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Informa la minera Equinox Gold de su fusión con la empresa Orla Mining

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La minera Equinox Gold, operadora de la mina Los Filos, en el municipio de Eduardo Neri, informó en su cuenta de Facebook, que firmó un acuerdo definitivo de fusión con la también empresa canadiense, Orla Mining, para crear una productora de oro que representa una capitalización bursátil combinada “superior a los 18 mil millones de dólares”.
De acuerdo con denuncias del líder del Sindicato Nacional Minero y diputado federal, Napoleón Gómez Urrutia, la mina Camino Rojo en Zacatecas, que opera la canadiense Orla Mining, recurre a los grupos armados y “narcosindicatos” para intervenir en la vida gremial y coaccionar el voto de los trabajadores en las asambleas; práctica que replica Torex Gold, que opera la unidad minera Media Luna en Guerrero, señaló.
En conferencia de prensa a principios de mayo, el sindicalista señaló que la mina Plata Panamericana, en Zacatecas; Américas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa, y Torex Gold, en Guerrero, también recurren a los grupos criminales para actuar con impunidad.
Este lunes, la empresa transnacional informó en línea sobre la fusión con Orla Mining que va a operar bajo el nombre de Equinox Gold, con Darren Hall como director ejecutivo, y Jason Simpson, presidente y director ejecutivo de Orla Mining, quien se unirá como presidente.
Prevé que juntas tendrían “el crecimiento orgánico más sólido del sector. Juntos, estamos mejor posicionados que cualquiera de las compañías por separado”, y que la capitalización de mercado combinada será mayor a 18 mil millones de dólares.

Avances en negociación con Los Filos

La operación de la mina Los Filos, en Guerrero, propiedad de la Equinox Gold, se encuentra paralizada tras la suspensión de las operaciones el 1 de abril de 2025, por falta de acuerdo con el ejido de Carrizalillo, para ocupar sus tierras.
Sin embargo, después de varias demandas agrarias y ambientales tanto de la empresa contra el ejido y biceversa, desde el 5 de marzo, la comunidad autorizó el ingreso de suficientes trabajadores de la minera a Los Filos para hacer trabajos de remediación ambiental, y poder levantar clausuras en cinco sitios por riesgos ambientales.
Por las clausuras estaban en riesgo las licencias de operación de la empresa, sin ellas no podría reanudar operaciones una vez que alcance acuerdos con el núcleo agrario.
Fuentes del ejido informaron que este martes se efectuó otra asamblea para revisar el convenio de ocupación de tierras de largo plazo, sólo faltaría concluir el proceso administrativo.
Añadió que sigue pendiente el acuerdo del convenio social, de apoyos a la comunidad, donde algunos apartados siguen en discusión. la fuente estimó que a finales de mayo podría estar reinstalada la relación de la empresa y el ejido para reanudar las operaciones. Persiste el jaloneo, pero la gente está muy desgastada después de un año sin ingresos y del plantón que instalaron frente a la mina, reveló.
En su página oficial, Equinox Gold resalta el proyecto de construcción de una planta de lixiviación con carbón activado,“para procesar mineral de mayor ley que prolongaría la vida útil de la mina”, que “añadiría más de un millón de onzas de producción de oro”, duplicaría su producción anual.
Equinox Gold también participa activamente en la organización del tercer Foro Guerrero Minero 2026 el próximo 4 y 5 de junio en Acapulco, de acuerdo con el anuncio del gobierno del estado sobre el acto.

Detienen a ex funcionario y a reportero de Iguala por denuncia de extorsión del alcalde

Alejandro Guerrero

Iguala

Los hermanos Eduardo y Emmanuel Rueda González, el primero abogado y ex funcionario municipal, y el segundo reportero, fueron detenidos y vinculados a proceso durante la audiencia inicial celebrada la tarde de este lunes y recluidos en el penal de Tuxpan, por el presunto delito de extorsión, derivado de una denuncia presentada por el alcalde Erik Catalán Rendón.
El 8 de julio del año pasado los hermanos Rueda González fueron detenidos “en flagrancia” luego de salir del Palacio Municipal por agentes de la Policía Investigadora Ministerial por el presunto delito de extorsión.
La Fiscalía estatal informó en ese momento en un comunicado de prensa, que de acuerdo con sus investigaciones “Eduardo, presunto propietario de una plataforma digital, habría solicitado dinero a la víctima en febrero, con la finalidad de evitar la publicación de contenido en su contra”. Agrega que posteriormente, en junio su hermano Emmanuel, presuntamente exigió a la víctima el pago mensual de 5 mil pesos por el mismo motivo, a través de un tercero.
Señaló que la detención se realizó “en el momento en que los imputados recibían el dinero producto de la extorsión”, posteriormente se supo que la presunta víctima fue el alcalde Catalán Rendón, postulado por la alianza Morena-PT-PVEM.
Dos días después de su detención y traslado a Chilpancingo, los hermanos Rueda fueron liberados en medio de protestas de colegas reporteros y un aparente acuerdo en el que ambos pidieron disculpas públicas al alcalde Erik Catalán, mediante sus redes sociales.
La tarde de este lunes se conoció la detención de los hermanos Eduardo y Emmanuel, el primero quien fue durante cuatro meses director de Asuntos Religiosos en el gobierno de Catalán Rendón, y denunció un despido injustificado.
De acuerdo con el abogado de los hermanos Rueda, Felipe Sandoval Nava, la tarde de ayer se realizó la audiencia inicial en la sede del Palacio de Justicia, en la que, luego del desahogo de pruebas y alegatos, la jueza Rubicela Castro Serrano determinó imponer prisión preventiva oficiosa.
Informó que la detención de los hermanos y su vinculación a proceso, se da debido a que el delito de extorsión está dentro del catálogo del Artículo 19 Constitucional de delitos graves que amerita la prisión preventiva oficiosa.
Aunque consideró que la jueza “se cerró y fue muy tajante” en su determinación, ya que hay otras medidas cautelares que pudo haber aplicado como firmar el libro de gobierno, además de que violó su principio de inocencia.
Debido a ello, desde anoche el comunicador Emmanuel, Many, Rueda y su hermano Eduardo, fueron trasladados a los separos del reclusorio de la comunidad de Tuxpan, en una zona apartada de la población, donde llevarán su proceso.
En las declaraciones por teléfono el abogado informó que están tramitando un amparo contra esa medida cautelar para buscar la liberación de los hermanos, y dijo que se consiguió la ampliación de la duplicidad de término a 144 horas para aportar más pruebas y demostrar la mala integración de la carpeta de investigación, así como la inocencia de los hermanos, para que la jueza emita la sentencia, el cual vence el próximo domingo a las 10:40 de la mañana.
Declaró que el domingo vence el término para que se resuelva su situación jurídica, si les dictan el auto de vinculación a proceso o de no vinculación. Ese día habrá una nueva audiencia en el Palacio de Justicia en la que serán citados el alcalde Erik Catalán y su director de comunicación social, Joel Ayala, así como más testigos del caso.
Dijo que el alcalde tiene que presentarse personalmente para un interrogatorio “riguroso” que se le va a hacer a solicitud de la defensa, y para ello en el transcurso de las siguientes horas se les enviarán los citatorios con el apercibimiento de que si no se presentan de forma voluntaria sería mediante la fuerza pública.
El abogado advirtió que hubo un “montaje” en el supuesto caso de extorsión con la probable complicidad de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Unidad Especial contra los delitos de Extorsión y Secuestro.
Indicó que hay “inconsistencias” y “manipulación” en la integración de la carpeta de investigación relacionado con la detención ejecutada el 8 de julio, por lo que van a ofrecer un perito en informática para desvirtuar un audio y video que se tiene del arresto.

 

“Muestra de degradación institucional imperdonable”, el robo en el DIF: Grupo ACA

Yee Trujillo

La Asociación Civil de Acapulco, Grupo ACA exigió una investigación exhaustiva, imparcial y expedita para esclarecer la denuncia de robo a la Villa de las Niñas del DIF, la publicación transparente del destino de los bienes, el deslinde de responsabilidades administrativas y penales, la restitución íntegra de todo aquello que haya sido sustraído o indebidamente dispuesto, además de una auditoría a las donaciones anteriores para revisar su correcta aplicación.
“Acapulco no merece servidores públicos que manchen la función pública con negligencia, desorden, opacidad o presuntos actos de corrupción. Y mucho menos cuando el costo lo pagan niñas vulnerables y cuando además se traiciona la confianza de organizaciones civiles, donantes y ciudadanos que sí quieren ayudar”, señaló en un posicionamiento fechado el viernes.
El viernes El Sur informó que la presidenta del DIF Acapulco, María del Rosario Moreno de la Cruz, dejó el cargo luego de que la organización Reinserta denunció públicamente el robo de enseres por un monto de 2 millones de pesos para el equipamiento del albergue luego del huracán Otis, y que la alcaldesa Abelina López Rodríguez dijo que por un “error involuntario” los productos fueron canalizados a otras áreas de atención prioritaria porque no se especificó si el destino era exclusivo para esas instalaciones.
El Grupo ACA expresó un enérgico rechazo, profunda indignación y absoluta reprobación al hecho, que no se está hablando de bienes menores ni una simple irregularidad administrativa, y que robarle a la niñez vulnerable o permitir que se pierdan sus apoyos, no es sólo un acto de corrupción sino “una muestra de degradación institucional imperdonable”.
“Lo ocurrido vuelve a exhibir, de manera brutal, el daño que provocan los malos funcionarios y malos representantes incrustados en los organismos públicos. Personas sin ética, sin responsabilidad y sin la mínima sensibilidad social, que convierten espacios de asistencia en territorios de opacidad, abuso y descrédito institucional. Cuando se pierde la confianza en instituciones creadas para proteger a la niñez, lo que se rompe no es solo un procedimiento: se rompe la credibilidad del servicio público frente a la ciudadanía”, subrayó.
Añadió que Acapulco no puede reconstruirse con discursos mientras se desmorona la confianza en quienes administran lo público; que la ciudadanía merece instituciones limpias, responsables y humanas, la niñez merece protección real y no abandono, y el municipio merece verdad, justicia y servidores públicos a la altura de su responsabilidad.
El comunicado sólo está firmado como Grupo ACA-Consejo Directivo, pero a éste lo integran la presidenta Josefina Verduzco Suárez, la vicepresidenta Andrea Marquina Díaz, la secretaria Rocío Alarcón Deloya, la tesorera María De Los Ángeles García de la Cruz, la vocal Irma Figueroa Romero, los encargados de Comunicación Social, Luis Felipe Monroy, y de Redes Sociales, Yazmín Díaz Hernández.

Evade el contralor del Ayuntamiento hablar del caso

El contralor interno del Ayunta-miento, Erick Aranda Hernández, evadió responder sobre el caso.
En plaza Quebec, al preguntarle por la investigación sobre la denuncia que hizo la presidenta de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, el contralor empezó a caminar, sin responder esa y otras preguntas sobre ese tema, y se despidió de los medios. (Aurora Harrison).

Denuncian familiares de desaparecidos retiro de fichas de búsqueda de oficina del DIF

Las fichas de búsqueda de desaparecidos retiradas en el DIF municipal de Jardín Palmas Foto: Cortesía de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos

La asociación Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos denunció “con profunda indignación” que fueron retiradas las fichas de búsqueda de sus familiares que colocaron en la fachada de las instalaciones del DIF municipal en la colonia Jardín Palmas, en el poniente de la ciudad.
En un texto difundido, consideró que este es un acto que atenta contra la dignidad y el derecho a la búsqueda sus familiares, refleja una grave falta de sensibilidad y respeto hacia su dolor, vulnera profundamente el esfuerzo que hacen diariamente los miembros del colectivo, y que quitar una ficha es obstaculizar la posibilidad de encontrar a un desaparecido.
Dijo: “Las fichas de búsqueda representan la esperanza, la lucha y el derecho legítimo de encontrar a nuestros seres queridos. No son simples papeles: son rostros, historias y exigencias de justicia”.
La asociación civil señaló que la promotora de dichas instalaciones, Cintia Pineda, ordenó el retiro de las fichas a un adulto mayor, quien además se encuentra en condición vulnerable porque utiliza muletas.
Llamó a las autoridades a garantizar el respeto a las labores de búsqueda, generar condiciones para que esto no se repita, y a la ciudadanía a actuar con empatía, solidaridad y humanidad.
“Seguiremos firmes en nuestra lucha porque, aunque intenten borrar sus rostros de las paredes, jamás podrán borrar nuestra memoria ni nuestra exigencia de verdad y justicia”, manifestó.
El gobierno municipal en un comunicado informó que “atendió de inmediato la situación” y estableció contacto directo con las personas afectadas. Indicó que “se ofreció una disculpa” y “se permitió nuevamente la colocación del material en el mismo espacio, en reconocimiento al derecho de las familias a difundir los datos de sus seres queridos”.
Aseguró que se inició el proceso interno para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes al personal involucrado, “por tratarse de una conducta que no corresponde a los principios del servicio público”.. (Redacción).

Con fisuras y deteriorado, el hospital Donato G. Alarcón, dicen trabajadores

Karina Contreras

Trabajadores del hospital Donato G. Alarcón de Ciudad Renacimiento, adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa), denunciaron que después del huracán Otis y John, asi como los temblores, el nosocomio se encuentra deteriorado, aun cuando es un edificio que no tiene muchos años.
El trabajador Guillermo Nava dijo que el nosocomio presenta fisuras visibles en las paredes”, asi como en las escaleras y “son peligrosas. Dijo que nada más hay un elevador funcionando y es el que ocupan para subir a los pacientes a otros pisos por lo que demandó la atención de las autoridades de salud para arreglar los problemas de infraestructura que tiene el nosocomio.
En una conferencia de prensa en el hospital, algunos trabajadores también se quejaron de que la ex delegada sindical del hospital, Raquel Estrada Villaseñor, no deja de presionar a los sindicalizados para que la apoyen, cuando el nuevo líder es Federico Berber Memije a quien no deja trabajar.
Guillermo Nava dijo que la ex delegada “cambió la chapa a las puerta de las oficinas de la delegación sindical y no pueden entrar los integrantes del comité delegacional”. Dijo que Federico Bember fue presentado en noviembre del año pasado a los trabajadores por la secretaria de la sección 36 del Sntsa, Beatriz Vélez Núñez, por lo que piden la intervención de ésta para que se evite un problema a futuro y “la ex delegada deje de presionar a los trabajadores”.
Añadió que lo que están pidiendo es que dejen trabajar al delegado sindical, Federico Berber porque “se hará lo mismo que pasó hace unas semanas, se tendrá que bloquear la dirección e incluso ir a la Ciudad de México para exponer todo los problemas que hay e ir a una protesta de brazos caídos”.

Denuncia mujer que por burocratismo su esposo no recibe hemodiálisis en el ISSSTE

Karina Contreras

La señora Elvira Ramírez García se quejó del burocratismo que hay en el hospital regional del ISSSTE de Acapulco, pues su esposo Marcos Morales Rodríguez tiene que recibir hemodiálisis dos veces a la semana y no le dan cita.
Indicó que tuvieron que hacer la hemodiálisis en un hospital privado, pero no pueden estar gastando tanto dinero. Dijo que han pedido la intervención de la delegación de maestros jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) porque es una situación que no es justa. Explicó que la última cita que tuvo fue el 11 de junio del 2025 y le dijeron que la siguiente cita era para que le hicieran hemodiálisis.
Luego le dieron una cita para dentro de tres meses, pero le hablaron del ISSSTE que el doctor no podría atenderlo porque el responsable de llevar el caso de su esposo iba a pedir vacaciones y ella dijo que cómo era posible, pues le dieron la cita médica para diciembre del año pasado, es decir, seis meses en espera.
En declaraciones telefónicas dijo que su hija trabaja en Celaya para la Secretaría de Salud y “viendo la situación nos pidió que nos fuéramos para allá. Lo estuvieron ateniendo en el ISSSTE de ese lugar porque se complicó su enfermedad porque al infectarse le cortaron su pie. Lo siguieron atendiendo y dializando sin problemas”.
Indicó que explicó a los médicos del ISSSTE de Acapulco que se había complicado la situacaión y acudieron al ISSSTE de Celaya, pero le indicaron “que teníamos que empezar otra vez. Es decir, ir con su doctor familiar para que le dé una referencia y lo manden con el especialista; ya que tenga la cita dar la fecha para que sea atendido”.
Añadió la señora que le dijeron que le mandarían hacer estudios nuevamente para ver cómo viene el paciente y agregó que cómo es posible que le hagan eso si viene del ISSSTE de Celaya donde le hicieron todos los estudios. Añadió que el nefrólogo, de apellido Tepetate, fue quien los atendió el 9 de marzo en el hospital de Ruiz Cortines y me “dijo que no iba a atender a Marco porque ya habían pasado nueve meses que lo había visto y tenía que empezar otra vez con las citas”.
Indicó que el médico sabe que eso lleva tiempo y su esposo no puede esperar porque necesita su hemodiálisis dos veces por semana. Que fue a la dirección y buscó a la asistente Silvia Hernández para “que de alguna manera pudiera hacer algo, pero no me recibió. Me mandaron con su secretaria, pero tampoco le dio ninguna solución”.

 

Denuncia que a cinco meses de que su esposo la sacó de su casa aún no actúan las autoridades

Verónica Laurel Pérez dijo que hizo todo lo que estuvo a su alcance para resolver el conflicto con su esposo, Enrique, después de cinco meses de que la sacó con violencia de la casa que compraron juntos, sólo con la pijama que llevaba puesta, y no hay avances en la denuncia que presentó entonces ante el módulo de violencias de la Fiscalía Regional de Acapulco.
“Si algo me pasa, que se conozca, hice lo que tenía que hacer, alcé la voz y nadie me ayuda, todo ha sido muy cansado. Para judicializar mi denuncia sólo falta el peritaje que no han realizado”.
Consideró que para las autoridades de nada sirven las marchas y las protestas contra la violencia feminicida el 8 de marzo, “todo es en vano si las autoridades no hacen el trabajo que les corresponde en tiempo y forma”, dijo en denuncia para El Sur.
Advirtió que un familiar cercano de su agresor trabaja en la Fiscalía Regional y quizá haya estado obstruyendo el proceso.
Asimismo señaló que la semana pasada su suegra le envió mensajes de celular a su mamá con fotografías de Verónica en la calle, donde le decía que iba a ser su culpa si algo le pasaba a Enrique, porque pasó cerca de su trabajo, en Pemex. También recibió llamadas del número de su cuñado, que no atendió.
“No me siento con la tranquilidad de ir a ningún lado, porque van a decir que lo estoy siguiendo, o no sé si me están siguiendo a mi. Tengo miedo de salir a la calle, y de ir al panteón a visitar a mi hija, porque no quiero encontrarme con ninguno de ellos”.
Indicó que vivieron ocho años juntos, y cuando se embarazaron, Verónica dejó su trabajo para atender a su hija que nació con problemas de cardiopatía y síndrome de Down. El finiquito de su empleo lo puso para el adelanto de la compra de la casa que sacaron a nombre de su suegra.
Señaló que ella cuidó prácticamente sola a la niña porque su esposo trabajaba. No lo supo enseguida, pero en esa época él comenzó a drogarse y llegó a golpearla por celos, que ella justificó.
Recordó que no pudo vivir el duelo de su hija por cuidar a Enrique, que terminó hospitalizado tras el entierro. Poco después se fue porque dijo que no podía verla así. Se suponía que le dejaría la casa, donde tenían los recuerdos de su hija.
Después de tres años, el 14 de octubre de 2025, muy temprano, Enrique llegó con su hermana y un cerrajero, a decirle que debía desocupar la casa, le quitó el celular cuando ella intentaba pedir asesoría y ayuda para sacar sus pertenencias.
La dejó incomunicada mientras ella le reclamaba su celular. Se lo devolvió cuando estuvo en la calle, sin nada, y la amenazó con demandar por robo si regresaba. Ahora, decía que no le tocaba nada porque no tenían hijos juntos.
Por recomendación de sus conocidos, fue directamente al MP a interponer una denuncia, vulnerable para un trámite de seis horas, de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, y es la fecha en que el perito no ha ido a hacer el peritaje que se necesita para judicializar el caso.
Indicó que desde diciembre el módulo de violencia de la Fiscalía ha estado en remodelación, nadie está trabajando, la agente del MP sólo va un momento al día a recoger los pendientes, y no se habían tramitado sus medidas cautelares. Tampoco se ha notificado formalmente su denuncia. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Buscan a Vicente Suástegui en el oriente de la ciudad colocando fichas con su rostro

Integrantes del Colectivo Vicente Suástegui y funcionarios de la CEBP pegaron ayer fichas de desaparecidos debajo del puente vehícular del bulevar de Las Naciones, en la entrada a la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio t Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

Ayer se llevó a cabo una jornada de búsqueda del integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, que consistió en la pega de fichas de su rostro y de más desaparecidos en distintos puntos concurridos de la zona oriente del municipio.
Su esposa, Samantha Valeria Colón Morales, denunció que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal no cumple con las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió hacia sus familiares.
La actividad de este martes fue hecha con el acompañamiento sicosocial de las organizaciones Médico Internacional de Suiza y Siuat yoltechikatli por los derechos humanos.
A las 10 de la mañana, familiares de desaparecidos, activistas y funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) comenzaron las actividades en el puente de Puerto Marqués; siguieron bajo el puente vehicular de la entrada a la Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio, en el bulevar de Las Naciones; y después en el Crucero de El Cayaco, a un costado de las camionetas que conducen rumbo a los pueblos colindantes a la laguna de Tres Palos.
La comitiva organizada por el Colectivo Vicente Suástegui fue resguardada por integrantes de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y Policía Estatal y asistieron por igual agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En todos los lugares, algunos transeúntes observaban sorprendidos el aparatoso movimiento de policías y marinos, y miraban la pega de fichas de rostros en los pilares de los puentes o en otros muros de la infraestructura urbana de Acapulco.
A mediodía, el convoy de camionetas oficiales llegó a una huerta del poblado El Cayaco, donde en junio de 2024 se llevó a cabo una jornada de búsqueda de Vicente Suástegui en la que dio como resultado el hallazgo de restos humanos dentro de una fosa clandestina.
La jornada continuaría, declaró Colón Morales a El Sur, en las comunidades de Tunzingo, Tres Palos, Metlapil y 10 de abril, “toda esa área donde fue desaparecido Vicente”; el primer día de búsqueda sería el lunes, pero fue suspendida por los hechos violentos de un día antes.
La esposa de Vicente Suástegui informó de una reunión con la subsecretaria de Prevención y Operación Policial de la SSP estatal, Jesús Castro Gutiérrez, quien se comprometió a aplicar las medidas de protección dictaminadas por la CIDH en diciembre pasado, que actualmente no sólo incluye a Colón Morales, sino también a sus hijos y a sus padres.
“Pero hasta ahorita no, seguimos igual, entonces le hacemos el llamado a la Secretaría de Seguridad Pública que cumpla porque yo sí traigo unidad (de policía), traigo elementos, pero nada más los traigo en el día, en la noche se van, y en mi casa, donde están mis papás y mis hijas, ahí de plano no tienen seguridad”.
Con relación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Colón Morales dio a conocer que recibirá un botón de pánico y también su padre.

 

Denuncian que el hospital del ISSSTE vuelve a subrogar las hemodiálisis al Santa Lucía

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Acapulco volvió a subrogar los servicios de hemodiálisis durante el primer trimestre de 2026, al hospital Santa Lucía, por 9 millones de pesos, pese a las irregularidades señaladas en los contratos de 2025, que llevaron al despido de dos directivos, denunciaron trabajado-res de manera anónima.
El hospital cuenta con 50 equipos de hemodiálisis y seis de diálisis, de los que informó el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, en una publicación en línea el 9 de mayo de 2025, de un recorrido en las instalaciones, donde destacó que era un “hospital de gran nivel en Acapulco”, para brindar atención digna con alta tecnología.
Pese a la abultada nómina en áreas administrativas, trabajadores señalaron que no se ha contratado personal para el manejo del equipo de hemodiálisis, con el cual se podría atender buena parte de la demanda de enfermos renales que se subrogan al hospital privado.
Con ello, estimaron que se refuerza la hipótesis de que la operación administrativa del hospital sigue subordinada a intereses políticos. Si contrataran personal para el área de hemodiálisis,“se les caería el negocio”, señalaron.
Aseguraron que el equipo del ex candidato a la alcaldía de Acapulco, Yoshio Ávila González, sigue intacto en la dependencia, ahora por medio de la enlace del director de Administración y Finanzas, Omar Butrón Fosado, Mariana Isabel Álvarez Juárez, que asumió como encargada la subdirección Administrativa en sustitución de Javier Galeana Maya, despedido a principio de año por el autorizar que los servicios de hemodiálisis se subrogaran al hospital Santa Lucía en cantidades infladas.
Señalaron que Mariana Isabel Álvarez también ocupa, como encargada, la jefatura de la Delegación Administrativa en la oficina de representación en Guerrero del ISSSTE, de donde salió Jaime Enrique Gil Manjarrez Giles, por irregularidades en la contratación de trabajadores eventuales, de servicios y adquisiciones.
Afirmaron que la funcionaria, conocida por su cercanía con Cruz Manjarrez, no ha hecho cambios de fondo en el área administrativa. Al contrario, aseguraron que ha preservado cuadros, decisiones y contratos que responden al mismo grupo político.
Incluso, señalaron que el contrato de hemodiálisis con el Santa Lucía de enero a marzo de 2026, se acaba de actualizar de forma retroactiva, porque los servicios a los pacientes continuaron, pero este jueves tuvieron información del retiro de 30 máquinas de hemodiálisis de un edificio que ocupa el Santa Lucía, para esta actividad, por un conflicto interno de la empresa.

Denuncian que en Apalani hay unas 30 casas derrumbadas y otras 80 por colapsar

Yee Trujillo

El presidente de la Organización Campesina de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mariano Antonio de Jesús, denunció que en la comunidad de Apalani hay unas 30 casas derrumbadas y otras 80 “por colapsarse”, así como cuarteaduras en escuelas y daños en la Comisaría por el sismo magnitud 6.5 ocurrido el 2 de enero, y que las autoridades no han acudido a censar ni ayudar.
Vía telefónica, afirmó que los afectados no han sido atendidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que no ha mandado ni una brigada de atención para censar a los pobladores –quienes percibieron el sismo “muy fuerte” por la cercanía con San Marcos, donde fue el epicentro–, para que sean beneficiados y vean cómo se puede reparar el daño.
“Lamentablemente cayeron varias casas, casas tiradas hay, que son pérdida total, ya no se puede aplanar para que quede”, expresó, y añadió que las otras “están bien cuarteadas, en cualquier momento si sigue temblando lamentablemente se van a venir las casas”, ante las réplicas que siguen.
Agregó que hay daños en la Comisaría por colapsos en varias partes, que las escuelas también están “un poquito cuarteadas, pero pues igual, no vemos ni un ayuda hasta ahorita, porque para la gobernadora del estado (Evelyn Salgado Pineda) al parecer que no hubo daños, dicen… pero si fuera su casa de la gobernadora ya estuviera pidiéndole a la presidenta”.
A pregunta de si ya reportaron los daños ante las autoridades, contó que Protección Civil municipal acudió solamente a constatar si había personas fallecidas, que en una ocasión se encontró a la alcaldesa Abelina López Rodríguez y le dijo que no podía ayudar en nada más que si había que sacar algún cuerpo de los escombros.
Sobre las personas que perdieron sus casas, Mariano Antonio de Jesús informó que se han ido acomodando ahí en sus terrenitos para dormir afuera.
Llamó a que si Sheinbaum Pardo no puede mandar trabajadores para censar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “que nos brinde el apoyo aquí en las comunidades rurales que tanta falta hace la ayuda”.
Por otra parte, recordó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes construyó un puente entre las localidades de Las Minas y El Campanario, pero reclamó que “nunca le pusieron muro de piedra, un muro de concreto para retener la tierra” a los costados, ni se compactó la tierra para rellenar, advirtió que es un riesgo porque cuando llueva se va a deslavar todo y se pueden perder vidas porque “está mal construido”.