El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui García, indicó que su continuidad al frente del Grupo Parlamentario de Morena dependerá “absolutamente” de sus compañeros.
En septiembre próximo, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones, Urióstegui García cumplirá un año al frente de la Jucopo, y de acuerdo con un trascendido al interior del Grupo Parlamentario de Morena, su permanencia se analizaría al año de su llegada.
En entrevista, el morenista indicó que hasta hoy, como Grupo Parlamentario, no tiene en la agenda alguna plenaria para discutir sobre su relevo al frente de la coordinación, y por ende de la presidencia de la Jucopo.
Desde que Morena es mayoría en el Congreso local, en el 2018, ninguno de sus coordinadores han permanecido dos años consecutivos, ni concluido una legislatura al frente de la Jucopo.
Ya sea por acuerdos políticos, o por el desgaste al frente del Congreso del Estado, en anteriores legislaturas siempre hubo relevos entre los coordinadores de Morena.
Urióstegui García fue electo como coordinador de los diputados morenistas en septiembre del año pasado, al inicio de la actual legislatura. Actualmente el Congreso atraviesa por su último periodo de receso del año, y regresará el primero de septiembre a iniciar el segundo año legislativo, es decir, se cumplirá un año desde que Urióstegui García asumió el cargo.
Aunque aún faltan varias semanas para el inicio del periodo ordinario, ha trascendido que algunos diputados de Morena buscan relevar a Urióstegui García.
Al respecto, Urióstegui García señaló que los diputados mantienen un diálogo permanente sobre diversos temas, pero que no han mencionado el relevo en la coordinación.
A pregunta de si le gustaría continuar el próximo año como coordinador de los diputados de Morena, señaló que será una decisión “absoluta de mis compañeras y compañeros”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, el morenista Jesu?s Urio?stegui Garci?a, sostuvo que en la actual 64 legislatura hay disposición para aprobar la Ley de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares. Aseguró que pese a la postura de los colectivos que piden sea aprobada lo más pronto posible, se tienen que revisar todos los temas técnicos y presupuestales para que se pueda cumplir y sea efectiva.
Las declaraciones de Urióstegui García ocurren después de que el lunes integrantes del Colectivo de Familiares Desaparecidos Lupita Rodríguez protestaron por ocho horas fuera del Congreso del Estado para exigirle a los diputados la aprobación de la Ley de Desaparición, la cuál es un pendiente que tiene el legislativo local desde el 2018.
Durante la manifestación, el vocero del Colectivo, David Molina, dijo que durante tres periodos legislativos sólo han sido engañados porque no existe interés de parte de los diputados de que exista una Ley de Desaparición.
Al respecto, el presidente de la Jucopo mencionó en entrevista que a pesar de que la iniciativa no se desahogó en las dos legislaturas anteriores, actualmente hay disposición para retomarla y dialogar con los colectivos que la impulsan, aunque atajó que “se debe realizar un trabajo muy detallado para atender todas sus implicaciones”.
“Ya tenemos una mesa de trabajo instalada con los colectivos, (la iniciativa) es un tema que ellos han estado solicitando desde hace muchos años, no es un tema que haya surgido ayer o antier, llevan mucho tiempo sin embargo está legislatura tiene la disposición de transitar y vamos a dialogar con ellas y con ellos”.
Aseguró que el tema de la Ley es importante para amplios sectores de la población, por lo que el Congreso actuará de manera “sensible y responsable”.
A pregunta de si es un tema presupuestal lo que detiene la aprobación de la iniciativa, ya que los colectivos plantean la creación de un Centro de Identificación Humana, el diputado aseguró que nada detiene los trabajos, pero que la Ley tiene que ser analizada por todas las instituciones involucradas.
“No hay nada que lo detenga, estamos trabajando en una parte técnica, y reitero, estas mesas que se propusieron son para dialogar, porque se trata de construir consensos, el tener una Ley significa tener consensos, y que todos los actores estén presentes y que se vean las viabilidades de las leyes, ¿de qué sirve que tengamos leyes que no sean viables?”.
Explicó que para la creación de una Ley de Desaparición se necesita la opinión e intervención de las comisiones del Congreso, de los organismos de derechos humanos y las dependencias gubernamentales que atienen el tema de desaparecidos para que todo sea integral.
También mencionó que se revisará la legislacio?n de otras entidades sobre el tema para enriquecer los trabajos en la entidad.
“Lo importante es aprobar una ley viable y con presupuesto, para que no sea letra vaci?a, pues lo que demanda la poblacio?n es una verdadera herramienta juri?dica contra un flagelo que ha causado mucho dan?o”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, Jesús Urióstegui García, y el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, ambos de Morena, reconocieron que el proceso de elección del Poder Judicial local para las personas juzgadoras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se podría llevar hasta el 2027 por falta de presupuesto.
Aunque Sandoval Ballesteros precisó que existe la posibilidad de realizar dicha elección este 2025, esto aún se dialoga con los órganos electorales y con todas las instituciones y órganos involucrados a los que les repercuta el tema.
En conferencia de prensa, y cuestionados específicamente sobre el tema de cómo va el proceso legislativo de armonización de la reforma federal en materia de Poder Judicial, que planteó la elección por voto directos de jueces, magistrados y ministros, Sandoval Ballesteros adelantó que en Congreso del estado se prevé aprobarla al regresar del receso legislativo, el cual concluye los últimos días de febrero.
“Habrá reforma, esto no está en cuestionamiento, en los primeros días del siguiente periodo ordinario de sesiones estaremos votando el dictamen sobre reforma judicial y estamos ya en diálogo con los demás poderes y prevemos abrir mesas de diálogos con los sectores interesados y analizar cuáles son los factores claves de esta reforma”, dijo Sandoval Ballesteros.
De acuerdo con los artículos transitorios de la reforma federal, los congresos locales tienen hasta el 18 de marzo para armonizar sus leyes locales, aunque para realizar la elección en los estados, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), definió como plazo hasta este 15 de enero, para que las legislaturas locales le notifiquen si habrá elección judicial local y el número de cargos a renovar, para que sean incluidos en la organización de dicho proceso y puedan coadyuvar en la realización.
A pregunta expresa de si el vencimiento de esa fecha podría afectar o ser determinante para que la elección del Poder Judicial local se realice hasta el 2027, Sandoval Ballesteros dijo que aún se analiza y que a pesar de los plazos dados por el INE, si se aprueba el dictamen antes de que venza el plazo de los 180 días marcados por los artículos transitorios, los órganos electorales estarán obligados a realizar la elección.
“Nos establece algunos plazos la reforma constitucional federal para poder hacer la elección en 2025 y nos da un plazo hasta el 2027 y se está analizando esa fecha, tenemos opinión del Poder Judicial, del Legislativo y hemos establecido diálogo con los órganos electorales, pero todo tendrá que ver también con los recursos económicos que se requieran para llevar a cabo la elección”, agregó Sandoval Ballesteros.
Sin ser claro en su respuesta de si la elección se realizará hasta el 2027 por falta de tiempo y presupuesta, se le preguntó directamente si podía confirmar una fecha para el proceso electoral, y fue que Sandoval Ballesteros respondió que el plazo del INE es una petición administrativa “y esta prerrogativa de definir la reforma, la constitución nos da 180 días después de su promulgación que fue en octubre, entonces tenemos hasta el 18 de marzo, y entonces el INE tendrá que asumir las decisiones que tomen todos los estados”.
Ante la insistencia de los reporteros sobre el plazo dado por el INE, Sandoval Ballesteros atajó que atajó que los plazos administrativos tendrán que obedecer a los plazos constitucionales
“Lo más probable es que nos vayamos hasta el 2027 por el tema de los recursos, pero todavía podría hacerse en el 2025, tendríamos que hacer los análisis con los demás poderes, con los recursos que se deban erogar y con los institutos electorales, federal y local, para definir todo, pero hay realidades que nos definirán estos plazos”, agregó Sandoval Ballesteros.
Por su parte, el presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui García, reconoció que la principal dificultad es el tema del presupesto y que todo dependerá de eso.
“Este tiene que ser un ejercicio de congruencia, y si bien es cierto nosotros vamos a votar esa reforma como ya lo comentó el diputado (Sandoval Ballesteros), también es cierto que hay varios actores que tiene que ver en este proceso del Poder Judicial. Ya tenemos trabajo con el INE, con el IEPC. Pero el INE no va a hacer las boletas, no van a contratar personal con recurso del gobierno federal, sino que se va a solicitar al IEPC que coadyuve en toda esta elección y esa coadyuvancia nos significa un gasto de recursos que se tienen que buscar porque este momento hubo reducción del presupuesto, después de complejidades como lo fue el huracán John”, dijo Urióstegui García.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Urióstegui, de Morena, en entrevista después de un convivió con reporteros de la capital el miércoles Foto: José Miguel Sánchez
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, el morenista Jesús Urióstegui García, reconoció que el tema presupuestal para la realización en lo local de elección de las personas juzgadoras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), es lo que detiene la decisión de que dicho proceso electoral se realice este 2025 o se lleve hasta el 2027.
Agregó que hay pláticas constantes con la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, y con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, para definir, en los próximos tres meses, si hay o no elección de las personas juzgadores del Poder Judicial local este año.
“Me he reunido con el responsable del INE en el estado, y con la presidenta del IEPC, hemos estado dialogando, sabemos que hay muchos estados en que (la elección judicial) sí se hará en el 2025; sin embargo, para nosotros significa un tema de recursos importantes. En ese sentido estamos haciendo el análisis, estamos en mesas de trabajo, porque no solamente compete al Congreso, también tenemos que resolver el tema presupuestal”.
Agregó que tal como lo marcan los artículos transitorios de la reforma judicial aprobada en septiembre, se tiene hasta marzo para que el Congreso local determine si en Guerrero hay elecciones del Poder Judicial local, aunque determinarlo es una prioridad tanto para el poder Legislativo como para el Ejecutivo.
Precisó que al ser un tema de presupuesto, la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de Guerrero, se está en un análisis, por lo que ya establecieron mesas de trabajo en donde todas las instancias involucradas opinen y se decida si habrá dicha elección.
“Consideramos que hay temas prioritarios y temas que tienen que atenderse, en ese sentido estamos trabajando en específico con estas mesas de trabajo que tenemos con el INE, el IEPC, y vamos a iniciar ya los trabajos con el poder Judicial y el gobierno del estado.
“Tuvimos un recorte presupuestal importante que sin duda sIgnifica, porque los que van hacer este ejercicio no es únicamente el INE con sus recursos, lo será también el IEPC como coadyuvante, y como sabemos el IEPC ha tenido problemas financieros y consideramos que estas mesas de trabajo que son parte de la agenda prioritaria de estos tres primeros meses y tenemos que ver la importancia del presupuesto que se va a ocupar”.
Reconoció que “es prematuro” hablar de montos, en cuanto al dinero que se necesitan para esta elección del Poder Judicial, ya que “primero está el tema del bienestar del estado y de los guerrerenses”.
La camioneta Tesla Cybertruck en la que fue vista la diputada local Citlali Yaret Téllez, de Morena, y en la que publicó videos, fotografiada en la avenida Insurgentes de Chilpancingo Foto:?Facebook
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
La diputada local Citlali Yaret Téllez Castillo, de Morena, publicó en su cuenta de Instagram unos videos paseándose en una camioneta Tesla Cybertruck, valuada en 2 millones 599 mil 900 pesos en su versión más costosa.
La tarde del miércoles la camioneta que se mueve con electricidad fue vista circulando por las calles de Chilpancingo, lo que causó furor en las redes sociales al ser un vehículo poco común por su diseño y su precio y por el contexto de violencia que se vive en la ciudad y el estado que no debiera dar lugar a frivolidades.
A través de redes sociales ciudadanos de la capital comenzaron a publicar fotografías de la primera Cybertuck vista en Chilpancingo, en la cual después se supo que a bordo iba Citlali Téllez Castillo, diputada de Morena por el distrito 19 que comprende los municipios de Eduardo Neri (Zumpango), Leonardo Bravo (Chichihualco) y Helidoro Castillo (Tlacotepec) que con frecuencia son escenario de hechos de violencia.
En sus cuentas personales de Facebook y de Instagram difundió un video en el que se observa que va en el asiento del copiloto, presume las capacidades de arranque del vehículo y cómo circulan por las principales calles y avenidas de Chilpancingo.
En un momento se encuentran de frente con una patrulla de la Guardia Nacional y se escucha que ella pregunta: “Les decimos que nos resguarden”. Y su interlocutor le responde: “No, ya traemos escolta atrás”.
Comentarios en redes sociales aseguran que el vehículo no es propiedad de la legisladora y que se subió a invitación del dueño, a quien fuentes identifican como hijo de un empresario de Tlacotepec.
La diputada es licenciada en Contaduría por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y de acuerdo con su trayectoria que es pública en el portal del Congreso del Estado, ha sido activista social y promotora del voto de Morena en el distrito 19 en el 2024.
Téllez Castillo preside la Comisión de Minería en el Congreso del Estado.
“La compañera diputada no es militante de Morena, hay que tener mucha claridad. Morena destina hasta el 40 por ciento de candidaturas a externas, ella es una candidatura externa, ella no milita en el movimiento. Le vamos a pedir que si quiere militar en Morena y si quiere enarbolar el proyecto, tiene que conocer los estatutos y todos los documentos básicos”, dijo consultado al respecto el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona.
Calificó la acción como una “banalidad”, aunque aseguró que hablará con ella para “mejorar la conducta” y que conozca los documentos básicos de ese partido.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, el morenista Jesús Urióstegui García, dijo que la Cybertruck que presumió su compañera de grupo parlamentario Téllez Castillo no es de su propiedad, “ya que al parecer se trata de un vehículo que le prestó algún amigo”.
Recomendó que la diputada se deslinde y agregó que “nosotros estamos en contra de eso, sin embargo ella ha sido clara en la postura de que ella subió el video en una red social personal, pero que no es propiedad de ella el auto”.
“Yo coincido en el tema de la austeridad en todos sus sentidos, así lo hemos hecho y demostrado y platicaremos con ella de este tema”, finalizó el comentario.
“Celebraba el logro de un amigo”, dice la diputada
A las 11 de la noche del viernes, horas después de que ya había borrado de sus redes el video, la diputada Téllez Castillo publicó en su página oficial otro en el que aclara que la camioneta Cybertruck no es de su propiedad y que su paseo por las calles de Chilpancingo fue “para celebrar” el logro de un “amigo”, quien logró comprar dicho vehículo.
“Esa camioneta no es mía, es de un gran amigo mío… (quiero) decirles que esto no es una presunción, simplemente estaba celebrando el logro de un gran amigo mío, como siempre lo hemos hecho, hemos compartido muchas vivencias y no me pareció algo malo, o que fuese algún delito, para mí fue algo común”.
La diputada explicó que el miércoles vio la Cybertruck en Chilpancingo y al ser poco común supo que era su “amigo”, por lo que lo llamó, se reunieron para comer y después “aprovechamos y dimos una vuelta”.
Téllez Castillo agregó que procederá legalmente contra los medios que publicaron los videos pues dice que pusieron en riesgo su integridad y seguridad.
“Tenemos identificadas y tomaré acciones legales, contra todas esas plataformas y medios de comunicación que han puesto en riesgo mi seguridad y mi integridad como persona”, señaló.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, el morenista Jesús Urióstegui García, informó que continúan las negociaciones para la integración de las comisiones legislativas, y que si hay un retraso es porque buscan no salir “enfrentados” como en legislaturas anteriores con los demás grupos parlamentarios.
En entrevista, Urióstegui García negó que la negociación para la integración de las comisiones esté detenida y aseguró que eso no repercute en los trabajos legislativos: “hemos votado reformas federales, hemos apoyado el caso de hoy (la conformación de una comisión para la designación del alcalde de Copala y la toma de protesta del alcalde de Chilpancingo), no hay un tema que no se haya atendido; hay unidad, hay consenso”, indicó.
El morenista aseguró explicó que la intención “es escuchar a todas y todos” y que se busca diálogo y consenso con todos los grupos parlamentarios para desahogar el tema .
“¿Cuál es el problema? Que muchas veces los compañeros de las legislaturas anteriores salían muy enfrentados de este proceso y esto no va a suceder ahora”.
Fuentes de otros grupos parlamentarios indicaron que en las negociaciones por las comisiones todavía hay un “estira y afloja”, por lo que no tienen nada asegurado y que para evitar inconformidades no revelan qué comisiones pretenden los diputados.
En tanto el morenista Urióstegui García adelantó que las negociaciones podrían concluir la próxima semana, que de ser así sería a mes y medio de iniciada la actual 64 Legislatura y a 30 días de que se venció el plazo que indica la Ley Orgánica del Poder Legislativo para la conformación de las comisiones.
“Aquí la intención es escuchar a todas y a todas las expresiones, a todas y a todos los compañeros, la intención es avanzar y construir, no hay un solo tema que esté detenido, como ustedes han sido testigos, hemos votado reformas federales, hemos apoyado, hemos avanzado en el proceso legislativo”.
Sobre la solicitud de la ampliación del presupuesto que hizo la Legislatura anterior al gobierno del estado, para contar con liquidez y se pueda finiquitar a los trabajadores, esta no se ha hecho efectiva aún, informó.
“No, hasta este momento no, no se ha autorizado, estamos en este proceso administrativo y haciendo las gestiones, o más bien las mesas de trabajo con todas las instancias del estado”.
En agosto pasado el Congreso local solicitó al gobierno estatal una ampliación presupuestal de 108 millones de pesos, que de acuerdo con la entonces presidenta de la Jucopo, Gloria Citlali Calixto Jiménez, era principalmente para el finiquito de unos 400 trabajadores que laboraron en la 63 Legislatura.
No recibe aún al Congreso el dictamen sobre la reforma al salario mínimo que aprobó el Senado
Al Congreso de Guerrero todavía no llega el dictamen de la reforma salarial, aprobado por el Senado de la República el pasado miércoles, que es parte del llamado Plan C propuesto por el ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Pese que a nivel nacional seis estados ya aprobaron el dictamen, de 17 que se necesitan para su aprobación, fuentes al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, informaron que hasta la tarde de este viernes no se tenía conocimiento de la llegada del dictamen, por lo que tampoco hay fecha para su aprobación.
Se le preguntó vía telefónica al presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui, si tenía información oficial sobre la llegada del mencionado dictamen, pero no respondió.
El pasado 9 de octubre, el Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al salario mínimo, que pretende asegurar que este nunca se fije por debajo de la inflación. Aprobado el dictamen por unanimidad, fue enviado a los congresos locales para su respectiva ratificación, como parte del proceso necesario para su aprobación definitiva.
Esta reforma fue una de las propuesta por el ex presidente López Obrador, en el llamado Plan C, que son 20 reformas constitucionales de las que hasta hoy se han aprobado la del Poder Judicial de la Federación, de los pueblos indígenas y de adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Para que la reforma al salario mínimo se promulgue, se requiere la aprobación de al menos 17 congresos estatales, de los cuales hasta hoy Michoacán, Tamaulipas, Ciudad de México, Sinaloa, Zacatecas, Tabasco y Durango lo habían aprobado.
El presidenta de la Junta de Coordinación Política, Jesús Urióstegui García y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Parra García, en la conferencia de prensa en el lobby del recinto legislativo al término de la sesión Foto: Jesús Eduardo Guerrero
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, el morenista Jesús Urióstegui García, aseguró que se analiza toda la información sobre el caso de Copala, donde no hay alcalde por la detención del edil suplente electo, Rogelio Lozano Pérez, para determinar qué salida legal tomará el poder Legislativo.
En entrevista al término de la sesión, Urióstegui dijo que por el momento hay un entendimiento con la síndica Blanca Estela Castrejón Romero, quien es la que atienda las funciones del Ejecutivo municipal, por lo que no existe vacío de poder.
De acuerdo con la presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matiles Gama, las opciones son convocar a una elección extraordinaria o nombrar un interino por hasta los tres años.
El pasado 29 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la detención de Lozano Pérez, por su probable responsabilidad en un delito relacionado con la desaparición de una persona. El alcalde propietario Salvador Villalva Flores, quien ganó las elecciones del 2 de junio por el partido México Avanza, fue asesinado 15 días después de los comicios, cuando regresaba de una reunión en la Ciudad de México.
Este asesinato y la posterior de-tención del suplente, a menos de 24 horas de asumir el cargo, dejó en la incertidumbre al municipio, y la última decisión es del Congreso.
Para aclarar el tema, el presi-dente de la Jucopo y el presidente de la Mesa Directiva, el priista Jesús Parra García, aseguraron que se están siguiendo todos los procedimientos legales y que por el momento hay una comunicación constante y directa con la síndica.
“La Ley Orgánica del Municipio Libre faculta a la síndica en el artículo 77 fracción 17, donde ella en las ausencias del presidente habrá de asumir la responsabilidad de dicho cargo, es un tema que no tiene un plazo definido, la ley hablara de 15 hasta 30 días, sin embargo no está sujeto a ese tema. Lo que el procedimiento marca es que el cabildo o la síndica da conocimiento al Congreso del Estado. Nosotros tenemos que analizar la información adminis-trativa de cambio de gobierno, posteriormente con ese análisis se va a la Comisión de Asuntos Políticos quien en su momento solicitará a la señora gobernadora la terna, ese es el procedimiento”, explicó Parra.
Por su parte, Urióstegui García aseguró que el Congreso local será respetuoso de lo que indica la Ley Orgánica del Municipio y de “la voluntad del pueblo”, aunque no especificó si se le respetará el triunfo a México Avanza.
“Nosotros somos respetuosos de la voluntad del pueblo, tenemos que salvaguardar ese principio, entonces conforme a la ley ya está la síndica asumiendo sus funciones y en base a la ley se hará el análisis para que en su momento se abran los canales pertinentes con gobierno del estado y se tome una determinación”.
El coordinador parlamentario de Morena y próximo presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui García, en entrevista al termino de la entrega de la Presea Sentimientos de la Nación en la catedralo de Chilpancingo. Lo acompañan sus compañeros de bancada, Luissana Ramos Pineda, Citlali Yaret Téllez Castillo, Vladimir Barrera Fuerte, Héctor Suárez Basurto y del PT, Panfilo Sánchez Almazán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Jesús Urióstegui García, llamó a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa al diálogo, después de que la mañana de ayer irrumpieron en el edificio del Congreso del Estado, quemaron dos vehículos, dañaron algunos otros y lanzaron petardos.
Entrevistado al término de la entrega de la presea Sentimientos de la Nación, Urióstegui García, quien en próximos días será nombrado oficialmente presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, dijo que la postura del Poder Legislativo será siempre de respeto a las manifestaciones y con toda la disposición de diálogo.
“Reiteramos todo el respeto a las manifestaciones, reiteramos toda la disposición al diálogo, y con esa fuerza moral estamos dispuestos a escuchar a todos y todas”, y aseguró que previo a la irrupción no hubo una solicitud de diálogo por parte de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa,
“Reiterámos toda la disposición al diálogo. Iban a hacer una expresión, una manifestación, estuvimos nosotros respetuosos y expectantes, estuvimos con un grupo que iba a atenderlos, sin embargo no nos solicitaron otra situación”, agregó.
De los daños generados después de la irrupción de los normalista, el diputado morenista mencionó que desconoce la cifra exacta de a cuánto ascienden y será las áreas correspondientes las que lo determinen, pero sí confirmó que hubo daños a vehículos oficiales del Congreso y de algunos trabajadores, aunque no especificó cuántos eran oficiales y cuántos de empleados.
“Reiterarles a los hermanos de Ayotzinapa que estamos en toda la disposición, en toda la apertura de dialogar. Nuestro absoluto respeto a la manifestación”.
Contó que la mayoría del personal se desalojó a tiempo y que la presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) después de la irrupción sólo fue por un tema de protocolo.
Casi dos años después, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, declaró infundados los agravios esgrimidos por el diputado local Alfredo Sánchez Esquivel contra la ahora diputada federal electa Yoloczin Domínguez Serna.
Sánchez Esquivel recurrió a la CNHJ de Morena el 16 diciembre de 2022. Presentó una queja “por presuntas faltas graves realizadas contra los estatutos” de Morena, en el caso donde la entonces presidenta Junta de Coordinación Política del Congreso local (Jucopo) Yoloczin Domínguez, habló de irregularidades en la demolición de la biblioteca del Congreso, en el periodo en el que el diputado presidía la Junta.
En febrero de 2023 la Comisión la declaró improcedente por haberla presentada fuera de tiempo. Inconforme con el dictamen del órgano intrapartidista, Sánchez Esquivel recurrió al Tribunal Electoral del Estado (TEE), autoridad que ratificó el falló de la Comisión el 23 de marzo de 2023.
El 29 de marzo el diputado recurrió a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), la cual resolvió el 18 de mayo de 2023 y ordenó a la CNHJ de Morena que en un plazo de 15 días hábiles “se pronuncie respecto de la procedencia de la queja presentada por (Sánchez Esquivel) el 16 de diciembre de 2022”.
En su queja, Sánchez Esquivel acusó a Domínguez Serna de asociarse con el PRI para expresar ideas en contra de Morena. Señala que “ha realizado de manera sistemática, reiterada y pública, señalamientos infundados y repetitivos, como, ‘daño patrimonial’, ‘decisión unilateral’, todo esto en detrimento de nuestro partido y con estas conductas se transgreden las normas contenidas en documentos básicos y estatutos”.
Alfredo Sánchez solicitó que la Comisión se pronunciara en el sentido de que Yoloczin Domínguez había rebasado los límites del derecho a la libertad de expresión y creado una opinión negativa “en contra de nuestro movimiento”.
En un acuerdo del 8 de junio, la CNHJ de Morena argumentó que “de las pruebas ofrecidas se advierte que las actas de sesión, el dictamen de seguridad estructural, las publicaciones en redes sociales y las manifestaciones hechas en entrevistas a medios de comunicación, están encaminadas a los actos de investigación derivados de la demolición del inmueble denominado Biblioteca Siervo de la Nación, incluso se vislumbra opiniones por parte de legisladoras pertenecientes al Congreso del Estado de Guerrero, las cuales el promovente señala como infundadas.
“De lo anterior, se desprende que los motivos de disenso no están sujetos a un control por parte de esta Comisión, ya que no se trata de un asunto interno partidista sino del ejercicio de la función pública legislativa” de sus integrantes. El diputado presentó 18 pruebas documentales y seis videos para hacer valer su queja.
Inconforme, Sánchez Esquivel recurrió otra vez al TEE el 8 de junio de 2023.
En la resolución, publicada el pasado 8 de agosto, la CNHJ sostiene que “las declaraciones podrían interpretarse como parte del debate político normal y no necesariamente como ataques personales”.
“No se presentó evidencia suficiente para demostrar que las declaraciones de la diputada tuvieron un impacto negativo significativo en el denunciante. La percepción del daño debe estar bien documentada y relacionada directamente con las declaraciones hechas”.
La falta de pruebas concluyentes, la ausencia de intencionalidad clara, el impacto no demostrado en la víctima y la consideración de los principios del partido llevaron a la conclusión de qué las acciones de la diputada, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna no constituyen violencia simbólica ni denostaciones, por tanto no se aplicará ninguna sanción.
Diputados votan de manera nominal a favor de enviar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la lista completa de los 32 aspirantes a ocupar la Fiscalía General del Estado Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Congreso local aprobó la lista completa de personas registradas en la convocatoria para seleccionar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin depuración, para enviarla a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien definirá la terna para que los diputados hagan la designación.
La convocatoria aprobada el martes pasado dice que una vez realizada la valoración curricular de los aspirantes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) elaboraría una lista de “al menos diez candidaturas” que llevaría al pleno para su aprobación.
La presidenta de la Jucopo, Citlali Calixto Jiménez, argumentó que la Constitución no establece el mecanismo para hacer una depuración, y si enviaban sólo diez propuestas al Ejecutivo podían incurrir en discriminación o tener un proceso discrecional en el Congreso porque todas las candidaturas son elegibles.
De los 33 registros que se supo inicialmente, quedaron 32, por un folio cancelado. Calixto aseguró que no se trató de un desistimiento, sino de error en la integración del listado.
En consulta telefónica, la morenista explicó que el artículo 142 de la Constitución de Guerrero señala los requisitos que debe reunir la o el titular de la Fiscalía. “Al recibir las propuestas, nosotros (la Jucopo) nos encargamos de que cumplan estos requisitos para que cada una de las personas se puedan convertir en personas elegibles”.
Enfatizó que la misma Constitución señala que se deben enviar al menos diez propuestas al Ejecutivo, y decidieron enviar la lista total porque todos los perfiles cumplen los requisitos de ley.
Sobre el proceso de audiencia de los aspirantes, que también es importante, dijo que una vez que el poder Ejecutivo envíe la terna, entonces la Jucopo pedirá a los seleccionados que comparezcan para tomar una determinación sobre los consensos que se deben generar.
“No es un proceso discrecional, es un proceso que así corresponde por procedimiento legislativo para designar a la Fiscalía”.
Del registro los perfiles militares en la convocatoria, respondió que en este momento no están evaluando cuáles son los civiles o militares “porque entraríamos en proceso discriminatorio entre civiles y militares, yo quisiera comentar que todos y todas tienen el legítimo derecho a aspirar, y la Constitución no te ha marcada que ser militar o no sea una condición para aspirar o no la titularidad de la Fiscalía”.
El Congreso tenía diez días para remitir la lista a la gobernadora. Lo hizo en el quinto día del plazo. La gobernadora tiene otros diez días para formular la terna. Una vez recibida la terna, la Jucopo llamará a comparecer a los finalistas para presentar su plan de trabajo.
Los inscritos
En lista completa de las candidaturas, de cuatro mujeres y 28 hombres -no se tuvo información de la quinta mujer que habría llevado sus documentos entre los primeros dos días del registro-, hay dos con formación militar, cuatro servidores públicos en funciones, y al menos nueve ex funcionarios.
El primero en registrarse, Jesús Zamora Muñoz, tiene formación militar. De acuerdo con los registros periodísticos, en 2012 fue nombrado fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales en Guerrero, y lo removieron en 2015 por omitir que era parte de un proceso abierto contra 18 militares por delitos de desaparición forzada, abuso de autoridad y homicidio en contra de Saúl Becerra Reyes, El Cholo Fresa, a quien detuvieron en el 2008 en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua.
El coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda, el vicefiscal de Investigación que sustituyó a la ex fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, cuando la titular solicitó una licencia de seis meses, y que fue cesado en cuanto la servidora pública decidió no tomar el periodo de receso que había requerido ante el Congreso local; aparece en el número cinco de los candidatos.
El actual encargado de la FGE, después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda cesó a Sandra Luz Valdovinos Salmerón, Gustavo Romero Rosas, es el 21 de la lista de inscritos.
Fue fiscal de Terrorismo, y de Delitos contra la Salud en la SIEDO de la anterior Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, coordinador general, director de Prevención del Sistema de Adolescentes, y director del Sistema de Prevención y Reinserción Social en Sinaloa; asesor jurídico de la Guardia Nacional y director general de Defensoría de Oficio, entre otros cargos.
Una versión de pasillo, indica que entre estos dos personajes, propuestos desde la federación podría recaer la designación.
Los aspirantes servidores públicos son el fiscal especializado en delitos electorales, Miguel Alejandro Guizado Jaimes; el director de Administración y Finanzas del TSJ, Antonio Sebastián Ortuño; la directora de Seguimiento y Atención Ciudadana de la Comisión Estatal de Búsqueda del gobierno del estado, María Eugenia Morales Rivera, y la asesora jurídica pública, Roxana Olea Apátiga.
El ex subsecretario de Asuntos Indígenas, Daniel Cahua López, quien recién renunció al cargo para postularse por una candidatura en Morena.
Participan por primera o segunda vez en la convocatoria de selección de la fiscal, la ex directora de Averiguaciones Previas de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado, Blanca María del Rocío Estrada Ortega; el ex funcionario de la FGE, José Balbuena Herrera, y el ex fiscal regional de Acapulco, Porfirio Mercado Bacho.
Asimismo, los abogados Alfonso González Zamora, que también fue agente del Ministerio Publico federal; Gregorio Alarcón Avila, ex coordinador de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro en Acapulco; Raymundo Pérez Medrano, Ulises Sandoval Catalán, Hugo Ignacio Clemente Quiterios y Ricardo Terrones Pérez.
Y el ex abogado de la Univer-sidad Autónoma de Guerrero, Jaime Kahan Hernández, concluyó su cargo en diciembre, que concursó en la convocatoria de 2021.
Entre los ex funcionarios, se encuentra la ex delegada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fanny Ruth Lara Figueroa.
Participan también Armando Ramírez Martínez, Miguel Alcaraz Vázquez, Crisóforo Agustín Ibañez Morales, Jaime Alvarado López, Rodrigo González Ramírez, Antonio Nogueda Téllez, Rodrigo Reyes Rodríguez, Eugenio Ramírez Navarrete, Luis Alberto Aparicio Gómez, Pablo Ricardo Andalón Sotelo, Francisco Jaimes Brito y Efraín Lara Agüero.
