Acuerdan padres y autoridades demoler la primaria en la colonia Bonfil en Acapulco

Padres de familia de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, autoridades del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE) y de Secretaría de Educación Guerrero (SEG), acordaron la demolición de la escuela para construir un plantel nuevo, luego de que los familiares la semana pasada protestaron para exigir atención.
La minuta, firmada por las partes, de la cual se tiene una copia, señala en el primer punto es que primeramente se procederá a la demolición de la infraestructura existente, solicitando el apoyo al municipio y a la vez se gestionará un recurso al gobierno estatal, para el mismo fin, y la fecha para la ejecución es de máximo tres semanas después de esa fecha.
El segundo punto señala que se construirá un edificio central, que albergará 10 aulas, sanitarios, dirección escolar y comedor. El tercer punto señala que se consideran seis aulas móviles, en la cancha central de la colonia Bonfil, y asimismo se rehabilitarán los baños existentes. Estos trabajos se iniciarán en esta semana.
El cuarto punto señala que el edificio se entregará con mobiliario escolar y aires acondicionados.
Como informó El Sur, el pasado 11 de abril los padres de familia de la escuela, ubicada en la colonia Alfredo B Bonfil, protestaron en las oficinas de la Promotora Turística (Protur), donde la gobernadora Evelyn Salgado Pineda despacha en Acapulco, para exigir la reconstrucción del plantel y argumentaron que Protección Civil estatal dio un dictamen, en el que se señala que no pueden seguir siendo escuela, por los daños que tiene la infraestructura, que fue construida hace más de 40 años. (Karina Contreras).

 

Se proponen obras de mitigación y demoler dos viviendas en la 20 de Noviembre: Efrén Valdez

Ramón Gracida Gómez

El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Efrén Valdez Ramírez, informó que el dictamen del área de la colonia 20 de Noviembre, donde murió una familia tras el paso del huracán Otis, es para que se lleven a cabo obras de mitigación y se retiren dos viviendas.
En declaraciones posteriores al banderazo de inicio del programa de desazolve de canales pluviales, contó que habló con la presidenta Abelina López Rodríguez para informarle que “ahorita en la 20 de Noviembre están los tres niveles de gobierno haciendo un recorrido, me llamaron de la Coordinación General de Protección Civil del gobierno federal”.
El coordinador de Protección Civil indicó que la dependencia que encabeza hizo un dictamen que propone unas obras de mitigación que consisten en “obras de retención, algunos muros secos”.
Además, detalló Valdez, el documento de Protección Civil indica el retiro de unas piedras e “incluso retirar dos viviendas porque se encuentran en zona de alto riesgo”.
Se le mencionó que los familiares de las víctimas piden la demolición de la casa severamente dañada en la que murió la familia, y el coordinador de Protección Civil consideró que “son viviendas que llegan, son asentamientos que llegan cuando aun así estás poniendo en riesgo tu vida”.
“Dicen, nunca va a pasar; sucede y lo único que hacemos nosotros es hacer nuestro trabajo. Te vuelvo a repetir, se van a hacer unas obras de mitigación, la indicación de la presidenta es muy clara, muy firme y yo lo dije en este evento y te lo vuelvo a repetir: ahorita son los tres niveles de gobierno, nosotros ya lo hicimos, ya tenemos la obra, ya tenemos el proyecto”.
El 25 de octubre un alud de piedras demolió casi por completo la casa de Víctor Bautista Romero y Karla Galeana García, ubicada en el andador Cuauhtémoc de la calle Juan N. Álvarez, de la colonia 20 de Noviembre. Los cuerpos de Karla y sus tres hijos, Dana de 21 años, Victoria de 12 e Ian Tadeo de 2 años, fueron localizados en los primeros días, pero el de Víctor aún no.
Desde entonces, familiares del desaparecido han insistido en su búsqueda, pero también en la limpieza de la calle porque el alud arrastró toneladas de tierra que taparon el andador y la calle, además de que las grandes rocas rodaron y algunas siguen en la casa severamente dañada, por lo que piden su demolición para evitar un futuro daño por un deslave.
Respecto al socavón que se formó en el río de El Camarón, en la parte de la colonia Vista Alegre, el coordinador de Protección Civil municipal reiteró que el dictamen ya se elaboró y se entregó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Indicó que las tres casas afectadas están construidas “casi dentro del muro de una zona federal”, por lo que le corresponde a Conagua; Protección Civil dará seguimiento porque en el área del socavón hay vehículos y bardas colapsadas.
Dijo que Conagua va a determinar si los afectados tendrán que ser reubicados, pero destacó que tiene que haber un cierto margen entre el río y las casas: “hay que recordar que cuando se hacen esos muros es a raíz del Paulina”.

 

Sigue la demolición de la nave mayor y en la 2 de Febrero falta el piso, drenaje y la distribución

Adultos mayores caminan entre una de las a?reas en rehabilitación del Mercado central de Acapulco Foto: Jesu?s Trigo

Aurora Harrison

Los trabajos de demolición de las columnas de la nave mayor del Mercado Central, que se incendió el pasado 5 de junio, continúan y en la zona del arco techo falta arreglar el piso, el drenaje y que se diseñe la distribución de cada uno de los puestos.
En el área de estacionamiento de la calle 2 de Agosto ya están las estructuras de las casetas provisionales, falta que se le coloque las láminas para el techo.
A las 10 de la mañana de ayer domingo había dos máquinas retroexcavadoras haciendo maniobras para retirar las paredes que faltan de la nave mayor, las cuales estaban cerca de la nave de flores, también había montones de escombro que faltan por retirar.
De la nave mayor faltan las trabes y las columnas por quitar y escombro que no ha sido removido.
Como ya se había informado, será hasta finales de este mes que en esa zona ya se tenga la demolición por completo y que se tenga limpio para empezar la reconstrucción con el proyecto final.
En el área del arco techo, en la cual ya se terminaron de instalar todas las láminas, ahora tiene pendiente que se arregle el piso, el drenaje, y la distribución de los puestos de cada uno de los concesionarios para que los comerciantes puedan ocupar su espacio.
Había escombro, pedazos de tubo de drenaje, botellas de plástico tiradas, malla ciclónica, las estructuras metálicas, porque siguen construyendo los puestos provisionales que serán ocupados por los comerciantes que se encuentran sobre la calle 2 de Agosto.
En el área de estacionamiento de la calle 2 de Agosto están los puestos provisionales, pero no todas tienen la lámina del techo. De acuerdo con trabajadores se prevé que en esta semana se termine. La idea es que en esa zona entren los 300 comerciantes de la nave mayor para que ahí puedan vender sus mercancías.
Comerciantes dijeron que todavía no les dicen cuándo ocuparán las casetas, mientras que se terminan los trabajos van a seguir vendiendo sobre la calle 2 de Agosto, y es que hay varios de los locatarios que ya ocuparon las 50 casetas provisionales que se colocaron.
Hubo algunos que no se quisieron colocar, pero dijeron que hablaron con el director de Mercados, Ricardo Martínez, para que se les respetara lo que ya habían construido porque hicieron una inversión.
El director de Mercados, Ricardo Martínez Sánchez, informó que hay un buen avance en los trabajos de construcción de los locales provisionales y que en la semana se reunirá con los comerciantes para explicarles el área que van ocupar una vez que se tengan los techos.
Sobre el arco techo dijo que los locatarios del área de sombrillas están en espera de que se concluya la rehabilitación del drenaje, el piso y la distribución de sus locales, “hay una comunicación con los concesionarios, se les está atendiendo a cada uno de las inquietudes que ellos tienen”.
Sostuvo que en el área de estacionamiento serán 300 los puestos provisionales que se colocarán y que tendrán una reunión con los comerciantes para que ocupen esos espacios, porque hay algunos que están en los lugares donde están, que no quieren pasarse al área de estacionamiento.
Precisó que hay una buena comunicación con los comerciantes, a cada uno se les atiende, desde el primer día del siniestro y afirmó que están al pendiente de la construcción del área de sombrilla para que los que en esa área estaban ya se instalen.

 

Protestan maestros de un kínder de la capital; piden la demolición de unas piedras en el plantel

Maestros del jardín de niños Benito Juárez, de la localidad Tepechicotlán, municipio de Chilpancingo, bloquearon el cruce de dos avenidas a un lado del museo interactivo La Avispa, para exigir la demolición de unas piedras que cayeron hace un año en la escuela.
Desde las 8 de la mañana, unos 20 manifestantes bloquearon las avenidas Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa, donde colocaron pancartas en las que se leían sus peticiones.
La directora del jardín de niños, Linda Tacuba, informó que hace un año debido a las lluvias, unas rocas se deslizaron del cerro y cayeron en la entrada de la escuela, sin afectar la estructura, pero no permiten el paso.
Indicó Protección Civil estatal emitió dos dictámenes, en los que declaran que la escuela está en zona de riesgo, por lo que se comprometieron iniciar una obra para demoler las rocas, pero desde hace un año no han iniciado su trabajo.
Por lo anterior, la directora detalló que los alumnos reciben clases en una galera, “en condiciones muy limitadas. Los niños no logran tener una enseñanza adecuada”.
Precisó que los padres pagan la renta del lugar, mientras que los gobiernos “no nos han apoyado con el pago”. Dijo que son unas 60 personas las que acuden a la escuela, entre alumnos y trabajadores.
Los manifestantes pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y del titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, para que se inicien los trabajos de demolición, porque el argumento de las autoridades es que se requieren 7 millones de pesos.
A las 9:30 de la mañana, los docentes se retiraron, luego de que les ofrecieron una mesa de trabajo con el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Recurre Sánchez Esquivel otra vez al TEE tras rechazo de Morena a su queja

Daniel Velázquez

El diputado Alfredo Sánchez Esquivel recurrió por segunda ocasión al Tribunal Electoral del Estado (TEE) para denunciar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena tergiversó su queja contra la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Yoloczin Domínguez Serna, pues los argumentos empleados para declararse incompetentes no atienden su denuncia.
Sánchez Esquivel recurrió a la CNHJ de Morena el 16 diciembre de 2022. Presentó una queja “por presuntas faltas graves realizadas contra los estatutos” de Morena, en el caso donde la presidenta de la actual presidenta Jucopo habló de irregularidades en la construcción de la demolición de la biblioteca del Congreso, en el periodo en el que el diputado presidía la Junta.
En febrero de 2023 la Comisión la declaró improcedente por haberla presentada fuera de tiempo. Inconforme con el dictamen del órgano intrapartidista, recurrió al TEE, quien ratificó el falló de la Comisión el 23 de marzo de este año. El 29 de marzo el diputado recurrió a la sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual resolvió el 18 de mayo de este año y ordenó a la CNHJ de Morena que en un plazo de 15 días hábiles “se pronuncie respecto de la procedencia de la queja presentada por (Sánchez Esquivel) el 16 de diciembre de 2022”.
En su demanda, el diputado acusó a Domínguez Serna de asociarse con el PRI para expresar ideas en contra de Morena. Señala que “ha realizado de manera sistemática, reiterada y pública, señalamientos infundados y repetitivos, como, ‘daño patrimonial’, ‘decisión unilateral’ todo esto en detrimento de nuestro partido y con estas conductas se transgreden las normas contenidas en documentos básicos y estatutos..”.
Alfredo Sánchez solicitó que la Comisión se pronunciara en el sentido de que Yoloczin Domínguez había rebasado los límites del derecho a la libertad de expresión y creado una opinión negativa “en contra de nuestro movimiento”.
En un acuerdo del 8 de junio, la CNHJ de Morena argumentó que “de las pruebas ofrecidas se advierte que las actas de sesión, el dictamen de seguridad estructural, las publicaciones en redes sociales y las manifestaciones hechas en entrevistas a medios de comunicación, están encaminadas a los actos de investigación derivados de la demolición del inmueble denominado Biblioteca Siervo de la Nación, incluso se vislumbra opiniones por parte de legisladoras pertenecientes al Congreso del Estado de Guerrero, las cuales el promovente señala como infundadas.
“De lo anterior, se desprende que los motivos de disenso no están sujetos a un control por parte de esta Comisión, ya que no se trata de un asunto interno partidista sino del ejercicio de la función pública legislativa” de sus integrantes.
Inconforme con el fallo, Sánchez Esquivel recurrió otra vez al TEE el 8 de junio. El recurso fue enviado a la Comisión el 14 de junio y admitido el 15 de junio por la Comisión.

Casos en contra

Por separado, los integrantes de la CNHJ de Morena acordaron “regularizar” y “acumular” en un solo expediente las dos quejas promovidas contra Sánchez Esquivel por violencia política en razón de género contra la diputada Yoloczin Domínguez Serna, ambos están en etapa de resolución en esa instancia partidista.
Así los expedientes promovidos por Yoloczin Domínguez y por Graciela Ortiz Flores “y otras”, quedan en uno solo que será “subsanado bajo un procedimiento sancionador electoral, conforme lo previsto en los estatutos y el protocolo de ese partido para prevenir, atender, sancionar, reparar, el daño y erradicar los casos de violencia política contra las mujeres al interior de Morena.

 

Hay un probable daño de más de 9 millones por la obra de la biblioteca del Congreso: ASF

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la demolición de la biblioteca Sentimientos de la Nación del Congreso local, “sin tener justificación o dictaminación técnica”.
En la auditoría de cumplimiento 2021-A-12000-19-0946-2022, que se realizó al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que es pública en el portal de la ASF, se establece que se “analizó el control interno instrumentado por el gobierno del estado de Guerrero”, a través de la SDUOPOT, como la dependencia ejecutora de los recursos de este fondo.
En la observación 26 de esta auditoría, se habla del caso particular del caso de la biblioteca Sentimientos de la Nación, del Congreso del Estado, para la cual se precisa que se aprobó un presupuesto para reforzar la estructura, no para demolerlo.
Se apunta, de manera textual, que el gobierno estatal, mediante la SDUOPOT, “formalizó el contrato número SDUOPOT- FAFEF-AD-291-2021”, del cual se pagaron 9 millones 362 mil pesos con recursos del FAFEF 2021.
De este caso, se lee en la auditoría, “se exhibe un dictamen de seguridad estructural realizado por un director responsable de obra, en el cual se desprende, dentro de las conclusiones técnicas, que el edificio sea reforzado en cuanto a estructura y cimentación; sin embargo, el ejecutor realizó la demolición y construcción del inmueble sin presentar la justificación o dictaminación técnica para llevar a cabo dicha acción”.
Lo anterior, señala la auditoría, representa un “incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, número 266, artículo 19”.
El pliego de observaciones de esta auditoría apunta que se “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar la demolición de un edificio sin tener la justificación o dictaminación técnica”.
En este texto se informa también en referencia al mismo caso, de la biblioteca, que “mediante la visita física a una obra pagada con recursos del FAFEF 2021, se determinó que en la obra denominada Demolición y Construcción del edificio de la Biblioteca del Congreso del Estado, en Chilpancingo, incluida en el contrato SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, no se acreditó el ingreso y el egreso al almacén de los bienes incluidos en los conceptos que indican “con recuperación”, no se presentó durante la visita de inspección física a la obra la documentación que acreditara que se realizó la entrega, durante el periodo del 24 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, en que se llevó a cabo la obra”.
También se señala en este informe de auditoría que “no se encontró evidencia de los bienes producto de la recuperación, por un importe de 49 mil 300 pesos”.
De la misma manera, en dos conceptos más, el primero porque “se constató que siete cámaras de video vigilancia se encontraron en el almacén del Congreso del Estado, sin embargo, no se presentó documentación con la que se acreditara su ingreso al mismo”.
El segundo es por el “retiro de unidad manejadora de aire acondicionado”, mismas que no presentaron la documentación justificativa ni comprobatoria con la que aclare el ingreso al almacén; ni del estado que guarda el material en mención, ya que de ambas manejadoras sólo se encontraron las carcasas, por lo que no se puede acreditar que sean reutilizables, debido a que se encuentran al exterior del almacén y a la intemperie, por un importe de 11 mil 500 pesos”.
Estos 60 mil 800 pesos, que suman los dos conceptos anteriores, están incluidos en monto total pagado del contrato de 9 millones 362 mil 45 pesos.
Este informe señala que las irregularidades cometidas incumplieron Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, en sus artículos 16, 26, 28 fracción uno, 56 fracción uno, 57 fracción décimo primera; también los artículos 64,79 y 80 y del contrato de obra pública número SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, cláusula primera, cuarta, decima segunda y decima tercera.
La ASF emitió “la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”, para que la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no asignaron, supervisaron y vigilaron los trabajos, de la obra pública contratada, toda vez que, no acreditaron documentalmente el ingreso ni el egreso de los bienes producto de recuperación al almacén, asimismo, no presentaron al momento de la visita de inspección física la documentación que acreditara que se realizó la entrega durante el periodo en que se llevó a cabo la obra; asimismo, no se encontróì evidencia física de la existencia de los bienes producto de la recuperación”.
La demolición del edificio de la biblioteca se realizó los últimos días de 2021 y los primeros de 2022 sin que los integrantes de la Junta de Coordinación Política conocieran los motivos, los cuales no se confirmaron hasta noviembre pasado, cuando en comparecencia ante el pleno del poder Legislativo, la secretaría de Desarrollo Urbano, Obras públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, informó que la demolición se determinó a partir de un estudio hecho por la dependencia, en respuesta a la solicitud realizada de manera unilateral por el entonces presidente de la Junta de Coordinación, Alfredo Sánchez Esquivel.
Esta obra, después de la demolición del edificio, estuvo detenida por 11 meses y finalmente el 22 de diciembre pasado, a días de que concluyera el ejercicio fiscal 2022, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y diputados locales dieron “el banderazo” a la segunda etapa de construcción de la biblioteca, con una inversión de 20 millones de pesos.

 

Ya entregó la ASF el informe sobre la demolición de la biblioteca del Congreso: Paris

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El auditor superior del estado, Marcos César Paris Peralta, informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya entregó el informe con observaciones sobre la demolición de la biblioteca del Congreso local al poder Legislativo y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ejecutivo estatal.
Consultado en el auditorio Sentimientos de la Nación sobre alguna intervención de la dependencia en este proceso, aclaró que no lo revisó, sólo tuvo la información de que la ASF hizo la Auditoría y ya remitió el informe con recomendaciones.
Con este documento se determinaría si existen responsabilidades de personas o instituciones por la demolición del edificio del Congreso local, que en el presupuesto de egresos del estado hace dos años sólo señalaba una inversión de rehabilitación.
En el tema de las auditorias estatales, informó que le ASE cumplirá en tiempo y forma el 17 de febrero, con la entrega 139 informes individuales y general de las cuentas públicas a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Reconoció que está trabajando a marchas forzadas por el fuerte rezago que dejó la anterior administración; sin embargo, confió en que cumplirán con la obligación de entregar de manera profesional y conforme a la ley.
Recordó que tomó el cargo el 12 de septiembre de 2022, y le tocó entregar el segundo bloque de informes de la cuenta pública de municipios, poderes del estado, organismos públicos descentralizados y auditorías de desempeño. El próximo 17 de febrero es el plazo de entrega del tercer bloque.
Señaló que quedó mucho por hacer con 153 entes fiscalizables en la anterior administración, cubierta por auditores especiales debido al retraso del nombramiento del titular de la ASE, desde julio de 2021 que salió el anterior.
Añadió que hay procedimientos administrativos contra funcionarios que ya se fueron, y que habrá de resolver el Tribunal Administrativo de lo Contencioso.

 

Sigue investigación por la demolición de la biblioteca del Congreso: Yoloczin Domínguez

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, Yoloczin Domínguez Serna, afirmó la investigación para establecer sanciones por la demolición de la biblioteca Siervo de la Nación continuará, porque independientemente de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT), haya autorizado la demolición, fue a una decisión del entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel.
Después de que en comparecencia ante el pleno de la secretaria de Desarrollo Urbano, Irene Jiménez Montiel, informó que la demolición de la biblioteca se determinó a partir de un estudio hecho por la dependencia y la solicitud de Sánchez Esquivel, ayer fue consultada la presidenta sobre lo que sigue en ese proceso.
En breves declaraciones en el Congreso local, Yoloczin Domínguez dijo que la decisión de solicitar a la dependencia el realizar la demolición y construcción de un nuevo edificio en lugar de una rehabilitación como lo aprobó el pleno del Congreso local, no se tomó de manera colegiada y por lo tanto se debe sancionar a los responsables.
Apuntó que la investigación la realizan los órganos internos del Congreso local en este caso la contraloría y el jurídico y que están aún pidiendo información y respondiendo a las dependencias respecto a documentación que enviaron al Congreso local, y de los cuales requieren más datos: “es un proceso, yo no puedo adelantarme porque sería entorpecer el proceso de investigación”.
Adelantó también que solicitarán “que haya responsabilidad legal, para todos aquellos actores que tuvieron que ver con estas decisiones de manera unilaterales”.
Recordó que a pesar de que quien preside la Jucopo tiene facultades para la toma de decisiones, no es para todo porque la Junta es un órgano colegiado, además de que la solicitud de cambiar la rehabilitación por una demolición va en contra de la decisión que tomó el pleno en la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022.
“Es un recurso que ya estaba aprobado, etiquetado por el pleno para un uso específico que era rehabilitar la biblioteca, el hecho de que una persona haya tomado la decisión de solicitar a la Secretaría de Obras el reorientar ese recurso, no es adecuado, primeramente lo debió haber informado, socializado, consensado con la Junta”, así como al Comité de Administración o al pleno, aseguró la morenista.
Yoloczin Domínguez, sin embargo, dijo que el Poder Legislativo no es la instancia que determinará las sanciones al responsable, esto a pesar de que es la contraloría y el área jurídica del Congreso las que están realizando las investigaciones.
A pregunta hecha por un reportero respecto a cuáles son estas instancias las que determinarían las sanciones, la morenista dijo: “terminemos primero de concluir este proceso de investigación de manera interna”.
Reiteró que habrá sanciones a los responsables porque se cometió una “afectación al patrimonio del estado”. Esperan que antes de que concluya el año poder dar el banderazo de arranque de la obra del nuevo edificio.

 

Protección Civil sólo reportó filtraciones en la biblioteca del Congreso, revela titular

El secretario de Protección Civil Roberto Arroyo es entrevistado por reporteros Foto: Jessica Torres Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Existen dos dictámenes de Protección Civil estatal sobre la biblioteca del Congreso del Estado emitidos en la administración del priista Héctor Astudillo Flores, en el que sólo se señalaban deterioros “debido al paso del tiempo” que estaban provocando algunas “filtraciones de humedad”, afirmó ayer el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, Roberto Arroyo Matus.
Dijo que los dos documentos los entregó hace un mes y medio a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, en los que entonces se recomendaba que debía intervenir un “director de obra”, quien establecería si era necesario una demolición o no.
Se le preguntó si Protección Civil estatal emitió algún dictamen en el que se recomendara la demolición o solamente una reparación, Arroyo Matus manifestó que sí realizó dictámenes la dependencia, pero en la administración de Astudillo.
“Nosotros revisamos lo que logramos encontrar, porque nos lo pidió el Congreso justamente para revisarlo ellos también, y lo que se nota es que había un poco de deterioro en la biblioteca, pero normalmente la Secretaría de Protección Civil nunca emite dictámenes de demolición, no lo hacemos porque eso le corresponde a un director responsable de obra, son los únicos facultados para emitir dictámenes de demolición”, contó.
“De la biblioteca había deterioros, sobre todo debido al paso del tiempo se estaban provocando algunas filtraciones de humedad, básicamente era eso”, precisó.
Se le reiteró la pregunta de si ameritaba la demolición y reconstrucción o solamente una remodelación, pero manifestó que “lo que yo pude ver en los dictámenes, es que se recomendaba que participara un director de obra para establecer si era necesario llevar a cabo una demolición”.
Aunque destacó que los “directores de obra” son entes autónomos y privados que debió contratar el Congreso local.
Comentó que normalmente Protección Civil no está facultado para emitir dictámenes de demolición, se hacen dictámenes de opiniones técnicas de la seguridad estructural, pero no puede recomendar demoliciones, eso le corresponde a un director responsable de obra por ley.
Afirmó que entregó al Congreso del Estado a solicitud de la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, y otros diputados locales que “signaron un oficio”, –hace un mes y medio– dos documentos justamente emitidos por la dependencia en la administración de Héctor Astudillo, donde se hacía un recuento de lo que tenía la biblioteca demolida.
El pasado 10 de noviembre, Yoloczin Domínguez Serna reveló que el presupuesto etiquetado para la biblioteca Siervo de la Nación del Congreso local fue para rehabilitar el edificio, no para su demolición y la construcción de uno nuevo, y consideró que el anterior presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, “solicitó recursos para la rehabilitación de la biblioteca, más no para su reconstrucción” y que “se cometió una falta muy grave al querer darle otro cauce al recurso que se etiquetó”.
También señaló que Protección Civil le informó que no existía un dictamen en el que se plantee contruir un nuevo edificio, como lo indicó Arroyo Matus.

Cambia de nombre la Secretaría

Ayer al concluir la inauguración del último Foro Regional de Consulta Ciudadana de la zona Centro que se celebró en el auditorio José Joaquín de Herrera, en Palacio de Gobierno, Roberto Arroyo Matus informó que el pasado viernes 11 de noviembre la Secretaría de Protección Civil cambió de nombre a Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero se publicó el 11 de noviembre la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Número 242, en la que se contempla el cambio de denominación de la Secretaría de Protección Civil por Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Esta modificación se realizó para adaptar las acciones y estrategias de trabajo del gobierno del estado en materia de prevención de riesgos, con base a las nuevas demandas y necesidades de la población guerrerense, para transitar a un nuevo esquema de trabajo que busca obtener ciudades y comunidades mayor resilientes ante cualquier contingencia.
Arroyo Matus severó que la decisión obedece a que a nivel mundial se está manejando así, añadir la “gestión” que significa que todos los entes que participan en la protección civil como las entidades gubernamentales, las fuerzas armadas, los grupos voluntarios y la sociedad civil intervengan en conjunto para proponer las políticas para salvaguardar la vida de las personas y de sus bienes.
“La idea también es de que pasemos de una Secretaría completamente reactiva a una Secretaría donde se puedan llevar a cabo más acciones preventivas”.
Aseguró que no cambiará mucho la estructura organizativa y sólo le darán énfasis a la prevención, es decir, que acelerarán los trabajos para que la mayoría de los municipios empiecen a contar ya con “capas que puedan ser subidas al Sistema Nacional de Protección Civil, que es propiamente el Atlas de Riesgo”.
Mencionó que el Atlas de Riesgo trata de involucrar los peligros que hay, la vulnerabilidad y obviamente el costo que puede tener para la población si hay alguna emergencia o desastre.
De la marcha de integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Secretaría de Protección Civil Guerrero este martes para exigir la reinstalación de un trabajador y el pago de un bono de riesgo, Roberto Arroyo respondió que le parecen justas las demandas.
Detalló que él trabajador José Luis González Castro “estaba bailando en un evento público con el uniforme, por eso se le despidió en una administración pasada y consideramos que cada quien tiene sus criterios, pero que no fue una falta tan grave y creemos que se le puede reinstalar, ya estamos en eso justamente”.
Del bono de riesgo, afirmó que los trabajadores están en pláticas con la Secretaría de Finanzas del estado para llevar a cabo el ajuste y que “ojalá que se les pueda aportar, la verdad es que sí se lo merecen, es una actividad de riesgo que llevan a cabo y es complicado asegurar a una persona que realiza labores de riesgo”.

Comienza la demolición de 32 viviendas de El Mirador construidas en zona de riesgo en la capital

 

Este lunes comenzó la demolición de 32 departamentos de la manzana 2B del fraccionamiento El Mirador, construido para familias damnificadas de las tormentas Ingrid y Manuel en 2013.
Las 32 viviendas demolidas fueron construidas por una empresa contratada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los habitantes sólo las usaron del 23 diciembre de 2015 al 5 de enero de 2016, porque tenían cuarteaduras y fisuras, y fueron declaradas inhabitables por riesgo de colapso.
A las 12:47 del día comenzó la demolición, la zona no se acordonó ni se colocó protección, tampoco se habilitó el refugio temporal para las familias que están en la manzana 1B, como prometieron la encargada de la delegación de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretario de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; y el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos.
Niños, adultos mayores, mujeres, hombres y adolescentes, desde los balcones de sus casas, de la calle y desde el transporte público miraban con asombro la demolición, que esperaban desde 2017.
“Ya era hora que los demolieran, no podíamos ni dormir porque pensábamos que los edificios se nos vendrían encima”, decía el integrante de una familia de la manzana 1B.
En el lugar también había personal de la Procuraduría General de la República (PGR), porque las empresas constructoras están demandabas ya que entregaron las casas de mala calidad y se negaron a demolerlas, de lo que se encargó la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).
La PGR acudió al fraccionamiento para recabar información de las casas y tomar fotografías para continuar las investigaciones de la demanda que enfrenta la empresa que ejecutó mal las obras.
El ex delegado, José Manuel Armenta Tello, en reiteradas ocasiones declaró que la responsabilidad es de la empresa Casaflex, que hizo la obra, y que enfrentaba una demanda en la PGR, para que asuma su responsabilidad de la demolición del edificio y el arreglo de las viviendas que tienen fisuras, cuarteaduras y filtraciones.
Sin embargo, debido al proceso, que es largo, los funcionarios estatales y federales asumieron la responsabilidad de demoler las viviendas, que representan un riesgo para las familias que habitan los departamentos aledaños.
A las 12:47 de la tarde comenzó la demolición, la zona no fue acordonada, tampoco se habilitó el refugio temporal donde estarían las familias mientras se hacen los trabajos de demolición, para que no estuvieran dentro de sus viviendas y evitar algún percance.
Sin embargo, la Secretaría de Protección Civil estatal no estuvo cuando se iniciaron los trabajos pese a que, de acuerdo con los encargados de la demolición, les avisaron desde el viernes que iniciarían este lunes.
Los vecinos de la manzana 1B preocupados porque los trabajos habían iniciado sin la protección, llamaron al director de Protección Civil estatal para que acudiera a la zona; una hora después llegaron los socorristas a acordonar el área y comenzaron la construcción del refugio temporal, en el puente del fraccionamiento.
En el lugar, el representante de El Mirador, Noé Guzmán Barragán dijo que “estamos preocupados porque Protección Civil estatal no se ha acercado para brindar la seguridad”.
Recriminó que las autoridades estatales y federales se comprometieron a proporcionarles toldos para que las familias de la manzana 1B estuvieran refugiadas en el transcurso del día, mientras ocurría la demolición, pero no se instalaron a tiempo.
Guzmán Barragán manifestó que, en total son 40 familias que habitan en la manzana 1B, quienes estaban preocupadas que la manzana 2B fuera a colapsar ya que los trabajos se prolongaron.
Cuando inició la demolición de la primera casa, en la calle donde estaban la mayoría de los vecinos, se sentía el movimiento del suelo; en las viviendas de la manzana 1B y 3B las ventanas vibraban a causa de la demolición, ya que la zona es inestable.
De acuerdo con autoridades de la Sedatu, cada casa estaba valuada en unos 120 mil pesos, es decir que las 32 costaron más de 3 millones 840 mil pesos.
El espacio donde se demuelen las viviendas será un parque, porque la zona es inhabitable.
“Mira mamá la maquina tiro rápida la casa, es decir que así están de frágiles todas”, cuestionó un niño a su madre, mientras los demás damnificados continuaban gravando video y tomando fotografías.