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Ya se investigan las denuncias contra el alcalde de Tlacoapa, dice Raymundo García

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El diputado del PRD, Raymundo García Gutiérrez, informó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) investiga las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Tlacoapa, Amado Basurto Gálvez, que denunciaron la síndica Carolina Morales Cantú y regidores, por lo que esperan los resultados para actuar en consecuencia.
En consulta telefónica sobre la asamblea de autoridades comunitarias, el domingo 16 de abril, para desconocer a integrantes del Cabildo, incluido el alcalde del PAN, aclaró que el proceso podría concluir en una demanda de juicio político. Sin embargo, hoy siguen siendo gobierno porque son autoridades electas constitucionalmente.
El representante del distrito 26 de la Montaña precisó que, si los regidores y la síndica piden formalmente la intervención del Congreso, intervendría la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE.
La asamblea de delegados, comisarios y vecinos del 16 de abril, fue citada para discutir la falsificación de firmas, para justificar los recursos federales destinados a una obra de camino artesanal, además de obras fantasmas, falta de transparencia y acoso sexual.
Señaló que el problema comenzó cuando la síndica y regidores decidieron demandar por la falta de salarios, que en ese proceso encontraron obras no ejecutadas y personas cobrando sin laborar, conocidos como aviadores, en el programa de caminos artesanales, que se hace vía comité, en coordinación con el Ayuntamiento.
“Ellos acudieron a presentar las denuncias y están en espera de que les resuelva la Auditoría Superior del Estado”, dijo.
Explicó que alrededor de noviembre o diciembre los demandantes hablaron con él, porque desconocían los procedimientos, y les comentó que el Congreso no era la instancia para eso.
Aclaró que podría llegar al Congreso, como una demanda de juicio político, pero ahora está en otra etapa.
En caso de que la ASE no resuelva nada, adelantó que se tendría que solicitar la intervención de la Comisión de Vigilancia y Evaluación, para darle seguimiento.
Recordó que el Tribunal Electoral del Estado ya resolvió a favor de la síndica y regidores, a quienes no se les habían pagado sus salarios, para que se los cubran.
Estimó que, en la medida que se vayan descubriendo más errores, van a estar haciendo las denuncias los funcionarios, y al mismo tiempo, informando a la población como ocurrió en la asamblea de autoridades comunitarias.

 

Amonesta el TEE al edil de La Unión: incumplió sentencia de pagos a la síndica

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE), amonestó al alcalde de La Unión, Crescencio Reyes Torres, por incumplimiento de la sentencia en que ordena el pago de 82 mil 534 pesos a la síndica procuradora Yaneth Gutiérrez Izazaga, por salarios retenidos de diferentes quincenas de éste y el año pasado.
En el acuerdo plenario propuesto por la magistrada Evelyn Rodríguez Xinol, aprobado por unanimidad de votos, aprobado en sesión, el tribunal colegiado determinó amonestar además al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, porque no atendió la sentencia del 27 de octubre de octubre.
A fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia definitiva del juicio y evitar la repetición de conductas que tiendan a obstaculizar la pronta administración de justicia en materia electoral, volvió a requerir al ayuntamiento, por conducto del presidente, los pagos correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2021; de enero, febrero y marzo, la primera quincena de abril, la segunda de julio y la primera de agosto de 2022, en un plazo de dos días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo.
En caso de incumplimiento, adelantó que se aplicará una multa al edil consistente en 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley 456 del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Guerrero (Lourdes Chávez).

 

Balean la casa de los padres de la encargada de la SSP y dejan narcomanta contra la síndica en Taxco

Hombres armados atacaron a balazos con fusiles de asalto la casa de los padres de la encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Taxco, Dulce Arciniega Gómez, en el barrio Cantarranas, y en un vehículo dejaron una narcomanta con amenazas en contra de la síndica de ese municipio, Ana Lilia Jacobo de la Cruz, quien vive en el mismo barrio.
Un día antes, la noche del martes se informó del hallazgo de otras dos narcomantas en el barrio La Garita de Taxco, en las que señalan a mandos de la Policía del Estado y a la síndica Jacobo de la Cruz de recibir dinero del jefe de una célula de la delincuencia organizada identificado como Rany, y también de haber recibido un pago por el secuestro del hijo de la presidenta municipal priista de Tetipac, Viola Figueroa.
Según reportes policiacos, minutos antes de las 12 de la noche del martes se reportó al 911 que había detonaciones de arma de fuego cerca de las instalaciones del centro de salud, en el barrio Cantarranas de la cabecera municipal de Taxco.
Minutos después se confirmó que los balazos fueron en contra de una casa y vehículos que estaban estacionados afuera. Se informó que la vivienda es de los padres de la encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Dulce Arciniega y que había una camioneta Toyota Tacoma blanca sin placas propiedad del municipio, que tenía 18 impactos de bala en su carrocería.
En el lugar fueron hallados 57 casquillos percutidos calibre .223 para fusil AR-15 y nueve calibre .9 milímetros, y no se reportaron personas lesionadas o asesinadas.
Se informó que en el cofre de un carro Nissan Platina blanco los atacantes dejaron una manta con un mensaje de amenaza en contra de la síndica Ana Lilia Jacobo de la Cruz.
“Mira Ana Lilia Jacobo, síndica de Taxco, ya venimos a acabar con la corrupción en la contra, con el grupo escorpión no se juega así que te alineas o te mueres. Cartel del Golfo al servicio del Señor del Sombrero, asimismo las personas corruptas y más, alinéense y carteles que quiera tregua tienen puertas abiertas bajo reglas del señor del sombrero. Att. CDG”.
Se informó que después de las 2:00 de la madrugada de ayer concluyeron las diligencias y levantamiento de evidencias para ser puestas a disposición de la agencia del Ministerio Público.
Se dio a conocer que policías del estado y soldados del Ejército desplegaron un dispositivo de búsqueda de los agresores, sin encontrarlos.
Una versión extra oficial indica que cuando los atacantes llegaron a la vivienda gritaron el nombre de la síndica Ana Lilia Jacobo quien vive en ese mismo barrio de Cantarranas, por lo que se cree que iban buscándola a ella.

 

Sin agua, alimentos ni salud y con la amenaza de sicarios sobreviven los vecinos de Quetzalcoatlán

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Prácticamente secuestrados sobreviven 11 familias (54 habitantes) en la comunidad nahua de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, en donde el 6 de enero del año pasado irrumpieron civiles armados de la comunidad de Tlaltempanapa que pertenecen al auto llamado grupo Paz y Justicia, vinculado con el grupo criminal Los Ardillos, y mataron a seis habitantes.
Las 11 familias de un total de 42 que vivían aquí carecen de servicios elementales como el agua potable, y no tienen la posibilidad de salir a surtirse de los productos y artículos de la canasta básica para alimentarse, por temor a ser asesinados o levantados en el camino por el grupo civil armado.
Además los familiares de las seis víctimas no han tenido justicia porque la síndica del Ayuntamiento de Zitlala, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas les aconsejó que no presentaran la demanda penal, “porque si la presentan van a encabronar más a la gente (que los atacó) y van a ir a matarlos más rápido, entonces mejor que todo se quede así para que se calmen las cosas”, les pidió.
Las familias fueron obligadas a regresar de Zitlala, la cabecera municipal donde se encontraban, a esta comunidad en marzo del año pasado por los gobiernos estatal y municipal quienes incumplieron los compromisos que asumieron con ellas, y ahora sobreviven sin servicios, sin víveres suficientes y en medio del temor de ser nuevamente atacados.
Este jueves las familias denunciaron que fueron engañadas para que se regresaran a vivir nuevamente aquí, en donde están olvidados por las autoridades y en riesgo.
El 6 de enero de 2016 un grupo de entre 20 y 30 hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en Quetzalcoatlán y mataron a seis personas. Murieron a tiros de rifles de asalto AR-15, AK-47 y pistola calibre 9 milímetros los hermanos Julián y Andrés Lara Tlatempa, Reynaldo Lara Marbel (de 15 años) y Federico Tlatempa Marbel. Otros dos, Gerardo Lara Zapoteco y Salvador Flores Tlatempa fueron degollados.
Tras esos hechos las 42 familias que hasta entonces vivían en este pueblo ubicado a una hora en vehículo al norte de Zitlala, abandonaron el lugar ese día y se refugiaron en la cabecera municipal. También trasladaron a los seis cuerpos para sepultarlos allí por el temor de que los civiles armados regresaran a matar al resto de los habitantes durante el sepelio.
Pero las familias desplazadas regresaron a Quetzalcoatlán el 12 de marzo, después de que los gobiernos estatal y municipal asumieron varios compromisos con ellos.
El gobierno estatal mediante la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos entregó 8 mil pesos a cada una de las familias para que aceptaran regresarse a su comunidad, a pesar de los riesgos que implicaba para ellas.
A cambio obligó a las familias a firmar un acta en la que se establece que la cantidad “servirá para cubrir algunas de las necesidades, para quienes de manera voluntaria deciden retornar a su lugar de origen en Quetzalcoatlán de las Palmas, para continuar con sus actividades normales”.
Mientras tanto el Ayuntamiento que preside el priista Roberto Zapoteco Castro entregó a cada una de las familias 70 colchonetas, 70 cobertores y 48 despensas alimenticias.
También se acordó que el Ayuntamiento entregaría mensualmente despensas a las familias y una costalilla de maíz.
Les dotaría agua en pipas debido a que la comunidad carece de un sistema de distribución, porque su red se destruyó durante las lluvias de las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013.
Sin embargo a casi un año, los gobiernos estatal y municipal incumplieron los acuerdos y ahora de las 42 familias sólo quedan 11. El resto han emigrado por las malas condiciones en que viven, mientras que las que se quedaron lo hicieron obligadas porque no tienen a dónde ir, ni los recursos para hacerlo.
Uno de los vecinos, Román Lara Cuevas, denunció que quienes se quedaron a vivir aquí, además del temor constante de que regresen los civiles armados que irrumpieron el 6 de enero del año pasado, sufren la escases de agua y de alimentos y reprochó que las autoridades se hayan olvidado de sus compromisos.
Las 11 familias tienen que captar el agua de lluvia en canalejas de los techos de sus casas, la mayoría de asbesto, galvanizada o de cartón para almacenarla en depósitos de cemento con capacidad de 5 mil litros y puedan utilizarla toda la temporada de secas.
Hasta antes del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel contaban con una red de agua pero se destruyó por las lluvias y tras la irrupción violenta de los hombres armados, el gobierno estatal se comprometió a construirles una red mediante sistema de gravedad y almacenar el agua en una olla que construyó a la orilla de la localidad.
El problema fue que los técnicos no incluyeron en el presupuesto la manguera por la que se debe canalizar el agua a una distancia de 5 kilómetros, y los vecinos siguen sin el servicio, a pesar de que la obra está terminada desde hace dos meses.
Este jueves la mayoría de las familias mostraron sus depósitos en los que almacenan la lluvia casi vacíos, y en medio de la angustia esperan que inicie la temporada de lluvias para poder almacenar el agua.
Lara Cuevas denunció que el Ayuntamiento incumplió con su promesa de que les surtiría el agua por medio de pipas. Dijo que los primeros meses llevaron agua pero solo para los policías estatales que vigilan la comunidad.

La temporada pasada no pudieron sembrar

El vecino Román Lara Cuevas informó que las familias también sufren desabasto de alimentos debido a que la temporada pasada no pudieron sembrar, porque regresaron fuera del tiempo para la preparación de las tierras, pero además porque temen salir al campo porque pueden ser víctimas de la gente armada que llegó a atacar a la localidad.
Lara Cuevas, declaró que desde que regresaron en marzo del año pasado tampoco pueden viajar a Zitlala por temor a pasar por Tlaltempanapa, en donde los civiles armados que los atacaron tienen un retén.
Contó que algunas veces salen por el rumbo de Copalillo pero que por esa ruta no hay servicio de transporte, así que tienen que hacerlo caminando o esperar hasta que haya transporte, y que igual transitan con temor a ser atacados en el camino.
Los habitantes sólo se surten de los productos que necesitan cuando pueden encargarlos con los policías que están a cargo del resguardo de la comunidad, o con algunos comerciantes que circunstancialmente llegan del lado de Copalillo.
Uno de los habitantes contó que los primeros meses aprovechaban el cambio de policías que están de guardia y se trasladaba en las patrullas a Zitlala, pero que cuando la gente de Tlaltempanapa se dio cuenta impidieron a los agentes que los llevaran y ahora sólo pueden encargarles los víveres que necesitan.
Dijo que también permanece cerrado el centro de salud y que carecen de medicamentos. Cuando alguien se enferma tienen que trasladarlo a pie hacia Tlalcozoltitlán y de allí a la cabecera municipal, Copalillo, a una hora y media o dos en vehículo.
Lara Cuevas informó que hasta antes de los hechos de violencia de enero del año pasado iba un médico cuando menos una vez a la semana, y el resto de los días dejaba a su auxiliar que era el que se encargaba de atenderlos en caso de emergencia, pero ahora por la violencia está abandonada la casa de salud.
Entre las 54 personas que integran las 11 familias hay 16 niños registrados en la escuela multigrado que atiende la maestra Elisa Solís Castellano, sin embargo informó que sólo asisten nueve debido al desplazamiento del resto de las familias.
Ella es originaria de Zitlala, pero por el conflicto tampoco puede tomar la ruta directa que pasa por Tlaltempanapa y tiene que dar vuelta hasta Copalillo y de allí se traslada hasta Tlatehualapa, una comunidad vecina, de donde paga un “servicio especial” de transporte de 250 pesos para llegar a Quetzalcoatlán. La maestra viaja cada ocho días.
Agregó que las autoridades educativas le han recomendado que no dé de baja a los niños registrados a pesar de que no asisten a clases, con la esperanza de que éstos regresen.
Sin embargo los pocos vecinos que quedan en esta comunidad contaron que de las 42 familias que vivían algunas se fueron a vivir a la cabecera municipal y otras se fueron de jornaleras a estados como Sinaloa y Sonora, y que por las condiciones en que se encuentran aquí es difícil que regresen.
Este jueves representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) llevaron víveres, ropa y calzado a las 11 familias que quedan.
El director del organismo, Manuel Olivares Hernández se quejó de que ha hecho gestiones ante el gobierno del estado para que cumpla su promesa de apoyarlos, “pero no hay respuesta”, dijo.
“Pareciera que al gobierno no le interesa si ustedes viven o mueren, es más, preferiría que todos ustedes hubieran muerto, así no tendría un problema”, les dijo en una reunión.
El temor de los vecinos ante un nuevo ataque es justificable porque el gobierno estatal también incumplió con darles seguridad. Al principio envió a dos grupos con 12 elementos de la Policía Estatal, pero medio año después se retiró uno y sólo quedaron seis agentes.
Consideran que son muy pocos policías porque cuando los civiles armados que los atacaron se reúnen en Tlaltempanapa suman más de 200.

No interesa al gobierno estatal resolver el conflicto, reclama la síndica del PRI

 

La síndica procuradora del municipio de Xochihuehuetlán, María Celia Balbuena Rivera, responsabilizó de los hechos violentos de este miércoles en ese municipio al gobierno del estado, porque solicitó su intervención y no acudió ninguna fuerza de seguridad a atenderla, “y hasta ahorita nadie se ha comunicado, no les interesa si estoy viva o muerta por ser mujer”.
La síndica encabeza la toma del Palacio Municipal desde el pasado 3 de noviembre, en demanda de juicio político al alcalde.
La edil, quien pertenece al PRI, también responsabilizó al alcalde Carlos Rivera Medel, del Panal, sobre lo que le suceda a ella, a su familia y seguidores, porque fomentó el grupo de choque, como lo calificó, que llegó a irrumpir una reunión informativa que tenía con habitantes del pueblo: “llegaron alcoholizados y pagados con unas despensas que les dieron momentos antes, nosotros siempre llamamos a no responder sus agresiones”.
Balbuena Rivera dio una conferencia de prensa en esta ciudad acompañada de cuatro policías que tiene bajo su cargo como encargada de seguridad del municipio, y que resultaron golpeados por el grupo de choque. A dos les quitaron las armas con las que después amenazaban a simpatizantes de la síndica.
Dijo que habían iniciado una denuncia por los hechos ocurridos y que acudían para que les hicieran las revisiones médicas en la Agencia del Ministerio Público.
Recordó que Rivera Medel y el tesorero tienen una denuncia por amenazas de muerte en su contra, por lo que ha solicitado a la Fiscalía estatal medidas cautelares y consideró que no se las han dado porque el edil “es poderoso económicamente”, en alusión a que es dueño de gasolineras en la región.
Agregó que Rivera surge del PRI y está relacionado con Manuel Añorve y René Juárez, por lo que espera que eso no frene la petición de juicio político solicitado ante el Congreso ni las auditorias y las acusaciones de las que tiene pruebas, “porque busca ser diputado”.
Reiteró que la reunión del miércoles frente al Ayuntamiento era de carácter informativo y pacífica, pero fue violentada por Rivera Medel, quien tenía días diciendo que recuperaría el edifico tomado por un grupo de pobladores desde los primeros días de noviembre: “mandó a un grupo a hacer bulla, muchas mujeres a las que llamé a que nos debíamos apoyar por equidad, yo sólo vigilaba que las cosas se hicieran bien, pero ya estaban pagados y tienen compromisos”.
Dijo que las agresiones recibidas las considera violencia política de género.
Detalló que luego de la confrontación ella quedó en el pasillo del Ayuntamiento y fue obligada a salirse porque el grupo del edil agarró a su papá. Encerraron en la cárcel a su hermano, menor de edad, “me amenazaron y obligaron con eso a irme del Ayuntamiento, por eso salí, porque tenían privado de su libertad a mi hermano”.
Reconoció que el ambiente es tenso porque la gente la respalda y están con intenciones de volver a tomar el edificio porque el alcalde nunca acudió a las sesiones públicas a la que lo invitaron.
Dijo que la molestia más grande del edil es el señalamiento de desvío de recursos en las obras que no hay en comunidades, y las de la cabecera sólo fueron de primera piedra para la fotografía, como remodelaciones al kiosco, una calle, hospital y la calzada de la iglesia de las cuales no hay nada, pero tienen costos elevados y algunas están fuera del reglamento del Ramo 33.
Aquí acusó de complicidad con el alcalde al delegado regional de Copladeg, Arnulfo Urbina Betancourt, por avalar obras que no estaban aprobadas por el Cabildo.
La síndica dijo que no regresará a Xochihuehuetlán mientras no haya seguridad para ella y su familia, porque sigue recibiendo amenazas.

 

 

Intentaron hombres armados secuestrar a la síndica de Cocula Enriqueta García

 

La tarde de este martes, hombres armados y encapuchados a bordo de una camioneta roja intentaron privar de su libertad a la síndica y encargada de la alcaldía de Cocula, Enriqueta García Pérez, cuando iba para su casa en la comunidad de Apipilulco.
De acuerdo con fuentes policiacas de seguridad pública federal, a las 4:30 de la tarde de ayer la misma síndica reportó a los números de emergencia 066 que varios hombres armados a bordo de un vehículo rojo “la quisieron privar de su libertad”.
Ante esta situación, la síndica perredista Enriqueta García, que quedó encargada de la presidencia municipal de Cocula tras la detención del alcalde Erik Ulises Ramírez Crespo el 9 de febrero, pidió la presencia inmediata de efectivos de la Policía Federal.
Fuentes consultadas en Cocula confirmaron que la síndica fue perseguida por unos hombres encapuchados y armados después de que García Pérez había salido de la sede del Ayuntamiento acompañada de uno de sus hijos, que trabaja con ella en la sindicatura, y se dirigían a su casa ubicada en la comunidad de Apipilulco, ubicada a unos 10 minutos de la cabecera municipal en la carretera Cocula-Nuevo Balsas.
Hasta después de las 10 de la noche de ayer no se dio a conocer mayor información del caso y sólo se supo que la funcionaria ya tenía el resguardo de efectivos federales.

Sigue atorada en el Congreso del estado la licencia de la síndica de Pungarabato

 

La licencia de la síndica de Pungarabato, Rosalva Rendón Andrade, sigue sin ser aprobada por el Congreso del estado, pues está atorada con otros temas de la Comisión de Gobierno, aun cuando el alcalde Ambrocio Soto Duarte esperaba que esta semana se le tomara protesta a la interina.
El caso de la síndica de Pungarabato sigue sin ingresar al orden del día. La Comisión de Gobierno tiene que dar su aprobación a la licencia que solicitó Rosalba Rendón, pero antes tiene el caso del alcalde de Cocula, que fue detenido y también pidió licencia.
El regidor Humberto Chávez Hernández confirmó que ellos esperaban que mañana miércoles se resolviera el caso para poder tomarle protesta a la señora Lucila Benítez Brito, que es la tesorera, como síndica suplente.
La regidora María Isabel Mojica Mojica confirmó que siguen en espera de que el Congreso resuelva el caso. “Nosotros teníamos entendido de que ya esta semana se aprobaba, pero aún no lo hacen”, dijo.
El alcalde había anunciado que esta semana se arreglaría el problema pero no contaba con que el Congreso sigue empantanado con el tema.
Humberto Chávez, quien es el primer regidor, confirmó que mientras el caso no se resuelva él seguirá como encargado de despacho, aun cuando está consciente de que el tiempo legal para que haya un encargado ya terminó.
Por otra parte, una propuesta de la fracción perredista del ayuntamiento de Pungarabato, y a petición del alcalde Ambrocio Soto Duarte, confirma los planes de que una vez que la tesorera Lucila Benítez sea instalada como síndica, el espacio que ocupa quede acéfalo.
Así lo confirmó la regidora Isabel Mojica Mojica, quien señaló que una vez que sea instalada la tesorera como síndica, el espacio sea ocupado como “encargado de despacho” por alguien de la misma oficina de la tesorería, pero no habría titular.
Dijo que “en tesorería hay mucha gente capaz que se puede hacer cargo de esto, se pueden encargar, no es necesario que haya un tesorero responsable, al menos esa es la postura en el cabildo”.
Consultada al respecto, la regidora de extracción perredista comentó que ya dialogaron como fracción y que esa será su postura para la tesorería, que no haya precisamente un responsable sino un encargado.
Se espera que una vez que se toque el tema en el Congreso y se autorice, también se le dé posesión a la actual tesorera Lucila Benítez para que tome el lugar que le corresponde como suplente de la síndica.