Etiqueta: Crescencio Reyes Torres

Observaciones de la ASF a 15 municipios por mal manejo de recursos durante 2021

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Además del Ayuntamiento de Acapulco, al que le realizó observaciones superiores a 64 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en las cuentas de los gobiernos municipales de Zihuatanejo, Chilpancingo, Taxco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez; además de Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tlapa, Teloloapan, Pilcaya, La Unión, General Heliodoro Castillo, Cuautepec y Cocula.
Les demandó aclarar el uso de 74 millones 821 mil 161 pesos, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
Las observaciones de la ASF son porque los gobierno municipales no acreditaron el pago de servicios, contratos de recolección de basura, programas de pinta de fachada, compra de software, arrendamiento de maquinaria, adquisición de productos químicos, de materiales, útiles, equipos de oficina, material de limpieza, así como por el arrendamiento de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua, entre otros.
En la Tercera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, que publicó en febrero de este año la ASF, detalla que el gobierno municipal de Ajuchitlán del Progreso, que preside el priista Víctor Hugo Vega Hernández, debe aclarar tres millones 853 mil 532.25 pesos, que gastó en “materiales y suministros” y “servicios generales” con recursos económicos que recibió del Ramo 28, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública. El alcalde gobernó en el periodo 2018-2021.

Los ayuntmientos

Al gobierno municipal de Arcelia, presidido por el priista Bulmaro Torres Berrúm, la ASF le pide aclarar la ejecución de 345 mil 779 pesos, que gastó en “materiales y suministro”, pero del que no da más detalles.
En el caso del gobierno de Chilapa, que preside el priista Aldy Esteban Román, deberá aclarar el gasto de 22 millones 411 mil 806 pesos, ya que no comprobó la ejecución de un gasto en “servicios personales”.
De acuerdo con la ASF, el gobierno municipal de Chilpancingo, encabezado por la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, deberá aclarar siete millones 936 mil 790 pesos, que ejecutó como “servicios generales e inversión pública”, y es que argumentó, el ayuntamiento no entregó evidencia documental suficiente de “servicios prestados” establecidos en siete contratos, ni acreditó el pago de otros tres, en los que utilizó recursos económicos federales del ramo 28.
El gobierno de Cocula, que preside Carlos Alberto Duarte Bahena, de Morena, deberá aclarar 264 mil 322 pesos, porque no acreditó el pago de cinco pólizas de “materiales y suministros”.
El gobierno de Coyuca de Benítez, presidido por el morenista, Ossiel Pacheco Salas, debe aclarar dos millones 659 mil 500 pesos, ya que no entregó la documentación suficiente parar comprobar el gasto en un programa de mejoramiento denominado la “pinta de fachadas”, así como por la “implantación, desarrollo y soporte de aplicaciones y base de dato, capacitación, levantamiento de requerimiento y seguimiento del software Coram”.
El gobierno municipal de Cuautepec, gobernado por el perredista César Iván Pérez Vargas, deberá aclarar un millón 69 mil 927 pesos, ya que no entregó evidencia documental con el que comprobara la adquisición de “materiales, consumibles de oficina y cómputo”, y no acreditó “el pago total de dos pólizas” de servicios prestados por contrato.
En el caso de General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), gobernado por el priista Serafín Hernández Landa, la ASF lo pidió aclarar un millón 350 mil pesos, porque no entregó las facturas de los pagos, fotografías, reporte de actividades, documentación que demuestre o acrediten un servicio, pero del que no da más detalle.
El alcalde David Gama Pérez, del PRI, en el municipio de Iguala, deberá aclarar cuatro millones 913 mil 661 pesos, porque no entregó evidencia documental suficiente de los servicios prestados establecidos en 14 contratos adjudicados a un mismo proveedor, por “arrendamiento de maquinaria y/o equipo”, así como de 10 contratos adjudicados al mismo proveedor por “la prestación de servicios para realizar el trabajo de proceso de validación de impuesto sobre la renta participable y timbrado de la nómina de los meses de noviembre 2020 a agosto 2021”.
Sin embargo, en el periodo de 2018 a 2021, en Iguala gobernó el morenista, Antonio Salvador Jaimes Herrera.
En La Unión, gobernado por el perredista Crescencio Reyes Torres, deberá aclarar la ejecución de cinco millones 117 mil 470 pesos, por no entregar la documentación y acreditar los servicios prestados de tres contratos, ni el pago de la cuenta donde se administraron los recursos de participaciones federales de cuatro pólizas de egresos. Tampoco reportó las actividades de la operación y servicio de los camiones recolectores de basura, reporte fotográfico y actas de entrega de dos obras denominadas recolección y acarreo de basura al relleno sanitario municipal.
El gobierno panista de Pilcaya, de Sandra Velázquez Lara, debe aclarar la ejecución de dos millones 674 mil 512 pesos, porque no comprobó los servicios de tres proveedores por la adquisición de productos químicos para la planta tratadora de agua, por la prestación de servicios de asesoría legal de enero a diciembre de 2021 y por la adquisición de una impresora multifuncional. Tampoco acreditó documentos de la propiedad o los derechos de propiedad del lugar donde se efectuó la obra pública, ni el finiquito de los trabajos y el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
Del gobierno municipal de Taxco, que encabeza Mario Figueroa Mundo, por Fuerza por México, las ASF le pide aclarar 11 millones 261 mil 110 pesos, luego de que comprobó los servicios prestados establecidos en seis contratos con los que se adquirió “materiales y suministros, servicios generales y bienes inmuebles e intangibles”.
El gobierno municipal de Teloloapan, del perredista Homero Hurtado Flores, debe aclarar a la ASF un millón 323 mil 953 pesos, porque no comprobó la adquisición de bienes, un servicio y dos gastos sin contrato, del que se precisó, fue un servicio profesional para la gestión ante el SAT para la devolución de los pagos efectivamente realizados del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de enero a junio del 2020, periodo en el que gobernó, el perredista Efrén Ángel Romero Sotelo.
En el caso de Tlapa, gobernada por el priista Gilberto Solano Arreaga, debe aclarar dos millones 593 mil 947 pesos, porque no entregó evidencia documental de las adquisiciones y servicios prestados de dos contratos, y de gastos sin contrato a dos proveedores por la adquisición de “materiales, útiles y equipos menores de oficina y la adquisición de material de limpieza”.
El municipio de Zihuatanejo, del priista Jorge Sánchez Allec, quien cumple su segundo periodo, debe aclarar siete millones 644 mil 846 pesos, porque no comprobó tres servicios que se formalizaron en tres contratos, y por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto de seis contratos por el “arrendamientos de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua, asignados a cuatro proveedores”.

Los 15 municipios observados por la ASF, suman un total de 74 millones 821 mil 161 pesos que deberán aclarar lo expuesto en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021
De acuerdo con la ASF, los municipios de Ajuchitlán, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, General Heliodoro Castillo, Iguala, La Unión, Pilcaya, Taxco, Teloloapan y Taxco no hicieron “una gestión eficiente y transparente de las participaciones federales a municipios en 2021”.
Además, consideró que no cuentan “con un adecuado sistema de control interno, que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las participaciones, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.

Solicita el PRI de Guerrero y Michoacán una ampliación en la autopista Siglo XXI

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Los dirigentes estatales del PRI en Guerrero y Michoacán, hicieron un pronunciamiento conjunto para que el gobierno federal destine presupuesto para ampliar a cuatro carriles la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, pues se ha convertido en una vía muy peligrosa debido a que ocurren constantes accidentes automovilísticos.
Este domingo, en el parador de la caseta Feliciano, en el municipio de La Unión, de la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas Michoacán, ambos dirigentes, acompañados por el alcalde perredista de ese municipio, Crescencio Reyes Torres, así como por empresarios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y de diputados locales de esa entidad, coincidieron en demandar que el gobierno federal asigne presupuesto para que se amplíe a cuatro carriles esta vía de comunicación.
En su discurso, el líder estatal de Michoacán, Enrique Rojas Orozco, dijo que actualmente el PRI tiene el objetivo de regresar a su origen, “que está en hacer nuestras las causas sociales y una de las más sentidas, no solamente de Michoacán, sino de Guerrero y de estados del Bajío como Guanajuato y Querétaro, que pagan una cuota por usar esta autopista de la muerte”.
Indicó que muchos de los ahí presentes en ese acto, “somos sobrevivientes de una autopista de la muerte. Todos aquí conocemos a alguien que ha perdido la vida en un accidente automovilístico, pagamos por venir a jugarnos la vida cada que la recorremos y eso es realmente indignante. No tienen un protocolo para prevenir accidentes y en esta autopista, el personal que labora no tiene un protocolo de actuación ni de reacción para prevenir un accidente, y ha pasado cientos y miles de veces”.
Por su parte, el dirigente estatal del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, expuso que junto con su par de Michoacán y todos los ahí presentes, “estamos hoy aquí en una causa común, que va más allá de los partidos políticos. Todos los que estamos aquí hemos transitado esta carretera, pero lo más grave es que a todos nos ha pasado algún tipo de accidente y más aún, todos conocemos a alguien que perdió la vida en esta llamada carretera de la muerte”.
“Por eso el llamado que hacemos, que viene de los compañeros de Zihuatanejo, de los compañeros de Lázaro Cárdenas, de Uruapan, de Morelia y por supuesto del estado de Guerrero y de Michoacán. Esta carretera también va a involucrar a compañeros de Querétaro, de Guanajuato, en fin, es una carretera que vemos que día a día, se aumenta la carga que se tiene que mover saliendo de Lázaro Cárdenas y día a día vemos más tractocamiones circulando esta carretera”.
Agregó: “Pero también hemos visto cómo el corredor turístico Troncones-La Saladita, junto con Ixtapa-Zihuatanejo, cada día tienen más visitantes y eso también aumenta la circulación. Es urgente que el gobierno federal vea hacia esta carretera, es urgente que todos alcemos en una sola voz esta justa demanda. Lo digo claro, esto va más allá de los partidos políticos, necesitamos la ampliación a cuatro carriles de esta carretera y esto lo vamos a hacer todos y todas juntos”.
Por su parte, el alcalde perredista de La Unión, Crescencio Reyes, dijo que “todos los que transitamos esta vía sabemos de la gran necesidad y de los graves acontecimientos que suceden todos los días, definitivamente, es indispensable y celebro que estén impulsando este proyecto con los diputados y ojalá sea para bien”.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Lázaro Cárdenas, Daniel Torres, destacó que “es una urgencia la ampliación de la carretera, que conocemos como autopista” y que como empresarios han solicitado dos vertientes a las diferentes autoridades, “la concesión que está actualmente y la necesidad de la ampliación, porque actualmente estamos pagando una cuota de casetas, peajes, en las cuales el concesionario actual no está cumpliendo con la prestación que nos debe de dar, que son las necesidades básicas de una autopista de peaje, como son las casetas que tengan personal, que tengan las tarjetas TAG que funcionen, los mantenimientos adecuados, los baños están deplorables, las ampliaciones no se están llevando con los procedimientos adecuados y son un cúmulo de incumplimientos”.
Agregó que en su momento han solicitado al Congreso local de Michoacán a que llamaran al concesionario de esta carretera y a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de ese estado, para que informaran sobre el estado que guarda concesión otorgada por el gobierno federal, “nosotros, como consejo, nos hemos sentado con el gobernador de Michoacán y queremos felicitar la iniciativa del PRI, queremos pedirles que se sumen a este llamado”.
Acompañaron en este acto a los dirigentes estatales priistas, la secretaria general de PRI en Michoacán, Xóchitl Gabriela Ruiz González; delegado del CEN del PRI en Michoacán, Enrique Rojas Orozco; el dirigente estatal de la CNC en Guerrero, Guillermo Reyes Villela, y la coordinadora de regidores priistas en Michoacán, Verónica Gómez de la Rosa.
También el coordinador de los diputados locales priistas de Michoacán, Jesús Hernández Peña; la diputada priista por Michoacán, Adriana Hernández Iñiguez; el ex diputado local priista y tres veces ex alcalde de La Unión, Cervando Ayala Rodríguez; líder del PRI en La Unión y el de Zihuatanejo, Alexis Rosas Aburto y Bartolo Valle Pérez, respectivamente, así como el dirigente de la Coparmex en Lázaro Cárdenas, Carlos Gómez.

 

Amonesta el TEE al edil de La Unión: incumplió sentencia de pagos a la síndica

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE), amonestó al alcalde de La Unión, Crescencio Reyes Torres, por incumplimiento de la sentencia en que ordena el pago de 82 mil 534 pesos a la síndica procuradora Yaneth Gutiérrez Izazaga, por salarios retenidos de diferentes quincenas de éste y el año pasado.
En el acuerdo plenario propuesto por la magistrada Evelyn Rodríguez Xinol, aprobado por unanimidad de votos, aprobado en sesión, el tribunal colegiado determinó amonestar además al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, porque no atendió la sentencia del 27 de octubre de octubre.
A fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia definitiva del juicio y evitar la repetición de conductas que tiendan a obstaculizar la pronta administración de justicia en materia electoral, volvió a requerir al ayuntamiento, por conducto del presidente, los pagos correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2021; de enero, febrero y marzo, la primera quincena de abril, la segunda de julio y la primera de agosto de 2022, en un plazo de dos días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo.
En caso de incumplimiento, adelantó que se aplicará una multa al edil consistente en 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley 456 del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Guerrero (Lourdes Chávez).