Detiene la Fiscalía a un presunto homicida del fiscal regional de Tierra Caliente

La fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón acompañada por el vicefiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza y el director de la Policía Investigadora Ministerial, Juan Sánchez Galeana en conferencia de prensa Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fue detenido un presunto culpable del asesinato del fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras.
Ayer a las 2 de la tarde, en una conferencia de la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, señaló que fue detenido Max “N” presunto sicario del grupo delictivo la Familia Michoacana.
Mediante un documento que leyó en la sala de prensa de la dependencia en Chilpancingo, Sandra Luz Valdovinos comunicó que desde el 10 de septiembre se inició una carpeta de investigación donde se realizaron varios operativos “en Placeres del Oro, Patambo, Paso de Arena, Pineda, Pantoja y Manchón de las Parotas, mismas que permitieron identificar a algunos de los autores materiales de este hecho”.
“En estas acciones se logró localizar y asegurar una persona de sexo masculino quien responde al nombre de Max “N”, mismo que pertenece al grupo delincuencial denominado La Familia Michoacana, el cual había ingresado el pasado 9 de septiembre, al Hospital General de Coyuca de Catalán, por una lesión en la pierna” reveló a los medios.
El 3 de octubre del 2023 se giró una orden de aprehensión en su contra y el 12 de octubre, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) lo detuvieron, sin precisar en qué lugar.
“Dentro de las acciones operativas llevadas a cabo personal de la FGE, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, también se lograron asegurar tres inmuebles, en los poblados de Placeres del Oro, Manchón de las Parotas y Pungarabatito, relacionados posiblemente con hechos delictivos; así mismo, el aseguramiento de vehículos, armas, estupefacientes y equipo táctico” informó la fiscal durante la conferencia donde mostraron algunas imágenes de los inmuebles decomisados.
Valdovinos Salmerón acusó que el grupo de la Familia Michoacana se ha caracterizado por atacar a las instituciones y no mostrar respeto a las autoridades.
También, no dio datos del apodo del presunto delincuente o si es parte importante en el organigrama delictivo de la Familia Michoacana, por la secrecía de la investigación.
El fiscal Víctor Manuel Salas fue ejecutado el 9 de septiembre y su cuerpo fue dejado en la carretera a Zihuatanejo, a 10 kilómetros de Coyuca de Catalán.
Víctor Manuel tenía tres días de haber recibido el cargo de fiscal regional de la Tierra Caliente.

Detiene la FGR a 10 hombres con 18 armas y cartuchos en un pueblo de Chichihualco

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que detuvo a 10 personas, en el municipio de Leonardo Bravo, y obtuvo vinculación a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de acopio de armas y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Sin precisar el día, la FGR indicó en un comunicado de prensa que de acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH), al realizar recorridos en la localidad de El Naranjo, en Leonardo Bravo,  soldados del Ejército detuvieron a las 10 personas a quienes les aseguraron 18 armas de fuego largas, un cargador y 116 cartuchos de diversos calibres.
El Ministerio Público de la Federación (MPF), turnó el caso de legal la detención y determinó vincular a proceso a José “G”, Jesús “C”, Jorge “R”, Martín “G”, Ángel “R”, Emanuel “C”, Pedro “D”, Javier “B”, Samuel “G” y Álvaro “H”, por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, e impuso medida cautelar de prisión preventiva y dos meses de plazo para la investigación complementaria.
El 5 y 6 de diciembre hubo enfrentamientos de grupos delincuenciales en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.
Pobladores dijeron que en los enfrentamientos se utilizaron helicópteros tanto del gobierno como de un grupo delictivo. (Redacción)

 

Incinera la FGR más de 2 toneladas de droga en Chilpancingo

La Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero destruyó más de 2 toneladas de narcóticos, principalmente clorhidrato de cocaína, metanfetamina y mariguana, relacionados con diversas carpetas de investigación y averiguaciones previas, iniciadas por delitos contra la salud en sus distintas modalidades.
De acuerdo a un comunicado la incineración se realizó en Chilpancingo el miércoles. La droga destruida consistió en dos toneladas 122 kilos 412 gramos 79 miligramos de clorhidrato de cocaína, 90 kilos 239 gramos 300 miligramos de mariguana, tres kilos 469 gramos 900 miligramos de semillas de amapola, dos kilos 584 gramos 950 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, un kilo 515 gramos 200 miligramos de diacetil morfina, y un kilo 104 gramos 900 miligramos de semillas de marihuana.
También fueron inutilizados 157 litros 910 mililitros de dihidrocodeína, 113 litros 713 mililitros de diacetil morfina, 277 gramos 800 miligramos de goma de opio, 34 gramos 400 miligramos de plantas de amapola, once gramos 300 miligramos de cocaína, nueve gramos 800 miligramos de opiáceos, seis gramos 800 miligramos de carbonato de sodio, un gramo 600 miligramos de sustancia negativa y 10 plantas de mariguana.
Además de 10 objetos, una planta de amapola, 480 kilogramos de videogramas y fonogramas, 5 mil 360 unidades de fornituras, porta cargadores, antenas, baterías, placas balísticas, y diversos objetos del delito. (Redacción)

 

Puso a disposición de la FGR a su personal más cercano, dice Norma Otilia Hernández

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez en la conferencia de prensa en el salón Centenario del Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que también puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a sus más ceercanos colaboradores, pero evadió responder sobre su comarecencia ante el Ministerio Público federal “para no obstaculizar las investigaciones” sobre su reunión con un líder de un grupo delincuencial.
En la conferencia de prensa de todos los lunes, la alcaldesa de Morena insistió en que va a presentar su licencia hasta que se lo pida una instancia competente y cuando haya una imputación en su contra, pues reiteró que hasta ahora no la hay.
Como ya lo ha dicho en otras ocasiones, explicó que una cosa es el señalamiento que le hacen, con respecto al mensaje que dejaron en la cartulina junto con siete cuerpos desmembrados, la madrugada del 24 de junio, frente a la parroquia del barrio San Mateo, y otro asunto es el de los videos en los que aparece con el jefe de un grupo delictivo.
“Yo podría emitir mi razonamiento sobre ello, pero serán las autoridades las que digan si hay un compromiso de ese video o en la cartulina. Se tiene que investigar”.
Cuando se le preguntó qué información le pidieron durante su comparecencia ante la FGR, evadió responder con el argumento de que “ya hay un proceso de investigación” y dijo que se mantendrá sin comentarios para evitar “entorpecer o contaminar la investigación”.
De acuerdo con el periódico Reforma, la alcaldesa morenista compareció ante la FGR el 14 de julio, como parte de la carpeta de investigación FED/GRO/CHILP/0000617/2023, en tanto que el viernes pasado compareció el síndico Andrei Marmolejo Valle y tres funcionarios más del Ayuntamiento de Chilpancingo, entre ellos el director de Barrios y Colonias, Guadalupe Jiménez Saucedo,.
La alcaldesa ha sido contradictoria en sus declaraciones; el viernes pasado informó que se había presentado a la FGR sólo para una “entrevista”, porque aseguró que no tiene ningún proceso judicial abierto en su contra; sin embargo, este lunes respondió que ya no haría ningún comentario porque ya tiene un “proceso de investigación” y no quiere entorpecer las investigaciones.
Después agregó: “En efecto, ya tuve una primera entrevista, y obviamente yo no soy la imputada a investigar. Me he puesto a disposición y he puesto a disposición, incluso, a todo mi personal que está cerca de mí y las áreas que se quieran investigar. No tengo nada que ocultar”.
La presidenta declaró que estará atenta por si hay otro llamado a una nueva “entrevista” o a una investigación, “lo que quieran, estoy abierta”, declaró.
Se dijo convencida que la FGR va a investigar de manera “objetiva y efectiva. Yo lo único que digo es que va a salir a relucir todo lo que tenga que salir a relucir”.
Volvió a advertir que después va a “proceder”, porque “esta situación fue mediática y muchos se conducieron como si yo fuera la culpable de toda la violencia que se ha estado dando desde hace más de 15 años. Incluso, sus comentarios en forma de inducción, pareciera que me estaban juzgando y poniendo en riesgo la estabilidad de mi gobierno, de mi persona y de mi familia”.
Agregó: “Como ustedes saben, Norma Otilia es una mujer que no se queda quieta y más cuando es una situación de esta circunstancia. Haré lo propio, yo lo único que creo es que saldrá a relucir esta verdad, a lo mejor muchos en algún momento se confundieron, pero estoy contenta y tranquila, porque la gente sabe y he recibido aliento, apoyo, solidaridad y confianza”, aseguró.
Hernández Martínez reconoció que el asunto que se está viviendo “es delicado”, pero admitió que no se ha comunicado con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ni con la dirigencia de su partido, porque no lo considera necesario.
Dijo que la gobernadora no está obligada a hablarle, “lo que puedo decir es que tenemos una coordinación institucional. Esto es lo que siempre hemos tenido”, dijo, sin embargo en las últimas semanas ya no se le ha visto en los eventos oficiales en los que ha estado la gobernadora. Uno de ellos, que debió haber evidenciado la coordinación en materia de seguridad, fue la colocación de la primera piedra de las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en El Ocotito, el jueves pasado.
“Lo que puedo decir –insistió– es que lo mío trae un trasfondo, no lo digo yo, la gente lo dice y lo sabe. La gente no es tonta, la gente sabe el contexto. El fondo de estos casos es que muchas veces tienen estos tintes, más de violencia política”.
Según la alcaldesa, ahora ya no se le tiene miedo a la violencia común o la que genera la delincuencia organizada, sino a la de “cuello blanco”.
Declaró que los comentarios que señalan que tiene que abandonar el cargo, son “impropios, irresponsables, improcedentes”, porque lo primero que se tiene que hacer es investigar “y si en este proceso yo soy la imputada y tengo que dejar el cargo, por supuesto que lo haré, sin ninguna duda. Pero, mientras tanto, soy la presidenta municipal que está llevando las riendas y que está trabajando todos los días”.
Recordó que ha habido gobernantes y alcaldes que por situaciones similares han tenido que dejar el cargo, “¿y de que sirvió? Entonces, en este momento es apropiado seguir trabajando y que sigan las investigaciones. Yo estaré atenta”.
La conclusión de la alcaldesa, en este caso, es que “la única facultada para dar la información es la Fiscalía, través de sus áreas de comunicación”, pero luego agregó que esa dependencia está obligada a guardar la secrecía “por lo mismo de lo delicado de este tema”.
Un reportero le preguntó su opinión acerca de lo que ha venido señalando el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, respecto a que hay más videos y su relación con el grupo delictivo de Los Tlacos, pero respondió que es respetuosa de sus señalamientos.
“El obispo es alguien que ha buscado, desde su trinchera, buscar la paz y yo siempre he sido muy respetuosa”.
Con respecto a la posibilidad de que haya más videos, la alcaldesa retó: “Que los saquen, yo ya estoy curada de espanto”.
Antes, había dicho que cuando salieron los primeros y la cartulina con señalamientos en su contra, hubo quienes se aprovecharon para incriminarla, porque “a río revuelto, ganancia de ganadores (sic)”.

 

Captura la FGR en Querétaro a otro militar del 27 Batallón de Iguala por el caso Ayotzinapa

Soldados del Ejército recorren la carretera federal México-Acapulco en la capital del estado, como parte del operativo de seguridad que realizan luego de que el fin de semana incendiaran dos taxis del servicio público de Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Abel Barajas

Agencia Reforma

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó en Querétaro al soldado, Francisco Narváez Pérez, ex integrante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR detuvieron el pasado martes a la 1:51 de la tarde al militar en la calle Ignacio Zaragoza, en inmediaciones de la Alameda Hidalgo de la colonia Centro, con base en una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Narváez es un hombre de 1.60 de estatura, tez morena, complexión delgada, cabello corto oscuro y al momento de la captura vestía pantalón de mezclilla y playera negra.
Una vez asegurado, la PFM lo trasladó a la delegación de la FGR en Querétaro para practicarle una certificación médica y después fue llevado a la Ciudad de México, donde lo internaron en el Campo Militar Número Uno.
Narváez, quien ya estaba en situación de retiro, fue puesto a disposición de la juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, ante quien compareció por videoconferencia en una audiencia de declaración preparatoria.
Con su captura, son ya 10 los militares encarcelados, de una lista de 16 contra quienes el pasado 13 de junio se libraron órdenes de aprehensión, por la desaparición de los estudiantes ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Antes de Narváez, ocho de los militares se entregaron voluntariamente a las autoridades y la semana pasada fue detenido en Puebla el coronel Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala.
Los únicos que continúan prófugos de la justicia son los soldados Santiago Muñoz Pilo, Oscar Cruz Román, Ezequiel Carrera Rifas, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano, y Enrique Martínez Chávez, todos ellos integrantes del 27 Batallón de Infantería.
La acusación que pesa contra los militares tiene como punto de partida las declaraciones de un testigo protegido identificado como “Juan”, presunto líder de Guerreros Unidos, quien señaló –de forma vaga y aislada– a los soldados de estar en la nómina del grupo criminal.
Un grupo de personas habría sido interrogado en el 27 Batallón de Infantería, en Iguala, y luego entregado a los narcos para su desaparición. Algunos de los interrogados fueron entregados muertos, de acuerdo con el testimonio.
El comandante de dicho Batallón, José Rodríguez, es uno de los militares que se encuentran presos desde el año pasado por el mismo asunto.

 

Mantiene el gobierno en la impunidad los casos de Aguas Blancas y Ayotzinapa, señala Melitón

Karina Contreras

El vocero de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega llamó a las organizaciones para unificarse y acusó al gobierno federal de mantener la impunidad en casos como Aguas Blancas y el de los jóvenes normalistas.
En su intervención en el acto de la conmemoración de los 28 años de la masacre de Aguas Blancas, el vocero subrayó que de ese acto criminal a la fecha no han cambiado las cosas donde “siguen los gobiernos autoritarios, gobiernos represores y sólo luchan por cargos públicos. Estamos en la etapa de que los políticos van a volver a recorrer los estados, las comunidades, municipios, pero será lo mismo compañeros, seguirán engañando a los pueblos”.
Señaló que en Guerrero y México ya están los discursos de los aspirantes de los partidos, pero “en ninguno hemos escuchado el mensaje de hacer justicia, de castigar a los verdaderos responsables de los crímenes de estado, de lesa humanidad como es el caso de Aguas Blancas. Los políticos se unen para seguir engañando al pueblo y el pueblo y las organizaciones hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que es lo mismo, que siguen engañando mientras los compañeros presos políticos siguen en la cárcel por el solo hecho de organizar a los pueblos”.
Añadió que hay compromisos con los gobiernos de transformación y ahora resulta que siguen los compañeros en la cárcel y pagando injustamente un delito que no cometieron y “por esos no debemos de poner esa confianza en los políticos”. Dijo que los padres de familia de los 43 normalistas coinciden en que no hay justicia ni castigo a los responsables de los campesinos en Aguas Blancas, al contrario, “gozan de libertad”.
El vocero Melitón Ortega señaló que exigen castigo para todos los responsables de la masacre y convocó a ir “juntos porque es el único camino, tenemos que estar organizados no sólo en la resistencia, sino seguir trabajando para estar organizados y seguir avanzando para lograr vivir con esa tranquilidad que necesitamos”.
El vocero reiteró el llamado a la asamblea nacional popular el 15 de julio en la escuela normal de Ayotzinapa, que se llevará a las 10 de la mañana, porque “estamos viendo que desde la Fiscalía General de la República la detención de ocho militares y un ex funcionario de la SIEDO, pero eso no significa que con esa detención que se esclarezca los hechos del caso Ayotzinapa, al contrario, se mantiene la impunidad porque hasta el día de hoy el Ejército del 27 Batallón de Iguala no ha dado ninguna información reservada que tienen de los hechos graves que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa”.
Añadió que siguen demandando al gobierno federal que exija a la Sedena que entregue toda la información, de lo contrario, “estamos viendo de manera anticipada la impunidad del caso Ayotzinapa” y finalmente dijo que demandan una reunión con el gobierno federal.

 

Localizan en el segundo día de búsqueda más trozos de huesos en fosas de Mexcaltepec, Taxco

Miembros del colectivo Los Otros Desaparecidos, ayer en las tareas de búsqueda de fosas clandestinas en la diligencia en el cerro Las Antenas de la comunidad de Mexcaltepec, Taxco Foto: Cortesía Los Otros Desaparecidos

Alejandro Guerrero

Iguala

En el segundo día de diligencia conjunta entre colectivos de familiares de víctimas de desaparición de Iguala, la cual se realizan en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) en el cerro Las Antenas de la comunidad de Mexcaltepec, Taxco, en cuatro de ocho fosas excavadas, que antes ya habían sido procesadas por la Fiscalía estatal, fueron localizados y recuperados más fragmentos óseos como vértebras, costillas y falanges humanas.
La diligencia inició este lunes en el que participan miembros del colectivo Los Otros Desaparecidos, y de otros que se han escindido de éste, como Madres Igualtecas, Independiente y otro de nueva creación, con apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y binomios caninos de la FGR y FGE, así como resguardo de la Guardia Nacional y Policía del Estado.
Por la tarde, en declaraciones por teléfono la activista y directora de Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena Cruz, informó que ayer siguieron en el mismo cuadrante que iniciaron el día anterior.
Abrieron ocho fosas, las cuales excavaron entre 80 centímetros y un metro de profundidad, para documentar bien el trabajo y abrir lo necesario hasta confirmar que no haya víctimas. De esos, dijo, cuatro dieron positivo en los que han hallado sólo fragmentos de osamentas como vértebras, costillas o falanges, “de lo que la Fiscalía del estado dejó”, pero que no han encontrado huesos largos ni cráneos.
Indicó que debido a estos hallazgos no han podido avanzar en su búsqueda porque los peritos y antropólogos con apoyo de los colectivos, han estado cribando la tierra en busca de más fragmentos.
Destacó la importancia de estos hallazgos porque son piezas de las que se va a poder obtener ADN, información que servirá para confrontar con la base de datos genéticos con los que ya cuenta la Fiscalía de la República y que ha tomado de las familias, por lo que en caso de coincidir alguno, se le pediría a la Fiscalía estatal información de esos cuerpos, pues fueron ellos quienes los exhumaron en la diligencia realizada a mediados de febrero de 2014 que fueron recuperadas 25 osamentas.
Dijo que estos primeros dos días de la diligencia conjunta entre las organizaciones “ha sido prácticamente para ir levantando lo que la Fiscalía del estado dejó”, y destacó que se buscará tener la certeza de quiénes son esas víctimas, “y poderle exigir en su momento a la Fiscalía estatal que nos entreguen los cuerpos que se han llevado”.
A pregunta hecha, Bahena Cruz confirmó que en las ocho fosas que abrieron, localizaron cintas plásticas que antes ya había dejado la FGE en señal de que ya fueron procesadas, así como otras que abrieron a petición de los otros colectivos, pero que ya habían sido exploradas recientemente por ellos en coordinación con la FGR.
Ayer, dijo, ya hubo menos rispidez entre los integrantes de los diferentes colectivos, luego de que los peritos federales de la FGR aclararon que las búsquedas y hallazgos no son individualizadas para ninguna agrupación, sino que los hallazgos son en beneficio de todas las familias, sin que haya competencia.

 

Trasladan a los nueve policías detenidos por el caso Ayotzinapa al penal del Altiplano

Familiares de los policías del estado detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ayer en conferencia de prensa en las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los nueve policías -siete estatales y dos municipales de Iguala-, vinculados con la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, fueron trasladados a las 11 de la mañana de ayer de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) de Chilpancingo, al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.
A esa hora, afuera de la delegación de la FGR, algunos familiares de los detenidos exigieron su libertad, aseguraron que son inocentes y que no tienen nada que ver en el caso.
Pidieron que, cuando menos, les permitieran verlos antes de trasladarlos al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como del Altiplano, pues aseguraron que los tenían incomunicados desde el miércoles cuando fueron detenidos.
Los policías estatales: Sandra Gerardo Gallardo, Juan Durán Mosso, Ramiro Alvarado Sánchez, Lorenzo Bello Hernández, Noel Baltazar Gómez, Pablo Jiménez Morales, Alberto Chávez Álvarez fueron detenidos el miércoles
Mientras que a los policías municipales de Iguala, los hermanos: Navis e Imer Mayo Zúñiga los capturaron el martes.
Familiares de los policías estatales confirmaron que éstos estaban comisionados en diferentes lugares del estado y que los siete fueron citados a un curso que comenzó el martes en la Universidad Policial (Unipol), donde fueron detenidos ayer por personal de la Marina y trasladados a las instalaciones de la FGR.
Los nueve policías fueron trasladados en camionetas Pick Up con vidrios polarizados, y al menos de la delegación de la FGR, salieron resguardados por tres patrullas con personal de la Marina.
Antes, algunos familiares de los detenidos exigieron su libertad y aseguraron que son inocentes.
Lucía Durán Mosso, hermana de Juan, denunció que su hermano es hipertenso y que necesita tomar permanentemente sus medicinas, “y no se vale que sin deber nada lo hayan detenido”. Dijo que hace responsable al gobierno si le llega pasar algo.
Aseguró que su hermano no tuvo que ver en el caso de la desaparición de los 43 que ocurrió en Iguala, porque el 26 de septiembre del 2014, cuando ocurrieron los ataques a los normalistas, él estaba en Chilpancingo comisionado como escolta del director del periódico Vértice, Dan Nobel Castorena
Beatriz Durán, otra hermana de Juan, exigió justicia para él; “no se vale que a mi hermano lo hayan metido sin culpa. En ese tiempo él estaba aquí, incluso tenía vacaciones y no se vale que lo hayan agarrado injustamente”.
Juan Durán tiene 57 años, y 28 de ellos ha estado dentro de la corporación.
Beatriz fue insistente en que Juan es inocente; “no se vale que lo hayan detenido, él está enfermo, sufre de la presión, incluso él no oye y no nos dejan verlo. No se vale que lo acusen de un delito que ni si quiera hizo y no sabemos por qué lo hayan involucrado injustamente”.
Dijo que el gobierno lo quiere hacer culpable cuando en realidad no lo es, “los que deben de pagar son otros”, reprochó, y agregó que cuando menos querían verlo antes de que lo trasladaran al Estado de México, “queremos saber que está bien, pero no nos permiten verlo”.
Aseguró que a diferencia de otros de los policías estatales, su hermano no había sido señalado en el caso.
“Su historial está limpio, no lo habían señalado, ni había sido citado ni notificado de nada”, reiteró.
Informó que antes del martes estaba comisionado en Chilapa de donde se vino al curso.
“Vemos que lo que están señalando solamente como para tapar el caso Ayotzinapa, porque cómo es posible que después de nueve años, ahora vengan y digan ya encontramos a los culpables. No es posible que después de nueve años digan tú eres y ya. No es justo”.
La esposa de Ramiro Alvarado Sánchez, también denunció que lo están inculpando injustamente; “él lleva 18 años en la policía y ni si quiera una falta tenía. Ha sido bien cumplido en su trabajo”.
Reconoció que, “desgraciadamente”, él si estaba en Iguala cuando ocurrieron los ataques a los normalistas, pero no estaba en operativo, sino de guardia en una dependencia, pero no recordó en cuá.
“Queremos justicia, y que se investigue bien antes de que los sentencien, o no sé qué vaya a proceder con ellos, nosotros nunca habíamos pasado por esta situación, así que no tenemos mucho conocimiento de que es lo que va a pasar con ellos”, agregó.
Alfredo Alvarado, hijo de Ramiro, contó que su padre tiene 54 años de edad y 19 de ellos en la corporación.
Reprochó: “Cómo es posible que ya los van a trasladar (al penal del Altiplano), así nomás, de repente, sin que nos dejen verlos, y sin que nos hayan dicho nada. Exigimos que nos dejen verlos antes de que se los lleven”.
Dijo que está de acuerdo en que el gobierno quiera hacer su trabajo “pero que también se ponga en los zapatos de nosotros como familiares”.
Alfredo, aseguró que el trabajo de su padre “ha sido impecable, sin ningún historial, y cómo es posible que hasta este momento lo detengan”.
Informó que un año después de los hechos de Iguala, su padre fue citado a declarar a la Procuraduría General de la República (ahora FGR) y declaró que él no estaba en operativo, sino comisionado en una dependencia estatal, “y no le pudieron comprobar nada, por eso lo liberaron, pero ahora resulta que es culpable”.
Aseguró que su padre tiene un historial “impecable”, y que “es ejemplo en la corporación”, agregó que no se le hace congruente que hasta ahora le hayan iniciado un proceso; “como familia no se nos hace justo porque no se está buscando la verdad, ni aplicando la verdadera ley”.
Concepción de la Rosa Vásquez, esposa de Pablo Jiménez Morales de 46 años de edad y 20 de ellos en la corporación, contó que su esposo estaba comisionado en Acapulco, cuando lo mandaron traer para el curso.
Explicó que el miércoles le llamó y le dijo: “ven a traer mis cosas porque estoy detenido, y le soltó: “Me involucran en el caso Ayotzinapa, pero yo no estuve, ya estaba en Acapulco en ese tiempo”.
Concluyó: “estamos viendo que todo esto fue planeado; estaban en un curso con el uniforme, ¿por qué los detuvieron a todos en su curso”.
Las instalaciones de la delegación de la FGR estaban resguardadas por tres patrullas con personal de la Marina, entre 15 y 20 en total, y fueron los mismos que a las 11 de la mañana partieron atrás de un convoy de unas cinco camionetas Pick Up blancas, con vidrios polarizados, en las que se llevaron a los nueve policías detenidos.

 

Requisan agentes un taller en Chilpancingo en donde encontró armas, informa la FGR

Luis Blancas

Chilpancingo

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un taller de tornos en la colonia Vista Hermosa de la capital, para realizar las investigaciones, luego de que el propietario fuera detenido con armas de fuego por policías estatales.
Fuentes policiacas informaron que la operación se llevó a cabo a las 11 de la mañana de este domingo.
Detallaron que policías estatales y peritos de la FGR realizaron el aseguramiento del inmueble, ubicado en la calle principal del lugar y pegaron una hoja en las cortinas y puertas que las que se leía: “Fiscalía General de la República (FGR) asegurado C.I FED/GRO/CHILP/0000206/2023”.
En un recorrido a las 2 de la tarde, se constató que había una patrulla de la Policía del Estado resguardando el lugar.
Fuentes de la FGR informaron que el imputado fue detenido con armas y cartuchos la madrugada del sábado por policías estatales, municipales y militares en el operativo Rastrillo, en la capital, aunque no precisaron el lugar de la detención.
Indicaron que el imputado tiene 48 horas para determinar su situación jurídica y demostrar su posesión legal de las armadas o no.
Por su parte, el Ayuntamiento de Chilpancingo difundió un boletín en la que señaló, que en la operación Rastrillo un hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal por portación de una escopeta calibre 12 milímetros, dos rifles calibre 22 milímetros, una carabina, una pistola revólver 38 especial, una escopeta corta doble cañón calibre 15.6 milímetros, un rifle de varilla semiautomatico calibre 22 milímetros, 32 cartuchos calibre 38 especial; 63 cartuchos calibre .45 milímetros y tres cartuchos calibre 2.23 milímetros.
Precisó en su comunicado que en el operativo participó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, el Ejército, Policía del Estado, Tránsito y Gobernación municipal.
Indicó que los agentes también aseguraron dos vehículos, un Jeep blanco y un auto Nissan blanco por conducir en estado de ebriedad y que detuvieron a seis personas por faltas administrativas: alteración al orden y por estar ebrios, quedando a disposición del juez.
Asimismo indicó el Ayuntamiento que durante la operación inspeccionaron establecimientos y centros nocturnos, vehículos, motocicletas y personas, con el objetivo de preservar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.
Mencionó que como resultado de este operativo emitió recomendaciones en los bares Martita, El Rodeo, La Taberna de Moe, Las Malqueridas, La Necedad y Deposito Valentina.

 

Obstaculiza la FGR el acceso a expedientes sobre desaparecidos de la guerra sucia: Abel Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, Abel Barrera Hernández, afirmó que existen reticencias y obstáculos en la Fiscalía General de la República (FGR) y que no han visto un compromiso contundente de su titular, Alejandro Gertz Manero, en facilitar los expedientes sobre las víctimas de desaparición forzada en la guerra sucia.
Reconoció que “se está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”, y que pronto solicitarán acceder a archivos militares de Guerrero.
Ayer consultado en las inmediaciones del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado la colonia del PRI en Chilpancingo, al concluir la protesta de familiares de tres organizaciones de desaparecidos forzados en la época de la guerra sucia, Abel Barrera Hernández dijo que la Comisión de la Verdad “está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”.
“Hay un equipo de trabajo que cotidianamente acude a los archivos en el Campo Militar (número 1, en la Ciudad de México). Sin embargo, todavía no podemos contar con información que nos dé pistas, si es un poco complicado, va despacio la investigación, no se han podido avanzar en los expedientes que puedan ayudar a dar pistas sobre todo de los responsables, pero por lo menos están teniendo más elementos” agregó.
Precisó que se entiende que es la primera etapa de la investigación, y que “se están conociendo algunos acervos, pero todavía sí falta como lo demandan los familiares, datos más contundentes, más precisos sobre el paradero de las familias de las personas desaparecidas, no hay datos todavía concluyentes”.
Resaltó que la Comisión ya elabora solicitudes para programar accesos a otras instalaciones militares de Guerrero y acceder también a sus archivos, “ahorita nada más ha sido el Campo Militar (número 1), pero se tienen programados acceder a otros archivos, pero por el momento no hay datos”.
Se le preguntó de la queja de los familiares sobre el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero, de quien denunciaron es omiso y entorpece los trabajos, respondió que la FGR es parte de la Comisión de la Verdad, que existe un mecanismo de acceso a la justicia, y hay tres encargados de revisar algunos expedientes de la Fiscalía, pero “todavía hace falta facilidades para que puedan tener mayor información, no hemos visto el compromiso más contundente por parte del fiscal”.
Dijo que entiende “que hay mandos que están de alguna manera facilitando ciertos expedientes, no todos, ya el mecanismo de justicia está encontrando algunas pistas, todavía no son las más claras y contundentes, pero se está avanzando. Sí hay reticencias, hay obstáculos, ahí estamos pidiendo que las autoridades faciliten el acceso a los archivos, hay expedientes que quedaron inconclusos, lo están revisando los del mecanismo y obviamente están tomando como referencia otro tipo de información que está ayudando para profundizar en las investigaciones”.
Precisó que a la Comisión de la Verdad solamente le “toca hacer la investigación de los hechos ocurridos en ese periodo (1965 a 1990), hay otro mecanismo que es el de justicia, esa es otra instancia que le toca revisar los expedientes, ubicar bien los avances, todavía falta, llevamos un año y medio, falta otro año y medio y obviamente que estamos avanzando no al ritmo que uno quisiera, las víctimas son las que más nos preocupan están desesperadas porque quieren saber el paradero de sus familiares y para eso hay que acceder a los archivos y a las instalaciones militares”.
Mencionó que buscarán acceder a los archivos militares de otros estados y seguir pidiendo información, aunque aceptó “el ritmo es lento y bueno ya más de 50 años de exigencia para ellos (los familiares) ya es el ultimátum”.
De la reparación del daño que exigen los familiares de desaparecidos, Abel Barrera manifestó que es otro problema del que ya insistieron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual les ha informado tiene una propuesta de reparación, “ha hecho por ahí un planteamiento, pero todavía no se hace público, por eso está la gente desesperada, porque nos comentan que hay un plan de reparación, pero no tienen nada”.
El 7 de octubre de 2021, se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó por decreto la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.
Y el 29 de octubre de ese mismo año, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer a los cinco integrantes del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico donde además de Abel Barrera están el secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y ex rector de la Universidad Iberoamericana, David de Jesús Fernández Dávalos; y los investigadores Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Pérez Ricart.