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Deporta EU sólo a guerrerenses que no prueban que son acreedores de asilo: ONG

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Ante la cifra de más de 19 mil deportaciones de personas originarias de Guerrero de enero a noviembre de 2023, Aniceto Polanco, de la Coalición Derechos Plenos de los Migrantes, señaló que se debe ver los casos particulares de las personas a las que se están deportando.
Entrevistado por El Sur señaló que uno de los principales factores por los que se realiza una deportación de mexicanos en Estados Unidos, es la falta de comprobación y la negativa del otorgamiento de un asilo político. Añadió que las personas que se dedican a laborar en el país, no cuentan con ese problema.
La Coalición, según Polanco, se ubica en Los Angeles y trabajan desde 1997 con el objetivo de defender los derechos humanos de los migrantes, buscar una reforma migratoria “amplia, justa y generosa”, además de orientar a los migrantes para ejercer sus derechos.

La gente hoy huye a EU para salvar su vida

“En los últimos años ha habido una oleada de mexicanos, centroamericanos y sudamericanos que piden asilo político. Muchos no comprueban que son acreedores de asilo, esas personas son las que los jueces están deportando, los migrantes que venimos a trabajar como indocumentados y tenemos varios años y décadas aquí, solamente que se metan en problemas”, declaró Polanco.
Señaló que hay casos de guerrerenses que no pudieron obtener un asilo político mediante la vía legal ya que no comprobaron que pueden ser acreedores al mismo, afirmando que por esos motivos se da una ola de deportaciones, ya que la mayoría son rechazados.
“Tengo muchos paisanos guerrerenses que ya los jueces les dieron salida voluntaria o deportación, porque no comprobaron que son acreedores a un asilo, esa es la ola de deportación que se está viendo” afirmó.
Comentó que las personas que se dedican a laborar en Estados Unidos y no cuentan con papeles migratorios en regla, tienen “miedo y temor a ser deportados”, motivo por el que buscan no causar problemas y que “mientras te dediques a trabajar” no se brindan razones para la deportación.
Polanco destacó que antes la migración se daba principalmente por la situación económica del país, señalando que antes se salía de México por la pobreza, pero actualmente se huye por la violencia en la mayoría de las regiones.
“Ahora, aunque duela decirlo es la violencia, es la violencia la que acecha a nuestras comunidades. Hay pueblos enteros donde los chicos malos se apoderan de los pueblos, esa gente opta por huir para salvaguardar su vida” dijo.
Especificó que, en el caso de los guerrerenses, los regresos de las personas a sus lugares de origen pueden darse por un factor de nostalgia y un cansancio por la falta de documentos que debe brindar el gobierno estadounidense.
Destacó que, en California, estado donde reside y hay una importante comunidad de mexicanos, es un “santuario” para los migrantes, pero siguen buscando que el gobierno estadounidense brinde permisos de trabajo.
Añadió que en Estados Unidos se terminó el llamado sueño americano y los migrantes deben trabajar para sobrevivir y que hay oportunidades laborales en campos e industrias.
Agregó que una de las zonas de California en donde se ubica mayor número de guerrerenses es Santa Ana. el condado de Orange y en las ciudades la mayoría de los trabajos son de limpieza de casas, jardinería y panadería, mientras que quienes residen fuera de urbes se dedican principalmente al campo.

 

Alerta Alto Comisionado de la ONU contra la militarización de la lucha antidrogas

 

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, señaló que militarizar el combate contra las drogas facilita el uso innecesario de la fuerza y llamó a los gobiernos a estudiar la despenalización del consumo y a enfrentar el problema con un enfoque de derechos humanos y de salud pública.
El informe Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas, indica que en algunos países se utilizan cuerpos militares como respuesta a la problemática.
“Los enfoques punitivos sobre la fiscalización de las drogas, que en algunos países incluyen la militarización de las respuestas de las fuerzas del orden para luchar contra el problema, han dado lugar a una rápida escalada del uso de la fuerza letal y siguen facilitando la comisión de múltiples y graves violaciones de los derechos humanos, desde el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza hasta las ejecuciones extrajudiciales, con la correspondiente impunidad”, explica.
Y menciona que existen ejemplos en los cuales el uso de personal militar para la guerra contra las drogas, ha confundido diversas acciones como la rendición de cuentas por maltrato.
“En algunos casos, la militarización de las fuerzas del orden en en el contexto de la guerra contra las drogas, entre otras formas mediante el despliegue de personal militar, ha desdibujado la rendición de cuentas por maltrato y vulneraciones y repercutido negativamente en ella”.
De igual forma, el informe señala que el combate al narcotráfico se ha utilizado como una medida en contra del terrorismo, buscando afrontar los problemas de seguridad nacional que pueda tener un país.
“En otros casos, la militarización de la guerra contra las drogas se ha planteado como medida contra el terrorismo a fin de hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional planteadas por la delincuencia organizada implicada en el tráfico de drogas”, externa el documento.
El Alto Comisionado señala que las estrategias de castigo usadas en la guerra contra las drogas, han sido infructuosas para contener la producción y el consumo de diversas sustancias.
“Las estrategias punitivas sobre la guerra contra las drogas utilizadas en décadas no habían conseguido evitar la producción y el consumo de sustancias cada vez más diversas y numerosa”.
Agregan que el combate contra las drogas resulta en detrimento de la salud pública y resalta que las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres, son los grupos más afectados de manera social.
“El enfoque de la guerra contra las drogas era perjudicial para la salud pública y perpetuaba las pautas existentes de discriminación, en particular contra los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres”, señalan.
Además indican que los afrodescendientes y los pueblos indígenas junto a los migrantes, son “objeto de discriminación” en todas las etapas que incluye el proceso de justicia penal, debido a que llegan a tener “penas severas”.
La ONU emite 22 recomendaciones para que los “Estados y los interesados pertinentes”, desarrollen políticas eficaces basadas en los derechos humanos, entre las que destacan tomar alternativas distintas a penalizar las drogas y en caso de que se mantenga su prohibición, definir de manera clara los delitos en la ley.
De igual forma sugieren abolir universalmente la pena de muerte no solo para delitos relacionados con drogas, sino en cualquier tipo de infracción. Sugieren que el uso de la fuerza militar no debe ser permanente y deberá ser utilizada solo cuando sea necesario.
“Recurrir al uso de la fuerza militar solo de manera extraordinaria, temporal y cuando sea estrictamente necesario en circunstancias específicas. En tales circunstancias excepcionales, la participación de las fuerzas armadas debe subordinarse y ser complementaria a la de las fuerzas civiles, estar regulada y supervisada por autoridades civiles, y estar sujera a las mismas normas y procedimientos establecidos para el personal civil encargado de hacer cumplir la ley”, recomienda.

 

Lineamientos del IEPC para candidaturas afros e indígenas, más garantistas que la ley electoral

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En los lineamientos para el Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), estableció reglas que los partidos y candidaturas comunes deben cumplir, las cuales buscan ser “más garantistas” de los derechos que la ley en la materia recientemente aprobada por el Congreso local.
En el título tercero de estos lineamientos, el IEPC estableció las reglas para el registro de candidaturas indígenas, afromexicanas y para la diputación migrante.

Diputados indígenas

La principal oposición manifestada por los partidos políticos es en los lineamientos para la postulación de candidatos a diputaciones locales indígenas, porque el IEPC estableció que de los ocho municipios considerados indígenas, seis deben ser de pueblos originarios, esto a pesar de que la ley electoral establece que solo deben ser cuatro, que son el 50 por ciento.
En el artículo 56 de los lineamientos, el IEPC estableció que: “Para el registro de candidaturas a diputaciones de Mayoría Relativa, los partidos políticos deberán postular candidaturas indígenas en al menos 6 de los 8 distritos electorales considerados como indígenas, debiendo observar y garantizar que los registros se realicen de manera paritaria” es decir 50 por ciento para cada género.
Mientras que para el registro de candidaturas a diputaciones locales de Representación Proporcional, es decir los espacios plurinuminales “los partidos políticos deberán registrar cuando menos una fórmula de candidaturas indígenas, dentro de los primeros 8 lugares de la lista respectiva”, a pesar de que la ley electoral no establece ningún lugar en especifico de esta lista.
En los lineamientos se establece que para verificar el cumplimiento de adscripción calificada, las candidatas o candidatos indígenas deberán de presentar además de la manifestación de auto adscripción indígena, una constancia emitida por una autoridad que en su caso podría ser unicamente del ayuntamiento, sin que necesariamente una asamblea comunitaria lo apruebe.
Entre los requisitos se establece que deben presentar “constancias con elementos objetivos, circunstancias, hechos o constancias que acrediten el vínculo comunitario de la o el aspirante a una comunidad indígena, expedidas por las o los Comisarios Municipales, Consejo de Ancianos, Consejo de Principales, Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales, mismas que podrán tener el aval de la asamblea comunitaria, y/o en su caso, constancias expedidas por los Ayuntamientos en aquellos casos donde no sea posible que la autoridad indígena, tradicional o comunitaria expida la constancia”.
Y que en los casos en los que “las constancias que requieren el aval de la asamblea comunitaria y que no se haya podido conseguir la misma, se deberá presentar la manifestación bajo protesta de decir verdad, las circunstancias, hechos o razones por las cuales no se haya podido obtener el aval de la asamblea comunitaria y, solamente, se presente el documento suscrito por la autoridad de la comunidad indígena respectiva”.
Finalmente se establece que “en el caso de las constancias que se presenten suscritas por los Ayuntamientos, adicionalmente deberán presentarse documentales o pruebas que permitan tener mayores elementos para la acreditación del vínculo comunitario con la autoridad inmediata de la localidad de donde sea originaria o se adscriba la candidata o candidato”.

Candidatos afromexicanos

En las normas también fija que los partidos además de postular a un o una afrodescendiente en el distrito 15 con cabecera en Cruz Grande, considerado afromexicano, deben incluir una fórmula entre los primeros ocho lugares de la lista de Representación Proporcional (plurinominal).
En este punto también están en contra los partidos políticos porque argumentan que la población afromexicana con presencia solo en un distrito ya tiene garantizado su espacio en la postulación de candidatos a diputados locales por Mayoría Relativa (que se elige en urnas).

Diputados migrantes

Para la postulación de candidaturas para la diputación migrante o binacional establecieron que los partidos políticos o candidatura común correspondiente, deberán registrar una lista de candidaturas una fórmula del género mujer y otra del género hombre; los candidatos deberán cumplir con una “residencia en otro país, acrediten que por lo menos seis meses antes del día de la elección, poseen domicilio en territorio del estado, y cuentan con credencial para votar”.
Y para acreditar la calidad de migrante o binacional debe tener legalmente su residencia en el extranjero; membresía activa en clubes o asociaciones de migrantes, de cuando menos un
año antes de su postulación, y haber realizado acciones de promoción de actividades comunitarias o culturales
entre la comunidad migrante.
Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes deberán informar mediante oficio a la Secretaría Ejecutiva del IEPC cuando menos cinco días antes de la presentación del registro de sus candidaturas, el listado que específique los municipios en los que postularán a candidatas o candidatos indígenas y afromexicanos.
Son 39 los municipios que en el estado se consideran indígenas que van del 40 por ciento de la población hasta el 99.6 de la población.
Estos 39 municipios se dividen en tres bloques el primero de 40 al 59 por ciento de población que se autoadscribe indígena; el segundo de 60 al 79 por ciento de población que se autoadscribe indígena; y el tercero de 80 al 100 por ciento de esta población.

 

Traen de Chiapas a migrantes para tramitar aquí su tarjeta humanitaria

Migrantes originarios de Haití, Brasil, Venezuela y Colombia fueron trasladados a Acapulco del estado de Chiapas para solicitar su tarjeta humanitaria, en la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) de Costa Azul.
El grupo de 100 personas llegó el viernes a las 7 de la noche a bordo de dos autobuses de Estrella de Oro y durmieron bajo un toldo que se instaló en la glorieta de Costa Azul, cerca de la oficina de migración, algunos esa misma noche salieron rumbo a la Ciudad de México.
El sábado al mediodía estaban unos 40 migrantes, entre niños de 2 años, adolescentes, pero la mayoría era adultos en espera de la expedición del documento, porque quieren trasladarse por sus medios hacia la frontera de México con Estados Unidos.
Los migrantes fueron atendidos por médicos y enfermeras de la Jurisdicción Sanitaria 07 de Acapulco, quienes ofrecieron atención y consulta, mientras los migrantes esperaban el documento que les permita seguir su camino y cumplir su sueño de llegar a Estados Unidos.
En el trascurso del sábado los migrantes se trasladaron a las terminales de autobuses para continuar con su viaje para llegar a la frontera. (Aurora Harrison).

 

Protestan en Acapulco ante la sede del INM por muerte de migrantes en Juárez

Argenis Salmerón

Integrantes de organizaciones sociales y religiosas protestaron en la sede de Acapulco del Instituto Nacional de Migración, en el fraccionamiento Costa Azul. Pidieron al gobierno federal garantizar el acceso de salud y facilitar las gestiones necesarias para las familias afectadas del incendio del 27 de marzo en Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes.
El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, realizó una ceremonia religiosa y encendieron un cirio afuera de la oficina del INM.
Solicitaron adelantar el proceso de identificación y entrega de los cuerpos a las familias bajo los altos estándares de los derechos humanos.
Exigieron que se asuma los costos de repatriación de los cuerpos de personas fallecidas e investigar los hechos ocurridos e identificar a los funcionarios responsables.
Pidieron la destitución e inhabilitación del titular del INM Francisco Garduño Yañez.
El sacerdote y director del Centro Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, aseguró que el INM asesinó a los migrantes a Ciudad Juárez el lunes pasado y que los agentes no están capacitados para brindar una atención humanitaria.
Expresó que lo ocurrido el 27 de marzo en la estación de Ciudad Juárez, es reponsalidad de gobierno federal, y la situación refleja la ausencia de protocolos.
Añadió que no hay una política de estado que garantice los derechos y protección a personas migrantes, “son el resultado de una serie de omisiones por parte de la autoridades encargadas y la ruta de evacuación y tipo de siniestros”.
Se quejó que las autoridades manejan como un alojamiento o albergue para para evitar la responsabilidad de detención o privación de las estacias respectivamente.
Reclamó que el INM categoriza los diferentes espacios con diferentes nombres pero la finalidad “es la misma, privar de la libertad a las personas en situación de movilidad”.
Criticó que los migrantes están en las sedes del INM incomunicados y encerradas con candados, “es especular y revictimizar y hacemos un llamado a no desinformar”.
Dijo que ha visitado la estancia de Acapulco “y pudimos constatar que son cuartos con herrería como si fuera una cárcel y ustedes se dan cuenta que el edificio no tiene los más mínimos estándares de seguridad para desalojar en una situación de emergencia”.
Velázquez Florencio pidió que cada estación migratoria del país debe cerrarse, “no vamos a dejar decir que fue el Estado”.
A la actividad asistieron estudiantes de la normal de Ayotzinapa, además de trabajadores de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Hu-manos (Codehum).

 

Se reúne la secretaria de los Migrantes con clubes de Chicago; revisan convenios

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Desde Chicago, Illinois, la secretaria de los Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai), Silvia Rivera Carbajal, informó que realiza la primera gira de trabajo de acercamiento con los clubes de migrantes radicados en aquella ciudad, para revisar los temas donde el gobierno estatal puede apoyar a los connacionales.
El 5 de febrero pasado la funcionaria tomó el cargo, acéfalo durante varios meses por la renuncia de Celeste Mora Eguiluz a principios de septiembre de 2022.
En consulta telefónica, Rivera Carbajal añadió que también revisa la reapertura de la oficina de representación del gobierno del estado, que durante esta administración estatal ha estado cerrada. Aunque podría cambiar de sede, dijo.
Hasta la anterior administración estatal había dos oficinas estatales, una en Los Ángeles y otra en Chicago.
Sin embargo, precisó que la decisión será de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como la designación de los representes de Oficina, una vez que le haya informado del balance de la gira que termina el próximo domingo.
Aclaró que en otro momento viajará a Nueva York, donde hay mucha población indígenas de la Montaña de Guerrero, para dialogar con los grupos organizados, pero esta vez una representación del Club Fuerza Migrante de aquella ciudad se trasladó a Chicago para conversar con ella.
Antes, en los diálogos de la comunidad migrante guerrerense, este grupo pidió la apertura de una casa de representación del gobierno del estado en Nueva York.
“Vamos a atender a todos los clubes de Chicago, para tener una situación de lo que podemos hacer y ayudarles. La parte medular de todo esto recae en los problemas de registro civil, de identidad”.
Explicó que los problemas son comunes con los que se viven en el estado, por corrección de actas de nacimientos. Si hay errores no puede conseguir el documento para tramitar visas de trabajo o pasaportes. Además, añadió que buscan apoyar el trámite de la obtención de la residencia mexicana para hijos de migrantes nacidos en el extranjero.
Sobre la migración ordenada y protección de connacionales en el extranjero que refirió el representante de México en Washington, Esteban Moctezuma Barragán, en entrevista con El Sur Rivera Carbajal destacó el beneficio del seguro social al que pueden acceder muchos guerrerenses.
Anunció que el gobierno del estado revisará poder lanzar una convocatoria sobre el trámite del seguro social en Estados Unidos, para que los guerrerenses puedan hacer aportaciones de impuesto en aquel país.
De las actividades de ayer en Chicago, informó que tuvo una reunión con la embajadora Reyna Torres Mendivil y el equipo que integra el Consulado General de México en Chicago, sobre la atención que brinda la representación de México en Chicago y el derecho a la identidad de los connacionales radicados en el exterior, así como la continuidad del Programa 2×1 para Migrantes.
En la entrevista con colectivos, destacó que  los clubes están muy interesados en que el programa 2×1 Migrantes vuelva a ser 3×1; es decir, que además de las aportaciones igualitarias del estado y municipios con los clubes de migrantes en el extranjero, también aporte la la federación y sean tres pesos sumados de los tres niveles gobiernos, por cada peso de los migrantes.
Estimó que hay oportunidad de retomar el 3×1 en Guerrero, por la excelente relación que tienen Evelyn Salgado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Aunque son obras pequeñas, ayudaría mucho a abatir los rezagos que tienen en las comunidades”.
Confirmó que hay otros programas que no han tenido seguimiento, pero el de traslado de cuerpos, del aeropuerto de la Ciudad de México a las comunidades de origen en Guerrero, con el que apoya el gobierno del estado, atiende todas las solicitudes.
Por otro lado, la Semai informó mediante un boletín que un equipo de la Secretaría participó ayer en la Ciudad de México en el taller de servicios consulares y beneficios del seguro social de la Embajada de Estados Unidos en México, encabezado por el cónsul general Scott Renner, quien reconoció la importancia de trabajar de manera coordinada para darle voz a los más vulnerables.
Les informaron de los requisitos, beneficiarios y el impacto económico del seguro social para pensiones estadunidense, que en el caso de Guerrero, supera los 1 mil 300 beneficiarios. Asimismo recibieron información de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés),  de los permisos humanitarios y el trámite de perdones; sobre las visas de turista, laboral, adultos mayores entre otras, con sus requisitos de acceso, y el trámite de pasaporte y otros para la ciudadanía americana, y de la prevención de fraude en servicios consulares.

 

Complican la falta de lluvias y la canícula la economía de agricultores en la Montaña

Magdalena García llegó a vivir a Tlapa hace 12 años con la esperanza de encontrar un trabajo que le permitiera obtener ingresos para apoyar a su familia, que vive de la siembra de temporal y uno que otro empleo eventual.
De origen nahua, hablaba muy poco el español y con el tiempo aprendió a comprenderlo.
En su comunidad terminó la primaria, en Tlapa se empleó como trabajadora doméstica, mesera y cocinera en fondas, donde le pagaban poco y trabajaba mucho.
Hace unos cinco años se juntó y su pareja se fue a Estados Unidos, aunque eso no ha cambiado del todo su situación económica, ante el alza de la canasta básica y las leyes migratorias del gobierno de Donald Trump.
Además, se mudó a la comunidad de La Providencia, en este mismo municipio, a unos 40 minutos de recorrido desde el Centro de la cabecera municipal, y para llegar ahí hay que trasladarse en “pasajeras”, camionetas tipo estaquitas del servicio público, o en taxis, aunque el costo aumenta. En el recorrido rumbo a su comunidad, la milpa de los sembradíos se ve marchita.
Este año emprendió el negocio de venta de tortillas hechas a mano, contó que es lo que sabe hacer, pues en su comunidad desde muy pequeña tuvo que aprenderlo como parte de sus actividades “de ser mujer”, hacer las tortillas, llevar el almuerzo e irse a la milpa.
Ahora, se levanta a las 4 de la mañana para que le dé tiempo de lavar el nixtamal para después molerlo en el molino, sacar la masa y comenzar a hacer las tortillas para que a las 8 de la mañana ya estén listas, calentitas para los vecinos que se convirtieron en sus principales consumidores.
Contó que a veces le va bien y al día llega a vender hasta 400 pesos, pero otras ocasiones sólo vende 200, y con eso se apoya para los gastos de la escuela de su hijo Manuel y su hija Carmelita, que ya están estudiando la primaria y los gastos de útiles escolares, uniformes y cooperaciones aumentan, a lo que se suman los gastos comunitarios por el uso del agua, y las fiestas religiosas y agrícolas.
Ella compra el maíz en costales; comenta que antes venía a su comunidad un señor de otro poblado a surtirle, pero hace como un mes que le dijo que ya no había maíz porque los campesinos ya no quiere venderlo ante la falta de lluvia, temen que llegue a escasear y algunos ya subieron su precio; antes lo encontrabas a 8 y 9 pesos ahora en el mercado está a 11.
Dijo que por ello decidió dejar de vender tortillas, “me sale más caro ir a buscar el maíz, pagar el traslado del mercado a mi pueblo, luego cocer el nixtamal, hacer la masa y luego las tortillas, ahí gasto la luz, el gas que cada vez sube”, se quejó.
Mencionó que el domingo pasado encontró maíz a 10 pesos, pero ahora mejor lo va a tener para su consumo ante la falta de lluvia y que su milpa se está secando, “dicen que puede subir hasta 15 pesos el litro y que la tortilla de mano también”, dijo preocupada.

Doble pérdida

Contó que, como parte de la venta de tortillas este año decidió sembrar maíz para ir solventando su negocio y al menos ahorrarse una parte para ya no comprar y aprovechar para comer elotes, sembrar calabaza, ejote y hasta cacahuate.
Sembrar este año, cuando pensaba mejorar sus ingresos, no le ha salido como quería ante la sequía en la canícula, que inició en 18 de julio y terminará el 23 de agosto, según datos de Protección Civil.
Para sembrar, rentó una parcela en el anexo Las Huertas, de la comunidad de La Soledad, lo que le costó mil pesos, donde sembró siete litros de maíz blanco y amarrillo, del cual compró la semilla especial que le costó 100 pesos.
Ahí mismo sembró semilla de calabaza, con un costo de 50 pesos; semilla de cacahuate en 150 pesos; y semilla de frijol para tener ejote; con los frutos de estos cultivos pensaban recuperar su inversión.
Sin embargo, a falta de lluvia sus cultivos se han secado, la mitad de maíz amarillos desapareció de los surcos, sólo los hoyos quedaron, y en alguna parte un hilillo queda como si fuera zacate, todo amarillo, que indica que ahí hubo algo.
Ni la semilla de calabaza, ni la de frijol y el cacahuate han germinado, “creo que ya se secaron, eso ya se perdió, en la milpa tengo esperanza porque algunas ahí están, pequeñas, amarillas, con las hojas agachadas, pero ahí están, les falta un poco de agua, se alienta”.
A esos gastos de siembra les invirtió en abono granulado, a 200 pesos el bulto, y en la primera aplicación ya ocupó tres, es decir 600 pesos; ella, al no tener parcela propia no es beneficiaria de ningún apoyo del campo que da el municipio o el gobierno estatal o federal.
A eso le sumó el pago de salarios de seis peones que le cobraron de 150 a 200 pesos, según el trabajo, “los que iban picoteando 200, y 150 los que echaban la semilla… Creo que ya me gasté más de lo que iba a sacar”, dice.
Magdalena no pierde la esperanza, “parece que van a caer unas gotas”, dice mientras recorre su parcela, “no me doy por vencida, si llueve voy a volver a sembrar el maíz que ya se secó”.

 

No reconoce el gobierno la importancia de las remesas que envían migrantes de EU, reprochan

Representantes de migrantes en Estados Unidos declararon vía telefónica que las remesas que envían de ese país son, en efecto, mayores que los ingresos por turismo y minería en el estado, pero que el gobierno del estado no le da un reconocimiento igual al de las otras actividades económicas.
En la edición del domingo, El Sur publicó que las remesas que envían a Guerrero de Estados Unidos los trabajadores migrantes, equivalen a 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, en promedio desde 2003, de acuerdo con el Banco de México (Banxico), cifra superior a lo que generan la hospedería y alimentos, la agricultura y la minería.
Consultado vía telefónica, el representante de los clubes de migrantes radicados en Estados Unidos, y coordinador desde hace siete años de una asociación de guerrerenses radicados en Dallas, Texas, Jaime Damián Jiménez informó que las remesas ayudan a mantener muchas regiones del estado, sobre todo en la economía familiar, pero se quejó de que las autoridades guerrerense no toman en cuenta estos ingresos, como lo hace con el turismo y la minería.
Agregó que, muchas veces sus familiares, con los recursos que envían, encuentran trabajo o instalan algún negocio para tener ingresos permanentes, mientras que otros, de sus remesas ayudan al desarrollo y la instalación de servicios en sus comunidades, pero que las autoridades estatales no toman en cuenta esas inversiones menores.
Dijo que, por ejemplo, hay un gran número de migrantes de la región de Tierra Caliente y de otros estados que viven de las remesas. “Esos apoyos van encaminados a los migrantes de las regiones que salieron del estado de Guerrero”, explicó.
Añadió que también son los migrantes los que ayudan a sus familiares en México a establecer los contactos para tener créditos en las financieras, porque la intención es que las remesas ayuden a las familias y a mantener la economía del estado.
El representante de los migrantes dijo que, con la remesas el gobierno del estado tiene un beneficio que supera, efectivamente, al sector del turismo pero que aun siendo estos ingresos mayores que el turismo, el gobierno da prioridad a éste.
Agregó que las remesas se ven en la educación, en la manutención de las familias y en la contribución de los clubes que apoyan con programas sociales, “y de esa manera es palpable el desarrollo, por las remesas en los estados del norte y del estado, sobre todo”, dijo.
Agregó que, por ejemplo, mediante el programa 3 por 3, que impacta en sus comunidades de origen, ayudan a mantener la economía del estado.
Otro de los dirigentes de migrantes, Daniel Méndez Osorio, radicado en Chicago, Illinois, y presidente del club en esa ciudad, dijo que en Tierra Caliente hay un gran número de migrantes que envían remesas a México encaminadas a ayudar al desarrollo de sus hijos, la educación de sus hijos y la sobrevivencia de sus familiares, y reprochó que esto no lo toman en cuenta ninguno de los tres niveles de gobierno.
“Las remesas ayudan porque existen programas del gobierno del estado y del federal para refinanciar la moneda mexicana”, dijo el representante de migrantes. Sin embargo, reprochó que el gobierno estatal no reconoce el esfuerzo de los guerrerenses para el desarrollo del estado.

 

Piden jornaleros agrícolas en Tlapa que cumpla sus funciones la comisión intersecretarial


Integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que funcione la comisión intersecretarial que se creó para atenderlos, ya que no han cumplido los acuerdos firmados.
Asimismo exigieron la dotación de insumos para el comedor y la entrega de paquetes a las familias jornaleras para su traslado, porque el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Solano Arreaga no cumple la entrega o, cuando lo hace, la dotación que entrega es mínima, “pues nos dan 20 o 22 paquetes de los 300 que solicitamos, con el argumento de que no hay dinero, pero no es eso, el recurso se lo está gastado en actividades de campaña, tira el dinero en pago de jaripeos, grupos musicales que le piden de 60 a 70 mil, dejando abandonados a los jornaleros y siempre dice que anda en Tlapa, pero aquí no viene”, se quejó Miguel Martínez Peralta.
Mencionó que en los gobiernos perredistas de Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre, les entregaban con puntualidad los insumos, y si bien no les daban los 300, si 280 o 250; “con Astudillo pedimos 300 cajas de galletas y nos dan 30”, ejemplificó.
Agregó que con eso no pueden mantener el comedor ni entregar paquetes a las familias jornaleras para los días de traslado.
Aureliana Díaz Benigno, quien apoya en la preparación de alimentos, comentó que los jornaleros se van tristes porque no hay comida, y aquí tienen que esperar a registrarse y luego llenar el cupo del camión, lo que a veces dura días, y no traen suficiente dinero para comprar comida.
Flores Sánchez Crescencio lamentó que la comisión intersecretarial no cumpla durante la temporada alta de migración jornalera, que inició en septiembre con 24 camiones y mil 311 jornaleros; agregó que en octubre fueron 13 camiones y 701 campesinos, y en lo que va de noviembre van 22 camiones con mil 261 migrantes. Agregó que estas cifras aumentaron, con relación a 2016, 50 por ciento ante la falta de oportunidades laborales en la región.
Reiteró que los estados a los que salieron los indígenas son Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Baja California Norte, Jalisco y Sonora.
Flores Sánchez remarcó que el Registro Civil no está cumpliendo su compromiso de expedir documentos oficiales para los migrantes, que las literas que la SAICA y la Cdi se comprometieron a mejorar siguen destruidas, y que el cuarto que se desocupó para ampliarlo, nuevamente ha sido ocupado por las alumnas de la escuela de partería.
No tienen agua ni se han concluido los trabajos del estacionamiento, donde siguen los cables que impiden el paso de los autobuses.
“No ha cambiado nada, vienen, toman nota y ya; porque la discriminación sigue, se paga mal, cuando hay accidentes no hay apoyo, los secretarios no han cumplido”, dice.
EL jornalero de la comunidad de Patlicha, municipio de Copanatoyac, Gregorio López Alvarado, que irá al estado de Morelos al corte de caña, contó que siguen en condiciones difíciles porque, si sufren accidentes no les dan servicios médicos. Lo que ganan, a veces no les alcanza para subsistir cuando se enferman mientras están en los campos.

Ante la deportación de migrantes de EU, la UAG tiene la responsabilidad de recibirlos en sus aulas: Berenice Illades

En el primer encuentro de investigadores de la Migración Guerrerense, realizado por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), los especialistas académicos coincidieron en que la gente no migra por gusto, migra por la necesidad y se mueve por “hambre al enfrentar la pobreza alimentaria” que existe en el estado.
Por la mañana de este sábado en la sala de usos múltiples de Rectoría, un grupo de profesores, estudiantes de maestrías en Ciencias Sociales e investigadores de la universidad se reunieron para intercambiar posturas sobre el fenómeno de la migración.
En el encuentro participó la directora general de posgrado e investigación, doctora Berenice Illades Aguiar, el director de investigación Oscar Talavera Mendoza, el coordinador general de Asuntos Globales, José Betancourt Villa, la doctora investigadora Gabriela Barroso, la docente investigadora Judith Boruchoff, la docente investigadora Irma Solano Díaz, el docente investigador Alejandro Díaz Garay.
La doctora Berenice Illades Aguiar puntualizó que la responsabilidad de la UAG ante la inevitable deportación de migrantes guerrerenses por parte del gobierno estadunidenses es recibir a los jóvenes estudiantes en sus aulas.
Aprovechó para resaltar que el gobierno estatal y federal están obligados a enfrentar esta situación mediante programas sociales que ayuden a resolver los problemas de los migrantes.
Señaló que otra de las responsabilidades de la UAG es establecer estrategias efectivas que ayuden a preparase ante la posibilidad de una deportación masiva de guerrerenses.
También dijo que dentro de la UAG se está viendo que ahora se imparta una cátedra que analice y estudie el fenómeno migratorio y sus efectos en las comunidades, estados y países.
El coordinador General de Asuntos Globales, José Betancourt Villa recordó que la realidad es que Guerrero es de los estados con mayor número de migrantes en el país, y basta con observar las estadísticas de migración.
Dijo que la amenaza del gobierno estadunidense nos obliga a analizar la situación que enfrentarán los miles de guerrerenses que trabajan en distintos estados del país vecino.
Recordó que el objetivo del encuentro es marcar estrategias que ayuden a afrontar la situación de los migrantes, así como para reforzar la áreas de migración y reunir a los estudiosos para proponer un plan de respaldo.
En la actividad que se prolongó por más de seis horas se abordó también el tema de la migración interna del estado, motivada ante la simple necesidad de mejorar la calidad de vida de las familias guerrerenses, que en último lugar optan por arriesgar su vida para llegar al país vecino del norte.
En el encuentro Betancourt Villa, aprovechó para recordar que los migrantes salen del estado no sólo asediados por el clima de violencia sino por el hecho de tener hambre.
“Es un problema social, pero nadie puede negar que el problema de migración es por violencia y la gente no se mueve porque le plazca, se mueve por necesidad y por hambre y el asunto del problema de pobreza alimenticia es uno de ellos”, agregó.
En el encuentro se planteó la conformación de un centro de investigación que estudie de cerca el fenómeno con el objetivo de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los migrantes ante su regreso.