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Protestan en la CEAV en Acapulco contra el censo de desaparecidos de AMLO

Familiares de desaparecidos de Guerrero y del país en la oficina de Centro de Atención Integral Guerrero, en el fraccioamieto Costa Azul de Acapulo Foto: Jesús Trigo

Ramón Gracida Gómez

Familiares de desaparecidos protestaron este lunes afuera de la delegación en Guerrero de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Acapulco, como parte del movimiento nacional de los colectivos en rechazo al censo de desaparecidos que presentó el gobierno federal y de exigencia de un plan de búsqueda en el que participen los familiares.
Integrantes del colectivo Familiares de Desaparecidos en Guerrero y en el País María Guadalupe Rodríguez Narciso, llegaron a las 8:30 de la mañana a las instalaciones federales en la calle Fernando de Magallanes, de la colonia Costa Azul, y colocaron en el portón de la entrada una manta: “CEAV no cumple con las víctimas en Guerrero y el país”.
Dos de las 12 familiares que participaron en el acto de protesta leyeron el posicionamiento nacional que realizaron los colectivos de familiares para rechazar las cifras presentadas el 14 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El documento señala que el supuesto censo realizado por Servidores de la Nación viola los supuestos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, “además se miente acerca de que las personas desaparecidas registradas se reducen a 12 mil 377”.
La falta de transparencia en los datos “representa la ausencia de máxima protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados”, dijo Vladina Diéguez, una de las familiares que leyó el posicionamiento.
Por ello no aceptan la nueva cifra de personas desaparecidas ya citada; el número de 26 mil 90 de los que el gobierno federal dijo que “no tienen datos suficientes” para identificarlos; y también rechazan la cantidad de 36 mil 22 personas de las que la federación señaló que “no tiene indicios para buscarlas”.
De manera intercalada, los familiares dijeron que “es una incongruencia que digan que son 12 mil 377 personas desaparecidas confirmadas mientras en el Servicio Médico Forense y las fosas comunes de todo el país, su gobierno reportó que hay al menos 56 mil personas fallecidas sin identificar lo que significa que están desaparecidas”.
Las activistas también rechazaron el intento de desaparecer las comisiones estatales de búsqueda y responsabilizaron a las fiscalías locales de la falta de investigación y de información y denunciaron que “en la mayoría de ellas están los perpetradores de las privaciones ilegales de la libertad o los cómplices de quienes desde los grupos criminales han desaparecido a nuestros seres queridos”.
Exigieron las medidas de ayuda que otorga la CEAV y señalaron que la titular de esta institución, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, no convoca al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, al contrario, “instruye y alienta al personal para que se nos maltrate y no respondan ni atiendan los servicios que están obligados por ley para la dignidad de las víctimas”.
En lugar de desaparecer a nuestros desaparecidos, reviraron los familiares, el gobierno federal debe elaborar, junto con su “participación directa, un plan para buscar a los 110 mil 964 personas desaparecidas e identificar a 56 mil, como lo dicen las leyes y protocolos nacionales e internacionales para atender la crisis de desapariciones que hay en su gobierno”.
Exigieron al presidente de la República “una disculpa pública por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de nuestra lucha” y reiteraron su disposición a luchar “porque él ha incumplido todas sus promesas de apoyo para buscar, localizar, identificar a quienes se localice sin vida y detener la violencia como condición para erradicar la diaria privación ilegal de la libertad.

Participan 40 elementos en la búsqueda de la familia desaparecida en la Nueva Era

La búsqueda de los integrantes de la familia que fue arrastrada por un deslave provocado por el huracán Otis, en la colonia Nueva Era Foto. Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Unos 40 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de de Guerrero (Codehum) buscaron este jueves, sin éxito, a los tres integrantes de la familia de la colonia Nueva Era, cuya casa fue arrastrada por un arroyo.
A las 2:30 de la tarde, se observó que varios integrantes de estas instituciones escarbaban en un punto específico, del lodo acumulado antes del túnel, en el que corre el agua, atraviesa la avenida Pie de la Cuesta y desemboca en el mar.
Son ya tres metros de profundidad de tierra y piedras amontonadas, que removieron para buscar los cadáveres.
En la edición de El Sur del 3 de noviembre se informó que el cuerpo de Fany, amiga de la desaparecida Yanet Ortega González, fue hallado en la playa Icacos.
Cándido Trinidad de Jesús, el padre de familia que sobrevivió al siniestro, especificó este jueves que la mujer hallada se llama Estefanía Baez. La otra víctima que ya fue encontrada es Areli, nuera de Cándido, el jueves 26 de octubre, dos días después del huracán. La joven de 16 años sí fue hallada donde buscan a las otras víctimas.
Cándido sigue recuperándose de su herida en el patio de sus familiares. Son tres viviendas endebles, madera y láminas, dos de ellas que quedaron totalmente destruidas.
El sobreviviente del deslave en el que murió su familia, destacó que desde hace tres días empezó la búsqueda intensa de su esposa Yanet, su hija Camila de Jesús Trinidad Ortega, de 13 años, y su hijo Ángel Trinidad, de 16 años.
Platicó recostado en una silla de mimbre, a unos 100 metros más arriba donde los funcionarios y los marinos buscaban con palas los tres cadáveres. Una unidad canina de la FGE también husmeaba en la zona e integrantes de la Cepb enterraban sus varillas, como lo hacen durante la búsqueda de los desaparecidos de la narcoviolencia.
Lo que queda de la casa de las víctimas sólo son tabiques dispersos sobre la tierra, y láminas y madera tiradas. Un pequeño altar de una mesa con sopas Maruchan, naranjas, vasos de agua y flores, recuerda a los cinco fallecidos del deslave del arroyo.
A las 3 de la tarde, el convoy de varias camionetas de las dependencias federales y estatales se retiraron de este punto de la colonia Nueva Era, frente al supermercado Soriana. A orilla de la carretera, vecinos mostraban una manta para pedir medicamentos, comida y agua.
Un vecino, cuyo patio con piso de cemento está justo sobre el túnel que atraviesa la vía que conduce a Costa Grande, dijo que la búsqueda de este jueves empezó un poco después de las 12 de la tarde y llegaron primero a buscar del lado de los riscos a orilla del mar.

Inician autoridades y familiares búsqueda de ocho víctimas de la guerra sucia en Ajuchitlán

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares de desaparecidos durante la guerra sucia, personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada, así como de las comisiones nacional y estatal de Atención a Víctimas y de las comisiones nacional y estatal de Búsqueda de Personas, iniciaron el lunes una jornada de cinco días de búsqueda de ocho personas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.
La jornada se programó del 4 al 8 de septiembre en al menos tres sitios distintos en donde pudieran estar ocho personas desaparecidas durante la llamada guerra sucia y que habrían sido asesinadas por soldados.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac, Octaviano Gervasio Serrano, informó vía telefónica que la caravana salió la mañana del lunes y que permanecerán en la sierra durante los cinco días que dure la jornada.
El objetivo es localizar los sitios realizar la búsqueda y exhumar los restos en caso de que sean hallados, para ser entregados formalmente a sus familiares y les den cristiana sepultura.
En un boletín de prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que encabeza el operativo personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, para la localización de Moisés Tomás Juárez Abarca, “mismo que cuenta con reporte de desaparición”.
Moisés, sería una de las ocho personas desaparecidas desde los años setentas, que es reclamado por sus familiares.
De acuerdo al mismo comunicado de prensa, en el operativo participa personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) nacional, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), de la Comisión Ejecutiva de Búsqueda de Personas Estatal (CEBP), de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Unidad Canina de la FGE.
Los organismos cuentan con el resguardo de agentes de la Policía Investigadora Ministerial, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.
En el comunicado se informó que participan integrantes de colectivos de familiares de las víctimas y que las búsquedas se realizarán en las localidades del Ejido El Balcón, Chilacayote, Espadines, Palos Altos y Ajuchitlán del Progreso, “así como en áreas circundantes y caminos de primer y segundo orden.
“Esta dependencia mantendrá los operativos de búsqueda para la localización de dicha víctima, con el compromiso de que continuará implementando trabajos de gabinete y campo hasta dar con su paradero”, informó la dependencia.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac, Gervasio Serrano, informó que con este operativo se inició la búsqueda de ocho desaparecidos cuyos familiares tienen datos precisos de donde fueron asesinados y sepultados por soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional.
De acuerdo a información de los familiares de las víctimas y el colectivo, cinco de los ocho desaparecidos habrían sido asesinados y enterrados en un lugar conocido como Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso, dos más en el Cerro de Las Desdichas, del mismo municipio y otro cerca del Cerrito del Águila, municipio de San Miguel Totolapan.
Informó que los integrantes del operativo regresarían el viernes y posiblemente el sábado o el domingo emitan un comunicado u ofrezcan una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados.

Exigen ayuda para alimentación familiares de desaparecidos que ocupan la CEAV

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Familiares de víctimas de desaparición forzada advirtieron que no desalojarán las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hasta que se cumpla una serie de peticiones, fundamentalmente las medidas de ayuda.
De acuerdo con Luis de la Cruz, integrante del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Familiares de Personas Desaparecidas de la Guerra Sucia de los Años 60, 70 y 80 del Siglo Pasado en el Estado de Guerrero, se encuentran en la disposición de liberar el inmueble, siempre y cuando se cumplan sus demandas.
“Estamos en la mejor disposición de liberar aquí este lugar siempre y cuando se cumplan las demandas de atención inmediata, que son las medidas de alimentación”, dijo Luis de la Cruz.
Desde el pasado viernes 17 de marzo, los manifestantes se posicionaron y tomaron las oficinas de la Comisión Ejecutiva, buscando una reunión con la comisionada Yuriria Rodríguez, que hasta el momento no se ha concretado.
De igual forma, de la Cruz reiteró que la condicionante para desalojar el edificio es que se paguen las medidas de alimentación y que se brinde apoyos para casos especiales, como el de una de sus compañeras que tuvo coronavirus y necesita oxígeno externo para mantenerse con vida.
“No vamos a liberar hasta que no se haya depositado la ayuda de las medidas de alimentación y estos casos”, indicó De la Cruz.
Respecto a la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad de Guerrero, Luis de la Cruz dijo que desde su punto de vista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está más cercana al gobierno que a los familiares de las víctimas.
“La Comisión emitió un posicionamiento, yo casi le veo más para allá que para acá. Más al lado de la autoridad y menos al lado de nosotros. Sin embargo, yo también reconozco que la CNDH nos ha brindado apoyo en su momento, pero el pronunciamiento está equivocado”, opinó.
Añadió que continuarán los bloqueos y reafirmó que se mantendrán reteniendo las oficinas de la CEAV, además de que a partir de este jueves arribarán más personas.
“Vamos a seguir con los bloqueos y posiblemente se van a unir otros colectivos. Esta fiesta ya comenzó y vamos a bailar hasta a la 4T”, mencionó de la Cruz.
Por su parte, la representante legal, Delia Quiroz señaló un silencio administrativo de las autoridades correspondientes.
Además indicó que derribarán una escuela en Atoyac de Álvarez, pues presumen que ahí existen cuerpos de las personas desaparecidas, pero que están esperando el dinero para contratar máquinas con las cuales hacer excavaciones.
Llos cerca de 40 manifestantes mantienen un campamento dentro de las instalaciones de la CEAV de la Ciudad de México, inmueble que tienen cerrado y los trabajadores de la dependencia han pedido a la ciudadanía que visiten la sede alterna.

Apela la CEAV la sentencia que deja libre a Aurelia, indígena nahua presa por un aborto

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) apeló ayer la sentencia de la jueza Mariela Alfaro Zapata, quien el 20 de diciembre pasado resolvió el auto de libertad de la indígena nahua de Xochicalco, municipio de Chilapa, Aurelia García Cruceño.
Fuentes oficiales informaron que el recurso fue presentado ayer ante la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien tendrá que resolver el caso.
Sin embargo, la abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Verónica Garzón, que participa en la defensa de García Cruceño, informó vía telefónica que hasta ayer no le habían notificado el recurso por tanto, dijo que no conocía los argumentos.
La joven nahua acusada de homicidio en razón de parentesco por aborto, en un parto fortuito, obtuvo su libertad el 20 de diciembre después de 3 años en prisión, tras la reposición del proceso penal resultado de una primera apelación que resolvió la magistrada Indalecia Pacheco León, el 18 de enero de 2022.
En la audiencia del 20 de diciembre la jueza Alfaro Zapata determinó que no había elementos suficientes para acreditar “más allá de lo razonable”, que Aurelia hubiera cometido el delito que se le imputó, informó ese día otra de las defensora de la indígena, Ximena Duarte, también del IMDHD.
Sin embargo, entonces, no se conocieron los detalles técnicos del caso, por la restricción que estableció la jueza en la penúltima sesión del juicio oral.
Derivado de la determinación de la jueza, activistas denunciaron ese día que el poder Judicial de Guerrero pretendía señalar a las abogadas de violentar la presunción de inocencia de su defendida, además de imputarles el delito contra la administración de la justicia. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Ampara la Corte a Los Avispones contra resoluciones de la CEAV y le fija lineamientos

La Suprema Corte de Justicia amparó ayer a integrantes del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo atacados a balazos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, así como a sus familiares, y fijó lineamientos que debe seguir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atender este tipo de casos.
La Segunda Sala de la corte amparó a 21 personas, entre jugadores, cuerpo técnico y parientes, en contra de resoluciones de la CEAV que en 2016 autorizó compensaciones que fueron de 94 mil a 762 mil pesos.
La Ley General de Víctimas ordena a la CEAV pagar ciertas reparaciones cuando no es posible que lo hagan los delincuentes responsables, en el caso de Iguala, miembros del cártel Guerreros Unidos dispararon en contra del autobús de Los Avispones, según sus declaraciones porque pensaron que llevaba a sicarios de un grupo rival.
Los ministros dieron a la CEAV plazos que van de 10 a 15 días hábiles, una vez notificadas las sentencias, para que recabe nuevas pruebas y peritajes que permitan recalcular las siguientes compensaciones:
Por daño moral, daños físicos, lucro cesante y pérdida de oportunidades, que deberán ser fijadas de acuerdo a los criterios de la corte, y que además de pagos de dinero pueden incluir becas.
Además se tendrán que detallar medidas de rehabilitación médica y psicológica para cada víctima y fijar la fecha, hora, lugar y autoridades que tendrán que estar en una ceremonia de “reconocimiento” en la que se tendrá que dar “un mensaje oficial de disculpa por los hechos victimizantes” y asumir un “compromiso de no repetición”.
La corte rechazó que la CEAV tenga que pagar daños punitivos, figura que hubiera inflado considerablemente los montos de las compensaciones, pero que no está prevista ni siquiera para los delincuentes que balacearon el autobús.
“Sería un verdadero despropósito que se constriña a la CEAV a que, subsidiariamente, haga frente al pago de un concepto de condena o reparación que conforme a ley, no sería exigible contra quien, efectivamente, tiene la obligación jurídica de reparar a la víctima”, consideró la sala.
Del daño moral la Ley General no aclara los criterios para fijarlo, pero la corte estableció que la CEAV debe tomar en cuenta el tipo de derecho o interés lesionado, la magnitud y gravedad del daño y las afectaciones inmateriales o incluso patrimoniales que derivaron del hecho.
Además, el nivel económico de la víctima y que el monto indemnizatorio respectivo debe resultar apropiado y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido, bajo criterios de razonabilidad.

Identifican forenses argentinos seis cuerpos de desaparecidos; familiares toman CEAV por ayuda

Los restos humanos de seis asesinados que están en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo desde hace tres años, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), como parte de las pruebas a familiares de 34 desaparecidos de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac en marzo y septiembre del año pasado.
Mientras tanto familiares de los seis identificados tomaron la tarde de ayer las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del estado, con la demanda de apoyo económico del organismo para pagar los gastos funerarios.
El presidente del organismo, Luis Camacho Mancilla, solamente les ofrecía el pago del ataúd, los gastos del traslado y el embalsamiento en caso de que fuera necesario, pero le exigieron el pago de los gastos funerarios, “porque en nuestros pueblos es costumbre velar a nuestros difuntos”, dijo un familiar de una de las víctimas.
Cinco de los restos que fueron identificados fueron hallados en las seis fosas encontradas en el paraje El Huizache, en Chilapa, el 5 de enero del 2015. En seis bolsas había 10 cuerpos completos y 11 cabezas.
En conferencia de prensa los familiares de las víctimas identificadas no proporcionaron detalles de sus familiares que se encontraban desaparecidos, pero reprocharon la falta de voluntad, capacidad y sensibilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues tuvieron que transcurrir tres años para identificar a sus familiares cuyos cuerpos se encontraban en el Semefo de Chilpancingo.
Se quejaron de que tuvieron que recurrir al EAAF para que tomara las muestras tanto de los familiares como de los cuerpos para que se cotejara y fueran identificados, debido a que la FGE no había hecho ese trabajo que le corresponde.
Los familiares fueron acompañados en la conferencia de prensa por el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, el director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz Taboada, el presidente del colectivo Los Otros Buscadores, Buscando Vida entre los Muertos de Huitzuco, Mario Vergara y la presidenta del colectivo de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso.

No hay ninguna investigación para dar con los responsables

Olivares Hernández informó que la FGE aprovechó los días que el EAAF tomó muestras para hacer las suyas, porque no había hecho ese peritaje a pesar de que los cadáveres estaban desde el 2015.
En un boletín de prensa el centro Morelos destacó que los seis cadáveres fueron identificados después de un peritaje independiente de identificación genética realizado por el EAAF, “es así que seis familias recibirán los restos de sus desaparecidos con mayor certeza y confianza después de sortear varios obstáculos de la FGE, que atrasó el trabajo de los peritos independientes”.
Informó que las familias que identificaron a sus desaparecidos entre los cuerpos almacenados en el Semefo, son indígenas de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac.
“La FGE obtuvo las muestras de sangre de las familias hasta cuando el EAAF comenzó en marzo de 2017 la primera etapa de los trabajos de identificación, con la toma de muestras de sangre a las familias que solicitaron el peritaje independiente a través del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón”, explicó el organismo.
Precisó que cinco de los restos analizados se ubicaron dentro de las seis fosas encontradas en el paraje denominado El Huizache en el municipio de Chilapa el 5 de enero del 2015, mismas que contenían 10 cuerpos completos y 11 cabezas.
Reclamó que desde entonces la Fiscalía no había hecho la confronta de los perfiles genéticos de las familias que denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), “es decir, mientras FGE tomó las muestras genéticas de los cuerpos completos, la PGR obtuvo las de las cabezas y el de los familiares sin que entre las dos instancias realizaran una confronta de información para descartar algún parentesco”.
Además denunció que tampoco se ha realizado ninguna investigación para dar con los responsables, y que las carpetas de investigación o averiguaciones previas sólo contienen las declaraciones de los familiares que presentaron la denuncia y los oficios que se giraron a las diferentes instituciones públicas de salud, y cárceles preguntando si en esos lugares podría estar el desaparecido, así como la respuesta que dieron, “fuera de eso no hay otra diligencia que se haya realizado”.
Denunció que para las familias de desaparecidos que se han organizado en diferentes colectivos, para el Centro Morelos y el Ccti es preocupante que la falta de eficacia e interés para la integración de un banco de perfiles genéticos de los restos que se encuentran en el Semefo, “cause el sufrimiento a las familias que durante años buscan dar con el paradero de sus desaparecidos, permaneciendo en la zozobra y que posteriormente todo ese dolor se traduzca en secuelas que afecta la salud de todos los integrantes de la familia”.

El gobierno no muestra ninguna voluntad para garantizar verdad, justicia, reparación del daño…

Añadió que, por otro lado, el gobierno del estado no muestra ninguna voluntad política para garantizar verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición al seguir imponiendo a través del Congreso del Estado a los titulares de instancias como la FGE, Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, y al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas.
El Centro Morelos informó que después de la identificación de los seis cuerpos la CEAV ofreció como apoyo a los familiares el ataúd y el traslado de los restos, “lo cual significa que la mayoría tendrá que endeudarse para cubrir los gastos que se van a generar al realizar los rituales fúnebres de acuerdo a sus usos y costumbres”.
Añadió que los limitados apoyos contravienen lo que dispone la fracción 16 del Artículo 60 de la Ley General de Atención a Víctimas, que establece que es una obligación de los funcionarios públicos cubrir los gastos de inhumación de acuerdo a la cultura de las víctimas, con flexibilidad en la comprobación, principalmente para las familias de los pueblos indígenas.
Los familiares de las víctimas, así como los integrantes de los colectivos de Chilpancingo, Huitzuco, Acapulco e Iguala se trasladaron después de la conferencia de prensa a las instalaciones de la CEAV y las tomaron desde las 2 de la tarde, en protesta por lo que llamaron “insensibilidad” del presidente Luis Camacho quien solamente ofrecía a los familiares de las víctimas el pago del ataúd, el traslado del cuerpo y el embalsamiento de ser necesario.
Los familiares exigieron al presidente del organismo apoyo para “los rituales fúnebres de acuerdo a sus usos y costumbres”, la velación de los cuerpos que implica la compra de flores, veladoras, música y comida para los acompañantes a los funerales.
El funcionario argumentó que es lo que está establecido en la ley, lo que se puede comprobar, pues les dijo que los recursos del organismo son fiscalizados y que no puede autorizar gastos que no se puedan comprobar, sin embargo tras la protesta Camacho Mancilla ofreció 3 mil pesos adicionales para este tipo de gastos, pero los familiares los rechazaron.
La señora Reyna Hernández, familiar de una de las víctimas, visiblemente alterada reprochó, “estamos hasta la madre, si no tuviésemos desaparecidos no estaríamos perdiendo el tiempo aquí”.
Le dijo al funcionario que ella se tuvo que ir a Sinaloa a trabajar porque la CEAV no la apoya, “y a veces a mis hijos no los mando a la escuela porque no tengo dinero.
Los familiares de las víctimas e integrantes de los colectivos cerraron la puerta del organismo desde las 2 de la tarde y mantuvieron en su interior al personal hasta las 6 y media mientras dialogaban, a veces de manera ríspida, con Camacho Mancilla.
Finalmente el presidente de la CEAV se comprometió a entregar a las seis familias un cheque de 3 mil 500 para los gastos funerarios, a condición de que firmen un documento para que el organismo pueda comprobar estos gastos.
Acordaron volver a reunirse el jueves de la próxima semana para continuar dialogando con respecto a otras demandas de las víctimas.

Exhorta una comisión del Congreso de la Unión a la CEAV a que atienda a “las víctimas” de Nestora

Los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación de la Comisión Permanente aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que garantice la reparación del daño a “las víctimas de Nestora Salgado”.
En una discusión en la que la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alicia Barrientos llamó a los legisladores “delincuentes de cuello blanco”, la mayoría aprobó el exhorto y formuló críticas contra Salgado, quien fue comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, y es candidata del Senado.
La priista Diva Gastélum aseguró que ha tenido contacto con víctimas de Salgado, quienes le advirtieron que es una persona violenta.
“Quien la trajo aquí se llama Andrés Manuel López Obrador, ese señor debe tener conciencia de lo que es darle impunidad, ahora sí, a una persona que en el pasado se atrevió a hacer muchas cosas y que hoy como senadora de la República, pues ustedes díganme qué va a pasar”, expuso.
Barrientos afirmó que el punto de acuerdo persigue un fin electoral y es una reacción de los demás partidos, ante el inminente triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
Salgado fue detenida y encarcelada en agosto de 2013, luego de haber sido acusada de haber privado de la libertad a varias personas.
Tras haber estado en prisión casi tres años Salgado fue puesta en libertad en marzo de 2016 al considerar que hubo irregularidades cometidas en su proceso.
El punto de acuerdo pide a la Comisión Ejecutiva que garantice los derechos de las víctimas.
“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas, tanto nacional como del estado de Guerrero para que en el ámbito de sus atribuciones, garanticen el acceso a la justicia de las víctimas de distintas violaciones a sus derechos humanos, como hechos de privación ilegal de la libertad y tortura por parte de Nestora Salgado (…)”, se lee en el punto de acuerdo. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se reúnen la CEAV y la CNDH con víctimas en El Quemado, Atoyac, para la reparación de daños

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se reunió en la localidad de El Quemado, en la sierra del municipio de Atoyac, con familiares y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos del gobierno cuando combatía la guerrilla de Lucio Cabañas en la década de 1970, época conocida como de terrorismo de Estado.
Informó de los adelantos que hay en cuanto al proceso de reparación del daño para los familiares y víctimas.
A la localidad acudieron médicos que llevaron atención gratuita y un módulo del Registro Civil para registros de nacimientos y matrimonios.
La reunión fue asistida por el dirigente social y defensor de derechos humanos Arturo García Jiménez.
De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue Edmundo Estefan Fuentes y de la CEAV estuvo Silvano Cantú, quienes se reunieron con los sobrevivientes en la comisaría del lugar donde detallaron información y aclararon dudas a los afectados de la también llamada época de la guerra sucia.
Edmundo Estefan dijo que lo ocurrido en El Quemado forma parte de la historia contemporánea del país, que le están dando seguimiento a la recomendación 26/2001 y quieren que esta historia llegue a su fin.
Silvano Cantú dijo que han llevado a cabo 10 brigadas en El Quemado, y resaltó la contribución de la agrupación Guerrero es Primero.
Agradeció que la CNDH los haya convocado a esta reunión informativa y agregó que hay avances importantes en registro nacional de víctimas están cerca de tener cubierto el 80 por ciento, lo que sigue es cerrar las resoluciones y pasar a la reparación del daño.
Dijo que de los 82 casos de violaciones a los derechos humanos de El Quemado, 69 están inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), y que esta reunión era para evitar rumores y malos entendidos.
Abundó que el 79 por ciento de las desapariciones que se dieron en todo el país en el periodo del terrorismo de Estado son de Atoyac.
Para la reparación del daño la CEAV está juntando las listas de la CNDH, la fiscalía especial y la Comisión de la Verdad para hacer un mapeo y ubicarlos en su lugar de origen.
La investigación histórica fue hecha por la Comisión de la Verdad, por eso no se les pidieron más pruebas.
Destacó que no se necesita más investigación. Informó que para la reparación se seguirán los estándares internacionales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), con base en la resolución del caso Rosendo Radilla Pacheco.
Con este hecho la reparación del daño para la gente de El Quemado está muy cerca, afirmó. (Francisco Magaña / Atoyac).

La CEAV sólo atiende tres de los 300 casos de menores que tiene registrados: Siempre Vivos

Dos niñas del colectivo Siempre Vivos integrado por familiares de personas desaparecidas en Chilapa son atendidas, por presión de la organización, en el Instituto Nacional de Pediatría.
La organización cuenta con un registro de alrededor de 300 niños víctimas de la violencia que no cuentan con becas ni atención médica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal, ni de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, informó el coordinador de Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Informó de dos casos de niñas, hijas de víctimas de desaparición que a raíz de los hechos comenzaron a padecer enfermedades que no pudieron ser atendidas por médicos generales, y que de entrada fueron rechazadas por representantes de las comisiones encargadas de la atención a víctimas, justificando que los padecimientos no habían sido producto de las desapariciones.
En el caso de Vanesa de cinco años, el activista narró que desde hace unos seis meses le salieron unas bolitas en el cuello por lo que la mamá la llevó con un médico general que le dio medicinas que no le hicieron ningún efecto.
Dijo que cuando intentaron que la CEAV se hiciera cargo les respondieron que no podían hacer nada que porque no había sido producto de la desaparición del papá, ocurrida en mayo de 2015.
“Nada más nos dijeron que no podían, ese fue su dictamen sin valorar a la niña, sin conocer su historial, esa fue su respuesta”, reprochó.
La negativa fue a pesar de que existe una denuncia del delito en el Ministerio Público federal, por lo que la mamá de Vanesa está dentro del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), unidad de la CEAV creada para este tipo de casos.
El coordinador agregó que tuvo que acudir a la Ciudad de México con la subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías, para exigir atención a Vanesa y le advirtió que los familiares se plantarían en las oficinas de la CEAV para “pedir limosna”, en cuanto a la atención médica para una familiar de una víctima de desaparición.
Finalmente a la menor se le atendió en el Instituto Nacional de Pediatría, después de la presión y de estar dentro del Renavi a la mamá le fueron cubiertos los gastos de traslado, hospedaje y alimentación.
El caso de Vanesa y de otros dos niños, hijos de víctimas de desaparición fueron narrados a principios de diciembre pasado en la voz de las víctimas (cuando dos de esos casos no eran atendidos), en el reportaje Los Huerfanos de Chilapa de José Ignacio de Alba de la Red de Periodistas de a Pie.
El otro caso del colectivo Siempre Vivos, continuó José Díaz, es el de la niña Joselyn de seis años cuya denuncia por la desaparición de su papá, en septiembre de 2014, fue interpuesta en la Fiscalía General del Estado.
“La mamá no está en el Renavi, entonces no la pueden atender, aquí (en la entidad) le dieron cita para el día 12 de enero en el hospital general de Chilpancingo pero le volvieron a programar su cita en seis meses, y realmente no le hicieron ni un estudio”, informó.
Joselyn tiene granos en la lengua desde hace más de seis meses lo que le impide comer bien, y lo más grave es que le avanzan a la garganta, “se le están yendo a alguna parte más del estómago, obviamente no somos médicos pero por lo que hemos visto es un problema grave”.
En este caso también acudieron a la Ciudad de México a presionar a la CEAV y lograron que a Joselyn le dieran cita en el mismo Instituto Nacional de Pediatría este 23 de enero.
No obstante dijo que hay otros casos en los que no han podido avanzar ni a nivel nacional, estatal ni local por lo que planean otra visita a la Ciudad de México para solicitar la atención a las víctimas que tienen su denuncia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, cuya mayoría de casos fueron registrados del 9 al 14 de mayo de 2015.
Además de acudir a solicitar información sobre los avances en las investigaciones.
“No hemos podido avanzar ni en becas, ni en atención médica, no tenemos ni un apoyo de la Comisión Ejecutiva ni de la Comisión Estatal”, agregó.
De niños en esta situación de desamparo ante la desaparición y homicidio de sus padres, aseguró Díaz Navarro, tienen “alrededor de 200 y 300 niños, muchos que se acercaron en la última visita. Yo me siento totalmente rebasado, solamente coordino en la medida de mis posibilidades, tenemos un mundo de información y yo solo no los puedo atender”.
Ante el incremento de víctimas (en 2017 la organización registró 260 homicidios y cuenta con alrededor de 120 casos de desaparición desde el año 2014), el colectivo tiene proyectado establecer una oficina regional de atención a víctimas de atención a familiares de víctimas, que decidieron concluir sus estudios de preparatoria en el sistema abierto y que actualmente están estudiando, de manera profesional, la carrera de leyes.