La fiscal general de Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informó que hay una investigación por los videos de la reunión de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con el presunto líder de Los Ardillos.
Reveló que no ha habido ningún acercamiento con la alcaldesa, pero “nosotros de todos modos investigamos en el ámbito de la competencia del fuero común lo que se pueda configurar cualquier conducta delictiva”.
En declaraciones en la Novena Región Militar de Acapulco, la fiscal explicó que se abrió una carpeta en general, “se investiga el hecho que se anunció públicamente y de ahí ya se derivan líneas de investigación que pueden tipificar conductas, ya sea del orden común y si fuesen del orden federal se declinará la competencia a la Fiscalía General de la República”.
Indicó que quiere “imaginar” que por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ya se inició la carpeta de investigación correspondiente. Además, Valdovinos Salmerón dijo que por los hechos violentos de los últimos días en la capital también se abrieron carpetas de investigación.
“Por las comunicaciones de la presidenta hay una carpeta, por la retención de los servidores públicos del gobierno del estado, así como de policías estatales se abrió una carpeta y hay una tercera por lo que hace a motín y sabotaje”.
A la fiscal se le preguntó si hay investigación sobre las personas armadas que estuvieron en los bloqueos del lunes y martes y respondió que sí, que se está investigando cualquier conducta delictiva, pues es competencia de la Fiscalía del estado, “me imagino que por parte de la FGR también debió haberse abierto de manera oficiosa por la posible portación de armas y obstrucción a las vías de comunicación federal otra carpeta”.
De si hay una investigación a las dos personas que la secretaría de Seguridad Pública relacionó con el grupo de la delincuencia denominado Los Ardillos y que estuvieron en el diálogo con las autoridades del estado, la fiscal respondió: “Me imagino que sí, exclusivamente si se configurase en delitos como delincuencia organizada u otro de competencia del fuero federal”.
Indicó que están sumando esfuerzos con operativos para puestos de revisión y control, también en entradas y salidas y hasta el momento no se ha desarticulado ninguna banda delictiva. Lo que sí se está concretando son operativos por sectores.
Desde el sábado se dio una ola de violencia en Chilpancingo cuando fueros quemados vehículos del transporte público y asesinado choferes, lo que siguió el lunes.
Mientras el lunes alrededor de tres mil pobladores de diversos municipios entraron de manera violenta a la capital, donde se enfrentaron con antimotines de la Policía del Estado y la Guardia Nacional, reteniendo a diez que el martes fueron liberado, luego de una mesa de trabajo con las autoridades del estado donde acordaron obras para carreteras de diversas comunidades.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ya le pidió a la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, “que esté pendiente”, por si en algún momento se requiere que vaya a declarar respecto a los siete cuerpos mutilados que fueron hallados la madrugada del 24 de junio frente a la parroquia del barrio de San Mateo con los que le dejaron un mensaje a ella y al síndico Andrey Marmolejo.
A su vez, la alcaldesa solicitó mediante oficio de fecha 27 de junio a la Fiscalía General de la República (FGR), que intervenga en las investigaciones “de tan lamentables hechos”.
En la conferencia de prensa del lunes de la semana pasada, Hernández Martínez expresó sus sospechas de que personal de la FGE haya manipulado y alterado las cartulinas en la que el grupo delictivo dejó mensajes para las autoridades.
Uno de los, mensajes decía: “Saludos presidenta Normal Otilia sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después que viniste a buscarme con cariño”.
En el otro se leía: “Síndico Andrey Marmolejo sigue amenazando a la gente con las licencias comerciales para llevarle las cuotas a los Tlacos”.
Derivado de ello en la conferencia de prensa del lunes pasado la alcaldesa declaró que estaba dispuesta a una investigación de parte de la FGE y anunció que pediría que la FGR atrajera las investigaciones pues externó sus sospechas de la FGE por irregularidades durante el hallazgo de los cuerpos y las cartulinas con los mensajes.
En declaraciones después de la conferencia de prensa de ayer, en la que se informó del problema de la escasez de agua potable, Hernández Martínez informó que el mismo lunes de la semana pasada fue personal de la FGE a platicar con ella y le dijo que si en algún momento se requiere que vaya “a atender alguna declaración que estuviera pendiente”.
Según la presidenta su respuesta fue que sí, “vamos a esperar que hagan sus investigaciones, que nos manden llamar, si es que se requiere, nosotros lo hemos dicho, estamos con toda la disposición de poder estar en manos de las instituciones, y estamos de acuerdo en que nos hagan los llamados que se requieran”.
Informó que en el transcurso de la misma semana envió un oficio a la FGR, mediante el cual también se pone a su disposición de la dependencia federal y le solicita que intervenga para que se realice la investigación por esa dependencia federal.
El oficio PM/342/2023 de fecha 27 de junio, está dirigido al Fiscal General de la FGR Alejandro Gertz Manero, a quien le informa las circunstancias en que se dio el hallazgo de los cuerpos, la madrugada del 24 de junio.
“En tal virtud, me permito solicitar su valiosa y puntual intervención, para realizar las labores de investigación de estos lamentables hechos”, dice el escrito.
La alcaldesa explica que con respecto al contenido de una de las cartulinas, “donde se hace alusión al nombre de la suscrita, y que presuntamente un grupo de la delincuencia organizada dejó en el lugar de los hechos, desde este momento niego rotundamente el contenido de las mismas y ratifico mi absoluta disposición para declarar en caso de ser necesario sobre los hechos que se mencionan”.
Hernández Martínez agrega: “En mi calidad de titular del Poder Ejecutivo Municipal me sumo al clamor de la ciudadanía, de mis homólogos de otros municipios, e incluso de diputados y diputadas locales, para que se haga justicia y se realicen las inmediatas investigaciones de manera transparente y objetiva y se aplique todo el peso de la ley en este y en todos los acontecimientos delictivos que se han suscitado no sólo en esta ciudad, sino en todo el estado de Guerrero”.
Sostiene en el documento que como primera autoridad municipal siempre ha tenido la voluntad y disposición para colaborar y coadyuvar con las demás instancias de gobierno, en las estrategias de seguridad. “De nuestra parte hacemos lo que nos corresponde en cuanto a la prevención social del delito”.
La alcaldesa informó que se reunió con los familiares de las personas que fueron asesinadas a quienes les proporcionó apoyos para los funerales.
Aseguró que los apoyó para agilizar los trámites del terreno donde fueron sepultados y les entregó despensas a través del DIF municipal.
De los siete cuerpos hallados a las 4:30 de la madrugada del 24 de junio, cuatro correspondían a una familia que estaba desaparecida desde el 10 de junio; eran los de Eloy Peralta García, su esposa Elizabeth Catalán Olalde, el hijo de ambos, uno adolescente de 17 años de edad y la novia de éste de 16.
Durante el bloqueo en el bulevar de Las Naciones, en la zona Diamante, maestros de la zona 42 de Educación Primaria discuten con automovilistas que exigían el retiro de la protesta porque ya llevaban mucho tiempo bajo los rayos del sol Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Alrededor de 100 maestros de primarias de la zona escolar 42, bloquearon más de tres horas el bulevar de Las Naciones, para exigir la libertad del docente de educación física, David Beltrán Salas, detenido por efectivos de la Marina en Coyuca de Benítez.
Los familiares informaron que están preocupados por el docente de 50 años, con 26 de servicio en la SEG, porque fue golpeado y es díabético, que no está tomando sus medicamentos. Informaron que están detenido en la Fiscalía General de la República y que fue detenido el sábado.
Aseguró Marcela Beltrán, hermana del detenido, que tienen pruebas de que su hermano es inocente, que hay testigos de cómo fue detenido en Espinalillo y no en Pénjamo, como dice la versión oficial. Señaló que interpondrá una queja en la Comisión Estatal de los Derecjos Humanos, por la violacion a sus derechos y al debido proceso.
Añadió que uno de sus hermanos pudo platicar con David Beltrán y se dio cuenta que no podía caminar, porque recibió golpes, y están preocupados porque es diabético, “no hemos obtenido ninguna respuesta del gobierno estatal”.
Durante la protesta hubo un altercado con automovilistas, que desesperados pedían a los manifestantes que los dejaran pasar, porque ya tenían mucho tiempo varados bajo los intensos rayos del sol.
Luego de ese altercado, los manifestantes abrieron cinco minutos y volvieron a bloquear media hora más. Luego decidieron retirarse, ante la presión que ejercieron los automovilistas que no dejaron de tocar sus bocinas.
Los conductores enfrentaron verbalmente a los manifestantes y les arrebataron las lonas de la protesta y estuvieron a punto de llegar a la violencia física. También los manifestantes arremetieron contra un taxista, de la ruta a Colosio, a quien le estrellaron el parabrisas del vehículo.
En declaraciones, la hermana del profesor, Marcela Beltrán, explicó que ellos son originarios de Espinalillo y que habían ido a una peregrinación, que luego su hermano se dirigió al domicilio de un amigo en el mismo pueblo, donde “cayó la policía y se lo llevaron y al buscarlo, lo encontramos en la Fiscalía”.
Señaló que desconocía los cargos que se le estaban imputado, pero al estar en la Fiscalía quería decir que eran delitos federales. Subrayó que el maestro es una persona honorable y por eso estaban sus compañeros de zona, exigiendo la libertad inmediata de su hermano, “no tiene nada que ver en los hechos que se le están imputado, porque están diciendo que es delincuente”.
Indicó que formalmente no saben de qué se le acusa, más lo que han escuchado y que es por portación de armas. Dijo que exigen la libertad de su hermano, porque no tiene nada que ver con los hechos que están imputado. “Mi hermano esta cerrado injustamente”, aseguró.
Mientras, el inspector de Educación Física, Ignacio Calderón Navarro, dijo que estaban en protesta para exigir la libertad del maestro y que esperaban una respuesta de la Dirección de Gobernación del estado, porque hasta el mediodía no se había dado un acercamiento. Agregó que lo que quieren es la liberación del profesor, quien da clases en la primaria Juan N Alvarez, ubicada en la comunidad La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Indicó que en la zona escolar incluye 12 planteles, ubicados en comunidades como San Pedro Las Playas, Amatillo, Oaxaquilla, Ranchito, Sal si Puedes y Agua Caliente.
Aseguró que estaban exigiendo una pronta solución a la situación legal para que lo dejen en libertad.
Los manifestantes quitaron el bloqueo casi a la 1 de la tarde, porque no querían golpes, pero dijo la hermana de de David: “Esto fue pasivo, estamos esperando la respuesta del gobierno, pero de no darse, lo harán más agresivo y contundente”.
Portaron una manta donde se leía: “La zona escolar 42 de Educación Primaria exige la liberación inmediata del profesor de educación física, David Beltrán Salas. Paro laboral hasta la liberación del profesor”.
Familiares de los policías del estado detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ayer en conferencia de prensa en las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Los nueve policías -siete estatales y dos municipales de Iguala-, vinculados con la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, fueron trasladados a las 11 de la mañana de ayer de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) de Chilpancingo, al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.
A esa hora, afuera de la delegación de la FGR, algunos familiares de los detenidos exigieron su libertad, aseguraron que son inocentes y que no tienen nada que ver en el caso.
Pidieron que, cuando menos, les permitieran verlos antes de trasladarlos al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como del Altiplano, pues aseguraron que los tenían incomunicados desde el miércoles cuando fueron detenidos.
Los policías estatales: Sandra Gerardo Gallardo, Juan Durán Mosso, Ramiro Alvarado Sánchez, Lorenzo Bello Hernández, Noel Baltazar Gómez, Pablo Jiménez Morales, Alberto Chávez Álvarez fueron detenidos el miércoles
Mientras que a los policías municipales de Iguala, los hermanos: Navis e Imer Mayo Zúñiga los capturaron el martes.
Familiares de los policías estatales confirmaron que éstos estaban comisionados en diferentes lugares del estado y que los siete fueron citados a un curso que comenzó el martes en la Universidad Policial (Unipol), donde fueron detenidos ayer por personal de la Marina y trasladados a las instalaciones de la FGR.
Los nueve policías fueron trasladados en camionetas Pick Up con vidrios polarizados, y al menos de la delegación de la FGR, salieron resguardados por tres patrullas con personal de la Marina.
Antes, algunos familiares de los detenidos exigieron su libertad y aseguraron que son inocentes.
Lucía Durán Mosso, hermana de Juan, denunció que su hermano es hipertenso y que necesita tomar permanentemente sus medicinas, “y no se vale que sin deber nada lo hayan detenido”. Dijo que hace responsable al gobierno si le llega pasar algo.
Aseguró que su hermano no tuvo que ver en el caso de la desaparición de los 43 que ocurrió en Iguala, porque el 26 de septiembre del 2014, cuando ocurrieron los ataques a los normalistas, él estaba en Chilpancingo comisionado como escolta del director del periódico Vértice, Dan Nobel Castorena
Beatriz Durán, otra hermana de Juan, exigió justicia para él; “no se vale que a mi hermano lo hayan metido sin culpa. En ese tiempo él estaba aquí, incluso tenía vacaciones y no se vale que lo hayan agarrado injustamente”.
Juan Durán tiene 57 años, y 28 de ellos ha estado dentro de la corporación.
Beatriz fue insistente en que Juan es inocente; “no se vale que lo hayan detenido, él está enfermo, sufre de la presión, incluso él no oye y no nos dejan verlo. No se vale que lo acusen de un delito que ni si quiera hizo y no sabemos por qué lo hayan involucrado injustamente”.
Dijo que el gobierno lo quiere hacer culpable cuando en realidad no lo es, “los que deben de pagar son otros”, reprochó, y agregó que cuando menos querían verlo antes de que lo trasladaran al Estado de México, “queremos saber que está bien, pero no nos permiten verlo”.
Aseguró que a diferencia de otros de los policías estatales, su hermano no había sido señalado en el caso.
“Su historial está limpio, no lo habían señalado, ni había sido citado ni notificado de nada”, reiteró.
Informó que antes del martes estaba comisionado en Chilapa de donde se vino al curso.
“Vemos que lo que están señalando solamente como para tapar el caso Ayotzinapa, porque cómo es posible que después de nueve años, ahora vengan y digan ya encontramos a los culpables. No es posible que después de nueve años digan tú eres y ya. No es justo”.
La esposa de Ramiro Alvarado Sánchez, también denunció que lo están inculpando injustamente; “él lleva 18 años en la policía y ni si quiera una falta tenía. Ha sido bien cumplido en su trabajo”.
Reconoció que, “desgraciadamente”, él si estaba en Iguala cuando ocurrieron los ataques a los normalistas, pero no estaba en operativo, sino de guardia en una dependencia, pero no recordó en cuá.
“Queremos justicia, y que se investigue bien antes de que los sentencien, o no sé qué vaya a proceder con ellos, nosotros nunca habíamos pasado por esta situación, así que no tenemos mucho conocimiento de que es lo que va a pasar con ellos”, agregó.
Alfredo Alvarado, hijo de Ramiro, contó que su padre tiene 54 años de edad y 19 de ellos en la corporación.
Reprochó: “Cómo es posible que ya los van a trasladar (al penal del Altiplano), así nomás, de repente, sin que nos dejen verlos, y sin que nos hayan dicho nada. Exigimos que nos dejen verlos antes de que se los lleven”.
Dijo que está de acuerdo en que el gobierno quiera hacer su trabajo “pero que también se ponga en los zapatos de nosotros como familiares”.
Alfredo, aseguró que el trabajo de su padre “ha sido impecable, sin ningún historial, y cómo es posible que hasta este momento lo detengan”.
Informó que un año después de los hechos de Iguala, su padre fue citado a declarar a la Procuraduría General de la República (ahora FGR) y declaró que él no estaba en operativo, sino comisionado en una dependencia estatal, “y no le pudieron comprobar nada, por eso lo liberaron, pero ahora resulta que es culpable”.
Aseguró que su padre tiene un historial “impecable”, y que “es ejemplo en la corporación”, agregó que no se le hace congruente que hasta ahora le hayan iniciado un proceso; “como familia no se nos hace justo porque no se está buscando la verdad, ni aplicando la verdadera ley”.
Concepción de la Rosa Vásquez, esposa de Pablo Jiménez Morales de 46 años de edad y 20 de ellos en la corporación, contó que su esposo estaba comisionado en Acapulco, cuando lo mandaron traer para el curso.
Explicó que el miércoles le llamó y le dijo: “ven a traer mis cosas porque estoy detenido, y le soltó: “Me involucran en el caso Ayotzinapa, pero yo no estuve, ya estaba en Acapulco en ese tiempo”.
Concluyó: “estamos viendo que todo esto fue planeado; estaban en un curso con el uniforme, ¿por qué los detuvieron a todos en su curso”.
Las instalaciones de la delegación de la FGR estaban resguardadas por tres patrullas con personal de la Marina, entre 15 y 20 en total, y fueron los mismos que a las 11 de la mañana partieron atrás de un convoy de unas cinco camionetas Pick Up blancas, con vidrios polarizados, en las que se llevaron a los nueve policías detenidos.
La Secretaría de Marina (Semar) informó que en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República (FGR) localizó y erradicó un plantío de marihuana -en donde había 67 mil 500 plantas- en Puerto del Varal municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
En un boletín la Semar también reportó el desmantelamiento de ocho laboratorios clandestinos de droga sintética y la destrucción de plantas de marihuana en Sinaloa y otras más en Nayarit.
Detalló a través de la Décima Segunda Región Naval en Guerrero y en coadyuvancia con la FGR localizó un plantío de marihuana en un área de 7 mil 500 metros cuadrados, con 67 mil 500 plantas en Puerto del Varal.
Agregó que en lo que va del año se han erradicado en el país, 112 plantíos de amapola y marihuana en un área de 617 mil 273 metros cuadrados, con 14 millones 343 mil 650 plantas, así como tres secaderos en los estados de Sinaloa, Nayarit y Guerrero.
La Armada de México añadió que en 2023 ha desmantelado 34 laboratorios clandestinos, con 27.66 toneladas de metanfetamina y 98.31 toneladas de sustancias y precursores químicos. (Redacción).
