Presuntamente por publicar una nota en la que denunció que el vivero del programa Sembrando Vida de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, no está funcionando, el editor del semanario y portal Prensa del Sur, Bertín Chino González, fue detenido en esa comunidad.
En declaraciones por teléfono, denunció que su detención fue ordenada por el comisario municipal, Ángel Morales Agustín, a quien responsabilizó de su integridad física, “por si me golpean en la noche, porque aquí son medio cabrones”, dijo.
Contó que el miércoles subió a su portal una nota en la que denunció que el vivero del programa Sembrando Vida en esa localidad no está funcionando, y que ayer a las 5 de la tarde, llegaron policías rurales vestidos de azul que dependen del comisario municipal, a la casa de su esposa en esa localidad y lo detuvieron.
Dijo que cuando les preguntó por qué delito lo detenían, el comandante le respondió que “por el reportaje” de Sembrando Vida que publicó.
En el video que subió a su portal el reportero, aparecen imágenes del vivero vacío: “vemos este vivero de Sembrando Vida que está completamente desolado, no tiene nada. Esto que siempre está mencionando el presidente López Obrador que Sembrando Vida… así como aquí están los viveros de Atlamajalcingo del Monte, en Olinalá, en Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, también están así los viveros. En Guerrero no funcionan”.
Por la noche, la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) emitió una alerta a las organizaciones de periodistas, a la Comisión de Derechos Humanos y al Mecanismo de Protección a Periodistas, así como a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, “para que de inmediato se revise la situación del compañero, quien se encuentra detenido por la Policía Rural de la comunidad de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, en la región Costa Chica de Guerrero”.
La organización, informó que el reportero tiene 30 años ejerciendo la labor de periodista, y consideró que su detención “representa una grave violación a sus derechos humanos, además de una clara violación a la libertad de expresión, al derecho de informar y estar informado”.
El SNRP demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, su inmediata libertad, “y una profunda investigación que permita sancionar a los responsables de este atentado a la libertad de informar”.
A las 8 de la noche se realizaba una asamblea en la comunidad para determinar la situación del reportero.
Bertin Chino trabajó en Chilpancingo y en los últimos años en la Montaña y la Costa Chica. Estos días se encontraba en Horcasitas, de donde es originaria su esposa.
A las 9:30 de la noche, la Secretaría General de Gobierno informó que Chino González fue liberado luego que fue detenido por la policía rural de San Luis Acatlán por la mediación del director General de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.
La esposa y el hermano del comisario de Petlacala, municipio de Apaxtla de Castrejón, Casimiro Miranda, fueron asesinados a balazos, aunque éste logró escapar.
Vía telefónica, el coordinador de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, Salvador Alanís Trujillo, informó que a las 7 de la mañana de ayer un grupo de la La Familia michoacana aliado con La Beba atacó a la familia del comisario, mientras ordeñaban.
La versión que dio el dirigente comunitario fue que el comisario se encontraba en su rancho ordeñando y hasta ese lugar llegaron hombres armados que los atacaron, dejando muertos a su esposa de nombre Guadalupe Díaz Moreno y su hermano Roberto Miranda Urióstegui.
“El comisario logró escapar y comunicarse con nosotros, e identificó a sicarios allegados al grupo de la (Policía Comunitaria) Tecampanera”, reveló
Alanís Trujillo denunció que desde hace una semana la Familia michoacana entró en Apaxtla con la ayuda de las autoridades, “donde han realizado levantones a pobladores y cobro de cuotas a los comerciantes”.
Comunicado de la Fiscalía del Estado
Mediante un comunicado la FGE confirmó el ataque armado a la familia del comisario de Petlacala, Casimiro Miranda.
La Fiscalía informó que llegó a las 12 del día al punto conocido como Agua Fría, ubicado a la orilla de la carretera que conduce a Petlacala,
“En dicho lugar se pudieron observar dos personas privadas de la vida. La primera persona, de sexo masculino fue identificado como Adelfo “N”, vecino del poblado de Petlacala, mismo que presenta lesiones en la región frontal derecha, abdomen y muslo izquierdo.
“La segunda persona de sexo femenino, identificada como Gisela “N”, vecina del mismo poblado, presenta lesiones en la región pulmonar derecha, en el cuello y en clavícula izquierda”.
Aunque los nombres no coinciden con los dados por el Coordinador de la Comunitaria de Heliodoro Castillo, en el comunicado señalaron que los familiares no dejaron llevarse los cuerpos.
La Fiscalía comunicó que “por las características de los hechos, se presume la participación de la delincuencia organizada, en disputa por territorio”.
Desde el mes de noviembre en esta zona de la región norte de Guerrero, los grupos comunitarios de Heliodoro Castillo y la Tecampanera de Teloloapan mantienen una pelea por el control de los municipios de Apaxtla y Cuetzala.
En el mismo conflicto los grupos de Los Tlacos y La Bandera pelean por el territorio para el trasiego de drogas y el control de las minas en Teloloapan.
La gobernadora Evelyn Salgado a su llegada a El Durazno flanqueada por la comisaria municipal, Azucena Rosas García; la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, y el presidente del comisariado ejidal, Ignacio Chávez Arreola. Atrás, el comandante de la Novena Región Militar, general Ricardo Flores González, el delegado federal Iván Hernández y el secretario de Gobierno Ludwig Reynoso Foto: Comunicación Social
Brenda Escobar
Zihuatanejo
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda visitó la comunidad El Du-razno, Coyuca de Catalán, donde refrendó su compromiso “absoluto” con la sierra, cuyos habitantes ya “no van a estar en el olvido, no van a estar marginados”.
En su mensaje de bienvenida, el presidente del comisariado ejidal, Ignacio Chávez Arreola, rechazó el estigma impuesto a los pobladores de delincuentes “por el hecho de ser de la parte alta de la sierra”.
La visita ocurre a casi tres meses de que presuntos integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana, asesinaron a siete campesinos, seis de ellos en la escuela primaria donde estuvo la gobernadora ayer.
El 10 de diciembre de 2022 por la tarde, los hombres armados entraron a esa comunidad, llamaron a seis de los vecinos a la escuela primaria para “una reunión” y ahí los asesinaron, entre ellos a un menor de edad.
A su salida del pueblo, dispararon contra viviendas y el templo católico, así como también hirieron a un joven. En la calle principal, se encontraron con otro campesino a quien mataron e incendiaron su cuerpo junto con su cuatrimoto. Desde ese día, un adulto mayor se encuentra desaparecido.
Después de este hecho violento, en los días siguientes, los habitantes de El Durazno recibieron amenazas constantes del citado grupo criminal para que abandonaran la comunidad. Incluso les dieron de plazo hasta el 3 de enero para que lo hicieran, por lo que el gobierno envió militares y policías ministeriales.
El 19 de diciembre, durante su última visita a Zihuatanejo, cuando vino a dar el arranque oficial del operativo de seguridad por las vacaciones decembrinas, la gobernadora declaró que iría a visitar a los habitantes de esa comunidad y les envió el mensaje de que “no están solos”.
El 10 de enero, policías estatales ingresaron al poblado El Parotal, en Petatlán, acompañados de tres civiles que fueron identificados como presuntos integrantes de La Familia Michoacana. Los tres hombres, un policía y el director de la Unidad de Fuerzas Especiales, Jaime Téllez Ruiz, fueron asesinados.
A consecuencia de ese hecho, los pobladores del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno, que comprende comunidades de Peta-tlán, Tecpan de Galeana, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, se vieron envueltos en una oleada de violencia, que provocó desplazamiento de familias de varias localidades. El más notorio es el de la comunidad Los Bayados cuyos 246 habitantes dejaron el lugar y desde hace casi un mes permanecen en el municipio de Tecpan de Galeana.
“50 años de olvido en la Sierra”
A tres días de que se cumplan tres meses del asesinato de los siete campesinos en El Durazno, las familias que todavía viven en esa comunidad fueron visitadas por Salgado Pineda, quien se hizo acompañar por elementos del Ejército, la Marina y Guardia Nacional, y el delegado federal de programas sociales, Iván Hernández Díaz.
De igual forma, los secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, de Bienestar, Maricarmen Cabrera y de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña; así como la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos. También, el comandante de la Novena Región Militar, el general Ricardo Flores González. También la acompañó la comisaría municipal, Azucena Rosas García,
En su intervención de casi 12 minutos que fue difundida por su equipo de Comunicación Social, Salgado Pineda señaló que “hoy como gobernadora vengo también a refrendarles mi compromiso absoluto con la sierra… quiero decirles que no van a estar en el olvido, que no van a estar marginados, ustedes valen exactamente lo mismo que cualquier hombre o mujer guerrerense, no debe de haber desigualdad entre una región u otra región”.
Dijo que lamenta mucho “que existan más de 50 años de rezago, de olvido para nuestra sierra, pero hoy esta administración está muy comprometida, yo estoy muy comprometida con toda la gente que conforma esta región, el comisario lo dijo muy bien, ‘somos gente de trabajo, somos gente buena, aquí no hay gente que esté haciendo el mal’, y venimos a refrendar lo que ya hemos dicho, que la presencia de las fuerzas armadas, de las compañeras y los compañeros que integran Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía y por supuesto, el gobierno del estado, no los vamos a dejar solos”.
Le comentó a los pobladores que “vamos a estar muy pendientes con todos los programas, tanto federales, estatales y todos los apoyos que se puedan dar, yo sé que los apoyos sociales a lo mejor no van a quitar ese dolor que se sufrió en estos últimos meses, pero hoy estamos aquí para decirles que no vamos a permitir que sucedan nuevamente ese tipo de sucesos, que nosotros vamos a estar al pendiente”.
“Que ya hay una presencia permanente de parte de todos los que integran tanto las fuerzas militares como civiles y no van a estar en el abandono, tenemos muchos programas, hay que detonar todo lo que tiene la sierra y por eso es que estamos aquí”.
Evelyn Salgado les informó que personalmente ha hecho las gestiones para que la gente de la sierra tenga caminos, “porque no puede haber progreso, no puede haber de-sarrollo si no tienen caminos dignos, si no hay conectividad entre una comunidad y otra”.
Más adelante, dijo que “la parte social es importante, pero la seguridad aún es más importante, entonces, vengo a refrendar el compromiso de que vamos a estar presentes todas las fuerzas y que no exista temor, aquí este lugar tiene que ser de pacificación, de tranquilidad”.
“Este trabajo de pacificación de nuestras regiones tiene que ser de la mano de nuestras comisarias, de nuestros comisarios y también de ustedes, del pueblo, por eso tenemos que ir caminando de la mano con los gobiernos municipales también, con el gobierno federal que nos está apoyando y que esta tarea de la pacificación no es apagar el fuego con más fuego, se trata, como dice nuestro presidente, de atacar las causas que han originado la violencia en nuestro, en las diferentes regiones y por eso estamos aquí”.
“Precisamente atendiendo las causas que originan esa violencia y que aquí no falten maestros y que no falten medicamentos y que no falte el doctor para atenderlos también a todos, que no falten los programas sociales, que no falte el programa Sembrando Vida y que no falte la seguridad, que es lo más importante”.
Confían en que no hayan ido sólo a estrecharles la mano
En su mensaje de bienvenida, el presidente del comisariado ejidal de El Durazno, Ignacio Chávez Arreola, rechazó que el estigma en que se tiene a los pobladores de la parte alta de la Sierra, “con el hecho de ser la parte alta de la sierra, somos un sinónimo de delincuentes, no”.
También dijo, “no queremos, ciudadana gobernadora y representantes, que nuestros hijos por la incapacidad, por causa de no estar preparados se vayan a las filas de la delincuencia. Si alguien de nuestro hijos tiene la oportunidad de traer un arma, que sea al servicio del estado, al servicio de la nación”.
“Esperábamos y anhelábamos que se nos hiciera caso y que se vinieran, sabiendo que nosotros con el hecho de ser la parte alta de la sierra, somos un sinónimo de delincuentes, no. El Durazno es el único pueblo del estado de Guerrero, el único ejido que está completamente en orden, donde todas las casas tienen un título de propiedad, donde las parcelas, mil 350 parcelas asignadas por el Registro Agrario Nacional, es un honor de que hayan venido”.
El conocido productor de ganado, aseveró que El Durazno, es el único poblado que a pesar de que está en la Sierra, sus habitantes han luchado “muchísimo” para que en la localidad haya escuelas de educación básica y un telebachillerato.
Hubo acuerdos importantes, celebra el comisario de El Durazno
Horas más tarde, vía telefónica, el presidente del comisariado ejidal, comentó que los habitantes de El Durazno estuvieron contentos con la visita de la gobernadora, que hicieron acuerdos “muy importantes” en materia de seguridad para pacificartoda esa región, empezando por la construcción de las oficinas de la Fiscalía del Estado en esa localidad.
Dijo que aprovechó la presencia de los funcionarios federales y estatales en materia de seguridad para hacerles la petición de que se acondicionen instalaciones dignas para los militares, marinos y policías ministeriales que están resguardando a la comunidad.
A pregunta, don Ignacio Chávez dijo que con la visita de la gobernadora, ya tienen maestros para el nivel básico y que el secretario de Educación se comprometió a enviar “lo más pronto posible a un maestro que atienda el telebachillerato y que haya continuidad en la educación”.
Indicó que está pendiente por llegar un doctor para el centro de salud, “por lo pronto tenemos atención médica por parte de un doctor de la Fiscalía General del Estado y se trató que va a canalizarse un médico para El Durazno y para todas las comunidades que tengan un centro de salud, nos vamos a coordinar, tenemos una reunión en los próximos días para eso”.
Luego, adelantó que en cuestión de caminos, le dijeron que habrá inversión estatal, “en próximos días, no tenemos fecha porque tiene que verse con la CICAEG, con el recurso que tienen en el estado, pero sí se habló de caminos, se habló de los puentes que son la base fundamental, pues si un río crece y no hay el puente pues no podemos pasar y ante una emergencia se requiere de la infraestructura y de la comunicación”.
Agregó que los funcionarios fueron quienes hicieron el comentario en el sentido de que si la región Montaña tiene caminos artesanales y con ello se ha mejorado bastante su nivel de vida y la facilidad para trasladarse, “por qué la Sierra no”.
“También se habló del regreso de las familias que se han tenido que salir de la Sierra, que tiene hacerse paulatinamente, después de salir de la sicosis, tiene que hacerse”.
–¿Se quedan ustedes satisfechos con todo lo que les dijo la gobernadora?
–Yo confío en que los grandes saludos, la estrechadura de manos sean futuros y sean prominentes para nuestro Durazno, para el estado de Guerrero y que sea el parteaguas de la pacificación en la Sierra, en toda esta región. Nosotros en principio decíamos “la pacificación en la parte alta de la Sierra”, no, ahora queremos abarcar un poco más, que El Durazno sea el promotor de la pacificación a nivel estatal y quizás seamos el ejemplo para una pacificación nacional”.
El Tribunal Electoral del Estado anuló la designación como comisarias titular y suplente de Las Vigas, nombradas por el cabildo de San Marcos, y restituye en sus derechos al comisario electo por los vecinos.
El TEE revocó un acuerdo de Cabildo de San Marcos del 9 de enero de 2023, que daba por terminado el cargo del comisario de Las Vigas, Anselmo Ignacio Carmona, para renovar la administración de la Comisaría, que ahora es cabecera municipal.
Restituye los derechos y obligaciones al comisario Carmona, porque el Cabildo de San Marcos contravino sus propias determinaciones, y violentó los principios de certeza y legalidad al nombrar nuevas autoridades en Las Vigas,
Recordó que la obtención de cargo como comisario de Anselmo Ignacio, es producto de una elección vecinal, y la ampliación del periodo fue aprobada por el cabildo debido a la contingencia sanitaria, y luego por proceso de remunicipalización, que llevó a la creación del municipio de Las Vigas el año pasado.
Por otro lado, el TEE?anuló la elección del 8 de enero de enero de la Comisaría Municipal de la comunidad de Chiepetepec, expedidos por el ayuntamiento, porque la comunidad denunció que la convocatoria no se publicó en los plazos que establece la Ley, ni se difundió en los medios tradicionales, circunstancia que les impidió acudir a votar como a la mayoría de la población.
El ayuntamiento tampoco acreditó la difusión amplia de la convocatoria, ni el cambio de sede, donde participaron 463 personas, que representan apenas 33 por ciento de la ciudadanía esperada, inferior al 70 por ciento de participación obtenida en años anteriores.
En la elección de comisario de San Miguel Axoxuca, dejó sin efecto el acta de asamblea de la jornada electiva del 8 de enero, así como los nombramientos expedidos por el ayuntamiento.
El reclamo del ciudadano Mauro Oyorzábal Gómez fue que se vulneraron los principios constitucionales en materia electoral, y ordenó al ayuntamiento de Tlapa emitir una nueva convocatoria en diez días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, para celebrar la elección en coordinación y con asesoría del IEPC.
Ordenan al PAN nueva resolución en caso Igualapa
En temas de partidos, revocó parcialmente una resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, porque excluye de responsabilidad al dirigente estatal, Eloy Salmerón Díaz, con una interpretación aislada y no integral del juicio que interpuso la presidente del Comité Directivo de Igualapa, Claudia Martínez Sánchez.
Ordenó a la Comisión emitir una nueva resolución con perspectiva de género, en libertad de jurisdicción, exhaustividad y de manera integral sobre los agravios denunciados.
Precisó que la nueva resolución de la Comisión del PAN deberá contar con todos los hechos y caudal probatorio que fue allegado al expediente.
Unos 30 hombres armados irrumpieron en la comunidad serrana La Laguna, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), donde dispararon contra cuatro casas y contra la comandancia de la Policía Rural Estatal.
De manera extraoficial se supo que en la irrupción fue levantado el comisario quien además es el presidente de seguridad de la Unión de Comisarios de la Sierra, Erineo Castro.
Fuentes consultadas detallaron que en la irrupción suscitada a las 8:00 de la mañana de este sábado fue sacado de su casa el comisario de La Laguna, pero en el boletín oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado no se menciona este caso.
En la ficha proporcionada por el gobierno del estado se informa únicamente de un ataque a cuatro casas y a la comandancia de la Policía Rural Estatal.
Tras el ataque, las dependencias encargadas de seguridad como la Policía Estatal y el Ejército se movilizaron hacia aquella zona de la sierra, donde además fue utilizado un helicóptero para la búsqueda del grupo armado.
Los hombres armados que irrumpieron en el lugar vestían uniformes y cascos pixelados tipo militar.
En coordinación con el Ejército se inició la búsqueda y localización del grupo armado que huyó rumbo a Carrizalillo y dejó abandonadas dos camionetas Pick-up.
El ataque fue repelido por los policías rurales. Trascendió que hubo un muerto y un herido, pero en el boletín del gobierno se desmiente.
En el peritaje realizado se destacó que en el ataque cuatro casas particulares recibieron impactos de arma de fuego.
En la comandancia de la Policía Rural Estatal se contabilizaron 27 impactos de arma de grueso calibre; dos unidades oficiales de la Policía Rural Estatal con dos impactos de arma de fuego cada una, un vehículo particular que se encontraba estacionado con impactos de arma de fuego en el medallón y parabrisas, mismo que resultó con reporte de robo; así como aproximadamente 850 cartuchos percutidos de diferentes calibres en los lugares desde donde estuvieron disparando los agresores.
Integrantes del Comité Regional de Gestión de la zona indígena, del municipio de Ahuacuotzingo solicitaron, por cuarta ocasión desde 2015, la pavimentación y ampliación del tramo carretero de 4 kilómetros de Tlalacontitlán a Alpoyecancingo.
La mañana de ayer, un grupo encabezado por el regido de Comercio y Abasto Popular, Lino Vargas Cortés acudió al edificio Acapulco, de Palacio de Gobierno, a dejar por cuarta vez la petición de mejora del camino de terracería que conecta a ambas comunidades. En el lugar, Vargas Cortés recordó que en diciembre de 2015 solicitaron el pavimento por primera vez, pero les notificaron que no había dinero.
Después, en enero del 2016 la solicitaron por segunda vez, pero tampoco recibieron el apoyo; en 2017 presentaron un tercer escrito con la misma petición, y a mediados de julio de ese año la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), respondió que no tenía dinero para el proyecto.
Ayer presentaron el cuarto oficio al Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Rafael Navarrete Quezada para que atienda los 4 kilómetros de terracería que conectan a más de 15 anexos de ese municipio de la región Montaña.
Comentó que, para las comunidades indígenas de la zona es difícil mejorar su entorno con servicios porque los gobiernos no dan prioridad a la mejora en carreteras, salud o educación.
Dijo que es “increíble” que el gobierno del estado no tenga dinero para pavimentar y ampliar una carretera de 4 kilómetros.
Después de dos días de bloqueo en la comunidad de Atzcala, Cocula, para exigir que se reanuden las operaciones de la mina Media Luna, el comisario de Nuevo Balsas, David, Díaz Sánchez, lamentó que no hubo respuesta de autoridades estatales o federales a su demanda.
“Deben querer que la gente se confronte, o no entiendo cuál es la situación”, dijo en consulta telefónica sobre los plantones de vecinos de Nuevo Balsas y colonia Valerio Trujano, opositores al paro de labores de Media Luna, que mantienen bloqueos desde el 3 de enero.
Aclaró que la población mantendrá los bloqueos en demanda de que se abra una de las puertas de la mina para los trabajadores de Nuevo Balsas que laboran en las tierras que la empresa Torex Gold Resources renta a los ejidatarios de esa comunidad.
Aseguró que pusieron al tanto de las acciones al subsecretario de Asuntos Agrarios del estado, Fernando Jaimes Ferrel, que debió poner al tanto a sus superiores, dijo. No obstante, destacó que haya enviado a efectivos de la Gendarmería, que han estado haciendo recorridos en la zona.
Antes, representantes de los dos movimientos, el de los trabajadores en plantón en la puerta 3 que exigen el cambio de sindicato en la mina, y el de los opositores al paro, han advertido de la posibilidad de una confrontación de las partes.
“Van dos días completos, ojalá mañana o el domingo se acerque alguien del gobierno, como platicábamos, nosotros aquí lo que queremos es trabajo, es una fuente de trabajo para nuestras familias, yo también tengo familia trabajando dentro de la mina”, dijo el comisario de Nuevo Balsas.
Consideró que las más afectadas por el conflicto de la mina son las familias más pobres, que brindan servicios a los empleados de las empresas que subcontrata la minera.
“Mucha gente se queja, las señoras que lavaban ropa o que planchaban, algunas no tienen conocimiento del hecho y tienen cinco o seis niños, y sus esposos no pueden trabajar en la mina porque no tienen papeles, y son peones o campesinos”.
Indicó que, para muchas familias, 500 pesos por un servicio a los trabajadores de la mina son de gran ayuda, y antes de la llegada de la mina a Cocula la esperanza de encontrar un empleo, era la migración a Estados Unidos.
Añadió que son pocos los vecinos en Nuevo Balsas los que apoyan el paro, y antes tuvieron problemas por no acatar las reglas de la empresa.
Lamentó que los paristas digan que quieren mejores salarios para la gente, “no le veo que sea una forma de buscar mejoras para la gente”.
El comisario reconoce que no sabe de asuntos sindicales, pero insiste en que las autoridades volteen a ver a la gente que quiere trabajar “que aceptan las reglas del juego”, en referencia a las normas de la empresa.
Por segunda ocasión, el Ayuntamiento de Olinalá intentó llevar a cabo la elección de comisario en la comunidad de Zontecomatlán, pese a que un grupo de vecinos ganó un juicio para anular las elecciones de junio, y pide que se reconozca al comisario que eligieron ese día en asamblea por usos y costumbres.
En esta ocasión no hubo confrontaciones físicas ni verbales, pero los vecinos supieron que intervendría el Ejército y llamaron a la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) a resguardar el lugar.
El 25 de junio pasado, un grupo de pobladores eligió a su comisario por usos y costumbres en la comisaría, como indica el proceso, pero hubo inconformidad del grupo del alcalde priista, Saul Apreza Patrón, porque no beneficiaba a su candidato, y llevó a cabo su propia elección en una casa particular, por lo que vecinos inconformes promovieron un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), que ordenó al Ayuntamiento cancelar los nombramientos y emitir una nueva fecha de elecciones.
Los pobladores que interpusieron el juicio rechazan nuevas elecciones, y piden que se reconozcan las elecciones que hicieron por usos y costumbres.
En consulta telefónica, el abogado de los vecinos que rechazan las nuevas elecciones, Pánfilo Sánchez Almazán denunció que el Ayuntamiento llamó a elecciones este viernes a las 10 de la mañana, y no en sábado o domingo, como es la costumbre; sin embargo, el grupo de vecinos opositores que representa acudió para fijar nuevamente su postura.
Al poblado acudieron, un representante del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) que no se identificó, comentó el abogado; el delegado regional de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce; el secretario general del Ayuntamiento, Primitivo Jiménez Rendón; la síndica, Rosa Guadalupe Patrón Escudero; y los regidores, Eulalio Menor Rodríguez y Santiago Rosales.
El abogado contó que sus representados “estaban al pendiente porque se decía que el Ayuntamiento iba a llevar a los militares, entonces ellos (los pobladores) se organizaron en coordinación con la Policía Ciudadana y Popular, que estuvo pendiente en la entrada del pueblo; por usos y costumbres, en la región, (para) cualquier cosa que pasa hay una coordinación con la zona, que es territorio indígena”.
Al lugar sólo acudieron policías estatales y no hubo necesidad de la intervención de la Policía Ciudadana.
Los pobladores recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) a interponer un recurso para exigir que se reconozca la elección de junio en asamblea, cuando eligieron a Fidencio Cruz como comisario mediante usos y costumbres.
En medio de un juicio ciudadano en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), para el reconocimiento de autoridades electas mediante los procesos normativos de los pueblos originarios, el alcalde priista de Olinalá, Saúl Apreza Patrón, convocó a elecciones de comisario en Zontecomatlán, para este viernes, denunció un vecino, Pánfilo Sánchez Almazán.
En una llamada telefónica, el vecino denunció que el alcalde actúa de manera irresponsable y en contradicción con los usos y costumbres de la comunidad nahua, con el respaldo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que está acompañando el proceso. Advirtió que esto podría provocar un conflicto mayor entre la población.
Recordó que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) revocó el nombramiento del comisario que el Ayuntamiento de Olinalá apoyó, y ordenó nuevas elecciones de comisario con el acompañamiento del IEPC, y en apego a los procesos normativos de la comunidad indígena.
Aclaró que cuando el Ayuntamiento convocó a elecciones, el pasado 6 de noviembre, éstas se cancelaron por una confrontación entre los grupos enfrentados, reconoció que algunos llegaron a los golpes, y al final las partes acordaron acatar el resultado del recurso que determine el Trife.
Sánchez Almazán aclaró que la comunidad se inconformó con la sentencia del TEE, porque los magistrados también debieron validar el acta de asamblea de la comunidad, del 25 de junio, donde se eligió al comisario que desconoció el alcalde.
En esa asamblea, funcionarios del Ayuntamiento salieron de la sesión con parte de la población cuando no lograron mayoría para imponer a un candidato afín al PRI. En una casa particular, nombraron un comisario a modo, mientras la asamblea, en el lugar habitual de sesiones, concluyó el nombramiento de otro comisario.
El TEE desechó también el acta de la comunidad porque no contaba con los sellos del Ayuntamiento. Sánchez Almazán aclaró que ninguna ley establece ese requisito, y en todo caso, fue una omisión de los funcionarios no haberse quedado a la conclusión de la asamblea.
Sin embargo, denunció que el alcalde, quien es hermano del secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Héctor Apreza, no respetó el acuerdo del 6 de noviembre, y emitió una convocatoria el lunes para una elección de comisarios el viernes.
Urgió a que el Trife resuelva de inmediato la controversia de Zontecomatlán, que se respeten los derechos ciudadanos de los pueblos indígenas y se reconozcan las autoridades que ya fueron electas, porque el gobierno de Olinalá no tuvo capacidad ni oficio político para sentar a dialogar a las partes de este problema.
Comisarios de las nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y una de Tepecoacuilco que el domingo constituyeron su policía comunitaria, y que después marcharon en Mezcala y bloquearon una hora la carretera federal en el entronque a ese pueblo, se reunirán este martes con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
El domingo en la tarde se reunieron en privado con el delegado regional de gobierno en la zona Norte, Ignacio Ocampo Zavaleta y con el delegado de Gobernación estatal en la misma zona, Felipe Adame, a quienes expusieron los motivos para conformar su policía comunitaria en esos 10 pueblos.
Mientras tanto el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia consultado vía telefónica reconoció que la conformación de la policía comunitaria en esas 10 comunidades obedece a que, según los pobladores, es una zona donde se han cometido diversos delitos y que allí se disputan el territorio los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos.
Álvarez Heredia reconoció que en el encuentro de Ignacio Ocampo y Felipe Adame con los comisarios “recibieron de éstos la demanda de mayor seguridad por los homicidios, secuestros y extorsiones que ellos han vivido en los últimos años, hay que recordar que esta zona está localizada en donde se encuentra la veta de oro más importante del país (dijo en referencia a la mina de Carrizalillo), y esto ha generado un interés de los grupos delictivos por esa zona”.
Para el vocero esta es la causa de la confrontación de los grupos criminales Guerreros Unidos y Rojos.
Sin embargo el funcionario aseguró que la seguridad en la zona está a cargo de la Policía del Estado y del Ejército mediante recorridos de vigilancia y puestos de revisión de personas y vehículos en los pueblos.
Álvarez Heredia adelantó que la seguridad en esa zona seguramente será un tema de reflexión al seno del Grupo de Coordinación Guerrero en su próxima sesión.
En la tarde en un boletín de prensa, en declaraciones que se atribuyeron al mismo vocero se informó que “la inseguridad propicia que las comunidades se organicen para formar grupos de autodefensa”, aunque aclaró que “no existe una figura legal que justifique la presencia de los grupos de autodefensa”.
Aclaró que no existe un ánimo de oposición de las autoridades a las autodefensas, “y sí una amplia disposición al diálogo con las comunidades para atender la legítima demanda de los pueblos por mayor seguridad”.
Antes, en declaraciones a distintos medios de comunicación en Casa Guerrero después del mediodía el domingo pasado, declaró que el surgimiento de autodefensas “no va a despertar oposición entre las instituciones de seguridad ni a la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, al contrario, tenemos que verlos con empatía por el hecho de brindar seguridad en sus propias localidades, y con disposición al diálogo para conocer las causas que motivaron el surgimiento de estos grupos”, expuso.
“Debemos reconocer que existe un problema de inseguridad en la zona que hace que los pobladores de las localidades en mención se organicen para formar sus propios grupos de autodefensa, y por esa razón se entabló la comunicación que ya se tiene con ellos”, declaró.
Explicó que por eso funcionarios de la Secretaría de Gobierno se presentaron en Mezcala después de la marcha el domingo, para tener un acercamiento con los comisarios de los pueblos, y adelantó que las pláticas continuarán este martes.
Para el vocero es importante que se agilicen en el Congreso local los trabajos de la iniciativa de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero a fin de regular estos grupos de autodefensa.
