Hay un probable daño de más de 9 millones por la obra de la biblioteca del Congreso: ASF

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la demolición de la biblioteca Sentimientos de la Nación del Congreso local, “sin tener justificación o dictaminación técnica”.
En la auditoría de cumplimiento 2021-A-12000-19-0946-2022, que se realizó al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que es pública en el portal de la ASF, se establece que se “analizó el control interno instrumentado por el gobierno del estado de Guerrero”, a través de la SDUOPOT, como la dependencia ejecutora de los recursos de este fondo.
En la observación 26 de esta auditoría, se habla del caso particular del caso de la biblioteca Sentimientos de la Nación, del Congreso del Estado, para la cual se precisa que se aprobó un presupuesto para reforzar la estructura, no para demolerlo.
Se apunta, de manera textual, que el gobierno estatal, mediante la SDUOPOT, “formalizó el contrato número SDUOPOT- FAFEF-AD-291-2021”, del cual se pagaron 9 millones 362 mil pesos con recursos del FAFEF 2021.
De este caso, se lee en la auditoría, “se exhibe un dictamen de seguridad estructural realizado por un director responsable de obra, en el cual se desprende, dentro de las conclusiones técnicas, que el edificio sea reforzado en cuanto a estructura y cimentación; sin embargo, el ejecutor realizó la demolición y construcción del inmueble sin presentar la justificación o dictaminación técnica para llevar a cabo dicha acción”.
Lo anterior, señala la auditoría, representa un “incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, número 266, artículo 19”.
El pliego de observaciones de esta auditoría apunta que se “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar la demolición de un edificio sin tener la justificación o dictaminación técnica”.
En este texto se informa también en referencia al mismo caso, de la biblioteca, que “mediante la visita física a una obra pagada con recursos del FAFEF 2021, se determinó que en la obra denominada Demolición y Construcción del edificio de la Biblioteca del Congreso del Estado, en Chilpancingo, incluida en el contrato SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, no se acreditó el ingreso y el egreso al almacén de los bienes incluidos en los conceptos que indican “con recuperación”, no se presentó durante la visita de inspección física a la obra la documentación que acreditara que se realizó la entrega, durante el periodo del 24 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, en que se llevó a cabo la obra”.
También se señala en este informe de auditoría que “no se encontró evidencia de los bienes producto de la recuperación, por un importe de 49 mil 300 pesos”.
De la misma manera, en dos conceptos más, el primero porque “se constató que siete cámaras de video vigilancia se encontraron en el almacén del Congreso del Estado, sin embargo, no se presentó documentación con la que se acreditara su ingreso al mismo”.
El segundo es por el “retiro de unidad manejadora de aire acondicionado”, mismas que no presentaron la documentación justificativa ni comprobatoria con la que aclare el ingreso al almacén; ni del estado que guarda el material en mención, ya que de ambas manejadoras sólo se encontraron las carcasas, por lo que no se puede acreditar que sean reutilizables, debido a que se encuentran al exterior del almacén y a la intemperie, por un importe de 11 mil 500 pesos”.
Estos 60 mil 800 pesos, que suman los dos conceptos anteriores, están incluidos en monto total pagado del contrato de 9 millones 362 mil 45 pesos.
Este informe señala que las irregularidades cometidas incumplieron Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, en sus artículos 16, 26, 28 fracción uno, 56 fracción uno, 57 fracción décimo primera; también los artículos 64,79 y 80 y del contrato de obra pública número SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, cláusula primera, cuarta, decima segunda y decima tercera.
La ASF emitió “la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”, para que la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no asignaron, supervisaron y vigilaron los trabajos, de la obra pública contratada, toda vez que, no acreditaron documentalmente el ingreso ni el egreso de los bienes producto de recuperación al almacén, asimismo, no presentaron al momento de la visita de inspección física la documentación que acreditara que se realizó la entrega durante el periodo en que se llevó a cabo la obra; asimismo, no se encontróì evidencia física de la existencia de los bienes producto de la recuperación”.
La demolición del edificio de la biblioteca se realizó los últimos días de 2021 y los primeros de 2022 sin que los integrantes de la Junta de Coordinación Política conocieran los motivos, los cuales no se confirmaron hasta noviembre pasado, cuando en comparecencia ante el pleno del poder Legislativo, la secretaría de Desarrollo Urbano, Obras públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, informó que la demolición se determinó a partir de un estudio hecho por la dependencia, en respuesta a la solicitud realizada de manera unilateral por el entonces presidente de la Junta de Coordinación, Alfredo Sánchez Esquivel.
Esta obra, después de la demolición del edificio, estuvo detenida por 11 meses y finalmente el 22 de diciembre pasado, a días de que concluyera el ejercicio fiscal 2022, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y diputados locales dieron “el banderazo” a la segunda etapa de construcción de la biblioteca, con una inversión de 20 millones de pesos.

 

Sierra: Rafael Acevedo perdió “el hilo conductor” de la hacienda pública

 

 Exige la diputada que el funcionario aclare a cuánto ascienden los compromisos adquiridos por secretarios de despacho

 La secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Gloria Sierra López, consideró que el secretario de Finanzas y Administración, Rafael Acevedo Andrade, “perdió los hilos conductores” de la hacienda pública estatal, luego de que anunció que habrá recortes el gasto corriente a causa de “los compromisos adquiridos” por los secretarios de despacho no considerados en el presupuesto aprobado por el Legislativo.

“No comprendo, si hace unos días en el informe del gobernador René Juárez dijeron haber hecho bien la tarea ¿por qué anunciaron, a tres meses de comenzar el ejercicio fiscal de 2004, recortes al gasto corriente?”, peguntó la diputada local postulada por el PRD.

Exigió entonces al funcionario estatal que explique a cuánto asciende el compromiso financiero adquirido de los secretarios de despacho, y porqué no lo informó al Congreso del Estado.

El martes pasado, al concluir el segundo informe de labores del rector de la UAG, Nelson Valle López, el secretario Acevedo Andrade dijo que en este año habrá “fuertes ajustes” en el presupuesto de todas las dependencias del gobierno estatal, para cumplir con los compromisos que adquirieron secretarios de despacho.

Anunció recortes al gasto corriente, pero aseguró que no afectarán los programas de gobierno, y en caso de que no se corrijan “estas cosas” presentaría su renuncia al cargo.

Vía telefónica, la diputada Sierra López explicó que Rafael Acevedo es el encargado de integrar la hacienda pública del gobierno estatal –conformada por el egreso, ingreso, deuda pública y patrimonio– con la información de cada una de las dependencias y las paraestatales.

“Aquí hay dos cosas: o sabía del compromiso financiero adquirido por los secretarios de despacho y lo ocultó, o ni él mismo sabía. Esto significaría que (Rafael Acevedo)           perdió los hilos conductores de la hacienda pública estatal”, indicó Sierra López.

Pidió que en el periodo de comparecencias que comienza el 27 de abril los secretarios de despacho cumplan con “la máxima del gobierno renejuarista, y sea una sesión de verdadera rendición de cuentas”.