Aprueba el Consejo Universitario un nuevo organigrama de la UAG que desaparece 18 áreas

Consejeros universitarios votan durante la sesión ordinaria del órgano máximo de gobierno de la UAG para aprobar el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 propuesto por el equipo del rector entrante, Javier Saldaña Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Consejo Universitario, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) aprobó el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2023-2027, así como un nuevo organigrama que reduce 18 áreas de la administración central, y un programa de austeridad, todo alineado a la política educativa de la cuarta transformación.
El rector Javier Saldaña Almazán indicó que en nuevo organigrama se integró una unidad técnica, para reducir observaciones de la Auditoría Superior de la federación (ASF), que impliquen la devolución de recursos a la Tesorería de la Federación, por universitarios que cobran tiempos completos en más de un centro de trabajo.
En la sesión confirmó que hay universitarios que son funcionarios en alguno de los tres órdenes de gobierno, que no se presentan en las escuelas ni a cobrar y serán identificados a través de una auditoría permanente.
En la exposición del problema, se informó que hay dos procedimientos formalizados y podría haber otros, de responsabilidades para los implicados y para la universidad, en cuanto al uso de los recursos.
La Secretaría de Contraloría de Transparencia Gubernamental turnó el caso del maestro de matemáticas, Juan Villagómez Méndez, que además labora en el Instituto Tecnológico de Acapulco, con jornadas incompatibles, y el maestro de Preparatoria 7, Roberto Guante Catalán, que trabaja en el Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud, en Renacimiento.
La unidad, integrada por distintas áreas administrativas, va a verificar caso por caso antes de aplicar procedimientos de responsabilidad administrativa, con base en el contrato colectivo de trabajo y las leyes aplicables, porque algunas situaciones pueden estar justificadas, como las jornadas acumuladas en el sector Salud, para otorgar la garantía de audiencia y no avasallar derechos, se precisó.

Plan de austeridad

En asuntos generales, se propuso el plan de austeridad 2023-2027, apegado a los lineamientos de la Ley Federal de Austeridad Republicana, una obligación para todas las instituciones públicas en el país, para el eficiente manejo de los recursos.
Una de las participantes recordó que el 93 por ciento del subsidio se destina a la nómina.
El rector indicó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ya hizo un cruce de nóminas y encontró trabajadores que cobran en otras dependencias públicas, federales, estatales, municipales o instituciones educativas.
Aclaró: “La universidad no será cómplice de los universitarios que trabajan en otras instituciones, por eso elaboramos el Plan Institucional de Austeridad, porque en el país y en el estado el panorama ha cambiado, ya estamos en otros tiempos”.
Enfatizó que quien quiera desempeñar un cargo de elección popular o trabajar en la administración pública, debe pedir permiso y no cobrar doble salario. “Lo mismo para quienes tienen doble base, deben elegir dónde van a trabajar. Los universitarios debemos ser exclusivos de la UAG, ya no toleraremos la simulación”.
Sobre el cruce de nómina, añadió que la SEP encontró trabajadores con el mismo tipo de plaza en diferentes instituciones y que no se presentan a trabajar en sus unidades.
Incluso, reveló que la ASE encontró que dos fallecidos hace un año seguían cobrando en dos escuelas. Aclaró que esto no puede continuar y se descontará a los directores el dinero que reclame la tesorería.
Del plan, precisó, que una vez que se conozca el subsidio aprobado en 2024 se irán haciendo las adecuaciones, en actividades que no tienen potencial.
También dijo que no habrá excesos en la compra de combustible, ni en pago de telefonía, no habrá viáticos para gastos turísticos, sólo para las actividades académicas que determine auditoría interna.

Piden cambios de turno y
denuncian ausencias

En la sesión, se aprobó la supresión de los turnos vespertinos en las preparatorias 31 y 33, de Huamuxtitlán y de Chilpancingo, respectivamente.
Antes de someter el punto a votación, el consejero académico de la Preparatoria 2 de Acapulco, pidió que el próximo ciclo escolar se cambien al turno matutino cuatro grupos que tienen en la tarde.
Denunció que tiene cinco maestros que trabajan en otras instituciones, tres en dos escuelas y dos en tres escuelas. “Mi subdirector es director de una primaria”, se quejó.
Planteó que desaparezcan las bibliotecas, a donde los alumnos ya no van a estudiar, ni los trabajadores se presentan; así como el examen de admisión, para ahorrar recursos.
Un consejero de la Preparatoria 5 de Ometepec pidió que el siguiente ciclo escolar la matrícula de 350 alumnos cambie al matutino, porque a las 8 de la noche se acaba el transporte a las comunidades indígenas, de donde vienen los estudiantes.
Denunció también que hay maestros que no van en la tarde, “es una vergüenza que haya días donde sólo hay una clase, es un problema que se tiene que resolver”.
Javier Saldaña aseguró que va a atender de fondo este problema, porque donde más se ha perdido matrícula es en los turnos vespertinos.
Adelantó que se van a analizar también la operación vespertina de las preparatorias de Cocula, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla, porque es muy riesgoso el traslado de jóvenes a sus comunidades.
Aclaró que los turnos vespertinos estaban justificados en las preparatorias porque los docentes también eran maestros de primaria, pero ahora la planta docente está profesionalizada y quienes tienen tiempo completo firmaron exclusividad.
Por otro lado, coincidió en que la universidad debe tener un programa de biblioteca virtual. Añadió que los laboratorios de análisis clínicos de Iguala y de Acapulco perdieron su razón de ser. “Sólo es sostenible y sustentable” el de Chilpancingo.
Reiteró su llamado a los académicos para que cuiden el patrimonio de la universidad. Si no lo hacen por los estudiantes, pidió que sea por su fuente de empleo.
“No puede haber educación sin planeación ni austeridad. Estamos en otros tiempos. Estuve (hace poco) en la costa con el doctor (Alfredo) Olea y veíamos generaciones de grupos de cinco personas”. Advirtió que “vienen tiempos complejos” y los trabajadores deben cuidar a la institución “no esperar a que colapse”.
Una docente expresó su preocupación por la reducción de la matrícula, de 35 mil estudiantes a 20 mil, para advertir que no puede bajar la matrícula y crecer la planta académica.

Elecciones para directores y
consejeros

En asuntos generales se informó que el cambio de direcciones y de consejeros en las unidades académicas debía ser el próximo 9 de noviembre, pero a escasos 19 días, “no hay condiciones reales” para organizar las elecciones.
La Comisión Electoral recordó que desde el 14 de marzo, el Consejo Universitario consideró que las elecciones de unidad se hicieran de manera simultánea con la elección de Rectoría o poco antes, pero “les ganaron los tiempos”.
Propuso extender el periodo de las direcciones y representaciones de unidad, siete meses, para convocar elecciones en mayo y que la toma de protesta sea el 6 de julio de 2024.
Saldaña Almazán confirmó que era necesario para no caer en un bache legal y los actos de los directores estén avalados por el máximo órgano de gobierno. Sólo hubo dos abstenciones y la propuesta se aprobó por mayoría.

Presentan el PDI

La Comisión de Planeación expuso el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) del gobierno universitario entrante, así como parte de la situación actual de la institución para transitar a la Nueva Escuela Mexicana.
La comisión que presentó el dictamen, informó que hubo una tasa de abandono escolar de 7.5 durante la pandemia, que no sólo afectó a la UAG, sino a todas universidades del país, pero está muy debajo de la deserción en el país, sin detallar cifras.
Precisa el contexto legal de la educación pública, convenios internacionales, leyes nacionales y el Plan Nacional de Desarrollo, así como el comportamiento del sistema de educación, de crecimiento, deficiencias y éxitos en las universidades, para tener una perspectiva amplia rumbo de la educación basada en la excelencia con inclusión, centrada en dotar de habilidades a los estudiantes, orientada en valores y en la vinculación con las comunidades y regiones.
Entre otros puntos, propone un sistema de diagnóstico de estudiantes, profesores, programas educativos y de la gestión administrativa, para transitar a nuevos modelos de acreditación de las universidades, acorde a los siete ámbitos sociales que tiene que ver con a Nueva Escuela Mexicana.
Incluye modernizar los 82 programas educativos, para contribuir a las políticas nacionales; aprendizaje centrado en el estudiante, que el profesor se convierte en inspiración para sus alumnos, que se va a evaluar, “no con carácter punitivo, sino para mejorar y consolidar la profesionalización de la planta académica”.
Dice que la nueva política de evaluación y acreditación de la educación superior establece qué hacer para poder encajar en planes de licenciatura y modelo educativo, alineados a la política del gobierno federal.
Enseguida se presentó el dictamen de nuevo organigrama de la universidad, que ya no incluye zonas escolares sino coordinadores en las regiones, así como el Manual de Organización y Funciones de la Administración Central, que elimina 18 áreas operativas.
De 246 áreas en funciones, señala que quedan 231. Destacan que la digitalización permitirá un importante ahorro de recursos para la institución. Los dos proyectos se aprobaron por unanimidad.
Por mayoría se aprobaron modificaciones al reglamento escolar, con cinco votos en contra y tres abstenciones.
Entre éstas, que el promedio mínimo de ingreso sea de 6, cuando era de 7; se cancela como requisito el certificado médico para el ingreso y la permanencia, y que el mínimo de cada grupo académico será de 25 estudiantes en educación media y superior. La inconformidad surgió desde escuelas con matrícula reducida.
Saldaña Almazán indicó que la aspiración es que en otro momento la universidad sea totalmente gratuita, como señala el proyecto “de una aspirante a la presidencia”.

 

Pide el STAUAG que no se aplique el ISR a prestaciones como pretende Hacienda

 

Luego de que el Consejo General de Representantes (CGR) del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) se manifestó a que no se aplique el Impuesto Sobre Renta (ISR) en las prestaciones de los trabajadores universitarios, el secretario general del sindicato, Ofelio Martínez Llanes, indicó que siguen las negociaciones con las autoridades de la Secretaría de Hacienda.
Reconoció que nuevamente la Secretaría de Hacienda está haciendo el planteamiento del cobro del ISR al concepto de prestaciones. Sobre el tema, Martínez Llanes recordó que hace año y medio se planteó la situación de que se iba pagar el impuesto en las prestaciones, pero conjuntamente con la administración central de la UAG se negoció y se suspendió esa situación.
Agregó que “hoy nuevamente está latente y estamos en esa ruta, discutiendo, pero no es que se vaya aplicar mañana o pasado mañana, se está en una negociación y se está viendo cuál puede ser la mejor salida”.
Indicó que en ese concepto no se ha descontado ningún peso, y que se descuenta en donde ya se ha venido haciendo, pero todavía falta ver lo de las prestaciones.
Indicó el dirigente que quienes rebasan los 400 mil pesos anuales o los que tienen dos o tres trabajos son los que están llamando a los del SAT, pero es una cuestión federal y “no tiene nada que ver con la aplicación del impuesto, eso es otra cuestión ahí”.
Sobre si harán alguna protesta sobre el caso y se planteó la negociación juntamente con el rector Javier Saldaña para pedir que no se aplique.
Que saben que es una cuestión de ley, pero “nosotros tenemos que plantear esa cuestión, buscar ante las instancias de los gobiernos y buscar un plan de previsión social que ayude amortiguar esos descuentos, si es que se dan. Y por último la movilización, que está dentro del proyecto, pero no hay fecha todavía”.
En otro tema, informó que son al menos cuatro nuevos centros de trabajo los que están solicitando que se creen las delegaciones sindicales, por lo que se hará el estudio de acuerdo con el estatuto del STAUAG.
Además del tema del ISR, en el CGR del STAUAG se acordó exigir a la Administración Central el pago del retroactivo del aumento salarial que corresponde al periodo de enero a mayo de este año, que todavía se adeuda. La sesión que se llevó a cabo el 30 de mayo, en el auditorio de la Rectoría, también se nombró a los integrantes de la Comisión de Padrón Sindical que se hará del proceso electoral para el cambio del Comité Ejecutivo Central (CEC).
Otro de los acuerdos es que el CGR mandata al comité para que comience la revisión de los agremiados cuya antigüedad real no está reconocida ante el ISSSTE. Asimismo que el comité revise qué acuerdos pactados con la administración central no se han cumplido tras el emplazamiento a huelga, para que se exijan los pagos correspondientes.
Otro acuerdo fue que se apresure la elaboración del Plan de Previsión Social. El sexto acuerdo es que el comité defienda los centros de trabajo que fueron cerrados por la reforma administrativa de la Rectoría, con la que se modificó el organigrama de la institución y como resultado cerrarán distintos programas, como el Servicio Médico Universitario de Ometepec, Casas de Cultura de Taxco y Arcelia.
En el séptimo acuerdo se mandata a que busque la forma legal o la movilización, para exigir que el gobierno estatal pague los impuestos de las prestaciones de los trabajadores universitarios. Otro acuerdo es que a más tardar el 30 de junio el comité realice en las regiones del estado un taller sobre educación sindical.
Durante el consejo también hubo un pronunciamiento a favor de la libertad de expresión y se exigió un alto a la impunidad, esclarecimiento a las agresiones y crímenes cometidos en contra de periodistas en el estado y el país.
También se acordó exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento de los crímenes de maestros y estudiantes de la UAG, así como de la sociedad en general. De igual modo, el cese del hostigamiento en contra de luchadores sociales, en especial del dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.
Otro de los acuerdos es seguir exigiendo al gobierno federal la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos y se manifestó su apoyo a los padres de familia de los jóvenes. Se pidió la libertad de los presos políticos.