Reciben observaciones de la ASE gobiernos de Abelina y Otilia en Cuentas Públicas de 2024

José Miguel Sánchez

A la izquierda la presidenta municipal de Acapulco en una reunión en Renacimiento el 27 de febrero pasado; a la derecha la ex alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Herna?ndez Martínez en conferencia de prensa en la capital el 15 de julio de 2025, ambas del partido Morena Fotos: Ayuntamiento de Acapulco y Jessica Torres Barrera

Chilpancingo

El Ayuntamiento de Acapulco tuvo 11 observaciones en su Cuenta Pública 2024, de acuerdo con el informe individual que remitió al Congreso local a la Auditoría Superior del Estado (ASE); entre las observaciones están ejercer presupuesto sin que este estuviera aprobado por el Cabildo, además de un “probable daño” a la hacienda pública por 19 millones pesos.
De acuerdo con los informes individuales de la Cuenta Pública 2024, que llegaron al Congreso local la semana pasada como parte del procedimiento de la ASE, hay otros ayuntamientos que del total de resultados tuvieron el mismo número de observaciones.
Para el caso de Acapulco hay un probable daño a la hacienda pública por 19 millones de pesos; en Chilpancingo por 255; en Florencio Villarreal por 40 y en Cochoapa el Grande por 14 millones de pesos.

Acapulco ejerció mil 293 millones sin contar con aprobación presupuestal

Para el caso de Acapulco, el municipio más grande del estado, de acuerdo con el informe, la ASE determinó para la revisión un alcance del 26.57 por ciento respecto de la totalidad de los ingresos recaudados; es decir, que de un universo de 4 mil 940 millones 270 mil 421 pesos, la muestra auditada fue de mil 312 millones 617 mil 37 pesos, que representa el 26.57 por ciento.
Entre las observaciones está una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria derivado de que la partida presupuestal destinada a cubrir las liquidaciones, indemnizaciones o finiquitos de ley no fue aprobada oportunamente por el Cabildo.
“Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente para atender este resultado, no obstante que presentó documentación consistente en un oficio y un Acuerdo Económico, ésta no justifica ni aclara la aprobación extemporánea del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024”.
Por dicha acción, la ASE emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que “el Órgano Interno de Control del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no aprobaron oportunamente el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024”.
Otra de las recomendaciones fue porque durante el ejercicio fiscal 2024 el Ayuntamiento de Acapulco ejerció mil 293 millones 328 mil 34 pesos, sin contar con aprobación presupuestal, “en razón de que la sesión en la cual se sometieron a aprobación modificaciones presupuestales del ejercicio fiscal 2024, fue realizada el 10 de marzo de 2025, es decir, después de haberlo ejercido, lo anterior, de conformidad con el Acta de la Sesión del Cabildo de esa fecha”.
Además que el Ayuntamiento no aclaró el importe de las modificaciones presupuestales realizadas ni explicó el desglose de las referidas modificaciones, a pesar de que el 19 de agosto de 2024 se realizó una sesión de Cabildo en la que aprobaron modificaciones presupuestales de egresos. Sin embargo, la respectiva acta de esa sesión, de la misma forma que la primera, no contiene el importe de las modificaciones presupuestales realizadas.
Ante dicha observación, la ASE emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Acapulco “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, ejercieron recursos por un importe de 1,293,328,034.25 pesos (mil doscientos noventa y tres millones trescientos veintiocho mil treinta y cuatro pesos 25/100 M.N.), sin contar con aprobación presupuestal”.
La ASE también emitió un Pliego de Observaciones, “en virtud de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un importe de 19,996,257.63 pesos (diecinueve millones novecientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y siete pesos 63/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición”.
Esa observación fue porque el ayuntamiento de Acapulco ejerció esos 19 millones por concepto de sueldos y salarios, los cuales no fueron realizados de conformidad con el Tabulador de sueldos aprobado para el ejercicio fiscal 2024, por lo que carecen de aprobación presupuestal.
Algunos otros resultados que arrojó el informe de la Cuenta Pública 2024, correspondiente a los ayuntamientos, fue en los municipios de Acatepec, Alpoyeca, Benito Juárez, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cuajinicuilapa, Cualác, Chilpancingo, Florencio Villarreal, Igualapa, del total de resultados surgieron el mismo número de observaciones.

Piden Juicio de Responsabilidad Administrativa por irregularidades en la capital

Para el caso de Chilpancingo, la ASE emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no presentaron el Programa de Inversión Anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2024.
Una segunda Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria fue para que el Órgano Interno de Control investigue y en su caso sancione a los funcionarios públicos que “no presentaron evidencia de la emisión y autorización de sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública para el ejercicio fiscal 2024, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable”.
La ASE también detectó que en Chilpancingo, durante la administración de la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, hay un “probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública” por un importe de 255 millones 559 mil 534 pesos por ejercer presupuesto en 160 obras las cuales no tienen la documentación comprobatoria y justificativa
“Además, diez obras no presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde fueron ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable”, agrega el informe.
Además suman otros 29 millones 115 mil 147 pesos destinados a 11 obras y 12 acciones, las cuales, de acuerdo al informe “no se realizaron de conformidad con los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y en el Manual para Enlaces FAIS para la Operación y Planeación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social; además, no están respaldadas con la documentación comprobatoria”.
En Florencio Villarreal (Cruz Grande), se emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria porque el Ayuntamiento no presentó la documentación comprobatoria de 11 obras auditadas, las cuales fueron financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).
Por dicha observación la ASE inició el procedimiento administrativo correspondiente “por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si los contratos de obra pública y/o servicios relacionados con las mismas, contienen los requisitos mínimos y sus anexos; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, celebraron contratos para la ejecución de 11 obras, los cuales no cumplen con un requisito mínimo y no presentaron la documentación que acredite que cuentan con sus respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable”.
Además emitió un Pliego de Observaciones por un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un importe de 40 millones 315 mil 284 pesos al no verificar si el ayuntamiento de Florencio Villarreal regularizó, adquirió la tenencia de la tierra, la propiedad del terreno, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutaron las 11 obras públicas antes mencionadas.
En el caso de Cochoapa el Grande, hay un Pliego de Observaciones derivado de un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 14 millones 754 mil 111 pesos pesos correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para realizar siete obras, “de las cuales cuatro presentan conceptos de trabajo pagados no ejecutados; tres presentan conceptos de trabajo con pagos en exceso; una presenta conceptos de trabajo que no cumplen con las especificaciones técnicas proyectadas y pagadas; dos presentan conceptos de trabajo con defectos visibles y dos presentan conceptos de trabajo ejecutados parcialmente; lo que origina que cuatro obras están inconclusas, dos operen deficientemente y una no opere.

Concluye protesta en el Cendi-PT de Iguala; acatarán medidas del DIF

Alejandro Guerrero

Iguala

Padres de familia y ex trabajadores del Cendi-PT Grandeza Infantil, de esta ciudad, concluyeron su protesta este viernes y liberaron las instalaciones, luego de que directivos se comprometieron a dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones que hicieron verificadores de Salud municipal y DIF nacional.
A la 1:30 de la tarde se realizó una extensa reunión afuera de la escuela, donde los padres mantenían su plantón desde el miércoles, la cual concluyó poco después de las 5 de la tarde. A este encuentro no asistió la directora general, Alma Francisca Juárez Altamirano, y estuvo la directora del plantel, Sabrina Galeana Méndez, quien iba con dos supervisoras, una de educación inicial y otra de preescolar.
Entre los acuerdos logrados está que la dirección de la escuela se compromete a dar
mantenimiento y rehabilitación a los baños; hacer limpieza general de las instalaciones, clorar el agua, mejorar la calidad de los alimentos y mantener los extintores con carga vigente.
La directora se comprometió a cumplir las recomendaciones en los tres días hábiles de plazo, luego de que se le advirtió con la aplicación de una sanción administrativa.
De acuerdo con los padres de familia, se propuso que el jueves se reanuden las clases, hasta que se hayan aplicado todas las recomendaciones. Sin embargo, la directora ofreció que a partir del lunes ya haya clases y que los padres que así lo deseen, pueden enviar a sus hijos.
Durante el encuentro, los padres reiteraron la demanda de que haya transparencia y rendición de cuentas y que se les dé informes de una lista de seis personas, que aparecen en la nómina con cargos como secretarios de apoyo, odontólogo, proyectista, maestro de música y auxiliar de lavandería, a los que no conocen y que al parecer son aviadores, entre ellos, Diego García Ruiz, María Guadalupe Villafuerte Padilla, María Guadalupe Juárez Palacios y Madelin Grisel Cadena Juárez.
Exigen además que se les informe de cuando haya rotación de personal, que haya pagos puntuales a los trabajadores y que, en caso de que haya despidos, como ocurrió en los primeros días de este año, se haga una investigación y con base en los resultados, los padres tengan el derecho de pedir la reincorporación de ese trabajador.
Con referencia a las cuatro trabajadoras que fueron despedidas injustificadamente, entre ellas la psicóloga y la nutricionista, la directora del plantel afirmó que ellas no fueron despedidas, sino que ya no se presentaron a trabajar. Sin embargo, durante la protesta las trabajadoras denunciaron que al llegar a la escuela ya no se les permitió el ingreso.

 

Supervisa el DIF nacional el Cendi-PT de Iguala; hace recomendaciones de limpieza

Alejandro Guerrero

Iguala

Brigadas del DIF nacional y de salud municipal supervisaron las instalaciones del Cendi-PT, que fue tomado por padres de familia desde el martes, donde se realizaron una serie de observaciones y recomendaciones a los directivos de la escuela para dar limpieza y rehabilitación de áreas.
Además, se pidió cuidar la calidad de alimentos que se da a los niños y publicar el menú de la comida que se les da, así como utilizar mejores utensilios de cocina y mantener con carga vigente los extintores.
En su tercer día de protestas, en el que mantienen un plantón y la toma del Cendi-PT de esta ciudad, padres de familia denunciaron intimidación y hostigamiento por parte de trabajadores del gobierno municipal, quienes les han pedido que ya no den información a la prensa, para que se pueda dar atención y solución a sus demandas.
Hasta anoche, los padres mantenían su protesta para exigir la destitución de la directora del plantel y la directora general, Sabrina Galeana Méndez y Alma Francisca Juárez Altamirano, respectivamente, a quienes señalan de presuntas irregularidades como desvío de recursos y nepotismo.
También exigen la reinstalación de al menos cuatro educadoras, que fueron despedidas sin justificación y que son de las fundadoras de la guardería.
Los padres informaron que el lunes, una comisión del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias o DIF nacional y del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, realizaron una inspección al plantel, donde se realizaron una serie de observaciones y recomendaciones.
De acuerdo con los oficios que fueron entregados tras la inspección, les piden mantener los refrigeradores en temperaturas adecuadas, para evitar el congelamiento de frutas, verduras y huevos; contar con utensilios en los que se preparan los alimentos en buenas condiciones, sin grasa ni cochambre; etiquetar los alimentos con las fechas que son refrigerados y servir los alimentos en utensilios en buen estado.
Asimismo, les piden señalar los puntos de reunión y una limpieza general en las instalaciones. Publicar el menú de alimentos que se da a los niños a la vista de los padres o tutores al inicio de la jornada laboral; mantener los extintores con carga vigente, ya que “se encuentra vencida”, que los botes de basura tengan bolsa y tapadera; proteger los contactos eléctricos, colocar las tapas a los inodoros, mantener todas las áreas limpias y ordenadas.
Se les pidió dar atención inmediata a las observaciones y recomendaciones, “para salvaguardar la integridad física y emocional de las niñas y de los niños”.
Asimismo, este jueves también realizó una inspección al plantel, luego de las inconformidades de los padres, una brigada de la Dirección de Regulación Sanitaria de Salud municipal, y de acuerdo con el acta de verificación levantada con número de reporte 1750, indican que en los baños de los niños no hay agua, pero estaban limpios, las llaves del lavabo en mal estado y las losetas deterioradas.
En la cocina se encontró “en estado limpio”, en el refrigerador se encontró carne congelada “en buen estado”, con escurrimientos de sangre; los alimentos empaquetados en buen estado y “jitomates guardados en el refrigerador ya no están en condiciones de consumirse”.
Mientras que en las áreas verdes tienen la maleza crecida, que puede propiciar la creación de zancudos y fauna nociva.
Se le notificó a la directora Sabrina Galeana Méndez que tiene tres días hábiles para corregir las irregularidades detectadas en el abasto de agua, reparación de los sanitarios, cloración del agua almacenada y limpieza de maleza, advirtiendo una sanción administrativa en caso de incumplimiento.

Califica Evodio de asunto político electoral el caso de la prescripción de cuentas en la ASE

 

Daniel Velázquez

El ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, se deslindó de las decisiones de la ex encargada de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Natividad Pérez Guinto, como la prescripción de las cuentas públicas de 2011 a 2017 que presentaban irregularidades, entre ellas la de su gobierno.
En declaraciones en Acapulco a donde acudió a una reunión con locatarios del mercado de artesanías de La Diana, Velázquez Aguirre dijo que se trata de un asunto político porque eso ocurre en el periodo de definición de candidaturas
“Yo lo veo como un tema totalmente político electoral que se sacan de la manga como una filtración, qué casualidad que hablan de Evodio, de Chilpancingo, cuando fuimos los opositores, cuando hay un señalamiento de un trámite administrativo interno, no de nosotros. Evodio cumplió en tiempo y forma lo que tenía que cumplir”, dijo pese a que el actual director de la ASE, Marco César Paris Peralta, busca reactivar el proceso por observaciones de mil 400 millones de pesos al Ayuntamiento de Acapulco.
“¿Por qué Evodio? ¿Por qué no dicen nada de Taxco, de Zihuatanejo, del gobierno estatal? ¿Por qué no dicen nada de otros municipios que están inmersos en este mismo paquete? Es un tema electoral, político, porque traen temor de que yo sea el candidato al Senado de la República”.
De la venta de las prescripciones de las revisiones a la cuenta pública que hicieron los funcionarios de la ASE a los beneficiarios, Velázquez Aguirre insistió en que es un asunto interno de la Auditoría, no de quienes fueron alcaldes. “A mí si me requieren hoy algo, yo voy y lo compruebo, a mí no me han requerido absolutamente nada, entonces yo no puedo aceptar este tema tramposo sacado en un proceso electoral, cuando estas en tiempo de definiciones, le tienen miedo a Evodio Velázquez, esa es la realidad”.
Las aspiraciones

Velázquez Aguirre dijo que solo son siglas las que se repartieron en el acuerdo los partidos PRI, PAN y PRD que integran la coalición Fuerza y Corazón por México pero no se han definido las candidaturas y que al PRI tiene el siglado para postular candidato al Senado en Guerrero porque tiene mejor votación que el PRD, “mi interés sigue vigente”.
Del alegato que sostuvo el PRD de que la candidatura al Senado le correspondía a ellos porque ese fue el acuerdo en 2021, el perredista insistió en que solo son las siglas las que tiene el PRI y que quien sea electo candidato será registrado por ese partido “quien mejor posicionado esté”.
–¿Evodio sigue aspirando al Senado?
–Evodio está trabajando hoy para que le vaya bien a la coalición y lógicamente vamos a revisar los mecanismos que tengamos que revisar y tendrán que ser los dirigentes lo que determinen quien es el mejor posicionado.
Agregó que le hubiera gustado que en el acuerdo de los tres partidos se hubieran determinado los nombres pero no se pudo por cuestiones legales.

Gobiernos rebasados

Evodio Velázquez opinó que a un mes del huracán Otis las autoridades de los tres niveles de gobierno están rebasadas pues no han podido con la acumulación de basura en la ciudad y eso es emergencia sanitaria.
Agregó que el presidente debiera estar en Acapulco, en las colonias, escuchando a los ciudadanos y verificando que la ayuda llegue a los afectados. A los diputados federales de Morena les dijo que vengan a Guerrero a informar que no hay ni un peso para la entidad en el presupuesto 2024.
“Lo que quieren es llenarte de enseres, de despensas, de programas para aligerar el peso político de no haber atendido con oportunidad la emergencia”.

 

Las observaciones de la ASF son para el gobierno anterior pero las atenderá, dice Norma Otilia

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez en conferencia de prensa en el Palacio Muni-cipal Foto: Jessica Torres Barrera

Luis Blancas

Chilpancingo

La presidenta municipal capitalina, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que las observaciones que realizó al municipio la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por irregularidades en la cuenta pública, corresponden a la anterior administración, aunque su gobierno atenderá el requerimiento.
La semana pasada la ASF informó que hubo observaciones a 15 municipios por el mal manejo de recursos públicos, entre ellos está Chilpancingo, que deberá aclarar 7 millones de pesos 936 mil 790 pesos ejecutados como “servicios generales e inversión pública”.
En conferencia de prensa matutina en el Palacio municipal, Hernández Martínez precisó que estas observaciones corresponden al ejercicio fiscal 2021, del periodo enero y septiembre de la anterior administración, y que la ASF auditará en marzo su primera cuenta pública del 2022.
Recordó que hace un año la ASF notificó al municipio una observación de unos 8 millones de pesos, del ejercicio fiscal 2021 que corresponde a la anterior administración, “por lo que seremos responsables para dar seguimiento a lo que corresponde”.
Dijo que a nivel nacional Acapulco y Chilpancingo son los municipios más auditados, y lo más observado es la infraestructura, “a nosotros no van hacer la primera auditoría de la cuenta pública del 2022, por eso estamos apurados para comprobar los requerimientos que nos solicitan”.

No le ha informado la FGE del caso de los incendios provocados

Por otra parte, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no se ha pronunciado sobre los incendios provocados en el restaurante El Marino, donde murieron calcinados el velador y su hijo, ni de los 12 locales del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla el 20 de febrero pasado, e insistió que le informe de los avances de las investigaciones.
Hernández Martínez comentó que atender el problema de inseguridad depende de los tres órdenes de gobierno y de los ciudadanos, que el municipio está haciendo lo propio en la prevención del delito, y agregó que la Fiscalía y la Mesa de Coordinación para la Paz deben de informar sobre las investigaciones de algún hecho y proceso penal de un presunto delincuente.
“La Fiscalía no ha dado ningún pronunciamiento de los hechos que ocurrieron el 20 de febrero, me encantaría que nos pudieran informar de los avances, por ejemplo los policías que agarran a los delincuentes no sabemos qué trato les están dando, si los ponen en libertad o en proceso”, expresó.
Por su parte, la secretaria de Se-guridad Pública y Protección Ciu-dadana, Martha Isela Velázquez Adame informó que continúan los recorridos de militares, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales en el corredor del Valle del Ocotito, en donde se instaló una base de operación tras la petición de los comisarios que solicitaron seguridad en esta zona.
El 18 de febrero ocho integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, que antes pertenecían a la UPOEG, fueron detenidos y su base desmantelada en la comunidad Buenavista de la Salud, tras una irrupción por policías estatales, militares y efectivos de la GN.
Velázquez Adame informó que a traves de los operativos de los tres órdenes de gobierno, de enero la fecha han detenido 17 personas por los delitos de violencia familiar, robo dentro de un vehículo, casa habitación, violación, por portación de arma de fuego y cartuchos, robo de motocicleta, negocio y acoso sexual.
Además, han detenido 98 personas por faltas administrativas, por alteración de orden público, inhalar sustancias tóxicas, realizar necesidades fisiológicas en vía pública, agresión, graffiti y faltas a la moral.

 

Se solventaron 81% de observaciones de la ASE a cuentas de 2021, responde el contralor Loría

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado, Eduardo Gerardo Loría Casanova, informó que de las observaciones por 266 millones de pesos que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública 2021 al gobierno del estado, municipios y Poder Judicial, ya están solventados 217 millones.
Loría Casanova aseguró que 2021 “ha sido el mejor año para Guerrero”, porque anteriormente siempre salía “con muchos montos observados”.
Detalló que la ASF fiscalizó el presupuesto federal autorizado de ese año, que fue de 61 mil millones de pesos, de los que se fiscalizaron 56 mil millones, es decir, un 92 por ciento. Agregó que se realizaron 57 auditorías, 23 al gobierno del estado, dos a órganos autónomos –el Con-greso y Poder Judicial– y 32 a 26 gobiernos municipales.
Manifestó que a pesar de que los ayuntamientos son autónomos y tienen sus órganos de control, les envió un oficio a nombre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda exhortándolos a solventar las observaciones.
Contó que la ASF les debe notificar oficialmente dichas observaciones, y a partir de ahí tienen 90 días para presentar la documentación de prueba, aunque precisó que aún no reciben dicha notificación.
“De los 56 mil millones de pesos, nos observaron 266 millones, pero antes de que nos lleguen las notificaciones para todo Guerrero, ya están entregados 217 millones (el 81 por ciento), es decir, ya nada más nos queda por presentar 48 millones, los otros ya los tiene la Auditoría Superior ya los está analizando”.
Celebró que en Guerrero se ha avanzado, porque dijo que la misma ASF sacó un indicador en el que en 2013 tenía una calificación de 62 por ciento de cumplimiento y eficiencia del gasto federal, y “hoy tenemos el 93 por ciento, ya nos estamos acercando al 100”.
Se le preguntó por 45 millones de pesos que según la ASF el gobierno estatal pagó como “deuda pública” con dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), lo que no está autorizado por la ley, y explicó que “se debe a que la federación no reconoció a todo el personal que está en la nómina, pero no le paga a todo el personal, y es necesario, no se tiene presupuesto; no sé cuántos sean ahorita, pero eran cerca de 3 mil trabajadores, y se toma del impuesto en lugar de enterarlo, se les paga con eso y esa observación persiste”.
Argumentó que al pagar deudas históricas se aplican a la deuda más antigua, “eso ya lo hace la federación, parece que no estás pagando nada, pero se le sigue abonando”, añadió que es un problema de varios estados y que informará a la gobernadora de qué tamaño es la deuda.
Expuso que en esta administración morenista podría ocurrir lo mismo, y se debe hablar con el gobierno federal para que considere esa parte, “imagínate dejar sin empleo a dos o tres mil personas sería un caos”.

 

Realiza la ASF observaciones al gobierno de Acapulco por 64 millones de gastos en 2021

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones para que el gobierno municipal de Acapulco aclare 64 millones 150 mil 345.80 pesos, porque generó “un probable daño a la Hacienda Pública Federal”.
Detalla que pagó a empresas por la recolección de desechos sólidos, de lo cual no se acreditó la prestación de dicho servicio.
También, afirmó que el gobierno municipal pagó por trabajos “que no corresponden a los conceptos y volúmenes establecidos en el contrato, por el pago de equipos de bombeo de los cuales se presume la falsificación de las facturas y de los que no se acreditó que correspondieron a equipos nuevos, ni que fueron sustituidos; por el pago de cantidades adicionales (volúmenes excedentes) de obra los cuales carecieron de la autorización para su ejecución, y por irregularidades en los procesos de adjudicación y contratación de los servicios y las obras públicas”.
La ASF publicó en febrero de este año, la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2021, Indicó que en la auditoria de cumplimiento 2021-D-12001-19-0967-2022, se revisó de manera pormenorizada el cumplimiento del gobierno municipal de Acapulco sus procedimientos de “adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, así como de contratación de obra pública y los servicios relacionados con la misma, para los contratos que impliquen, total o parcialmente, recursos de Gasto Federalizado del ejercicio 2021, incluidas las Participaciones Federales, así como fiscalizar la ejecución y cumplimiento de los mismos”.

Contratos auditados

Expuso que auditó la gestión y ejecución de los recursos destinados a la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, de los cuales, se revisó una muestra de 151 millones 750 mil 600 pesos, correspondiente a 15 contratos de obra pública y cinco contratos de prestación de servicios.
La ASF sostuvo que el gobierno municipal de Acapulco infringió la normativa en la aplicación de los recursos destinados para el financiamiento de 20 contratos, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero y de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, para el ejercicio fiscal 2021.
“Lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 64 millones 150 mil 334.80 pesos, principalmente por el pago de la prestación del servicio de recolección de desechos sólidos, del cual no se acreditó la prestación de dicho servicio, por la falta de aplicación de penas convencionales, por el pago de trabajos que no corresponden a los conceptos y volúmenes establecidos en el contrato”.
También generó un probable daño por “el pago de equipos de bombeo de los cuales se presume la falsificación de las facturas y de los que no se acreditó que correspondieron a equipos nuevos, ni que fueron sustituidos, por el pago de cantidades adicionales (volúmenes excedentes) de obra los cuales carecieron de la autorización para su ejecución, y por irregularidades en los procesos de adjudicación y contratación de los servicios y las obras públicas”, sin detallar sobre qué obras.
Expuso que se determinaron 24 resultados, de los cuales, en tres no se detectaron irregularidades y dos fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes generaron 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y 13 pliegos de observaciones.
En el dictamen la ASF expone que de los contratos del gobierno de Acapulco, cinco son por prestación de servicios y 15 de obras públicas, los que fueron financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2021.
Detalló que al 31 de diciembre de 2021, el municipio de Acapulco comprometió 151 millones 750 mil 600 pesos y pagó 134 millones 413 mil 200 pesos, que representaron el 88.6 por ciento de los recursos federales destinados a los 20 contratos fiscalizados y, al 31 de marzo de 2022, ejerció todos los recursos.
Si embargo, expresó que el probable daño a la Hacienda Pública federal era por un importe de 64 millones 150 mil 334.80 pesos, que representó el 42.3 por ciento de la muestra auditada.

Faltó transparencia

Concluyó que el gobierno municipal de Acapulco “no realizó un ejercicio eficiente ni transparente en el cumplimiento de la legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de contratación de obra pública y los servicios relacionados con la misma, para los contratos financiados con recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2021”.
El 1 de octubre de 2021, comenzó la administración de la morenista, Abelina López Rodríguez. Ese primer día informó que rescindiría contratos con empresas de recolección de basura porque ahí estaba el business, con los moches, y que ella no iba ni a robar ni hacerse rica.
Detalló que en el gobierno anterior de la también morenista, Adela Román Ocampo, se asignaban 387 millones de pesos anuales para dos empresas con 25 camiones para la recolección de basura.
López Rodríguez dijo que no continuaría por esa ruta, por ello, se aprobó en el Cabildo solicitar un crédito de 200 millones de pesos para la compra de 35 camiones recolectores, tres camiones de volteo, y 34 pipas de agua. Y fue hasta el 3 de mayo de 2022, cuando el gobierno municipal recibió la factura de propiedad de los 35 camiones recolectores adquiridos por 99 millones de pesos, de acuerdo con Alejandro Sotelo, coordinador general de los Servicios Públicos Municipales.

Pide la ASF al TSJ aclarar gastos por 54 millones de pesos del presupuesto de 2021

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero aclarar 54 millones 442 mil 920 pesos, debido a que no proporcionó evidencia documental sobre su destino y aplicación; es decir, del gasto de “servicios personales”, que comprende “las remuneraciones de los servidores públicos, el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias”, y no corresponden esos recursos económicos adicionales a la estimación prevista en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.
De acuerdo con la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 de la ASF, al revisar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Guerrero es uno de los nueve estados a los que les pidió aclarar a los poderes judiciales el incremento de recursos destinados a la asignación global de “servicios personales”.
En el caso de Guerrero, de acuerdo con los resultados de la auditoría 2021-E-12007-19-0963-2022, el Poder Judicial incurrió “en inobservancias”; es decir, falta de cumplimiento de la normativa, lo que generó una cuantificación monetaria de las observaciones por 54 millones 442 mil 920 pesos, mismos que “corresponden a recursos adicionales a la estimación prevista en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, de los cuales no proporcionó evidencia documental sobre su destino y aplicación”.
Sostuvo que identificaron irregularidades administrativas consistentes en que el Poder Judicial no realizó ni incluyó las proyecciones de finanzas públicas (de ingresos y egresos) que integran los importes correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2021 y los resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas que abarcan un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal 2020.
Mencionó que el TSJ de Guerrero “asignó recursos para el capítulo 1000 de Servicios Personales, cuyo monto no fue coincidente con el Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2021 debido a que en este último se presentó de manera global el presupuesto asignado al Poder Judicial y no hay una desagregación por capítulo de gasto”.
Expuso que el TSJ de Guerrero no incluyó en su proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 en una sección específica las “erogaciones correspondientes al gasto de servicios personales, la cual comprendiera las remuneraciones de los servidores públicos, el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias, el cual incluyera las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones”.
Mencionó que el Poder Judicial del estado no informó de “las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral”, además asignó “recursos para servicios personales, el cual incrementó durante el ejercicio fiscal 2021 y bajo el momento contable del pagado registró recursos los cuales no rebasan el monto aprobado”.
Precisó que el monto pendiente por aclarar por parte del Poder Judicial del estado es de 54 millones 442 mil 920 pesos, además, determinó 15 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y los cinco restantes generaron: una solicitud de aclaración y cuatro promociones de responsabilidad Administrativa Sancionatoria, de las que no dio más detalle.
La ASF en su dictamen indicó que “revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Poder Judicial del estado de Guerrero, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2021, argumentó que la auditoría “se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable (el TSJ del estado)”.
Indicó que para el ejercicio 2021, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado de Guerrero, se elaboraron contrario a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Sin embargo, señaló que el Poder Judicial del estado sí generó balances presupuestarios y de recursos disponibles sostenibles; no excedió el límite establecido por la normativa en la asignación de recursos para servicios personales; contó con un sistema de registro y control de erogaciones personales y un sistema de contabilidad gubernamental denominado Sistema Integral de Información y Pagos al Personal y Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.
El 1 de diciembre de 2021, tomó protesta como presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez, quien fue elegido el 18 de noviembre en sesión pública por mayoría de votos. Antes de Casarrubias Vázquez, el magistrado presidente del TSJ del estado fue Alberto López Celis.

 

Dará facilidades para que la ASF investigue el subejercicio por 37 millones, dice Evodio

 

 

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre dijo que se cuidan “muchos detalles” para no tener observaciones en el futuro, luego de que ayer se dio a conocer que el estado acumula 124 observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las que dos son de Acapulco.
El lunes, en estas páginas se publicó que el gobierno del estado acumula 124 observaciones de 2009 a 2014, y que Acapulco tiene dos, entre las que destaca que hay un subejercicio por 37 millones 803 mil un pesos y la ASF reclama que se explique el porqué no se gastó ese dinero al 31 de julio de 2015, que fue en los gobiernos de Luis Walton Aburto y Luis Uruñuela Fey.
En declaraciones durante la protesta de padres de familia en la avenida Cuauhtémoc, Velázquez Aguirre indicó que “nosotros hasta el momento hemos cumplido en tiempo y forma, hemos estado cuidando mucho los detalles para no tener observaciones en un futuro”.
Agregó que “espero que se puedan hacer las comprobaciones pertinentes. Mi gobierno dará todas las facilidades para que puedan hacerse las comprobaciones por la anterior administración, no tenemos más que apoyar en esa parte”.
El alcalde consideró que Acapulco no es un municipio que tenga muchos migrantes en Estados Unidos, pero que está atento con la federación de migrantes de esa situación. Esto luego de la propuesta del presidente electo de Estado Unidos, Donald Trump, de deportar de 2 a 3 millones y medio de inmigrantes de forma inmediata.

Persiste mala percepción en seguridad

De la situación de inseguridad, el alcalde insistió que “estoy haciendo lo que me toca hacer, lamentablemente cambiar una situación que tiene años de agravarse en Acapulco es muy complicado, no traes varita mágica para ello”.
Dijo que las estadísticas han demostrado que hay una disminución de los asesinatos, “pero no es lo mismo que la percepción de la ciudadanía. El sentir de la ciudadanía es que quieren seguridad de inmediato, entonces estamos haciendo lo pertinente y todo lo que humanamente se puede hacer”.
Evodio Velázquez reiteró que están en proceso de liquidación 170 policías que no pasaron los exámenes de seguridad y confianza, y que hasta ayer no había conflicto con ellos por su baja.
Dijo también se está preparando a los asistentes turísticos para incorporarlos como policías municipales.

 

 

Por observaciones aún no llegan los recursos para el emboyado de playas, dice la Zofemat

El director de la Zofemat, César Alejandro Galeana Salas, informó que integrantes del Comité del Fondo de Zona Federal hicieron observaciones al proyecto de emboyado que el municipio presentó, y que por ello aún no se autorizan los recursos.
Consultado después de asistir a la ceremonia de Lunes de Bandera, en el Palacio Municipal, donde se contó con la presencia de alumnos del kínder 16 de Septiembre, ubicado en la colonia Ex Campo de Tiro, Galeana Salas explicó que los ingresos de la Zofemat van a rebasar la meta de recaudación para este año, que son de 47 millones de pesos.
Al preguntarle si habrá emboyado en las playas luego de que en la sesión de Cabildo pasada, la regidora panista Gloria Sierra presentó un acuerdo, el funcionario respondió: “van un 90 por ciento avanzadas las pláticas con el comité para su aprobación, hemos estado solventado todas las observaciones de la Semarnat precisamente para tener un emboyado de calidad”.
Dijo que las observaciones que la Semarnat hizo fue que se tiene que hacer un estudio de marea, corrientes, del fenómeno Mar de Fondo, porque no es el mismo emboyado para la playa Tlacopanocha, donde el oleaje es tranquilo, al que hay en la playa Icacos.
“Los estudios son para que el material del emboyado sea de acuerdo con la demanda de los peores escenarios, que resista y no se reviente, por ello esperamos que la autorización sea en este año para ejercerse en 2017”, detalló.
Recordó que el municipio presentó un proyecto para las playas de la bahía, además de Caleta y Caletilla, y Revolcadero, pero explicó que conforme se den los estudios de impacto ambiental y sustentabilidad “van a salir los proyectos”.
Galeaga Salas no precisó cuándo se pondrá el emboyado en las playas, porque están en espera de que el comité de la Zofemat dé el visto bueno de lo que han “pedido solventar, en ese momento empezamos con la licitación y todo lo que por ley se tiene que hacer”.
De la recaudación de la Zofemat, explicó que “vamos arriba en un 11 por ciento”, que no ha bajado e incluso al año pasado “vamos por encima, las metas de recaudación de la Zofemat por el acuerdo administrativo fiscal, federación, estado y municipio”.
Abundó que la dirección esta por encima de la meta autorizada por el Comité de Zofemat y de lo que solicitó el presidente municipal Evodio Velázquez; “los números son fríos y la meta original era de 47 millones de pesos por todo el año, pero estamos hablando de que vamos a superar por uno, dos o tres millones esa cantidad”.