martínez, añadió que “lo único que le dije que confiera en mí, que estamos más fuertes que nunca”.
Creo que uno como político lo sabe, no necesita que alguien le diga o que le esté informando, creo que en esta sintonía muchos dicen miles de cosas pero mantener los hechos son otras circunstancias. Creo que ella sabe que en Chilpancingo hay una gran aceptación y es derivado del trabajo colectivo que se ha realizado.
La alcaldesa informó que su informe será el 26 de octubre, en una conferencia de prensa anterior había dicho que sería el 27 de octubre, el día que se celebra la fundación del estado, cuando el Gobierno estatal entrega las condecoraciones al mérito civil.
Informó que invitará a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda: “para mí sería muy importante que estuviera la gobernadora porque no se puede trabajar sola, se tiene que trabajar en coordinación”.
Explicó que no la había invitado todavía porque le acaban de entregar las invitaciones.
En los últimos meses ha habido un distanciamiento entre la alcaldesa y la gobernadora Evelyn Salgado, a raíz de los videos que se difundieron en el que Hernández Martínez aparece desayunando con el jefe de un grupo delictivo, derivado de lo cual se inició una investigación en contra de la edil tanto por la fiscalía estatal como por la General de la República.
Fue a la FGR en la Cdmx
Por la tarde, la presidenta municipal subió a su página de Facebook una fotografía en la que aparece acompañada de su pareja, Diego Omar Benigno González, afuera de la FGR en la Ciudad de México.
“El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye aunque nada lo persiga”, escribió en el pie de foto.
Añadió: “Tal como lo he manifestado reiteradamente, estoy atenta y dándole seguimiento a la investigación que se realiza en torno al video que se me vincula. Segura estoy que se llegará a la verdad y se descubrirá que hay una intención perversa que ha lastimado a mi persona, a mi familia y mi gobierno”.
Informó que por ello “el día de hoy personalmente estuve en la Fiscalía General de la República para dar seguimiento a mi caso”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa, ayer Foto: Agencia Reforma
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR), ya se encuentra realizando investigaciones para detener a los responsables del asesinato en Chilpancingo de Fernando García Fernández, delegado de la dependencia, por lo que esperará que ellos den mayor información.
“Ya está la investigación en curso, está actuando la Fiscalía General de la República, se está avanzando en detener a los responsables, en castigar a los que cometieron este crimen y yo pienso que en unos días más la Fiscalía va a informar sobre este hecho”.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, al presidente se le comentó sobre el asesinato del delegado, a lo que respondió que esperaba que fuera la misma FGR quien diera mayor información al respecto.
“No quiero adelantar ninguna hipótesis, prefiero que sea la Fiscalía, que tengo entendido atrajo el caso, sean ellos los que den la respuesta”.
De igual forma, se le preguntó si existían medidas especiales para el personal de seguridad en Guerrero después del asesinato de García Fernández, sumado al homicidio en Coyuca de Catalán del fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras,
“Hay protección para ellos siempre, todos los que trabajan para garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad pública, tienen derecho a usar escoltas, a tener protección, son los únicos, porque los servidores públicos no, al menos que reciban amenazas, pero todos los que trabajan en áreas de seguridad tienen protección”, afirmó.
Este martes, el delegado de la FGR en Guerrero, Fernando García Hernández, fue ejecutado al sur de Chilpancingo. La dependencia señaló que la investigación responsabilizaba al grupo criminal Los Ardillos por la detención del cinco de julio de un líder de sicarios, además de la detención el viernes ocho de dos ex comisarios de la comunidad de Petaquillas.
El sábado nueve se dio a conocer que el fiscal regional de Tierra Caliente, el mayor de Justicia Militar, Víctor Manuel Salas Cuadras, fue asesinado después de ser trasladado y tirado en un pueblo en la salida rumbo a Zihuatanejo. Salas Cuadras había sido fiscal de la región de la Montaña y tenía tres días en el cargo.
El lunes en la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que el asesinato de Víctor Manuel Salas Cuadras estaba relacionado con los operativos de aseguramientos y detenciones en el estado de Guerrero.
“No vemos como un patrón, tiene que ver con las reacciones porque se viene avanzando en materia de aseguramientos, de detenciones en esta coordinación que se tiene tanto en esta entidad como en el resto del país” comentó Alcalde.
En esa misma oportunidad, se le preguntó a Alcalde si existía una estrategia para brindar mayor seguridad a los integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el asesinato de Salas y el secuestro de la titular del Ministerio Público en Coyuca de Catalán, Jaqueline González Salgado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa, ayer Foto: Agencia Reforma
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
El secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez consideró que los asesinatos del fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, y del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando García Fernández, son muestra de que el combate a la delincuencia se da en contra de todos los grupos delictivos.
Se le preguntó si habrá seguridad especial para funcionarios y respondió, “no, no todo sigue igual en ese sentido”.
Dio a entender que colabora con el gobierno federal para esclarecer el caso del funcionario, que ya atrajo la FGR, “estamos todos sumados en esclarecer este homicidio tan lamentable que se dio en contra del doctor García Fernández”.
Respecto a qué grupo de la delincuencia sería el responsable, luego de que la FGR señaló que una línea de investigación son las labores de Fernando García contra el grupo criminal Los Ardillos, Reynoso Núñez dijo que decirlo sería “muy aventurado”.
Un reportero preguntó si ambos crímenes podrían entenderse como un desafío al gobierno del estado, y respondió que “lo que muestra es que el combate a la delincuencia se está dando en contra de todos los grupos, se dan en diferentes regiones, se dan en zonas en donde hay presencia de diversos grupos delictivos, se muestra que no hay compromiso con nadie, se muestra que se está trabajando para el pueblo de Guerrero”.
“Aunque en ocasiones pareciera que las cosas no marchan bien, estamos en el esfuerzo diario, en el esfuerzo coordinado de dar mejores condiciones de paz para la gente”.
En cuanto a si el crimen fue cometido debido a la detención de dos ex comisarios de Petaquillas, a los que se les vincula con Los Ardillos, dijo que “no podríamos decir, es una línea, es una de varias líneas de investigación, ya lo determinará la Fiscalía de acuerdo a los elementos que se estén allegando”.
Se le preguntó si habrá un reajuste en la estrategia de seguridad y comentó que “todo el tiempo estamos haciendo ajustes, tenemos un núcleo de trabajo pero hay estrategias que se van modificando”.
Del delegado de la FGR se le preguntó por qué no llevaba escoltas y dijo que así lo decidió él, “la Fiscalía General de la República tiene un vehículo blindado, pero era una decisión personal del doctor no usarlo, no es que no lo tuviera, o que no estuviera a su disposición”.
Confirmó que llegó al estado un grupo especial de investigación de la FGR para hacerse cargo del caso, “hubo una reunión con ellos, con la señora gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), donde se atendió puntualmente este tema, se les informó, se les proporcionó todo lo que el estado tiene”.
Ante la pregunta, consideró necesario que aumente el número de militares y guardias nacionales “en algunas zonas del estado… necesitamos mayor apoyo”.
En cuanto a la demanda del Instituto Nacional Electoral (INE), para que se garantice la seguridad para que pueda hacer sus labores, dijo que no se ha reunido con los funcionarios electorales, “lo que nos solicitó el delegado fue que en un momento él pudiera acudir a la Mesa de Seguridad y exponer las necesidades, en este momento no es necesario todavía, está en ciernes el proceso electoral”.
Como lo dijo en una consulta anterior, afirmó que se celebrarán las festividades en caso todos los municipios, excepto en Tierra Colorada y Chichihualco.
Se le preguntó si con los ataques a funcionarios no se pone en riesgo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y contestó: “vamos a trabajar, vamos a incrementar el número de elementos y vamos a estar atentos a todos los puntos en donde va a haber concentración de gente”.
Se le comentó que la Coparmex denunció el incremento de extorsiones a negocios en Acapulco y dijo que no conoce esa situación.
Las diputadas y diputados locales Flor Añorve Ocampo, Yanelly Hernández Martínez, Jennifer García Lucerna, Bernardo Ortega Jiménez, Patricia Doroteo Calderón; la presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, Leticia Mosso Hernández; la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Yoloczin Domínguez Serna; los coordinadores parlamentarios del PRI, Héctor Apreza Patrón, del PAN, Ana Lenis Reséndiz Peñaloza, del PRD, Raymundo García Gutiérrez; Osvaldo Ríos Manrique, Carlos Cruz López y Joaquin Badillo Escamilla, montan una guardia de honor en el busto de José María Morelos y Pavón, en la entrada al Congreso Local por el 210 aniversario del Primer Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación Foto:?Jesús Eduardo Guerrero
Daniel Velázquez
El asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, Fernando García Fernández, es una amenaza para las autoridades responsables de la seguridad pública en la entidad, opinaron los dirigentes de los partidos políticos.
Consultados por teléfono y por separado, todos los dirigentes partidistas coincidieron en que se trata de un hecho “lamentable” y que lo sucedido deja en evidencia lo vulnerables que están los ciudadanos, pues fue asesinado un funcionario federal.
La mañana del martes, en Chilpancingo, afuera de su casa en la colonia Cipatli, fue ejecutado el delegado de la FGR Fernando García. La dependencia implica al grupo delictivo Los Ardillos por las acciones que se han ejecutado contra ese grupo.
La FGR debe dar resultados pronto: Morena
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González, opinó “es un ataque directo a las instituciones y si se debe actuar conforme a la ley, que se le aplique todo el peso de la ley a los responsables. La Fiscalía General de la República tiene que hacer una investigación clara, pronta, expedita y que no sea un caso más, imagínense se están metiendo ya con las autoridades encargadas de la aplicación de la justicia y eso ya puede estar dando un mensaje de que están retando ya a las autoridades”.
“Hay situaciones que se nos salen de control, que nadie está exento de ser atacado por las personas que se dedican a estos temas de la delincuencia organizada, es un hecho muy lamentable, y muy lamentable también que una persona que se dedique a la aplicación de la justicia no haya traído seguridad personal, eso lo pone en una situación muy vulnerable”.
A pregunta expresa sobre si ese crimen es una amenaza a las autoridades responsables de la seguridad en el estado, González Varona dijo: “no lo tomemos así, pero debería tomarlo con mucha delicadeza y responsabilidad la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero”.
Urge replantear la seguridad: PRI
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Alejandro Bravo consideró que el asesinato debe ser el detonante “para que las corporaciones responsables de garantizar la seguridad volteen a ver hacia esos focos que tenemos en diferentes partes del estado”.
“Me preocupa mucho porque si este tipo de hechos delictivos alcanzan ese nivel, habrá qué imaginarse lo indefensos que se encuentran los ciudadanos”.
A pregunta sobre si ese hecho es un mensaje a las autoridades responsables de la seguridad pública, Bravo Abarca evitó posicionarse al respecto: “puede ser un mensaje o puede ser una venganza, no te sabría yo decir, es muy lamentable que se estén registrando este tipo de hechos y con tanta frecuencia”.
La federación debe voltear a ver a Guerrero: PRD
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida opinó “no sé qué más tiene que pasar para que la federación voltee a ver a Guerrero y que finalmente se haga un trabajo eficiente en el tema de seguridad”.
Recordó que la presencia de militares, marinos y Guardia Nacional no ha dado resultados porque los crímenes no cesan, y puso como ejemplo a Acapulco donde se “está recrudeciendo la violencia”.
“Es una estrategia fallida, desde el presidente de la República de ‘abrazos no balazos’, esas son las consecuencias de generar este tipo de estrategias donde no se combate de manera frontal al crimen organizado y al contrario se les van generando espacios para que sigan influyendo en la vida pública, social y política del estado y del país”.
Al gobierno estatal le
despreocupa la violencia: PAN
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Eloy Salmerón Díaz opinó que hablar de que el crimen del delegado de la Fiscalía es una amenaza a las autoridades de seguridad pública “es reiterativo”, y recordó lo sucedido con el fiscal regional de la Tierra Caliente Víctor Manuel Salas Cuadras el domingo 10 de septiembre, “cada día los delincuentes van escalando sus objetivos, cada día una jerarquía mas alta y eso demuestra que la autoridad está totalmente rebasada”.
Es un acto condenable que confirma que en Guerrero cada día es evidente la falta el estado de derecho es evidente y un estado fallido donde la autoridad, el gobierno del estado, no tienen ninguna preocupación, interés por garantizar la paz de los guerrerenses, lamentablemente sucede en todos los municipios del estado
El coordinador estatal de MC, Julián López Galeana sostuvo que el homicidio del delegado de la Fiscalía “es un claro ejemplo que en el estado de Guerrero se vive un estado de crisis en materia de seguridad y derechos humanos”.
Apoyo al INE
El vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, Donaciano Muñoz Loyola señaló que se han pospuesto actividades del Instituto en Tierra Caliente y la sierra de Costa Grande por los problemas de inseguridad que hay en esas regiones, y pidió ser escuchado en la mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Del PRI, Bravo Abarca consideró “acertado” que el INE pida participar en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, “¡qué bueno que lo hace!”. Adelantó que “en unos días mas” PRI, PAN y PRD van a presentar al gobierno del estado sus inquietudes sobre la inseguridad “refiriéndonos al proceso electoral”.
Del PRD, Catalán Bastida opinó que las autoridades federales y estatales deben mostrar interés en el proceso electoral y cuidar que los grupos del crimen organizado no intervengan en los resultados, “es algo muy delicado y no le han puesto la atención debida”.
De MC, López Galeana opinó que no es mala idea que el INE participe en las mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz porque ellos pueden compartir información de los problemas de inseguridad que enfrentan.
Del PAN, Salmerón Díaz indicó que el llamado del INE es una muestra que todas las autoridades conocen del problema de inseguridad en la entidad, pero las autoridades se niegan a cambiar su estrategia de seguridad “de abrazos” lo que no da certeza a la población en general.
Asistentes a la presentación del libro Mujer indómita, imagen y símbolo, Benita Galeana, en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, Yoloczin Domínguez Serna, lamentó la ejecución del delegado en Guerrero de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández.
Añadió que es importante que los representantes de partidos que conforman la Junta, vuelvan a revisar el llamado a comparecer a la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, o que la convoquen a una mesa de trabajo, para que les informe de las investigaciones de distintos hechos en la entidad.
Desde agosto, la presidenta del órgano de gobierno mencionaba esta posibilidad, luego que autoridades electas encabezaron bloqueos en diferentes puntos de Tierra Caliente por el acoso de grupos criminales; en mayo, por la difusión de un video de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con un presunto líder de narcotraficantes, y diversos ataques de alto impacto.
Consultada después de la presentación del libro Mujer indómita, imagen y símbolo, Benita Galeana, respondió que “por supuesto que vamos a tocar nuevamente el tema con la Jucopo, que es con los diputados que tenemos que ver el tema de las comparecencias, y de ser posible, llevarlo a cabo, y sino, pues en una mesa de trabajo para que nos pueda informar la situación que prevalece en el estado”. También expresó un voto de confianza a la institución.
Lamentó el crimen del delegado de la FGR, y añadió que esperaba que las instancias correspondientes informen cómo avanzan las investigaciones: “les damos esa confianza para que, por parte de la Fiscalía puedan informarnos sobre los lamentables hechos que ocurrieron hoy (martes)”.
Sobre la comparecencia, aclaró que no se ha desechado la idea, al contrario, pero dieron la oportunidad a la fiscal para avanzar en sus investigaciones.
Afirmó que es importante saber qué está realizando la Fiscalía en “las diferentes situaciones que se han presentado en el estado, pues sí, es importante que se mande a traer a la fiscal”.
De la amenaza que implica los asesinatos a funcionarios encargados de la impartición de justicia, en este caso del delegado federal, ayer, como del fiscal regional de Tierra Caliente de la FGE, Víctor Manuel Salas Cuadras, hace tres días, respondió que celebra que la fiscal, Sandra Luz Valdovinos haya manifestado que no se dejará intimidar, ya que es parte de su labor.
Añadió que espera, que en otro momento entregue cuentas claras, “estamos dando la oportunidad de que puedan ellos darnos resultados”.
Artículo 19 exhortó al gobierno de Guerrero, a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a otorgar medidas de atención por amenazas a periodistas en Iguala.
Mediante un comunicado de prensa, la organización defensora de la libertad de prensa con sede en Londres señaló que periodistas de Iguala recibieron amenazas de muertes de perfiles relacionados con grupos delictivos.
“Periodistas de la zona de Iguala, recibieron amenazas de muerte de parte de dos perfiles de la red social de Facebook Guerrero Libre CDS tlacos y Empresas Unidas de Guerrero, que públicamente se han ensañado en utilizar este tipo de publicaciones para generar incertidumbre y gozar de impunidad total”.
Debido a dichas amenazas, la organización exigió a la FGR una coordinación para las investigaciones correspondientes, mientras que al Mecanismo se le pidió contactar a los periodistas para hacer una evaluación de riesgos, mientras que al gobierno estatal se le pide que cumpla con su responsabilidad legal.
“Al gobierno del estado de Guerrero, que también realice las acciones correspondientes para atender a las víctimas, así como cumplir cabalmente con la responsabilidad que le confieren las leyes locales, nacionales y tratados internacionales”.
Señalaron que en Guerrero las autoridades locales han quedado exhibidas ante su posible colaboración con grupos de la delincuencia organizada, destacando que Iguala es un soporte para estos colectivos criminales.
“Las autoridades locales han sido evidenciadas ante el posible contubernio con múltiples grupos de la delincuencia organizada, que pululan por los destellos de la macrocriminalidad, en donde Iguala de la Independencia, ocupa un arista del entramado delincuencial que abarca los tres niveles del gobierno, por lo que gran parte de la sociedad de ese estado, se encuentran en el desamparo” indicaron.
Respecto a las amenazas en cuestión, precisaron que se publicaron en Facebook el 12 de junio pasado, después de que los periodistas difundieran información e investigaciones sobre el desempeño de las autoridades locales como obras y actividades públicas.
“La última amenaza data del día nueve de agosto de 2023, en donde de nueva cuenta enlista a varios periodistas de Iguala, lo inaudito y crudo es que las amenazas van adjuntas algunas fotografías, captura de pantallas y mensajes intimidantes en cualquier horario y colocar supuestamente su ubicación”.
Recordaron el asesinato del locutor Pablo Salgado en Iguala en junio, así como el homicidio del director del portal Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña, en Acapulco durante julio, asegurando que las autoridades se han visto “inoperantes” ante estos casos.
“El grado de riesgo para realizar el trabajo periodístico n el estado de Guerrero, provoca que se corra el riesgo de tener zonas de silencio, ante el desplazamiento inminente, por el hostigamiento de la delincuencia organizada, las ausencias de las autoridades y la corrupción”, manifestaron.
Destacaron que debido a la falta de transparencia en los gastos de aspirantes a cargos públicos que demandan los intereses de un sector en el estado, lo que complica el ejercicio de labores periodísticas.
“La grave situación de inseguridad y derroche de la publicidad en las pre elecciones, establece una agenda política, dentro de la cual no hay manera eficaz de transparentar los gastos de precandidatos y sus seguidores, dejando un amplo margen para el derroche de recursos económicos que interpelan intereses de las cúpulas caciquiles del estado de Guerrero, lo que desgraciadamente es un detrimento para el gremio periodístico, ante el ejercicio de su labor”.
En tanto que afirmaron que el Mecanismo de Protección actuó con “opacidad” indicando que periodistas han recibido invitaciones para la revisión de las medidas, pero que han sido cambiadas sin explicación alguna.
“Señalamos que corresponde a los tres niveles de gobierno, el cumplir con el abanico de obligaciones que las leyes nacionales y tratados internacionales les embiste y generar las condiciones necesarias para el libre ejercicio del periodismo” determinaron.
Agregaron que en los últimos tres años, se han documentado 104 hechos de agresión a periodistas, en los que no se han dado a conocer mayores datos, además de existir cien por ciento de impunidad en los casos de periodistas desaparecidos, señalando que es una constante.
La presidenta municipal de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martí-nez en la conferencia de prensa Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La escalada de violencia que se vive en Chilpancingo la provocan “poderes facticos”, que ven trastocados sus intereses, declaró este lunes en su conferencia de prensa la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.
Aclaró que estos delitos son del fuero federal y que los reporteros deberían canalizar sus preguntas a la Fiscalía General de la República (PGR), si quieren saber lo que está pasando.
En tanto, la secretaria de Seguridad Pública Municipal, Martha Icela Velázquez Adame, respondió que la violencia es provocada por “temas más profundos”, que son autoridades “de otro nivel” las que en su momento tendrán que investigar.
De forma simultánea, cuando daba inicio la conferencia de prensa de los lunes, hombres armados prendían fuego a una urvan de la ruta Mercado-Los Ángeles en su base de esa colonia, al oriente de la ciudad, en donde tres choferes fueron abatidos a tiros. Minutos después, un comensal también fue asesinado en una fonda cercana.
A pregunta sobre el asunto, y en general sobre la violencia que aumenta en Chilpancingo, la alcaldesa Hernández Martínez, sin asomo de preocupación en el rostro, argumentó: “Uno de los problemas graves que tienen los gobiernos actuales ha sido la corrupción y hemos dado pasos agigantados en el tema de la recaudación. Esto trastoca intereses de los poderes fácticos, que están vivos y contra los que luchamos todos los días”.
Habló divagando, como es su costumbre, acerca de que va a coordinar un trabajo conjunto para construir la paz, con instituciones, sectores sociales y medios de comunicación, “que son fundamentales, por su papel educativo y son puente de paz”, así como que convocará a la sociedad para que haga su papel.
“Estamos coadyuvando con la seguridad. Creo que por primera vez, desde 2018, no había una coordinación, no había una mesa de seguridad. Hoy hay una mesa que se centra y trabaja en lo que a cada quien le corresponde”.
Enseguida, reconoció: “Lamento mucho lo que está sucediendo, pero no vamos a claudicar en lo que nos toca hacer. Por eso salimos todos los días a la calle, a generar la confianza, la seguridad, empoderarnos de nuestros espacios”, dijo la alcaldesa, quien en los últimos días se le ha visto en los eventos a los que se presenta fuertemente resguardada por militares y policías.
Dijo que “Chilpancingo es del pueblo y solamente nosotros, hombres y mujeres decididos, y servidores públicos, vamos a reconstruir el tejido social y a recuperar la paz, con todas y todos”.
Otro reportero insistió en que explicara mejor el problema de la violencia en Chilpancingo y le preguntó si se siente segura, “porque la mayoría de los chilpancingueños no, de acuerdo a una encuesta del Inegi”.
Dijo que no le toca, como gobierno municipal, atender los delitos del fuero federal, “no es un tema que a mí me toca emitir opiniones, de cuestiones que son delitos federales. Es a la Fiscalía General de la República (FGR) y creo que a esa parte (a la FGR) tendría que remitir sus preguntas”.
Explicó que ese tipo de delitos son de otra índole, “no está sucediendo en mi municipio nada más, está sucediendo en distintos lugares y eso no me corresponde. Cómo voy a hablar sobre algo que yo no tengo información, eso tiene que decirlo la Fiscalía”.
Añadió que los datos del Inegi son una percepción sobre la inseguridad, pero que en 2022 bajaron los índices delictivos, “y hoy, sí quiero reconocer que se dispararon, por supuesto. Por eso estamos trabajando, para garantizar la seguridad, en cada evento que sucede del fuero federal Norma Otilia no está escondida, está trabajando todos los días”, aseguró.
Adelantó que está planeando convocar a una marcha por la paz, la conciliación y la unidad, “un frente común, donde cada uno asuma lo que le toca hacer, dentro de ellos hablamos de todos los sectores de la sociedad”.
Antes, la secretaria de Seguridad, Velázquez Adame, explicó que la violencia en Chilpancingo proviene de “temas más profundos, donde son autoridades de otro nivel las que en su momento tendrán que investigar”.
“Sabemos de algunas situaciones que han surgido, pero estamos en espera de que haya algún resultado sobre estas investigaciones, de los hechos que se han suscitado en la ciudad”.
La presidenta municipal también se sumó al llamado para que cese la violencia política en razón de género en contra la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que pidieron mujeres morenistas el domingo, “no sólo de ella, sino de muchas compañeras que han sufrido violencia”, dijo.
Agregó: “Consideramos que toda esta lucha de las mujeres ha sido muy difícil y hoy es un tema de sororidad, de solidaridad, de templanza, de fortaleza y tenemos que sumar esfuerzos todas las mujeres”.
La alcalesa de Morena le restó importancia a que las militantes de su partido, que se solidarizaron con la gobernadora, no lo hayan hecho con ella durante la conferencia de prensa del domingo.
“Hay algo, yo no soy de fobias ni filias partidistas. Yo hago un llamado respetuoso a compañeras y a sectores sociales y políticos, para que seamos ejemplo de sororidad, que nuestra lucha y fortaleza sea en la unidad”.
Llamó a no caer en discursos de odio y también se manifestó en contra de la violencia cibernética, “porque muchas veces a través de una computadora quieren desestabilizar a un gobierno o denigrar a una persona, a su familia y a su vida personal”.
