Elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía del Estado resguardaron los trabajos de la CAPAMA para sustituir el colector sanitario de Pie de la Cuesta, a un costado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el poblado de El Pedregoso, luego de que el martes los trabajadores pararon sus labores por amenazas de un supuesto sindicato de constructores de Coyuca de Benítez Foto: Jesús Trigo
Jacob Morales Antonio
Este miércoles bajo la vigilancia del Ejército, la Guardia Nacional y Policía del Estado, reiniciaron los trabajos de introducción del nuevo colector del drenaje de Pie de la Cuesta paralizados el martes, luego que los trabajadores recibieron advertencias y amenazas de un supuesto sindicato de sonstructores que exigió tanto a CAPAMA como a Fonatur, a cargo de los trabajes, que contraten su maquinaria.
Los trabajos de introducción de la nueva tubería se efectúan a un costado de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el tramo de la comunidad de San Isidro, donde una retroexcavadora hace una zanja de unos unos cinco metros de profundidad para la colocación del nuevo tramo de tubería de 24 pulgadas, y conectarla a la planta tratadora de aguas residuales.
La presidenta de la Asociación de Restaurantes y Hoteles del Pie de la Cuesta, María Nelly Cienfuegos Mejía, explicó que los trabajos comenzaron la semana pasada en ese tramo, pero el martes un grupo de hombres, supuestos integrantes de un sindicato de constructores, amenazaron a los trabajadores y pararon las obras por temor.
La mañana de este martes los trabajos reiniciaron, una vez que la propia asociación solicitó la presencia de la seguridad, y el resguardo para poder concluir los trabajos, y que no se siga contaminando con descargas de aguas residuales la laguna de Coyuca de Benítez, debido que este colector recibe las aguas de las tres secciones de la colonia Jardín, Pie de la Cuesta, y El Pedregoso.
Alrededor de las 10 de la mañana al lugar llegó el director de la CAPAMA, Antonio Lorenzo Rojas Marcial, quien evitó dar declaraciones. La presidenta de restauranteros y hoteleros de la zona dijo que no permitirán que las obras se paren, debido a que el drenaje colapsado en Pie de la Cuesta es un problema de muchos años, que por primera vez observan que las autoridades lo están remediando.
Agradeció la presencia de una patrulla del Ejército, dos de la Guardia Nacional y una patrulla de la Policía Estatal, para el resguardo de la maquinaria pesada y de los trabajadores.
Se observó que una retroexcavadora y un camión de volteo de CAPAMA eran operados por los trabajadores, así como un vactor de Fonatur.
El alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, en entrevista para El Sur en su oficina en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, declaró que la presencia de la Guardia Nacional y los militares que llegaron a vigilar la capital durante la Ferida de Navidad y Año Nuevo, inhibieron a la delincuencia.
Añadió que ello derivó en una considerable disminución de los delitos, y que eso lo motivó a pedir a los gobiernos federal y estatal que permanezcan en la ciudad para que se siga garantizando la seguridad.
En entrevista en su oficina del Palacio Municipal, el alcalde reconoció que para la autoridad municipal ha sido difícil el reclutamiento de más policías municipales, que son insuficientes, pues de 600 que se requieren hay apenas 130 (el 21 por ciento).
A unas horas de que cuatro motocicletas y un automóvil fueron incendiados en la colonia San Miguelito de Chilpancingo, al parecer por el crimen organizado, y a una semana del asesinato presuntamente por su padrastro de un niño de dos años en la colonia San Rafel Oriente de Chilpancingo, el alcalde dijo que éstos son hechos aislados.
En cuanto a su petición para que permanezca la presencia de la Guardia Nacional y los militares en el municipio, informó que en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz le explicaron que eso se determina mediante una evaluación constante en cada uno de los municipios y que en el caso de Chilpancingo ya se cumplió con el objetivo, que era la Feria de Navidad y Año Nuevo.
Sin embargo, el alcalde explicó que la situación es que Chilpancingo ya cuenta con una situación de vida diferente a la que se vivía antes de la Feria, “ya hemos avanzado en cuanto a seguridad y la idea es ya no retroceder”.
Indicó que por ello ha pedido, “con todo respeto”, que se mantenga el acompañamiento de la Guardia Nacional, de los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por los resultados que se vieron durante las festividades de diciembre, pues su trabajo lo hicieron de manera “fantástica”.
Explicó que el objetivo de su petición a los gobiernos federal y estatal para que se mantenga la presencia de las fuerzas de seguridad es “no retroceder” en lo que se ha ganado.
Agregó que la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum ha reconocido la disminución de los delitos en Guerrero, “y si, aquí lo hemos visto en Chilpancingo, a excepción del problemita de hoy en la mañana, (el incendio de las cuatro motos y el vehículo) y el asesinato del niño”.
El alcalde, calificó ambos casos como aislados “son casos que tenemos como parte del escenario de la población”.
Alarcón Herrera reconoció que es necesaria la presencia de los gobiernos federal y estatal porque al municipio no le alcanza el número de policías municipales para garantizar la seguridad.
Informó que le ha sido muy difícil reclutar personal para la Policía Municipal, aunado a que tienen que pasar por un proceso de capacitación “y este procedimiento es muy lento”.
Declaró que de 600 policías que se requieren para el municipio, actualmente hay solamente 130 elementos, y que el año pasado de 80 aspirantes, solamente pidieron ingresar ocho.
“Precisamente por ello es el exhorto y la petición de que continúen la fuerza de la federación y del estado para mantener el municipio sin ningún problema”.
Luego de que el alcalde solicitó públicamente que permanezca en el municipio la Guardia Nacional y los soldados de la Sedena para mantener la seguridad en la capital, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, reclamó a los presidentes municipales participar activamente en las mesas regionales de coordinación para la paz, pues es el espacio institucional para reportar incidencias, solicitar apoyo y reforzar la colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales.
Al respecto, Alarcón Herrera aseguró que en su caso siempre ha estado en las mesas regionales para la construcción de la paz. Informó que se realizan cuatro por mes y que en lo que va de su administración ha participado aproximadamente en 50.
Explicó que a la mesa estatal solamente ha subido en unas cuatro ocasiones, cuando las circunstancias de inseguridad de Chilpancingo así lo requieren, “pero a las regionales nunca he dejado de ir, cuando no asisto es porque voy a la estatal”.
Informó que precisamente en la mesa de ayer jueves agradeció a las instituciones de seguridad federal y estatal la disposición de seguir apoyando al municipio en materia de seguridad.
Aun cuando en los medios de comunicación y mediante las redes sociales, como Facebook, se ha percibido en ocasiones una confrontación entre la autoridad municipal y la estatal, por discrepancias en materia de seguridad, el alcalde aseguró que no hay tal ni descoordinación.
Sin embargo, el edil ha realizado pronunciamientos públicos en los que reclama la presencia en el municipio de las instituciones federales y estatales para que le ayuden a mantener la inseguridad.
Este jueves matizó, dijo que el apoyo siempre lo ha recibido de los gobiernos federal y estatal, pero que a veces es necesario presionar, “para ir corrigiendo”.
Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en un filtro de revisión a la salida de Ayutla Foto: José Luis de la Cruz
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.
Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros
En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.
Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas
Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.
Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal forman parte de la Operación Costa Chica Segura que arrancó ayer, 12 días después de la emboscada ocu-rrida el sábado 16 de agosto en la que fueron asesinados 12 policías ciudadanos de la UPOEG Foto: El Sur
Inicia en Ayutla operativo de seguridad con más de 600 elementos estatales y federales
Fue un acuerdo de la reunión del subsecretario de Gobierno Francisco Rodríguez con concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios donde opera la UPOEG, tras el asesinato de 12 policías ciudadanos en una emboscada, se informa en un comunicado estatal
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.
Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros
En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.
Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas
Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.
En mayo de 2016, el Ejército tomó el mando del C4 (Centro de Comando, Comunicación y Cómputo) de Acapulco al igual que el jueves pasado cuando fue anunciado que la Guardia Nacional, transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa, antes Sedena), tomó el control de la operatividad de las instalaciones.
Era alcalde de Acapulco el perredista Evodio Velázquez, gobernador de Guerrero el priista Héctor Astudillo Flores y mandatario federal el también priista Enrique Peña Nieto; en mayo de 2017 la Secretaría de Seguridad Pública del estado asumió el control del C4 porque terminó el convenio con la Sedena.
Pese al control del Ejército en 2016 fueron abiertas 918 carpetas de investigación por homicidio doloso en el municipio y a año siguiente sumaron 843 carpetas por el mismo delito.
El Sur publicó el 10 de mayo de 2016 que un día antes la Sedena tomó el mando del C4 en Chilpancingo, Iguala y Acapulco, en este último municipio los militares llegaron a las instalaciones ubicadas en la calle Tesoro Perdido, de la colonia Progreso, donde laboraban 30 personas, entre ellas 18 operadoras y 10 trabajadoras administrativas.
Una semana antes, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la toma del C4 de los tres municipios por parte del Ejército, que destinaría 400 efectivos para tal objetivo y que construiría un C5.
En un comunicado de prensa, la dependencia federal precisó que la Sedena se haría cargo de todas las cámaras de seguridad de Acapulco y afirmó que el C4 “es un lugar que no ha dado confianza a todos los ciudadanos” cuando “es un lugar estratégico para poder enfrentar cualquier problema de inseguridad”.
El 14 de abril, el alcalde Evodio Velázquez reconoció que 100 de las 500 cámaras de seguridad del C4 no servían.
El Sur publicó el 19 de mayo de 2017 que desde el día 15 la Secretaría de Seguridad Pública del estado asumió el control del C4 de los tres municipios intervenidos porque el convenio entre el gobierno estatal y la Sedena terminaba ese día.
El 28 de mayo, el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, dijo que la Sedena tomó el control del C4 mientras eran capacitados trabajadores, a partir de entonces 250 policías estatales laborarían en el Centro de Acapulco.
El 3 de julio pasado en una conferencia de prensa a la que no fue invitado El Sur, se informó que la Guardia Nacional tomó el control de la operatividad del C4 en Acapulco con 104 agentes, mientras que la parte administrativa estará a cargo del Ayuntamiento encabezado por la morenista Abelina López Rodríguez.
El comandante de la 27 Zona Militar, general Andrés Ojeda Ramírez, explicó que la parte donde tendrá el control del C4 la Guardia Nacional será la atención a los reportes de 911, a las cámaras de seguridad que están instaladas, a los botones de pánico, “a todo lo que conlleve materializar la seguridad pública”.
En tanto que el Municipio tendrá el control de la parte “administrativa, logística, de recuperar, mantener, cambiar las cámaras, los enlaces de fibra óptica u otro que está enlazando al C4. Esa parte seguirá estando bajo manejo del municipio que tiene esos contratos firmados con las empresas”.
Al otro día del anuncio, el secretario de Seguridad Pública municipal, Arturo Eduardo Bailleres Mendoza, subrayó que ni la Guardia Nacional ni la Defensa tienen el “control absoluto” del C4, ni nada por el estilo y más bien es una colaboración, coordinación.
El 16 de agosto de 2023, en su primer trienio, la alcaldesa López Rodríguez informó que en los días siguientes se pasaría de C2 a C4 mediante la colocación de más de 500 cámaras de video vigilancia, drones y otro equipamiento.
El 24 de marzo de 2024, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, informó de la instalación del 97 por ciento de las 600 cámaras para transitar de un C2 a un C4 y añadió que 250 cámaras quedaron dañadas tras el paso del devastador huracán Otis del 25 de octubre de 2023.
El 11 de septiembre, la alcaldesa aumentó la cifra de cámaras de seguridad instaladas en el municipio a mil con una inversión de 99 millones de pesos.
Un hombre fue herido a balazos en el fraccionamiento Magallanes, atrás de plaza Cuauhtémoc, a una cuadra de Las Anclas.
La agresión fue reportada a las 9:30 de la mañana, en la calle tercera de Cristóbal Colón, en el Callejón del Antojo, a una cuadra de la avenida Cuauhtémoc, informaron policías ministeriales.
El reporte policiaco indica que hombres armados persiguieron a su víctima y al darle alcance le dispararon.
Policías encontraron solamente casquillos percutidos y manchas de sangre en el lugar porque el herido se fue por sus propios medios a un hospital cercano.
El hecho generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno, encabezado por fuerzas federales.
Por otro lado, efectivos del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales desplegaron este jueves una operación de prevención del delito y proximidad social en la localidad de Xaltianguis, ubicada en la zona rural de Acapulco.
El pasado 19 de mayo hubo un enfrentamiento armado entre dos grupos delictivos en la localidad de El Kilómetro 30, cercana a Xaltianguis, que dejó cuatro hombres muertos y una adulta mayor sin vida.
En un boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública del estado explicó que desde la madrugada de este jueves se instalaron filtros de revisión, patrullajes disuasivos y recorridos de vigilancia en puntos críticos, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y fortalecer la presencia institucional en la zona.
Indicó que en las acciones de proximidad social, los efectivos de las diferentes corporaciones visitarán escuelas y espacios comunitarios para garantizar la paz y la seguridad. (Redacción).
Ayer se presentó en el cuartel de la Guardia Nacional el contingente del Plan DNIII-E en el que participan 5 mil elementos de esa corporación, del Ejército y de la Fuerza Aérea. En la imagen, durante la demostración de rescate de personas en caso de inundaciones en Acapulco. Ayer también el Ayuntamiento informó que notificó a vecinos de 124 viviendas de tres colonias ubicadas en zonas de alto riesgo Foto: Carlos Carbajal
Se dicen listas las Fuerzas Armadas ante los huracanes; no permitirán saqueos, advierten
Estarán disponibles 5 mil elementos, informan en la presentación del contingente del Plan DNIII-E. Tienen la indicación de la presidenta de im-pedir la rapiña, dice comandante del 56 Batallón de Infantería del Ejército
Daniel Velazquez
El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional se dijeron listos para atender cualquier eventualidad generada por algún huracán durante esta temporada de lluvias que inició el pasado jueves 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre.
En las instalaciones de la Guardia Nacional en Acapulco, en la presentación del contingente del Plan DNIII-E con motivo del inicio a la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, se informó que son 5 mil agentes distribuidos en cuatro equipos de trabajo los que estarán disponibles para cualquier evento.
“El Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional estamos organizados y prestos para apoyar a la población civil en caso de que se presente un fenómeno natural que afecte la vida cotidiana de la población”, dijo el comandante del 56 Batallón de Infantería, Aníbal Nava Sánchez.
Los equipos son: de Seguridad, “proporcionará seguridad al área afectada, mediante el acordonamiento y patrullamiento de la zona de desastre, manteniendo el orden y evitando tanto el saqueo como el pillaje”; de Búsqueda y Rescate “para la localización de personas heridas o atrapados refiriendo su ubicación por medio de banderolas u otro medio óptico a efecto de facilitar la labor del grupo de rescate.
Los otros dos equipos son el de Evacuación para atender “a las personas afectadas que se encuentren en zonas de riesgo siendo trasladadas a los refugios temporales y albergues con el fin de proporcionarles alimentación, atención médica, odontológica y psicológica”; y de Limpieza y Reconstrucción “es el encargado de las actividades encaminadas al retiro de escombro y lodo, evaluación de daños y rehabilitación de vías de comunicación dañadas, así mismo, en coordinación con otras instancias de gobierno, se coadyuva con la distribución de despensas, entrega de insumos y medios de supervivencia; así como diversos artículos de primera necesidad en beneficio de la población damnificada”.
En su mensaje el comandante del 56 Batallón de Infantería, Aníbal Nava Sánchez, dijo que con la experiencia de Otis y John es de vital importancia el desazolve de desagües pluviales.
Adelantó, que autoridades del Ejército junto con la presidenta municipal harán un recorrido “por todos los canales y ríos para constatar los trabajos de desazolve que se realizaron”, también van a supervisar los refugios temporales.
En total cuentan con 30 camiones para el traslado de personas, 300 camionetas para el traslado de personal, víveres y materiales y 3 mil 580 herramientas para atender las contingencias que van desde máquinas retroexcavadoras hasta carretillas, picos y palas, plantas potabilizadoras de agua, cocinas comunitarias, tortillerías para que estén en cualquier parte del estado.
La ceremonia fue encabezada por el comandante de la 27 Zona Militar, Andrés Ojeda Ramírez; el comisario del mando especial de la Guardia Nacional en Acapulco, Miguel Ángel Aragón Vásquez; el comandante de la Base Aérea Militar número 7, Edmundo Martín Pérez Ramos, y el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, Efrén Valdez Ramírez.
Después de la ceremonia se hicieron dos demostraciones de las destrezas que tiene la Guardia Nacional para el rescate de personas en caso de riesgo de ahogamiento y de rapel.
En declaraciones a reporteros el comandante de la 27 Zona Militar, Andrés Ojeda Ramírez, dijo que los soldados de todo el estado está preparados para una contingencia, porque los huracanes pueden afectar cualquier parte del estado y en caso de una emergencia sólo queda en cuartel personal mínimo.
Sobre la estrategia de seguridad para evitar saqueos y pillaje, el comandante dijo que esperan que los ciudadanos respeten las normas.
Explicó que el Ejército estará atento a los avisos meteorológicos para conocer el pronóstico de qué magnitud se espera el fenómeno, aunque saben que en unas horas puede evolucionar.
Destacó que las condiciones de ahora del municipio son muy diferentes a las del año anterior, porque están en proceso de desazolve y limpieza de cauces y ríos, dijo que tiene el reporte de que se lleva un avance del 37 por ciento de desazolve.
Sobre si habrá desalojos forzosos de personas que vivan en zonas de riesgo, el comandante respondió que no, que se hará la invitación a las personas “y si ellos quieren salirse del lugar, se van a salir”.
Indicó que los cauces que serán prioritarios en vigilancia son Del Perro, Del Muerto, San Agustín y La Sabana, todas de la zona suburbana del municipi. Consultado sobre los cauces de la zona urbana, el comandante respondió que son varias cuencas en las que se tendrá vigilancia y que también se incluyen los de la zona urbana como el río El Camarón.
Convocó a los ciudadanos a que estén atentos a la información de Protección Civil sobre el monitoreo de huracanes y que atiendan indicaciones oficiales “y resten un poquito de credibilidad a muchas comunicaciones por vía de redes sociales que a veces no tienen sustento”.
Convoy militar con un contenedor de polvorines en el poblado El 30, ayer Foto: José Luis de la Cruz
Argenis Salmerón
El comisario del poblado Kilómetro 30, Adán Casarrubias Flores, informó que los hombres armados que irrumpieron en la noche del lunes mataron a cinco hombres y una mujer adulta mayor y dejaron tres heridos, y los llamó “víctimas colaterales”.
En declaraciones a reporteros que fueron por información al poblado vecino de Acapulco, el comisario confirmó que el lunes en la noche los agresores llegaron en tres camionetas blindadas.
El comisario aseguró que las víctimas fueron “daños colaterales” y manifestó que la balacera “fue algo raro, porque aquí gracias a Dios, El Kilómetro 30 y la Ruta del Sol y los Pueblos Santos somos gentes de trabajo”.
“Es la primera vez y será la última vez que pasa, que vienen a hacer eso, porque estamos acostumbrados a ser pueblos unidos, no vamos a permitir que nos quiten la tranquilidad”, advirtió.
Declaró que la balacera duró aproximadamente 10 minutos y que hubo dos explosiones “grandes” y afirmó que el ataque no fue dirigido a alguien en específico.
“Aunque sea con sartenes, palos o lo que sea, vamos a pelar por nuestro pueblo, por nuestra tranquilidad”, finalizó.
A las 10 de la noche de ayer, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que continúan las investigaciones relacionadas con los hechos delictivos generados la noche del lunes, en el poblado El 30.
Añadió que se ha confirmado el fallecimiento de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, en hechos que son investigados por la Fiscalía que abrió una carpeta por el delito de homicidio calificado.
Indicó que como resultado de las primeras diligencias fueron asegurados un arma larga, cargadores, cartuchos, siete vehículos (entre ellos, una camioneta blindada), estrellas poncha llantas y cinco artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.
Indicó que las investigaciones continúan mediante el análisis de indicios, la realización de entrevistas y otros actos ministeriales orientados al esclarecimiento de los hechos.
En la mañana, efectivos del Ejército desactivaron explosivos adentro de una camioneta blin-dada en un caserío al que se le llama Kilómetro 32, en la salida de El 30 rumbo a Xaltianguis.
La circulación de vehículos estuvo cerrada por dos horas, de 10 a 12 del día, en los dos sentidos de la carretera federal México-Acapulco con el res-guardo de la Guardia Nacional.
Efectivos del Ejército, revisaron una camioneta Chevrolet-Suburban, con la llanta trasera izquierda ponchada. Encontraron allí cinco artefactos explosivos caseros que no detonaron, cartuchos de alto calibre que fueron asegurados por los soldados.
Mientras que en el poblado El 30 eran notorios los estragos del enfrentamiento a balazos. Una casa y dos tiendas presentaban impactos de bala en la fachada, lo mismo que cinco taxi colectivos de la ruta Acapulco-Las Cruces.
No hubo transporte público, tampoco hubo clases en las escuelas, mientras que la mayo-ría de los negocios cerraron.
El 30, cuenta con 10 mil pobladoresa; la mayoría de los cuales se resguardaron en el centro de la ciudad.
La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, informó que con el programa Sí al desarme, sí a la paz se pretende duplicar el número de armas recolectadas en 2022 en Guerrero, cuando el Ejército recogió 29 armas cortas y 22 largas con un plan similar.
En declaraciones luego de la inauguración del programa de canje, en el Zócalo de Acapulco, la funcionaria federal reconoció un aumento de los índices de asesinatos en los últimos días en Acapulco, pero señaló que la Secretaría de Marina y Ejército trabajan con una estrategia de inteligencia en las colonias “para detener a los que se tiene que detener”.
Bárcena Molina indicó que con el nuevo programa de canje a armas se pretende duplicar el número de armas recolectadas en 2022 cuando el Ejército lanzó un programa similar, obteniendo 29 armas cortas y 22 largas, a cambio de una compensación económica.
La funcionaria dijo que “ningún programa por sí solo, puede lograr la paz, tenemos que hacer acciones conjuntas”, por eso el nuevo programa está inmerso en un conjunto de actividades, como el acercamiento de los servicios a las colonias con alto índice delictivo, en donde también se recorre casa por casa, y se les pregunta a las familias si tienen propuestas de mejora o si sus hijos tienen alguna adicción.
Abundó que muchas veces el problema son las calles oscuras, un parque que es peligroso, porque los árboles no están podados, “entonces es una acción integral. Nosotros lo que pretendemos es que se pueda a la larga, con todas las acciones, ir construyendo una nueva cultura de paz para las nuevas generaciones”.
Se le preguntó de las quejas por la mala calidad y falta de servicios básicos en las colonias consideradas prioritarias, señalando que la alcaldesa Abelina López Rodríguez “está consciente de lo que se requiere”.
La subsecretaria agregó “muchas veces no hace falta una inversión grande, a veces sí, y entonces entra Conagua, pero muchas, el municipio puede ir resolviendo, a veces solo es que hay demasiadas fugas de agua, o un bacheo, que eso ya está contemplado, entonces la intención es que los tres órganos de gobierno coadyuvamos para decirle al municipio ayúdanos con estos y nosotros le vamos a dar las becas Rita Cetina”, que se da a una familia, cuando tiene a un adolescente estudiando la secundaria.
Un sujeto identificado como agente de la Fiscalía General de la República (FGR) fue detenido el pasado domingo en Acapulco por militares con cuatro kilos de metanfetamina, valuada en el mercado negro en hasta un millón de pesos, informó este martes el Gabinete de Seguridad federal.
El policía ministerial portaba además un arma corta y cartuchos.
“Le aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos, cuatro kilos de metanfetamina y dos identificaciones. El costo por la droga asegurada es de 1.1 millones de pesos”, especificó el gabinete en su informe diario.
El sujeto transportaba la droga sintética en su auto cuando fue interceptado por efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN).
En el Registro Nacional de Detenciones el agente fue identificado como Óscar Rosalino Morales y/o Oscar Rosaliano Morales.
De acuerdo con la ficha, el sujeto fue detenido el pasado 29 de diciembre a las 22:36 horas en la carretera Acapulco-Pinotepa, cerca de una gasolinería, en el puerto.
Niega regidor que la detenida con El Panadero sea su empleada o esté en el Ayuntamiento
El regidor postulado por el Partido Encuentro Solidario, Jose Ángel Mejía, respondió que la joven detenida en el poblado La Venta, junto al líder del Cártel Independiente de Acapulco, Marco Antonio Rodríguez, El Panadero, no es su empleada y no está en la nómina del Ayuntamiento.
En breves declaraciones el martes después del arribo del crucero Azamara Onward, en la terminal Marítima de Acapulco, declaró que “la señorita que mencionan no está en la nómina del Ayuntamiento ni tampoco está en la nómina que tengo yo como regidor”, como indicaron fuentes del Ayuntamiento a El Sur.
“La verdad es totalmente falso lo que manifiestan, de que conozco a la persona, como conozco a muchas personas en Acapulco que nos han acompañado en campaña y que hemos trabajado en campaña, pero conozco ciertos límites…no conoces lo que hacen ellos en sus tiempos libres y no conoces lo que hacen las personas en su vida personal”, dijo.
El regidor mencionó que no es responsable de las decisiones y acciones que lleven a cabo las personas, “de lo que sí soy responsable es de trabajar por Acapulco y ahorita estamos aquí esperando al turismo internacional”. (Aurora Harri-son).
