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Decretan extinción del fideicomiso que definía como paraestatal al Centro de Convenciones

Ramón Gracida Gómez

El gobierno estatal publicó el 11 de julio pasado en el Periódico Oficial el decreto por el que autoriza la extinción del fideicomiso público 277 que daba el carácter de entidad paraestatal al Centro Internacional Acapulco (nombre oficial del Centro de Convenciones de Acapulco) y lo desincorpora de la administración pública estatal.
Justifica esta decisión porque el inmueble ya no está en condiciones para ser usado, tiene pasivos, falta de ingresos, y aun si el gobierno estatal tuviera los recursos para rehabilitarlo, “este ya no podrá ser destinado como fuente de ingresos del Fideicomiso, ya que en él, se construirá el Hospital de Tercer Nivel” del ISSSTE.
El documento de 12 páginas sintetiza la historia administrativa de este espacio cultural, comenzando con el “Fideicomiso de Desarrollo Económico Social de Acapulco, Gro.” celebrado por el gobierno federal y Nacional Financiera S.A. el 21 de junio de 1976, y que tiene como patrimonio el Centro de Convenciones.
El 15 de julio de 1987 se publicó otro decreto presidencial con el fin de que el gobierno de México “cediera los derechos y obligaciones que como Fideicomitente tenía en dicho Fideicomiso, en favor del estado de Guerrero”.
El 27 de junio de 2009 se suscribió un nuevo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Irrevocable denominado Fideicomiso Número 277 Centro Internacional Acapulco.
El 21 de julio de 2014 se formalizó en el Diario Oficial de la Federación la entrega al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) las instalaciones del Centro de Convenciones de Acapulco, “con la finalidad de contribuir a la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística y de los recursos turísticos, así como a la promoción del financiamiento de las inversiones privadas y sociales”.
La Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal pidió en un oficio con fecha del 10 de julio pasado la extinción del Fideicomiso Público 277 por varias razones, entre ellas que un dictamen de riesgo del 16 de junio y firmado por el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, determinó “que el inmueble no se encuentra en condiciones de uso y por tanto inhabitable”.
La segunda justificación es que “que no se cuenta con presupuesto para rehabilitar el inmueble” y una tercera señala que no existen “movimientos en el Fideicomiso” desde el 2016.
Asimismo, se reportan pasivos “que a la fecha no han sido resueltos por falta de ingresos” y a la vez no hay ingresos porque el inmueble “no está en condiciones de uso”. El decreto indica que la administración estatal pasada ya había iniciado trámites para promover la extinción.
Finalmente, “aun cuando se contara con recursos para rehabilitar el inmueble, este ya no podrá ser destinado como fuente de ingresos del Fideicomiso, ya que en él, se construirá el Hospital de Tercer Nivel del ISSSTE”.
El artículo primero del decreto del gobierno estatal señala: “Se autoriza la Extinción del FIDEICOMISO PÚBLICO 277.- “CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO” y/o FIDEICOMISO PÚBLICO “CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO”, (en lo sucesivo “EL FIDEICOMISO”), con carácter de entidad paraestatal y se ordena su desincorporación de la Administración Pública Estatal”.
El decreto también abroga diversos acuerdos, entre ellos, el que crea la galería Dolores Olmedo en la Unidad de Servicios Culturales y publicado en el Periódico Oficial del gobierno estatal el 8 de julio de 1988.

 

Los consejeros del IEPC se bajaron el 10% de su sueldo base sin tocar los ingresos extras

 

Además de su sueldo base, que suma 894 mil 306 pesos al año en el caso de la presidenta y 739 mil 092 en el de los seis consejeros del Instituto Electoral y de Partici-pación Ciudadana (IEPC), los integrantes del organismo reciben ingresos por otras tres prestaciones, que elevan sustancialmente sus peercepciones.
Documentos consultados por el reportero establecen que la presidenta del IEPC, Maricela Reyes Reyes, y los otros seis consejeros, además de sus sueldos obtienen ingresos por concepto de la partida 171 (estímulos), 132 (primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año), y a través de la partida 134 (compensaciones).
A raíz de las medidas de austeridad que se están aplicando como consecuencia del alza al precio de la gasolina y al diesel, en la sesión del 17 de enero pasado, los consejeros se aprobaron un descuento del 10 por ciento a su sueldo base.
Según la página de Internet que fue consultada, la presidenta gana 212 mil 930 pesos mensuales, por lo que aplicándole el 10 por ciento de descuento percibirá 191 mil 637; mientras que los seis consejeros restantes, de 175 mil 974 pesos ahora cobrarían 158 mil 376.
Sin embargo, de acuerdo con los documentos, hasta diciembre del 2016 la presidenta recibió de sueldo base 74 mil 525.54 pesos mensuales, por lo que, al año, cobró 894 mil 306.48 pesos.
En cuanto a los otros seis consejeros, cobraron hasta diciembre pasado 61 mil 591 pesos al mes, que sumados al año alcanzan los 739 mil 092 pesos, mientras que por los seis la cantidad total fue de 4 millones 434 mil 552 pesos.
Conforme al acuerdo del 17 de enero pasado, la presidenta y los consejeros se reducirán un 10 por ciento de su sueldo base, y se entiende que sólo aplica para estas cantidades.
Sin embargo, los siete consejeros obtienen ingresos mucho más elevados que su sueldo base, mediante las otras tres partidas presupuestales del organismo.
En el capítulo 1000 de servicios personales está el concepto 1300 de remuneraciones adicionales y especiales, mediante el cual los consejeros cobraron el año pasado la partida 134 que corresponde a compensaciones.
Por este concepto la presidenta del IEPC cobró mensualmente 138 mil 404.56 pesos, y al año 1 millón 660 mil 854.72 pesos. Mientras que los seis consejeros cobraron 114 mil 383.30 mensualmente y al año 1 millón 372 mil 599.6 pesos cada uno.
En estas dos partidas se dividen los 212 mil 930 pesos que recibió la presidenta y los 175 mil 974 que obtuvieron los otros consejeros.
En el mismo capítulo 1000 y el mismo concepto 1300 está la partida 132, de la cual los consejeros recibieron el pago de la prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.
Por concepto de prima vacacional la presidenta recibió el año pasado 212 mil 930.10 pesos en dos ministraciones de 106 mil 465.05 cada una, y por gratificación de fin de año 425 mil 860.20.
Por su parte, cada uno de los consejeros obtuvo por prima vacacional 175 mil 974.3 pesos en dos ministraciones de 87 mil 987.15 pesos cada una, y por gratificación de fin de año cada uno cobró 351 mil 948.60, y por los dos conceptos 439 mil 935.75 pesos.
Igual en el capítulo 1000 de servicios personales se encontró el concepto 1700 que es el pago de estímulos a servidores públicos a través de la partida 171.
Por este concepto la presidenta recibió 106 mil 465 pesos y los consejeros 87 mil 987.
En total, sumadas todas las partidas, según los documentos consultados, la presidenta obtuvo ingresos el año pasado por el orden de los 3 millones 300 mil 416.55 pesos, un promedio de 275 mil pesos al mes, mientras que los seis consejeros obtuvieron 2 millones 639 mil 614.35 pesos cada uno, un promedio de 220 mil al mes.

Por observaciones aún no llegan los recursos para el emboyado de playas, dice la Zofemat

El director de la Zofemat, César Alejandro Galeana Salas, informó que integrantes del Comité del Fondo de Zona Federal hicieron observaciones al proyecto de emboyado que el municipio presentó, y que por ello aún no se autorizan los recursos.
Consultado después de asistir a la ceremonia de Lunes de Bandera, en el Palacio Municipal, donde se contó con la presencia de alumnos del kínder 16 de Septiembre, ubicado en la colonia Ex Campo de Tiro, Galeana Salas explicó que los ingresos de la Zofemat van a rebasar la meta de recaudación para este año, que son de 47 millones de pesos.
Al preguntarle si habrá emboyado en las playas luego de que en la sesión de Cabildo pasada, la regidora panista Gloria Sierra presentó un acuerdo, el funcionario respondió: “van un 90 por ciento avanzadas las pláticas con el comité para su aprobación, hemos estado solventado todas las observaciones de la Semarnat precisamente para tener un emboyado de calidad”.
Dijo que las observaciones que la Semarnat hizo fue que se tiene que hacer un estudio de marea, corrientes, del fenómeno Mar de Fondo, porque no es el mismo emboyado para la playa Tlacopanocha, donde el oleaje es tranquilo, al que hay en la playa Icacos.
“Los estudios son para que el material del emboyado sea de acuerdo con la demanda de los peores escenarios, que resista y no se reviente, por ello esperamos que la autorización sea en este año para ejercerse en 2017”, detalló.
Recordó que el municipio presentó un proyecto para las playas de la bahía, además de Caleta y Caletilla, y Revolcadero, pero explicó que conforme se den los estudios de impacto ambiental y sustentabilidad “van a salir los proyectos”.
Galeaga Salas no precisó cuándo se pondrá el emboyado en las playas, porque están en espera de que el comité de la Zofemat dé el visto bueno de lo que han “pedido solventar, en ese momento empezamos con la licitación y todo lo que por ley se tiene que hacer”.
De la recaudación de la Zofemat, explicó que “vamos arriba en un 11 por ciento”, que no ha bajado e incluso al año pasado “vamos por encima, las metas de recaudación de la Zofemat por el acuerdo administrativo fiscal, federación, estado y municipio”.
Abundó que la dirección esta por encima de la meta autorizada por el Comité de Zofemat y de lo que solicitó el presidente municipal Evodio Velázquez; “los números son fríos y la meta original era de 47 millones de pesos por todo el año, pero estamos hablando de que vamos a superar por uno, dos o tres millones esa cantidad”.

 

 

Prevé el ayuntamiento de Chilpancingo ingresos por 696 millones 482 mil pesos en el 2017

 

El gobierno municipal de Chilpancingo, que preside el priista Marco Antonio Leyva Mena, presentó al Congreso local un proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 de 696 millones 482 mil 609 pesos.
Este monto representa un incremento del 11.08 por ciento, 69 millones 451 mil 517 pesos, en comparación con la recaudación que se calculó para 2016, de 627 millones 31 mil 91 pesos.
A pesar de que el abastecimiento de agua en la capital sigue siendo uno de los principales problemas de la capital, la propuesta de Ley de Ingresos plantea un incremento en el servicio del 3 por ciento.
En declaraciones por teléfono, el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH), Nabor Ojeda de la Peña Otero, advirtió que se viene un año complicado para la paramunicipal, pues explicó que además de que el incremento en el servicio es mínimo, los pagos que hace esa institución a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) van en aumento.
Aunado a ello dijo que sólo el 45 por ciento de los usuarios están al corriente en sus pagos, lo que impide mejorar la situación financiera de la CAPACH.
Según la propuesta de Ley de Ingresos, de la que El Sur tiene una copia, del monto total que se pretende recaudar en la capital el próximo año, el 88.79 por ciento corresponde a participaciones y aportaciones federales, que representa 618 millones 459 mil 729.07 pesos.
Se calcula que los ingresos propios del municipio serán por un monto de 78 millones 22 mil 880.08 pesos, de los que 53 millones 195 mil 900 corresponden a recaudación por impuestos, 18 millones 795 mil 476 a derechos, un millón 652 mil 457 por productos de tipo corriente, y 4 millones 379 mil por aprovechamientos de tipo corriente.
Del monto de recaudación que se calculó para 2017, 602 mil 30 pesos corresponden a las ganancias que dejarían al gobierno municipal los parquímetros.
El gobierno de Chilpancingo calcula percibir 224 millones 378 mil 543.20 pesos de participaciones federales, 306 millones 257 mil 152.27 de aportaciones estatales y 87 millones 824 mil 33.60 de convenios.
En cuanto al servicio de abastecimiento de agua potable para los capitalinos, el incremento es de apenas el 3 por ciento. En el actual ejercicio fiscal, el monto mínimo para el uso doméstico (de 0 a 10 metros cúbicos de agua) es de 41.31 pesos, mientras que para el 2017 la propuesta es que se incremente a 50.
Para el uso comercial, en este año el cobro mínimo es de 204.61 pesos, mientras que para 2017 es de 210; respecto al servicio público, la tarifa mínima es actualmente de 236.20 pesos, y el proyecto plantea 243.
La venta de agua en pipa también tiene un incremento en las unidades de 3 mil 500 litros. En este año la tarifa es de 369.51 pesos pero para 2017 la propuesta es de 384.29 pesos.
Consultado ayer el director de la CAPACH, Nabor Ojeda de la Peña explicó que el incremento general en los servicios de agua es de apenas el 3 por ciento porque así lo estableció la Secretaría de Hacienda.
Comentó que ese incremento es mínimo y no representa una gran ayuda para la paramunicipal, ya que los pagos por el consumo de energía eléctrica van en aumento, por lo que el techo presupuestal de la Comisión se ve rebasada.
Aunado a ello, recordó que sólo el 45 por ciento de los usuarios están al corriente con sus pagos, por lo que se emprenderán acciones para invitar a la población a regularizarse a fin de incrementar los ingresos por el servicio de abastecimiento de agua.
Comentó que la meta será lograr que al menos el 65 por ciento de los usuarios paguen en tiempo y forma el servicio, y dijo que si bien esto no resolvería del todo los problemas financieros de la Comisión, “sí nos dejaría tablas” con los gastos de operaciones.
En la exposición de motivos de la propuesta de Ley de Ingresos que presentó el gobierno de Chilpancingo al Congreso local, se lee que la escasez de agua “cada vez es más frecuente”.
La situación “impone necesariamente buscar solucionar a través de mecanismos de planificación que permitan incrementar la producción de agua. Mediante la utilización de nuevas tecnologías y potenciar la eficiencia en el empleo del agua, fomentando la educación en el buen uso del agua como recurso vital y escaso e inculcando la cultura de cuidado de este liquido en su preservación, reutilización y pago de los servicios públicos”, señala el documento.
En la iniciativa, los montos por sanciones impuestas por la dirección de Tránsito derivado de infracciones a automovilistas y motociclistas, así como los impuestos de vendedores ambulantes, no sufrieron ningún incremento.
Para el pago del predial, el planteamiento es que las contribuciones no serán menores de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que actualmente es de 73.04 pesos.
Si bien en algunos impuestos y servicios el costo se mantiene, y en otros el incremento fue también de apenas el 3 por ciento, hay conceptos que se agregaron y que en la Ley de Ingresos 2016 no existen.
Un ejemplo está en el apartado de Licencias para construcción de edificios o casa habitación, en donde se agregó la figura de casa habitación de interés social plurifamiliar horizontal o vertical.
Además, en lo que respecta a ingresos por la ocupación o el aprovechamiento de la vía pública, las empresas que instalen casetas o estructuras de todo tipo para la prestación del servicio de telefonía, venta de bebidas refrescantes, galletas o frituras, por cada una la cuota anual será de 2 mil 744.80 pesos.
En 2016 el cobro es de 344.44 pesos y sólo contemplaba la instalación de casetas telefónicas.
En la iniciativa de Ley de Ingresos, el gobierno municipal argumenta que “múltiples empresas de telefonía han establecido su servicio en la vía publica en forma también indiscriminada, lucrando con los bienes patrimoniales del Ayuntamiento sin repercutir en mejoras para los habitantes de la ciudad”.
Explicó que esas estructuras entorpecen el tránsito de los transeúntes en las aceras y sitios públicos “sin tener autorización alguna de por medio, haciendo caso omiso de las disposiciones municipales”.

 

 

Una caída de los ingresos hacendarios, la causa del recorte al estado, dice Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores explicó que la reducción de las aportaciones federales al estado este mes se debe a una caída en los ingresos hacendarios, los que dependen de la captación vía impuestos.
“Esto va a complicar que podamos realizar gastos que están dentro del gasto corriente, primero contratar personal, hacer gastos de información, una serie de cosas… viáticos, teléfono”, describió.
Al concluir la entrega del premio al mérito jurídico, realizada en la Sala de la República de la Casa Guerrero, el gobernador abordó el tema del segundo recorte al presupuesto federal que anunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que afectó a Guerrero por la retención de 554 millones de pesos de las participaciones federales.
“Esta reducción se debe a las bajas de participaciones, ¿en qué consisten las bajas?, pues que en este fondo se da en base al ingreso hacendario, dependiendo de lo que se pague en base al presupuesto de la propia federación”, agregó.
Subrayó que esta reducción es un mensaje de que en el país se está captando menos dinero en Hacienda, que por consecuencia hay una disminución en los fondos, por lo que “la ciudadanía está pagando menos de lo que se pensó o programó, puede ser que el próximo mes se pague más”.
Dijo que su gobierno no es “gastalón”, sino que trata de actuar en la ruta de la prudencia.
Recordó que existe un fondo de compensación, pero no es al 100 por ciento, por lo que sólo regresa “algo” de dinero, pero para ello pasan “meses”.

Violencia

El gobernador coincidió con el fiscal Xavier Olea Peláez respecto a que existirá un reacomodo del crimen organizado en la Costa Grande, provocado por la detención del líder de Los Caballeros Templarios en esa zona, Edilberto Bravo Barragán, alías El Gavilán, que operaba en Zihuatanejo, Petatlán y La Unión.
“Yo creo que cuando pasan ese tipo de detenciones, hay reacciones, no deseo que existan, pueden existir”, agregó.
A pregunta expresa sobre qué operativo desplegará el gobierno del estado para evitar el reacomodo de los grupos delictivos que operan en la Costa Grande, mencionó que se debe reforzar una serie de lugares donde “principalmente se han presentado hechos delictivos”.
Se le preguntó cuántos y qué lugares son los que necesitan que se refuerce la seguridad, y dijo que no tenía idea.
Recordó que la idea es reforzar también con el apoyo del Ejército, además de que se espera la llegada de la Policía Federal, que fue enviada a Oaxaca para atender las movilizaciones magisteriales.
Durante la consulta un reportero le preguntó sobre las declaraciones del presidente de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, quien dio a conocer que los ganaderos de ese municipio se han armado para evitar seguir siendo víctimas de la delincuencia, y el gobernador sólo dijo que es una situación lamentable pero que se está a la espera de los policías federales para reforzar la seguridad en la zona.
Movimiento magisterial

Respecto al anuncio del despido de mil 200 maestros, Astudillo Flores señaló que esa es la ruta y que se cumplirá con la ley, pero que no es su deseo.
“Bueno, en los términos de ley es un asunto que está contemplado, la realidad es que nosotros como lo hemos expresado… del gobernador nunca ha sido su deseo”, agregó.
Un reportero le preguntó sobre el anuncio que realizó el secretario de Educación, José Luis González de la Vega, sobre el despido de mil 200 maestros, a lo que contestó que “es una ruta que está ahí, que por supuesto hay que darle cumplimiento de ley, es un asunto que a mí no me gusta, punto y aparte”.

Superan las remesas de migrantes el presupuesto de Ingresos del municipio: regidor

 

El presidente de la Comisión de Atención y Participación Social de Migrantes, Arturo López Sugía, resaltó que las remesas enviadas a Acapulco superan el presupuesto de Ingresos que se aprobó el miércoles para el municipio.
López Sugía informó que Acapulco pasó de ser el municipio número 66 al 1 entre los expulsores de ciudadanos a Estados Unidos por la falta de trabajo, según información del Instituto Nacional de Migración.
Los integrantes de la comisión coincidieron en que se deben de coordinar los trabajos con los migrantes para que se apliquen programas como el 3×1 en Acapulco.
La instalación de la Comisión de Atención y Participación Social de Migrantes se realizó en la sala de juntas de regidurías. Ahí el presidente de la misma expuso que, de acuerdo con las cifras de 2014 del Banco de México, se enviaron a familias en Acapulco 2 mil 788 millones de pesos, más que lo del presupuesto de Ingresos para el próximo año, que es de 2 mil 639 millones de pesos.
Indicó que hay unos nueve mil acapulqueños migrantes, y que la última ocasión que el Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam) autorizaron obras en Acapulco fue en 2012.
Propuso como plan de trabajo vincular al Ayuntamiento con los migrantes y sus familias para tener un diagnóstico más cercano de sus necesidades y reactivar el programa 3×1, así como vincular y colaborar con autoridades federales y estatales para apoyar a los paisanos y establecer un número gratuito para que ellos puedan contactar a su familias o avisar a las autoridades las dificultades que enfrenten para recibir orientación.
Los regidores coincidieron en que se requiere poner atención no solo a los migrantes sino a las familias que son los que viven en Acapulco, así como reactivar programas como el 3×1.
El regidor del PRI, Luis Miguel Terrazas, dijo que se tiene una deuda pendiente con los migrantes y que se debe de trabajar para que se sientan respaldados por el municipio.
El regidor del PRD, Vladimir Baciez Romero, señaló que él estuvo trabajando ilegal en Estados Unidos y Canadá, que sabe de los miedos que tienen los migrantes, y consideró que deben de ser un tema toral en el Cabildo.
En la Comisión también participan el síndico Ilich Lozano Herrera; los regidores del PRD, Amilcar García; del PVEM, Enrique Granados; del PAN, Marbella Salas y del PRI, Brigida Trani.
Ayer también se instalaron, en diferentes horas y salas, la Comisión de la Mujer, encabezada por la regidora del PRD, Verónica Cadena Saligán. En la sesión se hizo el compromiso de mejorar la situación de las mujeres, principalmente de las indígenas que siguen enfrentando el machismo y no reciben atención médica adecuada por la prohibición de los esposos.
Y se instaló la Comisión de Comercio y Abasto que preside la regidora del PRI, Emma Reyes Hernández.

Demuestran recibos del gobernador pagos superiores a lo aprobado en el Congreso

En junio de 2002 obtuvo percepciones por 412 mil pesos

 Los diputados Max Tejeda y Noriega Cantú obtuvieron cheques directos el Ejecutivo en julio de 2003. Al sanchista Alvaro Leyva le pagaron 100 mil pesos el 23 de marzo de 2004

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

El gobernador Rene Juárez y colaboradores cercanos a él podrían estar obteniendo ingresos superiores a lo que aprobó el Congreso local en el presupuesto de egresos, según copias de recibos de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) del gobierno estatal que se encuentran en poder de El Sur.

Copias de recibos y de cheques, así como de otros documentos, evidencian también el pago de cantidades hasta por 100 mil pesos para diputados locales del Partido de la Revolución del Sur (PRS) y del PAN, así como para el disidente priísta, cercano al ex aspirante a la candidatura a gobernador del PRI, Carlos Sánchez Barrios, Alvaro Leyva Reyes.

Según el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso local para 2003, el gobernador René Juárez debería ganar un salario de 83 mil pesos mensuales, sin embargo según copias de recibos, sólo en el mes de junio del 2002 el gobernador obtuvo percepciones por 412 mil pesos.

Y es que de acuerdo a las copias de los recibos de ese mes de junio del 2002, Rene Juárez cobró 250 mil pesos por concepto de “bono trimestral a la productividad” a través del cheque de la Sefina 6248189, asimismo, con el cheque 6248187, cobró 132 mil pesos por concepto de sueldo correspondiente a ese mismo mes de junio y 30 mil pesos más con el cheque 6248188 por concepto de “gastos de representación”.

Sin embargo ya en el mes de agosto del 2003 René Juárez aparece cobrando un salario con recibos de la Secretaría de Finanzas y Administración de 95 mil 392 pesos, pero además ese mismo mes cobró 60 mil pesos por concepto de gastos de representación, lo que ampara una cantidad de 155 mil 392 pesos.

Otros recibos corresponden a las percepciones de la secretaria particular del gobernador Rene Juárez, Dina Villanueva Ríos, quien en febrero de este año obtuvo ingresos por 90 mil pesos, toda vez que de acuerdo al recibo 0748926, tiene un salario mensual de 75 mil pesos, pero sumado a ello, ese mismo mes firmó un recibo por 15 mil pesos por concepto de “erogaciones contingentes”.

También existen documentos que evidencian que diputados de partidos de oposición del Congreso local reciben recursos directos del gobierno estatal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Finanzas, ello se comprueba con la copia del cheque del banco Santander Mexicano número 0009664 expedido por la Sefina el 01 de julio de 2003 por 50 mil pesos a nombre del diputado del PAN, Max Tejeda Martínez.

Asimismo existe una copia del cheque del banco BITAL expedido por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado con fecha primero de julio del 2003 que ampara la cantidad de 100 mil pesos y que habría recibido el diputado del PRS, Heriberto Noriega Cantú.

Pero no solamente los diputados de oposición habrían recibido recursos directos del gobierno estatal, también disidentes priistas, uno de ellos es el simpatizante del diputado Carlos Sánchez Barrios, ex aspirante a la candidatura a gobernador del PRI, Alvaro Leyva Reyes, quien con fecha 23 de marzo de 2004 habría recibido 100 mil pesos por concepto de “ayudas apremiantes”.

Otro funcionario, Fernando Espinosa Avila, quien labora en la oficina de la representación del gobierno del estado en el Distrito Federal, aparece con un recibo firmado de fecha 13 de febrero de este año por 50 mil pesos por conceptos de “erogaciones contingentes”.

Otra funcionaria, la delegada administrativa comisionada en Casa Guerrero, Mary Kenia Alcaraz Mejía, habría recibido el 15 de diciembre del 2003, 30 mil pesos “por concepto de “fin de año”, cuando trabajadores del gobierno estatal se quejaron porque sus aguinaldos fueron raquíticos y en muchos de los casos, no rebasaron los mil pesos.

Niega Fernando Aragón que haya actos de corrupción en el área de Ingresos

* Aumentó 13.4% la recaudación en enero-febrero, informa

 El secretario de Finanzas, Fernando Aragón Gómez informó que en los dos primeros meses del año se consiguió un incremento de la recaudación del impuesto predial de 13.4 por ciento respecto al 2003, al obtenerse un ingreso de poco más de 113 millones de pesos en este rubro. Además mencionó que el año pasado se obtuvieron 3.8 millones de pesos por los intereses del dinero del Ayuntamiento en instituciones bancarias.

Aragón Gómez negó que en el área de Ingresos haya sucedido un acto de corrupción, aunque luego dijo que fue un cajero que estuvo relacionado con actos de abuso “por una cantidad mínima” que sucedió desde la administración anterior, a pesar de que el 5 de marzo, el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Juan Pablo García Murguía, dio a conocer que habían varias denuncias penales contra ex trabajadores, una de ellas contra una ex empleada del área de Ingresos por peculado, al tomar dinero que aportaban los contribuyentes, y que se efectuó en el gobierno de López Rosas.

En declaraciones a los reporteros, después del comienzo de la colecta de la Cruz Roja, y luego de que el alcalde Alberto López Rosas reiteró que su gobierno logró un excedente en la recaudación en 2003, Aragón Gómez explicó que hasta el 28 de febrero hay un incremento en la recaudación del impuesto predial del 13.4 por ciento respecto al año pasado, donde en los meses de enero y febrero se recaudaron 100.3 millones de pesos y “este año recaudamos 113 millones y pico de pesos, estamos iniciando con una recaudación positiva, con una dinámica que ojalá se mantenga todo el año”.

Acerca del monto de los intereses ganados en instituciones bancarias donde el Ayuntamiento guarda el dinero, dijo que “el año pasado ascendió un poco, casi 4 millones de pesos, esa es una estrategia interna también que de manera técnica estamos llevando a cabo para maximizar el uso del recurso”. Precisó que el año pasado se obtuvieron 3.8 millones de pesos de intereses.

Además, informó que empezarán una estrategia para crear un fondo para contingencias, que esté formado de manera permanente con ingresos propios para “estar preparado ante cualquier eventualidad de la cual tendríamos que echar mano en caso de un fenómeno natural”.

Precisó que hasta el próximo año estará formalizado el fondo, pero que en 2004 empezará la formación. “Estaremos destinando al primer semestre 2 y medio millones de pesos que estarán congelados para formalizarlos al fin de año”.

Aragón Gómez también dijo que ya está preparando el informe de la secretaría correspondiente a los meses de enero y febrero para presentarlo en la sesión de Cabildo, durante su comparencia que será bimensual.

Sobre la situación del juicio que tiene la empresa Aca Verde contra el Ayuntamiento, mencionó que “está parado por el momento”, que aún no tiene una respuesta al respecto. “El laudo puede otorgarse en términos favorables o desfavorables en un porcentaje del 50 por ciento al municipio”.

Al preguntarle si el alcalde lo instruyó para poner mayor énfasis en la transparencia en el área de Finanzas, después de lo sucedido en el Distrito Federal, respondió que no, porque “el ejercicio transparente y honesto del manejo de la administración ha sido permanente desde el primer día del trabajo, y continuaremos en la misma estela, porque los resultados nos indican que vamos en la dirección correcta”.

–Se habían presentado en el área de Ingresos algunos casos de corrupción, ¿Ya pudo suplir esas deficiencias?

–No, en el área de Ingresos no ha habido ninguna corrupción, falso, es negativo.

–Se mencionaba que una persona agarraba dinero que ingresaba.

–No, quisiera ver la demanda pública en ese sentido, y cuál es el registro oficial jurídico al respecto, ha habido actos aislados de gente incongruente, deshonesta, como existen en cualquier municipio, hemos tomado las medidas inmediatas para separarlas de las cargos.

–A eso me refería, algunas personas cometieron algunos ilícitos, incluso se hizo una demanda penal.

–No, se refiere a una persona, un cajero que estuvo relacionado de abuso en sus actos, por una cantidad mínima, sucedió desde la administración anterior, consignado ante el Ministerio Público, no hemos tenido ningún caso en ese sentido, no hemos venido a combatir la corrupción, venimos a trabajar en función de la honestidad para equilibrar una práctica que no depende de la autoridad, depende también de los ciudadanos y contribuyentes. (Magdalena Cisneros).