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Aprueba el Consejo Universitario un nuevo organigrama de la UAG que desaparece 18 áreas

Consejeros universitarios votan durante la sesión ordinaria del órgano máximo de gobierno de la UAG para aprobar el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 propuesto por el equipo del rector entrante, Javier Saldaña Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Consejo Universitario, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) aprobó el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2023-2027, así como un nuevo organigrama que reduce 18 áreas de la administración central, y un programa de austeridad, todo alineado a la política educativa de la cuarta transformación.
El rector Javier Saldaña Almazán indicó que en nuevo organigrama se integró una unidad técnica, para reducir observaciones de la Auditoría Superior de la federación (ASF), que impliquen la devolución de recursos a la Tesorería de la Federación, por universitarios que cobran tiempos completos en más de un centro de trabajo.
En la sesión confirmó que hay universitarios que son funcionarios en alguno de los tres órdenes de gobierno, que no se presentan en las escuelas ni a cobrar y serán identificados a través de una auditoría permanente.
En la exposición del problema, se informó que hay dos procedimientos formalizados y podría haber otros, de responsabilidades para los implicados y para la universidad, en cuanto al uso de los recursos.
La Secretaría de Contraloría de Transparencia Gubernamental turnó el caso del maestro de matemáticas, Juan Villagómez Méndez, que además labora en el Instituto Tecnológico de Acapulco, con jornadas incompatibles, y el maestro de Preparatoria 7, Roberto Guante Catalán, que trabaja en el Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud, en Renacimiento.
La unidad, integrada por distintas áreas administrativas, va a verificar caso por caso antes de aplicar procedimientos de responsabilidad administrativa, con base en el contrato colectivo de trabajo y las leyes aplicables, porque algunas situaciones pueden estar justificadas, como las jornadas acumuladas en el sector Salud, para otorgar la garantía de audiencia y no avasallar derechos, se precisó.

Plan de austeridad

En asuntos generales, se propuso el plan de austeridad 2023-2027, apegado a los lineamientos de la Ley Federal de Austeridad Republicana, una obligación para todas las instituciones públicas en el país, para el eficiente manejo de los recursos.
Una de las participantes recordó que el 93 por ciento del subsidio se destina a la nómina.
El rector indicó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ya hizo un cruce de nóminas y encontró trabajadores que cobran en otras dependencias públicas, federales, estatales, municipales o instituciones educativas.
Aclaró: “La universidad no será cómplice de los universitarios que trabajan en otras instituciones, por eso elaboramos el Plan Institucional de Austeridad, porque en el país y en el estado el panorama ha cambiado, ya estamos en otros tiempos”.
Enfatizó que quien quiera desempeñar un cargo de elección popular o trabajar en la administración pública, debe pedir permiso y no cobrar doble salario. “Lo mismo para quienes tienen doble base, deben elegir dónde van a trabajar. Los universitarios debemos ser exclusivos de la UAG, ya no toleraremos la simulación”.
Sobre el cruce de nómina, añadió que la SEP encontró trabajadores con el mismo tipo de plaza en diferentes instituciones y que no se presentan a trabajar en sus unidades.
Incluso, reveló que la ASE encontró que dos fallecidos hace un año seguían cobrando en dos escuelas. Aclaró que esto no puede continuar y se descontará a los directores el dinero que reclame la tesorería.
Del plan, precisó, que una vez que se conozca el subsidio aprobado en 2024 se irán haciendo las adecuaciones, en actividades que no tienen potencial.
También dijo que no habrá excesos en la compra de combustible, ni en pago de telefonía, no habrá viáticos para gastos turísticos, sólo para las actividades académicas que determine auditoría interna.

Piden cambios de turno y
denuncian ausencias

En la sesión, se aprobó la supresión de los turnos vespertinos en las preparatorias 31 y 33, de Huamuxtitlán y de Chilpancingo, respectivamente.
Antes de someter el punto a votación, el consejero académico de la Preparatoria 2 de Acapulco, pidió que el próximo ciclo escolar se cambien al turno matutino cuatro grupos que tienen en la tarde.
Denunció que tiene cinco maestros que trabajan en otras instituciones, tres en dos escuelas y dos en tres escuelas. “Mi subdirector es director de una primaria”, se quejó.
Planteó que desaparezcan las bibliotecas, a donde los alumnos ya no van a estudiar, ni los trabajadores se presentan; así como el examen de admisión, para ahorrar recursos.
Un consejero de la Preparatoria 5 de Ometepec pidió que el siguiente ciclo escolar la matrícula de 350 alumnos cambie al matutino, porque a las 8 de la noche se acaba el transporte a las comunidades indígenas, de donde vienen los estudiantes.
Denunció también que hay maestros que no van en la tarde, “es una vergüenza que haya días donde sólo hay una clase, es un problema que se tiene que resolver”.
Javier Saldaña aseguró que va a atender de fondo este problema, porque donde más se ha perdido matrícula es en los turnos vespertinos.
Adelantó que se van a analizar también la operación vespertina de las preparatorias de Cocula, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla, porque es muy riesgoso el traslado de jóvenes a sus comunidades.
Aclaró que los turnos vespertinos estaban justificados en las preparatorias porque los docentes también eran maestros de primaria, pero ahora la planta docente está profesionalizada y quienes tienen tiempo completo firmaron exclusividad.
Por otro lado, coincidió en que la universidad debe tener un programa de biblioteca virtual. Añadió que los laboratorios de análisis clínicos de Iguala y de Acapulco perdieron su razón de ser. “Sólo es sostenible y sustentable” el de Chilpancingo.
Reiteró su llamado a los académicos para que cuiden el patrimonio de la universidad. Si no lo hacen por los estudiantes, pidió que sea por su fuente de empleo.
“No puede haber educación sin planeación ni austeridad. Estamos en otros tiempos. Estuve (hace poco) en la costa con el doctor (Alfredo) Olea y veíamos generaciones de grupos de cinco personas”. Advirtió que “vienen tiempos complejos” y los trabajadores deben cuidar a la institución “no esperar a que colapse”.
Una docente expresó su preocupación por la reducción de la matrícula, de 35 mil estudiantes a 20 mil, para advertir que no puede bajar la matrícula y crecer la planta académica.

Elecciones para directores y
consejeros

En asuntos generales se informó que el cambio de direcciones y de consejeros en las unidades académicas debía ser el próximo 9 de noviembre, pero a escasos 19 días, “no hay condiciones reales” para organizar las elecciones.
La Comisión Electoral recordó que desde el 14 de marzo, el Consejo Universitario consideró que las elecciones de unidad se hicieran de manera simultánea con la elección de Rectoría o poco antes, pero “les ganaron los tiempos”.
Propuso extender el periodo de las direcciones y representaciones de unidad, siete meses, para convocar elecciones en mayo y que la toma de protesta sea el 6 de julio de 2024.
Saldaña Almazán confirmó que era necesario para no caer en un bache legal y los actos de los directores estén avalados por el máximo órgano de gobierno. Sólo hubo dos abstenciones y la propuesta se aprobó por mayoría.

Presentan el PDI

La Comisión de Planeación expuso el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) del gobierno universitario entrante, así como parte de la situación actual de la institución para transitar a la Nueva Escuela Mexicana.
La comisión que presentó el dictamen, informó que hubo una tasa de abandono escolar de 7.5 durante la pandemia, que no sólo afectó a la UAG, sino a todas universidades del país, pero está muy debajo de la deserción en el país, sin detallar cifras.
Precisa el contexto legal de la educación pública, convenios internacionales, leyes nacionales y el Plan Nacional de Desarrollo, así como el comportamiento del sistema de educación, de crecimiento, deficiencias y éxitos en las universidades, para tener una perspectiva amplia rumbo de la educación basada en la excelencia con inclusión, centrada en dotar de habilidades a los estudiantes, orientada en valores y en la vinculación con las comunidades y regiones.
Entre otros puntos, propone un sistema de diagnóstico de estudiantes, profesores, programas educativos y de la gestión administrativa, para transitar a nuevos modelos de acreditación de las universidades, acorde a los siete ámbitos sociales que tiene que ver con a Nueva Escuela Mexicana.
Incluye modernizar los 82 programas educativos, para contribuir a las políticas nacionales; aprendizaje centrado en el estudiante, que el profesor se convierte en inspiración para sus alumnos, que se va a evaluar, “no con carácter punitivo, sino para mejorar y consolidar la profesionalización de la planta académica”.
Dice que la nueva política de evaluación y acreditación de la educación superior establece qué hacer para poder encajar en planes de licenciatura y modelo educativo, alineados a la política del gobierno federal.
Enseguida se presentó el dictamen de nuevo organigrama de la universidad, que ya no incluye zonas escolares sino coordinadores en las regiones, así como el Manual de Organización y Funciones de la Administración Central, que elimina 18 áreas operativas.
De 246 áreas en funciones, señala que quedan 231. Destacan que la digitalización permitirá un importante ahorro de recursos para la institución. Los dos proyectos se aprobaron por unanimidad.
Por mayoría se aprobaron modificaciones al reglamento escolar, con cinco votos en contra y tres abstenciones.
Entre éstas, que el promedio mínimo de ingreso sea de 6, cuando era de 7; se cancela como requisito el certificado médico para el ingreso y la permanencia, y que el mínimo de cada grupo académico será de 25 estudiantes en educación media y superior. La inconformidad surgió desde escuelas con matrícula reducida.
Saldaña Almazán indicó que la aspiración es que en otro momento la universidad sea totalmente gratuita, como señala el proyecto “de una aspirante a la presidencia”.

Hay un probable daño de más de 9 millones por la obra de la biblioteca del Congreso: ASF

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la demolición de la biblioteca Sentimientos de la Nación del Congreso local, “sin tener justificación o dictaminación técnica”.
En la auditoría de cumplimiento 2021-A-12000-19-0946-2022, que se realizó al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que es pública en el portal de la ASF, se establece que se “analizó el control interno instrumentado por el gobierno del estado de Guerrero”, a través de la SDUOPOT, como la dependencia ejecutora de los recursos de este fondo.
En la observación 26 de esta auditoría, se habla del caso particular del caso de la biblioteca Sentimientos de la Nación, del Congreso del Estado, para la cual se precisa que se aprobó un presupuesto para reforzar la estructura, no para demolerlo.
Se apunta, de manera textual, que el gobierno estatal, mediante la SDUOPOT, “formalizó el contrato número SDUOPOT- FAFEF-AD-291-2021”, del cual se pagaron 9 millones 362 mil pesos con recursos del FAFEF 2021.
De este caso, se lee en la auditoría, “se exhibe un dictamen de seguridad estructural realizado por un director responsable de obra, en el cual se desprende, dentro de las conclusiones técnicas, que el edificio sea reforzado en cuanto a estructura y cimentación; sin embargo, el ejecutor realizó la demolición y construcción del inmueble sin presentar la justificación o dictaminación técnica para llevar a cabo dicha acción”.
Lo anterior, señala la auditoría, representa un “incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, número 266, artículo 19”.
El pliego de observaciones de esta auditoría apunta que se “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar la demolición de un edificio sin tener la justificación o dictaminación técnica”.
En este texto se informa también en referencia al mismo caso, de la biblioteca, que “mediante la visita física a una obra pagada con recursos del FAFEF 2021, se determinó que en la obra denominada Demolición y Construcción del edificio de la Biblioteca del Congreso del Estado, en Chilpancingo, incluida en el contrato SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, no se acreditó el ingreso y el egreso al almacén de los bienes incluidos en los conceptos que indican “con recuperación”, no se presentó durante la visita de inspección física a la obra la documentación que acreditara que se realizó la entrega, durante el periodo del 24 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, en que se llevó a cabo la obra”.
También se señala en este informe de auditoría que “no se encontró evidencia de los bienes producto de la recuperación, por un importe de 49 mil 300 pesos”.
De la misma manera, en dos conceptos más, el primero porque “se constató que siete cámaras de video vigilancia se encontraron en el almacén del Congreso del Estado, sin embargo, no se presentó documentación con la que se acreditara su ingreso al mismo”.
El segundo es por el “retiro de unidad manejadora de aire acondicionado”, mismas que no presentaron la documentación justificativa ni comprobatoria con la que aclare el ingreso al almacén; ni del estado que guarda el material en mención, ya que de ambas manejadoras sólo se encontraron las carcasas, por lo que no se puede acreditar que sean reutilizables, debido a que se encuentran al exterior del almacén y a la intemperie, por un importe de 11 mil 500 pesos”.
Estos 60 mil 800 pesos, que suman los dos conceptos anteriores, están incluidos en monto total pagado del contrato de 9 millones 362 mil 45 pesos.
Este informe señala que las irregularidades cometidas incumplieron Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, en sus artículos 16, 26, 28 fracción uno, 56 fracción uno, 57 fracción décimo primera; también los artículos 64,79 y 80 y del contrato de obra pública número SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, cláusula primera, cuarta, decima segunda y decima tercera.
La ASF emitió “la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”, para que la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no asignaron, supervisaron y vigilaron los trabajos, de la obra pública contratada, toda vez que, no acreditaron documentalmente el ingreso ni el egreso de los bienes producto de recuperación al almacén, asimismo, no presentaron al momento de la visita de inspección física la documentación que acreditara que se realizó la entrega durante el periodo en que se llevó a cabo la obra; asimismo, no se encontróì evidencia física de la existencia de los bienes producto de la recuperación”.
La demolición del edificio de la biblioteca se realizó los últimos días de 2021 y los primeros de 2022 sin que los integrantes de la Junta de Coordinación Política conocieran los motivos, los cuales no se confirmaron hasta noviembre pasado, cuando en comparecencia ante el pleno del poder Legislativo, la secretaría de Desarrollo Urbano, Obras públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, informó que la demolición se determinó a partir de un estudio hecho por la dependencia, en respuesta a la solicitud realizada de manera unilateral por el entonces presidente de la Junta de Coordinación, Alfredo Sánchez Esquivel.
Esta obra, después de la demolición del edificio, estuvo detenida por 11 meses y finalmente el 22 de diciembre pasado, a días de que concluyera el ejercicio fiscal 2022, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y diputados locales dieron “el banderazo” a la segunda etapa de construcción de la biblioteca, con una inversión de 20 millones de pesos.

Se va Loría de la Secretaría de la Contraloría; lo releva ex funcionario de la ASF y la Cdmx

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loría Casanova, renunció a su cargo, y en su lugar fue designado el director de Auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Víctor Edgar Arenas.
A través de la cuenta de Facebook de la Secretaría General de Gobierno, el secretario general Ludwig Marcial Reynoso Núñez, informó que tomó la protesta al nuevo titular, en representación de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda. Por los trabajadores se supo que luego se reunió con directivos del área.
La salida de Loría Casanova ocurre a unos días de una filtración de presuntos mensajes personales, en capturas de pantalla, entre el ex funcionario con una trabajadora del gobierno estatal, con los que se podría establecer la posibilidad de un abuso del ejercicio del cargo.
Sin embargo, también se sabe que desde el año pasado se manejaba en corrillos su posible salida. En octubre él mismo desmintió un rumor de su renuncia.
Era el único integrante del gabinete que se mantenía desde la administración anterior del priista Héctor Astudillo Flores. La versión más extendida entre trabajadores, es que continuó en el puesto por el acercamiento que tuvo en el proceso electoral con el entonces aspirante a la candidatura de la gubernatura de Morena, Félix Salgado Macedonio.
De acuerdo con su currículo, el nuevo secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Víctor Edgar Arenas, es maestro en Administración Pública. De 2019 a la fecha laboró en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De abril a noviembre de 2019 como subdirector de Auditoría (Honorarios), y de diciembre de 2019 a marzo de 2023, como director de esa misma área.
Entre otros puestos, fue contralor interno en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, contralor interno en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa “B” de la Contraloría Interna en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, subdirector de Control y Evaluación de la Contraloría Interna en el Sistema de Aguas de la Ciudad De México, subdirector de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la Contraloría Interna en la Delegación Iztapalapa.

Las observaciones de la ASF son para el gobierno anterior pero las atenderá, dice Norma Otilia

Luis Blancas

Chilpancingo

La presidenta municipal capitalina, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que las observaciones que realizó al municipio la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por irregularidades en la cuenta pública, corresponden a la anterior administración, aunque su gobierno atenderá el requerimiento.
La semana pasada la ASF informó que hubo observaciones a 15 municipios por el mal manejo de recursos públicos, entre ellos está Chilpancingo, que deberá aclarar 7 millones de pesos 936 mil 790 pesos ejecutados como “servicios generales e inversión pública”.
En conferencia de prensa matutina en el Palacio municipal, Hernández Martínez precisó que estas observaciones corresponden al ejercicio fiscal 2021, del periodo enero y septiembre de la anterior administración, y que la ASF auditará en marzo su primera cuenta pública del 2022.
Recordó que hace un año la ASF notificó al municipio una observación de unos 8 millones de pesos, del ejercicio fiscal 2021 que corresponde a la anterior administración, “por lo que seremos responsables para dar seguimiento a lo que corresponde”.
Dijo que a nivel nacional Acapulco y Chilpancingo son los municipios más auditados, y lo más observado es la infraestructura, “a nosotros no van hacer la primera auditoría de la cuenta pública del 2022, por eso estamos apurados para comprobar los requerimientos que nos solicitan”.

No le ha informado la FGE del caso de los incendios provocados

Por otra parte, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no se ha pronunciado sobre los incendios provocados en el restaurante El Marino, donde murieron calcinados el velador y su hijo, ni de los 12 locales del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla el 20 de febrero pasado, e insistió que le informe de los avances de las investigaciones.
Hernández Martínez comentó que atender el problema de inseguridad depende de los tres órdenes de gobierno y de los ciudadanos, que el municipio está haciendo lo propio en la prevención del delito, y agregó que la Fiscalía y la Mesa de Coordinación para la Paz deben de informar sobre las investigaciones de algún hecho y proceso penal de un presunto delincuente.
“La Fiscalía no ha dado ningún pronunciamiento de los hechos que ocurrieron el 20 de febrero, me encantaría que nos pudieran informar de los avances, por ejemplo los policías que agarran a los delincuentes no sabemos qué trato les están dando, si los ponen en libertad o en proceso”, expresó.
Por su parte, la secretaria de Se-guridad Pública y Protección Ciu-dadana, Martha Isela Velázquez Adame informó que continúan los recorridos de militares, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales en el corredor del Valle del Ocotito, en donde se instaló una base de operación tras la petición de los comisarios que solicitaron seguridad en esta zona.
El 18 de febrero ocho integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, que antes pertenecían a la UPOEG, fueron detenidos y su base desmantelada en la comunidad Buenavista de la Salud, tras una irrupción por policías estatales, militares y efectivos de la GN.
Velázquez Adame informó que a traves de los operativos de los tres órdenes de gobierno, de enero la fecha han detenido 17 personas por los delitos de violencia familiar, robo dentro de un vehículo, casa habitación, violación, por portación de arma de fuego y cartuchos, robo de motocicleta, negocio y acoso sexual.
Además, han detenido 98 personas por faltas administrativas, por alteración de orden público, inhalar sustancias tóxicas, realizar necesidades fisiológicas en vía pública, agresión, graffiti y faltas a la moral.

Se solventaron 81% de observaciones de la ASE a cuentas de 2021, responde el contralor Loría

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado, Eduardo Gerardo Loría Casanova, informó que de las observaciones por 266 millones de pesos que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública 2021 al gobierno del estado, municipios y Poder Judicial, ya están solventados 217 millones.
Loría Casanova aseguró que 2021 “ha sido el mejor año para Guerrero”, porque anteriormente siempre salía “con muchos montos observados”.
Detalló que la ASF fiscalizó el presupuesto federal autorizado de ese año, que fue de 61 mil millones de pesos, de los que se fiscalizaron 56 mil millones, es decir, un 92 por ciento. Agregó que se realizaron 57 auditorías, 23 al gobierno del estado, dos a órganos autónomos –el Con-greso y Poder Judicial– y 32 a 26 gobiernos municipales.
Manifestó que a pesar de que los ayuntamientos son autónomos y tienen sus órganos de control, les envió un oficio a nombre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda exhortándolos a solventar las observaciones.
Contó que la ASF les debe notificar oficialmente dichas observaciones, y a partir de ahí tienen 90 días para presentar la documentación de prueba, aunque precisó que aún no reciben dicha notificación.
“De los 56 mil millones de pesos, nos observaron 266 millones, pero antes de que nos lleguen las notificaciones para todo Guerrero, ya están entregados 217 millones (el 81 por ciento), es decir, ya nada más nos queda por presentar 48 millones, los otros ya los tiene la Auditoría Superior ya los está analizando”.
Celebró que en Guerrero se ha avanzado, porque dijo que la misma ASF sacó un indicador en el que en 2013 tenía una calificación de 62 por ciento de cumplimiento y eficiencia del gasto federal, y “hoy tenemos el 93 por ciento, ya nos estamos acercando al 100”.
Se le preguntó por 45 millones de pesos que según la ASF el gobierno estatal pagó como “deuda pública” con dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), lo que no está autorizado por la ley, y explicó que “se debe a que la federación no reconoció a todo el personal que está en la nómina, pero no le paga a todo el personal, y es necesario, no se tiene presupuesto; no sé cuántos sean ahorita, pero eran cerca de 3 mil trabajadores, y se toma del impuesto en lugar de enterarlo, se les paga con eso y esa observación persiste”.
Argumentó que al pagar deudas históricas se aplican a la deuda más antigua, “eso ya lo hace la federación, parece que no estás pagando nada, pero se le sigue abonando”, añadió que es un problema de varios estados y que informará a la gobernadora de qué tamaño es la deuda.
Expuso que en esta administración morenista podría ocurrir lo mismo, y se debe hablar con el gobierno federal para que considere esa parte, “imagínate dejar sin empleo a dos o tres mil personas sería un caos”.

Debe aclarar el gobierno estatal más de 58 millones en gastos de 2021, señala la ASF

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El gobierno estatal, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, deberá aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el gasto de 58 millones 846 mil 220 pesos, que se ejecutaron de cuatro fondos federales en 2021.
La dependencia señaló que en ese año hubo un presunto desvío de recursos por 45 millones de pesos, luego de que se pagó “deuda pública” de años anteriores con dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), lo que no está permitido por la ley.
Además, el Ayuntamiento de Igualapa debe aclarar 29 millones 171 mil 604 pesos, porque no presentó documentación del gasto de dinero de un fondo federal de infraestructura, ni informó de obras y acciones que debía realizar con ese recurso en zonas de atención prioritaria.
En la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, que está formado por mil 791 hojas con observaciones a todos los estados, entre ellos Guerrero, la ASF informó que el gobierno estatal, en 2021 destinó 45 millones 621 mil pesos a pagar adeudos fiscales de ejercicios anteriores, registrados como “deuda pública”, con dinero del Fassa, lo que no está autorizado y representaría un desvío de recursos.
Detalló que además, el gobierno estatal pagó un millón 538 mil pesos a cinco servidores públicos con cargo del recurso del Fassa, con puestos de enfermeras generales tituladas A, auxiliares de enfermería A y promotor en salud, quienes no cumplieron con el perfil requerido.
Sostuvo que también pagó 254 mil pesos con recursos del Fassa, que no se comprometieron al 31 de diciembre y están pendientes de reintegrarse, así como 227 mil pesos que corresponden a rendimientos financieros generados con los recursos del Fassa y que también están pendientes de reintegrarlos.
En otra auditoría, la ASF afirmó que el gobierno estatal realizó obras sin contar con justificaciones técnicas, por lo que están pendientes de aclarar 9 millones 362 mil 45 pesos, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
También, el gobierno guerrerense deberá aclarar la ejecución de un millón 723 mil 772 pesos, dinero proveniente de las participaciones federales a entidades federativas, y que responde a incumplimientos en “servicios personales”.
Por último, la ASF indicó que el gobierno estatal no dispuso la documentación del consentimiento de los municipios de Cuajinicuilapa y Tlalchapa, con respecto a la retención de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF), así como de oficios de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guerrero, por un importe de 118 mil 778 pesos.
Las cuatro observaciones al gobierno estatal suman un total de 58 millones 846 mil 220 pesos, que el gobierno morenista deberá aclarar ante la ASF.
Como informó El Sur, en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, la ASF también pidió al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero que aclare 54 millones 442 mil 920 pesos, porque no documentó el destino y aplicación de gastos en “servicio personales”.
El gobierno municipal de Acapulco debe aclarar 64 millones de pesos, al no acreditar la contratación de una empresa de recolección de basura y presumió que se falsificaron facturas para el pago de equipo de bombeo, además de cometer irregularidades en la adjudicación y contratación de obras.
Además, otros 15 municipios fueron observados y tendrán que aclarar una suma de 74 millones 821 mil 161 pesos, por no acreditar el pago de servicios, contrato de recolección de basura, programas de pinta de fachada, compra de software, arrendamiento de maquinaria, adquisición de productos químicos, útiles, equipos de oficina y de limpieza, así como por el arrendamiento de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua.

Ya entregó la ASF el informe sobre la demolición de la biblioteca del Congreso: Paris

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El auditor superior del estado, Marcos César Paris Peralta, informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya entregó el informe con observaciones sobre la demolición de la biblioteca del Congreso local al poder Legislativo y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ejecutivo estatal.
Consultado en el auditorio Sentimientos de la Nación sobre alguna intervención de la dependencia en este proceso, aclaró que no lo revisó, sólo tuvo la información de que la ASF hizo la Auditoría y ya remitió el informe con recomendaciones.
Con este documento se determinaría si existen responsabilidades de personas o instituciones por la demolición del edificio del Congreso local, que en el presupuesto de egresos del estado hace dos años sólo señalaba una inversión de rehabilitación.
En el tema de las auditorias estatales, informó que le ASE cumplirá en tiempo y forma el 17 de febrero, con la entrega 139 informes individuales y general de las cuentas públicas a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Reconoció que está trabajando a marchas forzadas por el fuerte rezago que dejó la anterior administración; sin embargo, confió en que cumplirán con la obligación de entregar de manera profesional y conforme a la ley.
Recordó que tomó el cargo el 12 de septiembre de 2022, y le tocó entregar el segundo bloque de informes de la cuenta pública de municipios, poderes del estado, organismos públicos descentralizados y auditorías de desempeño. El próximo 17 de febrero es el plazo de entrega del tercer bloque.
Señaló que quedó mucho por hacer con 153 entes fiscalizables en la anterior administración, cubierta por auditores especiales debido al retraso del nombramiento del titular de la ASE, desde julio de 2021 que salió el anterior.
Añadió que hay procedimientos administrativos contra funcionarios que ya se fueron, y que habrá de resolver el Tribunal Administrativo de lo Contencioso.

Enfrenta Aguirre 32 observaciones de la ASF, informa el contralor del gobierno del estado

Además del caso de los 4 mil millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero no pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), también enfrenta 32 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fueron enviadas a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para que inicie el procedimiento de responsabilidades en su contra, informó el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen
Consultado al término de la inauguración de la Feria Anticorrupción 2016 que se instaló en la alameda Granados Maldonado de la capital, Ramos del Carmen no quiso precisar, sin embargo, a cuánto ascienden los recursos no solventados por la administración aguirrista.
Añadió que la ASF también pidió a la dependencia estatal dar seguimiento a observaciones por recursos federales ejercidos por el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez.
Y mientras una fuente de la dependencia estatal confirmó que existe ya una demanda penal que presentó la ASF ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que le dé seguimiento la Contraloría Estatal, cuyo documento está archivado en la Contraloría, Ramos del Carmen rechazó esa versión y sólo reconoció que da seguimiento a los procedimientos administrativos.
Aseguró que los procedimientos podrían derivar en sanciones, como la inhabilitación y el resarcimiento de los recursos no solventados, pero negó que existan ya demandas de carácter penal, como aseguró un funcionario de su misma dependencia, quien dijo que existe una demanda que está archivada, pero que el secretario no le ha dado seguimiento.
El sábado, el secretario de Finanzas y Administración (Sefina) del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón, informó que existe un requerimiento del SAT al gobierno del estado por casi 4 mil millones de pesos por concepto del ISR que el gobierno de Aguirre Rivero no pagó de la secretaría de Educación y Salud.
–¿Qué se está haciendo para resarcir el daño financiero provocado por esa situación? –se consultó al secretario.
–Nosotros estamos haciendo las auditorías. También como hay mucha inversión de recurso federal, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública están trabajando en lo mismo. De tal manera que tenemos ya bastante información de lo que hemos trabajado aquí en colaboración y coordinación con las dependencias que le acabo de mencionar.
–La ASF interpuso una demanda ante la PGR en contra de 11 ex gobernadores, entre ellos está Ángel Aguirre, ¿está notificado de eso? -consultó otro reportero.
–Nosotros no tenemos esa información, tenemos información de 32 asuntos que nos ha enviado (la ASF) y que nosotros le estamos dando seguimiento para el procedimiento de responsabilidades administrativas, porque nosotros somos competentes solamente para el área administrativa.
–¿De qué ejercicio fiscal?
–Hay 2013, 2014, 2015 y quizás 2012.
–¿Sólo responsabilidad administrativa, no existe demanda penal?
–Bueno, eso sí, pero tiene que mandarse la denuncia a otro lado, ahorita nosotros estamos en la etapa de lo que tenemos facultad que son las responsabilidades administrativas, que son las sanciones como la inhabilitación, el resarcimiento de lo que no se haya podido solventar.
El funcionario aclaró, sin embargo, que las observaciones de la ASF no solamente corresponden al periodo de Aguirre Rivero, sino también al periodo de Rogelio Ortega Martínez. “Los asuntos los tenemos ya en nuestras manos y vamos adelante”.
–Se supone que hubo un proceso de entrega-recepción. Han pasado once meses (de la actual administración) y todavía están en el procedimiento administrativo, cuando son reiterados los señalamientos públicos de que se encontraron adeudos al SAT o faltantes por créditos que se entregaron a trabajadores a quienes se les cobró pero no se reportó el dinero…
–Bueno, porque es resultado de una auditoría y de la fiscalización física y financiera cuando se trata de la construcción de obras.
–¿No se trata de solapamiento?, porque nada más se denuncia y en los hechos no pasa nada…
–No, lo que pasa es que para que se llegue a todo esto (la sanción), necesita integrarse el expediente perfectamente y tener todos los elementos, si no nos ganan los asuntos.
–¿Pero cuando será esto?
–Pues estamos en los juicios, ya pasó la etapa de solventación y ya va la cuestión de responsabilidad.
–Si ya las anteriores administraciones no solventaron, ¿qué va a proceder, se hará denuncia ante la Procuraduría…?
–No, están en nuestra etapa administrativa, resultado de auditorías que hemos hecho nosotros y la ASF. Nosotros vamos a fincar las responsabilidades.