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Mantiene el gobierno la operación del Viaducto Diamante pese a fallo judicial

Jacob Morales Antonio

La autopista Viaducto Diamante continúa siendo operada por el gobierno del estado, que antes de las vacaciones de diciembre hizo el bacheo de la vía, que lucía deteriorada, además, desde que tomó el control, desmanteló dos casetas que estaban listas para entrar en operaciones.
En un recorrido por la autopista de 21.5 kilómetros se muestra que tuvo algunas mejoras, luego de que el gobierno del estado tomara control el pasado 28 de abril, cuando se informó del rescate de la concesión, para la construcción explotación y conservación de la autopista Viaducto-La Venta-Punta Diamante y servicios conexos.
En ese momento se indicó que la recuperación de la concesión obedeció a “la falta de atención del estado que guarda la carretera, por parte del concesionario, así como el incumplimiento de los contratos y acuerdos en materia de infraestructura y conservación que contrajo con la administración estatal”.
Pero el pasado 26 de marzo el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Guerrero del Poder Judicial de la Federación otorgó el fallo para el regreso de la concesión del viaducto La Venta-Punta Diamante para Fibra Orión, después de la promoción de una demanda de amparo indirecto, según se dicta en el expediente 499/2023 en el portal del Consejo de la Judicatura Federal.
En un recorrido las dos casetas que se habían construido por la empresa concesionaria fueron desmanteladas por completo, y sólo opera la caseta de Metlapil, que tiene un cobro de 150 pesos por automóvil. Así como la caseta de salida a Costa Chica.
Los baches que había en el viaducto fueron cubiertos, aunque no se ha pavimentado la totalidad de la vía y sólo se ha colocado nuevo chapopote en algunos tramos que se pueden ver por la intensidad del color negro del pavimento.
En el lugar hay resguardo de la Policía del Estado y agentes de la Guardia Nacional.
A diferencia de otros meses, no había comerciantes o vendedores en las aceras de la autopista.
Se consultó por teléfono a ejidatarios de Tres Palos, quienes indicaron que no tenían información de que la empresa recuperó la concesión, por que han estado demandando una indemnización por el derecho de usos de sus tierras, ocupadas desde hace más de 30 años para la construcción de la vía, misma que ni ellos pueden usar porque no hay accesos para los poblados aledaños.

 

Los militares liberados no han sido exonerados, responde la asociación nacional de jueces

 

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), rechazó que los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa recibieran una ventaja indebida al obtener su libertad provisional, como lo afirmó la Fiscalía General de la República.
En respuesta al comunicado difundido anteayer por la FGR, la asociación que representa a más de mil 500 impartidores de justicia del país respaldó a la juez y los magistrados federales que dictaron el cambio de medida cautelar.
“Las 8 personas pertenecientes a las fuerzas armadas no han sido exoneradas; la formal prisión que se dictó en su contra por el delito Desaparición Forzada de Personas, sobre los hechos del ‘caso Ayotzinapa’, está vigente y deberán continuar con el proceso, hasta que se decida si son culpables o inocentes”, dijo la JUFED.
La resolución, subrayan, “es que deben continuar con el proceso, pero en libertad provisional, y por eso consideran que “las autoridades jurisdiccionales involucradas no otorgaron una ventaja indebida a esas 8 personas, antes bien, se realizaron con apego a la Constitución, Tratados Internacionales y Resolu-ciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin comprometer los derechos de las víctimas ni las facultades de la Fiscalía”.
La asociación civil dio a conocer la versión pública del fallo del Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, que ordenó llevar a cabo una nueva audiencia para dictarle a los militares una medida cautelar distinta a la prisión preventiva de oficio.
La JUFED explicó que, a través de una demanda de amparo, los militares consiguieron una suspensión definitiva para que se realizara la audiencia de modificación de la prisión preventiva. El fundamento de la resolución es una jurisprudencia obligatoria que señala que dicha medida cautelar es contraria a los tratados internacionales.
“”Contra esa resolución, el fiscal no se inconformó; en cambio, las 8 personas sí”, dijo el organismo.
El tribunal colegiado confirmó el fallo de primera instancia en una sesión del pleno a la que las víctimas no asistieron, a pesar de estar debidamente notificadas, y en cumplimiento a esa determinación la juez concedió la libertad provisional, expuso la asociación civil.
Puntualizó que la liberación de los soldados no es definitiva porque la FGR y las víctimas pueden apelarla y en caso de que esta impugnación les fuera adversa, las víctimas tendrían el derecho de acudir al juicio de amparo.
“Si la Fiscalía o las víctimas consideran que, con el comportamiento que observen esas 8 personas en libertad provisional a partir del sábado 20 de enero de 2024, se genera peligro de que se fuguen, de que hay riesgo para las víctimas o los testigos o de que se ponga en riesgo la buena marcha del proceso, podrán solicitar nueva audiencia para que, si lo justifica, sean sometidas de nuevo a prisión preventiva”, precisó la JUFED.

 

Lamenta el PRI fallo del Trife que exonera al líder de Morena de violencia política de género

Daniel Velázquez

La dirigencia estatal del PRI consideró que el falló del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que rechazó que hubiera violencia política en razón de género por parte del diputado y dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, en contra de la diputada Gabriela Bernal Reséndiz, “pone en riesgo el avance en materia de derechos políticos de las mujeres y es un evidente retroceso en la lucha por la igualdad”.
En un posicionamiento difundido por el PRI de Guerrero en sus redes sociales, suscrito por el presidente Alejandro Bravo Abarca y la secretaria general Pilar Vadillo Ruiz, del Comité Directivo Estatal, lamentan el fallo del Trife y consideran que se trata de “un duro golpe” a la lucha de las mujeres por lograr condiciones de igualdad y equidad.
A mediados de abril de este año se conoció un extracto de un discurso que el dirigente estatal de Morena dio ante militantes de su partido en Ometepec, donde expuso que la belleza de la diputada fue usada como la estrategia política por el PRI en el proceso electoral de 2018, para presentar la imagen de Bernal Reséndiz en la candidatura al Senado y no la de quien encabezaba la fórmula, el todavía senador Manuel Añorve Baños.
Debido a sus expresiones, fue acusado de violencia política, y se presentó una queja en su contra. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) brindó medidas cautelares en las que prohibió al morenista acercarse a la diputada priista por el riesgo alto de volver a incurrir en violencia.
El 25 de agosto el Tribunal Electoral del Estado (TEE) resolvió que González Varona sí incurrió en actos de violencia política en razón de género y ordenó que su nombre permanezca por un año cuatro meses en la lista de personas sancionadas por esta falta, le impuso una multa de 15 mil pesos, y debería presentar un disculpa pública y tomar tomar cursos sobre el respeto de los derechos de las mujeres.
La semana pasada el Trife resolvió que “el reconocimiento de la belleza de una persona como estrategia política para la postulación de una candidatura no es una cuestión que impacte de manera exclusiva a las mujeres, por lo que la referencia a la belleza de una mujer como elemento dentro de una estrategia electoral cuando no se hace cosificándole o restándole méritos propios, como sucedió en el caso, pues se hizo alusión a otras cuestiones de su persona, no implica violencia simbólica ni está dirigida a ella en su calidad de mujer”, y eso no constituye violencia política en razón de género sino de afirmaciones amparadas en la libertad de expresión.
El PRI considera que la sentencia del Trife “sienta un precedente que pone en riesgo los avances en materia de violencia de género, ya que eso da pie a que actores políticos usen este fallo para ampararse y continuar violentando a mujeres que participan en política”.

 

Recurrirá el fallo del TEE, adelanta Jacinto González

El dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona es entrevistado por reporteros en la consulta sobre salud, alimentación y entornos saludables, en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, dijo que recurrirá a la siguiente instancia luego del fallo en su contra del Tribunal Electoral del Estado (TEE), pero se negó a abundar sobre el tema, pues dijo serán los abogados quienes lleven el caso.
El TEE resolvió que González Varona sí incurrió en actos de violencia politica en razón de género y ordenó que su nombre permanezca en la lista de personas sancionadas por esta falta por un año cuatro meses, también le impuso una multa de 15 mil pesos, deberá presentar un disculpa pública y tomar cursos sobre el respeto de los derechos de las mujeres.
El morenista fue sancionado por referirse a la diputada local Gabriela Bernal Reséndiz como ejemplo de la estrategia política empleada por el PRI en el proceso electoral de 2018, que promovió su imagen en la candidatura al Senado y no la del titular de la fórmula, el todavía senador Manuel Añorve Baños.
Consultado por telefono, González Varona dijo que no ha sido notificado sobre el fallo en su contra. “Este tema lo van a atraer los abogados, preferiría no hablar de esto, para no seguir moviendo el tema. Pero decirte que no se va a quedar ahí, los abogados le van a dar seguimiento en las demás instancias, lo van a analizar bien los abogados”.
A pregunta sobre cuál será la funcion del Comité Estatal durante los días en que se aplicará la encuesta, el presidente del CEE de Morena dijo que durante los diez días que estará en proceso el levantamiento de la encuesta, del 27 de agosto al 6 de septiembre, para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación, los integrantes estarán en veda y suspenderán todas sus actividades, para que no se malinterprete alguna acción que puedan realizar.
Indicó que el comité no va a participar en el proceso de levantamiento de la encuesta, que todo eso es supervisado y operado por el Comité Nacional.
Agregó que después del 6 de septiembre, el CEE empezará una consulta sobre lo que los guerrerenses quieren que haga el coordinador de los Comités de Defensa de la Transformacion para el desarrollo del estado, la cual concluirá en diciembre.

 

Impugnará su expulsión de Morena, dice Sánchez Esquivel: “hay fondo político”

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, expulsado de Morena, informó que impugnará la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ), y confía en que podrá revertir la decisión del partido en los órganos jurisdiccionales. Aseguró que tiene elementos para demostrar que los señalamientos en su contra son falsos y tienen un fondo político.
En consulta telefónica sobre la resolución que acreditó actos de autoritarismo (violencia política en razón de género) contra una trabajadora del Congreso local, también consejera y militante de Morena, cuando fue presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró que ya tienen mucho tiempo defendiéndose de una serie de acusaciones y espera que las sentencias queden firmes para confirmar que el fondo de las denuncias es político.
“Ya llevo mucho tiempo defendiéndome a capa y espada de una cantidad impresionante de señalamientos que carecen de sustento. El tiempo, las circunstancias y las instituciones nos darán la razón”.
Aseguró que estas denuncias, surgieron de un momento a otro “de manera espontánea, después del relevo en la presidencia de la Jucopo, que asumió la diputada Yoloczin Domínguez Serna”.
Aclaró que su proceder por años es en el ámbito del respeto, con independencia del género, de la ideología inclusive de temas partidistas.
Hoy, indicó que la mitad de los diputados locales, reconocen ese trato, dan cuenta de debate y dialoga, porque de eso trata el parlamento, pero no busca lastimar ni denigrar a ninguna persona por sexo ideología o tema partidista.
Ratificó que esta serie de denuncias en su contra es resultado de una persecución política porque apoya la aspiración presidencial del ex canciller Marcelo Ebrard, “en lugar (de respaldar) a quien otros señalan como la opción”, en referencia a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con la resolución, Sánchez Esquivel también denunció a la diputada Yoloczin Domínguez por actos de nepotismo y corrupción, ante el IEPC. “Al final de cuentas estaremos supeditando al trabajo que hace equipo jurídico, para demostrar que nuestro actuar es acorde, no sólo estatutos, sino como la marca la moral, los principios básicos de una persona de buen proceder”.

Aunque expulsado, Sánchez Esquivel permanecería en la fracción

La coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso local y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, informó que el diputado local Alfredo Sánchez Esquivel seguirá perteneciendo al grupo parlamentario, luego de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) del partido acordara su expulsión.
Reconoció que el caso es complicado para ella, ya que su colaboradora es la denunciante, pero en su calidad de coordinadora de la fracción política su deber es preservar la unidad del grupo parlamentario.
Asimismo, señaló que el caso no está completamente juzgado, y su par tiene instancias para recurrir la decisión del órgano partidista.
Ambos actores políticos, el anterior y la actual presidenta de la Jucopo, tiene una serie de quejas y denuncias contra el otro, que siguen en proceso de resolución.
Aclaró no va adelantar escenarios respecto a la conclusión del proceso cuando llegue a los órganos jurisdiccionales, pero no hay normas que señalen la separación del representante popular sancionado en un procedimiento interno, “no hay nada que lo obligue a estar fuera del grupo parlamentario”.
También dijo que es respetuosa de las resoluciones de su partido que ha sido incluyente y ha abanderado la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, “no llegamos a este punto para retroceder, nuestras banderas son legítimas y resultado de la lucha de décadas. Tampoco se tomarán decisiones precipitadas, sostuvo.

 

Revoca el TEE fallo del PAN contra su líder en San Marcos, Felícita Navarrete

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE), determinó revocar la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN por no revisar con perspectiva de género y por los procedimientos incorrectos en el pago de prerrogativas que denunció la presidenta del Comité Directivo Municipal de San Marcos, Felícita Navarrete Neri.
Ésta acusó a su dirigencia estatal de cometer en su contra violencia política de género por obstaculización del desempeño de su cargo partidista.
Con el proyecto TEE/JEC/019/2023 presentado en la sesión por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito y aprobado por unanimidad de votos, se revocó la sentencia de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN porque valoró incorrectamente el informe de la Comisión Nacional del PAN, así como el acta del 6 de agosto de 2021 en la que se ordenó la suspensión del pago de prerrogativas.
El TEE consideró que este órgano partidario faltó a su obligación de fundar y motivar su determinación del pago de prerrogativas adeudadas en especie.
Los magistrados consideraron que los agravios de la actora son fundados por lo que ordenó a la Comisión de Justicia que dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia, “emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que, aplicando una perspectiva de género”.
En esta nueva sentencia debe realizar “una correcta valoración” de las pruebas remitidas por los órganos intrapartidarios, y de no existir documento idóneo que acredite eficazmente el pago del 8 de julio de dos mil veinte, por 6 mil 900 pesos que demanda la panista.
Ordena también que se analice la omisión de pago de prerrogativas de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 para lo cual deberáì allegarse de los elementos probatorios necesarios “que le permitan resolver de manera exhaustiva, fundada y motivada, el planteamiento de la actora”.
Mientras que al Comité Directivo Estatal del PAN le ordena que en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de que le notifique el fallo, dé cumplimiento a la resolución y notifique a la actora de manera personal, en su domicilio particular, el acta de sesión en la que se ordenóì la suspensión de prerrogativas, a fin de garantizarle una adecuada defensa.
Ordena también al CDE que el pago de la cantidad que resulte a favor de Felícita Navarrete Neri lo realice mediante depósito en efectivo o transferencia, para lo cual deberá otorgarle un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de que le notifique el fallo que emita.
Para esto pide que determine de manera pormenorizada, fundada y motivada, si la omisión de pago acreditada, actualiza o no la obstrucción del cargo como lo señala la panista.

 

Ya hay una investigación por las denuncias de acoso en la Prepa de Iguala, informa el director

Alejandro Guerrero

Iguala

Miembros del Consejo Académico de la Preparatoria 32, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), informaron que la Comisión de los Derechos Humanos de la universidad inició por oficio una investigación sobre las denuncias de acoso, que alumnas de esta escuela realizaron ante medios de comunicación contra seis profesores, y en 50 días dará su fallo.
Este viernes, después de las 11 de la mañana, en la escuela, en la que no hubo clases por segundo día, el director y presidente del Consejo Universitario de la escuela, Juan Araujo Juárez; acompañado de la subdirectora administrativa, Antonia Bernabé Vargas, y el consejero Moisés Ocampo Delgado, ofreció una conferencia de prensa derivado de este conflicto, que se ventiló el viernes de la semana pasada.
Araujo Juárez afirmó: “Nosotros no solapamos a nadie”, y justificó que antes, las alumnas no habían presentado ninguna denuncia por escrito ni verbal del acoso escolar que sufren.
Informó que solicitaron la intervención de la Coordinación Zona Norte y mencionó que atendieron a las alumnas que hicieron la denuncia, sin embargo, no quisieron dialogar y rompieron la mesa de negociaciones. Sin dar detalles ni mencionar a nadie, advirtió que “hay personas externas que están participando”.
Narró que este jueves, a petición suya, estuvo la Comisión de los Derechos Humanos de la Universidad para atender a los alumnos “que decían ser acosados, sin embargo, no se prestaron al diálogo”.
Agregó que debido a las denuncias que las jóvenes realizaron en plataformas de Facebook y medios de comunicación, se citó a los maestros que tienen señalamientos, y ya en la escuela les notificaron de una demanda de oficio, que está siguiendo la Comisión de Derechos Humanos de la UAG, así como el inicio del proceso de investigación.
El director argumentó que los paristas no querían que se siguieran los protocolos y procedimientos legales, sino que en ese momento se corriera a los maestros, pero la Comisión de Derechos Humanos les dijo que se les tiene que dar la garantía de audiencia, “porque tienen una presunción de inocencia”.
Explicó que a partir de que se integró de oficio la carpeta de investigación, se corre un término de 50 días para que la Comisión de Derechos Humanos determine el fallo, con el ofrecimiento y desahogo de las pruebas.
Reclamó que “en lugar de conciliar, a la misma comisión le dijeron que hoy (viernes) iban a tomar las instalaciones, incluso, amenazaban a través de audios de que había grupos externos que los iban a apoyar”.
Desde la mañana, las instalaciones estuvieron solas y ya no se presentó el grupo de alumnas que el jueves tomó la escuela, a pesar de esto, no hubo clases, porque la dirección notificó que no habría clases y alertaba de posibles protestas radicales.
Por su parte, el consejero Moisés Salgado opinó que las denuncias de acoso realizadas por alumnas “se están politizando, en el marco de la coyuntura electoral (dentro de la UAG)”.
El director dijo que el lunes ya habrá clases, día para el que solicitará seguridad pública afuera de la escuela, para evitar una posible confrontación entre estudiantes.

 

Falló la estrategia de seguridad del gobierno federal para Guerrero, dice la senadora Tagle

 

La senadora Martha Tagle Martínez consideró que la presencia del Ejército en las calles no soluciona la inseguridad que se vive en Guerrero, y aseguró que la Gendarmería no funciona, lo que representa una falla en la estrategia el gobierno federal.
En conferencia de prensa después de su intervención en el Grupo ACA, la senadora independiente consideró que es desafortunada la situación de inseguridad en el estado, porque Guerrero es uno de los estados que más ha vivido la violencia. A pregunta, respondió que el blindaje de seguridad es una “fórmula fallida”.
La ex militante del partido Movimiento Ciudadano explicó que “blindar con mayores policías y militares ya se ha probado en otros momentos en Acapulco y en otros lugares del país y no se ha resuelto de fondo el problema de inseguridad”.
La senadora originaria de Puebla agregó que el gobierno federal no tiene un plan definido para reducir la inseguridad porque la Gendarmería no funcionó. Reveló que en la Cámara de Diputados hay la propuesta para legislar que a la Secretaría de Gobernación se le quite la función de Seguridad pública. “Esto habla que no hay un plan, una estrategia en materia de seguridad pública”.
Consideró que es necesaria una estrategia integral y no enfocarse en más armamento o en aumentar el número de policías.
En el caso de la Ley de Victimas, que puntualizó fue promovida por el Movimiento Por La Paz y La Justicia con Dignidad ahora “desafortunadamente” está en el control del Estado mexicano.
Tagle Martínez expresó que en la agenda legislativa está pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción, figura de nueva creación que consideró fundamental para el país.
Explicó que el fiscal anticorrupción depende de la Procura-duría General de la República con similitudes al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), pero seguirá penalmente los delitos de corrupción. Expuso que la importancia radica en que no se sanciona a quienes cometen ese delito porque se carece de una ley y de una persona especializada que debe yener autonomía real.
Dijo que los casos del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte y del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, ambos fugados, confirman la necesidad de una fiscalía, porque los actos de corrupción no se cometieron “en los últimos días de su gobierno”. Incluso la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública no hicieron lo que les correspondía, “que era ponerle un alto y perseguir esos delitos”, abundó.
De las elecciones en Estados Unidos, sugirió hacer “un frente común” porque ganó una visión conservadora, intolerante, misógina y racista. Consideró que México debe estar preparado ante una posible deportación masiva de connacionales y la revisión del Tratado de Libre Comercio.