Efectivos de la Guardia Nacional resguardan el taxi azul con blanco donde fue herido su chofer, ayer por la tarde a unos metros del mercado de la colonia 20 de Noviembre, casi enfrente de La Cima Foto: Jacob Morales Antonio
Ramón Gracida Gómez
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron la semana pasada una búsqueda de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, y llevarán a cabo otra la semana próxima porque el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) atrajo el caso y “está detrás de ellos”, dijo la madre de la víctima, Socorro Gil Guzmán.
Vía telefónica, informó que durante la jornada, cuyo inicio fue el 7 de julio y el final el día 11, no hubo resultados positivos y los integrantes de la CNB pasaron el tiempo “trabajando con su georradar, no hacen otra cosa más que usar su aparato y los que descartamos puntos fuimos las familias”.
“Yo no le tengo mucha confianza a ese aparato, pero ellos así se la pasan trabajando con el georrradar”.
Fueron dos puntos donde se desarrollaron las acciones de búsqueda: una en la colonia Panorámica, y otra en el poblado de Carabalí, donde en septiembre de 2023 la colectiva Memoria, Verdad y Justicia impulsó el hallazgo de 17 cuerpos.
“No habíamos vuelto a subir, ya no habíamos nosotros descartado, entonces volvimos a subir a descartar algunos puntos que teníamos pues curiosidad o preocupación de ese lugar”.
Gil Guzmán recalcó el trámite de casi dos años de solicitud de búsqueda de su hijo en Carabalí y la planeación de medio año para su realización con la participación federal con la presencia de la CNB y la FGR.
Dijo que le da lo mismo si es la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) o la CNB que participen en la búsqueda de su hijo, lo importante es realizarla, “pero aquí entró la Comisión Nacional porque nosotras logramos que la ONU atrajera nuestra carpeta, por eso están trabajando la Comisión Nacional y la Fiscalía General en las búsquedas”.
“La ONU es como quien está detrás de ellos, no porque de verdad realmente ellos me hubieran dado la búsqueda”.
Gil Guzmán tendrá hoy a la una de la tarde una reunión con integrantes de la CNB en Chilpancingo a raíz de una carta que le escribió la colectiva de familiares de desaparecidos que encabeza, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el próximo lunes inicia una nueva jornada.
“Que realmente la Comisión nos busque o que la Comisión nos dé búsqueda, yo de mi parte no les aplaudo ni les agradezco nada porque no lo hacen”, expuso sin dejar de explicitar las diferencias que ha notado en relación a búsquedas pasadas.
“He visto trabajos, he visto que han hecho un poco más como de investigaciones, han estado investigando”.
Además del caso de Jhonatan Guadalupe, detenido-desaparecido el 5 de agosto de 2018 por policías municipales en las inmediaciones de la cancha la CROM de la avenida Costera, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió la petición de acción urgente por Daniel Ruano Colón, visto por última vez en Petatlán el 17 de mayo de 2024, como lo informó El Sur el 12 de junio pasado.
En la búsqueda de la semana pasada, las integrantes de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia estuvieron acompañadas por familiares de desaparecidos de otros estados.
Familiares de Marco Antonio Suástegui Muñoz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), piden que la investigación del asesinato del defensor sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) “ante la manifiesta dilación de las autoridades de Guerrero” a dos meses del crimen.
En un comunicado emitido ayer que se cumplió un bimestre de la muerte del vocero del Cecop, exigen que la FGR “lleve a cabo todas las investigaciones ubicando a la brevedad a los responsables a fin de evitar que pase el tiempo y las evidencias sean destruidas o que los responsables evadan la acción de la justicia”.
Señalan que “el caso sigue en la total impunidad” porque la Fiscalía General del Estado (FGE) “se encuentra pasmada ante el crimen contra el defensor ambiental. Se limitó a realizar las primeras diligencias a que por ley está obligada, pero fuera de ahí no presenta ningún avance”.
El atentado a balazos contra el defensor ocurrió el 18 de abril en un acceso a la playa Icacos, “a plena luz del día ante decenas de testigos, un lugar público con afluencia de turistas y prestadores de este tipo de servicios, con grandes hoteles ubicados en el lugar”, recuerdan los firmantes.
“Es inconcebible que, a la fecha, no haya entrevistado a los compañeros de trabajo de Marco Antonio que estaban en la playa y que seguramente vieron como era agredido, las autoridades tienen un padrón de estas personas y pueden ser llamadas para que rindan entrevista, lo mismo con los dueños de hoteles, deben ser citados para verificar si tienen cámaras desde las cuales se pudo ver el atentado contra el defensor del medio ambiente”.
Las autoridades estatales, dicen familiares de la víctima y las organizaciones sociales, “demuestran su desprecio contra un gran defensor del medio ambiente. Su arrogancia y desfachatez no tienen límites. Ignoran que están sentando un precedente negativo que será tomado en cuenta cuando el caso vaya a instancias internacionales por la impunidad que se vislumbra”.
Las autoridades esperan que los familiares señalen a algún sospechoso o aporten elementos, “invirtiendo la carga de la investigación a las víctimas, haciendo cargar sobre sus hombros el peso del riesgo de los actores armados que atentaron contra el defensor y que pueden volver agredir a los familiares que declaren, máxime cuando la Fiscalía ni el gobierno del estado han brindado medidas de protección ni creado un entorno seguro”.
En el comunicado, el Cecop, familiares de Suástegui Muñoz y Tlachinollan, afirman que “existen varios datos de prueba que la Fiscalía puede conseguir, sin embargo, esta institución se ha cruzado de brazos, incurriendo en omisión y negligencia”.
Arremeten contra el gobierno del estado, al que “no le importa que el caso de Marco Antonio haya recibido una condena unánime. Cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos a nivel nacional e internacional condenaron el homicidio del defensor del medio ambiente”.
Destacan los pronunciamientos de justicia por parte la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y varias Relatorías temáticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“No permitiremos que el caso del líder del CECOP Marco Antonio Suástegui quede en la impunidad. El olvido al que las autoridades le apuestan será superado por nuestra enérgica protesta y exigencia de verdad y justicia”, aseveran sus familiares y organizaciones sociales.
La Fiscalía General de la República informó que mediante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, se obtuvo la vinculación a proceso contra Marco Antonio Rodríguez Jacinto, El Panadero, presunto líder de una célula del Cártel Independiente de Acapulco (Cida) detenido el mes pasado en el poblado de La Venta.
En un comunicado emitido ayer, recordó la operación conjunta realizada “en días pasados” para detener a Marco “R” por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Afirmó que posteriormente, el Ministerio Público Federal reunió los datos de prueba suficientes y los presentó al juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Guerrero, para obtener la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria.
Confirmó que en el arresto se le aseguraron dinero en efectivo, cocaína, un arma de fuego, cartuchos, cargadores, una granada, nueve teléfonos celulares, entre otros objetos.
El 28 de diciembre, en una publicación en la red social X, sobre la detención del presunto líder criminal, otro hombre y dos mujeres, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que El Panadero fue identificado como líder de una célula generadora de violencia en la zona (dedicada a cometer homicidios, secuestros, robo de vehículos, extorsión, cobro de cuotas), además de contar con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.
En un comunicado conjunto de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y la FGR, se detalló que las detenciones se realizaron como resultado de denuncias ciudadanas que indicaban que dos domicilios eran utilizados para almacenar y distribuir droga.
En otro comunicado se reportó la detención de dos hombres más, miembros de la célula delictiva del Cida que encabezaba El Panadero, quienes viajaban en un vehículo, portaban un arma de fuego larga, y que se les aseguraron, además de éstos, tres cargadores y más de 50 cartuchos útiles, y por separado, la Fiscalía General del Estado destacó que “se han detenido a más de 26 generadores de violencia” del Cida.
Un sujeto identificado como agente de la Fiscalía General de la República (FGR) fue detenido el pasado domingo en Acapulco por militares con cuatro kilos de metanfetamina, valuada en el mercado negro en hasta un millón de pesos, informó este martes el Gabinete de Seguridad federal.
El policía ministerial portaba además un arma corta y cartuchos.
“Le aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos, cuatro kilos de metanfetamina y dos identificaciones. El costo por la droga asegurada es de 1.1 millones de pesos”, especificó el gabinete en su informe diario.
El sujeto transportaba la droga sintética en su auto cuando fue interceptado por efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN).
En el Registro Nacional de Detenciones el agente fue identificado como Óscar Rosalino Morales y/o Oscar Rosaliano Morales.
De acuerdo con la ficha, el sujeto fue detenido el pasado 29 de diciembre a las 22:36 horas en la carretera Acapulco-Pinotepa, cerca de una gasolinería, en el puerto.
Niega regidor que la detenida con El Panadero sea su empleada o esté en el Ayuntamiento
El regidor postulado por el Partido Encuentro Solidario, Jose Ángel Mejía, respondió que la joven detenida en el poblado La Venta, junto al líder del Cártel Independiente de Acapulco, Marco Antonio Rodríguez, El Panadero, no es su empleada y no está en la nómina del Ayuntamiento.
En breves declaraciones el martes después del arribo del crucero Azamara Onward, en la terminal Marítima de Acapulco, declaró que “la señorita que mencionan no está en la nómina del Ayuntamiento ni tampoco está en la nómina que tengo yo como regidor”, como indicaron fuentes del Ayuntamiento a El Sur.
“La verdad es totalmente falso lo que manifiestan, de que conozco a la persona, como conozco a muchas personas en Acapulco que nos han acompañado en campaña y que hemos trabajado en campaña, pero conozco ciertos límites…no conoces lo que hacen ellos en sus tiempos libres y no conoces lo que hacen las personas en su vida personal”, dijo.
El regidor mencionó que no es responsable de las decisiones y acciones que lleven a cabo las personas, “de lo que sí soy responsable es de trabajar por Acapulco y ahorita estamos aquí esperando al turismo internacional”. (Aurora Harri-son).
Una mujer fue encontrada ejecutada a balazos en los límites del poblado de El Pedregoso, en la zona poniente de Acapulco.
El hallazgo fue reportado ayer al mediodía una brecha, a 70 metros de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de los campos de futbol Aguirre, indica el expediente ministerial.
Mediante una llamada de emergencia, agentes fueron alertados de un cuerpo tendido en una huerta de mangos.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco encontraron a una mujer con visibles impactos de arma de fuego en la cabeza.
El hecho violento generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno, encabezado por la Guardia Nacional.
El Ministerio Público sector Jardín abrió una carpeta de investigación por el crimen.
Después de las diligencias, el cadáver en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Semefo.
Con este caso suman 14 muertos en Acapulco en lo que va del mes, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un recuento de El Sur. (Redacción).
La presidenta del colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos, Sandra Luz Román Jaimes denunció que la diligencia de búsqueda de fosas de la semana pasada se canceló en su totalidad por la inconformidad de los colectivos ante la falta de garantías de seguridad por parte del gobierno federal, al enviar a sólo seis efectivos de la Policía Estatal para resguardar a más de 50 activistas.
El martes de la semana pasada, la directora y vocera de la asociación Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz, informó que como colectivo acordaron rechazar participar en esta diligencia programada del 1 al 5 de abril con la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la falta de garantías de seguridad, pues habían asignado escasos agentes para resguardar a los grupos de búsqueda de los cuatro colectivos de Iguala que desde el año pasado hacen búsqueda de fosas de manera conjunta.
De acuerdo con la información que se tenía, los otros colectivos sí habían aceptado participar en la diligencia, sin embargo, en declaraciones ofrecidas por teléfono ayer, la activista Sandra Luz Román informó que toda la diligencia se canceló por falta de seguridad.
Denunció que las búsquedas de fosas y la seguridad enviada a los integrantes de los colectivos es un problema no sólo de Guerrero sino a nivel nacional, debido a que los peritos forenses con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR) están asignados a los trabajos de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La activista denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador está “revictimizando” a las familias de los desaparecidos al negarles las búsquedas y no darles garantías de seguridad, más en zonas de alto riesgo como son Iguala y Taxco.
Criticó que en el cierre del sexenio “todo está enfocado en el caso Ayotzinapa, y todo lo que no hizo el presidente en su sexenio lo quiere hacer ya para salir, por lo que nos están revictimizando y nos están negando las búsquedas”.
Hizo un llamado al Ejecutivo federal a que les facilite las búsquedas y les garantice la seguridad, “que le corte un poquito allá (Ayotzinapa) porque también nosotros queremos saber de nuestros familiares”.
Román Jaimes explicó que para la búsqueda de la semana pasada sólo les enviaron seis efectivos de la Policía Estatal para resguardar a más de 50 activistas que subirían a la búsqueda de fosas en Mexcaltepec, Taxco. Mencionó que fueron a solicitar apoyo al 27 Batallón de Infantería, pero se los negaron, y les dijeron que todo está enfocado en Ayotzinapa.
Consideró que la falta de garantías de seguridad para hacer las búsquedas de sus hijos es revictimizante, “aquí no nada más son los 43, sino también los nuestros que los queremos de regreso y queremos búsquedas”.
La diligencia de la semana pasada era la primera de este año de los colectivos de Iguala, que estratégicamente la FGR definió desde marzo de 2023 que éstas se hagan de manera conjunta, y no de manera independiente como se hacía antes.
Román Jaimes estimó que debido a las elecciones de junio, la próxima temporada de lluvias que impide hacer búsquedas y excavaciones, así como el cambio de gobierno, la siguiente búsqueda con la FGR podría ser hasta 2025.
Desde marzo de 2023 que se iniciaron las búsquedas colectivas entre las organizaciones de Iguala en coordinación con la FGR, las diligencias se han realizado en el cerro de Las Antenas de la comunidad de Mexcaltepec, Taxco, en la misma zona donde en febrero de 2014 hubo hallazgos masivos de 25 cuerpos.
En las diligencias del último año no han sido localizadas osamentas completas, sólo algunos huesos y fragmentos, en fosas que fueron procesadas por la Fiscalía del estado en la diligencia de hace una década, en exhumaciones que habrían sido mal practicadas.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que impugnará la resolución del juez José Rivas González que concedió el cambio de prisión preventiva por prisión domiciliaria al ex procurador Jesús Murillo Karam, por su presunta participación en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía anunció la impugnación y además señaló que presentarán una inconformidad ante el Consejo de la Judicatura Federal, para los aspectos administrativos que resulten aplicables.
“La Fiscalía General de la República, impugnará de inmediato esta resolución ante la segunda instancia y presentará la queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, para los aspectos administrativos que sean aplicables”, anunció el organismo.
La dependencia estableció que la audiencia fue notificada con menos de dos horas y media de anticipación, además de señalar que fue antes de un día considerado como feriado y un periodo inhábil.
“El pasado 1° de noviembre y horas antes de un día feriado y de un puente vacacional, la Fiscalía General de la República (FGR), fue notificada por el juez de Distrito José Rivas González, para llevar a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares de Jesús M, dándonos menos de dos horas y media de tiempo para realizar los trámites correspondientes”, informó la FGR en un boletín.
Añadió que la FGR aportó distintas pruebas con el objeto de mostrar la gravedad de los delitos por los cuales se le imputa a Murillo Karam, además del impacto que puede tener una determinación.
“En dicha diligencia, la FGR aportó 10 imputaciones directas, 69 testimoniales , 29 dictámenes periciales, 65 documentales y más de 100 videograbaciones y pruebas demostrativas, así como el análisis de riesgo procesal emitido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), con objeto de demostrar la gravedad singular de los delitos por los que se está procesando a esa persona, así como el impacto en este caso, que puede devenir por una determinación que cuestiona la magnitud de los ilícitos ya señalados”, puntualizaron.
Indicó que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante de las víctimas de y los padres, apoyó la petición de no cambiar la medida cautelar en cuestión.
“El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante de las víctimas y sus padres, se adhirió al criterio de la Fiscalía, apoyando la petición de no variar la medida cautelar del procesado; ya que los delitos por los que se acusa a dicha personas y otras más, en contra de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, es uno de los crímenes más violentos, desmesurados y brutales en contra de víctimas indefensas, que se haya conocido en nuestro país en los últimos años”.
La Fiscalía mencionó que a pesar del cambio de medias cautelares de Murillo Karam, no puede estar en libertad debido a que cuenta con otro juicio pendiente, además de que no existía una causal grave de enfermedad del procesado.
“A pesar de todos los datos, de todos los apoyos del Ministerio Público y de las víctimas y sin que hubiera una causal grave de enfermedad que afectara en forma urgente e inmediata al procesado, ni una desatención médica al respecto, el juez dictó el cambio de medidas cautelares que, por el momento, no permiten la libertad de dicha persona, en razón de otro juicio pendiente”, aclaró.
El 3 de noviembre se informó que un juez concedió la prisión domiciliaria a Murillo Karam debido a motivos de salud, pero continuará el proceso por delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas y continuará en la Torre Médica del Penal de Tepepan.
El pasado 4 de noviembre, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión del Poder Judicial, afirmando que se trató de un sabadazo, por la premura en la que se citó la audiencia.
“Fue muy raro porque se suponía que no había servicio, estaban cerrados los juzgados, incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado, o sea un clásico sabadazo y tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación”, declaró López Obrador.
El comandante de la 27 Zona Militar, Martín Gerardo Franco, la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández, el diputado local Carlos Cruz López, la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el fiscal especializado de Control Regional de la FGR,Germán Adolfo Castillo, el consejero jurídico del poder Ejecutivo de Guerrero, Jorge Salgado Parra, el fiscal general de Justicia Militar, Alejandro Ramos, el comandante de la 16 Zona Naval, Héctor Rafael Solís y el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, en los honores a la bandera en la inauguración de la segunda sesión ordinaria 2023 de zona sureste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar
Zihuatanejo
Este viernes se llevó a cabo en Ixtapa la segunda sesión ordinaria 2023 de la zona sureste, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que el fiscal especializado de Control Regional, de la Fiscalía General de la República (FGR), Germán Adolfo Castillo Banuet, informó que en 2022 los delitos del fuero común más recurrentes en esta zona fueron fraude, robo o asalto y la extorsión, mientras que en ámbito federal fueron los delitos patrimoniales.
La segunda sesión ordinaria se llevó a cabo en el centro de convenciones del hotel Azul, en la zona hotelera II de Ixtapa, donde la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, fue la anfitriona de sus pares de los estados de Veracruz, Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Michoacán y Estado de México.
El fiscal especializado de Control Regional de la FGR, Germán Adolfo Castillo Banuet, estuvo en esta reunión, representando al titular de esta institución, Alejandro Gertz Manero, quien es el presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Castillo Banuet, en su mensaje durante el acto inaugural, mencionó algunos datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, dada a conocer en septiembre de este año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), respecto de los cambios que se dieron de 2021 a 2022 en la percepción ciudadana de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Dijo que en 2022, el porcentaje de la población que percibe inseguridad en su entidad subió ligeramente, de 78.8 por ciento a 79.4 por ciento, “lo cual nos compromete a trabajar más arduamente para reducir esa cifra”, al tiempo que agregó que el porcentaje de delitos denunciados aumentó de 10.1 por ciento a 10.9 por ciento, “con lo cual la cifra negra, según esta encuesta, es del 89.1 por ciento, ligeramente inferior al periodo anterior”.
Señaló que “en 2022, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 319 mil millones de pesos, es decir, 1.08 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que equivale a un promedio de 8 mil 192 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito, por eso tenemos que seguirnos coordinando todas las instituciones del estado mexicano para abatir estas consecuencias”.
Luego, dijo que en ese mismo año, según la Envipe, “se cometieron 26.8 millones de delitos asociados a 21.1 millones de víctimas, esto representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima; la incidencia delictiva es mayor en hombres para la mayoría de los delitos, no obstante, en los delitos sexuales las mujeres son más vulneradas, al contabilizarse 11 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres”.
Castillo Banuet destacó que los delitos más recurrentes en el fuero común fueron el fraude, el robo o asalto en calle o transporte público y la extorsión, y que el robo total o parcial de vehículo ocupó el quinto lugar.
“Por ello, esta conferencia está trabajando en la actualización del convenio de colaboración para el intercambio de información sobre vehículos robados firmado en el año 2018, con la intención de contar con un instrumento que establezca mecanismos de colaboración y coordinación entre las instituciones de procuración de justicia, para fortalecer de manera permanente el suministro, intercambio y operación de los datos e información sobre vehículos robados en el Sistema Informático Nacional Interoperable, para su localización, recuperación y devolución”.
Más adelante, apuntó que en lo que se refiere a los casos de delitos federales en esta zona sureste de la conferencia, del periodo de enero de 2019 a febrero de 2023 “la incidencia delictiva es el 25 por ciento, con 15 mil 001 casos de delitos patrimoniales; 15 por ciento, con 8 mil 728 casos violación a la ley federal de Armas de fuego y Explosivo; el 12 por ciento, 7 mil 17 casos de violación a la ley de Vías Generales de Comunicación; 10 por ciento, con 5 mil 632 casos de delitos en materia de hidrocarburos; el 5 por ciento, con 2 mil 884 delitos contra la Salud y 4 por ciento con 2 mil 619 casos de violación a la ley de Migración”.
“Por ello, la Fiscalía General de la República, del total de las carpetas iniciadas en este periodo (319 mil 393) a nivel nacional, el 21 por ciento (66 mil 567) corresponde a esta zona de la conferencia, de las cuales, 12 mil 274 fueron con detenido, judicializando 5 mil 440 carpetas, que corresponde al 44 por ciento, vinculando a proceso 7 mil 640 carpetas de investigación, correspondiente a 11 mil 405 imputados, y 6 mil 747 sentenciados (6 mil 392 de ellos en procedimiento abreviado y 210 en juicio), para lo cual, en muchos casos ha contado con la colaboración y apoyo de las fiscalías estatales y las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales. A todas ellas nuestro agradecimiento”.
Contra la supresión de la prisión preventiva
Más adelante, Castillo Banuet señaló que ya entrando en materia de esta Conferencia Nacional y que “debido a las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que han resuelto inconvencional la prisión preventiva oficiosa, y que las personas juzgadoras federales están aplicando con criterios dispares, pero sobre todo en el juicio de amparo, las fiscalías estamos fortaleciendo nuestras acciones para lograr la prisión preventiva en los procesos penales, mediante la capacitación y formación continua de los agentes del Ministerio Público”.
También con “la adopción de mejores estrategias de investigación del riesgo procesal para acreditar la necesidad de cautela de los imputados, así como en la aplicación de las destrezas de litigación, para justificar esta medida cautelar, especialmente cuando los jueces se nieguen a otorgarla de manera oficiosa y sea evidente que es necesaria y proporcional”.
“Sin dejar de impulsar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el debido cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los expedientes 1 y 3 de 2003 aperturados para tal fin, a fin de evitar los excesos en que están incurriendo los juzgadores, insisto, especialmente los de amparo que otorgan la suspensión provisional con efectos restitutorios que implican, de inicio, suprimir la prisión preventiva, cuando ese tema es el fondo del juicio de amparo, y están dejando en libertad a cientos de procesados e incluso sentenciados cuya condena aun no queda firme”.
Continuó: “En ese sentido, es importante que el Pleno de la Región Centro Sur del Poder Judicial de la Federación emitió un criterio que ratifica la supremacía constitucional y que entra en colisión con el previamente emitido por el Pleno de la Región Centro Norte, y que será materia de una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le haremos llegar la postura de esta conferencia”.
“Sabemos que, como la tendencia es suprimir la prisión preventiva, resulta necesario promover la adopción de sistemas efectivos de control de los imputados que llevan su proceso en libertad y evitar que se evadan de la justicia, a través de pugnar porque las unidades de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, dependientes en su mayoría de los poderes ejecutivos, posean los recursos suficientes y realicen eficazmente su función de asegurar el cumplimiento de las mismas”.
Indicó que este tema requiere que la federación y las entidades federativas “inviertan en la generación de sistemas estatales de monitoreo electrónico que permitan tener supervisados a los procesados en libertad, pues hoy está siendo un negocio cooptado por empresas particulares, no siempre éticas y profesionales”.
“Otra área de oportunidad para un debido proceso es contar con mecanismos eficientes de protección de testigos de la acusación, ya que el sistema acusatorio requiere forzosamente la declaración de éstos en la audiencia del juicio oral y que lo hagan de manera eficiente para lograr la condena, y una constante en las instituciones de procuración de justicia es la carencia de estas unidades y mecanismos”.
Apuntó que en esta sesión, “la FGR abordará las mejoras a la cooperación de las fiscalías para evitar fallos judiciales desfavorables en asuntos trabajados por dos o más instituciones, ante los criterios judiciales cada día más exigentes para el Ministerio Público y más favorables para las defensas”.
Luego, hizo un reconocimiento a la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, “quien ha obtenido recientemente sentencias favorables en casos relacionados con delitos graves que afectan a la sociedad guerrerense, así como por su compromiso con la investigación y persecución de los delitos y por la coordinación que hemos logrado”.
Enseguida aseveró: “Tengo la certeza de que quienes participamos en esta sesión nos esforzaremos para generar acciones concretas en favor de la procuración de justicia y que día a día daremos mejores resultados a las víctimas y la sociedad”.
“Finalmente, quiero expresar mis más sentidas condolencias a familiares, colegas y amigos del licenciado Fernando García Fernández, ex delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Guerrero, así como del teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadras, ex fiscal regional de Tierra Caliente, quienes en fechas recientes fueron asesinados por grupos delictivos”.
Apuntó que “las instituciones de procuración de justicia lamentamos estos cobardes ataques, y nos comprometemos a esclarecer los hechos y perseguir a los responsables hasta que reciban el castigo que la ley establece”, y pidió para ellos un minuto de aplausos.
“Somos mayoría los que pretendemos el bienestar social”: fiscal
Por su parte, en su breve mensaje de bienvenida a los ahí presentes de menos de tres minutos, la fiscal Sandra Luz Valdovinos, agradeció “a Dios por la oportunidad de reunirnos en este magno evento, para materializar la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia de la zona sureste”.
“Hoy nos honran con su presencia en este auditorio y es para mí un honor y regocijo recibir a cada una y uno de ustedes en este hermoso y paradisiaco lugar del triángulo del sol, Ixtapa-Zihuatanejo, parte de nuestro estado de Guerrero, por lo que en este centro de convenciones se convertirá hoy en un recinto de encuentro entre colegas y expertos en un marco de cordialidad, camaradería y espíritu para la reconstrucción nacional”.
Prosiguió: “Abordaremos temas de importancia para la prosperidad y la armonía de nuestro México, somos mayoría los que pretendemos el bienestar social como servidores públicos, ya que tenemos una gran responsabilidad con la sociedad mexicana que se encuentra ansiosa de la seguridad y la procuración de justicia”.
Acompañaron en el presídium a la fiscal Sandra Luz Valdovinos y al fiscal especializado de Control Regional de la FGR, Germán Adolfo Castillo Banuet; el diputado local, Carlos Cruz López; el consejero jurídico del Poder Ejecutivo en Guerrero, Jorge Salgado Parra, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Gladans.
También el fiscal general de Justicia Militar, Alejandro Ramos Flores; el comandante de la 27a Zona Militar, Martín Gerardo Franco; el comandante de la 16 Zona Naval, Héctor Rafael Solís Hernández y el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec.
La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que ya recibió la notificación de la queja que presentó un particular en su contra ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, pero que tiene los argumentos necesarios para revertirla.
Asimismo, dijo que en la reunión privada con militantes que encabezó la coordinadora nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum el miércoles de la semana pasada, pudo platicar con ella y “le pedí que confíe en mí”.
“Esto es lo que se vive en Morena en sus órganos internos”, dijo de la denuncia en donde se le señala de ir contra los principios del partido, y agregó que ha tenido quejas ante ese órgano “al por mayor”, pero que como todos, tiene el derecho de defenderse.
En la queja se le señala de actuaciones indebidas contra su partido por su reunión con el jefe de un grupo delictivo y la violencia que se generó en Chilpancingo después de un mensaje que le dejaron junto con siete cuerpos el 24 de junio frente a la iglesia del barrio de San Mateo.
En este caso, dijo que no se le ha comprobado nada, ni le han iniciado ninguna carpeta de investigación, “en efecto yo fui entrevistada (en la Fiscalía General de la República), pero no se me ha iniciado ningún proceso judicial”, y añadió que a diferencia de otros alcaldes que sabe que están amparados, ella no tiene ninguno.
Reiteró que hubo gente que pensó que iba a salir huyendo o se iba a debilitar, “pero gracias al trabajo honesto, transparente y de rendición de cuentas, hoy el pueblo me ha fortalecido más”.
La presidenta municipal dijo que tener denuncias es parte de la vida diaria de quienes tienen cargos, “imagínese como presidenta municipal tengo más de 700 procesos”
Añadió que algunos de ellos son de miembros de su propio partido “y los he ganado porque cuando tenemos la razón simplemente hay que demostrarlo, entonces sólo hay que esperar, yo tengo los argumentos necesarios para revertir esta denuncia”.
Lo que le dijo a Sheinbaum
La alcaldesa se refirió en su conferencia de prensa a su asistencia a la freunión privada con militantes de Morena que en su reciente visita a Chilpancingo encabezó la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en el hotel Holiday Inn.
Afirmó que platicó con ella y “le dije que estoy contenta que fuera ella la coordinadora y que sé del gran trabajo y el desafío que va a encontrar y que estará a la altura de lo que exige México”.
Aseguró que no hubo ningún asunto privado que le haya planteado, sino que fue más una plática de cortesía política.
Pero en una pregunta posterior, Hernández Martínez, añadió que “lo único que le dije que confiera en mí, que estamos más fuertes que nunca”.
Creo que uno como político lo sabe, no necesita que alguien le diga o que le esté informando, creo que en esta sintonía muchos dicen miles de cosas pero mantener los hechos son otras circunstancias. Creo que ella sabe que en Chilpancingo hay una gran aceptación y es derivado del trabajo colectivo que se ha realizado.
La alcaldesa informó que su informe será el 26 de octubre, en una conferencia de prensa anterior había dicho que sería el 27 de octubre, el día que se celebra la fundación del estado, cuando el Gobierno estatal entrega las condecoraciones al mérito civil.
Informó que invitará a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda: “para mí sería muy importante que estuviera la gobernadora porque no se puede trabajar sola, se tiene que trabajar en coordinación”.
Explicó que no la había invitado todavía porque le acaban de entregar las invitaciones.
En los últimos meses ha habido un distanciamiento entre la alcaldesa y la gobernadora Evelyn Salgado, a raíz de los videos que se difundieron en el que Hernández Martínez aparece desayunando con el jefe de un grupo delictivo, derivado de lo cual se inició una investigación en contra de la edil tanto por la fiscalía estatal como por la General de la República.
Fue a la FGR en la Cdmx
Por la tarde, la presidenta municipal subió a su página de Facebook una fotografía en la que aparece acompañada de su pareja, Diego Omar Benigno González, afuera de la FGR en la Ciudad de México.
“El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye aunque nada lo persiga”, escribió en el pie de foto.
Añadió: “Tal como lo he manifestado reiteradamente, estoy atenta y dándole seguimiento a la investigación que se realiza en torno al video que se me vincula. Segura estoy que se llegará a la verdad y se descubrirá que hay una intención perversa que ha lastimado a mi persona, a mi familia y mi gobierno”.
Informó que por ello “el día de hoy personalmente estuve en la Fiscalía General de la República para dar seguimiento a mi caso”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa, ayer Foto: Agencia Reforma
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR), ya se encuentra realizando investigaciones para detener a los responsables del asesinato en Chilpancingo de Fernando García Fernández, delegado de la dependencia, por lo que esperará que ellos den mayor información.
“Ya está la investigación en curso, está actuando la Fiscalía General de la República, se está avanzando en detener a los responsables, en castigar a los que cometieron este crimen y yo pienso que en unos días más la Fiscalía va a informar sobre este hecho”.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, al presidente se le comentó sobre el asesinato del delegado, a lo que respondió que esperaba que fuera la misma FGR quien diera mayor información al respecto.
“No quiero adelantar ninguna hipótesis, prefiero que sea la Fiscalía, que tengo entendido atrajo el caso, sean ellos los que den la respuesta”.
De igual forma, se le preguntó si existían medidas especiales para el personal de seguridad en Guerrero después del asesinato de García Fernández, sumado al homicidio en Coyuca de Catalán del fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras,
“Hay protección para ellos siempre, todos los que trabajan para garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad pública, tienen derecho a usar escoltas, a tener protección, son los únicos, porque los servidores públicos no, al menos que reciban amenazas, pero todos los que trabajan en áreas de seguridad tienen protección”, afirmó.
Este martes, el delegado de la FGR en Guerrero, Fernando García Hernández, fue ejecutado al sur de Chilpancingo. La dependencia señaló que la investigación responsabilizaba al grupo criminal Los Ardillos por la detención del cinco de julio de un líder de sicarios, además de la detención el viernes ocho de dos ex comisarios de la comunidad de Petaquillas.
El sábado nueve se dio a conocer que el fiscal regional de Tierra Caliente, el mayor de Justicia Militar, Víctor Manuel Salas Cuadras, fue asesinado después de ser trasladado y tirado en un pueblo en la salida rumbo a Zihuatanejo. Salas Cuadras había sido fiscal de la región de la Montaña y tenía tres días en el cargo.
El lunes en la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que el asesinato de Víctor Manuel Salas Cuadras estaba relacionado con los operativos de aseguramientos y detenciones en el estado de Guerrero.
“No vemos como un patrón, tiene que ver con las reacciones porque se viene avanzando en materia de aseguramientos, de detenciones en esta coordinación que se tiene tanto en esta entidad como en el resto del país” comentó Alcalde.
En esa misma oportunidad, se le preguntó a Alcalde si existía una estrategia para brindar mayor seguridad a los integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el asesinato de Salas y el secuestro de la titular del Ministerio Público en Coyuca de Catalán, Jaqueline González Salgado.
