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Ratifica la CNHJ de Morena la expulsión de Sánchez Esquivel; violó el estatuto, resuelve

 

Dhaniel Velázquez

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena ratificó la expulsión de ese partido del diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, porque su conducta contra la subdirectora de Recursos Humanos del Congreso local, Arlen Siu Sarabia Peña, sí violentó el artículo sexto del estatuto de Morena.
El 13 de julio, en la resolución del expediente CNHJ-GRO-059/20236, emitida por la CNHJ, por la queja presentada contra el diputado Sánchez Esquivel por la trabajadora del Congreso y militante de Morena, Arlen Siu Sarabia, el órgano intrapartidista resolvió la expulsión de Sánchez Esquivel por violencia política en razón de género.
El diputado se inconformó y recurrió al Tribunal Electoral del Estado (TEE), órgano que el 20 de septiembre en votación dividida ratificó la expulsión de Sánchez Esquivel, pero ordenó a la CNHJ de Morena investigar la denuncia por violencia política de género.
En la resolución del 4 de octubre, disponible en estrados electrónicos la comisión, resuelve que la queja presentada por Sarabia Peña no fue violencia política en razón de género, pues “los actos y expresiones denunciadas” por Sarabia Peña, “no implican un menoscabo en sus derechos poli?tico-electorales”.
“En su escrito de queja, Arlene Siu Sarabia Pen?a sen?alo? que el diputado Alfredo Sa?nchez Esquivel, valiéndose de su rango de superioridad, profirió palabras que atentaban contra su dignidad como mujer, al referirle que ‘las mujeres no sabemos hacer nada, que sólo servimos para secretarias’, lo que considera discriminatorio al hacer referencia de que no cuenta con las capacidades necesarias para ostentar el cargo (subdirectora de Recursos Humanos en el Congreso del Estado)”.
“Asimismo, refirió que claramente se surten los elementos de violencia de género, ya que las conductas desplegadas por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel fueron realizadas con dolo, conocimiento y con toda la intención de afectar su estado anímico, así como con la intención de insultarla y menoscabar su persona, así como impedir el desempen?o de su cargo, impidiendo con ello su crecimiento profesional como mujer, afectando su entorno laboral, social y emocional”.
“Sin embargo, para esta Comisión Nacional, tales manifestaciones son insuficientes por sí mismas para que se actualice la violencia política en razón de género que denuncia, toda vez que no se acredita por un lado que dichos actos hayan sucedido en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público (de elección popular), y tampoco que haya tenido por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres”.
En el texto, los comisionados sostienen que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) “ha reconocido que no toda violencia de ge?nero, ni toda violencia poli?tica en razo?n de ge?nero, es necesariamente competencia de la materia electoral. En el caso especi?fico, no se tiene por acreditada la violencia poli?tica en razo?n de ge?nero, pues los hechos denunciados escapan del a?mbito de proteccio?n de los derechos poli?tico-electorales, al tratarse de conductas que no se relacionan con un impedimento del ejercicio efectivo de sus derechos poli?ticos electorales, de ahi? que resulten infundadas sus alegaciones respecto a este to?pico objeto de estudio”.
Pero los comisionados sostienen que, de acuerdo con el artículo sexto del estatuto de Morena, que señala las obligaciones de sus militantes, el diputado Sánchez Esquivel viplentó los incisos c, k, i. En el primero establece “combatir toda forma de corrupción, privilegio, ilegalidad, autoritarismo, machismo, racismo, xenofobia y egoísmo, y rechazar toda coacción que pretenda imponerse sobre la libertad y derechos políticos y sobre el principio de la soberani?a popular”, en el segundo “desempen?arse en todo momento como dignos integrantes de nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio a la colectividad”, el tercero “buscar siempre la unidad y causas ma?s elevadas que sus propios intereses, por legítimos que sean”.
Por lo que el acusado sí incurrió en la “violación a la normativa interna” de Morena, y con base en el estatuto, la queja de Sarabia Peña sí está dentro del “ámbito de protección de los derechos de la militancia partidista”, por lo que la CNHJ ratificó la cancelacio?n de la afiliacio?n a Morena de Sa?nchez Esquivel.

 

Impugnará su expulsión de Morena, dice Sánchez Esquivel: “hay fondo político”

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, expulsado de Morena, informó que impugnará la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ), y confía en que podrá revertir la decisión del partido en los órganos jurisdiccionales. Aseguró que tiene elementos para demostrar que los señalamientos en su contra son falsos y tienen un fondo político.
En consulta telefónica sobre la resolución que acreditó actos de autoritarismo (violencia política en razón de género) contra una trabajadora del Congreso local, también consejera y militante de Morena, cuando fue presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró que ya tienen mucho tiempo defendiéndose de una serie de acusaciones y espera que las sentencias queden firmes para confirmar que el fondo de las denuncias es político.
“Ya llevo mucho tiempo defendiéndome a capa y espada de una cantidad impresionante de señalamientos que carecen de sustento. El tiempo, las circunstancias y las instituciones nos darán la razón”.
Aseguró que estas denuncias, surgieron de un momento a otro “de manera espontánea, después del relevo en la presidencia de la Jucopo, que asumió la diputada Yoloczin Domínguez Serna”.
Aclaró que su proceder por años es en el ámbito del respeto, con independencia del género, de la ideología inclusive de temas partidistas.
Hoy, indicó que la mitad de los diputados locales, reconocen ese trato, dan cuenta de debate y dialoga, porque de eso trata el parlamento, pero no busca lastimar ni denigrar a ninguna persona por sexo ideología o tema partidista.
Ratificó que esta serie de denuncias en su contra es resultado de una persecución política porque apoya la aspiración presidencial del ex canciller Marcelo Ebrard, “en lugar (de respaldar) a quien otros señalan como la opción”, en referencia a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con la resolución, Sánchez Esquivel también denunció a la diputada Yoloczin Domínguez por actos de nepotismo y corrupción, ante el IEPC. “Al final de cuentas estaremos supeditando al trabajo que hace equipo jurídico, para demostrar que nuestro actuar es acorde, no sólo estatutos, sino como la marca la moral, los principios básicos de una persona de buen proceder”.

Aunque expulsado, Sánchez Esquivel permanecería en la fracción

La coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso local y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, informó que el diputado local Alfredo Sánchez Esquivel seguirá perteneciendo al grupo parlamentario, luego de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) del partido acordara su expulsión.
Reconoció que el caso es complicado para ella, ya que su colaboradora es la denunciante, pero en su calidad de coordinadora de la fracción política su deber es preservar la unidad del grupo parlamentario.
Asimismo, señaló que el caso no está completamente juzgado, y su par tiene instancias para recurrir la decisión del órgano partidista.
Ambos actores políticos, el anterior y la actual presidenta de la Jucopo, tiene una serie de quejas y denuncias contra el otro, que siguen en proceso de resolución.
Aclaró no va adelantar escenarios respecto a la conclusión del proceso cuando llegue a los órganos jurisdiccionales, pero no hay normas que señalen la separación del representante popular sancionado en un procedimiento interno, “no hay nada que lo obligue a estar fuera del grupo parlamentario”.
También dijo que es respetuosa de las resoluciones de su partido que ha sido incluyente y ha abanderado la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, “no llegamos a este punto para retroceder, nuestras banderas son legítimas y resultado de la lucha de décadas. Tampoco se tomarán decisiones precipitadas, sostuvo.

 

Aprueba el Consejo sancionar casos de acoso sexual con una expulsión y una amonestación

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El Consejo Universitario, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), aprobó la expulsión de un docente de la Preparatoria 36 de Eduardo Neri (Zumpango), por acoso sexual a estudiantes, y una amonestación al ex director del Museo de Arte Contemporáneo, Fortunato Juárez Río, por el mismo delito contra una universitaria.
La mañana de este martes, en la Rectoría de la UAG sesionó a puerta cerrada el Consejo Universitario. Ahí, el rector y presidente del órgano, José Alfredo Romero Olea, puso a consideración los casos resueltos por el Tribunal Universitario, para su votación.
En el punto dos del orden del día, el magistrado presidente del Tribunal Universitario, Isaías Sánchez Nájera, sometió a consideración e informó que eran tres las resoluciones.
El magistrado Doriam Bello Pardillo dio lectura al expediente UAG/TU/JRCU/03/2022, relativo al juicio para resolver las controversias que se susciten entre los integrantes de la comunidad universitaria, interpuesto por la denunciante de identidad reservada en contra de Fortunato Juárez Ríos, por incurrir en actos de violencia de género, en su modalidad de hostigamiento y acoso sexual.
Relató que la denunciante, que en agosto de 2022 prestó su servicio social en el Museo de Arte Contemporáneo de la UAG, después entró como becaria, y Juárez Ríos tenía el cargo de responsable, quien desde esa fecha le manifestaba: “Qué bien que te integras al servicio, estás muy hermosa, qué guapa te ves. Me gustaría tener una mujer como tú en mi vida, llevo mucho tiempo solo y ya es tiempo de que busque pareja” y “en todo eso me pierdo, te voy a robar”, entre otras expresiones.
Doriam Bello informó que Fortunato Juárez negó los hechos imputados. Dijo que el hostigamiento que ejerció el denunciado fue verbal y escrito, lo cual amerita la destitución inmediata como encargado del museo.
Indicó que esta destitución fue impuesta por las autoridades universitarias, por ello era imposible imponer una sanción, en razón de que ya fue aplicada. Destacó: “Una vez acreditados los actos de hostigamiento y acoso sexual”, se declaraba procedente la demanda de la denunciante, en su calidad de becaria en contra de Fortunato Juárez.
El Tribunal Universitario propuso como sanción una amonestación para el universitario y una disculpa pública, ofrecida a favor de la denunciante, que deberá efectuarse en los siguientes 10 días hábiles de la presente resolución.
Además, se indicó que si Fortunato Juárez vuelve a incidir, se ordenará su expulsión de la universidad.
En el caso UAG/TU/JRCU/01/2022, denuncia interpuesta por tres alumnas en contra del docente interino de la Preparatoria 36, de nombre Erik “N”, por violencia de género en su modalidad de hostigamiento, acoso sexual y contacto físico.
El Tribunal Universitario dijo que es procedente la demanda interpuesta por las tres alumnas en contra del docente. Detalló que determinaron que se sancionará a Erik con la expulsión definitiva de la UAG.
Los integrantes del Tribunal manifestaron que no entraban en detalles de los hechos, porque las agraviadas son menores de edad.
El otro caso que se expuso fue el UAG/TU/JRCU/04/2022, que presentó el Consejo Académico de la Facultad de Odontología, en contra de Saúl “N”, por incurrir en actos de corrupción contrarios al reglamento estudiantil y al estatuto general de la UAG, consistentes en la venta de instrumental y material dental a los alumnos sin entregarlo, a pesar de haber sido cubierto el pago.
Además, por la falsificación de documentos oficiales y venta de ingreso aspirante a estudiantes de esa escuela, por la cantidad de 15 mil pesos.
Se detalló que el alumno señalado respondió a estos señalamientos, reconociendo que eran ciertos y se comprometió con pagar el dinero. También reconoció que falsificó documentos de Odontología y que aceptaba las sanciones que se llegaran a establecer.
Por el agravio contra los estudiantes y violar los reglamentos de la UAG, el tribunal ratificó la sanción de expulsión definitiva del alumno.
En los tres casos expuestos, los consejeros votaron por unanimidad de voto para que se aplicara la sanción a los universitarios.

 

Presenta una queja ante la Codehum la madre del niño discriminado en Ayutla de los Libres

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Mariana Díaz, de Coyuca de Catalán, desplazada por la violencia hacia Ayutla de los libres, presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) por el trato indigno que recibió su hijo de 11 años.
El niño estudia en la primaria Francisco I Madero, del poblado La Unión, y fue expulsado por su profesor Tedy Salazar Vargas, el jueves pasado, para que se fuera a vender chicles.
En consulta telefónica, indicó que la delegada regional del organismo, Gretell Dávila, le pidió enviarlo hoy de vuelta a la escuela, para que no pierda más clases, con el mismo docente.
La señora aclaró que antes, el martes, fue a hablar con el director de la escuela, Galdino García Pastrana, quien le reiteró su pedido de presentar un análisis clínico de su hijo, para comprobar que el menor de edad estaba recibiendo terapia o no podría llamar la atención al docente, por las quejas del niño y de la mamá.
Este miércoles, indicó que la delegada de la Codehum acudió a su comunidad para conocer el caso. Luego se dirigió a la escuela a hablar con el superviso de zona, el director y el maestros acusado.
“Yo no fui a la mera escuela, no fui. Dicen que mi niño se presente mañana (jueves), con el mismo maestro. Que los va a atender diferente”.
Mariana Díaz señaló que su hijo aún tiene miedo de que el maestro lo trate peor, porque sólo se levantó su testimonio y no el de otros niños.
Después, fue con la defensora a Cruz Grande a terminar los trámites para la queja.

Fue castigado por una tarea, dicen autoridades

Por separado, la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán, informó que recibió la petición de una organización civil para conocer este caso en el campo, y en el lugar, las autoridades de la escuela respondieron que el niño no está expulsado ni suspendido por parte del docente, “refieren que por una entrega de tareas se le hizo una observación. Se acordó que el niño volvería a la escuela, sin represalias”, dijo.
Reconoció que, siendo una escuela pequeña, no hay muchos grupos para cambiar al estudiante, pero como medida cautelar se llamó a las autoridades a abstenerse de violentar los derechos de los niños, que se respete su integridad emocional y si se siente atemorizado, que se trabaje esa parte.
Explicó que actuaron de inmediato, para no vulnerar el derecho a la educación del niño, pues el procedimiento ordinario puede durar hasta seis meses.
Sobre las quejas en el organismo contra la Secretaría de Educación Guerrero, indicó que el año pasado se emitieron cuatro recomendaciones, que a la fecha dos están parcialmente atendidas y dos siguen en proceso de investigación.
Aclaró que reciben muchas quejas contra esta dependencia, particularmente al inicio del ciclo escolar, y la mayoría no se toman en cuenta, porque no reúnen los requisitos, otras se agotan mediante procesos alternativos de solución.

 

Son de Guerrero 30 mil de los 409 mil jornaleros migrantes que hay en el país, informa la STPS

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Oscar Rangel Miravete informó que Guerrero expulsa unos 30 mil jornaleros agrícolas, la mayoría originarios de las regiones Montaña y Centro.
Afirmó que Guerrero es una de las seis entidades que aporta el mayor número de jornaleros agrícolas migrantes, de acuerdo con el Padrón Nacional de Jornaleros Agrícolas, que presento el secretario del Trabajo federal, Roberto Campa Cifrián, durante la segunda sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra), que terminó el viernes en Guanajuato.
En declaraciones telefónicas, Rangel Miravete estimó que los aproximadamente 30 mil jornaleros guerrerenses, de 409 mil que hay en el país, fueron cuantificados por el registro patronal de empleadores que otorgan afiliación al IMSS, además del Servicio Nacional del Empleo, y por el otorgamiento de apoyos de programas sociales.
Mencionó que hay más de 409 mil trabajadores agrícolas migrantes y más de 22 mil centros de trabajo en todo el país.
“Las regiones Centro y Montaña de Guerrero son las que más jornaleros expulsan, y se repite en todo el país el mismo fenómeno, los pueblos originarios y población de comunidades agrarias son las expulsoras del mayor número de jornaleros”, expuso.
Una de las decisiones que tomó la junta, que se realizó del 1 al 3 de agosto, abundó, fue la de hacer inspecciones en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR).
“Nosotros comenzamos el año pasado con los operativos conjuntos, porque algunas de las inspecciones fueron con ellos, pero ya se decidió que se realicen en coordinación con la PGR, para garantizar la seguridad de los inspectores de la Secretaría y para que si hay algún delito de trata de personas sean turnados y perseguidos de inmediato”, declaró.
Como informó El Sur en su edición del 22 de junio pasado, el secretario federal del Trabajo, Roberto Campa Cifrián informó que en noviembre quedaría conformado el padrón de jornaleros, que obedece a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en abril pasado, una recomendación por omisiones que derivaron en la explotación de la que fueron víctimas 62 personas na savi, originarias de La Montaña guerrerense, 48 adultos y 14 menores de 18 años, entre ellos bebés, en campos de Colima.
La recomendación 15/2018 también fue dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al gobernador del estado de Colima y al presidente municipal de esa capital.
En un boletín publicado en el portal federal, se indica que con la integración del padrón de jornaleros se ayudará a focalizar acciones y programas que favorezcan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
En el documento, añade el texto oficial, destaca la región del Pacífico, Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero, “con la mayor actividad agrícola en cuanto a empresas formalmente constituidas y trabajadores del campo que cuentan con seguridad social”.
El padrón contiene el nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, edad, entidad, municipio, localidad de nacimiento, género, entidad de la vacante, número de seguridad social y una exposición sobre la movilidad de personas que durante todo el año se desplazan de un estado a otro para trabajar en el campo.
El universo de información obtenida proviene de patrones y trabajadores con actividades agrícolas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y del Programa de Movilidad Laboral Interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), detalla el texto del portal en internet.

 

Aprueba el Consejo Universitario la expulsión de un maestro de la Prepa 46 por acoso sexual

En la sesión del Consejo Universitario, máximo órgano de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se aprobó por unanimidad de los consejeros la expulsión del maestro Saturnino García, de la Preparatoria 46, ubicada en Chilpancingo, por violencia de género (acoso sexual) a dos alumnas.
Durante la sesión, consejeros señalaron que hay varios casos más y que el Tribunal Universitario tiene que trabajar en ellos, pues no se puede permitir el machismo ni maltrato a las alumnas.
El caso de acoso se trató en la segunda reunión de la sesión permanente del Consejo Universitario, donde los magistrados del Tribunal Universitario “comprobaron” que el maestro cometió actos de hostigamiento sexual contra alumnas, quienes señalaron que el acoso era de manera constante.
En su informe a los consejeros, los magistrados manifestaron que “los hechos sin duda acreditan la violencia de género en contra de la víctima, no obstante la negativa del demandado”. Los magistrados resolvieron dar por procedente la demanda de las alumnas, pese a que el maestro tuvo su derecho de réplica en el tribunal, porque el docente cometió actos de violencia previstos en el artículo 203 fracción 12 del estatuto general de la UAG y por lo que en su dictamen pidió su expulsión, porque los “actos quedaron plenamente acreditados”.
En su intervención, el rector Javier Saldaña Almazán informó que el dictamen fue todo un proceso, donde se le dio derecho de audiencia al maestro, quien fue con su abogado, sin embargo el tribunal acreditó los hechos.
Señaló que la expulsión es un mensaje para los maestros que tienen que mejorar su conducta, porque “ no podemos como universitarios hacer o decir cosas que estén fuera de la ley”. Luego dijo que en la facultad de Derecho hay maestros que han perdido la vida, desde hace tres años, por andar “de alguna manera acosando o cobrando a los estudiantes”.
Dijo que eso se tiene que erradicar, que por eso se hicieron las reformas, porque “no se puede usar nuestra posición como profesores para cometer este tipo de cosas”.
En sus intervenciones, los consejos se mostraron indignados por los hechos narrados y señalaron que lamentablemente el acoso es muy frecuente en las escuelas. Reconocieron la valentía de las estudiantes para denunciar los hechos y señalaron que se debe castigar de manera ejemplar, para que “los maestros le vayan midiendo el agua a los camotes”. Luego de la participación de los consejeros se dio la votación, la cual fue unánime a favor de la expulsión del maestro.
Durante la sesión también se aprobó la creación de cuatro nuevos posgrados: dos especialidades y dos maestrías. Las maestrías son Ciencias en Tecnologías de la Información e Innovación de la Práctica Docente de Matemáticas; las especialidades Microbiología, de la Unidad de Investigación Especializada en Microbiología y la de Implantología y Rehabilitación Bucal, de la Facultad de Odontología.
Los consejeros también aprobaron realizar una auditoría financiera a la Preparatoria 13 de Zihuatanejo y se acordó que la Administración Central no descontará cuotas a trabajadores sindicalizados del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG y el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG.
En la sesión del consejo se informó de la jubilación del ex rector Florentino Cruz Ramírez, quien a la vez era vocero del Grupo Universidad, quien agradeció todo lo que le dio la UAG. El rector le entregó un reconocimiento y los presentes lo despidieron con aplausos de pie.

Reclama Celestino a perredistas que piden la expulsión de diputado que no critiquen al PRI

 

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, pidió a militantes de ese partido que así como exigieron la expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri –por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para restarle alcances a la comisión especial del caso Ayotzinapa–, condenen y respondan también a las posturas del dirigente municipal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado Arroyo.
Cesáreo Guzmán indicó que los perredistas que el martes criticaron a Martínez Neri no han sido “muy activos” en respaldar la lucha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Informó que el próximo viernes se reunirá con el diputado federal en la Ciudad de México para que éste le explique las razones por las que respaldó la propuesta de cambiar el objetivo de la comisión especial que se integró en la Cámara de Diputados para el caso Iguala.
Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD, para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala y ya no dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En respuesta, el martes en Acapulco militantes del PRD y fundadores de ese partido exigieron la destitución y expulsión de Martínez Neri; entre ellos se encontraban Rafael Aréstegui Ruiz, Eloy Cisneros Guillén y el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del puerto, Isaías Arellano Maldonado.
Consultado al respecto, Cesáreo Guzmán comentó que se sorprendió cuando conoció la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y por eso ayer se comunicó con él vía telefónica.
Explicó que acordaron reunirse el viernes en la Ciudad de México para que el diputado federal le exponga las razones por las que respaldó ese acuerdo y los alcances del mismo, y dijo que a partir de eso el CEE en Guerrero podrá fijar una postura al respecto.
“El diputado Martínez Neri es alguien con quien tenemos relación política porque ha atendido a varios dirigentes estatales del PRD para temas de Guerrero, por eso nos sorprende ese acuerdo”, señaló.
Dijo que en la llamada el diputado federal le manifestó su respeto al movimiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y su postura de exigencia de justicia.
De la conferencia de prensa que ofrecieron militantes del PRD el martes en Acapulco, Cesáreo Guzmán manifestó que le preocupa que miembros del partido “tengan más fuerzas” para pelear internamente que para responder a posturas del PRI, partido que actualmente gobierna Guerrero y el país.
“Los exhorto a que escuchen las razones del diputado, que se serenen y después con toda la información se tome una decisión más allá de protagonismos innecesarios”, pidió.
Dijo que convocará a líderes del partido a que acudan a la reunión del viernes para escuchar al diputado federal, sin embargo comentó que hasta ayer por la tarde ninguno de los que se quejó en la conferencia se había comunicado con él para expresar su molestia.
“Ninguno se ha comunicado conmigo y tampoco los he visto muy activos en la lucha de los padres de los estudiantes, por eso también me sorprenden su postura, ojalá sea el inicio de su participación”.
Finalmente llamó a los militantes del PRD que el martes pidieron la expulsión del diputado federal, que así como hicieron esa crítica, también condenen y respondan a las posturas del dirigente municipal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado, quien desde que asumió al cargo ha hecho señalamientos en contra del gobierno de Evodio Velázquez Aguirre.
Respecto a la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien el martes informó que de acuerdo con la evaluación previa correspondiente al primer mes de la estrategia de seguridad, la violencia en los cinco municipios de Guerrero que están dentro de la misma ha disminuido en un 30 por ciento en comparación con el mes anterior, el líder del PRD dijo que toma con reservas esas cifras.
Indicó que el partido esperará unos días más para fijar postura respecto al nuevo operativo nacional de seguridad.

Exigen perredistas la expulsión del diputado que se alió con el PRI en el caso Ayotzinapa

Militantes del PRD y fundadores de ese partido en Guerrero exigieron la destitución y expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri, por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para bloquear las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Rafael Aréstegui Ruiz dijo que “no le podemos pedir al Estado que se investigue a sí mismo cuando hay pruebas de participación del fuerzas gubernamentales, del Ejército, de las policías federales, policías municipales y fuerzas políticas, no se puede dar carpetazo, es un crimen de Estado”.
El diputado del PRD, Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala, para ya no dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En conferencia de prensa en el restaurante Woolworth, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Acapulco, Isaías Arellano Maldonado, lamentó la posición del diputado del PRD de “darle carpetazo” a la investigación de qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Expuso que es una situación que no puede aceptarse por parte del PRD, “no es una posición de partido y exigimos al comité nacional una explicación y expulsión del partido” del diputado.
“Los perredistas no podemos contar con este tipo de personajes que abandonan la lucha social y sobre todo las causas justas, porque este no es sólo un problema que agravia a los padres de los 43 desaparecidos, sino que agravia a la nación y a la comunidad internacional”, enfatizó.
Arellano Maldonado agregó que en la Jucopo también está el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, quien como diputado local se negó a procesar las denuncias en contra del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Aréstegui Ruiz puntualizó que el Estado no tiene autoridad moral ni ética para hacer alguna investigación, “esta actitud del coordinador es una posición de entrega, de subordinación a la política del PRI, que tiene interés de echarle tierra al asunto”.
Dijo que la postura del PRD debe ser la de investigar a fondo los hechos y castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas.
Expuso que la característica de los crímenes de Estado es que nunca se sabe qué pasó, e insistió en que lo que ocurrió en Iguala tiene “características de un narcoestado”.
Por su parte, el ex perredista y ahora integrante de la organización Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén, dijo que “la traición está muy de moda” y esa fue la actitud del diputado federal, “traicionan los movimientos sociales y políticos, a los padres al pueblo de México que ha estado luchando por la presentación con vida de los estudiantes, es una actitud de traición porque no ha habido ninguna investigación sería”.
“Exigimos que la investigación se siga dando, se quieren resultados de esta actitud criminal, los gobiernos tienen la obligación de darnos seguridad a todos los ciudadanos”, enfatizó.
El secretario de elecciones del comité municipal del PRD, Jesús Silva, exigió que desde la estructura nacional del partido se apliquen los estatutos, la separación del diputado de la comisión que tiene en la Jucopo, y “si fuera posible exigir la renuncia a la militancia del partido, porque contraviene los principios del mismo, demandamos se restituya el objetivo de darle seguimiento, como militantes del PRD la transparencia y seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Por su parte, Óscar Chávez Rendón dijo que no se puede permitir que se tape el caso Ayotzinapa.
Señaló que los diputados federales como Francisco Martínez están “acostumbrados a que se les beneficie monetariamente”, o que eso parece al actuar en contra de los principios del partido.
Pidió a la dirigencia nacional que no se asuman actitudes que lastiman al pueblo de México y que se enderecen las rutas.
En la conferencia también estuvo la secretaría de Derechos Humanos del comité estatal, Yenedith Barrientos, y Norberto Refugio Chamú.
Durante la conferencia, Eloy Cisneros denunció la desaparición de la doctora Adela Rivas Obé y exigió su presentación con vida.
Recordó que salió de una reunión en las instalaciones del IMSS en Zihuatanejo el pasado jueves antes de la una de la tarde y desde entonces ya no se pudo localizar.
“No hay información de que algún grupo la tenga”, manifestó, y recordó que la doctora se distinguió en el pasado por la lucha social, “no sabemos aquí, como hay complicidades entre el Estado y las mafias, no sabemos la situación real de la compañera, demandamos la presentación inmediata, los gobiernos en sus distintos niveles tienen la obligación de darnos seguridad, que se aboquen a la investigación de este caso”.

Expulsan parcelarios de La Sabana a Donaciano Martínez y a Castellanos

 

 Integrantes del Comité de Defensa del Ejido de La Sabana informaron que Donaciano Martínez González y Félix Castellanos Hernández ya no forman parte del comité a partir de ayer, debido a que “traicionaron la confianza de los parcelarios (60 propietarios de parcelas afectados, pero no indemnizados por la CFE) porque negociaron puestos de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

José Carlos Hernández Godoy dijo que la acción ha generado “obstrucciones para negociar el problema que tienen con la CFE desde hace tres años, los parcelarios están peleando porque sus tierras fueron afectadas por los cableados y las torres que colocaron y fueron beneficiadas personas ajenas”, razón por la cual acudieron al Ministerio Público de Ciudad Renacimiento para interponer una denuncia contra la CFE por el delito de fraude.Hernández Godoy indicó que el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Félix Castellanos Hernández, “negocio” un puesto de trabajo para su esposa Raquel Lucero, “quien actualmente trabaja en la Comisión Federal de Electricidad en el área de Desarrollo Social”.