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Convocan a movilizaciones en Washington por la liberación de un líder sindical guerrerense

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente guerrerense ñuu savi (mixteco) Alfredo Juárez, detenido el martes cerca de Ferndale, estado de Washington, en Estados Unidos, fue trasladado al Centro de Detenciones de Takoma, en donde organizaciones que reclaman su liberación están convocando a una concentración este sábado.
Alfredo, de 25 años de edad, mejor conocido por sus compañeros como Lelo, originario de Santa Cruz Yucucani, municipio de Tlacoachistlahuaca, fue detenido con violencia por agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
Según agrupaciones sindicales, su aprehensión fue en represalia por su liderazgo en favor de los trabajadores agrícolas de ese estado del noroeste de Estados Unidos.
El dirigente del Sindicato Familias Unidas por la Justicia Social, agrupación que promovió Alfredo Juárez, Edgar Frank, informó ayer por teléfono que están buscando a abogados expertos en migración para que tomen la defensa de su caso.
Informó que el jueves unas 300 personas de varios sindicatos del estado de Washington, realizaron una protesta afuera del Centro de Detenciones en donde hay entre mil 500 y mil 600 migrantes detenidos para exigir su libertad.
Están convocando además otra manifestación afuera del mismo Centro de Detenciones para este sábado “que será otro día de solidaridad organizado por la resistencia”.
DCoenunció que en los últimos días se has intensificado las movilizaciones de agentes de ICE en los alrededores de Ferndale, donde se llevaron primero a Alfredo.
“Hemos visto carros sin marcaciones de los agentes alrededor de la localidad”, aunque reconoció que no se ha visto una detención masiva, “y no sabemos si han arrestado a más personas, pero sí hemos visto más movimiento por parte de ICE”, dijo Edgar Frank.
De acuerdo a organizaciones que dan seguimiento al caso, el Centro de Detenciones donde se encuentra preso Alfredo Juárez es uno de los más grandes que está al oeste del estado de Washington y en los últimos días han sido recluidos ahí entre mil 500 y mil 600 migrantes detenidos.
Se informó que por la intervención del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), ayer Alfredo Juárez sería visitado por personal de la cancillería para conocer su caso.
En tanto que las organizaciones sindicales y comunitarias que reclaman su libertad se manifestarán este sábado a partir de las 10 de la mañana y se dijo que algunos de sus integrantes podrían iniciar una huelga de hambre.
Alfredo Juárez es reconocido como activista en ese estado de Washington por su participación en la formación del Sindicato Familias Unidas por la Justicia Social y por su defensa en favor de los trabajadores migrantes.
Alfredo Juárez, quien llegó de Guerrero a Washington a los 11 años de edad, ya había sido detenido a los 15 años de edad por una multa de tránsito, “y debido al racismo que existe en EEUU la policía lo mandó a las garras de la patrulla fronteriza”, denunció la organización comunitaria Resistencia, mediante un comunicado.
Entonces “lo mandaron al Centro de Detención del Noroeste de Tacoma (NWDC por su sigla en inglés), lugar de detención para adultos a pesar de que él como menor no debió haber sido llevado ahí”.
En esa ocasión, informó la organización, salió libre al siguiente día, “un domingo por la noche cuando no hay liberaciones”.

 

Los gobiernos “no le han dado importancia al tema de los desaparecidos”: activista

Ramón Gracida Gómez

La acumulación de cientos de cadáveres no identificados en el panteón El Palmar se debe a la falta de un Centro de Identificación Humana y a que los gobiernos “no le han dado importancia al tema de los desaparecidos”, opinó la activista Samantha Valeria Colón Morales, al frente del Colectivo Vicente Suástegui, su esposo y defensor del agua desaparecido.
El Sur publicó el lunes pasado que dentro de la fosa común del cementerio El Palmar, ubicado en la carretera federal México-Acapulco, se encuentran cientos de cadáveres sin ser identificados que fueron enterrados entre el 2006 y el 2015, de acuerdo con información proporcionada por la directora de Panteones y Velatorios, María de Lourdes Cristino Jaimes.
Al respecto, Samantha Colón dijo por teléfono que es “desagradable” la cifra de cuerpos no identificados en la fosa común de El Palmar “y todo esto se deriva de que exactamente, todavía hasta la fecha no hemos tenido un Centro de Identificación Humana”.
Otra razón, agregó, es la falta de aplicación de protocolos “y se dejó el tema de la identificación humana muy atrás por parte de los gobiernos de todos los partidos políticos.
“No le han dado importancia al tema de desaparecidos y es por eso que hay tantos cuerpos en las fosas comunes”, señaló la representante del Colectivo Vicente Suástegui, quien desapareció el 5 de agosto de 2021.
Aseguró que la cifra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de 315 desaparecidos de 2006 a 2015, no es “real” porque muchos familiares no hacen las denuncias correspondientes.

El Centro de Resguardo Temporal de Acapulco, al 90 por ciento de construcción

El 6 de noviembre pasado, el gobierno del estado informó mediante un comunicado del avance del 25 por ciento en la construcción del Centro de Resguardo Temporal en Acapulco, cuyo objetivo primordial es “el resguardo digno de cuerpos que se encuentren en calidad de no identificados, permitiendo a las familias poder asistir a ese recinto a la identificación”.
El 14 de marzo emitió otro boletín de la visita a la obra junto con representantes de los colectivos Los Otros Desaparecidos de Iguala, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos y el Colectivo Lupita Rodríguez.
Samantha Colón informó que aproximadamente en octubre pasado inició la obra a un costado del Servicio Médico Forense (Semefo), ubicado a un lado del hospital El Quemado, en la zona suburbana.
“Es para que estos cuerpos ya no estén en las fosas comunes, queremos que estén en un centro de resguardo para que se les dé la importancia y se realicen los estudios necesarios de genética, de ADN, para que puedan ser identificados”.
La activista dijo que la construcción “al parecer lleva unas miras aún mejor, de un Centro de Identificación Humana, que es lo que necesitamos nosotros aquí en Guerrero”.
La primera etapa del Centro de Resguardo Temporal lleva un avance de 90 por ciento de construcción, será entregada en abril con una cifra aproximada de 600 gavetas y con modificaciones al proyecto original para incluir otros servicios como laboratorios y salas de rayos X para la identificación de cuerpos.
Esto fue informado en la reunión del 19 de marzo con el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, “donde nos vamos dando cuenta que esto ya lleva otras miras, porque no nada más se va a tratar de hacer nichos o gavetas”, resaltó Samantha Colón agregando que el Cementerio Forense de Chilpancingo “ya está colapsando”.

 

La ley de desaparecidos implica costos y por eso no se aprobó, afirma colectivo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El representante del Colectivo Lupita Rodríguez de desaparecidos de Chilpancingo, David Molina Rodríguez, declaró que no hubo voluntad de los diputados de la actual Legislatura local para aprobar la Ley en Materia de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares del Estado de Guerrero.
Rechazó lo que declaró el lunes el presidente estatal de Morena, el diputado Jacinto González Varona, quien dijo que no se aprobó porque se cuidó no aprobar una ley al vapor.
El activista declaró que, más bien, la iniciativa no se aprobó porque implica recursos, por ejemplo, para la creación de un centro de identificación humana, a lo que no le quiere aportar el gobierno estatal, por lo que no confían que la iniciativa se vaya a aprobar en la próxima legislatura, como lo informó el mismo González Varona.
El lunes, el presidente estatal de Morena, González Varona, dijo que en la próxima legislatura local, en la que nuevamente va a estar de diputado, se va a cabildear la ley sobre de desaparición forzada, que está congelada en el Congreso local.
También aseguró que no se aprobó en esta legislatura para no sacar una ley que no ayude, “queremos una ley lo suficientemente robusta y que pueda ayudar, porque de nada sirve sacar una ley al vapor y al ratito la estemos remendando, que no tenga presupuesto o que no tenga acciones”.
Consultado este miércoles por teléfono, informó que la iniciativa se quedó en la etapa de la dictaminación, “porque la realidad es que nunca hubo una voluntad política para que pasara. La razón principal es porque no quieren comprometerse con la creación de un centro de identificación humana”.
Dijo que las razones son que, además de la construcción de las instalaciones, se debe considerar la contratación de peritos, antropólogos y médicos forenses, así como se tienen que invertir en los reactivos que son necesarios.
Informó que de acuerdo con datos de la Coordinación de Servidos Periciales, de la Fiscalía General del Estado (FGE), hacer una dictaminación de un cuerpo y tenerlo completamente identificado, con todos los estudios, le cuesta al gobierno cerca de 60 mil pesos.
Informó que de los 60 mil pesos, alrededor de 45 mil pesos, son solamente por el resguardo forense, es decir, por estar “almacenado” el cadáver en el reguardo forense, debido a que las instalaciones son rentadas por el gobierno estatal.
Molina Rodríguez declaró que por ello la iniciativa de ley que apoyan los colectivos está bien fundamentada, que cuenta con “lo mínimo necesario”, pues se incluye la creación de un centro de resguardo forense, que venga a resolver el problema de la saturación de cadáveres e identificarlos con mayor rapidez, para entregarlos a sus familiares.
Recordó que los diputados se comprometieron con sacar la iniciativa adelante, y una de las diputadas que hizo el compromiso, recordó, fue la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política, Yoloczin Domínguez Serna, después de que los integrantes de los colectivos marcharon el 7 de marzo de 2020.
“Ella se comprometió a que la ley se iba a dictaminar y que iba a pasar, pero desde entonces la están dictaminando y no ha pasado”.
Dijo que las veces que se las han presentado a los colectivos, viene sin el capítulo que ellos propusieron, que es el de la creación de un centro de identificación humana, a cargo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
Molina Rodríguez añadió que otro punto en el que no se han puesto de acuerdo, es que el centro de identificación debe estar a cargo de los servicios periciales de la FGE, “pero nosotros (los colectivos) no les tenemos confianza”.
Indicó que mientras los diputados le dan largas a la aprobación de la ley, la crisis por la desaparición de personas va en aumento; que ahora, por temor los familiares de las víctimas, se rehúsan a presentar las denuncias y a participar en las búsquedas.

Localizan restos humanos en bolsas en la búsqueda de Vicente Suástegui en El Cayaco

Momento del traslado del cuerpo que fue encontrado dentro de una fosa clandestina en una huerta de El Cayaco, durante la jornada de búsqueda del colectivo Fe y Esperanza de Encontrarlos Guerrero Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Durante el quinto día de búsqueda del desaparecido integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, su esposa Samantha Valeria Colón Morales y autoridades encontraron restos humanos dentro de una fosa clandestina en una huerta del poblado de El Cayaco.
Empleados del Servicio Médico Forense (Semefo) recogieron a las 2:20 de la tarde las bolsas de plástico en las que estaban envueltos los restos de los que no se identificó su sexo, con el resguardo de integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal; este hallazgo será integrado a la carpeta de investigación por la desaparición de Vicente Suástegui, informó Colón Morales.
A principio de cada mes del presente año, la esposa del activista desaparecido y autoridades han llevado a cabo una búsqueda semanal en distintos puntos de Acapulco, principalmente en el oriente del municipio, cerca de la laguna de Tres Palos, zona de influencia de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acusada del crimen.
Este viernes se cumplió el quinto día de búsqueda de Vicente Suástegui, desaparecido por hombres armados el 5 de agosto de 2021 en la colonia Ciudad Renacimiento. La jornada empezó el lunes con una inspección de un terreno baldío de la comunidad de El Bejuco y continuó en los siguientes días en la colonia Nuevo Puerto Marqués.
La búsqueda de ayer fue dentro de una huerta del poblado de El Cayaco, a cinco minutos en automóvil del puente del crucero del mismo nombre, con dirección hacia San Marcos en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a unos tres minutos de distancia de las instalaciones de la distribuidora de la refresquera Coca-Cola.
El convoy de autoridades y activistas entró por una angosta calle de nombre Principal, que es de terracería y un par de minutos después estacionaron sus camionetas a la orilla del terreno abandonado y lleno de maleza y árboles caídos, y con pequeñas viviendas alrededor.
La fosa clandestina está a unos 250 metros de la entrada de la huerta, donde Colón Morales comentó a El Sur evidentemente conmovida que por este resultado positivo estaba experimentando “muchos sentimientos encontrados, es mi primer hallazgo, mi primer positivo en mucho tiempo desde que llevo buscando a Vicente”.
“La verdad no sé si sea Vicente, no sé quién pudiera ser, si es un hombre o si es una mujer, lo importante es que encontramos a alguien y va a regresar a su casa” y recordó que las búsquedas de su esposo fueron programadas porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “mandató al Estado que siguiera las jornadas de búsqueda para Vicente y es que hemos estado muy constantes buscando cada mes”.
Precisó que ingresaron a la huerta como a las 10 de la mañana, caminaron unos 30 minutos “y en seguida vimos ese hundimiento en la tierra porque estaba muy marcado, era muy visible y empezamos a ver ahí qué había, empezamos a varillar”.
La tierra estaba “muy compacta”, pero por los cortes en la tierra que han registrado en otras jornadas de búsqueda insistieron en este punto, la Unidad Canina de la Fiscalía General del Estado (FGE) indagó, pero no encontró resultados, entonces los integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) insistieron con la introducción de varillas e hicieron un “pozo de sondeo”.
Escarbaron 30 centímetros, introdujeron una vez más la varilla “y se dio el olor a putrefacción, no se veía ningún resto, nada, se siguió escarbando, ya por último alcanzaron a visualizar como una bolsa negra de plástico”; fueron cinco bolsas en total, “no sabemos si es un solo cuerpo, si son dos, si son tres porque eso se tiene que hacer en Semefo, las condiciones pues aquí no estaban”.
Colón Morales dijo que este hallazgo “nos va a dar más fuerza para seguir buscando, vamos a regresar, vamos a retomar las búsquedas con más ganas porque sabemos que si buscamos, sabemos que sí vamos a tener resultados”.
Después del peritaje, la esposa de Vicente Suástegui será informada de los resultados del peritaje, “nos lo tienen que dar a saber a nosotros como víctimas indirectas principalmente, a nosotros que somos los que venimos al frente de la búsqueda nos tienen que dar el resultado”.
Denunció que el personal de la FGE fue ayer “muy déspota, muy cortante, no sé si sea falta de empatía, falta de sensibilidad o por que las personas que ponen al frente son muy jóvenes y no saben lo que es tener un cargo de servidor público, la verdad me voy un poco decepcionada”.
Colón Morales fue acompañada por integrantes del colectivo Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero y el coordinador del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda.
El primer día de búsqueda, Colón Morales denunció a este periódico que el juez Juan Carlos Martínez Marchán ordenó reponer el proceso a dos detenidos, de un total de cuatro presos por la desaparición de su esposo, que ya estaban sentenciados desde el año pasado e informó que interpuso un amparo por esta resolución.

 

Contradice activista cifras oficiales; hay aumento de feminicidios, sostiene

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La peticionaria de la Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida, Marina Reyna Aguilar, advirtió que los feminicidios en Guerrero aumentan, pese al discurso de gobierno de la reducción del delito.
En consulta sobre la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reporta tres feminicidios en Guerrero durante el primer bimestre del año, y 28 muertes dolosas de mujeres -15 en enero y 18 en febrero-, ratificó vía telefónica que la violencia feminicida no se refleja en la estadística oficial porque no se aplican los protocolos del delito, dado que el personal no está capacitado para usarlo, aunque las instituciones digan lo contrario.
Señaló que, a través del monitoreo en la prensa de muertes dolosas de mujeres que realiza la Asociación Guerrerense contra la Violencia contra las mujeres (Agcvim), y que preside Reyna Aguilar, registraron 16 asesinatos en enero, 16 en febrero, y al 25 de marzo de este año se igualó la cifra de 16 muertes dolosas de mujeres. Un total de 48 en lo que va del año.
En 2023, indicó que en enero registraron 10 asesinatos, en febrero 12, y en marzo 9, y con estos datos, confirman que la violencia está incrementando.
“No estoy de acuerdo con lo que reporta el Secretario Ejecutivo, que reporta lo que la Fiscalía General del Estado clasifica como feminicidios, y no se refleja la realidad”.
Incluso, indicó que el Secretariado detalla dos feminicidios, uno en Cocula y otro San Marcos, y el segundo no fue identificado en el monitor de la Agcvim.
Ratificó que la incidencia delictiva no es real porque los agentes ministeriales en el estado no están preparados para aplicar el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio, “aunque digan que sí, a nosotros no nos convence, por eso es su incidencia es muy baja”.
Lo anterior, dijo que se agrava con la crisis que existe en la FGE, por los cambios de autoridades, después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, removió a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón. Incluso, señaló que algunos responsables de las fiscalías especializadas no regresaron a sus puestos cuando la ex fiscal solicitó un permiso y volvió al cargo, antes de la remoción.
La activista de derechos humanos, aclaró que ha podido continuar haciendo acompañamientos de víctimas con algunos contactos en las agencias del ministerio público, pero no puede avanzar si se necesita hablar que buscar funcionarios de mayor jerarquía, por ejemplo, en las fiscalías regionales, también se retiraron los cuadros militares que llegaron con la gestión de Valdovinos Salmerón.

En la FGE, que sea civil o militar, pero que sea sensible a los problemas de Guerrero

Del proceso de selección del titular de la FGE, opinó que lo importante no es que sea militar o civil de carrera, sino que sea sensible antes las particularidades de Guerrero, con población indígena, afromexicana, “que integre un equipo que trabaje con perspectiva de género, intercultural, interseccional, que combata las prácticas de corrupción, que vigilen mucho que no discriminen por ninguna razón a las usuarias que acuden a la agencias del MP, ya sea del fuero común o especializadas a denunciar”.
Subrayó, que no se ejerza violencia institucional, cuando conmina o anima a las víctimas a no presenten denuncias.
Para los casos de feminicidios, insistió en que se revise y evalúe la labor cotidiana del personal de la Fiscalía especializada en feminicidios que se dice que está capacitado para aplicar el protocolo de investigación del delito, y se fortalezca la labor cotidiana de las agencias del MP en cada región dice, con equipo humano preparado con insumos materiales que requiere para realizar sus funciones, y canalicen los asesinatos
“En virtud de que no hay una correspondencia entre los asesinatos de mujeres y el número de feminicidios reportados ante el Secretariado Ejecutivo”.

 

Juicio político para la gobernadora por la violencia en el estado, pide Adrián LeBarón

La madre del normalista asesinado Yanqui Kothan, Liliana Vianey Gómez llega a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, acompañada del padre Filiberto Velázquez Foto: Carlos Carbajal

Alejandro Guerrero

Iguala

El activista Adrián LeBarón solicitó a la Cámara de Diputados federal y al Congreso del Estado que inicien un juicio político contra la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, y otros hechos de violencia en la entidad, en la que “son los grupos criminales los que cada día imponen su autoridad de miedo”.
Este jueves por la tarde, mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter), Julián LeBarón hizo públicas las peticiones de juicio político que entregó ese mismo día y que están fechadas un día antes. Con los oficios entregados y firmados, acompaña un video en el que justifica su solicitud.
“Pedimos juicio político a la gobernadora Evelyn Salgado. Es muy grave lo que ocurre en Guerrero, un lugar donde no existe el Estado de derecho, y son los grupos criminales los que cada día imponen su autoridad de miedo”, dice el activista en un video corto y un texto que acompaña su publicación.
Menciona que este jueves pidió al Congreso local y al federal, que inicie un juicio político contra Evelyn Salgado porque “ya no es posible que la gente esté pagando los costos de una administración omisa, incapaz de brindar seguridad a su población”.
Menciona, además, el homicidio del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez, cometido por agentes de la Policía Estatal la noche del jueves de la semana pasada, y ante las inconsistencias que se evidenciaron desde el inicio de las investigaciones, consideró que “se quería construir otra verdad histórica, y formar una realidad sesgada, para deslindarse de la responsabilidad”.
Agrega que con la fuga del policía que presuntamente habría matado a Yanqui Kothan, “se demostró que la institución del Estado no sirve y no responde a quienes debería servir. Eso es una muy alta traición”.
El miembro de la comunidad LeBarón, asentada en Chihuahua, y que ha apoyado a víctimas de la violencia en Guerrero, agregó: “No podemos dejar solos a nuestros hermanos guerrerenses, no podemos ser omisos ni voltear la mirada ante lo que sucede. No los dejemos solos y espero que el Congreso atienda este llamado”.
La demanda de juicio político contra la gobernadora se da en medio de la crisis política debida al asesinato del estudiante Yanqui Kothan, que este jueves obligó a la separación del cargo de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el general Rolando Solano Rivera, respectivamente, y a la remoción de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Las solicitudes de juicio político

Las demandas de juicio político contra la gobernadora Evelyn Salgado fueron entregadas este jueves a la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, y en la oficialía de partes del Congreso del Estado, dirigido a la presidenta de la mesa directiva, Leticia Mosso Hernández.
Es promovida por el activista Adrián LeBarón Soto, en la que se indica que con fundamento a los artículos 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, 6 y 7 fracción VII, 9 y 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “comparezco ante usted, para presentar una denuncia contra Evelyn Cecia Salgado Pineda, actual gobernadora del estado libre y soberano de Guerrero, con la finalidad de que se dé inicio al procedimiento de juicio político”.
Justifica que la procedencia de la denuncia, para que se inicie este juicio político, está de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados”.
En el segundo punto de la petición, establece que es procedente que se inicie el procedimiento en contra de la gobernadora Salgado Pineda, en virtud del artículo 110 de la Constitución, que establece que los ejecutivos de las entidades federativas “sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título, por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen”.
Asimismo, indica que es procedente, en virtud de que los hechos sobre los que se sustenta la presente denuncia encuadra en la hipótesis reconocida en el supuesto normativo del numeral 5, en relación con el artículo 7 fracciones VI y VII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “los gobernadores de los estados (…) podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen”.
Mientras que en la denuncia ante el Congreso local, Adrián LeBarón fundamenta su petición de juicio político contra Salgado Pineda en los artículos 195 de la Constitución Política del estado de Guerrero, así como los artículos 9, 10, 11, 13 y 14 de la ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Guerrero.

 

Rinde protesta coordinador en Acapulco del PES; “necesitamos caras nuevas”, dice

Dirigentes del Partido Encuentro Solidario (PES) tomaron protesta al coordinador regional en Acapulco, el activista Gustavo Téliz Hernández, quien en su mensaje dijo: “Hoy necesitamos un partido con caras nuevas, personas de la sociedad civil”.
El sábado, en el parque ejidal de Icacos, estuvieron la presidenta estatal de ese partido, Samanta Vega Pérez, y el secretario general, Pablo Segura Balladares; además, se tomó protesta a los coordinadores de los siete distritos electorales.
Durante su mensaje Téliz Hernández dijo que el desafío de presentarse ante la ciudadanía es demostrar que el PES es una opción viable y honesta, en medio de un clima de desconfianza y apatía hacia los partidos tradicionales.
“Hoy necesitamos un partido con caras nuevas, personas de trabajo y gente de la sociedad civil, que esté dispuesta a participar y que estén desilusionados de los partidos políticos que no han dado respuesta a lo que la gente espera”, dijo el coordinador en Acapulco del PES.
Dijo que entre los problemas a abordar se encuentran la inseguridad, la gestión de residuos, la corrupción y la falta de participación ciudadana en Acapulco, por ello, el llamado a la unidad y el cambio ante la desilusión de los ciudadanos de aquellas personas que “brincan de un partido a otro buscando intereses particulares”. (Aurora Harrison).

 

Develan mural en Ometepec pro aborto y piden servicio de calidad

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres develaron ayer un mural en Ometepec, sobre el derecho al aborto seguro, de calidad y con información para Costa Chica, donde los estigmas sociales son una barrera para las mujeres que acompañan y quienes solicitan una interrupción, explicó la activista Ana Grabiela Candela Garzón.
En el acto que se transmitió por redes sociales, la feminista denunció la desaparición del módulo de Servicios Especializados en Atención a la Violencia Intrafamiliar (Sepavi) del hospital general de Ometepec, que daba seguimiento a embarazos no deseados.
Indicó que las usuarias sólo tienen acceso al aborto a través a los servicios de urgencias, en donde la privacidad puede verse vulnerada, además de que se revictimiza y estigmatiza a las usuarias.
Añadió que, a la fecha, no hay una sola unidad de salud en los municipios de la región, que dé servicios de calidad. Entonces, cuando las mujeres indígenas y afrodescendientes solicitan información, son reprendidas o desestimadas por el personal de atención médica.
Lo anterior se agrava si se considera que la mayoría de los embarazos no deseados en la región, están relacionados con uniones forzadas y violaciones, afirmó.
La defensora de derechos humanos indicó que esta acción es parte de la continuidad de la campaña Tú decides, el estado garantiza y nosotras te acompañamos, porque preocupa la situación que enfrentan las mujeres en Costa Chica, para ejercer sus derechos reproductivos de forma segura y confidencial.
Pese a la despenalización del aborto, desde el 17 de mayo de 2022, aseguró que el gobierno estatal no ha hecho campañas efectivas de promoción y acceso a los servicios de interrupción del embarazo, que alcancen “a las comunidades y lugares más alejados de la región y que tengan pertinencia cultural”.
“Es importante destacar que el acceso a la información sobre el aborto debe ser un derecho, no un privilegio. Es esencial promover campañas informativas y educativas, que alcancen a toda la población y brinden claridad sobre nuestros derechos reproductivos. En particular, debemos prestar especial atención a las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes a menudo enfrentan desafíos adicionales para acceder a estos servicios, debido a barreras culturales y lingüísticas”.
Por otro lado, señaló que la estigmatización y los prejuicios son otra barrera significativa, para las mujeres que buscan acceder a estos servicios de salud sin discriminación.
En el caso particular de Costa Chica, advirtió que no hay servicios de aborto seguro, ni personal especializado para la atención, que cuando las usuarias solicitan información este mecanismo, son reprendidas y desestimadas.
“Esa condición las lleva a buscar alternativas no seguras, que afectan su bienestar físico, emocional y económico, que puede perpetuar el ciclo de desigualdad y pobreza”.
Reiteró la obligación de la Secretaría de Salud estatal a garantizar servicios de calidad, con calidez y sensibilidad, con métodos seguros, acorde con la edad gestacional, información adecuada y la atención requerida por parte de personal de salud capacitado.
“Es crucial tener en cuenta que los embarazos no deseados en nuestra región, a menudo están relacionados con trasfondos complejos, incluyendo casos alarmantes de uniones forzadas infantiles y abuso sexual. En este sentido, el acceso al aborto seguro y legal adquiere una relevancia fundamental en la atención de estas problemáticas, siendo un paso significativo hacia la restitución de los derechos y la autonomía de las víctimas”.

Develan placa de Ulises Nava en el memorial de universitarios ilustres

La hermana y la mamá del profesor de la UAG Ulises Salvador Nava, Fanny Nava Juárez y Gelacia Juárez, se abrazan frente a la placa develada en la explanada de Rectoría; las acompañan el rector electo de la UAG Javier Saldaña y el rector de la UAG Alfredo Romero Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y familiares del jefe del Departamento de Diversidad Sexual, Ulises Salvador Nava Juárez, asesinado hace 12 días en Aguascalientes, develaron la placa con el nombre del activista, en el memorial de universitarios ilustres ubicado en la explanada de la Rectoría.
El acuerdo para su inscripción en el memorial de universitarios destacados, fue aprobado la semana pasada por unanimidad en sesión del Consejo Universitario, junto a Rosalío Wences Reza, Rafael Bonilla Romero, Pablo Sandoval Cruz, Armando Chavarría Barrera y Cecilia Salas Vargas. Como parte del acto, izaron una bandera arcoíris y se pidió un minuto de aplausos en su recuerdo.
Encabezaron el acto el rector de la UAG, José Alfredo Romero Olea; el rector electo, Javier Saldaña Almazán; la mamá de Ulises Nava, Gelacia Juárez; su papá, Salvador Nava, y sus hermanas, Grecia y Fanny, así como consejeros, funcionarios y académicos de la institución.
En su intervención, Saldaña Almazán recordó a Ulises Nava como un joven activo que abrazó su identidad y por quien la UAG abrió el Departamento de Diversidad Sexual y se implementó el cambio de género en los títulos académicos. Una iniciativa que nadie había impulsado.
Dijo que lo conoció cuando el joven estudiaba la preparatoria y lo acompañó en su crecimiento profesional, hasta su muerte, afuera de un museo en Aguascalientes, donde se celebraba el Primer Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de la Cuota Arcoíris en México.
Aseguró que tenía pase directo a su oficina de Rectoría. Como anécdota, recordó que un día le pidió que le ayudara a que le dieran su título y dio instrucciones para resolver el problema, donde resultó que el documento estaba traspapelado.
Aclaró que sin importar condición o diferencias, la de los universitarios es “a todas, todos y todes”. Que todos los funcionarios se quiten la arrogancia para servir.
“Eso platicamos con el doctor Olea, por eso hemos hecho equipo hace más de 10 años y vamos a seguir manteniendo la estabilidad con inclusión”, indicó.
Destacó que pese a su juventud, Ulises Nava siempre estuvo para la comunidad LGBT y será dificil reemplazarlo. Llamó a sus compañeros a seguir apoyando a los jóvenes que, muchas veces, desde sus hogares son más frágiles por ser difrerentes.
Dijo que la diferencia no es condición para quitarle la vida a nadie, “no hay rencor más grande para quitarle la vida a alguien. Yo creo que la muerte de Ulises no debe quedar impune y debe haber justicia”.
Señaló que este reconocimiento es un acto de hermandad, de amor entre universitarios, y llamó a seguir trabajando de manera conjunta, para mejorar las condiciones de inclusión.
En la sesión extraordinaria del viernes 21 de julio, el Consejo Universitario acordó enviar una carta a la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, para demandar el esclarecimiento del crimen, así como solicitar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que suscriba el documento.
El rector José Alfredo Romero manifestó que el asesinato de Ulises Nava “dolió, lesionó muchísimo el corazón de la familia universitaria”.
Reconoció “a las, los y les consejeros univertarios” por haber aprobado de manera unánime que el nombre de Ulises Nava quedara inscrito para siempre en el recuerdo de los universitarios.
“Me preguntaban que ¿por qué tan joven? Les comentaba que no es requisito la edad para ser recorado en este memorial, pues fueron los hechos que desarrolló no sólo en favor de los universitarios, porque sus acciones traspasaron nuestras fronteras. Llevó la solidaridad a la sociedad, fue representante de esta politica de universidad pueblo con inclusion social”.

 

Multan al alcalde Osiel Pacheco por violencia política de género; un monto ridículo: activista

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE), sancionó al alcalde de Coyuca de Benítez, el morenista Osiel Pacheco Salas, junto con otros servidores públicos y funcionarios del Ayuntamiento, por violencia política en razón de género en contra de la regidora del PAN, Natividad Guadarrama Reyes.
En sesión pública, los magistrados declararon procedente la demanda porque quedó acreditado que no le permitieron el ejercicio de sus funciones negandole información, retuvieron sus pagos desde mayo de 2022, no dieron de alta al personal de su oficina, entre otros actos que constituyen violencia de tipo verbal, simbólica y económica.
La falta del alcalde fue calificada como “grave ordinaria”, y recibió multa de 10 mil 100 UMA, que equivale a 10 mil 374 pesos, y una amonestacion para  los demás infractores. Y motivó en redes sociales críticas de activistas políticas que consideraron muy baja la sanción, porque mencionan su inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.
La presidenta de la Red por los Derechos Políticos de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, señaló que la sentencia no es proporcional con el daño causado a la víctima ni garantiza la reparación del daño en medidas efectivas, y pone en duda la imparcialidad del órgano jurisdiccional.
“Desde nuestro punto de víctimas esta  sentencia se debe impugnar y la Red ofreció acompañamiento a la víctima para ir a la siguiente instacia”, indicó vía telefónica.
El jucio del Proceso Especial Sancionador 03 de este año que promovió la regidora de Comercio y Abasto Popular contra el alcalde Pacheco Salas, el secretario de Gobierno, Víctor Hugo Catalán Díaz; la secretaria general, Silvia Talavera Organes; la síndica Procuradora, Romana Leonardo Apolonio; la directora del Jurídico, Yamireth Stephany Hernández Mazón, y la secretaria de Administración, Esther Ríos Soberanis, fue turnado a magistrada Hilda Rosa Delgado Brito.
En el proyecto se acreditaron actos y omisiones que obstruyeron el ejercicio de su cargo como regidora, así como expresiones que implican violencia verbal, simbolica, económica y sicológica.
Señaló que el alcalde omitió a responder a las solicutudes de la denunciante sobre las finanzas de la administración, el número de empleados en nómina, de los laudos laborales, el presupuesto en el último trimeste del ejercicio fiscal de 2021, y el desistimiento de la demanda laboral de la secetaria de Servicios Públicos.
Asimismo, el secetario de Bienestar no le dio información de la demanda laboral de la secretaria Servicios Públicos, de varias actas de cabildo de 2021, y la copia del reglamento inrterno del Ayuntamiento; la sindica y la directora juridica también evadieron su responsabidad.
La Secretaría de Finanzas suspendió sus pagos desde mayo de 2022, el
El oficial mayor y el director de Recursos Materiales omitieron entregar material de papelería a su oficina y tampoco dieron de alta al personal. Además de que la denostraron con la intención de descreditarla ante los demás miembros del cabildo en el ánimo de no atender sus peticiones. En una sesión del cabil, el alcalde le dijo que su participación “era pura demagogia”.
El alcalde fue sancionado con una multa de 10 mil 374 pesos, el resto una amonestación, además de abstenerse de volver a denostar a la regidora y obstaculizar su función.  También tendrán que pagar su atención sicológica, cubrir los pagos y cuotas suspendidas hace un año, en un plazo de cinco días hábiles.

Débil sentencia: Red Guerrerense

En consulta, Muriel Salinas Díaz calificó como “débil” esta sentencia porque no garantiza medidas adecuadas de no repetición, por no establecer la inscripción de los infractores en el Registro Estatal de Personas Sancionadas.
En el supuesto de que tenga que hacerlo el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana, advirtió que los magistrados debieron establecer el tiempo que deben permanecer en el listado. No haberlo hecho, vulnera el debido proceso y el derecho constitucional a la debida diligencia.
“Este tipo de sentencias genera la duda respecto de la imparcialidad del tribunal, porque, aún cuando acreditan  la comision de estos actos de VPG, ninguna de las sanciones son equivalentes al daño causado, carecen de fuerza, de contundencia para tener un efecto de no repetición”.
Recordó que la reciente reforma a la ley electoral local se incorporó la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia de género, para evitar que ocupen un cargo público o por designación quien haya sido sancionado VPG contra las mujeres en razón de género, y la única forma de constatarlo es consultar Registro de Personas Sancionadas. “No incluiros, emite mensaje lamentable, parece que protegen al agresor”, denunció.
Además, señaló que el tiempo de permanencia en el registro, tendría que ser razonable, de uno o dos años, para garanizar el acceso a la justicia y reparacion integral del daño, para tenga efecto de exigibilidad la 3 de 3, y no tengan acceso a las candidaturas de la siguiente elección.
“Lo que ha ocurrido en algunas sentencias, donde sí se ordena la inscripcion, es que la permanencia de estas pesonas en el registro es de tiempo breve. Seguimos esperando del TEE que no les tiemble la mano y sean garantistas de la debida diligencia y del acceso a la jsuticia”
Señaló que estas sentencias deben observar también lo dipuesto en artículo 12 de Ley General de Victimas, en las fracciones segunda, sobre la reparación expedita. de manera proporcional y justa, “no lo vemos en esta sentencia”
Consideró “ridicula” la multa para el alcalde, “no es absoluto digamos reparadora del daño causado en cuanto a la violencia económica de la que fue víctima la regidora, aun cuando se le restituyan las pagos que le retuvieron ilegalmente”.