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Hay un probable daño de más de 9 millones por la obra de la biblioteca del Congreso: ASF

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la demolición de la biblioteca Sentimientos de la Nación del Congreso local, “sin tener justificación o dictaminación técnica”.
En la auditoría de cumplimiento 2021-A-12000-19-0946-2022, que se realizó al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que es pública en el portal de la ASF, se establece que se “analizó el control interno instrumentado por el gobierno del estado de Guerrero”, a través de la SDUOPOT, como la dependencia ejecutora de los recursos de este fondo.
En la observación 26 de esta auditoría, se habla del caso particular del caso de la biblioteca Sentimientos de la Nación, del Congreso del Estado, para la cual se precisa que se aprobó un presupuesto para reforzar la estructura, no para demolerlo.
Se apunta, de manera textual, que el gobierno estatal, mediante la SDUOPOT, “formalizó el contrato número SDUOPOT- FAFEF-AD-291-2021”, del cual se pagaron 9 millones 362 mil pesos con recursos del FAFEF 2021.
De este caso, se lee en la auditoría, “se exhibe un dictamen de seguridad estructural realizado por un director responsable de obra, en el cual se desprende, dentro de las conclusiones técnicas, que el edificio sea reforzado en cuanto a estructura y cimentación; sin embargo, el ejecutor realizó la demolición y construcción del inmueble sin presentar la justificación o dictaminación técnica para llevar a cabo dicha acción”.
Lo anterior, señala la auditoría, representa un “incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, número 266, artículo 19”.
El pliego de observaciones de esta auditoría apunta que se “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar la demolición de un edificio sin tener la justificación o dictaminación técnica”.
En este texto se informa también en referencia al mismo caso, de la biblioteca, que “mediante la visita física a una obra pagada con recursos del FAFEF 2021, se determinó que en la obra denominada Demolición y Construcción del edificio de la Biblioteca del Congreso del Estado, en Chilpancingo, incluida en el contrato SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, no se acreditó el ingreso y el egreso al almacén de los bienes incluidos en los conceptos que indican “con recuperación”, no se presentó durante la visita de inspección física a la obra la documentación que acreditara que se realizó la entrega, durante el periodo del 24 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, en que se llevó a cabo la obra”.
También se señala en este informe de auditoría que “no se encontró evidencia de los bienes producto de la recuperación, por un importe de 49 mil 300 pesos”.
De la misma manera, en dos conceptos más, el primero porque “se constató que siete cámaras de video vigilancia se encontraron en el almacén del Congreso del Estado, sin embargo, no se presentó documentación con la que se acreditara su ingreso al mismo”.
El segundo es por el “retiro de unidad manejadora de aire acondicionado”, mismas que no presentaron la documentación justificativa ni comprobatoria con la que aclare el ingreso al almacén; ni del estado que guarda el material en mención, ya que de ambas manejadoras sólo se encontraron las carcasas, por lo que no se puede acreditar que sean reutilizables, debido a que se encuentran al exterior del almacén y a la intemperie, por un importe de 11 mil 500 pesos”.
Estos 60 mil 800 pesos, que suman los dos conceptos anteriores, están incluidos en monto total pagado del contrato de 9 millones 362 mil 45 pesos.
Este informe señala que las irregularidades cometidas incumplieron Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, en sus artículos 16, 26, 28 fracción uno, 56 fracción uno, 57 fracción décimo primera; también los artículos 64,79 y 80 y del contrato de obra pública número SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, cláusula primera, cuarta, decima segunda y decima tercera.
La ASF emitió “la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”, para que la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no asignaron, supervisaron y vigilaron los trabajos, de la obra pública contratada, toda vez que, no acreditaron documentalmente el ingreso ni el egreso de los bienes producto de recuperación al almacén, asimismo, no presentaron al momento de la visita de inspección física la documentación que acreditara que se realizó la entrega durante el periodo en que se llevó a cabo la obra; asimismo, no se encontróì evidencia física de la existencia de los bienes producto de la recuperación”.
La demolición del edificio de la biblioteca se realizó los últimos días de 2021 y los primeros de 2022 sin que los integrantes de la Junta de Coordinación Política conocieran los motivos, los cuales no se confirmaron hasta noviembre pasado, cuando en comparecencia ante el pleno del poder Legislativo, la secretaría de Desarrollo Urbano, Obras públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, informó que la demolición se determinó a partir de un estudio hecho por la dependencia, en respuesta a la solicitud realizada de manera unilateral por el entonces presidente de la Junta de Coordinación, Alfredo Sánchez Esquivel.
Esta obra, después de la demolición del edificio, estuvo detenida por 11 meses y finalmente el 22 de diciembre pasado, a días de que concluyera el ejercicio fiscal 2022, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y diputados locales dieron “el banderazo” a la segunda etapa de construcción de la biblioteca, con una inversión de 20 millones de pesos.

 

Debe aclarar el gobierno estatal más de 58 millones en gastos de 2021, señala la ASF

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El gobierno estatal, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, deberá aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el gasto de 58 millones 846 mil 220 pesos, que se ejecutaron de cuatro fondos federales en 2021.
La dependencia señaló que en ese año hubo un presunto desvío de recursos por 45 millones de pesos, luego de que se pagó “deuda pública” de años anteriores con dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), lo que no está permitido por la ley.
Además, el Ayuntamiento de Igualapa debe aclarar 29 millones 171 mil 604 pesos, porque no presentó documentación del gasto de dinero de un fondo federal de infraestructura, ni informó de obras y acciones que debía realizar con ese recurso en zonas de atención prioritaria.
En la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, que está formado por mil 791 hojas con observaciones a todos los estados, entre ellos Guerrero, la ASF informó que el gobierno estatal, en 2021 destinó 45 millones 621 mil pesos a pagar adeudos fiscales de ejercicios anteriores, registrados como “deuda pública”, con dinero del Fassa, lo que no está autorizado y representaría un desvío de recursos.
Detalló que además, el gobierno estatal pagó un millón 538 mil pesos a cinco servidores públicos con cargo del recurso del Fassa, con puestos de enfermeras generales tituladas A, auxiliares de enfermería A y promotor en salud, quienes no cumplieron con el perfil requerido.
Sostuvo que también pagó 254 mil pesos con recursos del Fassa, que no se comprometieron al 31 de diciembre y están pendientes de reintegrarse, así como 227 mil pesos que corresponden a rendimientos financieros generados con los recursos del Fassa y que también están pendientes de reintegrarlos.
En otra auditoría, la ASF afirmó que el gobierno estatal realizó obras sin contar con justificaciones técnicas, por lo que están pendientes de aclarar 9 millones 362 mil 45 pesos, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
También, el gobierno guerrerense deberá aclarar la ejecución de un millón 723 mil 772 pesos, dinero proveniente de las participaciones federales a entidades federativas, y que responde a incumplimientos en “servicios personales”.
Por último, la ASF indicó que el gobierno estatal no dispuso la documentación del consentimiento de los municipios de Cuajinicuilapa y Tlalchapa, con respecto a la retención de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF), así como de oficios de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guerrero, por un importe de 118 mil 778 pesos.
Las cuatro observaciones al gobierno estatal suman un total de 58 millones 846 mil 220 pesos, que el gobierno morenista deberá aclarar ante la ASF.
Como informó El Sur, en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, la ASF también pidió al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero que aclare 54 millones 442 mil 920 pesos, porque no documentó el destino y aplicación de gastos en “servicio personales”.
El gobierno municipal de Acapulco debe aclarar 64 millones de pesos, al no acreditar la contratación de una empresa de recolección de basura y presumió que se falsificaron facturas para el pago de equipo de bombeo, además de cometer irregularidades en la adjudicación y contratación de obras.
Además, otros 15 municipios fueron observados y tendrán que aclarar una suma de 74 millones 821 mil 161 pesos, por no acreditar el pago de servicios, contrato de recolección de basura, programas de pinta de fachada, compra de software, arrendamiento de maquinaria, adquisición de productos químicos, útiles, equipos de oficina y de limpieza, así como por el arrendamiento de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua.

Observaciones de la ASF a 15 municipios por mal manejo de recursos durante 2021

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Además del Ayuntamiento de Acapulco, al que le realizó observaciones superiores a 64 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en las cuentas de los gobiernos municipales de Zihuatanejo, Chilpancingo, Taxco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez; además de Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tlapa, Teloloapan, Pilcaya, La Unión, General Heliodoro Castillo, Cuautepec y Cocula.
Les demandó aclarar el uso de 74 millones 821 mil 161 pesos, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
Las observaciones de la ASF son porque los gobierno municipales no acreditaron el pago de servicios, contratos de recolección de basura, programas de pinta de fachada, compra de software, arrendamiento de maquinaria, adquisición de productos químicos, de materiales, útiles, equipos de oficina, material de limpieza, así como por el arrendamiento de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua, entre otros.
En la Tercera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, que publicó en febrero de este año la ASF, detalla que el gobierno municipal de Ajuchitlán del Progreso, que preside el priista Víctor Hugo Vega Hernández, debe aclarar tres millones 853 mil 532.25 pesos, que gastó en “materiales y suministros” y “servicios generales” con recursos económicos que recibió del Ramo 28, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública. El alcalde gobernó en el periodo 2018-2021.

Los ayuntmientos

Al gobierno municipal de Arcelia, presidido por el priista Bulmaro Torres Berrúm, la ASF le pide aclarar la ejecución de 345 mil 779 pesos, que gastó en “materiales y suministro”, pero del que no da más detalles.
En el caso del gobierno de Chilapa, que preside el priista Aldy Esteban Román, deberá aclarar el gasto de 22 millones 411 mil 806 pesos, ya que no comprobó la ejecución de un gasto en “servicios personales”.
De acuerdo con la ASF, el gobierno municipal de Chilpancingo, encabezado por la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, deberá aclarar siete millones 936 mil 790 pesos, que ejecutó como “servicios generales e inversión pública”, y es que argumentó, el ayuntamiento no entregó evidencia documental suficiente de “servicios prestados” establecidos en siete contratos, ni acreditó el pago de otros tres, en los que utilizó recursos económicos federales del ramo 28.
El gobierno de Cocula, que preside Carlos Alberto Duarte Bahena, de Morena, deberá aclarar 264 mil 322 pesos, porque no acreditó el pago de cinco pólizas de “materiales y suministros”.
El gobierno de Coyuca de Benítez, presidido por el morenista, Ossiel Pacheco Salas, debe aclarar dos millones 659 mil 500 pesos, ya que no entregó la documentación suficiente parar comprobar el gasto en un programa de mejoramiento denominado la “pinta de fachadas”, así como por la “implantación, desarrollo y soporte de aplicaciones y base de dato, capacitación, levantamiento de requerimiento y seguimiento del software Coram”.
El gobierno municipal de Cuautepec, gobernado por el perredista César Iván Pérez Vargas, deberá aclarar un millón 69 mil 927 pesos, ya que no entregó evidencia documental con el que comprobara la adquisición de “materiales, consumibles de oficina y cómputo”, y no acreditó “el pago total de dos pólizas” de servicios prestados por contrato.
En el caso de General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), gobernado por el priista Serafín Hernández Landa, la ASF lo pidió aclarar un millón 350 mil pesos, porque no entregó las facturas de los pagos, fotografías, reporte de actividades, documentación que demuestre o acrediten un servicio, pero del que no da más detalle.
El alcalde David Gama Pérez, del PRI, en el municipio de Iguala, deberá aclarar cuatro millones 913 mil 661 pesos, porque no entregó evidencia documental suficiente de los servicios prestados establecidos en 14 contratos adjudicados a un mismo proveedor, por “arrendamiento de maquinaria y/o equipo”, así como de 10 contratos adjudicados al mismo proveedor por “la prestación de servicios para realizar el trabajo de proceso de validación de impuesto sobre la renta participable y timbrado de la nómina de los meses de noviembre 2020 a agosto 2021”.
Sin embargo, en el periodo de 2018 a 2021, en Iguala gobernó el morenista, Antonio Salvador Jaimes Herrera.
En La Unión, gobernado por el perredista Crescencio Reyes Torres, deberá aclarar la ejecución de cinco millones 117 mil 470 pesos, por no entregar la documentación y acreditar los servicios prestados de tres contratos, ni el pago de la cuenta donde se administraron los recursos de participaciones federales de cuatro pólizas de egresos. Tampoco reportó las actividades de la operación y servicio de los camiones recolectores de basura, reporte fotográfico y actas de entrega de dos obras denominadas recolección y acarreo de basura al relleno sanitario municipal.
El gobierno panista de Pilcaya, de Sandra Velázquez Lara, debe aclarar la ejecución de dos millones 674 mil 512 pesos, porque no comprobó los servicios de tres proveedores por la adquisición de productos químicos para la planta tratadora de agua, por la prestación de servicios de asesoría legal de enero a diciembre de 2021 y por la adquisición de una impresora multifuncional. Tampoco acreditó documentos de la propiedad o los derechos de propiedad del lugar donde se efectuó la obra pública, ni el finiquito de los trabajos y el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
Del gobierno municipal de Taxco, que encabeza Mario Figueroa Mundo, por Fuerza por México, las ASF le pide aclarar 11 millones 261 mil 110 pesos, luego de que comprobó los servicios prestados establecidos en seis contratos con los que se adquirió “materiales y suministros, servicios generales y bienes inmuebles e intangibles”.
El gobierno municipal de Teloloapan, del perredista Homero Hurtado Flores, debe aclarar a la ASF un millón 323 mil 953 pesos, porque no comprobó la adquisición de bienes, un servicio y dos gastos sin contrato, del que se precisó, fue un servicio profesional para la gestión ante el SAT para la devolución de los pagos efectivamente realizados del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de enero a junio del 2020, periodo en el que gobernó, el perredista Efrén Ángel Romero Sotelo.
En el caso de Tlapa, gobernada por el priista Gilberto Solano Arreaga, debe aclarar dos millones 593 mil 947 pesos, porque no entregó evidencia documental de las adquisiciones y servicios prestados de dos contratos, y de gastos sin contrato a dos proveedores por la adquisición de “materiales, útiles y equipos menores de oficina y la adquisición de material de limpieza”.
El municipio de Zihuatanejo, del priista Jorge Sánchez Allec, quien cumple su segundo periodo, debe aclarar siete millones 644 mil 846 pesos, porque no comprobó tres servicios que se formalizaron en tres contratos, y por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto de seis contratos por el “arrendamientos de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua, asignados a cuatro proveedores”.

Los 15 municipios observados por la ASF, suman un total de 74 millones 821 mil 161 pesos que deberán aclarar lo expuesto en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021
De acuerdo con la ASF, los municipios de Ajuchitlán, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, General Heliodoro Castillo, Iguala, La Unión, Pilcaya, Taxco, Teloloapan y Taxco no hicieron “una gestión eficiente y transparente de las participaciones federales a municipios en 2021”.
Además, consideró que no cuentan “con un adecuado sistema de control interno, que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las participaciones, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.

Realiza la ASF observaciones al gobierno de Acapulco por 64 millones de gastos en 2021

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones para que el gobierno municipal de Acapulco aclare 64 millones 150 mil 345.80 pesos, porque generó “un probable daño a la Hacienda Pública Federal”.
Detalla que pagó a empresas por la recolección de desechos sólidos, de lo cual no se acreditó la prestación de dicho servicio.
También, afirmó que el gobierno municipal pagó por trabajos “que no corresponden a los conceptos y volúmenes establecidos en el contrato, por el pago de equipos de bombeo de los cuales se presume la falsificación de las facturas y de los que no se acreditó que correspondieron a equipos nuevos, ni que fueron sustituidos; por el pago de cantidades adicionales (volúmenes excedentes) de obra los cuales carecieron de la autorización para su ejecución, y por irregularidades en los procesos de adjudicación y contratación de los servicios y las obras públicas”.
La ASF publicó en febrero de este año, la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2021, Indicó que en la auditoria de cumplimiento 2021-D-12001-19-0967-2022, se revisó de manera pormenorizada el cumplimiento del gobierno municipal de Acapulco sus procedimientos de “adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, así como de contratación de obra pública y los servicios relacionados con la misma, para los contratos que impliquen, total o parcialmente, recursos de Gasto Federalizado del ejercicio 2021, incluidas las Participaciones Federales, así como fiscalizar la ejecución y cumplimiento de los mismos”.

Contratos auditados

Expuso que auditó la gestión y ejecución de los recursos destinados a la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, de los cuales, se revisó una muestra de 151 millones 750 mil 600 pesos, correspondiente a 15 contratos de obra pública y cinco contratos de prestación de servicios.
La ASF sostuvo que el gobierno municipal de Acapulco infringió la normativa en la aplicación de los recursos destinados para el financiamiento de 20 contratos, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero y de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, para el ejercicio fiscal 2021.
“Lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 64 millones 150 mil 334.80 pesos, principalmente por el pago de la prestación del servicio de recolección de desechos sólidos, del cual no se acreditó la prestación de dicho servicio, por la falta de aplicación de penas convencionales, por el pago de trabajos que no corresponden a los conceptos y volúmenes establecidos en el contrato”.
También generó un probable daño por “el pago de equipos de bombeo de los cuales se presume la falsificación de las facturas y de los que no se acreditó que correspondieron a equipos nuevos, ni que fueron sustituidos, por el pago de cantidades adicionales (volúmenes excedentes) de obra los cuales carecieron de la autorización para su ejecución, y por irregularidades en los procesos de adjudicación y contratación de los servicios y las obras públicas”, sin detallar sobre qué obras.
Expuso que se determinaron 24 resultados, de los cuales, en tres no se detectaron irregularidades y dos fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes generaron 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y 13 pliegos de observaciones.
En el dictamen la ASF expone que de los contratos del gobierno de Acapulco, cinco son por prestación de servicios y 15 de obras públicas, los que fueron financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2021.
Detalló que al 31 de diciembre de 2021, el municipio de Acapulco comprometió 151 millones 750 mil 600 pesos y pagó 134 millones 413 mil 200 pesos, que representaron el 88.6 por ciento de los recursos federales destinados a los 20 contratos fiscalizados y, al 31 de marzo de 2022, ejerció todos los recursos.
Si embargo, expresó que el probable daño a la Hacienda Pública federal era por un importe de 64 millones 150 mil 334.80 pesos, que representó el 42.3 por ciento de la muestra auditada.

Faltó transparencia

Concluyó que el gobierno municipal de Acapulco “no realizó un ejercicio eficiente ni transparente en el cumplimiento de la legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de contratación de obra pública y los servicios relacionados con la misma, para los contratos financiados con recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2021”.
El 1 de octubre de 2021, comenzó la administración de la morenista, Abelina López Rodríguez. Ese primer día informó que rescindiría contratos con empresas de recolección de basura porque ahí estaba el business, con los moches, y que ella no iba ni a robar ni hacerse rica.
Detalló que en el gobierno anterior de la también morenista, Adela Román Ocampo, se asignaban 387 millones de pesos anuales para dos empresas con 25 camiones para la recolección de basura.
López Rodríguez dijo que no continuaría por esa ruta, por ello, se aprobó en el Cabildo solicitar un crédito de 200 millones de pesos para la compra de 35 camiones recolectores, tres camiones de volteo, y 34 pipas de agua. Y fue hasta el 3 de mayo de 2022, cuando el gobierno municipal recibió la factura de propiedad de los 35 camiones recolectores adquiridos por 99 millones de pesos, de acuerdo con Alejandro Sotelo, coordinador general de los Servicios Públicos Municipales.

Pide la ASF al TSJ aclarar gastos por 54 millones de pesos del presupuesto de 2021

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero aclarar 54 millones 442 mil 920 pesos, debido a que no proporcionó evidencia documental sobre su destino y aplicación; es decir, del gasto de “servicios personales”, que comprende “las remuneraciones de los servidores públicos, el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias”, y no corresponden esos recursos económicos adicionales a la estimación prevista en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.
De acuerdo con la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 de la ASF, al revisar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Guerrero es uno de los nueve estados a los que les pidió aclarar a los poderes judiciales el incremento de recursos destinados a la asignación global de “servicios personales”.
En el caso de Guerrero, de acuerdo con los resultados de la auditoría 2021-E-12007-19-0963-2022, el Poder Judicial incurrió “en inobservancias”; es decir, falta de cumplimiento de la normativa, lo que generó una cuantificación monetaria de las observaciones por 54 millones 442 mil 920 pesos, mismos que “corresponden a recursos adicionales a la estimación prevista en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, de los cuales no proporcionó evidencia documental sobre su destino y aplicación”.
Sostuvo que identificaron irregularidades administrativas consistentes en que el Poder Judicial no realizó ni incluyó las proyecciones de finanzas públicas (de ingresos y egresos) que integran los importes correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2021 y los resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas que abarcan un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal 2020.
Mencionó que el TSJ de Guerrero “asignó recursos para el capítulo 1000 de Servicios Personales, cuyo monto no fue coincidente con el Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2021 debido a que en este último se presentó de manera global el presupuesto asignado al Poder Judicial y no hay una desagregación por capítulo de gasto”.
Expuso que el TSJ de Guerrero no incluyó en su proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 en una sección específica las “erogaciones correspondientes al gasto de servicios personales, la cual comprendiera las remuneraciones de los servidores públicos, el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias, el cual incluyera las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones”.
Mencionó que el Poder Judicial del estado no informó de “las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral”, además asignó “recursos para servicios personales, el cual incrementó durante el ejercicio fiscal 2021 y bajo el momento contable del pagado registró recursos los cuales no rebasan el monto aprobado”.
Precisó que el monto pendiente por aclarar por parte del Poder Judicial del estado es de 54 millones 442 mil 920 pesos, además, determinó 15 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y los cinco restantes generaron: una solicitud de aclaración y cuatro promociones de responsabilidad Administrativa Sancionatoria, de las que no dio más detalle.
La ASF en su dictamen indicó que “revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Poder Judicial del estado de Guerrero, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2021, argumentó que la auditoría “se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable (el TSJ del estado)”.
Indicó que para el ejercicio 2021, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado de Guerrero, se elaboraron contrario a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Sin embargo, señaló que el Poder Judicial del estado sí generó balances presupuestarios y de recursos disponibles sostenibles; no excedió el límite establecido por la normativa en la asignación de recursos para servicios personales; contó con un sistema de registro y control de erogaciones personales y un sistema de contabilidad gubernamental denominado Sistema Integral de Información y Pagos al Personal y Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.
El 1 de diciembre de 2021, tomó protesta como presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez, quien fue elegido el 18 de noviembre en sesión pública por mayoría de votos. Antes de Casarrubias Vázquez, el magistrado presidente del TSJ del estado fue Alberto López Celis.

 

Crítica situación financiera de la UAG advierte la Auditoría de la Federación

 

 Prevé que en seis años el sistema de pensiones podría provocar un estado de contingencia para el gobierno federal. De una muestra de 10 universidades, es la única con ese problema

 La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) presenta una situación financiera “crítica” a consecuencia de su sistema de pensiones y prevé que en un plazo de seis años entrará en problemas financieros que podría provocar “una contingencia para el gobierno federal”.

Luego de una revisión reciente a las finanzas de las instituciones de educación superior, plasmada en el documento Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la instancia fiscalizadora destaca que la UAG tiene un déficit en su sistema de pensiones desde 2002.

Aunque no se dan a conocer cifras y el monto de este déficit, porque se dice que “en su momento la institución pudo cubrir con su remanente de operación”, se advierte que de seguir en esta misma situación a partir del 2011 ya no será posible sostener esta situación que metería al Gobierno federal en una “contingencia financiera”.

En el capítulo destinado a la evaluación de las contingencias fiscales derivadas de los pasivos laborales a cargo de las instituciones públicas estatales de educación superior, la ASF explica que de un total de 34 universidades públicas estatales se excluyeron para su revisión 9, “debido a que en ellas las cuotas para cubrir los compromisos de pensiones y jubilaciones se trasladan a una institución de seguridad social federal o estatal para que se haga cargo de pagarlas”, mientras que de las 25 restantes, que cuentan con sistema de pensiones total o parcialmente a su cargo, sólo se eligió una muestra de 10 instituciones.

“En términos generales, y de la muestra seleccionada de universidades públicas estatales, en el año 2002, sólo la Universidad Autónoma       de Guerrero mostró un déficit en su sistema de pensiones, sin embargo se pudo cubrir con su remanente de operación. Las otras universidades mantuvieron un sistema de pensiones sin problemas financieros, y además contaron con excedente de recursos en sus finanzas globales”, indica el estudio.

Dichos resultados se encuentra en el volumen I del tomo VII de ese informe que se refiere al sector educación, en donde se agrega que “de la proyección financiera al sistema de pensiones de las universidades de la muestra considerada se desprendió que sólo la Universidad de Guerrero presenta una situación crítica y por tanto podría representar a futuro una contingencia para el Gobierno federal”

Pero aún más se prevé que si se siguen considerando los recursos provenientes del remanente de operación, “dicha contingencia ocurrirá en el 2011, cuando la Universidad caerá en un déficit” y se agrega que a partir de ese año y hasta el 2017 los recursos necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos ascenderían en promedio anual a 47.6 millones de pesos.

De acuerdo con el mismo documento, la UAG envió a la ASF sus comentarios a dicha observación y precisó que “el Gobierno federal concurre al financiamiento de la educación superior con los gobiernos de cada entidad federativa, de modo que los pasivos contingentes y las obligaciones derivadas no son exclusivas del Gobierno federal”, por ello la administración de la UAG consideró que “no era condición indispensable que las universidades modificaran sus sistemas de pensiones”.

Lo anterior porque se argumenta que entre algunas de las causas que generan pasivos en la UAG, es que no se tomaron en consideración algunas recomendaciones de carácter general y específicas de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), entre las que destacan la obligatoriedad de cuotas para los trabajadores y universidades, obligatoriedad de cuotas para los pensionados, incremento anual de cuotas, aumento en el número de años cotizados y edad para obtener su pensión, creación de un fondo de pensiones y supresión de pensiones dobles y dinámicas.

Por ello la conclusión de la ASF es en el sentido de que la UAG “observó una situación financiera frágil en su sistema de pensiones, la cual se disminuye si se considera su excedente de operación, por consiguiente, en el corto plazo no existe el riesgo de que se constituyan en pasivos contingentes para el Gobierno federal, sin embargo, a partir de las proyecciones financieras efectuadas se estimó que para el año 2011, esta universidad demandará recursos extraordinarios para cubrir su déficit de pensiones”.

La ASF, sostiene que no obstante la crisis financiera en la UAG por su sistema de pensiones, “la tendencia financiera se revertiría en caso de que celebre en el corto plazo un convenio con alguna institución de seguridad social, a fin de que incluya a los 2 mil 611 trabajadores que actualmente se encuentran sin reconocimiento de antigüedad y reforme su sistema de pensión”.

También recomienda a la SEP que por conducto de la dirección general de Educación Superior proponga y promueva ante la UAG las acciones conducentes que permitan revertir la situación de deterioro que afecta al sistema de pensiones “y garantizar el beneficio a que tienen derecho sus 2 mil 611 trabajadores adscritos”. Y pide que una vez que se haya llegado a un acuerdo en este sentido con la UAG, que la dependencia informe al respecto a la ASF.

A consecuencia de estos pasivos que la UAG arrastra por su sistema de pensiones la secretaría de Hacienda ha venido descontando a la institución educativa desde el 2002 y a la fecha suma una cantidad de 144 millones por adeudos al ISSSTE de los cuales la administración universitaria sólo reconoce 44, los otros 100, según ha declarado el rector, fueron descontados “indebidamente” por la secretaría de Hacienda.

Asimismo el Fovisste reclama a la UAG el pago de 72 millones de pesos de las cuotas obrero-patronales que no fueron depositadas por la institución, sin embargo el rector declaró recientemente que es el Fovissste quien tiene un adeudo con la UAG por 20 millones de pesos, mismos que debe pagar con todo e intereses.

En ambos casos, existen controversias legales ante el Tribunal de los Contencioso y Administrativo federal, según el rector la UAG ganó ya el caso con el Fovissste y que existe la garantía de que ya no se podrán aplicar más descuentos, mientras que espera que también la UAG gane la controversia que existe por el adeudo con el ISSSTE.