Etiqueta: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres

Develan mural en Ometepec pro aborto y piden servicio de calidad

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres develaron ayer un mural en Ometepec, sobre el derecho al aborto seguro, de calidad y con información para Costa Chica, donde los estigmas sociales son una barrera para las mujeres que acompañan y quienes solicitan una interrupción, explicó la activista Ana Grabiela Candela Garzón.
En el acto que se transmitió por redes sociales, la feminista denunció la desaparición del módulo de Servicios Especializados en Atención a la Violencia Intrafamiliar (Sepavi) del hospital general de Ometepec, que daba seguimiento a embarazos no deseados.
Indicó que las usuarias sólo tienen acceso al aborto a través a los servicios de urgencias, en donde la privacidad puede verse vulnerada, además de que se revictimiza y estigmatiza a las usuarias.
Añadió que, a la fecha, no hay una sola unidad de salud en los municipios de la región, que dé servicios de calidad. Entonces, cuando las mujeres indígenas y afrodescendientes solicitan información, son reprendidas o desestimadas por el personal de atención médica.
Lo anterior se agrava si se considera que la mayoría de los embarazos no deseados en la región, están relacionados con uniones forzadas y violaciones, afirmó.
La defensora de derechos humanos indicó que esta acción es parte de la continuidad de la campaña Tú decides, el estado garantiza y nosotras te acompañamos, porque preocupa la situación que enfrentan las mujeres en Costa Chica, para ejercer sus derechos reproductivos de forma segura y confidencial.
Pese a la despenalización del aborto, desde el 17 de mayo de 2022, aseguró que el gobierno estatal no ha hecho campañas efectivas de promoción y acceso a los servicios de interrupción del embarazo, que alcancen “a las comunidades y lugares más alejados de la región y que tengan pertinencia cultural”.
“Es importante destacar que el acceso a la información sobre el aborto debe ser un derecho, no un privilegio. Es esencial promover campañas informativas y educativas, que alcancen a toda la población y brinden claridad sobre nuestros derechos reproductivos. En particular, debemos prestar especial atención a las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes a menudo enfrentan desafíos adicionales para acceder a estos servicios, debido a barreras culturales y lingüísticas”.
Por otro lado, señaló que la estigmatización y los prejuicios son otra barrera significativa, para las mujeres que buscan acceder a estos servicios de salud sin discriminación.
En el caso particular de Costa Chica, advirtió que no hay servicios de aborto seguro, ni personal especializado para la atención, que cuando las usuarias solicitan información este mecanismo, son reprendidas y desestimadas.
“Esa condición las lleva a buscar alternativas no seguras, que afectan su bienestar físico, emocional y económico, que puede perpetuar el ciclo de desigualdad y pobreza”.
Reiteró la obligación de la Secretaría de Salud estatal a garantizar servicios de calidad, con calidez y sensibilidad, con métodos seguros, acorde con la edad gestacional, información adecuada y la atención requerida por parte de personal de salud capacitado.
“Es crucial tener en cuenta que los embarazos no deseados en nuestra región, a menudo están relacionados con trasfondos complejos, incluyendo casos alarmantes de uniones forzadas infantiles y abuso sexual. En este sentido, el acceso al aborto seguro y legal adquiere una relevancia fundamental en la atención de estas problemáticas, siendo un paso significativo hacia la restitución de los derechos y la autonomía de las víctimas”.

Se cumple un año de la despenalización del aborto y persisten los obstáculos: feministas

Las integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Zuri Vivar, María Luisa Garfías Marín, Grabiela Candela Garzón, Janiceli Renata Moreno y Carolina Gálvez Zeferino. Atrás, Jessica Estevez, María de Jesús Candela y Simoni Vivar, durante la conferencia de prensa Foto: El Sur

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Al cumplirse un año de la despenalización del aborto en Guerrero, integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres denunciaron en conferencia de prensa que persisten los obstáculos que las usuarias enfrentaban antes de la reforma del Código Penal del estado, para acceder a la interrupción en los servicios estatales de salud.
Las activistas indicaron que un día antes se reunieron con la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, para explicarle que en los hospitales se sigue estigmatizando y violentando a quienes solicitan un aborto, por lo que plantearon alternativas para evitarlo.
Sin embargo, señalaron que la funcionaria pidió esperar a que termine la transición de los hospitales del sector salud estatal al IMSS Bienestar, porque la federación tiene lineamientos para la atención del aborto seguro.
La feminista María Luisa Garfias Marín dijo que las activistas insistieron en la elaboración de un protocolo que sirva de guía al personal de salud, que es el argumento que usan los médicos para negando, retrasando o violentando en la atención a las usuarias.
Aclararon que sólo se estableció un contacto para llamar a la dependencia, en el momento de que algunas de las mujeres que acompañan tengan problemas en la atención. En un año, señalaron que dieron acompañamiento a alrededor de 250 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo.
Con un pronunciamiento, denunciaron que los médicos siguen utilizando métodos desfasados como el legrado, que implica mayor riesgo e invasión para las mujeres, en lugar de optar por métodos más seguros y recomendados como el aborto con medicamentos o el aspirado manual endouterino; no existe promoción del aborto como un derecho reproductivo y de información sobre los hospitales que ofrecen el servicio, lo que genera desconocimiento e incertidumbre entre las mujeres que buscan interrumpir su embarazo.
Así como la persistencia de actitudes estigmatizantes, discriminatorias y violentas por parte del personal de salud hacia las mujeres que solicitan un aborto, así como la negación injustificada de los servicios o la imposición de requisitos innecesarios, y la falta de ética médica de funcionarios que no salvaguardan la confidencialidad de sus pacientes.
Aseguraron que lo anterior se repite en otras 10 entidades que tienen despenalizado el aborto, y las organizaciones de los estados se unieron en un Movimiento de Acceso al Aborto.
Las activistas de los derechos sexuales y reproductivos, Ana Gabriela Candela Garzón, María Luisa Garfias Marín, Carolina Gálvez Zeferino, Angie de la Rosa Palafox, entre otras, también recriminaron la centralización de los servicios en dos o tres hospitales de Acapulco y Chilpancingo para las mujeres de todas las regiones.
Señalaron que la secretaria precisó que son tres los hospitales que brindan este servicio, la unidad de partería en Chilpancingo y los hospitales generales de Chilapa y de Iguala. El resto de las unidades siguen en capacitación.
Asimismo, informaron que Ibarez les dijo que había comprado mifepristona, el medicamento para la interrupción con pastillas, y si notaban que no se estaba aplicando, que lo reporten.
Por otro lado, informaron que obtuvieron datos de la Fiscalía General del Estado de que hay 10 mujeres en prisión, detenidas por el presunto delito de homicidio en razón de parentesco, después de sufrir abortos espontáneos. Llamaron a las autoridades a que en Guerrero, no se siga criminalizando a la mujer por el aborto.

 

Exigen justicia por los asesinatos de la adolescente de Acapulco y de la maestra de la capital

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres exigió justicia para Eyna Vanesa, la adolescente desaparecida y encontrada asesinada hace dos días en una colonia de Acapulco, y para la maestra Marlén, asesinada ayer en Chilpancingo.
En su cuenta de Facebook, la Red consideró “inaceptable que las mujeres vivamos en constante peligro, y que las autoridades no estén cumpliendo con su responsabilidad de proteger nuestros derechos y nuestra vida”.
Demandó que las instituciones “asuman su responsabilidad y tomen medidas inmediatas para erradicar la violencia de género y se tipifiquen como feminicidios (las muertes dolosas de mujeres), para garantizar que las víctimas obtengan justicia y que se castigue a los agresores”.
En un primer mensaje en la mañana, la organización cuestionó la eficiencia de los protocolos de búsqueda en el estado, por el asesinato de la adolescente Eyna Vanesa, vista por última vez al salir de sus clases de baile, y hallada sin vida anteayer en una barranca de la colonia Mozimba.
Expresó gran indignación por el feminicidio de la estudiante de 16 años “porque su muerte sucedió una vez más en las narices de las autoridades. Vanesa no es un caso aislado, se repite en las siete re-giones de Guerrero, donde primero las desaparecen y después, las encuentran asesinadas”.
Señalaron que las investigaciones no son pertinentes ni oportunas, al contrario, están “mermadas de revictimización y prejuicios en razón de género”.
Denunciaron que la negligencia, corrupción y misoginia de las instituciones, “nos violenta y nos mata todos los días”.
Recordaron que Guerrero tiene dos alertas de violencia de género pendientes de atención, una por violencia feminicida, con ninguna medida cumplida, y la de agravio comparado, para la atención integral de víctimas en los servicios de salud.
Se solidarizaron con la familia de Eyna Vanesa, y exigieron a los gobiernos estatal, municipal de Acapulco y la Fiscalía que no haya simulación.
Advirtieron que Eyna Vanesa apareció asesinada un día 25, cuando funcionarios se visten de naranja y hablan de acciones en favor de las mujeres, no obstante la  impunidad permisiva que persiste.
Luego  que trascendió en redes el asesinato de la maestra Marlén en Chilpancingo, expresaron ma-yor  preocupacion porque en menos de 24 horas se registraron  dos feminicidios en Guerrero.
Además de demandar justicia para ambas, confirmaron que la violencia contra las mujeres no retrocede en Guerrero. Insistieron que no haya más listones naranjas, sino hay justicia, ni investigaciones pertinentes con perspectiva de género. Es decir, que se tipifiquen como feminicidios los asesinatos de mujeres, lo cual crucial para garantizar que las víctimas obtengan justicia y que se castigue a los agresores.

Protestan activistas y familiares de Aurelia en el Palacio de Justicia en Iguala antes de la audiencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres se manifestaron afuera del Palacio de Justicia en Iguala, con los padres de Aurelia García Cruceño, la joven nahua acusada de homicidio en razón de parentesco tras un parto fortuito, antes de la audiencia de alegatos del juicio oral.
Llamaron a la jueza que lleva el caso, Mariela Alfaro Zapata, a que considere todas las violencias, física, sexual e institucional de las que ha sido víctima Aurelia, y que la mantienen en prisión desde hace más de tres años antes de dictar sentencia este martes.
En entrevista telefónica la coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Ana Grabiela Candela Garzón denunció que personal impidió el acceso al edificio a las activistas de Acapulco y Chilpancingo que esperaban escuchar la audiencia que debe ser pública, después de la protesta.
Informó que sólo pasaron las abogadas y los padres de Aurelia, Alberto García Palazin y Agustina Cruceño Naranjas, argumentando una “cuestión administrativa”, les dijeron.
Recordó que la fecha anterior de la audiencia que se ha diferido en diferentes días de noviembre y diciembre por la carga de trabajo de los juzgados, lograron pasar tras esperar una hora. Estimaban que ayer sería igual, pero no ocurrió así.
Las abogadas fueron condicionadas por el Poder Judicial a no hablar del caso en una audiencia anterior que se citó de manera urgente, donde se supo que serían acusadas del delito contra la administración de la justicia, además de violar la presunción de inocencia de Aurelia por la cobertura del caso en la prensa.
Consideró que la jueza sigue en la misma tónica para que no se hable del caso, pero las mujeres organizadas fueron a Iguala con una consigna, que Aurelia recupere su libertad para retomar un proyecto de vida y alcanzar su sueño de ser maestra.
Adelantó que hoy a las 5 de la tarde también estarán esperando la resolución del caso en el Palacio de Justicia.
Lamentó que en el tiempo que lleva en reclusión ni en el proceso judicial que se repuso por una sentencia de apelación, nadie ha considerado la salud de la joven indígena detenida, “no tiene acompañamiento sicológico, emocional, no hay cuidado de su salud, no se preocupan por ella”.
“Pero hoy lo importante es centrarnos en su libertad, que regrese con su familia”, dijo, y precisó que los padres de Aurelia han tenido que viajar de los campos del norte del país a Iguala para acompañar a su hija en las audiencias.
En la protesta la feminista María Luisa Garfias Marín dijo que Aurelia ha sido víctima de violencia física, sexual e institucional en un estado donde las autoridades afirman que Guerrero se convertirá en un santuario para las mujeres, pero ese anhelo “no existe”.
Llamó a la jueza a cargo del caso que reconsidere la sentencia que va a dictar, para que sea a favor de la joven nahua que fue víctima de violación sexual y a partir de ese hecho tuvo un embarazo no deseado que terminó con un aborto, tras un parto fortuito.

 

Amenaza la jueza del caso de Aurelia con imputar delitos a la defensa, denuncian activistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Poder Judicial llamó a las abogadas de Aurelia, la joven indígena nahua originaria de Xochicalco acusada de homicidio en razón de parentesco debido a un aborto espontáneo, a una audiencia urgente para ayer a las 7 de la noche, pero la jueza Mariela Alfaro Zapata les negó la posibilidad de comparecer de manera virtual, informó la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
Lo más grave del caso, explicó la organización en un comunicado distribuido en redes sociales, es que se pretende señalar a las abogadas como responsables de violar el derecho de presunción de inocencia de su propia defendida, además de imputarles la comisión del delito contra la administración de justicia y lo que resulte.
Lo anterior debido a la difusión que ha tenido el juicio oral que se realiza en el Palacio de Justicia de Iguala, diferido en distintas fechas de noviembre y diciembre, donde las abogadas de la Red han destacado las irregularidades en el proceso.
A pesar de que solicitaron formalmente que se les permitiera la presencia virtual de las defensoras, porque se encuentran fuera de Guerrero, la jueza Mariela Alfaro Zapata se negó y advirtió que en caso de no estar presentes físicamente se tendrá por abandonada la defensa.
En este tenor, la tarde de ayer la Red solicitó que se revoque la determinación y se permita la asistencia virtual de ambas defensoras de Aurelia, asimismo que se garantice la no criminalización y la no intimidación a las abogadas.