La alcaldesa de Tetipac, Viola Figueroa Arriaga declaró ante la irrupción de un grupo de 30 o 40 hombres armados la noche del martes en la cabecera municipal; “Yo creo que es algo que no nos podemos espantar porque el estado en general así es”.
La alcaldesa participó en la entrega de reconocimientos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) que se hizo en Palacio de Gobierno.
Al finalizar la actividad se le preguntó de los hechos ocurridos la noche del martes pasado, cuando se reportó la irrupción de 30 o 40 hombres armados que llegaron a bordo de seis camionetas de lujo y se llevaron a tres policías municipales.
A lo que la alcaldesa respondió, “bueno yo creo que es algo que no nos podemos espantar porque el estado en general así es”, y se negó a seguir con la entrevista porque se tenía que tomar la foto con los demás alcaldes que asistieron al mismo evento.
En una segunda consulta, Figueroa Arriaga se contradijo asegurando que el hecho “es una mentira”, y añadió “mira hay ocasiones en las que me gusta más que se enfoquen en lo positivo del municipio que en lo negativo”. Dijo que la inseguridad está en todo el estado.
“Si volteamos a ver a Chilpancingo, Acapulco, Taxco e Iguala, u otro estado, no es específicamente en una región”, señaló.
Insistió que la violencia e inseguridad es un problema social y no de género o de algún partido político o un “sistema”, sino un “problema social que tenemos con los ciudadanos”.
—¿Hubo irrupción del grupo armado de 40 personas?
—Es que eso es mentira, no sé de dónde lo sacaron, sí hay policías, no sé de dónde salió la nota de que habían renunciado, lo desconozco pero ustedes saben que mucha veces cuando nosotros como Ayuntamiento o municipio de cierta manera no trabajamos con tantos medios hay veces que se nos ataca políticamente.
—¿Por qué cuestión política?
—La verdad no me gusta estar como viendo por donde, más bien me gusta trabajar y seguir en lo mío y nuestro tiempo es corto y por lo mismo me gusta ser constante en el trabajo para la gente.
Durante la consulta se le preguntó también sobre la privación de la libertad de dos familiares del ex alcalde priista, Néstor Serrano Rodríguez, y contestó que desconocía esa información.
Señaló que desde su llegada a la administración actual le solicitó al gobierno del estado el reforzamiento de la seguridad en su municipio, por lo que aseguró que actualmente hay policías estatales y municipales trabajando para dar seguridad en la población y negó que hayan renunciado.
En la edición de ayer de El Sur se informó que hombres armados irrumpieron la madrugada del martes en la comunidad de San Gregorio, Tetipac, y amenazaron al comisario del pueblo con levantar y asesinar a toda persona que sea vista después de las 10 de la noche en las calles.
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Se reúnen padres de los 43 y la procuradora; insisten en la salida de Tomás Zerón de la AIC
Una vez más la procuradora general de la República, Arely Gómez González sólo reiteró a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, que en la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, se trabaja con “exhaustividad y profesionalismo”.
La reunión entre ambas partes se llevó a cabo un día después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que la causa de la muerte del normalistas de Ayotzinapa Julio César Mondragón Fontes, una de las víctimas de Iguala, se debió a la multiplicidad de golpes que recibió de policías y criminales, y de que perros y roedores fueron los responsables del desprendimiento de la piel de su rostro.
En la reunión los padres demandaron que se mantenga presos a los policías que atacaron a Julio César Mondragón y sostuvieron sus anteriores demandas: que se dé seguimiento al libro blanco elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la destitución de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a quien señalan de sembrar pruebas en el basurero de Cocula.
En un comunicado la PGR señaló que en la reunión en la sede central de la dependencia, la procuradora refrendó ante los familiares de los jóvenes normalistas el compromiso indeclinable de la institución de esclarecer el caso.
Durante el encuentro se expusieron los avances en las distintas líneas de investigación y se informó sobre las acciones de búsqueda que se realizan, contando para ello con instrumentos tecnológicos de punta.
Según la PGR, en un “ejercicio de plena transparencia” se dio cuenta de los últimos avances en la investigación, como las diligencias practicadas a raíz de las últimas detenciones de personas relacionadas con el caso, análisis exhaustivo en materia de telefonía y trabajos periciales en curso.
Además, Arely Gómez escuchó con atención los diversos planteamientos de los familiares en relación con el desarrollo de las indagatorias y enfatizó en su disposición para seguir trabajando de manera cercana y conjunta, tanto en los mecanismos de búsqueda como en los demás aspectos de la indagatoria, dice.
En la reunión estuvieron el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres; Alfredo Higuera Bernal titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, así como Luis Grijalva Torrero, responsable del Órgano Interno de Control.
Ninguno de ellos dio respuesta a los planteamientos de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes nuevamente solicitaron la destitución de Zerón de Lucio como uno de “los planteamientos irrenunciables” ya que en opinión del abogado Vidulfo Rosales, el Mecanismo Especial de Seguimiento a Víctimas no dará resultados.
Así, temen que una vez más la PGR cambie las investigaciones y recomendaciones que adelantó el GIEI.
Desde el 25 de abril cuando los padres exigieron por primera vez la destitución de Zerón de Lucio, éste suspendió sus apariciones públicas.
Luego del encuentro con la titular de la PGR, los padres de familia se dirigieron a la sede de la Cancillería, donde quitaron su plantón iniciado hace seis días, luego de agradecer el apoyo de artistas y ciudadanos, quienes se solidarizaron con el movimiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Repudian padres de los 43 normalistas la reintegración de Ángel Aguirre a la política
En la sede de la Asamblea Popular Municipal de Tixtla (APM), los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa expresaron su repudio a la reintegración del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, a la política en Guerrero, y a la detención de dirigentes magisteriales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se oponen a la reforma educativa.
Ahí, en la reunión privada los integrantes de la APM se comprometieron a apoyar todas las acciones que los padres de los desaparecidos determinen, y ambos acordaron integrar un comité con un padre, un normalista de Ayotzinapa, un representante de la asamblea y otras organizaciones sociales, para organizar actividades de protesta para el próximo 26 de septiembre cuando se cumplan dos años de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala y de la desaparición forzada de los normalistas.
El encuentro se hizo como parte de la jornada de información en localidades de donde son originarios los estudiantes desaparecidos, de esta cabecera son originarios 11 normalistas y 14 de Tixtla.
El papá del normalista Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Clemente Rodríguez, visiblemente enojado por la reunión entre el ex gobernador Ángel Aguirre -separado del cargo por la desaparición forzada de los estudiantes-, con diez diputados locales del PRD, expresó “este perro de Aguirre dejó el cargo y ahora se anda paseando con toda impunidad”.
Asimismo, se refirió al ex procurador Jesús Murilllo Karam, que tras informar en cadena nacional la versión de la PGR sobre el paradero de los normalistas, sobre que fueron incinerados en el basurero de Cocula, sólo fue cambiado a otro cargo público mientras expertos y peritos independientes descubrían que todo era una mentira.
Reconoció que con dolor aceptó que los estudiantes pudieron terminar así como dijo el gobierno, pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con pruebas científicas señaló que la llamada verdad histórica (versión de la PGR) no tenía sustento, por eso el gobierno lo sacó de la investigación y del país. Ahora se revisa otro mecanismo especial para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pueda hacer un seguimiento puntual del caso.
El representante de los padres, Melitón Ortega, informó que la exigencia al gobierno federal es la destitución del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, que desde su oficina fraguó la verdad histórica.
Denunció que Zerón de Lucio es responsable de una serie de irregularidades señaladas por el GIEI en sus informes, para desviar la investigación de la verdad.
Advirtió que con la difusión de un informe de la PGR, sobre todas las diligencias que se han hecho hasta el 30 de abril, sólo pretenden volver a la tesis de la delincuencia organizada y al basurero de Cocula.
Dijo que esto es con la intención de dejar la responsabilidad de los crímenes de Iguala sólo en la Policía Municipal y a un grupo de narcotraficantes, pero que todas las autoridades de gobierno presentes en Iguala tuvieron conocimiento al momento de que estaban atacando a estudiantes.
También denunció que la separación de otros funcionarios de la investigación, del titular de la Oficina Especial del caso Iguala, y de la directora de Servicios Periciales es un distractor de la PGR para ganar tiempo.
Insistió en que los padres van a insistir en la destitución de Zerón de Lucio por todas las irregularidades en el caso, que ha sido “una mentira tan grande como lo de basurero de Cocula”, y si la procuradora de la PGR, Arely Gómez, insiste en mantenerlo en el cargo, adelantó que ya no tendría ningún sentido continuar las reuniones mensuales de seguimiento, donde el gobierno debería dar cuentas de los avances en la búsqueda de los estudiantes y los responsables.
En la reunión con unos 30 activistas, se informó que la APM se constituyó en una asociación civil para evitar, en lo posible, las agresiones de las autoridades, porque es claro que continuará el hostigamiento para quienes protestan y alzan la voz. En este sentido, los integrantes de la asamblea ofrecieron apoyar todas las acciones de los padres, y que éstos respalden sus acciones con presencia.
La APM apoyó a los padres en las acciones de boicot de las elecciones del 7 de junio del año pasado, y sólo en este municipio se anuló la elección de Ayuntamiento.
Melitón Ortega pidió que las acciones sean del 26 de septiembre sean simbólicas “para que no se olviden”, aunque desearían no llegar a otro año sin los normalistas
Se reúnen padres de Ayotzinapa con la PGR; sigue obstaculizando a los expertos, denuncian
La Procuraduría General de la República (PGR) sigue retrasando las diligencias que propone el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de Ayotzinapa, denunció al abogado de os padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, al salir de la reunión mensual de seguimiento con la procuradora Arely Gómez.
Acompañado de los padres, advirtió que la intención de las autoridades es que al final del segundo mandato de los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –el 30 de abril–, digan que sin avances, tampoco es necesaria la coadyuvancia de los expertos en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural.
Al mismo tiempo, denunció, hay una estrategia mediática contra cada integrante del GIEI, y hace dos días contra el secretario técnico de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, por el financiamiento público que México aporta al organismo internacional. Rosales Sierra aclaró que los países de Latinoamérica que tienen acompañamiento internacional en temas de justicia, financian los procesos. En todo caso, llamó a cuestionar a las autoridades cuánto aportan a Naciones Unidas, y a la a Organización de Estados Americanos (OEA) de las que forman parte.
Dejó ver que sigue una andanada de ataques para adjudicar al GIEI la falta de resultados y de impartición de justicia en el caso. Pero recordó que es facultad del Estado la investigación y la aplicación de la justicia.
También denunció que la PGR se ha negado a hacer 120 diligencias relacionadas con el mismo número de personas implicadas en los crímenes de Iguala, ya sea por testimonios de las víctimas, de detenidos o señalados en las mantas que se coloraron en Iguala, entre éstas hay soldados, policías federales, políticos y alcaldes de la región Norte de Guerrero.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, denunció que para dar trámite a la petición de los padres, los funcionarios de la Unidad de investigación exigieron que ratifiquen la solicitud que llevaron a la mesa hace un mes, para que comiencen a revisarla.
En el plantón de organizaciones sociales, frente a la PGR en el Paseo de Reforma, Rosales Sierra también dijo que los padres de los desaparecidos, sólo van a aceptar los resultados del cuarto peritaje (en fuego) en la basurero de Cocula, si hay consenso entre los seis expertos que intervienen en la investigación.
Indicó que los trabajos comenzaron a finales de enero, y a la fecha los peritos encargados hacen trabajo de campo, y se espera que entreguen resultados el 31 de marzo.
Enfatizó que no van a aceptar resultados por mayoría, y el vocero insistió: “nosotros decimos que es un teatro (el cuarto peritaje) para dilatar la búsqueda de los estudiantes y hacer una nueva verdad histórica.
Aclaró que para los padres, el peritaje del primer informe de expertos independientes desacreditó la versión oficial de los hechos, porque de acuerdo a la evidencia y las pruebas científicas aplicadas en el lugar, es imposible. Lo mismo hicieron las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense, que se presentó este año.
Demandó una reunión inmediata con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que ratifique su compromiso con los padres de los desaparecidos, de la última reunión el año pasado en Acapulco.
Recordó que entonces llamó a los padres a no seguir especulando (por los señalamientos contra el Ejército, como implicado en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014), pidió que dejaran hablar al trabajo de los expertos de la CIDH, y que para el fin de su periodo ya habría resultados concretos; si no fuera así, les aseguró que extenderían su mandato a un tercer periodo.
Aunque en lugar de colaborar con los expertos para esclarecer los hechos, hay una línea clara para desacreditar su labor, De la Cruz recordó que sin ellos no se habría descubierto la existencia del quinto camión, que no sólo omitió la PGR de las investigación, se estima que manipuló y desapareció evidencia de esta línea de investigación.
Tampoco de la videograbación del circuito cerrado de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Iguala, de la última vez que se supo de 14 normalistas desaparecidos; aunque autoridades reconocen que existe, nadie a la fecha sabe dónde quedó.
Sobre todo, señaló que los expertos invalidaron la tesis oficial, de que los 43 normalistas desaparecidos fueron asesinados y quemados hasta las cenizas en el basurero de Cocula, y sus restos lanzados a un río, en cuestión de horas.
El primer peritaje en el basurero fue presentado por el procurador Jesús Murillo Karam, y lo declaró “la verdad histórica”, de los hechos. El segundo peritaje fue del GIEI, el tercero del Grupo Argentino de Antropología Forense (GAAF). El cuarto, ha dicho la PGR que será definitivo.
En este escenario, Rosales Sierra advirtió que los padres van a analizar si siguen asistiendo a las reuniones si no hay avances, no hay atención a sus peticiones y se siguen obstruyendo la labor de los expertos independientes.
La búsqueda sin vida
Como ejemplo de los lentitud y los obstáculos en la investigación, explicó que la única de cuatro líneas de investigación que ha trabajado la PGR es la búsqueda sin vida de los normalistas desaparecidos.
Ayer les informaron de cuatro operativos en los cuatro parajes: Tianquizolco (ya habían informado de este caso el mes pasado), Huerta Vieja, Loma del Coyote y Cerro Las Parotas, todo en Iguala.
Sin embargo, agregó que las autoridades han incumplido el calendario de visitas con los expertos a los lugares, argumentando que no tienen el equipo adecuado cuando se acerca la fecha prevista, o porque la Policía Federal anda en otras actividades. En consecuencia los expertos no han ido a las inspecciones.
También denunció que para iniciar cada búsqueda, la Policía Federal les pide las coordinadas exactas, como si fuera obligación de los coadyuvantes tener esa información, aunado a otras irregularidades señaladas con anterioridad: la fragmentación de expedientes y que la SEIDO sigue teniendo buena parte de la investigación en su poder.
Por ejemplo, indicó que el cerca del basurero de Cocula, hay un lugar conocido como La Carnicería, que los expertos pidieron revisar, porque se menciona a menudo en el expediente, cuando van a hacer el trabajo de campo, resulta que la SEIDO ya estuvo ahí.
Para justificar la intromisión, dice que recibió una denuncia específica de otro caso, cosas como esa obstaculiza el trabajo de los expertos, “nos preocupa cómo caminan las cosas, la lentitud de las investigaciones y los obstáculos al GIEI, cómo están apostando al tiempo”, para agotar el periodo del acompañamiento internacional.
La SEIDO “no tiene tiempo” para ir a Chilapa a informar, dicen a familiares de desaparecidos
Familiares de desaparecidos de Chilapa reprocharon que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no venga a Chilapa a informarles sobre sus desaparecidos “porque no tienen tiempo”, y que les pidan ir a la Ciudad de México para reunirse con ellos.
Uno de los padres de desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo pasado se comunicó con la SEIDO para preguntar si ya tenían una fecha para acudir a Chilapa a informarles sobre sus desaparecidos, la respuesta que obtuvo de la SEIDO fue que no tenían tiempo, que si les interesaba saber de sus familiares acudieran a la Ciudad de México para recibir la información.
El vocero de los familiares, José Días Navarro se comunicó con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, para preguntarle su respuesta a la solicitud de que la SEIDO se reuniera en Chilapa con los familiares, el subsecretario envió un mensaje de texto en el que se leía: “me comentó la procuradora (Arely Gómez, que, que) lo comunicará a SEIDO para que esta área diera la atención, en el entendido de que en esta área están los casos sustantivos de sus averiguaciones. El subprocurador (Eber Omar Betanzos) me comentó que nos coordináramos con Segob para realizarlo en el marco de las reuniones que se tienen con esta instancia. Pronto le tendremos noticias”.
El vocero lamentó que Arely Gómez y la SEIDO no los atiendan, y que su respuesta haya sido que, “si nos interesa la información que vayamos a México, porque ellos tienen mucho trabajo y no pueden venir”.
Sin embargo, Campa Cifrián quedó en darle una respuesta a la solicitud de que SEIDO acuda a la cabecera municipal.
Apenas el 23 de octubre, los familiares fueron informados de que las investigaciones de 14 desaparecidos en mayo están en manos de la SEIDO, que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad de la PGR sólo estaba llevando el caso de 24 desaparecidos de antes del 9 de mayo.
Posteriormente, la SEIDO citó en la Ciudad de México, para informarles sobre las investigaciones que llevan, a una comisión de familiares de desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo, cuando a la ciudad irrumpieron unos 300 civiles armados.
La cita fue programada para el 6 de noviembre, luego la pospusieron para el 10 noviembre, pero ante el brote de violencia en la región la comisión declinó la cita, ya que no había policías que los resguardaran.
Los familiares se dirigieron a la PGR y a la Segob, para que intervinieran para que la SEIDO acudiera a Chilapa a darles informes, pero no han recibido respuesta.
No acuden a la SEIDO en México familiares de desaparecidos; piden que les informen en Chilapa
La comisión de familiares de desaparecidos de Chilapa no acudió a la cita con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México ante la ola de violencia en la región, y pidió que funcionarios de esta dependencia vayan a Chilapa a darles la información.
El 6 de noviembre, los familiares de los desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo fueron convocados a la SEIDO, pues les informaron que esta dependencia está llevando sus casos.
La dependencia canceló la cita, y la reprogramó para este martes, sin embargo la comisión de familiares optó por cancelar la salida a la Ciudad de México ante la ola de violencia que se desató en el municipio, y porque no había policías para resguardarlos.
El vocero de los familiares, José Díaz Navarro manifestó que después de que cancelaron la visita a la SEIDO, habló con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, y con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, para solicitar su intervención y para pedir que la SEIDO acuda a Chilapa para darles el informe que les proporcionarían este martes.
El subprocurador señaló que hablaría al respecto con la titular de la PGR, Arely Gómez. Mientras, a Campa también le solicitaron que acuda a Chilapa para reunirse con familiares de los desaparecidos. Incluso, el 26 de octubre, cuando una comisión de familiares acudió a la Ciudad de México a reunirse con Eber Omar Betanzos, donde les informaron que sólo están llevando el caso de 24 desaparecidos, pero de antes del 9 de mayo, les aseguró que en un lapso no mayor a 15 días estaría en la ciudad junto con Campa Cifrían, para reunirse con ellos.
Pero el lapso se cumplió y ninguno de los dos funcionarios acudió a Chilapa.