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Reciben familias los cuerpos de 5 desaparecidos que estuvieron 3 años en la morgue de la capital

 

Familiares de cinco desaparecidos de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac recibieron ayer los restos de sus parientes identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que hizo los estudios de ADN en marzo y en septiembre del año pasado.
Personal del EAAF tomó muestras a 34 familias de igual número de personas desaparecidas para la confronta de datos con los cadáveres que están en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.
Con los resultados entregados el 11 y el 12 de junio fueron identificadas 6 víctimas de esos tres municipios, desaparecidas desde finales de 2015.
Mientras tanto los familiares de una sexta persona se rehusaron a recibir sus restos por la falta de apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para pagar los gastos funerarios.
Los familiares reclamaron la entrega de los restos a la Fiscalía General del Estado (FGE) con el apoyo del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y aproximadamente a las 5 de la tarde recibieron lo que quedaba de sus familiares, tras más de tres años depositados en el Semefo porque la FGE no hacía los estudios y la confronta de datos para su identificación.
“No son cuerpos los que están recibiendo los familiares, son restos por la negligencia tanto de la Procuraduría General de la República (PGR) como de la Fiscalía. Los cuerpos fueron localizados desde el 5 de enero del 2016, apenas pocos días después de su desaparición, y si las instituciones hubieran realmente hecho su trabajo las familias no tendrían que haber esperado más de 3 años para saber que los resultados eran positivos”, denunció el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández.
Ayer los familiares de cinco de los seis identificados tuvieron que esperar de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde para recibir a sus familiares fallecidos. Durante casi 6 horas hicieron trámites para solicitar la entrega de sus familiares muertos y trasladarlos a sus lugares de origen para sepultarlos.
Olivares Hernández informó que los restos de una sexta persona serán entregados el 28 de junio debido a que sus familiares se inconformaron ante la CEAV porque solamente les ofrecieron apoyo para el ataúd, el traslado y un cheque de 3 mil 500 pesos para gastos funerarios.

Hijos, albañiles, jóvenes, se cuentan entre las víctimas de la violencia

Los restos de uno de los desaparecidos son de Bonifacio Ramírez Hermelindo, quien tenía 35 años cuando desapareció el 25 de diciembre del 2014. Era de Alpoyeca, municipio de Atlixtac.
Alejandra, su madre, declaró ante la FGE cuando presentó la denuncia, que el día que desapareció su hijo fue a vender tomate a Chilapa, que él mismo cultivaba.
Después de vender su producto el joven se trasladó a la tienda Chedraui en donde un taxista de su pueblo lo vio parado con un garrafón de agua en la mano y cuando le dijo que se fueran, el ahora finado le dijo que se quedaría un rato más, desde entonces ya no lo volvieron a ver vivo.
Otro de los identificados es Miguel Sánchez Mateos quien tenía 24 años cuando desapareció el 12 de diciembre del 2014. Era originario de San Lucas Teocuitlapa, municipio de Acatepec, pero vivía en la colonia Los Chapulines de Chilapa.
El padre de Miguel informó que su hijo era albañil y que el 12 de diciembre de 2014 salió de su casa a la escuela primaria Dominga Sánchez en donde trabajaba en la construcción de unas aulas.
Contó que ese día el ingeniero de la obra le llamó para que fuera a abrir el portón porque llevarían material. Su hijo ya no regresó, y el 15 de diciembre desaparecieron otros dos albañiles que trabajaban en la misma obra.
También fue identificado Mauro Migueleño Joaquín de 26 años, quien desapareció el 24 de diciembre de 2014. Era originario de Alcozacán, municipio de Chilapa. Rosalinda, su madre, relató que el día que desapareció su hijo fue a “pasear” a Chilapa a donde los jóvenes de su pueblo acostumbran ir ese día a la celebración de una posada, y ya no regresó.
El tercero es Juan Santos Santiago, quien tenía 19 años cuando desapareció el 30 de diciembre de 2014. El ahora occiso era de El Terrero I, municipio de Chilapa, y aproximadamente a las 8 de la mañana del día que desapareció se encontraba en la base de las camionetas que dan el servicio de transporte a su pueblo, acompañado de su primo Roberto Santos Cruz, y las mamás de ambos quienes traían a vender al mercado productos de su comunidad. Los cuatro acordaron reunirse a las 12 del día para regresar juntos a su pueblo.
La mamá de Juan dijo que minutos después vio a su hijo que discutía con unos desconocidos y cuando a señas le preguntó qué pasaba el joven le respondió, también con ademanes, que se siguiera de largo.
A las 12 cuando regresaron al lugar que quedaron de verse los dos jóvenes no llegaron, y las dos mujeres fueron a buscar a sus hijos hasta las 4 de la tarde pero no los encontraron.
El quinto de los cadáveres que fue reclamado por sus familiares fue el de Roberto Santos Cruz de 24 años, quien desapareció el mismo día, en el mismo lugar y en las mismas circunstancias que su primo Juan Santos, también era originario de El Terrero I.
Manuel Olivares informó que los restos de la sexta persona que fue identificada tras el cotejo de las muestras del ADN aplicadas por personal del EAAF serán entregados el 28 de junio como fue el acuerdo de sus familiares con el presidente de la CEAV, Luis Camacho Mancilla, en una reunión la tarde del jueves pasado.
Los restos de estos cinco hombres fueron hallados el 5 de enero de 2015 en el paraje conocido como El Huizache, municipio de Chilapa. En ese lugar había seis fosas clandestinas de las que fueron exhumados 10 cuerpos completos y 11 cabezas, pero la FGE no realizó a tiempo los estudios para conocer los perfiles genéticos de las víctimas, y no fue posible identificar los cadáveres hasta que aplicó los estudios el EAAF, insistió Olivares Hernández.
La CEAV contrató los servicios de la funeraria Chilpancingo para el traslado a los lugares de origen de las víctimas a fin de que sus familiares finalmente los sepulten.

 

Un taxista que dejó cinco menores huérfanos, entre los identificados por los forenses argentinos

Ángel Lara Hernández era taxista en Chilapa, dejó a cinco huérfanos. El 30 de noviembre de 2015 le solicitaron el servicio, abordaron su unidad y él los trasladó con rumbo desconocido. Desde entonces sus familiares no sabían de él hasta que sus restos se los entregaron ayer a pesar de que fueron encontrados el 5 de enero del 2016 en una fosa clandestina un mes y seis días después de que desapareció.
Sus familiares: “ya estamos enojados hasta la madre”, explotó ayer Reyna Hernández, prima de la víctima, en la antesala de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en donde acompañaba a la viuda de Ángel, una indígena nahua que no habla español.
Dijo que recibir el cadáver más de 3 años después es una prueba de que el gobierno no trabaja bien, “y ahora todavía no nos quieren apoyar para sepultarlo, después de que estuvimos esperando más de tres años para que nos dieran su cuerpo”, dijo la joven mujer a nombre de los familiares de la víctima.
Ángel Lara Hernández es uno de los seis desaparecidos cuyos restos fueron identificados mediante el trabajo de marzo y septiembre del año pasado de personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para la confronta de su perfil genético con el de sus familiares para su identificación, debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) no había hecho los estudios.
Su cuerpo fue encontrado el 5 de enero de 2016 en una fosa clandestina en el punto conocido como El Huizache, municipio de Chilapa, y no se había obtenido su perfil genético ni el de sus familiares, por lo que estuvo como desconocido hasta el 11 de junio que se dieron a conocer los resultados de la confronta de datos del finado con el de sus familiares, que hizo el EAAF.
“Sentimos feo que nos lo entreguen después de tanto tiempo. Antes pensábamos que estaba vivo y nos preocupábamos si comía, o a lo mejor no, pero ahorita que sabemos que está muerto nos remueve la tristeza”, contó Reyna a un lado de la viuda, quien permaneció todo el tiempo con la vista clavada en el piso.
Ayer finalmente los familiares de Ángel recibieron lo que aún quedaba de su cuerpo, un envoltorio no mayor a 10 kilogramos en una caja de archivero de plástico en donde estuvo almacenado desde enero del 2016.
Reyna Hernández insistió: “es responsabilidad del gobierno, imagínese cuánto tiempo tuvimos que esperar para encontrarlo y después para que nos lo dieran. De verdad ya estamos cansados, y ahora no nos quieren apoyar, imagínate, nos quedamos sin dinero y ahorita tenemos que gastar para enterrarlo”.
Contó que Ángel era padre de cinco hijos menores de edad y que tienen que ir a la escuela, añadió que quien se hizo cargo fue la ahora viuda quien en adelante se hará cargo por completo de los niños por la ausencia definitiva del padre.
El jueves en una reunión con el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Luis Camacho Mancilla, la misma Reyna le reclamó: “por qué no nos quiere apoyar, ¿que el dinero que tiene es para ustedes?, ese dinero es para nosotros, se lo dieron para las víctimas”.
Ayer cuando esperaba recibir a su familiar muerto reprochó que no pidieron ser víctimas, se quejó que lo son porque el gobierno no da seguridad, “y a ver, a los niños (sus sobrinos) les quitaron a su padre, y ahorita no sabemos si van a seguir estudiando porque no tenemos dinero”.
Triste, agregó: “los niños nos preguntaban, ¿a dónde está mi papá?” y contó que ellas les respondían que estaba trabajando, “pero nosotros no sabíamos que lo íbamos a encontrar muerto, ¿ahora qué les vamos a decir?”.

 

Identifican forenses argentinos seis cuerpos de desaparecidos; familiares toman CEAV por ayuda

 

Los restos humanos de seis asesinados que están en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo desde hace tres años, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), como parte de las pruebas a familiares de 34 desaparecidos de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac en marzo y septiembre del año pasado.
Mientras tanto familiares de los seis identificados tomaron la tarde de ayer las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del estado, con la demanda de apoyo económico del organismo para pagar los gastos funerarios.
El presidente del organismo, Luis Camacho Mancilla, solamente les ofrecía el pago del ataúd, los gastos del traslado y el embalsamiento en caso de que fuera necesario, pero le exigieron el pago de los gastos funerarios, “porque en nuestros pueblos es costumbre velar a nuestros difuntos”, dijo un familiar de una de las víctimas.
Cinco de los restos que fueron identificados fueron hallados en las seis fosas encontradas en el paraje El Huizache, en Chilapa, el 5 de enero del 2015. En seis bolsas había 10 cuerpos completos y 11 cabezas.
En conferencia de prensa los familiares de las víctimas identificadas no proporcionaron detalles de sus familiares que se encontraban desaparecidos, pero reprocharon la falta de voluntad, capacidad y sensibilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues tuvieron que transcurrir tres años para identificar a sus familiares cuyos cuerpos se encontraban en el Semefo de Chilpancingo.
Se quejaron de que tuvieron que recurrir al EAAF para que tomara las muestras tanto de los familiares como de los cuerpos para que se cotejara y fueran identificados, debido a que la FGE no había hecho ese trabajo que le corresponde.
Los familiares fueron acompañados en la conferencia de prensa por el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, el director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz Taboada, el presidente del colectivo Los Otros Buscadores, Buscando Vida entre los Muertos de Huitzuco, Mario Vergara y la presidenta del colectivo de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso.

No hay ninguna investigación para dar con los responsables

Olivares Hernández informó que la FGE aprovechó los días que el EAAF tomó muestras para hacer las suyas, porque no había hecho ese peritaje a pesar de que los cadáveres estaban desde el 2015.
En un boletín de prensa el centro Morelos destacó que los seis cadáveres fueron identificados después de un peritaje independiente de identificación genética realizado por el EAAF, “es así que seis familias recibirán los restos de sus desaparecidos con mayor certeza y confianza después de sortear varios obstáculos de la FGE, que atrasó el trabajo de los peritos independientes”.
Informó que las familias que identificaron a sus desaparecidos entre los cuerpos almacenados en el Semefo, son indígenas de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac.
“La FGE obtuvo las muestras de sangre de las familias hasta cuando el EAAF comenzó en marzo de 2017 la primera etapa de los trabajos de identificación, con la toma de muestras de sangre a las familias que solicitaron el peritaje independiente a través del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón”, explicó el organismo.
Precisó que cinco de los restos analizados se ubicaron dentro de las seis fosas encontradas en el paraje denominado El Huizache en el municipio de Chilapa el 5 de enero del 2015, mismas que contenían 10 cuerpos completos y 11 cabezas.
Reclamó que desde entonces la Fiscalía no había hecho la confronta de los perfiles genéticos de las familias que denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), “es decir, mientras FGE tomó las muestras genéticas de los cuerpos completos, la PGR obtuvo las de las cabezas y el de los familiares sin que entre las dos instancias realizaran una confronta de información para descartar algún parentesco”.
Además denunció que tampoco se ha realizado ninguna investigación para dar con los responsables, y que las carpetas de investigación o averiguaciones previas sólo contienen las declaraciones de los familiares que presentaron la denuncia y los oficios que se giraron a las diferentes instituciones públicas de salud, y cárceles preguntando si en esos lugares podría estar el desaparecido, así como la respuesta que dieron, “fuera de eso no hay otra diligencia que se haya realizado”.
Denunció que para las familias de desaparecidos que se han organizado en diferentes colectivos, para el Centro Morelos y el Ccti es preocupante que la falta de eficacia e interés para la integración de un banco de perfiles genéticos de los restos que se encuentran en el Semefo, “cause el sufrimiento a las familias que durante años buscan dar con el paradero de sus desaparecidos, permaneciendo en la zozobra y que posteriormente todo ese dolor se traduzca en secuelas que afecta la salud de todos los integrantes de la familia”.

El gobierno no muestra ninguna voluntad para garantizar verdad, justicia, reparación del daño…

Añadió que, por otro lado, el gobierno del estado no muestra ninguna voluntad política para garantizar verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición al seguir imponiendo a través del Congreso del Estado a los titulares de instancias como la FGE, Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, y al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas.
El Centro Morelos informó que después de la identificación de los seis cuerpos la CEAV ofreció como apoyo a los familiares el ataúd y el traslado de los restos, “lo cual significa que la mayoría tendrá que endeudarse para cubrir los gastos que se van a generar al realizar los rituales fúnebres de acuerdo a sus usos y costumbres”.
Añadió que los limitados apoyos contravienen lo que dispone la fracción 16 del Artículo 60 de la Ley General de Atención a Víctimas, que establece que es una obligación de los funcionarios públicos cubrir los gastos de inhumación de acuerdo a la cultura de las víctimas, con flexibilidad en la comprobación, principalmente para las familias de los pueblos indígenas.
Los familiares de las víctimas, así como los integrantes de los colectivos de Chilpancingo, Huitzuco, Acapulco e Iguala se trasladaron después de la conferencia de prensa a las instalaciones de la CEAV y las tomaron desde las 2 de la tarde, en protesta por lo que llamaron “insensibilidad” del presidente Luis Camacho quien solamente ofrecía a los familiares de las víctimas el pago del ataúd, el traslado del cuerpo y el embalsamiento de ser necesario.
Los familiares exigieron al presidente del organismo apoyo para “los rituales fúnebres de acuerdo a sus usos y costumbres”, la velación de los cuerpos que implica la compra de flores, veladoras, música y comida para los acompañantes a los funerales.
El funcionario argumentó que es lo que está establecido en la ley, lo que se puede comprobar, pues les dijo que los recursos del organismo son fiscalizados y que no puede autorizar gastos que no se puedan comprobar, sin embargo tras la protesta Camacho Mancilla ofreció 3 mil pesos adicionales para este tipo de gastos, pero los familiares los rechazaron.
La señora Reyna Hernández, familiar de una de las víctimas, visiblemente alterada reprochó, “estamos hasta la madre, si no tuviésemos desaparecidos no estaríamos perdiendo el tiempo aquí”.
Le dijo al funcionario que ella se tuvo que ir a Sinaloa a trabajar porque la CEAV no la apoya, “y a veces a mis hijos no los mando a la escuela porque no tengo dinero.
Los familiares de las víctimas e integrantes de los colectivos cerraron la puerta del organismo desde las 2 de la tarde y mantuvieron en su interior al personal hasta las 6 y media mientras dialogaban, a veces de manera ríspida, con Camacho Mancilla.
Finalmente el presidente de la CEAV se comprometió a entregar a las seis familias un cheque de 3 mil 500 para los gastos funerarios, a condición de que firmen un documento para que el organismo pueda comprobar estos gastos.
Acordaron volver a reunirse el jueves de la próxima semana para continuar dialogando con respecto a otras demandas de las víctimas.

 

Suspenden labores forenses argentinos; no servían los refrigeradores de la saturada morgue de Chilpancingo

Ante la falta de funcionamiento de las dos cámaras frigoríficas almacenadoras de cuerpos, así como por la saturación de cadáveres en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) suspendió la segunda etapa de sus trabajos periciales para la identificación de cuerpos encontrados en Chilapa, Zitlala y Atlixtac.
La Secretaría de Salud estatal difundió el sábado un comunicado en el que informó que desde el jueves llegaron al Semefo técnicos especializados en mantenimiento y fabricación de cámaras de refrigeración de cadáveres, para la inspección preliminar de las cámaras frigoríficas a fin de determinar los trabajos, tanto para su mantenimiento como para la instalación de una nueva cámara con capacidad de hasta 140 cuerpos.
Ayer trabajadores del Semefo informaron que fue reparada la cámara frigorífica que estaba inservible y habilitaron otra provisional, para que los cuerpos sin ser identificados se conserven.
El Equipo Argentino de Antropología Forense inició sus trabajos apenas el miércoles y los suspendió el viernes, informó ayer el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
El organismo admitió que el EAAF “detonó un malestar que ya se había manifestado anteriormente, y que tiene que ver con las condiciones en que se encuentran las instalaciones del Semefo”, en referencia a la inconformidad de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) por los malos olores de los cuerpos amontonados en esas instalaciones.
Dijo que en los medios de comunicación se ha señalado al EAAF como el responsable de esta situación.
El Centro Morelos informó que el Equipo Argentino suspendió sus trabajos periciales a petición de la FGE, debido a que no hay condiciones sanitarias dentro de las instalaciones, “por la falta de funcionamiento de sus dos cámaras frigoríficas almacenadoras y la saturación de cadáveres que se albergan allí”.
Mencionó que el 6 de noviembre se tomó protesta a los miembros del EAAF para comenzar la segunda etapa del proceso de identificación de restos de personas desaparecidas de Chilapa, que consiste en examinar y tomar muestras para análisis genéticos a cadáveres que presuntamente pertenecen a familiares del colectivo Siempre Vivos, y que se encuentran en la morgue de Chilpancingo a petición de los familiares y el Centro Morelos.
Dijo que según la Fiscalía de Guerrero los cadáveres corresponden a personas desaparecidas de Chilapa, Zitlala y Atlixtac que son buscadas por familias del colectivo Siempre Vivos de Chilapa.
“Coincidentemente a una semana y media de la llegada del EAAF detonó un malestar que ya se había manifestado anteriormente, y que tiene que ver con las condiciones en que se encuentran las instalaciones del Semefo que, ante la incapacidad de albergar cientos de cadáveres, y de que no cuenta con las condiciones sanitarias para el desempeño del trabajo pericial, provocó que los trabajadores de la Fiscalía del Estado cuyas instalaciones se encuentran adyacentes al Semefo, pararan labores en exigencia de que se les proporcionen condiciones dignas para trabajar sin riesgos para su salud”.
Por eso la Fiscalía solicitó al EAAF que suspendiera sus labores por la falta de condiciones sanitarias para continuar, y que se resolviera el conflicto con los trabajadores de la Fiscalía, “manifestando que intentarían comprar una cámara frigorífica nueva”.
El Centro Morelos aclaró que aunque en medios de comunicación se señaló al EAAF como el responsable de esta situación, fueron en realidad “las malas condiciones sanitarias del Semefo de Chilpancingo, especialmente, la falta de funcionamiento de sus cámaras frigoríficas”.
Explicó que la inconformidad de los trabajadores de la FGE se venía dando desde antes de que comenzaran a trabajar los peritos del EAAF en las instalaciones.
El organismo de derechos humanos denunció que desde que llegó a trabajar en la primera etapa encontró múltiples obstáculos para su peritaje independiente sobre casos de personas desaparecidas en Chilapa, Zitlala y Atlixtac.
“Esta situación es preocupante porque repercuten en las familias que están esperando los resultados del peritaje independiente que realiza el EAAF”, advierte.
En esta segunda etapa los peritos argentinos trabajaban con siete familias que esperan la identificación de los cuerpos a los que se les practicaría el peritaje antropológico.

Fallan las cámaras de refrigeración debido al exceso de cadáveres

Por otro lado, trabajadores de Semefo informaron que fue reparada la cámara frigorífica que estaba inservible y habilitaron otra provisional, para que los cuerpos sin ser identificados se conserven y no generen mal olor.
Un trabajador de Semefo quien se reservó su nombre dijo que la noche del viernes funcionaron las dos cámaras de refrigeración, para atender la acumulación de los cuerpo, en la que suma tres cámaras frigoríficas de las cuales cada uno tiene la capacidad de 140 cuerpos.
Explicó que el incremento de cadáveres depositados en los dos cámaras de refrigeración, uno de ellos estaba inservible, no atendían las demandas de Semefo, para desahogar las dos cámaras se habilitó una cámara de refrigeración provisional en la que cuenta un sistema de refrigeración que tiene capacidad para resguardar 140 cadáveres.
“La acumulación de cuerpos hace que empiece a dar fallas en su servicio las cámaras de refrigeración, pero funcionan de manera normal, lo que hicieron fue limpiar los evaporadores, ajustes de compresores, carga de gas, regulación de los controles de temperaturas para que funcionen bien”, declaró.
Explicó que la cámara provisional fue habilitada en un espacio de fotografía del Semefo, cuenta con un sistema de refrigeración, panel térmico y agregó que en unos 30 días colocarán otra cámara.
Dijo que continúa la limpieza de las instalaciones desde el jueves, la limpieza de las cámaras frigoríficas en los filtros, mangueras de aire, compresores, tubería, nivelación de gases, mantenimiento en controles automáticos y regulador de temperatura.
Además la limpieza aplica también en el piso y en la planchas donde colocan desengrasantes, desinfectantes y aromatizantes. Asimismo en el acceso donde entran las camionetas donde bajan los cuerpos y los trasladan a las planchas, se observó un trabajador vestido de un traje blanco de plástico que estaba lavando el piso.
Dijo que continúan las labores de los trabajadores para la identificación de los cuerpos, para que no haya saturación de los cadáveres.
La Secretaría de Salud informó en un comunicado el sábado que debido a la sobrecarga de cuerpos y gases emanados de los mismos, han sufrido deterioros que requieren de un mantenimiento mayor, “por lo que se retiro de cuerpos de cámaras, para llevar a cabo limpieza de las mismas y de cuerpos ahí resguardado, habilitando una provisional para el resguardo de éstos”.
Ayer se trazó la ubicación de la nueva cámara de conservación con capacidad de hasta 140 cuerpos, “y hoy se iniciará la construcción de la plancha de concreto que la soportará, incluyendo sistema de drenaje para la misma”.
El gobierno del estado difundió un boletín de prensa la noche de ayer que concluyeron los trabajos de mantenimiento en dos cámaras y la de habilitación de una tercera en Semefo por parte de técnicos especialistas, quedando estabilizadas en 3 centígrados.
Asimismo se llevaron a cabo labores de limpieza profunda, eliminación de grasas y desinfectado de la Sala de Necropsias.
El domingo comenzaron los trabajos con el mantenimiento de la cámara grande en relación a la limpieza de filtros, nivelación de gases, revisión de unidades evaporadoras, rejillas, motores, calibración de tableros de control y rangos de temperatura.
“De esta manera la cámara 1, (cámara grande) donde se reingresaron los cuerpos en número de cien y quedó funcionando al cien por ciento, además se terminaron los trabajos de limpieza de la cámara 2, lo que permitió el reingreso de los cuerpos”, indica el comunicado.

Suspenden labores en la FGE para evitar enfermarse ante el olor de cuerpos apilados en el Semefo

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) no laboraron ayer en sus oficinas, mientras que los trabajadores de Servicio Médico Forense (Semefo) cumplieron sus actividades de manera normal.
El martes, trabajadores de la FGE pararon labores, cerraron las oficinas y denunciaron el mal olor que desde hace más de un mes desprenden más de 600 cadáveres que están en las instalaciones contiguas del Semefo.
Los inconformes acordaron con el fiscal, Javier Olea Peláez, que el miércoles no iban a laborar, para prevenir posibles afectaciones a la salud de los 500 trabajadores de la institución.
En un recorrido en la Fiscalía, un policía ministerial de guardia dijo que no hubo labores a causa del problema del Semefo, y que sólo laboraron los trabajadores de guardia.
Sin embargo, en el Semefo los trabajadores laboraron de manera normal, mientras que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) suspendió los trabajos de identificación de cadáveres.
Un trabajador de Semefo, quien se reservó su nombre, contó que en la entrada de las camionetas, donde bajan los cuerpos para trasladarlos a las planchas y a las cámaras de refrigeración, los peritos del EAAF hacían los trabajos de identificación de los cuerpos de Chilapa.
Comentó que cuatro peritos de la organización sacaban los cuerpos al acceso de entrada de las camionetas, que está al aire libre, “y esto genera mal olor, por eso la inconformidad de los trabajadores, pero el problema aquí es que en Semefo no hay espacio para hacer esos trabajos”.
Confirmó que los peritos argentinos suspendieron los trabajos de identificación de cuerpos para evitar problemas con los trabajadores de la FGE, y esperan que se reanuden los trabajos los sábados y domingo, “esto afectará los avances para la identificación de los cuerpos”, dijo el trabajador.
Señaló que adentro de Semefo se hizo una limpieza de la que no dio detalles, y agregó que esperan las indicaciones para saber que días trabajarán en la identificación de los cadáveres.

Toman los forenses argentinos muestras de ADN a familiares de seis desaparecidos de Chilapa

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzó este martes los estudios a los familiares de desaparecidos en los municipios de Chilapa y Zitlala, para la confronta de su ADN con el de los cadáveres encontrados cerca del cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala en noviembre del año pasado, y a los cuerpos y restos depositados en gavetas del Cementerio Estatal Forense hace un mes.
Ayer fueron seis de 37 familias de desaparecidos que pueden acudir en los próximos siete días a practicarse el estudio correspondiente.
Los familiares que acudirán en esta primera etapa son solamente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, que reciben el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
Las seis familias se concentraron desde las 10 de la mañana en un aula del Centro Estatal de Capacitación de la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde los peritos argentinos les aplicaron un cuestionario para conocer las circunstancias en que desapareció su familiar y conocer las señas particulares. Después les tomaron las muestras de ADN.
Circunstancialmente el fiscal Javier Olea Peláez recorrió en la mañana algunas áreas del edificio donde se hacían los estudios, en la explanada presenció las prácticas de entrenamiento de un grupo de agentes ministeriales.
Consultado respecto del trabajo de los peritos argentinos rechazó que sea por desconfianza a la labor de la Fiscalía, como lo denunciaron el lunes en Chilapa el presidente del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro y el presidente del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández.
Dijo que, por el contrario, con los resultados de su peritaje van a comprobar la certeza de los estudios que la Fiscalía ha hecho a los cadáveres que se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y los que han sido trasladados al Cementerio Estatal Forense.
El lunes en Chilapa fue la primera reunión de los integrantes del EAAF con los familiares de desaparecidos agrupados en el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, y allí acordaron iniciar los estudios este martes en las instalaciones de la Fiscalía.
En los próximos siete días se van a tomar entre 10 y 12 muestras diarias a tres familiares por cada desaparecido, éstos pueden ser la madre, el padre y un hermano o un hijo del desaparecido si lo tuviera. Aunque en algunos casos únicamente podrían ser dos personas a las que se les practique el estudio.
Los familiares que acudieron ayer son de seis desaparecidos durante la incursión de civiles armados del grupo denominado Paz y Justicia, del 9 al 14 de mayo de 2015 en Chilapa.
El presidente del Centro Morelos de Chilapa, Manuel Olivares Hernández declaró que el trabajo del EAAF es importante para dar certeza a los familiares y a los ciudadanos en general, pues dijo que no tienen confianza en las autoridades estatales y federales en cuanto a los peritajes se refiere.
“La ciudadanía tiene mucha desconfianza de los resultados que a veces se ofrecen por parte de los gobiernos federal y estatal, a pesar de que digan que hay muchos avances en la forma de hacer su trabajo, pero para mayor certeza y seguridad de los familiares es necesario que se haga este tipo de trabajo por parte de peritos independientes, porque sólo así se estaría aceptando un resultado que fuera positivo por parte de los servicios periciales de la Fiscalía, si éste concuerda con el del EAAF”, explicó.
El Centro Morelos ha venido acompañando a familiares de 97 desaparecidos, algunos desde el 2013, pero Olivares Hernández explicó que no todos han presentado denuncias y no existe averiguación previa o carpeta de investigación.
Informó que de estas 97 personas desaparecidas solamente presentaron denuncias 37, por lo que serían las únicas que podrían presentarse en los próximos siete días a practicarse los estudios.
Aunque Olivares Hernández aclaró que hay algunos familiares de estos 37 desaparecidos que mantienen la esperanza de encontrarlos con vida, y no han aceptado la toma de muestras porque no esperan encontrarlos muertos, “muchos prefieren mantener la esperanza de que su familiar va a aparecer con vida”.
Explicó que hasta la mañana de ayer habían confirmado familiares de 27 de los 37 desaparecidos con averiguación previa o carpeta de investigación que están de acuerdo en practicarse los estudios, pero insistió en que en esta primera etapa podría aplicarse la prueba a familiares de las 37 víctimas.
Servicios periciales de la FGE aprovechó la presencia de los familiares de los desaparecidos para practicar sus propios estudios, y al respecto Olivares Hernández criticó que “eso es un indicativo de que no hicieron su tarea en su momento”, y que no se habían realizado los estudios a los familiares de los desaparecidos por la falta de confianza a las autoridades estatales. Olivares informó que los resultados de las muestras podrían estar listos aproximadamente en dos o tres meses, y anunció que en marzo se tomarán las muestras a los 43 cadáveres y a las nueve cabezas que fueron encontrados en el cerro de Tenanchitla, del municipio de Zitlala, para la confronta.
Informó que también se aplicarán los estudios a los 11 cuerpos que se encontraron en el crucero de Ayahualulco en octubre del año pasado, por lo que consideró que serán alrededor de 50 cuerpos hallados en los últimos meses a los que se les van a practicar los estudios.

Vamos a aprender de los peritos, reconoce el fiscal

Cuando los peritos del EAAF hacían su trabajo en una aula del Centro Estatal de Capacitación, llegó al edificio el fiscal Olea Peláez quien recorría las áreas aledañas. Consultado respecto al trabajo de los peritos argentinos, informó que su intervención fue a petición del presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, y del Centro Morelos, “y nosotros no tuvimos ningún inconveniente porque pueden mejorar los estudios que nosotros tenemos hechos”.
El lunes el presidente de Siempre Vivos José Díaz, y el presidente del Centro Morelos Manuel Olivares declararon en Chilapa que solicitaron la intervención de los peritos del EAAF porque hay desconfianza en el trabajo de la Fiscalía General del Estado.
Consultado al respecto el fiscal rechazó que haya desconfianza, “ellos (los antropólogos argentinos) se darán cuenta que los estudios periciales que hemos hecho a los cuerpos encontrados en fosas son los idóneos”, consideró.
Dijo que el hecho de que los peritos argentinos estén aquí, para la Fiscalía es importante para que “renueven lo que hemos avanzado y enseñen a nuestros peritos más circunstancias”.
Olea Peláez declaró que la coordinación de periciales de Guerrero está muy avanzada, y que por eso la FGE no tuvo inconveniente en que los peritos argentinos hicieran los peritajes, “porque no nos perjudica, al contrario, nos pueden enseñar”.
Agregó: “el aprender más no empobrece, nos pueden enseñar muchas cosas para ser más rápidos y ser más precisos, por eso, adelante, que bueno que están aquí”.

El informe del EAAF evidencia inconsistencias en la versión de los inculpados por el caso Ayotzinapa

 

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no sólo confirmó que no hubo incendio en el basurero de Cocula el 27 de septiembre de 2014, evidenció las inconsistencias en las declaraciones de los inculpados que sostienen la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con el dictamen emitido, el EAAF informó que no hay coincidencia entre las declaraciones de que en ese lugar fueron asesinados los estudiantes de Ayotzinapa, por ellos y otros miembros de Guerreros Unidos, y la evidencia balística encontrada.
Los científicos comentaron que les llamó la atención la actuación de peritos de la PGR, que sin la intervención de los expertos independientes (garantía de certeza y legalidad para los padres de los estudiantes desaparecidos), realizaron diligencias de balística. Dejaron ver que puede haber pruebas “sembradas”.
En general, informaron que en el basurero se reunieron 132 casquillos de 39 armas de fuego distintas de diversas casas de fabricación, algunas con mucha diferencia de año y lote de fabricación.
Así como la recuperación de 42 casquillos calibre 22 LR percutidos por una misma arma, el 15 de noviembre de 2014 por peritos de la PGR, en una diligencia a la que no llamaron a los peritos del EAAF, después de un periodo en que el área estuvo sin custodia.
En este contexto, mencionaron la declaración del detenido, Jhonatan Osorio Cortés (el 28 de octubre de 2014): “nos dijo que sólo lleváramos ‘cortinas’, es decir armas cortas como de nueve milímetros, se nos instruyó que no lleváramos armas largas que teníamos asignadas”.
El testimonio también señaló a tres personas con armas largas, “como cuernos de Chivo”, que identificó como Pelón, Mente o Cerebro y Pardo, y a cuatro con pistolas 9 milímetros, Duba, Cepillo, Rana y Pato.
En la declaración de otro inculpado, Agustín García Reyes señaló a seis personas con armas de fuego cortas, El Pato, El Cepillo o El terco, El Güereque, El Primo y El Bimbo, “todos ellos dispararon a donde estaban amontonados todos los estudiantes”.
En los dos casos señalaron el uso de armas cortas, supuestamente para ultimar a los normalistas y sólo mencionan el calibre 9 milímetros.
Sin embargo, en la evidencia balística hallada entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre de 2014, predominan 73 casquillos de 25 fusiles de asalto calibre .223R/5.56; 12 casquillos de pistola 9 milímetros y cuatro de calibre 7.62.
Es decir, las armas largas identificadas en el basurero no coinciden con las que señala el detenido Osorio Cortés.
Los casquillos de arma corta que “casualmente” encontraron los peritos de la PGR (43 casquillos 9 milímetros, de los cuales 42 estaban en un mismo sitio, bajo unas piedras), afirmaron que tampoco es consistente con la declaración de los inculpados sobre las armas que llevaban, porque los detenidos nunca mencionaron el calibre .22LR
Señalaron que los inculpados refirieron que ellos y los integrantes de Guerreros Unidos dispararon sobre estudiantes amontonados, con armas de fusiles calibre 7.62, pistolas o subametralladoras 9 milímetros y revolver 38 súper.
De haber disparado de esa manera sobre los estudiantes, aseguraron que habrían encontrado más evidencia en el sitio.
Otra inconsistencia es que la persona que describen como Peluca portaba “una 38 súper” y el resto del grupo pistolas 9 milímetros, pero el calibre más representativo es de fusil .223, seguido de 22.LR.
En este sentido concluyeron que en el basurero de Cocula no encontraron evidencia científica para establecer correspondencia entre los elementos recuperados y los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.