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Renuncia a Morena la esposa de un asesinado en Chilapa señalado por Nestora de nexos con la delincuencia

La ex candidata a diputada federal por el distrito 06 con cabecera en Chilapa de Morena, Paulina Miranda Silva, renunció a ese partido, después de que la candidata a senadora Nestora Salgado García, declaró el martes pasado que su finado esposo Alejandrino Díaz Navarro estaba involucrado en el crimen.
“Estoy muy indignada por la falsa declaración que hace la señora Nestora Salgado respecto a mi difunto esposo, Alejandrino Díaz Navarro, ensuciando así su memoria y el recuerdo que dejó en sus hijos, en mí y en quienes tuvieron el gusto de conocerlo”, escribió en su Facebook este miércoles.
El martes, durante la conferencia de prensa que Nestora ofreció en la Ciudad de México, en la que anunció que demandará al candidato José Antonio Meade por daño moral y le exige una disculpa pública, al haberla acusado de secuestradora en el segundo debate, irrumpió el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro, hermano de Alejandrino, y afirmó que las policías comunitarias de Guerrero forman parte de la delincuencia organizada.
En respuesta, Nestora Salgado dijo que esos familiares (de Díaz Navarro) también estaban involucrados con el crimen.
El 26 de noviembre de 2014, en los inicios de la disputa entre los grupos del crimen organizado de Los Ardillos y Los Rojos en Chilapa los hermanos Hugo y Alejandrino Díaz Navarro, el primero dueño de una discoteque y el segundo restaurantero y promotor del partido Morena, junto a su primo, propietario de una constructora en Olinalá, Vicente Apreza García y los arquitectos Jesús Romero Mojica y Mario Montiel Ferrer, radicados en Cuautla, Morelos, fueron privados de su libertad y un día después fueron encontrados asesinados.
Ante la declaración de Nestora el martes pasado, quien dijo que los familiares de José Díaz también estaban involucrados en el crimen, Paulina Miranda Silva renunció a su militancia en Morena.
Reprochó: “El periodo pasado participé con mucho orgullo y amor a mi patria, toqué las primeras puertas a nombre de Morena, pocos creían, pocos se sumaban, pocos se ponían la camiseta, sin embargo ese no fue obstáculo, continué caminando, tocando, morenizando, sin esperar nada a cambio, sin ambición alguna, por pura convicción, voluntad y amor a México”.
Agregó: “prueba de ello se me brindó nuevamente la oportunidad de volver a participar en esta contienda electoral por la misma diputación, sin embargo no acepté ninguna encomienda por dedicarme de tiempo completo a cuidar a mis hijos”.
Dijo que Morena es un partido al que su esposo apoyó desde sus inicios. “Siempre creyendo y teniendo esperanza en el proyecto de AMLO, sin embargo hoy, con estas declaraciones de Nestora, hago público mi retiro de Morena, me declaro anti partidista. Si era el único partido en el que estaba puesta mi esperanza y tendrá como senadora a quien acusa sin pruebas a mi difunto esposo, no tengo nada más que desear”. (Redacción / Chilpancingo).

 

No se cumplen ni liberan órdenes de aprehensión contra quienes irrumpieron en Chilapa en 2015: Siempre Vivos

Supuestamente por desacuerdos con respecto a qué sistema debe llevar el caso, si el tradicional o el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no se han cumplido al menos 15 órdenes de aprehensión y otras cinco no se han liberado en contra de civiles armados que irrumpieron en la cabecera municipal de Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015, informó el presidente del colectivo de familiares de personas desaparecidas, Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro.
El representante de las víctimas agregó que existe la sospecha de que el retardo de las autoridades de justicia es intencional, “porque como estamos en proceso electoral y hay varias personalidades que tienen intereses políticos, no les conviene que se sepa la verdad y que no se haga justicia para nuestros compañeros y nuestras familias”.
Los civiles armados que esos días llegaron de varias comunidades del sur de Chilapa y que ahora se hacen llamar Comunitarios por la Paz y Justicia, a quienes el presidente del Colectivo Siempre Vivos vincula con el grupo criminal Los Ardillos, son acusados por la desaparición de más de 30 personas de la cabecera municipal.
El presidente del colectivo informó este lunes que después de la irrupción de los civiles armados, los familiares de las víctimas presentaron las denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), y que a casi tres años no se han liberado al menos 20 órdenes de aprehensión en contra de los que irrumpieron y que fueron denunciados por secuestro y desaparición de personas ocurridas del 9 al 14 de mayo de 2015.
José Díaz declaró que aunque llegue tarde pero “esperamos que pronto llegue la justicia en contra de estos delincuentes que se hacen pasar como policías comunitarios”.
Agregó que el colectivo le ha dado seguimiento a las denuncias que presentaron ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR en donde, “ha sido larga y muy cuidadosa la investigación”.
Se quejó de que desde hace un año se liberaron de 10 a 15 órdenes de aprehensión que no se han cumplido, mientras que otras cinco no se han liberado porque entró en vigor el sistema de justicia penal acusatorio e inició un “conflicto competencial”, con el sistema de justicia tradicional.
Denunció que hace seis meses que se consignaron ante el juez las órdenes de aprehensión pero no se han ejecutado ni liberado las que faltan, “porque se echan la bolita” las autoridades del sistema tradicional de justicia con los del nuevo sistema penal acusatorio, con respecto de quién debe llevar el proceso.
El presidente del Colectivo Siempre Vivos informó que en total por las denuncias que presentaron se podrían liberar unas 30 órdenes en contra de los civiles armados que entraron a Chilapa, y se llevaron a más de 30 personas.
Informó que este martes los abogados de la Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y familiares de las víctimas se reunirán con el magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con sede en Acapulco, el magistrado Ignacio Laveaga Zazueta, a quien le pedirán que agilice el procedimiento.
“Ya se demoraron demasiado y yo creo que es intencionalmente, porque como estamos en proceso electoral y hay varias personalidades que tienen intereses políticos no les conviene que se sepa la verdad y que se haga justicia para nuestros compañeros y nuestras familias”, denunció Díaz Navarro.

 

Se recrudeció la violencia porque el crimen quiere imponer candidatos, afirma Siempre Vivos

La “grave tragedia” que se sufre por la violencia en la ciudad de Chilapa y los pueblos de sus alrededores, es consecuencia de que las bandas del crimen organizado que operan en la zona buscan imponer a sus candidatos a las presidencias municipales en Chilapa, Tixtla, Mochitlán, Quechultenango, Zitlala, Ahuacuotzingo y Atlixtac, denunció el presidente del colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien da seguimiento a los casos de violencia en esa zona.
El representante de los familiares de desaparecidos y asesinados en Chilapa lamentó que los gobiernos federal y estatal sean “cómplices”, y no actúen para frenar las masacres que está dejando esta guerra entre las bandas del crimen organizado, que buscan fortalecerse en esos municipios.
La semana pasada hombres armados levantaron a siete personas, entre ellas a una bebé de una semana de nacida, al día siguiente sus padres de 17 años fueron encontrados ejecutados en diferentes puntos de esa ciudad, y la menor fue encontrada viva dentro de una hielera.
Ayer fueron localizados en la carretera de terracería que conduce al punto conocido como Texcan los cuerpos de seis hombres y de una mujer desmembrados, dentro de bolsas negras de plástico.
Vía telefónica el presidente de Siempre Vivos, Díaz Navarro dijo que son los mismos grupos de la delincuencia organizada que se disputan la zona los que están provocando esta “barbarie”, en referencia a Los Rojos y Los Ardillos. Añadió que la violencia se recrudeció porque buscan imponer a sus candidatos a las presidencias municipales, no sólo de Chilapa, sino en Tixtla, Mochitlán, Quechultenango, Zitlala, Ahuacuotzingo y Atlixtac, aunque dijo que la violencia es más encarnizada en Chilapa.
Dijo que hace tres años ocurrió lo mismo cuando iniciaban las campañas, y que fue ejecutado el candidato a la presidencia municipal por el PRI, Ulises Fabián Quiroz, después en mantas colocadas por la delincuencia organizada se acusó al candidato del PRD, Miguel Cantorán Gatica, quien ahora busca ser candidato a diputado local por ese distrito.
“Siguen operando los mismos grupos, y mientras no capturen las autoridades o los cabecillas de Los Ardillos y de Los Rojos la violencia va a seguir en aumento hasta adueñarse por completo uno de los dos de la plaza”, vaticinó el activista.
Insistió en que la violencia se recrudecerá en los próximos días porque apenas está entrando el proceso electoral, “y están tratando de imponer a sus candidatos. A eso obedece el recrudecimiento de la violencia, aunque Chilapa es continuidad desde hace tres años que se desató la violencia”, dijo.
Sin embargo para el presidente del colectivo Siempre Vivos, el municipio de Chilapa cada vez se convierte en un escenario de violencia más cruel, y los gobiernos federal y estatal son cómplices y omisos por no frenarla.
“El problema es que de parte de las autoridades hay mucha complicidad por la relación que existe entre el narco y la política, como que van de la mano, y a ello se suma la impunidad, nosotros tenemos bien claro eso, por eso hay muchas órdenes de aprehensión en contra de los líderes (de los grupos de la delincuencia) que no se han ejecutado, independientemente de las que tienen desde hace 10 años, por ejemplo, en contra de Los Ardillos”, dijo y expuso que los integrantes de este grupo delincuencial son intocables.
Díaz Navarro dijo que esto da pie a que se susciten más hechos de violencia, “por la complicidad, la impunidad y la protección que hay de los partidos políticos a estos grupos criminales que hasta los están registrando como sus candidatos en muchos casos”.
El activista acusó que es evidente que hay protección entre la misma clase política independientemente de los partidos que los abanderen, y se quejó de que, “lo peor de lo peor es que el que quiere llegar a la presidencia ha prometido borrón y cuenta nueva para los líderes de los grupos criminales, a quienes prácticamente les dice: vénganse conmigo y no pasa nada”, declaró en referencia a la propuesta del aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien en su visita a Guerrero propuso amnistiar a los líderes de grupos delincuenciales.
Díaz Navarro agregó que no ve para cuando se resuelva el problema de la violencia, “ya parece una catástrofe, que de hecho ya la estamos viviendo en Guerrero y en muchas partes del país, y los pocos estados que faltan ya no tarda que les llegue lo mismo que a nosotros”, advirtió.
Coincidió con la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores en el sentido de que los delincuentes ya no temen ir a la cárcel por la protección que reciben del nuevo Sistema Penal Acusatorio, “que les da muchas garantías a los delincuentes, igual que las comisiones de derechos humanos”.
Se dijo decepcionado de las comisiones de derechos humanos y de muchos defensores y organismos de derechos humanos, como de Tlachinollan y del Centro Morelos porque, “priorizan su defensa para los delincuentes y las víctimas pasan a un tercer nivel, para ellos lo primero es defender a los delincuentes”, acusó.
Dijo que presentó sendas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la omisión de las autoridades que no actúan en contra de los grupos de civiles armados que se dicen policías comunitarios en varios puntos del estado, y la segunda porque no han procedido denuncias penales que presentó en contra de los líderes de los grupos criminales que operan en Chilapa, responsables de los asesinatos y desapariciones.
“Por eso estoy muy decepcionado y enojado con ellos, porque sólo actúan bajo presión mediática, porque sólo andan tras las cámaras para que justifiquen sus enormes salarios que ganan como defensores de derechos humanos, pero definitivamente para nosotros, las víctimas, no hay protección”.

 

 

La CEAV sólo atiende tres de los 300 casos de menores que tiene registrados: Siempre Vivos

 

Dos niñas del colectivo Siempre Vivos integrado por familiares de personas desaparecidas en Chilapa son atendidas, por presión de la organización, en el Instituto Nacional de Pediatría.
La organización cuenta con un registro de alrededor de 300 niños víctimas de la violencia que no cuentan con becas ni atención médica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal, ni de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, informó el coordinador de Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Informó de dos casos de niñas, hijas de víctimas de desaparición que a raíz de los hechos comenzaron a padecer enfermedades que no pudieron ser atendidas por médicos generales, y que de entrada fueron rechazadas por representantes de las comisiones encargadas de la atención a víctimas, justificando que los padecimientos no habían sido producto de las desapariciones.
En el caso de Vanesa de cinco años, el activista narró que desde hace unos seis meses le salieron unas bolitas en el cuello por lo que la mamá la llevó con un médico general que le dio medicinas que no le hicieron ningún efecto.
Dijo que cuando intentaron que la CEAV se hiciera cargo les respondieron que no podían hacer nada que porque no había sido producto de la desaparición del papá, ocurrida en mayo de 2015.
“Nada más nos dijeron que no podían, ese fue su dictamen sin valorar a la niña, sin conocer su historial, esa fue su respuesta”, reprochó.
La negativa fue a pesar de que existe una denuncia del delito en el Ministerio Público federal, por lo que la mamá de Vanesa está dentro del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), unidad de la CEAV creada para este tipo de casos.
El coordinador agregó que tuvo que acudir a la Ciudad de México con la subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías, para exigir atención a Vanesa y le advirtió que los familiares se plantarían en las oficinas de la CEAV para “pedir limosna”, en cuanto a la atención médica para una familiar de una víctima de desaparición.
Finalmente a la menor se le atendió en el Instituto Nacional de Pediatría, después de la presión y de estar dentro del Renavi a la mamá le fueron cubiertos los gastos de traslado, hospedaje y alimentación.
El caso de Vanesa y de otros dos niños, hijos de víctimas de desaparición fueron narrados a principios de diciembre pasado en la voz de las víctimas (cuando dos de esos casos no eran atendidos), en el reportaje Los Huerfanos de Chilapa de José Ignacio de Alba de la Red de Periodistas de a Pie.
El otro caso del colectivo Siempre Vivos, continuó José Díaz, es el de la niña Joselyn de seis años cuya denuncia por la desaparición de su papá, en septiembre de 2014, fue interpuesta en la Fiscalía General del Estado.
“La mamá no está en el Renavi, entonces no la pueden atender, aquí (en la entidad) le dieron cita para el día 12 de enero en el hospital general de Chilpancingo pero le volvieron a programar su cita en seis meses, y realmente no le hicieron ni un estudio”, informó.
Joselyn tiene granos en la lengua desde hace más de seis meses lo que le impide comer bien, y lo más grave es que le avanzan a la garganta, “se le están yendo a alguna parte más del estómago, obviamente no somos médicos pero por lo que hemos visto es un problema grave”.
En este caso también acudieron a la Ciudad de México a presionar a la CEAV y lograron que a Joselyn le dieran cita en el mismo Instituto Nacional de Pediatría este 23 de enero.
No obstante dijo que hay otros casos en los que no han podido avanzar ni a nivel nacional, estatal ni local por lo que planean otra visita a la Ciudad de México para solicitar la atención a las víctimas que tienen su denuncia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, cuya mayoría de casos fueron registrados del 9 al 14 de mayo de 2015.
Además de acudir a solicitar información sobre los avances en las investigaciones.
“No hemos podido avanzar ni en becas, ni en atención médica, no tenemos ni un apoyo de la Comisión Ejecutiva ni de la Comisión Estatal”, agregó.
De niños en esta situación de desamparo ante la desaparición y homicidio de sus padres, aseguró Díaz Navarro, tienen “alrededor de 200 y 300 niños, muchos que se acercaron en la última visita. Yo me siento totalmente rebasado, solamente coordino en la medida de mis posibilidades, tenemos un mundo de información y yo solo no los puedo atender”.
Ante el incremento de víctimas (en 2017 la organización registró 260 homicidios y cuenta con alrededor de 120 casos de desaparición desde el año 2014), el colectivo tiene proyectado establecer una oficina regional de atención a víctimas de atención a familiares de víctimas, que decidieron concluir sus estudios de preparatoria en el sistema abierto y que actualmente están estudiando, de manera profesional, la carrera de leyes.

 

 

Sin la presencia del Ejército habrían sido masacrados, dice Siempre Vivos de Chilapa

El coordinador del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro manifestó su respaldo a la Ley de Seguridad Interior bajo el argumento de que la presencia del Ejército en Chilapa es necesaria, o de lo contrario habría anarquía.
No obstante dijo que a pesar de la presencia militar el año 2017 cerró, según cifras de su organización, con 260 homicidios en el municipio, además de que se han registrado dos nuevos casos de desaparición.
Anunció una nueva búsqueda de fosas clandestinas a finales de febrero y principios de marzo, como parte de las acciones del colectivo en este año para tratar de hallar a sus familiares desaparecidos.
Ayer en la mañana José Díaz coordinador del colectivo Siempre Vivos integrado por unos 100 familiares de personas desaparecidas en Chilapa, Zitlala y otros municipios de La Montaña, fue entrevistado para conocer los acuerdos de la organización en su primera reunión de este año, celebrada la tarde del sábado.
Dijo que se abordó la Ley 701 y la Ley de Seguridad Interior y que se acordó en asamblea rechazar la primera y avalar la segunda, además de que reveló que hay una pequeña diferencia en el grupo con las personas que están participando en las movilizaciones en Chilpancingo, a invitación del Centro Morelos.
“Tenemos ya una pequeña división dentro del colectivo porque algunos están siendo invitados o llevados a Chilpancingo a hacer algunas protestas, y realmente yo como responsable tengo una posición respecto a dos temas muy importantes a las víctimas”, expuso.
El primero, dijo, la situación que se vive en todo el estado y particularmente en Chilapa con la irrupción de civiles armados a la ciudad, que ahora conforman el grupo Paz y Justicia.
“Tenemos la certeza al 100 por ciento que no son policías comunitarios, sino delincuentes, y los compañeros están siendo llevados y uno de los temas es apoyar a la policía comunitaria”.
“Aquí como colectivo Siempre Vivos rechazamos contundentemente la presencia de la policía comunitaria en Chilapa y en otros lugares, porque tengo información confiable de instancias de seguridad de que son gente que está al servicio del crimen, incluso tenemos las denuncias de que ellos son los autores materiales de la desaparición de más de 30 personas en un solo evento, del 9 al 14 de mayo de 2015 en Chilapa”.
De la Ley de la Seguridad Interior dijo que planteó ante 50 asistentes que la presencia del Ejército es totalmente necesaria en este municipio, porque da tranquilidad y confianza, además de que como colectivos han solicitado su apoyo para hacer búsquedas de personas con vida y en fosas.
“Hemos compartido momentos en la búsqueda y hasta alimentos, no tenemos absolutamente ningún problema hablando del contexto de Chilapa y las víctimas de Chilapa”.
“Entendemos que hay activistas y rechazo de organismos internacionales a esta Ley de Seguridad Interior, pero en el contexto de Chilapa creo que los que están protestando ni siquiera han venido”.
Sin embargo, “aún con la presencia del Ejercito hubo 260 homicidios, sin la presencia del Ejército hubiéramos sido arrasados, masacrados”.
“Para nosotros la Ley de Seguridad Interior nos da cierta protección, por lo menos de no acabar de ser masacrados. Obviamente el miedo y la psicosis siguen presentes. Si el Ejército saliera de Chilapa esto crearía una total anarquía”, consideró.
Díaz Navarro informó que el colectivo se quedó con el registro de 120 personas desaparecidas, 160 homicidios en 2017 y los primeros quince días de este año con tres homicidios, y el caso de dos jovencitas desaparecidas de las cuales no dio detalles.
Otra de las acciones del colectivo, anunció, será una nueva búsqueda durante tres días de fosas clandestinas a finales de febrero y principios de mayo.
La organización ya realizó una búsqueda en mayo de 2016 y en octubre de 2017, esta última acción para tratar de localizar a seis integrantes de la familia García Feliciano, desaparecida en la carretera Tlalcozotitlán-Tlaltempanapa en el municipio de Zitlala, de la cual hasta ahora no hay información.

 

La corrupción de las autoridades impide la detención de Los Ardillos, señala Siempre Vivos de Chilapa

El coordinador del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro denunció que la corrupción, la impunidad y la omisión de las autoridades impiden la detención de los miembros de la organización criminal Los Ardillos, que levantó, secuestró y asesinó a dos de sus hermanos, a un primo y a dos empresarios en Chilapa el 26 de noviembre de 2014.
Díaz Navarro se reunió este lunes con familiares de víctimas de desaparición y asesinato en Chilapa, con motivo del tercer aniversario de la desaparición y posterior ejecución de sus hermanos Hugo y Alejandrino, su primo Vicente Apreza García y los empresarios Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer.
En la reunión dio a conocer la estructura con nombres y rostros y explicó cómo funciona la organización criminal que secuestró y asesinó a sus familiares hace tres años y a la que atribuyó más de 300 asesinatos en tres años en Chilapa.
Insistió en lo que ha dicho en otras ocasiones, que fueron integrantes del grupo de Los Ardillos que operan impunemente en Quechultenango, Mochitlán, Tixtla y Chilapa, los que se llevaron a dos de sus hermanos, a su primo y a los dos empresarios.
También los responsabilizó de los 30 desaparecidos durante la irrupción de comisarios de las comunidades de la parte baja de Chilapa, que ahora se hacen llamar Comunitarios por la Paz y la Justicia.
Dijo que según declaraciones en expedientes, se los llevaron a Quechultenango y en el río Azul “les hicieron como a los 43 de Ayotzinapa: los asesinaron, los desmembraron, los incineraron y lo que quedó de ellos lo echaron al río”.
En la reunión dijo que con la información que tiene está muy cerca de la verdad pero muy lejos de la justicia, en referencia a que ya sabe qué fue lo que pasó con sus familiares, quiénes son los responsables del múltiple homicidio, pero que no ha sido posible su detención por la “corrupción, impunidad, omisión, negligencia, ineptitud y complicidad” de las autoridades.
Díaz Navarro se encuentra en la lista de los amenazados de muerte por el crimen organizado en Chilapa, y en al menos una ocasión se ha salvado de un atentado, dijo que como no sabe cuándo será la última vez que hable con los familiares de las víctimas de desapariciones y asesinatos, creyó importante darles a conocer la información que ha logrado obtener en los últimos tres años, con respecto a quiénes son y cómo opera el grupo delictivo Los Ardillos, responsable de más de 300 asesinatos en este municipio.
Después en declaración a los medios de comunicación, dijo que para él es muy difícil dar a conocer esta información por el riesgo al que se enfrenta, “pero definitivamente tengo que aprovechar cada momento, cada oportunidad para dar a conocer la situación que se vive en Chilapa, en donde los culpables tienen nombre, tienen apellidos, tienen rostros, son personas que son ahora fáciles de identificar, solamente hace falta que las autoridades hagan su trabajo y hagan valer el estado de Derecho”.
Los integrantes del colectivo Siempre Vivos de Chilapa se reunieron en el local de un jardín de niños en el centro de la ciudad. Los juegos infantiles sirvieron de mamparas para colocar fotografías con los nombres de varios de los desaparecidos. Los nombres son muchos como Roberto Zapoteco Chinito, Epifanio Sánchez Jerón, Cándido Díaz Sánchez, Celso García Cerón, Gemino Neri Agustín, Vicente Morales Naranjo, entre otros más.
Díaz Navarro se quejó de la falta de apoyo de las autoridades, incluidas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal y nacional, que no respondieron a su solicitud para que apoyaran para el transporte y comida a las familias que han sido desplazadas de este municipio y que asistirían a esta reunión.

Empresa del crimen

Tres años después del secuestro y ejecución de sus familiares, Díaz Navarro ha hecho sus propias investigaciones y ayer dijo que confirmó que quienes dieron la orden fueron del grupo criminal Los Ardillos, fundado hace tres décadas por Celso Ortega Rojas y ahora en manos de sus hijos, Celso, Iván, Antonio y Bernardo Ortega Jiménez, de éste último dijo que es el “operador político”, perredista que fue presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado.
Aseguró que con los recursos del poderoso grupo criminal ha logrado ser dirigente del PRD, diputado y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local. Añadió que ahora busca ser nuevamente dirigente de ese partido, o en su defecto diputado federal, o cuando menos nuevamente presidente municipal de Quechultenango.
Contó que más abajo de esta estructura están sus sobrinos Deivi Astudillo Jiménez, El Deivi, y Eugenio Rodríguez Jiménez.
Dijo que según declaraciones de uno de los detenidos que participaron en la detención de sus hermanos, fue Celso quien ordenó que se los llevaran a una casa de seguridad de Quechultenango, en donde los torturaron y les cortaron sus dedos.
Añadió que 36 horas después sus tres familiares y los dos profesionistas fueron regresados a Chilapa en donde fueron asesinados, después los decapitaron y tres años después aún no se han encontrado las cabezas.
Informó que los primeros días de octubre pasado fue detenido cerca de El Naranjo, en la carretera Iguala-Taxco, Julio César quien participó directamente en la privación de la libertad de sus dos hermanos, su primo y los dos profesionistas. En su declaración, que se encuentra en el expediente, confesó que fueron Los Ardillos los que ordenaron levantarlos y narró cómo operaron, y la ruta que siguieron para llevarlos a Quechultenango.
Otro de los que participó fue Arístides también detenido y quien participó en el asesinato del candidato del PRI a la presidencia municipal de Chilapa en la elección pasada, Ulises Fabián Quiroz, y a tres agentes de la Policía Federal en el mercado de esta cabecera municipal el año pasado.
Expuso que fungía como policía del grupo de civiles armados Paz y Justicia, de los que irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 en Chilapa. Agregó que otro de sus cómplices es Antonio García Chino, El Chino, quien sigue libre.
El coordinador de Siempre Vivos dijo que la estructura se ha convertido en una “empresa del crimen”, porque mediante la violencia están incursionado en negocios formales. Denunció que han asesinado a distribuidores de pollos que van de Chilapa a Quechultenango o a las comunidades vecinas, para evitar la competencia al negocio que tiene la familia Ortega.
Agregó que lo mismo han hecho con los dueños de empresas materialistas y transportistas para quedarse con el negocio en toda la zona. En el caso de las Urvan aseguró que se llevan las unidades a Quechultenango en donde las remarcan y las pintan y después las ponen a trabajar desde Ayahualulco hasta Chilpancingo.

Rememoran familiares tres años del secuestro y homicidio de cinco empresarios en Chilapa


A tres años de la desaparición y homicidio de cinco empresarios y profesionistas en Chilapa, familiares y colectivos de desaparecidos exigieron justicia y alto a la masacre.
El coordinador del colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, hermano de dos de las víctimas, adelantó que ya tienen algunas respuestas del caso: “Se va aclarando la ruta de la información, quiénes fueron, dónde, porqué y cuándo”.
En tanto, los colectivos de Chilpancingo y Acapulco señalaron que las autoridades están demostrando que están coludidas con el crimen organizado, al no querer hacer su trabajo, y demandaron la reparación del daño para las familias de las víctimas.
La familia Díaz Navarro y el colectivo de familiares de desaparecidos en municipios de la Montaña baja, Siempre Vivos, conmemoraron los tres años del rapto y el homicidio de los empresarios Hugo y Alejandrino Díaz Navarro; el dueño de una constructora de Olinalá, Vicente Apreza García, y los arquitectos Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer, de Cuautla, Morelos.
Al mediodía acudieron a una misa en la catedral y luego se trasladaron al lugar donde fueron encontrados los cuerpos, en el crucero que conduce a la comunidad de Tecoyutla en la carretera Chilapa-Acatlán, donde colocaron flores, realizaron una pequeña oración e hicieron pronunciamientos.
Se sumaron los colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo y Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
En ese lugar, José Díaz Navarro, coordinador de Siempre Vivos, colectivo creado a partir del múltiple crimen de sus familiares, narró la desaparición y el último contacto por medio de una llamada telefónica con sus hermanos, el mediodía del 26 de noviembre de 2014.
Además de la denuncia que interpusieron dando información a las autoridades y el reporte del hallazgo tres días después, el sábado 29 de noviembre de 2014, después de las 8 de la noche; así como su posterior identificación por muestras de ADN, pues los cuerpos aparecieron desmembrados y calcinados.
A tres años, dijo que poco a poco, van teniendo información de lo que pasó. “Estamos llegando a tener respuestas, hoy se va aclarando la ruta de esta información, que nos está llevando a tener la certeza de mi familia de quiénes fueron, dónde, porqué y cuándo. Esas incógnitas que teníamos se van aclarando”.
“Hay datos muy fidedignos y confiables que esa camioneta (donde aparecieron los cuerpos) pertenecía a Celso Ortega Jiménez, estaba en posesión de él, porque mis hermanos estuvieron precisamente en las casas de seguridad que tiene esta familia de Celso Ortega”.
“Tenemos que seguir, queremos llegar a la verdad, ojalá un día lleguemos a la justicia y a la reparación del daño”. Dijo que después del hecho, muchas familias de Chilapa y sus alrededores empezaron a vivir situaciones similares.
También denunció que los familiares de los desaparecidos tuvieron que costear sus gastos de traslado, hospedaje y alimentación, debido a que la Comisión de Atención a Víctimas en el estado y federación, no dieron respuesta a la petición.
Lamberto Castillo de la Cruz, del colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, reclamó justicia y exigió un alto a la masacre en Chilapa, así como en todo Guerrero.
“Necesitamos seguir en este esfuerzo, luchar mano a mano y alzar una sola voz, para que las autoridades se pongan a trabajar”.
La titular del mismo colectivo, María Guadalupe Rodríguez Narciso, cuyo hijo Josué Molina desapareció hace cuatro años y del que no hay información hasta ahora, dijo que acudió en solidaridad porque el dolor lo están viviendo todos.
Sobre el caso de su hijo, dijo que no se ha hecho justicia ni investigación porque las autoridades no quieren hacer su trabajo, “porque nos están demostrando que están coludidos con el crimen organizado, por eso no se pueden investigar a ellos mismos”.
Pidió atención a las familias de las víctimas porque, dijo, hay muchos niños sin comer, muchas madres que están enfermas y necesitan atención especializada.

Llaman colectivos a parar la crisis humanitaria que asola Chilapa; registran 173 homicidios en el año

Colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados en el estado anunciaron el inicio de la campaña Chilapa se levanta, para exigir un alto a los asesinatos y desapariciones de ese municipio, y hacer un llamado a instancias nacionales y organizaciones internacionales para que se solidaricen y ayuden a terminar con “la crisis humanitaria” que asola la región.
El representante del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro señaló que del 1 de enero al 1 de septiembre de este año en ese municipio la organización ha registrado 173 homicidios, en Tixtla 19 y en Zitlala 16, lo que denomina “el corredor de la muerte”.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, el representante del Colectivo de Familias en Búsqueda de sus Desaparecidos en Acapulco, Ciro Fuentes Urióstegui, integrantes del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y en el País, María Guadalupe Rodríguez Narciso, Lamberto Castro y Gema Antúnez Flores y Díaz Navarro expusieron el motivo de la campaña y la unión de los colectivos.
“Chilapa tiene una crisis humanitaria muy profunda de la cual el gobierno federal, el gobierno estatal y por su puesto el gobierno municipal han sido omisos en atender, aún con todos los reclamos que hacemos los ciudadanos, las víctimas, los desplazados, todos los que hemos sido víctimas de un hecho delictivo. Pero también hay mucha gente que está a punto de sufrir esta situación, en este momento hemos decidido empezar una campaña Chilapa se levanta”.
Dijo que los colectivos exigen ya un alto a la violencia, a los crímenes, a los homicidios que día a día se tienen en esa ciudad, “también se levanta para pedir ayuda nacional e internacional y convocar a organizaciones civiles, no gubernamentales, y todo aquel que tenga sentido humanitario para ayudarlos a salir de la crisis que tienen”.
Abundó que según un estudio Acapulco es la capital del crimen, pero esa ciudad tiene una tasa, según el Consejo de Seguridad, Justicia y Paz en un reporte del 2016, de 113 homicidios por cada 100 mil habitantes, y Chilapa tiene 191 por cada 100 mil habitantes, y por tanto sería “la mega capital del crimen”.
Refirió Chilapa no es turístico, habitan indígenas, campesinos, sectores más vulnerables y desprotegidos y por eso no se destaca.
“Todo Chilapa ya es una escena del crimen, justamente ahorita que veníamos en el trayecto alcanzamos a ver en la carretera (Chilapa-Tixtla) un cuerpo maniatado, con visibles huellas de tortura, se habla de que es de uno a tres cuerpos”, expuso.
Tienen registrados 173 homicidios del 1 de enero al 1 de septiembre, con el que encontraron en la carretera sumarían 174, mientras que en Tixtla saben de 19 en el mismo lapso, pero aclaró que son engañosos los datos porque hay gente que capturan en esta ciudad y los dejan en la capital, y que en Zitlala se han registrado 16 asesinatos en el mismo tiempo.
Dijo que la violencia fue a la alza en Chilapa de 2012 al 2014 y que en ese tiempo dominaba el grupo criminal Los Rojos liderado por Zenén Nava Sánchez, como una célula del cártel de los Beltrán Leyva, pero que tras una ruptura una parte se pasó al grupo delictivo Los Ardillos.
Dijo que principalmente un hombre que fungía como policía municipal, (era el brazo derecho del ex secretario de Seguridad Pública, Silvestre Carreto González preso en Nayarit por delincuencia organizada), Constantino Chino, y que quien los encabeza son Celso e Iván Ortega Jiménez, hermanos del ex presidente de la comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez.
Díaz Navarro agregó que en 2015 son desplazados Los Rojos de Chilapa y comienzan a tomar el control Los Ardillos, de ahí se habla de una “limpia” y ahora hicieron creer que llegaba otro grupo llamado Los Jefes, pero son los Ortega Jiménez.
Reiteró como en declaraciones pasadas que los Ortega son los que también lideran el grupo de civiles armados Paz y Justicia, al que Siempre Vivos acusa de la desaparición de 30 vecinos durante una irrupción armada del 9 al 14 de mayo de 2015 a la cabecera municipal.
Dijo que la Ley 701 de derecho y cultura indígena no debe seguir cobijando a la formación de policías comunitarias que están al servicio de cárteles.
Afirmó que estos criminales también lideran a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, en Chilapa, y a la policía municipal de Quechultenango y de Mochitlán.
Abundó que lo sabe Bernardo Ortega, y señaló que un 90 por ciento de los homicidios perpetrados en Chilapa han sido por estos hermanos.
Los más sanguinarios en la historia de Guerrero

De los hermanos Ortega Jiménez, Díaz Navarro dijo, “yo creo que en la historia de Guerrero son los más sanguinarios, los más violentos, los más crueles que hemos tenido y que siguen operando impunemente en Chilapa y toda esa región”.
“El viernes tuvimos ocho homicidios porque se rumoró que había regresado el jefe de plaza de Chilapa, entonces Celso mandó a sus sicarios a calentar la plaza, hubo ocho homicidios porque su estrategia es que llegue el Ejército, llegue la Marina, la Policía Federal y capture a su acérrimo enemigo que es Zenén Nava Sánchez”.
Reiteró que se emprendió esta campaña para poner un alto a las graves violaciones de derechos humanos, “que curiosamente ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han hecho ningún pronunciamiento, no han solicitado medidas cautelares para Chilapa, que está en un total abandono”.
Señaló que de hoy en adelante cada muerto que haya será responsabilidad del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia y del gobierno del estado, porque no detiene a los delincuentes a pesar de que están identificados.
“Si no sabían quiénes son los que nos están masacrando, quiénes están exterminando al pueblo de Chilapa se los acabo de decir, hay muchas órdenes de aprehensión contra estos delincuentes, ya tiene como un año que se emitieron esas órdenes de aprehensión y hasta el día de hoy sólo capturaron a un sicario de más bajo nivel”, expuso.
El gobernador no hace nada ante la masacre, reprochan

Díaz Navarro informó que el 3 de septiembre habrá una manifestación en Chilapa para visibilizar el problema que se vive y se invitará a colectivos de otros estados.
La representante del Colectivo de Chilpancingo, Rodríguez Narciso expuso que se suma a la campaña que está emprendiendo Siempre Vivos, porque no puede ser posible que sigan las masacres, que sigan las violaciones a los derechos humanos, “no es posible que el gobernador Héctor Astudillo Flores no haga nada y mejor le dé protección a los delincuentes”.
“¡Ya basta!, ya es un alto, también le exigimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la federal, a la estatal, que hagan algo por las víctimas, esas instituciones se crearon para eso, para dar apoyo a las víctimas y todo el estado de Guerrero está bañado en sangre”, expuso.
Agregó que Chilapa es el municipio más sanguinario, que por eso exigen a las autoridades no solamente que se paren el cuello hablando de democracia y de justicia, cuando en la realidad no existe.
Dijo que con sus compañeros exigen al gobernador el presupuesto que tiene la CEAV en el estado, porque no puede seguir trabajando sin presupuesto, que cuando se acercan a la Comisión a pedir apoyos no tienen, los tienen que conseguir en el DIF y en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y eso es una vergüenza para Astudillo Flores.
Reprochó que el gobernador se jacta de regalar dinero al Teletón, cuando las familias de las víctimas en Guerrero se están muriendo de hambre, los hijos han dejado de estudiar porque no hay apoyo, porque al que daba el sustento a la familia lo levantaron o lo asesinaron.
Abundó que las familias necesitan atención psicológica, médica y educativa, e insistió al gobernador que “¡ya basta!”, que no sólo se esté tomando fotos y ponga los ojos en Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, en la sierra y si no puede que renuncie al cargo, para que se quede una persona sensible que los atienda.
Fuentes Urióstegui dijo que en Guerrero hace falta una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas por Desaparición Forzada, que en el estado hay leyes congeladas en el Congreso local que no se han promulgado como la Ley de Desaparición de Personas.
Añadió que les dicen que la Ley General de Víctimas es un arma que pueden utilizar y que les va a beneficiar de alguna manera, y que él preguntaba que si de verdad ha beneficiado a alguien porque para acceder a esos derechos les ponen una serie de trabas que difícilmente cumplen.
“De por sí la búsqueda de nuestros familiares es difícil, si no tenemos el apoyo de la autoridad, si no tenemos el apoyo de algún sustento económico para las familias pues va a ser mucho más difícil la búsqueda. La falta de voluntad política de los gobernantes va a dirigida al cansancio, a que las familias nos agotemos, porque esto no es fácil, nos agotamos económicamente, físicamente, moralmente, psicológicamente, quieren que tengamos ese degaste para ya no seguir exigiendo”, expuso.
Dijo que quieren que las instancias internacionales los volteen a ver porque en el estado hay deficiencias en investigación, hay en dictámenes forenses, todos los expedientes, las carpetas de investigación están paradas y no hay quien exija a las autoridades que den respuesta de lo que se investiga.
Llamó a los reporteros a unirse porque el gremio también ha sido violentado, que no se luche de forma aislada porque el problema es nacional.
Lamentó que muchos se quedan callados y no alzan la voz mientras los siguen asesinando poco a poco, y no se ve que vaya a parar.
Lamberto Castro hizo alusión a “las víctimas invisibles”, los niños y niñas que son hijos de víctimas y que instancias municipales, estatales y federales no los atienden, y que por el testimonio de cada familia que ni el DIF ni la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) toman cartas en el asunto, para ver el destino de estos niños.
“El llamado que hacemos a través del colectivo Chilpancingo es que intervengan instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la UNICEF, o a través de otros organismos que pueden ser de defensa y protección a menores, en este caso pudiendo organizar alguna campaña de productos que puedan ser en centros de acopio, para hacer llegar a las madres que tienen niños lactantes o padecimientos de alguna enfermedad”.

Regresan a controlar Tlaltempanapa los civiles armados de Paz y Justicia, denuncia Díaz Navarro

A un mes del enfrentamiento de militares y policías estatales con el autodenominado grupo Comunitarios por la Paz y la Justicia en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, los civiles armados retomaron el sábado el control de esa comunidad nahua, aseguró el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
El vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, había informado que tras el enfrentamiento el 14 de julio, hubo el acuerdo que los militares y policías estatales se harían cargo de la seguridad en ese pueblo.
Díaz Navarro informó que el sábado regresaron los líderes de los civiles armados y que realizaron una reunión para reanudar los retenes en las entradas del pueblo.
Advirtió que es posible que se reanuden los asesinatos y desapariciones en la zona.
“El grupo delincuencial que opera en Tlaltempanana y que se autonombra Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia regresó el día de ayer (el sábado) por la mañana y en la tarde se reunieron con la población en la cancha de la comunidad, por lo que se prevé que nuevamente se susciten nuevos casos de desaparecidos, asesinatos, secuestrados y levantados en esa zona donde opera esta célula de Los Ardillos”, denunció vía telefónica el presidente del colectivo Siempre Vivos.
Dijo que el grupo de civiles armados es encabezado por Hermelindo Cuchillo Axel alias, El Hermes, “quien recibe órdenes directas de los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez”.
Paz y Justicia se había retirado de esa comunidad a raíz del enfrentamiento a pedradas y a palazos de habitantes con militares y policías estatales el 14 de julio con resultado de 20 personas heridas entre pobladores y militares y policías estatales.
Luego de ese enfrentamiento autoridades estatales y mandos del Ejército firmaron acuerdos con las autoridades del pueblo y el dirigente del grupo Paz y Justicia. Se estableció que se harían cargo de la seguridad del pueblo el Ejército y la Policía Estatal. Asimismo el presidente de la agrupación Tranquilino Talatzin Tranquero se comprometió a entregar a los responsables del ataque en el que murió un indígena de Quetzalcoatlán y otro resultó herido.
También se comprometió a entregar cinco armas largas que los vecinos de Tlaltempanapa habían quitado a los militares en el primer enfrentamiento.
El 15 de julio en una operación de militares y policías estatales detuvieron a cuatro presuntos implicados en el ataque a dos indígenas, y decomisaron 20 motocicletas y cinco vehículos; al día siguiente unas 80 personas mujeres, niños y ancianos armados con piedras y palos acudieron al auditorio de la cabecera municipal en donde estaban los cuatro detenidos, las motos y los vehículos que habían sido decomisados y los recuperaron.
A un mes del primer enfrentamiento, la tensión vuelve a ese pueblo luego de que según Díaz Navarro los dirigentes de los civiles armados ya regresaron el sábado, debido a que, denunció, el Ejército y la Policía nunca asumieron en los hechos la seguridad y el control.
Apenas la semana pasada, durante el foro Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza, por la presentación la justicia y la verdad de las personas desaparecidas, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Díaz Navarro responsabilizó al grupo Paz y Justicia de más de 155 asesinatos en Chilapa y de más de 100 desaparecidos.
Díaz Navarro hizo la acusación ante Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH); Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Díaz Navarro entregó un documento en el que pide su intervención para que los gobiernos federal y estatal desarmen a ese grupo que se hace llamar Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia que ha venido provocando la violencia sobre todo en el municipio de Chilapa.
Dijo que esta agrupación tiene sede en el municipio de Quechultenango y que la encabeza Celso Ortega Jiménez, hermano del ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega; “ellos son los que se han adueñado de nuestras vidas no sólo en Chilapa, sino en Zitlala, en Ahuacuotzingo, en José Joaquín de Herrera, en Mártir de Cuilapan y hasta en Tixtla”, acusó.

Celebra Siempre Vivos la entrada del Ejército a Zitlala que llegó “después de tantos asesinatos”

El presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa y Zitlala, Siempre Vivos, José Díaz Navarro reprochó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que a pesar de dos quejas para que se investigue por qué las autoridades no han investigado los 140 asesinatos cometidos en lo que va del año y más de 110 desaparecidos en esos dos municipios, no haya intervenido.
Por otra parte celebró que el Ejército y la Policía Estatal hayan tomado el control de la seguridad en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en donde opera el grupo armado Paz y Justicia, aunque se tardaron más de dos años y cuestionó que hayan llegado “después de tantos asesinatos y desapariciones”.
Díaz Navarro urgió a las fuerzas federales y estatales a que también tomen el control de la seguridad en la ruta del sur de Chilapa desde Atzacoaloya hasta los municipios de Quechultenango y Mochitlán en donde opera, dijo, el grupo Paz y Justicia con el grupo criminal Los Ardillos.
Vía telefónica informó que la organización Siempre Vivos presentó una queja en contra de la autonombrada policía comunitaria del grupo Paz y Justicia desde la desaparición de 30 personas, durante su irrupción del 9 al 14 de mayo de 2015 a la cabecera municipal de Chilapa.
Dijo que después, (sin precisar la fecha) presentó una queja más concretamente en contra de este mismo grupo que tiene el control en Tlaltempanapa, pero que el organismo no ha hecho ningún pronunciamiento, en general, en contra de toda la violencia que se vive en Chilapa y Zitlala que ha dejado 140 asesinatos de enero a lo que va de julio, según sus registros.
“Que curioso que la CNDH se convirtió en agencia de investigación criminal para investigar las muertes del socavón en Cuernavaca, de los 28 muertos del penal de Acapulco, del espionaje de Pegasus, pero de los 140 homicidios en Chilapa en los últimos seis meses, no se han enterado”, reprochó Díaz Navarro.
Denunció que en Chilapa y Zitlala han asesinado a niños, a mujeres embarazadas, a mujeres madres de familia, a mujeres de la tercera edad a jóvenes estudiantes, a indígenas, a minusválidos y a padres de familia, “¿y la CNDH dónde ha estado todo este tiempo?, ¿por qué no investiga?”, cuestionó.

Los Rojos fueron desplazados y Los Jefes son Los Ardillos, asegura

Explicó que tampoco se ha hecho nada por los desaparecidos de los que hubo muchos cuando operaba en Chilapa y Zitlala el grupo criminal Los Rojos, porque afirmó que ahora Los Rojos fueron desplazados “casi en su totalidad”, y el grupo criminal que opera es el de Los Jefes y según Díaz Navarro son los mismos que Los Ardillos. Dijo que con ellos ha disminuido en la zona el número de desapariciones pero que aumentaron los asesinatos.
Contó: “una autoridad municipal que no voy a decir quién es, les dice a los familiares que si su familiar está desaparecido que se esperen a más tardar ocho días porque va a aparecer su cuerpo, que aunque sea desmembrado pero que va a aparecer”.
El presidente del colectivo agregó que el razonamiento de esa autoridad municipal, “suena grotesco, pero es la verdad, así les dice”.
Se quejó que para encontrar a los desaparecidos son los familiares los que los buscan, aunque la mayoría de las veces los encuentran vivos, “y cuando la gente aparece muerta los familiares ya no le mueven, ya no piden justicia, ya no piden nada, se conforman que por lo menos tuvieron la oportunidad de darle sepultura al cuerpo y aunque se lo hayan entregado en pedazos”.
Explicó que por esta situación no tiene un número exacto de desaparecidos, y contó que él se quedó en 110 en lo que va del año, “pero yo mismo ya no di avance en el registro de los desaparecidos porque es muy difícil de llevarlo, como sí podría hacerlo la autoridad”.
Mencionó que él ya no vive en Chilapa, de donde salió desplazado por la violencia, pero que también muchas familias ya no denuncian a sus familiares desaparecidos.

La situación de violencia en Zitlala es similar a la de Chilapa

De la operación militar y policiaca que asumió el control en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, después de dos enfrentamientos que tuvieron a golpes, a pedradas y a palazos el miércoles y el viernes con habitantes del grupo Paz y Justicia, Díaz Navarro declaró que “se tardaron más de 2 años” en ir a tomar el control de la seguridad, y que fue “después de tanta gente desaparecida y asesinada en Zitlala, en donde se vive una situación similar a la de Chilapa”.
El colectivo Siempre Vivos, ha venido denunciando a la auto llamada policía comunitaria de Paz y Justicia que mantiene el control en ese pueblo ubicado a 15 minutos al norte de Zitlala, de ser la responsable de los asesinatos y desapariciones en la zona. También ha denunciado que pertenece al grupo criminal Los Ardillos.
Sin embargo reconoció que la presencia del Ejército y la Policía Estatal es “excelente”, pero que en general, el Ejército y las policías ya deben de tomar la rectoría de la seguridad en todas las zonas en donde está a cargo de grupos ilegales y anticonstitucionales.
Concretamente pidió que el Ejército tome el control en las comunidades del lado sur de Chilapa, desde Atzacoaloya, El Jagüey, San Ángel, Xiluxuchicán y Ayahualulco, donde opera el grupo Paz y Justicia, y hasta Quechultenango y Mochitlán en donde dijo que operan Los Ardillos.
También pidió el control de la seguridad en las comunidades de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa y Tepoztlán, municipio de Ahuacuotzingo, en donde informó que opera un grupo criminal encabezada por un delincuente apodado La Culebra o El Talibán, “que está generando mucha violencia y el desplazamiento de familias”.
Los militares y policías “están para resguardar la integridad de los ciudadanos y salvaguardar nuestras vidas. No puede ser que un grupo de borrachos, drogadictos y delincuentes se hagan cargo de la seguridad sin que nadie los controle, nadie los regule, nadie sepa quiénes son ni cuántos son, y que hayan generado tantísima violencia a partir de que empezaron a operar”.
Anunció que cuando haya garantías y la seguridad de que el Ejército y la Policía Estatal retomaron la seguridad en la zona, el colectivo va a reiniciar con los familiares la búsqueda de los desaparecidos.
“Más adelante vamos a programar una búsqueda en Tlaltempanapa, en donde tenemos información de que hay muchos cuerpos tirados o sepultados clandestinamente. Es un dato curioso, cuántos desaparecidos y homicidios ha habido en ese pueblo y ni si quiera tienen un panteón”, dijo en referencia a que los habitantes de ese lugar tienen que ir a sepultar sus muertos a Zitlala, la cabecera municipal.