Los restos humanos de seis asesinados que están en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo desde hace tres años, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), como parte de las pruebas a familiares de 34 desaparecidos de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac en marzo y septiembre del año pasado.
Mientras tanto familiares de los seis identificados tomaron la tarde de ayer las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del estado, con la demanda de apoyo económico del organismo para pagar los gastos funerarios.
El presidente del organismo, Luis Camacho Mancilla, solamente les ofrecía el pago del ataúd, los gastos del traslado y el embalsamiento en caso de que fuera necesario, pero le exigieron el pago de los gastos funerarios, “porque en nuestros pueblos es costumbre velar a nuestros difuntos”, dijo un familiar de una de las víctimas.
Cinco de los restos que fueron identificados fueron hallados en las seis fosas encontradas en el paraje El Huizache, en Chilapa, el 5 de enero del 2015. En seis bolsas había 10 cuerpos completos y 11 cabezas.
En conferencia de prensa los familiares de las víctimas identificadas no proporcionaron detalles de sus familiares que se encontraban desaparecidos, pero reprocharon la falta de voluntad, capacidad y sensibilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues tuvieron que transcurrir tres años para identificar a sus familiares cuyos cuerpos se encontraban en el Semefo de Chilpancingo.
Se quejaron de que tuvieron que recurrir al EAAF para que tomara las muestras tanto de los familiares como de los cuerpos para que se cotejara y fueran identificados, debido a que la FGE no había hecho ese trabajo que le corresponde.
Los familiares fueron acompañados en la conferencia de prensa por el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, el director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz Taboada, el presidente del colectivo Los Otros Buscadores, Buscando Vida entre los Muertos de Huitzuco, Mario Vergara y la presidenta del colectivo de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso.
No hay ninguna investigación para dar con los responsables
Olivares Hernández informó que la FGE aprovechó los días que el EAAF tomó muestras para hacer las suyas, porque no había hecho ese peritaje a pesar de que los cadáveres estaban desde el 2015.
En un boletín de prensa el centro Morelos destacó que los seis cadáveres fueron identificados después de un peritaje independiente de identificación genética realizado por el EAAF, “es así que seis familias recibirán los restos de sus desaparecidos con mayor certeza y confianza después de sortear varios obstáculos de la FGE, que atrasó el trabajo de los peritos independientes”.
Informó que las familias que identificaron a sus desaparecidos entre los cuerpos almacenados en el Semefo, son indígenas de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac.
“La FGE obtuvo las muestras de sangre de las familias hasta cuando el EAAF comenzó en marzo de 2017 la primera etapa de los trabajos de identificación, con la toma de muestras de sangre a las familias que solicitaron el peritaje independiente a través del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón”, explicó el organismo.
Precisó que cinco de los restos analizados se ubicaron dentro de las seis fosas encontradas en el paraje denominado El Huizache en el municipio de Chilapa el 5 de enero del 2015, mismas que contenían 10 cuerpos completos y 11 cabezas.
Reclamó que desde entonces la Fiscalía no había hecho la confronta de los perfiles genéticos de las familias que denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), “es decir, mientras FGE tomó las muestras genéticas de los cuerpos completos, la PGR obtuvo las de las cabezas y el de los familiares sin que entre las dos instancias realizaran una confronta de información para descartar algún parentesco”.
Además denunció que tampoco se ha realizado ninguna investigación para dar con los responsables, y que las carpetas de investigación o averiguaciones previas sólo contienen las declaraciones de los familiares que presentaron la denuncia y los oficios que se giraron a las diferentes instituciones públicas de salud, y cárceles preguntando si en esos lugares podría estar el desaparecido, así como la respuesta que dieron, “fuera de eso no hay otra diligencia que se haya realizado”.
Denunció que para las familias de desaparecidos que se han organizado en diferentes colectivos, para el Centro Morelos y el Ccti es preocupante que la falta de eficacia e interés para la integración de un banco de perfiles genéticos de los restos que se encuentran en el Semefo, “cause el sufrimiento a las familias que durante años buscan dar con el paradero de sus desaparecidos, permaneciendo en la zozobra y que posteriormente todo ese dolor se traduzca en secuelas que afecta la salud de todos los integrantes de la familia”.
El gobierno no muestra ninguna voluntad para garantizar verdad, justicia, reparación del daño…
Añadió que, por otro lado, el gobierno del estado no muestra ninguna voluntad política para garantizar verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición al seguir imponiendo a través del Congreso del Estado a los titulares de instancias como la FGE, Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, y al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas.
El Centro Morelos informó que después de la identificación de los seis cuerpos la CEAV ofreció como apoyo a los familiares el ataúd y el traslado de los restos, “lo cual significa que la mayoría tendrá que endeudarse para cubrir los gastos que se van a generar al realizar los rituales fúnebres de acuerdo a sus usos y costumbres”.
Añadió que los limitados apoyos contravienen lo que dispone la fracción 16 del Artículo 60 de la Ley General de Atención a Víctimas, que establece que es una obligación de los funcionarios públicos cubrir los gastos de inhumación de acuerdo a la cultura de las víctimas, con flexibilidad en la comprobación, principalmente para las familias de los pueblos indígenas.
Los familiares de las víctimas, así como los integrantes de los colectivos de Chilpancingo, Huitzuco, Acapulco e Iguala se trasladaron después de la conferencia de prensa a las instalaciones de la CEAV y las tomaron desde las 2 de la tarde, en protesta por lo que llamaron “insensibilidad” del presidente Luis Camacho quien solamente ofrecía a los familiares de las víctimas el pago del ataúd, el traslado del cuerpo y el embalsamiento de ser necesario.
Los familiares exigieron al presidente del organismo apoyo para “los rituales fúnebres de acuerdo a sus usos y costumbres”, la velación de los cuerpos que implica la compra de flores, veladoras, música y comida para los acompañantes a los funerales.
El funcionario argumentó que es lo que está establecido en la ley, lo que se puede comprobar, pues les dijo que los recursos del organismo son fiscalizados y que no puede autorizar gastos que no se puedan comprobar, sin embargo tras la protesta Camacho Mancilla ofreció 3 mil pesos adicionales para este tipo de gastos, pero los familiares los rechazaron.
La señora Reyna Hernández, familiar de una de las víctimas, visiblemente alterada reprochó, “estamos hasta la madre, si no tuviésemos desaparecidos no estaríamos perdiendo el tiempo aquí”.
Le dijo al funcionario que ella se tuvo que ir a Sinaloa a trabajar porque la CEAV no la apoya, “y a veces a mis hijos no los mando a la escuela porque no tengo dinero.
Los familiares de las víctimas e integrantes de los colectivos cerraron la puerta del organismo desde las 2 de la tarde y mantuvieron en su interior al personal hasta las 6 y media mientras dialogaban, a veces de manera ríspida, con Camacho Mancilla.
Finalmente el presidente de la CEAV se comprometió a entregar a las seis familias un cheque de 3 mil 500 para los gastos funerarios, a condición de que firmen un documento para que el organismo pueda comprobar estos gastos.
Acordaron volver a reunirse el jueves de la próxima semana para continuar dialogando con respecto a otras demandas de las víctimas.
