La Procuraduría General de la República (PGR) sigue retrasando las diligencias que propone el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de Ayotzinapa, denunció al abogado de os padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, al salir de la reunión mensual de seguimiento con la procuradora Arely Gómez.
Acompañado de los padres, advirtió que la intención de las autoridades es que al final del segundo mandato de los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –el 30 de abril–, digan que sin avances, tampoco es necesaria la coadyuvancia de los expertos en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural.
Al mismo tiempo, denunció, hay una estrategia mediática contra cada integrante del GIEI, y hace dos días contra el secretario técnico de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, por el financiamiento público que México aporta al organismo internacional. Rosales Sierra aclaró que los países de Latinoamérica que tienen acompañamiento internacional en temas de justicia, financian los procesos. En todo caso, llamó a cuestionar a las autoridades cuánto aportan a Naciones Unidas, y a la a Organización de Estados Americanos (OEA) de las que forman parte.
Dejó ver que sigue una andanada de ataques para adjudicar al GIEI la falta de resultados y de impartición de justicia en el caso. Pero recordó que es facultad del Estado la investigación y la aplicación de la justicia.
También denunció que la PGR se ha negado a hacer 120 diligencias relacionadas con el mismo número de personas implicadas en los crímenes de Iguala, ya sea por testimonios de las víctimas, de detenidos o señalados en las mantas que se coloraron en Iguala, entre éstas hay soldados, policías federales, políticos y alcaldes de la región Norte de Guerrero.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, denunció que para dar trámite a la petición de los padres, los funcionarios de la Unidad de investigación exigieron que ratifiquen la solicitud que llevaron a la mesa hace un mes, para que comiencen a revisarla.
En el plantón de organizaciones sociales, frente a la PGR en el Paseo de Reforma, Rosales Sierra también dijo que los padres de los desaparecidos, sólo van a aceptar los resultados del cuarto peritaje (en fuego) en la basurero de Cocula, si hay consenso entre los seis expertos que intervienen en la investigación.
Indicó que los trabajos comenzaron a finales de enero, y a la fecha los peritos encargados hacen trabajo de campo, y se espera que entreguen resultados el 31 de marzo.
Enfatizó que no van a aceptar resultados por mayoría, y el vocero insistió: “nosotros decimos que es un teatro (el cuarto peritaje) para dilatar la búsqueda de los estudiantes y hacer una nueva verdad histórica.
Aclaró que para los padres, el peritaje del primer informe de expertos independientes desacreditó la versión oficial de los hechos, porque de acuerdo a la evidencia y las pruebas científicas aplicadas en el lugar, es imposible. Lo mismo hicieron las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense, que se presentó este año.
Demandó una reunión inmediata con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que ratifique su compromiso con los padres de los desaparecidos, de la última reunión el año pasado en Acapulco.
Recordó que entonces llamó a los padres a no seguir especulando (por los señalamientos contra el Ejército, como implicado en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014), pidió que dejaran hablar al trabajo de los expertos de la CIDH, y que para el fin de su periodo ya habría resultados concretos; si no fuera así, les aseguró que extenderían su mandato a un tercer periodo.
Aunque en lugar de colaborar con los expertos para esclarecer los hechos, hay una línea clara para desacreditar su labor, De la Cruz recordó que sin ellos no se habría descubierto la existencia del quinto camión, que no sólo omitió la PGR de las investigación, se estima que manipuló y desapareció evidencia de esta línea de investigación.
Tampoco de la videograbación del circuito cerrado de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Iguala, de la última vez que se supo de 14 normalistas desaparecidos; aunque autoridades reconocen que existe, nadie a la fecha sabe dónde quedó.
Sobre todo, señaló que los expertos invalidaron la tesis oficial, de que los 43 normalistas desaparecidos fueron asesinados y quemados hasta las cenizas en el basurero de Cocula, y sus restos lanzados a un río, en cuestión de horas.
El primer peritaje en el basurero fue presentado por el procurador Jesús Murillo Karam, y lo declaró “la verdad histórica”, de los hechos. El segundo peritaje fue del GIEI, el tercero del Grupo Argentino de Antropología Forense (GAAF). El cuarto, ha dicho la PGR que será definitivo.
En este escenario, Rosales Sierra advirtió que los padres van a analizar si siguen asistiendo a las reuniones si no hay avances, no hay atención a sus peticiones y se siguen obstruyendo la labor de los expertos independientes.
La búsqueda sin vida
Como ejemplo de los lentitud y los obstáculos en la investigación, explicó que la única de cuatro líneas de investigación que ha trabajado la PGR es la búsqueda sin vida de los normalistas desaparecidos.
Ayer les informaron de cuatro operativos en los cuatro parajes: Tianquizolco (ya habían informado de este caso el mes pasado), Huerta Vieja, Loma del Coyote y Cerro Las Parotas, todo en Iguala.
Sin embargo, agregó que las autoridades han incumplido el calendario de visitas con los expertos a los lugares, argumentando que no tienen el equipo adecuado cuando se acerca la fecha prevista, o porque la Policía Federal anda en otras actividades. En consecuencia los expertos no han ido a las inspecciones.
También denunció que para iniciar cada búsqueda, la Policía Federal les pide las coordinadas exactas, como si fuera obligación de los coadyuvantes tener esa información, aunado a otras irregularidades señaladas con anterioridad: la fragmentación de expedientes y que la SEIDO sigue teniendo buena parte de la investigación en su poder.
Por ejemplo, indicó que el cerca del basurero de Cocula, hay un lugar conocido como La Carnicería, que los expertos pidieron revisar, porque se menciona a menudo en el expediente, cuando van a hacer el trabajo de campo, resulta que la SEIDO ya estuvo ahí.
Para justificar la intromisión, dice que recibió una denuncia específica de otro caso, cosas como esa obstaculiza el trabajo de los expertos, “nos preocupa cómo caminan las cosas, la lentitud de las investigaciones y los obstáculos al GIEI, cómo están apostando al tiempo”, para agotar el periodo del acompañamiento internacional.
